En promedio, la pobreza multidimensional y la monetaria muestran un nivel y una evolución muy parecidas. Sin embargo, para Lima, la pobreza multidimensional señala una mucho menor pobreza y mayor pobreza para el sector rural.

La pobreza comenzaría a medirse de forma multidimensional, considerando carencias en salud, educación y condiciones de vida. Este cambio no varía la tendencia hacia la reducción en el país.

Este resultado implica que el 21,7% de la población del país subsiste gastando menos de S/338 mensuales,
monto que, según la metodología del INEI, permite cubrir las necesidades básicas alimenticias y no alimenticias. (Foto: Rolly Reyna)

Informe IPE – El Comercio
17 de febrero de 2020

La semana pasada el Ejecutivo anunció que, a partir del próximo año, se cambiaría la forma en que se mide la pobreza en el Perú. Actualmente, en el país se emplea el enfoque conocido como pobreza monetaria; que sería reemplazado por uno denominado pobreza multidimensional.

Con la medición actual, al cierre del 2018 el 20,5% de peruanos vivía en situación de pobreza. Según el enfoque monetario, una persona es considerada pobre si reside en un hogar cuyo gasto mensual per cápita está por debajo del costo de una canasta básica de consumo, que incluye necesidades mínimas alimentarias y no alimenticias.

Este umbral de gasto mensual por persona, conocido como línea de pobreza, es de S/344. Entonces, una persona pobre es aquella que, en un mes, tiene un gasto inferior a S/344. Hay alrededor de 6,4 millones de personas en esta situación.

Aunque útil, esta metodología ha sido foco de diversas críticas. Quizás la más importante es que la línea de pobreza hace que la definición sea muy cerrada: un hogar con gasto per cápita de S/343 al mes sería pobre y uno con gasto de S/345 no lo sería. Es decir, si un hogar gasta S/345 al mes por persona, pero al mismo tiempo carece de condiciones de vida adecuadas, resulta difícil considerarlo como no pobre.

MIRADA HOLÍSTICA

La cuestión de fondo más relevante es que la mirada del lado monetario no permite identificar qué carencias tienen las personas pobres, de modo que las políticas públicas se orienten a cerrar las brechas que les impiden mejorar su calidad de vida. Es a partir de esto que surge el enfoque multidimensional.

En el 2008, los investigadores Sabina Alkire y James Foster, de Oxford Poverty & Human Development Initiative, desarrollaron una metodología para medir cuántas privaciones sufren las personas en situación de pobreza. Así, crearon el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que refleja las múltiples carencias de los hogares y las personas en tres dimensiones: salud, educación y condiciones de vida.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, ya ha señalado que este enfoque permitirá optimizar la ejecución de las políticas sociales orientadas a favorecer a las personas pobres o vulnerables.

CIFRAS BAJO LA LUPA

A partir de la información de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), el Instituto Peruano de Economía (IPE) ha hecho una medición aproximada de la pobreza bajo el enfoque multidimensional, considerando diversas privaciones.

En la dimensión de salud, se tiene en cuenta la asistencia a algún centro de salud y el consumo mínimo de una canasta básica de alimentos. En educación se incluye el nivel de educación familiar y la matrícula escolar. Finalmente, en cuanto a condiciones de vida, se consideran el acceso a servicios básicos, la calidad de los pisos y el combustible de la vivienda, además de la posesión de activos como electrodomésticos, vehículos o títulos de propiedad.

Los hogares suman ‘puntos’ en función al número de carencias que tienen (cada una tiene un puntaje; así, si les falta escolaridad, suman 0,167 puntos). De acuerdo a la metodología de Alkire y Foster, una persona es considerada pobre si obtiene un IPM mayor a 0,33.

Estos cálculos mostrarían una incidencia de pobreza muy similar entre la monetaria y la multidimensional.

Así, el 21,5% de la población en el país sería pobre desde el punto de vista multidimensional.

El resultado es un punto porcentual mayor que la pobreza monetaria; esto implica que existirían cerca de 327 mil personas que no estarían siendo consideradas como pobres, pese a serlo en el otro enfoque.

Vale la pena resaltar que, en ambas metodologías, la pobreza se ha ido reduciendo consistentemente desde el 2011 e, incluso, la brecha entre ambas mediciones se habría acortado en los últimos dos años.

Por ámbito geográfico, la pobreza multidimensional alcanzaría al 9,3% de la población en el área urbana y al 62,8% en el área rural, frente al 14,4% y 42,1%, respectivamente bajo la perspectiva monetaria.

En las regiones, Ica se mantendría como aquella con menor pobreza del país bajo ambas mediciones, mientras que Cajamarca –la región más pobre según la medición monetaria– sería desplazada del último lugar por Huancavelica bajo el enfoque multidimensional.

En 21 de las 25 regiones la pobreza multidimensional es mayor a la monetaria. El caso que más resalta es el de Huánuco, donde la pobreza pasaría del 29,9% de acuerdo al enfoque monetario al 47% según el multidimensional.

Con ello, no sería la novena región más pobre, sino la tercera, solo detrás de Huancavelica y Cajamarca.

LA ADOPCIÓN DEL ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL EN OTROS PAÍSES

El primer país de la Alianza del Pacífico en implementar el enfoque multidimensional fue México, en el 2009. Dos años más tarde, Colombia comenzó a reportar sus estadísticas de pobreza bajo esta metodología y Chile empezó a hacerlo en el 2015. El Perú es el único del bloque que tiene pendiente este cambio.

Otros países de la región también han migrado hacia la metodología multidimensional, como Ecuador, El Salvador, Panamá, Costa Rica y Honduras. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

La auto complacencia es un síndrome generalizado que se ha convertido en rasgo peligroso de los gobernantes en el Perú.

El PBI del Perú creció un 4.0% el año 2018.  Ya ese era un resultado mediocre, especialmente para un país de ingresos medios a bajos y que requiere sacar de la pobreza a un 22% de la población, al igual que defender a un grupo grande de ellos que, si bien ha salido de la pobreza monetaria en los últimos años, aún está en los márgenes de esa pobreza y en riesgo de retroceder a tales niveles.

Ya es típico un inicio de año con anuncios auspiciosos. El año pasado, por ejemplo, se anunció un crecimiento económico del 4.5% para el 2019, sin embargo y ante la desviación de los resultados respecto a las predicciones y a medida que iban pasando los meses aparecieron las justificaciones; que la guerra comercial China-USA, que la caída del precio de los commodities, que crecemos más que nuestros vecinos, que…, etc., etc.

Ningún gobernante asume objetivos desafiantes y menos lucha por lograrlos estimulando la economía, en cambio sólo se resignan a reducir mes a mes la tasa de crecimiento esperada. A nadie se le ha ocurrido comparar la performance de la economía peruana con nuestro potencial de crecimiento (superior al 4.0% para estos tiempos), ni reflexionar respecto a que la tasa de crecimiento mundial, países ricos incluidos y con peso predominante, alcanza al 3.5%, mientras el Perú crecerá a duras penas 2.3%, si Dios quiere.

Nuestros políticos tienen una capacidad increíble para justificar el incumplimiento de sus metas de gobierno. No son capaces de ver en nuestras situaciones de crisis una oportunidad, por ejemplo, el Fenómeno del Niño de marzo 2017. Esa catástrofe, ciertamente no deseada, daba la oportunidad de una actividad económica importante en todo el norte y parte del centro del Perú. Para esto teníamos, tal como se propuso, que diseñar una reconstrucción con cambios debidamente planeada y ejecutada por equipos técnicos capaces y honestos, no corruptos que priorizaban la descentralización del manejo económico del proceso (por donde pasa el agua, queda la humedad), en lugar de organizar PMOs con la capacidad real de ejecución.

Si los precios de los commodities se habían reducido, debíamos, desde el gobierno liderar la construcción de los proyectos mineros pendientes y de infraestructura requerida. Muy fácil resulta repetir, tal como algunos incapaces lo han hecho, “no vamos a imponer proyectos por la fuerza”. ¡A nadie en su sano juicio se le ocurre hablar de imposición! El rol de un LÍDER, así con mayúsculas, es el de convencer a sus seguidores de las bondades de sus propuestas, ganar mentes y corazones, para finalmente lograr que lo sigan por convicción. Iniciar la ejecución de algunos proyectos hubiera generado, no sólo, cuando menos 1 a 1.5 puntos porcentuales de crecimiento adicional, sino también una mejor percepción del país como destino de inversión, creando expectativas positivas sin dejar de crecer dentro de nuestro potencial.

No obstante lo anterior, la Inversión Privada y particularmente la inversión minera es la que ha impulsado el magro crecimiento que tendremos, pues la Inversión Pública es sinceramente decepcionante. Baste mencionar la caída de la obra pública del gobierno general del 16.3% al mes de octubre 2019. Ya a setiembre el avance de la obra pública fue una reducción del 9.6% y no quiero ni imaginar cómo cerraremos el año.

Lo único que crece es el gasto corriente, pero a pesar de ello, no hemos reducido los niveles de anemia infantil. No mejoran los niveles educativos de nuestros escolares, a pesar de referirnos con auto complacencia a la mejoría de algunos puntos en la evaluación PISA, pero siempre dentro del grupo de “países coleros” en la tabla de los evaluados. ¿Cómo podremos aspirar a competir en la era del conocimiento del siglo XXI si nos mantenemos en esos niveles?

En salud la cosa no es diferente, nos llenamos de titulares periodísticos anunciando la incorporación universal al SIS (seguro integral de salud), pero no aplicamos los sistemas (software) de administración de salud que gratuitamente puso a disposición del país el gobierno americano (se ha desactivado su aplicación en Ica, única región en que se aplicó y con éxito, increíble), ni ampliamos las facilidades hospitalarias (no nos referiremos al hospital de Moquegua que tardó 5 años en ser construido y que esperamos esté operando a plena capacidad), ni proporcionamos los médicos y medicinas requeridos.

Comentario aparte merece las aportaciones del Estado a Essalud, quien no aporta como los privados un 9% sobre la remuneración total, sino sobre una fracción de la UIT o una tasa diferenciada (menor por supuesto), como si los empleados públicos o CAS o trabajadores de otros regímenes, se enfermaran menos. Lo más simpático es que la ministro del sector ha anunciado (con generosidad), que van a subir gradualmente la base de cálculo de tales aportaciones (y que ya lo están pensando). No nos sorprendamos después, que haya tantas carencias para atender a los asegurados que aportan como Dios manda.

Mientras tanto y como si fuera un “catecismo” se repite la necesidad del avance de la reforma judicial (¿en qué está?), de la importancia de la reforma política (¿si se referían a unas elecciones ejecutadas a trompicones para lograr un congreso de igual calidad o peor que todos los anteriores…?), de la lucha anti-corrupción (aplicada selectivamente). En esencia siento que, cual acto de magia de un prestidigitador, nos están mostrando imágenes que distraen a la población para que nadie se dé cuenta de lo que realmente ocurre.

Este gobierno me ha hecho recordar lo que de chico oía a los amigos de mi papá y que no alcancé a comprender hasta hoy; esto es que, “Moquegua es el único lugar del mundo en el que se hace siesta después del desayuno”. ¿Será cierto que un gran número de ellos, se ha trasladado a Lima para hacerlo? Lampadia

La reducción de la pobreza monetaria sin el cambio constitucional de 1993 habría sido más lenta. Se requiere avanzar en reformas para continuar creciendo.

Si bien se llevaron a cabo reformas estructurales desde el inicio de la década de los noventa, la Constitución de 1993 sentó las bases para el nuevo sistema económico. (Foto: Archivo GEC)

El Comercio, 05 de enero de 2020
(Informe El Comercio / IPE)

Las reformas económicas que inició el Perú en la década de 1990 –algunas de ellas consignadas en la Constitución de 1993– han sido seguidas de un crecimiento económico extraordinario basado en la estabilidad macroeconómica, la limitación de la actividad empresarial del Estado, la promoción de la inversión privada y de la competencia, y el desarrollo de las exportaciones.

Mientras que el crecimiento promedio anual del Perú entre 1975 y 1993 fue de apenas 0,7%, el más bajo de Sudamérica, desde 1994 hasta el 2018 el país lideró la región con un crecimiento promedio de 4,9%.

Sin embargo, la convulsión política y social que se vive en otros países latinoamericanos –en particular en Chile– ha abierto nuevamente el debate sobre la naturaleza del régimen económico peruano y sus resultados. A tres semanas de las elecciones legislativas extraordinarias 2020, vale la pena revisar algunos de sus alcances.

En este contexto, el Instituto Peruano de Economía (IPE) ha estimado un escenario alternativo, teórico, de crecimiento para el Perú en el cual las reformas estructurales de los noventa no se hubieran implementado. Los resultados apuntan a que el marco económico moderno ha permitido un mayor avance en términos de riqueza promedio de los peruanos y reducción de la pobreza monetaria del que se hubiera logrado si continuaba con el modelo económico previo.

¿QUÉ MODIFICACIONES SE HICIERON EN 1993?

Si bien se llevaron a cabo reformas estructurales desde el inicio de la década de los noventa –la eliminación de controles de precios y simplificación tributaria y arancelaria, por ejemplo–, la Constitución de 1993 sentó las bases para el nuevo sistema económico.

Los principios generales del régimen económico actual respaldan la libertad empresarial, la libre competencia y la libertad de contratación como pilares del funcionamiento de la economía. Además, el artículo 60 establece que el Estado solo puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, a diferencia de la Constitución de 1979 que permitía con más holgura la actividad empresarial del Estado.

Para promover la estabilidad macroeconómica, el artículo 84 estableció la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), lo que se tradujo en la prohibición de que la autoridad monetaria sea fuente de financiamiento del Gobierno, como lo había sido durante los años ochenta. Así, se definió que el propósito principal del BCRP es preservar la estabilidad monetaria y controlar la inflación. Otras reformas clave siguieron a partir de 1998.

UN PERÚ SIN REFORMAS

Para evaluar el impacto de estos cambios, el modelo genera un escenario alternativo sin reformas sobre el cual comparar. Un procedimiento para lograrlo es el método de control sintético (MCS), el cual construye este escenario –un “Perú sintético”– sobre la base de un promedio ponderado de países similares al Perú en sus características económicas antes de la Constitución de 1993. Por lo tanto, el impacto estimado será la diferencia entre los resultados del Perú real y el “Perú sintético”.

En este ejercicio, la medida de bienestar analizada es el PBI real per cápita. Entre 1975 y 1993, el nivel de riqueza promedio del Perú real y del control sintético fue muy similar, lo que apunta a que la comparación es adecuada.

Los resultados de la estimación muestran que el crecimiento promedio del PBI per cápita peruano luego del cambio constitucional (3,8%) fue casi 2 puntos porcentuales superior a lo que hubiera sido sin el cambio de modelo. Asimismo, entre 1994 y el 2016, el nivel de riqueza promedio por año de los peruanos fue casi 17% mayor al del Perú alternativo sin reformas.

Como una extensión a este impacto, se pueden inferir también los efectos que el régimen ha tenido sobre la reducción de la pobreza monetaria. Para ello, se estima una medida de elasticidad entre el crecimiento del PBI per cápita y la pobreza durante 1991 y 2016. Es decir, se calcula la relación entre la expansión de la economía y la caída de la pobreza. El ejercicio muestra que, si el PBI per cápita hubiese crecido al ritmo del Perú sintético, la reducción de la pobreza hubiese sido más lenta y se encontraría alrededor del 35%, cerca de 14 puntos porcentuales por encima de la cifra observada en los últimos años. La pobreza en el 2018 alcanzó al 20,5% de la población nacional.

AGENDA PENDIENTE

Continuar con la senda de crecimiento requiere un nuevo impulso de reformas, principalmente aquellas destinadas a incrementar la productividad. Según el BCRP, entre el 2016 y el 2020, la productividad del trabajo y capital tan solo contribuirá 0,2 puntos porcentuales al crecimiento promedio anual del período (3,6%), muy por detrás de la contribución de 2,4 puntos porcentuales entre el 2001 y el 2010. La agenda pendiente pasa por mejorar la calidad del sistema laboral, de la infraestructura, de la educación, de la gestión pública, y de la regulación estatal en general. Todo ello, sin embargo, se debe lograr cuidando lo ya avanzado.

Lampadia

Debería llamarnos a escándalo que la pobreza empiece a crecer después de haber puesto al Perú en marcha desde los años 90. Pasamos de ser un ‘Estado Fallido’, a una ‘Estrella Internacional’. Fuimos campeones en crecimiento, reducción de la pobreza y la desigualdad. Llegamos a invertir sostenidamente un 25% del PBI, unos US$ 55,000 millones anuales.

Todo hasta que, desde el 2011, se empezó a desinflar la inversión y destruir el bienestar de miles de peruanos. Responsabilidad absoluta y directa del gobierno de Humala-Heredia, de los campeones del empobrecimiento de los peruanos, Arana, Santos, et al. Y por supuesto, del gobierno de PPK, que estuvo llamado a corregir todas las barbaridades, y sol se dedicó a un estúpido juego de suma cero con el Congreso y a gozar de la frivolidad del poder.

No le falta una gran dosis de culpa a los medios, especialmente a los que eran supuestamente serios, pero entregaron sus ondas a periodistas de la ‘sociedad del escándalo’.

Finalmente, pero no por último, esta tragedia es también de nuestra indolente clase dirigente.

Culpa de muchos, acción de todos. ¡A recuperar el tiempo perdido!

Veamos las cifras del entuerto:

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó sus cifras sobre la reducción de la pobreza en el Perú durante los años 2007 y 2017 en un informe titulado, “Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2017”. En esta publicación se informa que, por primera vez en este milenio, la pobreza monetaria en el Perú ha subido. El año pasado, la pobreza llegó a 21.7%, siendo Lima la región donde hubo mayor incremento.

Según la Encuesta Nacional de Hogares que realiza el INEI, en el año 2017 la pobreza se incrementó en 375 mil personas, es decir, 1.0 punto porcentual más que el año 2016 y afectó a 6 millones 906 mil peruanas y peruanos.

Este aumento de la pobreza se ve ligado a un menor crecimiento económico, el cual ha venido siendo muy pobre en los últimos años, como se observa en el cuadro inferior. El alto crecimiento ayudaría a que la sensibilidad de la reducción de la pobreza al crecimiento económico se vea repotenciada con un mejor funcionamiento de los mercados laborales, una reforma educativa seria, y mayor infraestructura, que permita conectar a los pobres con el mercado.

Es importante remarcar la definición del INEI para la pobreza y pobreza extrema. Según el INEI, “la medición monetaria usa al gasto como indicador de bienestar”. Define a los pobres monetarios como “las personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente  para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda, salud, educación, transporte, etc.). Son pobres extremos aquellas personas que integran hogares cuyos gastos per cápita están por debajo del costo de una canasta básica de alimentos”.

Por lo tanto,  para una persona no sea considerada pobre, debe tener la capacidad de consumir más de S/. 338 al mes (ver cuadro superior), que es el monto fijado como el promedio mensual por persona de la canasta familiar. Por otro lado, para salir de la pobreza extrema, los peruanos deben tener un consumo mínimo de S/. 183 al mes, que es el costo de la canasta alimentaria mínima del Perú.

Pobreza en las regiones

El departamento con mayor incidencia de pobreza más alta que fluctúa entre 43.1% y 52.0% es Cajamarca. En el segundo grupo con tasas de pobreza que se ubican entre 33.3% y 36.8% están ocho departamentos: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno. El tercer grupo de departamentos con incidencia de pobreza entre 23.0% y 26.2% se encuentran seis departamentos: Áncash, Cusco, Junín, La Libertad, Piura y San Martín. En el cuarto grupo con tasas de pobreza que se ubican entre 12.1% y 14.6% se encuentran los departamentos de: Arequipa, Lambayeque, Moquegua, Provincia Constitucional del Callao, Provincia de Lima, Región Lima, Tacna, Tumbes y Ucayali. En el último grupo con las tasas de pobreza más baja de 2.1% y 4.8%, se encuentran Ica y Madre de Dios.

Como hemos dicho anteriormente en Lampadia la clave para derrotar a la pobreza es crear riqueza. El crecimiento económico ha sido la mejor política de inclusión social. Lo contrario ha sucedido, por ejemplo, en Cajamarca, donde más del 50% de la población son pobres. El Jefe del INEI informó que “en el año 2010, cinco departamentos tenían a más del 50% de su población en situación de pobreza y, en el año 2015, solo el departamento de Cajamarca tenía al 50.8% de su población en condición de pobreza”.

En Cajamarca la inversión pública está estancada por mala gestión pública y porque el sector privado ya no genera riqueza, la productividad del agro es de las más bajas del país, seis veces menor que en Arequipa, y grupos anti mineros han impulsado una agenda política anti-inversión que paralizó un proyecto de US$ 4,800 millones en Conga y los demás proyectos de la región, que hubieran generado miles de empleos y encadenamientos productivos. Una región ‘mágica’, que podría ser la más rica del Perú, se encamina sin pausa a la miseria.

Por lo tanto, la verdadera medida contra la pobreza es el crecimiento. Sin él, jamás se podrá luchar ni reducir la pobreza del país. Por ejemplo, llama la atención cómo es que tres regiones (Ica, Ayacucho y Cusco) que crecieron a niveles internacionales como India y China durante casi una década, ahora estén aumentando su nivel de pobreza y desigualdad. Esto se puede observar en el gráfico inferior:

Evolución del gasto real

Según el INEI, en el año 2017, el gasto real promedio per cápita mensual fue de S/. 732 y en comparación con el nivel de gasto del año 2016, disminuyó en 0.2%. En tanto, en los últimos cinco años aumentó en 4.9%, al pasar de S/. 698 a S/. 732 en el año 2017.

 Evolución del ingreso real

En el año 2017, el ingreso real promedio mensual por persona se situó en S/. 962 y respecto al año 2016 disminuyó en 1.5%. En los últimos cinco años, el ingreso real promedio per cápita aumentó en 3.8%.

Todas estas cifras muestran que, lamentablemente, la situación en el Perú viene desmejorando en los últimos años. Como hemos señalado anteriormente en Lampadia, en 2011 se produjo un punto de inflexión, tanto en aspectos sociales como económicos. (Ver: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo). Es justamente esta falta de crecimiento económico y de inversión lo que ha vuelto más lenta la reducción de la pobreza.

Desigualdad

Por otro lado, el indicador de Gini (que mide la desigualdad en la distribución de los ingresos) muestra la misma tendencia que la línea de la pobreza. Al comparar el coeficiente de Gini se observó que en los últimos cinco años disminuyó en 0.01 punto porcentual y en los últimos diez años disminuyó en 0.07 al pasar de 0.50 a 0.43.

Para que el Perú mejore reduzca la pobreza, es necesario que el sector privado alcance una mayor eficiencia e invierta en innovación y tecnología. Para impulsar la producción potencial se requerirán importantes reformas estructurales y así mejorar la productividad, la inversión, el capital humano y el empleo formal. Ver en Lampadia: Destrabemos la construcción de nuestro futuro. Para enfrentar este tremendo reto se tienen que generar recursos financieros suficientes para una mayor inversión y así evitar trabas paralizantes. Esto es clave, ya que no hay desarrollo sin crecimiento económico.

Este objetivo se logra manteniendo un crecimiento alto y sostenido, para lo que hay que retomar la inversión privada en general y, en particular, la de minería. Tenemos que recuperar nuestro crecimiento económico, que es el principal camino para la reducción de la pobreza y la desigualdad, la generación de empleo y la recaudación fiscal. Lampadia

En la última década, muchos analistas han criticado nuestro modelo de crecimiento económico porque se suponía que reducía la pobreza mediante el llamado “chorreo”. Campañas políticas completas se han basado en esta tesis. Se sostenía que a través de este proceso, la riqueza generada por la inversión privada en la parte más moderna del país“chorreaba” hacia los niveles más pobres de la pirámide social, beneficiándolos paulatina y residualmente, ya sea por el propio crecimiento o por una limitada acción del Estado.

Con la reciente publicación del informe técnico del INEI que da cuenta de la evolución de la pobreza al año 2013, diversos expertos han afirmado que al menos 80% de la reducción de la pobreza es por el crecimiento económico. De esta forma, el impulso de la inversión privada, la apertura de los mercados y las políticas económicas que nos han permitido aprovechar el “súper-ciclo” del viento a favor, han sido ideales para reducir la pobreza. Sin embargo, se sigue hablando de chorreo.

¿Hubo “chorreo” o, más bien, habría otros factores que explicarían una reducción tan pronunciada de la pobreza fuera de Lima y especialmente en el sector rural?

Conviene recordar que la reducción de la pobreza mantiene una relación sensible, no lineal y positiva con el crecimiento económico (ver: Crecer para reducir la pobreza y Los nombres de la pobreza, artículo del ex Ministro Luis Carranza). Esto significa que la pobreza se reduce en una mayor proporción cuando el crecimiento es más acelerado. La razón es que las tasas más altas de crecimiento generan cambios cualitativos en la productividad, encadenamientos, integración territorial y de servicios (como lo muestra Richard Webb en su libro: Conexión y despegue rural). Asimismo, se sofistican los mercados laborales, generando efectos multiplicadores en el bienestar. Es por ello que se destaca la necesidad de crecer entre 6% y 7% para reducir sostenidamente y a buen ritmo la pobreza.

Lo que reflejan las cifras del INEI se puede sintetizar como una dinámica de crecimiento pro pobre mucho más aguda en las zonas rurales. En efecto, “la película de nuestro crecimiento” de los últimos años, muestra que los ingresos se han incrementado a tasas mayores en las zonas  más alejadasde la capital. En la selva crecen más rápido que en la sierra, y en la sierra más rápido que en la costa, al tiempo que las zonas rurales lo hacen a mayor velocidad que las urbanas.

Otro aspecto a resaltar es que en el último lustro el ingreso proveniente del trabajo ha crecido a tasas elevadas en todo el territorio nacional, beneficiando especialmente a las zonas rurales, donde creció 40%, mientras que en las zonas urbanas lo hizo al 26%. Este fenómeno sólo sería explicable por aumentos en la productividad. Tal situación elimina el concepto del supuesto “chorreo”. Lo que se habría generado, es más bien, un afloramiento de riqueza en las zonas rurales. En consecuencia debiéramos hablar de “manantes” (como se usa en el Cusco para llamar a una fuente natural de agua) y no de chorreo.

Igualmente, los mercados laborales -que constituyen la instancia que vincula el crecimiento al mayor bienestar de la población-, muestran una reducción significativa del subempleo (en cualquiera de sus definiciones), tanto en el ámbito urbano como rural. Esto sería evidencia de que hemos experimentado un crecimiento “transformador”, mucho más significativo que un modelo basado en lasupuesta, y ahora desacreditado chorreo.

Las cifras del INEI deben llevarnos a evaluar mejor las relaciones causa-efecto de este fenómeno. Se hace evidente que mantener un ritmo acelerado de crecimiento económico puede ser una magnífica política “social”, que se debe complementar con mejor educación, un esfuerzo extraordinario de capacitación, mejores regulaciones laborales, instituciones más sólidas y una acelerada inversión en infraestructuras, para que los “manantes” rurales se conecten al Mar de Grau, conectando a los pobres con la modernidad y con los mercados más eficientes, fuente fundamental de un bienestar duradero.

Hace unos días el INEI publicó un informe técnico que da cuenta de una disminución de 1.9% en la pobreza total el año pasado y de 1.3% en la pobreza extrema. Así, al cierre del 2013 las cifras oficiales indican que en el Perú la tasas de pobreza alcanzan un mínimo histórico de 23.9% y 4.7%, respectivamente, habiendo alcanzado la pobreza extrema un nivel inferior a la meta de 5% trazada para el 2016. Estas reducciones de la pobreza del 2013, si bien menores a las de años anteriores, han sido tomadas por muchos analistas como una mala foto, pero el análisis tiene que tener una mayor perspectiva, la de una década (cual película) que ha producido excelentes resultados.

El reporte del INEI nos indica que la reducción de la pobreza ha venido además, acompañada de una reducción adicional de la desigualdad. La pobreza en la sierra y en la selva se redujo más que en la costa, y en el área rural, las reducciones fueron mayores que en el ámbito urbano. Además, el ingreso de los deciles más pobres creció más rápido que el de los deciles más ricos.

Más allá del número alcanzado en un año dado, es importante entender los procesos que explican la notable mejora en las condiciones de vida de la población. Nos estamos refiriendo a las relaciones causa-efecto que han hecho que la pobreza, que alcanzaba al 59% de los peruanos hace 10 años, haya caído 35 puntos porcentuales en tan poco tiempo, acompañada de una reducción de la desigualdad.

Según Juan Mendoza, profesor de la Universidad del Pacífico, casi 85% de la reducción de la pobreza desde el 2004 se debe exclusivamente al crecimiento económico. Según este investigador, si no hubiera habido crecimiento económico al día de hoy tendríamos al menos 52% de pobres. Mendoza remarca: “Los datos sugieren que la manera más eficaz de combatir la pobreza no es diseñar programas de transferencias sino fomentar la inversión privada y el funcionamiento de los mercados, que han sido los motores del crecimiento desde 1990.”

Por su parte, el investigador de Grade Javier Escobal destaca que “La evidencia muestra que la mayor contribución al incremento de los ingresos rurales de los pobres proviene de los ingresos laborales. Las transferencias y donaciones públicas han tenido un rol importante en la explicación de la reducción de la pobreza extrema, pero no son el factor más importante para explicar la reducción de la pobreza en el segmento de pobres no-extremos.” Este especialista enfatiza además -contra lo que muchos piensan- que la tasa de pobreza rural viene disminuyendo mucho más rápido que la urbana. En palabras de Escobal: “como nunca antes, vemos que brechas históricas vienen acortándose.”

La ex Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Mónica Rubio  señala que “para el Perú el rol del crecimiento económico escentral, estimándose que este es responsable por el 75% al 85% de la reducción de la pobreza.” Aún más, agrega: “para el mundo, se estima que el crecimiento explica entre el 70% y 95% de la reducción de la pobreza”. 

Por último, según cálculos del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial –IEDEP, de la Cámara de Comercio de Lima, el 94% de la caída de la pobreza publicada por el INEI se atribuye al crecimiento económico, mientras que el otro 6% se debe a las transferencias de los programas sociales.

Queda entonces claro que la clave para derrotar a la pobreza es crear riqueza. El crecimiento económico ha sido la mejor política de inclusión social. Esta es la razón por la cual Apurímac dejó de ser la región más pobre: ahí se está ejecutando Las Bambas (que involucra una inversión superior a los US$ 5 mil millones) y la inversión pública se ha incrementado considerablemente con recursos originados en el mismo sector privado. Lo contrario lo tenemos en Cajamarca, la región que menos ha crecido entre el 2008 y 2013 según el IPE, hoy, la más pobre del Perú con el 52,2% de la población en situación de pobreza, “destronando” justamente a Apurímac. En Cajamarca la inversión pública está estancada porque el sector privado ya no genera riqueza, la productividad del agro es de las más bajas del país, seis veces menos que en Arequipa, y su presidente regional con su socio (y a veces enemigo, el ex cura Arana) han impulsado una agenda política anti-minera que ha paralizado un proyecto de US$ 4,800 millones en Conga, que hubiera generado miles de empleos y encadenamientos productivos en la región. Peor aún, de paso, se paralizaron prácticamente todos los demás proyectos. Una región mágica, que podría ser la más rica del Perú, se encamina a vivir en la miseria.

Algunos dicen que en cuanto al crecimiento y reducción de la pobreza, tuvimos suerte, que fue por los precios de los commodities, pero no nos olvidemos, que solo hace unas semanas, tanto Nouriel Roubini como Paul Krugman, nos dijeron que no fue solo por suerte. La misma la tuvieron todos en la región y sus resultados están muy lejos de los nuestros. Nuestra prosperidad fue también por las buenas políticas públicas que supimos mantener consistentemente.

Hemos experimentado un proceso muy positivo que debemos fortalecer, precisamente, por lo que aún falta lograr. Todavía existen 7.3 millones de personas en situación precaria y 1.4 millones de pobres extremos. Motivo por el cual, nuestra agenda pendiente debe seguir privilegiando el crecimiento económico, apostando por la mejorar la educación, cerrar las brechas de infraestructuras y lograr un avance importante en la calidad de nuestras instituciones. Lampadia