Jaime de Althaus
Para Lampadia

A nadie se le oculta que el escenario político creado a partir del pedido de adelanto de elecciones puede ser explosivo. Lo mismo que el escenario regional del Sur (y también de otras regiones), a partir del desenlace que todavía le espera al proyecto Tía María, que ha contagiado a otros proyectos y al corredor minero.

Cada vez cobra más verosimilitud la tesis de Jorge Morelli en el sentido de que detrás del ataque a los proyectos mineros hay un proyecto geopolítico mayor en el que Bolivia (Cáceres Llica, Aduviri y en alguna medida Cuevas son aliados de Evo Morales) sería cabecera de playa de un grupo de países interesados en el control del cobre y el litio del sur peruano, minerales clave en la cuarta revolución industrial.

Como fuere, la clase dirigente peruana no puede quedarse cruzada de brazos ante estos peligros. El exasperado enfrentamiento entre Ejecutivo y Congreso, que ya tiene un componente de dudosa constitucionalidad con el proyecto de adelanto de elecciones, podría degenerar en situaciones que lleven a un cierre ilegal del Congreso o a una declaratoria de vacancia presidencial que sin duda sería traumática.

Por lo tanto, es obligación de los actores centrales del Ejecutivo y Legislativo sentarse a dialogar y acordar una agenda de leyes y reformas, única manera de abrir un espacio que permita pasar a un escenario constructivo que haga posible, a su vez, procesar y controlar las divergencias y consecuencias políticas mayores. Pero la obligación no es solo moral. Es legal. Así lo dispone el artículo 29 de la ley del reglamento del Congreso, que a la letra dice: 

“Al inicio del período anual de sesiones, los Grupos Parlamentarios y el Consejo de Ministros presentarán una propuesta detallando los temas o proyectos de ley que consideren necesario debatir y aprobar durante dicho período. El Pleno del Congreso votará la inclusión en la Agenda Legislativa de estos proyectos, incluyéndose en la misma sólo a los que obtengan mayoría simple…”.

Tarea además relativamente fácil dada la coincidencia casi asombrosa entre lo que propusiera el presidente del Congreso Pedro Olaechea, en su discurso del 27 de julio al asumir su función, y las propuestas contenidas en el Plan nacional de Competitividad publicado el 28 de julio, al día siguiente. Nos hemos dado el trabajo de comparar ambos planteamientos para facilitar la labor de los concertables:  

Las reformas laborales forman parte de este paquete. A esto hay que agregar, por supuesto, los proyectos de reforma política que han quedado pendientes. No hay, por lo tanto excusa. Si Ejecutivo y Legislativo no se sientan a trabajar una agenda común, es porque otros intereses, distintos y seguramente opuestos a los intereses nacionales, guían la conducta de los principales actores. Esperemos que eso no sea así. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El borrador del capítulo laboral del Plan Nacional de Competitividad al que he podido tener acceso gracias a fuentes no gubernamentales, es francamente decepcionante. Es, claramente, un triunfo póstumo del ex ministro Christian Sánchez.

Si bien propone algunos avances en relación a la situación actual, no se aborda para nada el grave problema de la reposición judicial en el trabajo o estabilidad laboral absoluta -que inhibe la contratación formal indefinida de trabajadores- y otras formas de rigidez laboral que nos han colocado entre los países con legislación laboral más rígida en el mundo, desanimando muchísima inversión que podría venir a generar empleo.

Tampoco se enfrenta el problema de los altos costos no salariales del trabajo en comparación al resto del mundo. El Plan no recoge la mayor parte de los planteamientos formulados por los gremios empresariales (CONFIEP, SIN, CCL, ADEX) que en arduo trabajo consensuaron durante meses una propuesta integral unificada para presentarla al Consejo Nacional de Trabajo, y no los recoge pese a que los gremios laborales se abstuvieron de participar. Tampoco incorpora casi ninguna de las propuestas del Consejo Privado de Competitividad ni la interesante fórmula presentada por Macroconsult – Cámara de Comercio de Lima.

Es decir, la sociedad civil peruana ha trabajador por gusto. Se premia a los que boicotean el diálogo y se castiga a los que realizan un esfuerzo serio y laborioso de estudiar, consensuar y formular propuestas.

Todavía estamos a tiempo, sin embargo. El Plan debe ser aprobado esta semana en el Consejo Nacional de Competitividad. Esperemos que allí representantes del sector privado y los ministros vinculados a la producción demanden la incorporación de un conjunto potente de reformas laborales. El país no puede seguir auto engañándose y condenándose al atraso.

¿Qué plantea el borrador del Plan?

La Medida de Política 5.1 pretende abordar la actualización del marco normativo laboral al nuevo contexto tecnológico y productivo, para lo que propone “otorgar mayores contenidos al reglamento del Decreto Legislativo N° 728 Ley de Fomento de Empleo”, en relación a aspectos tales como:

• La determinación prorrateada mensual de beneficios laborales tras acuerdos con el empleador. El Plan no entra en mayores detalles, pero al respecto tanto el taller de Lampadia como el Consejo Privado de Competitividad propusieron eliminar el piso de 2 IUT para la Remuneración Integral Anual (RIA) de modo que ésta se pueda aplicar a todos. De referirse a eso, sería un avance.
• “La definición de la situación económica habilitante para la terminación colectiva de contratos de trabajo”. Es de esperar que esto se refiera a precisar los requisitos para cesar colectivamente a fin de que no existan interpretaciones antojadizas de la autoridad de Trabajo que siempre concluyen en la negativa a autorizar el cese. De ser así, sería positivo. Pero no se toca el arbitrario mínimo del 10% de trabajadores para un cese colectivo.
• La implementación de un procedimiento de evaluación médica para declarar la invalidez absoluta permanente,
• La digitalización de boletas de pago y otros documentos para el trabajador, entre otros.

La Medida de política 5.2, relativa a la jornada a tiempo parcial, “apunta a permitir la celebración de contratos más acordes a las necesidades de los trabajadores que cumplen jornadas de trabajo a tiempo parcial, sin que esto implique la pérdida o menoscabo de derechos laborales”, pero no entra en detalles. Lo que se propuso en el taller de Lampadia[1] al respecto fue aumentar el número máximo de horas trabajadas a la semana de 24 a 30 horas y modificar el Decreto Supremo N° 1-96-TR, estableciendo que será Tiempo Parcial el trabajo realizado en menos de 24 (30) horas a la semana, independientemente de los días que se labore.

La Medida de Política 5.3 se refiere a regular el teletrabajo, dado que “las tecnologías de la información permiten a los trabajadores desempeñar muchas de sus funciones desde el hogar e incluso de manera móvil sin que esto implique pérdidas en productividad”. Esto sin duda sería bueno.

La Medida de Política 5.4 propone modernizar el Régimen MYPE pues, “a pesar de que las empresas con menos de 10 trabajadores concentran el 72,4% de los trabajadores asalariados privados al 2018, sólo el 8,0% de los trabajadores formales del sector privado son contratados bajo el régimen especial de la microempresa”. Frente a esta situación, se plantea:

• Revisar la normativa del sistema de aseguramiento y del sistema de pensiones, en el marco de la Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Sería extraordinario que esto incluya la propuesta de Lampadia y recogida por el congresista Torres de que los ciudadanos puedan aportar parte del IGV que pagan cuando compran al su cuenta individual de pensiones. Pero lo único que el Plan menciona es establecer “la posibilidad de generar “convenios de formalización” que permitan amnistías administrativas para las empresas a cambio de iniciar procesos de formalización”, sin que se sepa de qué se está hablando.
• Crear programas de acompañamiento que permitan el paso de las empresas a la formalidad de manera sostenida.

La medida de Política 5.5 propone mejorar el marco legal de modalidades formativas de los jóvenes con el objetivo de generar una mayor inserción laboral de éstos.

Luego, la Medida de Política 5.6 se refiere a la “Reestructuración de programas de inserción y promoción de empleabilidad” fortaleciendo las capacitaciones en competencias básicas y transversales y reestructurado los programas de empleo del Ministerio de Trabajo. La Medida de Política 5.7 propone modernizar el Servicio Nacional de Empleo a través de la implementación de Centros de Empleo fortalecidos en las 25 regiones del país y el rediseño de las bolsas de trabajo. Más burocracia.

Y, por supuesto, no podía faltar, la Medida de Política 5.8 plantea la “Modernización del Sistema de Inspección del Trabajo” …, con la finalidad de cubrir de mejor forma el amplio número de micro y pequeñas empresas del país.

Las propuestas dejadas de lado

Como decíamos al principio, los gremios empresariales se dieron el trabajo de consensuar una propuesta cuyos puntos básicos fueron:

1. Modificar los mecanismos legales para la desvinculación laboral
2. Eliminar el arbitraje potestativo,
3. Precisar las causales de falta grave laboral
4. Repensar las normas de ceses colectivos,
5. Repensar la regulación para las nuevas modalidades de trabajo

De esos, el borrador del Plan Nacional de Competitividad sólo toma los puntos 4 y 5, sin que sepamos tampoco con qué alcance. Es de notar que los gremios empresariales han sido casi tan tímidos como el gobierno: incomprensiblemente tampoco hicieron propuestas relativas a la reducción de los costos no salariales del trabajo, algo que estaba presente muy claramente en el mismo documento de trabajo de la Política Nacional de Competitividad que el gobierno pre-publicó a mediados del año pasado pero que después no recogió en la Política aprobada el 31 de diciembre. Pero que es indispensable para mejorar la competitividad de la economía y aumentar la inversión y el empleo formal.

Ni los empresarios ni el plan adoptan, por ejemplo, la propuesta del taller de Lampadia para que la CTS funcione solo como seguro de desempleo, con tope de 6 sueldos.

Tampoco recoge el Plan la interesante propuesta de Macroconsult – Cámara de Comercio de Lima, que tiene como concepto central sustituir el paradigma de regímenes especiales para la micro y pequeña empresa (laborales y tributarios) por escalas graduales basadas en el ingreso del trabajador o en las utilidades de la empresa. Esto para evitar los saltos mortales de un régimen al siguiente, que desalientan el crecimiento y fomentan la subdivisión de las empresas o la informalización de los trabajadores, y para facilitar la formalización de las propias empresas.

Y, como dijimos, aparentemente tampoco adopta la propuesta de Lampadia de que los ciudadanos puedan, desde los 18 años, aportar a su cuenta individual de pensiones una parte del IGV que pagan cuando compran cualquier producto. Esto no solo resolvería el problema pensionario de la población peruana, sino que ayudaría a formalizar la economía vía el pedido de facturas. Esta reforma tiene el potencial incluso para construir gradualmente un sistema de salud universal e integrado. Sabemos que el MEF la está estudiando. Ojalá se incorpore.

Esperemos que el Consejo Nacional de Competitividad, que debe aprobar el Plan, decida llenar estos vacíos e incluir en el Plan las reformas mencionadas, indispensables para sacar al Perú adelante. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En este último CADE hubo cuatro hechos de la mayor importancia que no han sido suficientemente advertidos por la prensa.

Cero Soborno

Los dos primeros corrieron a cargo del empresariado. El primero fue el anuncio de la creación de la Asociación Civil Empresarios por la Integridad, integrada, en un inicio, por 50 empresarios fundadores, a los que se espera ir sumando un número cada vez mayor. La primera acción concreta de esa Asociación es la iniciativa “Cero Soborno”, que no es una declaración de buenas intenciones, sino un conjunto de procedimientos, protocolos, prácticas y capacitaciones que deberá completar cada empresa participante para asegurar que ninguno de sus gerentes ni colaboradores soborne jamás a un funcionario público o a un juez ni tampoco a empleados de otras empresas. Este es un proceso que viene con certificaciones otorgados por empresas reconocidas.

A nadie se le puede escapar el impacto que puede tener una iniciativa como esta en la reducción significativa de la corrupción en el país, en la medida en que es adoptada por los principales grupos empresariales del país y por cada vez por un número mayor de empresas, incluso medianas y pequeñas, que se irá sumando. Llega, además, en el momento preciso, cuando el gran tema de agenda nacional es la lucha contra la corrupción.    

Un efecto secundario de esa decisión es que le permitirá al empresariado recuperar valor y autoridad moral en el país, que es un paso decisivo en la ruta de avanzar hacia alcanzar la condición de dirigencia nacional auténtica.

Las propuestas del Consejo Privado de Competitividad

En esa línea, el segundo hecho de la máxima importancia y también sin precedentes, fue que en el CADE se presentó el resultado de otra decisión histórica del empresariado: la creación del Consejo Privado de Competitividad (CPC), compromiso de IPAE en el CADE del año pasado, que, encabezado por Fernando Zavala, entregó a los participantes un libro conteniendo 77 propuestas de reformas para levantar la competitividad y productividad del país, indispensable para recuperar tasas de crecimiento altas que nos permitan sacudirnos del marasmo en el que hemos caído y alcanzar el desarrollo.  Esto también llega en el momento preciso, cuando nuestra economía crece a menos del 4% al año, un ritmo inaceptable que no nos lleva a ninguna parte porque no sirve ni para generar suficiente empleo ni para bajar la pobreza.

¿Think Tank?

La creación del CPC, por medio del cual el empresariado empieza a sumir su rol dirigente, alcanzando propuestas claras y estudiadas para mejorar la competitividad del país, puede ser el detonador de algo que también se planteó en una de las sesiones del CADE, pero que no fuera recogido al final como un nuevo compromiso de IPAE: la conformación de un think tank más amplio y potente que prepare propuestas de política en todos los ámbitos de la realidad nacional. Eso es lo que han hecho los empresarios en Chile, Colombia y otros países, para participar proactivamente y no reactivamente en la construcción de la agenda nacional, a fin de acelerar el camino al desarrollo integral del país. En el Perú es una asignatura pendiente, y esperamos que este año, aunque no haya habido compromiso de IPAE, pueda concretarse.

Consensuar propuestas del Consejo Privado de Competitividad con las del Consejo Nacional

Los otros dos hechos de la máxima importancia estuvieron a cargo del presidente Martín Vizcarra. El primero fue que no solo presentó nueve líneas del proyecto de política nacional de competitividad, sino que saludó el aporte del Consejo Privado de Competitividad y propuso “al empresariado iniciar una agenda conjunta para consensuar el Plan de Competitividad”. Esto es muy importante. Establecer una mesa para ese fin puede instalar una dinámica de relación entre sector privado y Estado que permita empezar a crecer mucho más rápidamente. Nunca lo hemos tenido. Sería una innovación histórica en el país.

Y quizá ayudaría a resolver las posibles contradicciones internas que hay en el Ejecutivo, que han impedido que hasta ahora el Consejo de Ministros apruebe los lineamientos definitivos de la “Política Nacional de Competitividad y Productividad”. Muy bien que ahora se apruebe con participación del sector privado y el CPC.

Como se sabe, el tema que divide al Consejo de Ministros, es el relativo a la reforma laboral, indispensable para formalizar el escandaloso nivel de trabajo informal que tenemos y para facilitar un incremento sustantivo de la inversión privada de todo tamaño, frenada por las rigideces de la normatividad laboral. 

La reforma laboral

Pues bien, el cuarto hecho de la máxima importancia en este CADE fue que el presidente se refirió a esta reforma en términos que despiertan alguna esperanza de que el tema será abordado. Identificó claramente el problema: “una economía competitiva requiere que el mercado laboral funcione de manera eficiente, generando los canales para que el trabajador encuentre un espacio óptimo donde pueda desarrollar sus capacidades. Por lo tanto, necesitamos de un marco dinámico que permita conectar la fuerza laboral con empleadores que aprovechen su máximo potencial y talento. Más del 50% de las microempresas del país son informales y el 70% de los trabajadores se encuentra ocupado en el sector informal, con una mayor concentración en las microempresas. Este es un reto que juntos, tanto sector privado y público tenemos que afrontar”.

Fue más allá: identificó una de las causas del problema: “Uno de los factores que eleva los índices de informalidad es el alto costo laboral no salarial, que duplica y hasta triplica el de nuestros pares de la Alianza del Pacífico…”. Y preció el objetivo: “Tenemos que pasar del trabajo informal de baja productividad y sin protección social, a un esquema que promueva el trabajo formal que corrija esta situación”.

Luego se refirió al procedimiento: “…lo haremos por la vía institucional…, construyendo los consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia”.

Aquí viene, por supuesto, la dificultad, que se manifiesta incluso al interior del gobierno. La dirigencia sindical tendría que pensar en cuál es su mejor interés en el mediano y largo plazo, para percatarse que más le conviene una amplia base sindical en un mercado dinámico en el que los salarios suben aceleradamente gracias a que una cantidad mucha mayor de empresas demanda cada vez más trabajadores, como ocurrió en el sudeste asiático, que quedarse aferrada a una legalidad que no lo permite.

El Presidente debe encabezar el Plan de Competitividad

Para ello sería fundamental que el presidente Vizcarra encabece personalmente el liderazgo del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Pues el tema es de la mas alta prioridad nacional. El mismo lo reconoció, al notar que “en cuanto a competitividad hemos caído 32 puestos en 7 años, bajando del puesto 36 al 68, en cuanto a la Facilidad para hacer Negocios. Y esto es inaceptable. Nuestro desafío es mejorar el desempeño. Y eso requiere del esfuerzo de todos”.

Comenzando por el suyo, presidente, liderando la ejecución del plan, y concertándolo también, como anunció, con las diversas fuerzas políticas que, al tenor de las declaraciones que ha formulado la mayoría, está dispuesta a aprobar las reformas necesarias. Este es el momento. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En las últimas semanas se ha producido un cambio estructural en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso: Fuerza Popular ha desaparecido como fuerza beligerante y opositora, ha declarado su voluntad de concertar una agenda de reformas, y, por lo tanto, ha abierto la posibilidad de iniciar una era de colaboración con el Ejecutivo. Se ha pasado de la confrontación a la cooperación.

Para que dicha agenda de reformas pueda concretarse, sin embargo, el Ejecutivo tiene que resolver sus contradicciones internas y el Presidente tiene que aprender a pasar de la confrontación a los acuerdos y la gestión como estrategia de gobierno.

Este cambio estructural en las relaciones entre ambos Poderes, de la mayor importancia, no ha sido registrado cabalmente por la opinión pública, que no está debidamente informada por los medios nacionales, y que en los ambientes más politizados permanece incrédula. Pero es real.

El miércoles pasado la bancada de Fuerza Popular junto con todas las bancadas menos las de izquierda, presentó una moción de orden del día para conformar una “Comisión especial de reformas de interés nacional, diálogo y consenso parlamentario” (ver recuadro). Dichas reformas, de acuerdo a la información que tenemos, incluyen la reforma laboral, algo que hasta hace poco era un tema tabú no solo para Fuerza Popular sino para todas las bancadas y para el propio gobierno. De hecho, un par de semanas atrás el congresista Miguel Torres declaró a El Comercio: “buscaremos una reforma laboral para reducir las exigencias de hoy e involucrar a trabajadores informales dentro de la formalidad”.

Es claro, entonces, que el tono del Congreso ha cambiado notoriamente, lo que significa que están dadas las condiciones para un conjunto de acuerdos que permitan:

• Resolver el problema creado por el posible NO a la cuarta pregunta del referéndum (sobre la bicameralidad), sea llegando a un acuerdo para que el Congreso modifique los cambios introducidos en la cuestión de confianza a cambio de que el presidente restablezca su apoyo a la bicameralidad antes del referéndum o, en su defecto, se pueda, luego del referéndum, llevar a cabo la reforma constitucional vía dos legislaturas ordinarias, con el apoyo político del Presidente, siempre y cuando se explique antes que el NO que promueve no es a la bicameralidad sino a las modificaciones introducidas a la cuestión de confianza.
• Conformar una comisión de expertos para recomendar el conjunto de reformas políticas necesarias a fin de mejorar la gobernabilidad y reconstruir el sistema de partidos y los canales de representación.
• Aprobar los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo que reforman el sistema judicial y profundizar dicha reforma con la redefinición del rol de la Corte Suprema y otras normas.
• Que el Ejecutivo observe la ley de negociaciones colectivas en el Estado, que es una verdadera bomba de tiempo fiscal, y el Congreso no insista. Y contener, en general, otras iniciativas populistas.
• Elaborar una agenda de leyes y reformas indispensables para mejorar la competitividad y la productividad del país y reanimar la inversión privada en todos los sectores de la economía. Entre ellas, tendríamos, entre otras:
  • Las reformas laborales, que se verían facilitadas, además, por la renovación del Tribunal Constitucional en junio del 2019, que puede permitir el cambio de la sentencia del 2001 sobre la reposición obligatoria en el puesto de trabajo
  • La reforma tributaria: simplificación de regímenes y reducción de exoneraciones
  • Ley para darle carácter permanente a los regímenes agrario, forestal y acuícola y extenderlos a otros sectores manufactureros exportadores sujetos a demanda cambiante e intensivos en mano de obra
  • La ley de hidrocarburos.
  • Ley para profundizar la eliminación de regulaciones contraproducentes
  • Ley que permita resolver las trabas, dificultades y cuellos de botella en la ejecución de infraestructura estratégica para el desarrollo del comercio exterior e interior. 
  • Incentivar la innovación en las empresas y favorecer la inmigración de científicos extranjeros.
• En esa línea, derogar los excesos cometidos en los decretos legislativos tributarios en los temas de anti elusión y responsabilidad penal de los directores.

La contradicción interna del Ejecutivo

El Ejecutivo tiene que aprovechar el cambio en la actitud del Congreso para proponer dicha agenda de reformas a favor de la competitividad del país. Para eso, sin embargo, tendrá que resolver la contradicción interna que lo inmoviliza:

• La que se da entre los ministros vinculados a la economía y la producción de un lado, y el ministro de Trabajo del otro, y que se manifiesta claramente en las diferencias existentes entre los lineamientos del Plan Nacional de Competitividad publicado hace unos meses
• Las declaraciones y regulaciones que emanan del ministerio de Trabajo
• Las expresiones del ministro de Justicia en el sentido de revisar integralmente la Constitución incluyendo el capítulo económico, para hacer posible una mayor presencia del sector público.

Esas contradicciones deberán resolverse en el Plan Nacional de Competitividad propiamente dicho que se publique en los próximos días. De lo contrario, no será posible avanzar, por ejemplo, en las reformas laborales, salvo que el Congreso las apruebe por su cuenta.

Si el Plan Nacional de Competitividad contiene un programa de reformas claro que le permita a nuestra economía recuperar tasas altas de crecimiento y volver a reducir los niveles de pobreza –para lo cual debería incorporar las propuestas del Consejo Privado de Competitividad-, debería ser el propio presidente de la República quien presida el Consejo Nacional de Competitividad y lidere personalmente la ejecución de ese plan.  

De la confrontación a los acuerdos y la gestión

Una segunda pregunta, en ese sentido, es si el Presidente Vizcarra está preparado para adaptar su estrategia política a la nueva situación, es decir, pasar de la confrontación a los acuerdos y la gestión. Como sabemos, el Presidente ha conseguido un incremento notorio de su popularidad enfrentando al Congreso, e implícitamente a Fuerza Popular. Pero Fuerza Popular ya ha sido completamente anulada como oposición belicosa, de modo que el Presidente ya no tiene, en ese terreno, con quién confrontar. Su triunfo, en ese sentido, ha sido absoluto. Tiene ahora que pasar de la confrontación a los acuerdos y a la gestión eficiente de los servicios públicos, lo que es más laborioso y menos rentable políticamente si no se hace bien.

Para mantener los niveles de aprobación que ha conseguido, entonces, tendría que buscar, por así decirlo, nuevos “enemigos”, con la diferencia que esos enemigos son menos visibles y personalizados que el Congreso o los congresistas. Esos enemigos son los problemas del país. Podría enfrentarlos con el formato de una cruzada, para darle a la gesta un tono populista, pero al servicio de la reforma y la eficiencia. Esos enemigos podrían ser:

• La corrupción, por supuesto
  • Destapando casos en los gobiernos regionales o locales o en entidades del gobierno central, y dándoles publicidad.    
  • Promoviendo una campaña de denuncias de los usuarios del Estado, pero para ello se necesitaría que el sistema de denuncias estuviera organizado, y aun no lo está.
• La inseguridad, supervisando en el terreno el funcionamiento de Barrio Seguro, Vecindario Seguro y los Comités de Seguridad Ciudadana presididos por los alcaldes, llamando la atención a los alcaldes que no los convoquen, por ejemplo, y a los comisarios que no se integren con la comunidad.
• La anemia, viajando al interior para constatar los esfuerzos y llamar la atención al funcionario que no esté cumpliendo su tarea en la estrategia contra ese mal.
• La mala atención y corrupción en servicios de salud, retomando la reingeniería del SIS que comenzó a aplicarse el 2017 y fue luego abandonada, y supervisando que se ejecute adecuadamente, y denunciando casos de corrupción en el sector.

De lo que se trata es que el Presidente aproveche sus viajes al interior no para inaugurar obras sino para liderar y supervisar la transformación de los servicios básicos del Estado en servicios eficientes, acompañado de un aparato de comunicación que le permita crear una mística de cambio.

Fuera de eso, el Presidente debe conducir personalmente dos grandes procesos estratégicos. Uno es el que ya hemos mencionado: la ejecución del Plan Nacional de Competitividad, si es que este realmente contiene las reformas que hay que hacer para mejorar la productividad de la economía peruana. Como parte de esta labor, resulta fundamental devolverle eficiencia a la inversión pública y público privada, es decir, al desarrollo de la infraestructura, hoy muy afectada por diversos problemas y por el temor de los funcionarios a tomar decisiones derivado de la persecución arbitraria e injusta que en muchos casos han sido objeto por parte de la Contraloría y de comisiones investigadoras del Congreso. 

Y el segundo es la gran reforma del sistema judicial, presidiendo el Consejo Nacional para la Reforma del Sistema de Justicia, que será aprobado por ley próximamente. Para que la promesa de alcanzar un sistema de justicia moderno, eficiente y limpio se haga realidad –lo que sería un cambio extraordinario- se requiere que el Presidente asuma con la mejor asesoría posible el liderazgo de ese proceso.

Más allá del ruido judicial existente, que afecta la credibilidad de la clase política, lo cierto es que están dadas las condiciones para alcanzar acuerdos fundamentales que conduzcan a un Estado de Derecho en el que impere la ley y a recuperar tasas altas de crecimiento y reducir apreciablemente la pobreza. El Ejecutivo ya no tiene obstáculos en el Congreso para este fin. Lampadia