El presidente Humala viene desarrollando un gobierno que, más allá de  algunos cuestionamientos, se puede considerar aceptable, sobre todo, por el respeto a la institucionalidad democrática y la vigencia de la economía de mercado. También hay reformas valiosas como la ley del servicio civil que instaura la meritocracia en el sector público y la voluntad de destrabar el Estado para fomentar las inversiones. Sin embargo,se han frustrado proyectos importantes para el desarrollo del país, se ha ralentizado el crecimiento y se ha debilitado la confianza de los empresarios y ciudadanos en el futuro.

Este gobierno no puede fracasar en seguir consolidado nuestro desarrollo integral. El Perú no puede bajar su ritmo de avance hacia la realización de su potencial como un país exitoso con las mismas oportunidades para todos sus hijos. Hoy día necesitamos un buen golpe de timón, y este debe darlo el propio Presidente de la República.

e Una llave maestra es aquella herramienta que nos permite abrir todas las puertas. En política, una llave maestra puede facilitar el camino al éxito de una gestión gubernamental.

En Lampadia creemos que el Presidente, debería  asumir personalmente la facilitación y seguimiento de cinco grandes proyectos de inversión de alto impacto para el país. Por ejemplo, podría comprometerse con dinamizar los proyectos de Conga, Tía María, el Gasoducto del Sur, la Longitudinal de la Sierra y el Túnel Trasandino.

Ese involucramiento presidencial tendría una influencia muy positiva en dichos proyectos, pero además, generaría efectos muy benéficos para el resto de la administración pública, ya sea identificando trabas legales y administrativas, o dando un ejemplo de sentido de dirección, prioridades y acción de gobierno, que percolarían en toda la administración.

Si el Presidente encabeza la implementación de estas iniciativas -en algunos casos privadas y en otros, concesiones o APPs (asociaciones público-privadas), no solo habrá garantizado una saludable continuación de nuestro avance económico y social, sino que habrá conseguido una trascendente victoria política sobre las minorías radicalizadas que pretenden paralizar la inversión y desestabilizar al gobierno en búsqueda de espacios políticos de interés particular.

Se ha vuelto un lugar común señalar que la política y el Estado no acompañan los éxitos del desarrollo de nuestra economía, remarcando un creciente divorcio entre la política y la economía. Desde esta tribuna solo ambicionamos el éxito de esta gestión gubernamental, y con humildad, SeñorPresidente, le sugerimos que asuma el reto, que encabece cinco grandes proyectos y, que garantice así más crecimiento, más empleo, más inclusión y más orden.

Juan Carlos Cortés. Presidente Ejecutivo de Servir, la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue presidente de Ciudadanos al Día, consultor de la Organización Internacional del Trabajo y docente de la Academia de la Magistratura. La entrevista fue realizada por el periodista Emilio Camacho.

Su imagen no ilustra las páginas policiales, pero Juan Carlos Cortés es uno de los hombres más buscados del país. El presidente de la Autoridad del Servicio Civil o Servir es uno de responsables de la Ley del Servicio Civil que esta semana encendió las protestas de centrales sindicales como la CGTP y la CITE, y los medios no han dejado de acosarlo. Entre el jueves, el viernes y ayer sostuvo doce entrevistas a un ritmo frenético de cuatro por día. Es más, cuando la avenida Abancay soportaba la furia de los opositores a la Ley de Servicio Civil, Cortés iniciaba su rush mediático, en el décimo piso del edificio en el que se ubica Servir. “Es un poco duro todo esto”, dice antes de empezar esta entrevista. Luego recobra la compostura y se alista para las preguntas como si nada. Esta semana el media training le ha salido gratis.

¿Es de los que piensan que un funcionario público debe tener vocación de servicio?

Lo que he encontrado en el Estado peruano, desde hace mucho tiempo, es que hay personas que tienen una vocación enorme por el servicio, a pesar de que ganan mucho menos de lo que podrían ganar en el sector privado. He trabajado siete años con el premio de Buenas Prácticas en Gestión Pública de Ciudadanos al Día y cada año era una cosa espectacular. Veías personas de todas las edades y regímenes que vivían por hacer más cosas por los ciudadanos.

¿Y usted siempre tuvo vocación por trabajar en el Estado? Se me hace difícil pensar en un joven Juan Carlos Cortés interesado en dirigir algún día un organismo del Estado.

No pensé en ser cabeza de un organismo, pero mi trayectoria siempre ha estado muy cercana al Estado. Siempre me ha llamado mucho el tema político y he trabajado como asesor de ministerios en diferentes momentos de mi vida.

¿Hace cuánto tiempo está vinculado al Estado?

Como trabajador del Estado a tiempo completo, mi primera experiencia ha sido Servir. Pero yo ya había asesorado a instituciones hace unos 15 años. Entré al Consejo Directivo de Servir en el 2008, pero antes de eso ya tenía esta vocación. Había trabajado con personas que conocían el Estado. Por ejemplo, una persona a la que reconozco mucho es Nuria Sparch, la primera directora de Servir. A ella la conocí en la PUCP. Fui su jurado en su examen de grado.

¿Fue jurado de quien luego fue su jefa?

Exactamente. Con ella he aprendido un montón de cosas y con otras personas que siguen acá.

Aterricemos en la coyuntura. Caretas dice en su última edición: “El sindicalismo ha encontrado en la oposición a la Ley del Servicio Civil su nueva fuente de entusiasmo”. ¿Usted se siente responsable por los nuevos bríos con los que ha salido a marchar la CGTP?

No. Yo me siento responsable de tratar de aportar con una ley que puede significar un cambio fundamental para los empleados públicos. De eso sí me siento responsable, y quiero ser responsable. Para esto ha sido importante el apoyo del presidente, del primer ministro, de los ministerios de Economía y de Trabajo. Ha sido un trabajo muy arduo y de mucha discusión interna.

¿Y en algún momento se sentaron frente a frente con las centrales sindicales? ¿Usted conoce a Mario Huamán de la CGTP?

Por supuesto. Las puertas siempre han estado abiertas, hay el mayor respeto entre ellos y nosotros. Yo me he encontrado hace poco con Winston Huamán (secretario general de la Confederación de los Trabajadores Estatales-CITE) y nos hemos saludado afectuosamente y con respeto.

Pero ellos dicen que ustedes no les consultaron para la confección de la norma.

En la confección de la norma lo que sucedió es que apostamos por el consenso interno en el Ejecutivo, viendo lo que había ocurrido con otras reformas.

Eso excluía a las centrales sindicales.

Digamos que teníamos que sentarnos en una mesa y ponernos de acuerdo nosotros. Y esto demoró. Trabajamos desde febrero del año pasado, y en diciembre ya había un compromiso del premier y el presidente por presentar la ley. Por eso fuimos vehementes. Pero sí nos hemos sentado a la mesa con las centrales sindicales para presentarles el proyecto. Lo que nunca hubo fue una negociación con ellas; sí hubo una presentación y una exposición de ideas.

¿Qué lo ha sorprendido más: la oposición de las centrales sindicales a la Ley de Servicio Civil o que el fujimorismo coincidiera con ellas?

En realidad, la capacidad de sorpresa no existe. Uno, cuando tiene algunos años en esto, sabe perfectamente que el Congreso es una entidad eminentemente política. Lo que cabe aquí es el análisis político. Lo mismo con las centrales sindicales.

Hay quienes dicen que ustedes han despertado la desconocida vocación del fujimorismo por la defensa de los trabajadores.

Lo que digo es que actuaron políticamente. Son un grupo de oposición y actúan en una coyuntura determinada. Es absurdo pensar que la marcha de ayer (jueves, en la Avenida Abancay), y lo que pasó en el Congreso, solo tiene que ver con la Ley de Servicio Civil. Hay que ser bien ingenuo para sostener eso.

La ley establece una evaluación y esto es lo que genera temor en las centrales sindicales, que piensan que se viene una ola de despidos masivos. ¿Qué garantía hay de que esto no va a pasar?

Nos hemos preocupado de que esta norma tenga una serie de garantías, que están establecidas claramente. Primero, los factores a medir, como desempeño, deben estar relacionados con las funciones del puesto. Segundo, la evaluación se realiza en función a metas mensurables y verificables. Tercero, el servidor debe conocer por anticipado los procedimientos, factores o metas con los que es evaluado. La idea de esta evaluación es mejorar, no hay otra lógica. ¿Por qué? Con la evaluación, un analista, iniciando el año, va a saber cuáles son las metas de la institución, las metas de las áreas y las metas de cada trabajador. ¿Y quién puede salir desaprobado? Aquella persona que no ha hecho absolutamente nada en su institución.

Me dice que la evaluación sirve para mejorar. ¿Mejorar debe entenderse como depurar?

No. no. Digo que esta evaluación sirve para mejorar, por ejemplo, porque puede servir para articular las áreas de una institución. Y esto se detecta al medir los objetivos de la misma.

Usted me hace toda esta explicación pero no dice que quien no pase la evaluación será separado de su institución.

Deme tres segunditos. Le repito, ¿quiénes serán desaprobados en la evaluación? Los que no hicieron nada. Los que no cumplieron ninguna meta ni objetivo. Esos van a salir desaprobados. Se les capacitará, pero si en la segunda evaluación son nuevamente desaprobados, allí sí se van. Además, dígame, cómo puede haber despidos masivos, es imposible. ¿Usted se imagina que el 80% de empleados de una institución no haga nada? Eso es imposible. Si eso sucede, el que tiene que irse es el jefe.

¿Quiénes pasan por la evaluación?

Todos.

Si usted se quedara en Servir hasta que la ley fuera implementada totalmente, ¿también sería evaluado?

A mí ya me han evaluado. Apenas ingresó el premier Jiménez, todos los jefes tuvimos una evaluación de 360, que es que te evalúan los de arriba, los de abajo y los pares.

¿Y qué tal salió en la evaluación?

¿En mi caso? Bien. Fue interesante. Me ayudó a efectuar cambios personales en el tema de dirección. La gerencia de Servir también acaba de ser sometida a una evaluación de parte de la Politécnica de Madrid. Nos hicieron ver una serie de problemas. Entre otros, que teníamos que tener una comunicación más cercana con toda la institución. No, no, mire, nosotros…

…no se corren a la evaluación.

No. Es más, como nosotros tenemos que comprobar las cosas, acá en Servir también estamos en evaluación de desempeño. La gente está totalmente llana a esto.

Dígale eso a la CGTP: “Nosotros también somos evaluados”.

(Sonríe). Ellos lo saben.

Vamos al detalle de la ley. ¿Esta norma unifica a otros regímenes laborales como el CAS, el de la carrera administrativa y el que se rige con las reglas del sector privado, o crea un cuarto régimen?

Lo que pasa es que, en los seis años en los que debe implementarse la ley, las instituciones estatales se acogerán a esta de una manera muy especial. No es que hacemos los reglamentos e inmediatamente todas ingresan. Hay un tema fundamental para nosotros, y es cómo empezamos a planificar el crecimiento de las instituciones en su personal. Y cómo esto significa fortalecer a las áreas de recursos humanos. Para hacer esto, cada institución va a demorarse unos meses. Entre otras cosas se debe hacer un perfil de cada puesto de trabajo, y establecer el valor de ese puesto. Finalmente viene el concurso.

¿Mientras todo este proceso concluya no habrá cierto paralelismo? No habrá cuatro regímenes en lugar de tres.

Cuando concursen podría ser que sí. Si hay trabajadores 276 (carrera administrativa) y 728 (régimen privado), que no quieren ingresar al nuevo régimen civil, podrían quedarse en sus regímenes. Los CAS sí tienen que concursar. Entonces, tenemos que por un tiempo, en el peor de los casos, van a sobrevivir los del 276 y 728 que no quisieron postular.

Allí las centrales advierten una debilidad, que en cierto periodo habrá cierto paralelismo.

Sí, puede haber ese paralelismo. Pero lo que estamos haciendo es respetar la voluntad de las personas. Nos dicen: “La Ley Magisterial ha sido distinta”. Pero, claro, la ley magisterial ha sido distinta. En ella hay un solo perfil: el maestro. Pero en el régimen público hay una serie de perfiles.

Otra cosa que le han criticado a la ley es que deje sin capacidad de negociar colectivamente a los sindicatos el tema de salarios. Digamos que usted ha limado las garras de los sindicatos. 

(Sonríe). Veamos, se cree que la única cosa que hacen las centrales sindicales es negociar colectivamente. Eso no es así. Las organizaciones sindicales también hacen una serie de acciones en defensa de sus afiliados. Claro, lo más visible es el tema de la negociación, pero no es lo más importante.

¿No?

No, y vamos a ver por qué no. Este es un tema que se discutió mucho en la comisión que creamos en el Ejecutivo. Hay dos cosas que se pusieron en discusión: cuántos negocian en este momento remuneraciones. Y lo que nos enteramos es que en los últimos años no ha habido negociación por remuneración, salvo en algunas instituciones que tienen recursos propios, como la Sunat o la Sunarp.

¿Me está diciendo que la negociación colectiva es un espejismo?

El porcentaje que nos dio el Ministerio de Trabajo, considerando las empresas estatales, es de 14%. No puedo negar que hay una expectativa por la negociación colectiva pero pensamos en mejores maneras de ordenar el sistema estatal.

¿Y cuánto cuesta esta reforma?

Hemos hecho una valorización  del qué pasaría si todos los CAS y 276 pasaran inmediatamente al servicio civil, eso costaría 2.500 millones de soles en los seis años. Pero hay que ver cómo venimos creciendo. En los últimos 12 años hemos venido creciendo a un ritmo de mil millones de soles por año en la planilla del Estado.

¿Se puede reducir este crecimiento de mil millones al año en la planilla del Estado?

Yo no creo que se reduzca. Lo que podemos hacer es ordenarnos. Lo que nosotros queremos es no pensar en cómo achicar o reducir los puestos; lo que buscamos es cómo darles a los ciudadanos un buen servicio.

Ustedes hicieron una ayuda memoria para explicar la Ley de Servicio Civil en la que decían que solo un 9% de estudiantes universitarios están interesados en entrar al Estado. Si es tan grande el desinterés, ¿cómo puede crecer a un ritmo de mil millones por año la planilla del Estado?

Lo que ha pasado es que el Estado ha tenido un crecimiento totalmente desordenado. Ahora, no necesariamente los que han entrado son los mejores. Eso queremos corregirlo con los concursos que plantea la ley. Eso también erradica temas de corrupción y tarjetazos.

¿Ha viajado mucho con el cargo que actualmente tiene?

No tanto como hubiera querido.

¿Cuál es la situación más extrema de la que ha sido testigo?

A mí los que me interesan son los funcionarios que a pesar de las carencias se esfuerzan por hacer las cosas bien. Lo he visto en todo el país.

¿Y cuál es el peor ejemplo que ha encontrado usted del desorden que existe en el empleo público?

El peor ejemplo es que en el Perú conviven tres regímenes. En el Perú hay tres personas que hacen lo mismo y tienen derechos e ingresos distintos. Hay más de 500 normas sobre el tema y 400 conceptos remunerativos.

Publicado por La República, 7 de julio del 2013

Las recientes manifestaciones en Brasil han dejado desconcertados a muchos espectadores en el ámbito internacional. No en vano en los últimos años el país ha experimentado uno de los crecimientos económicos más importantes de su historia. Solo en la última década –y gracias en gran parte a las reformas estructurales de liberalización de la economía que emprendiera el gobierno de Cardoso–, más de 40 millones de brasileños han salido de la pobreza para incorporarse a la clase media, que así ha visto su tamaño crecer en 50%.

 

No obstante este progreso, en las últimas semanas más de un millón de personas han salido a las calles a expresar su descontento en una de las protestas más multitudinarias de la historia brasileña. Y lo curioso es que detrás de estas protestas no hay movimientos políticos ni líderes visibles, sino jóvenes –en su mayoría– de clase media con educación superior. De hecho, 71% de los manifestantes encuestados por la Confederación Nacional de Transporte se ha declarado satisfecho con sus condiciones de vida.

¿Entonces, por qué reclaman estas personas y por qué sus protestas tienen el apoyo del 75% de la población del país? El detonante fue una subida en los precios del transporte público de tan solo 20 centavos, pero la marcha atrás en la subida no acabó –ni mucho menos– con la protestas. En las encuestas los manifestantes han declarado estar reaccionando ante la altísima corrupción en el estado brasileño, los elevados gastos para la Copa Mundial de Fútbol del 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016 y, sobre todo, por la priorización de estos gastos frente a la pobre situación de los servicios que ofrece el Estado a sus ciudadanos.

Estas protestas, pues, no son las de un pueblo cercado por la pobreza ni por una dictadura abusiva que le niega cualquier tipo de libertad o garantías. Las exigencias de los brasileños tratan, por así decirlo, de necesidades de un segundo nivel: aquellas a las que uno puede dedicar tiempo y energía solo cuando tiene sus necesidades básicas satisfechas. Es decir, son protestas eminentemente clasemedieras y son también, por tanto, un efecto colateral del crecimiento económico. Lo mismo que, sin ir más lejos, ocurrió en Chile en el 2011, cuando después de años de un crecimiento económico asombroso, los estudiantes del país austral se movilizaron para exigirle al Estado una educación pública de mayor nivel.

Samuel Huntington, politólogo estadounidense, explica este fenómeno así: a medida que la calidad de vida de los ciudadanos aumenta en una sociedad, sus demandas por mejores servicios públicos aumentan con ella. En otras palabras: el crecimiento de la clase media es una buena noticia para la sociedad pero supone mayor presión para el Estado, en la medida en que sus servicios pasan a tener al frente a un “cliente” empoderado y dispuesto a exigir. Esto, en lugar de una serie de ciudadanos en situación desesperada, para los que dedicar días a protestar es un lujo normalmente incosteable y cuya resignación es algo que un Estado clientelista suele poder comprar fácilmente con tan solo regalar, por ejemplo, comida.

Pues bien, en lo que toca al aumento de la clase media, el Perú va por el camino de Brasil y, si cabe, más sólidamente, desde que nuestra reducción de la pobreza está más relacionada con las oportunidades generadas por el crecimiento. Desde el 2001, casi 10 millones de peruanos se han incorporado a una clase media, que según el BID, ahora representa al 70% de la población. Cierto esto que buena parte de esta clase media es aún frágil, pero también lo es que, si el país sigue por la senda del crecimiento, cada vez lo será menos.

El problema, entonces, es que también vamos por la senda de Brasil en lo que toca a los servicios públicos, que no han mejorado conforme la clase media ha ido creciendo. Es decir, que nuestro Estado sigue dando los mismos servicios desastrosos a unos ciudadanos que están cada vez en mejor situación para notarlo y reclamar por ello. Particularmente considerando que con la clase media está creciendo también el número de peruanos que pagan impuestos y que, por lo tanto, pueden sentirse directamente estafados por la calidad de los servicios estatales.

Lo de Brasil, consiguientemente, nos compete no solo en tanto que latinoamericanos. Nos compete también porque, si las cosas siguen como van, podría ocurrirnos a nosotros (especialmente si se bloquea la esencial reforma del Estado que contiene el proyecto de ley para la reforma del servicio civil). Salvo, claro, que nuestros gobernantes tomen la siempre inteligente decisión de escarmentar en el ejemplo ajeno e internalicen la lección brasileña: que los regímenes que presiden sobre etapas de crecimiento sin mejorar al mismo tiempo los servicios estatales están dejando juntarse dos fuerzas cuyo contacto, más temprano que tarde, causa una explosión.

Publicado por El Comercio, 29 de junio, 2013

El último reporte Doing Business 2013 del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (IFC), que evalúa la facilidad para hacer negocios en 185 países del mundo, muestra que en el largo plazo el Perú ha sido una de las 50 economías mundiales que más han hecho para mejorar el ambiente para los negocios, pero, en el corto, las reformas aplicadas en el último año no han sido suficientes para evitar que retroceda dos puestos respecto al ránking año pasado.

El reporte, que es un referente para los inversionistas y políticos a nivel global y que fue publicado hoy (lunes 22) a las 7:00 p.m., muestra que el Perú ocupa el puesto 32 entre los 50 países que más han avanzado para mejorar el clima para hacer empresa desde el 2005, solo superado por Colombia y Guatemala en la región.

“Estamos muy contentos por los continuos esfuerzos de reforma para expandir las oportunidades a los empresarios locales en el Perú y vemos que los avances observados en años anteriores, no solo en el Perú, sino también en Chile, Colombia y México, con un desempeño a niveles comparables con el de algunas economías de altos ingresos, sirven de buenas prácticas para que el resto de la región pueda mejorar las regulaciones a favor del clima de inversiones”, señaló Augusto López-Claros, director del Departamento de Análisis e Indicadores Globales del Banco Mundial e IFC.

El reporte destaca los logros del Perú al recortar en 15 días el plazo para la entrega de permisos de construcción y al reforzar la protección a los inversionistas minoritarios, dos aspectos que forman parte del indicador.

Sin embargo, esos esfuerzos no solo no le han bastado para subir en el ránking de Doing Business de un año a otro, sino que lo han llevado a retroceder dos puestos, del 41 al 43. En el reporte del año pasado, el Perú también bajó dos puestos de un año al otro, del 39 al 41. Sin embargo, ha logrado mantener su lugar como la segunda economía mejor posicionada de la región después de Chile, que sube del 39 al 37 en el mismo plazo.

“OTROS VAN MÁS RÁPIDO”

Jean Michel Lobet, coautor del informe, declaró en exclusiva a elcomercio.pe que el retroceso del Perú se debe a la naturaleza relativa del ránking. “Hay muchos países que siempre están reformando y otros van más rápido que el Perú, pero lo que vemos es que los indicadores del Perú reflejan la tendencia a la mejora que ha mostrado el país en el largo plazo y es esa voluntad y consistencia en las reformas lo que al final miran los inversionistas extranjeros a la hora de decidir por qué país apostar”, señaló.

Efectivamente, en el caso del indicador que calcula las dificultades para crear una empresa, en el Perú el número de procedimientos y los plazos se han mantenido, mientras que el costo se ha reducido de un año a otro, pero no lo suficiente como para no haber caído cinco puestos en el mundo.

Con este resultado, es el segundo año consecutivo en el que no se cumple el objetivo que se planteó el gobierno de Alan García de llegar al puesto 25 en el ránking Doing Business elaborado en octubre del 2011.

TAREA PENDIENTE

Donde al Perú sí le ha ido mal es en los dos indicadores que están relacionados con el desempeño del Poder Judicial. En el último reporte del Doing Business 2013, se hundió aún más, del puesto 106 al 115 (de 185 países) en la evaluación sobre el cumplimiento de contratos, que mide el costo, en dinero y días, de realizar un litigio comercial. Asimismo, pasó del 100 al 106 en el indicador que califica el procedimiento para proceder con la liquidación y reorganización de una empresa.

“Estos indicadores están muy interconectados y son los que toma más tiempo mejorar porque implican la reforma del Poder Judicial, que es un proceso que demanda una alta inversión tanto de presupuesto como de tiempo y sus efectos pueden recién verse años después de su implementación”, señaló Lobet.

En ese sentido, indicó que es allí donde se deben concentrar principalmente los esfuerzos del gobierno peruano en el futuro si es que quiere seguir mejorando en el ránking del Doing Business.