Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En el Perú, a fuerza de generar cada vez peores reglas para acceder a la política, haber politizado la justicia, el ministerio público, el sistema electoral, eliminado la carrera congresal por haber eliminado la reelección y no haber logrado la bicameralidad, hemos, progresivamente, destruido las instituciones y llevado al límite inferior los requisitos para ser congresista, presidente, gobernador regional, alcalde o funcionario público. Como consecuencia, cualquiera que no sabe leer, ni comprende lo que lee, llega a los más altos cargos del Estado y se siente con derecho a opinar y promover leyes cuyo impacto no alcanza a imaginar y menos a comprender.

La consecuencia más clara ha sido el alto nivel de irresponsabilidad con que se ha manejado el futuro de todos los peruanos. Los que se han metido a la política, no piensan en el futuro, ni consideran los impactos de largo plazo de las decisiones que adoptan en el corto plazo y, por supuesto, no les interesa que, en 20, 30 o más años, los ciudadanos, al jubilarse, no tengan forma de llevar una vejez digna, independiente y ciertamente no mendicante. Consideran que, en todo caso, resolver ese problema “será responsabilidad de otros”, cuando los gestores de las barbaridades cometidas ahora, ya no estén.

El Perú había constituido un sistema previsional público (la ONP) y un sistema privado de pensiones (las AFP). Ambas perfectibles, ciertamente, pero funcionando y generando expectativas de una vejez digna para el tiempo de jubilación y en el caso de las AFP, con cuentas individuales, “absolutamente intangibles”.

A inicios del año 2020, las AFP contaban con cerca de 3,3 millones de aportantes activos, quienes habían acumulado en sus fondos a esa fecha, 171.1 mil millones de soles, en cuatro tipos de fondos diferentes, acorde al nivel de “apetito de riesgo” del aportante, pero que respondía a su edad y perfil específico. Obviamente, el aportante, debidamente orientado en su AFP, podía aprovechar la evolución de los mercados de capitales para maximizar su ganancia y capitalización o protegerse de la volatilidad de los mismos, en la medida que su edad se va convirtiendo en un factor limitante para recuperarse de ciertas pérdidas temporales, cosa natural en la administración de fondos de largo plazo.

Un evento mundial grave, como la pandemia del COVID 19, impulsó al gobierno a liberar, en abril 2020, un importe limitado de los fondos acumulados en las AFP, para aquellos que habían visto afectados sus ingresos regulares a consecuencia de esa situación imprevisible. Debido a esa decisión, ya para mayo 2021, el monto del fondo se redujo a 163.1 mil millones de soles. No podemos dejar de recordar las voces irresponsables, que sobredimensionaban el impacto en la reducción del valor de las inversiones (obviamente temporales), producto la pandemia y de las medidas adoptadas por las empresas y el Estado, exacerbando el pánico colectivo e impulsando a la gente a tomar muy malas decisiones respecto a sus fondos previsionales.

Precisamente en mayo 2021, nuevamente desde el Congreso, se autorizó el retiro de hasta 17,600 soles adicionales por persona, de los saldos a esa fecha. Como consecuencia, ya para febrero 2022, el fondo total en AFPs llega a 130.8 mil millones de soles.

Ahora, nuevamente, y tanto a propuesta de la ministra de trabajo, como de otro congresista de su partido, se está proponiendo el retiro del 100% de los fondos previsionales. En primer lugar, debemos tener presente que, a la fecha, ya el impacto más trágico de la pandemia ha pasado. En segundo lugar, que la constitución de un fondo previsional es para asegurar un ingreso digno para la vejez y jubilación y que, el retiro de esos fondos, debería ser una medida de último recurso, ante situaciones muy graves, como las que se presentaron el año 2020. Finalmente, se debe considerar que, en el Perú, la posibilidad de conseguir trabajo o desarrollar algún emprendimiento con menos de 60 años de edad, es mucho más factible que pasados los 65 o 70 años de edad.

Lo preocupante es que, en palabras del ministro de economía y finanzas, “a la fecha, ya hay 5 millones de ciudadanos con fondo de pensión cero”. Por lo que ya no les queda nada y tendrían que ir pensando en algún acuerdo familiar, para que los mantengan en sus últimos años de vida, a menos que estén pensando, que la sociedad los mantendrá vía más pago de impuestos.

Muchos políticos irresponsables, con tal de mejorar algún puntito en su alicaída popularidad, están promoviendo la idea de retirar todo el dinero de las AFP hoy, para “farrearlo” o comprar algunos artefactos, sin pensar en el costo futuro de tamaña estupidez. Cualquier economista, como el titular del MEF, profesionales del FMI o Banco Mundial y consejeros de los países miembros de la OCDE, opinan y sugieren que no destruyamos esos fondos de inversión previsionales. Los fondos de inversión administradores de fondos de pensiones, tienen larga historia (más de dos siglos en muchos casos) y se han hecho cargo de las pensiones de millones de personas en el viejo y nuevo mundo, y a nadie “en su sano juicio”, se le había ocurrido destruirlos, sólo por el encono que en el Perú se ha promovido sin ninguna racionalidad.

Es fundamental hacer una tarea educativa que haga reflexionar sobre una vejez en la indigencia y sin contar con servicios de salud asegurada, justo cuando más se necesitará.

Debemos desenmascarar y divulgar la identidad de los traficantes de ilusiones, que engañan al pueblo ofreciéndoles un beneficio inmediato, pero que pagarán con mucho dolor y sacrificio, cuando más indefensos se encuentren.

El mundo está lleno de ejemplos de gente que se ha encumbrado en política, como vendedores de ilusiones, en base a la mentira y el engaño.

¡No permitamos que las “Betssys” de este gobierno, produzcan la miseria de los futuros viejitos! Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

La gran limitación de los sistemas de pensiones en el Perú es la falta de cobertura, pues más del 70% de los peruanos no tienen acceso efectivo a un régimen pensionario.

Por lo tanto, la obligación del Estado es facilitar el acceso de todos los peruanos a un sistema de pensiones, obligación que ha sido ignorada olímpicamente por la comisión del Congreso. La comisión Omonte, se dedicó más bien a malograr el único componente pensionario que funciona bastante bien, el Sistema Privado de Pensiones (SPP), sistema que ha sabido cautelar los ahorros de los ciudadanos, multiplicar sus aportes y mejorar sustancialmente nuestras experiencias con los sistemas de reparto.

Lo que propone la malograda comisión es que el Estado tome el control del sistema de pensiones, estatizar su manejo y poner, en manos de la política de turno, el destino de los ahorros pensionarios. Una propuesta absolutamente desenfocada que no resuelve ningún problema, solo destruye.

El nuevo monstruo estatal estaría a cargo de

• recaudar los aportes de los ciudadanos,
• de acreditarlos a algún operador financiero,
• de determinar el destino de las inversiones de los fondos de pensiones y
• de licitar las empresas financieras que administrarían los fondos. Un sistema claramente ineficiente y vulnerable a la mala política.

Ver en Lampadia: El asalto ha llegado. Estatizan las pensiones.

El ciudadano perdería su capacidad de elegir donde cautelar su ahorro previsional. Además, se propone que el Estado capture parte de los ahorros individuales para alimentar un sistema solidario de reparto, una función que debiera recaer en el erario nacional.

Este es el producto de una comisión que escucha, pero no entiende. Ha hecho caso omiso de las advertencias del BCR, de la SBS, del MEF, y de cuanto experto desfiló por el espacio congresal, para solo calentar asientos.

¿Torpeza? ¿Mala leche? ¿Politiquería? ¿Agendas políticas escondidas? Juzgue usted estimado lector.

Hasta ahora, la única propuesta que permitiría universalizar las pensiones y hacerlas sostenibles, es humildemente, la propuesta de Lampadia, que se basa en usar parte de los pagos por IGV que hacen los ciudadanos desde los 18 años, a cuentas individuales.

Para facilitar el análisis de este importante tema, líneas abajo presentamos los antecedentes del SPP, la situación actual y el detalle de nuestra propuesta de solución. 

Antecedentes

El Perú fue uno de los primeros países en el mundo, en adoptar un sistema previsional de capitalización individual, que permite superar la trampa de los quiebres de financiamiento que han perseguido a todos los países desde la instauración de los sistemas de pensiones estatales en 1883, por iniciativa de Otto von Bismark, el ‘Canciller de Hierro’ de Prusia y unificador de Alemania.

En 1980, José Piñera ideó un sistema de pensiones contributivo de capitalización individual. Desde entonces, el Sistema Privado de Pensiones (SPP) ha sido adoptado por muchos países, que han encontrado en él, la posibilidad de ofrecer pensiones sostenibles que no absorban parte importante de los siempre escasos recursos públicos.

Como toda creación humana, este sistema tiene que irse adaptando en el tiempo a cambios estructurales, como, por ejemplo, el incremento de la esperanza de vida. Una realidad demográfica que afecta todos los esquemas pensionarios, que eventualmente debería llevar a incrementar los años de trabajo. Sin embargo, las políticas populistas propician jubilaciones más tempranas.

Más allá de las necesidades de hacer ajustes, el SPP es una clara expresión de capitalismo popular, que liberó a los jubilados del Estado, de su condición de rehenes de la politiquería de las izquierdas de las ‘ideas muertas’. Razón por la cual, el sistema fue víctima de largas campañas de desprestigio y formación de mitos, que, en el caso del Perú, terminaron por desdibujarlo ante la opinión pública.

Veamos donde estamos

En el Perú, el talón de Aquiles de los sistemas pensionarios, tanto del SPP, como del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la ONP, es que su cobertura solo alcanza a los trabajadores del sector formal. Esto deja fuera de los beneficios previsionales al 75% de la PEA. 

Nuestra propuesta

La verdad es que el sistema de pensiones sí necesita una reforma de raíz. No pensamos que este sea el mejor momento para emprenderla, pero ante la soltura de huesos de los congresistas para abocarse al tema, reiteramos nuestras propuestas al respecto.

Actualmente, el 70% de los trabajadores están excluidos de la cobertura de un sistema mínimo de pensiones. El 40% pertenece el SPP, pero menos de la mitad cotiza; el 27% pertenece el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), pero solo el 7% tiene beneficios. Además, un 1% pertenece a otros regímenes.

La cobertura de pensiones es largamente insuficiente. En buena medida porque el sistema está basado en los asalariados, los formales que deben aportar parte de su renta, cuando el 70% de los trabajadores son informales y no tienen obligación de cotizar.

Todos los intentos de llevar a los informales a afiliarse a un sistema de pensiones, han fracasado. Por esta razón, en Lampadia, en enero del 2014, propusimos un modelo de generación de pensiones que no se basara en recaudar parte de la renta, como actualmente, sino en parte del gasto. La idea es usar los pagos individuales de IGV como fuente de aportes individuales para la formación de fondos previsionales.

El sistema establecería que todos los ciudadanos, desde la edad de 18 años, aporten a su fondo individual de pensiones una parte de lo que paguen por IGV cada vez que consuman. En otras palabras, cada vez que un ciudadano consuma, el Estado le devolvería para su fondo individual, digamos cinco puntos de los 18 pagados por IGV.

Veamos una simulación de rangos de aportes:

Estos cálculos están basados en que una persona con un ingreso mensual de S/. 1,500, que consume el 80% de su ingreso, podrá obtener, con sus consumos realizados entre los 20 y 65 años, destinando un punto de IGV de sus compras a su fondo individual, con una rentabilidad real anual de 7%, una renta vitalicia equivalente de S/. 181. Esto le daría una tasa de reemplazo (es decir la pensión obtenida como fracción del ingreso obtenido durante la etapa laboral) de 12.1%. Con 5 puntos de aporte, la pensión llegaría a 905 soles y la tasa de reemplazo sería del orden de 60.5%.

Este modelo previsional permitiría lograr un sistema de las siguientes característica:

• Universal
• Voluntario
• Formalizador
• Autofinanciado

Universal

Al definirse que los aportes se den mediante devoluciones de una parte de los pagos de IGV por parte de todos los ciudadanos desde los 18 años de edad, se supera la exclusión de los trabajadores independientes y se alargan los aportes al empezar a darse con anterioridad.

Voluntario

Algunos analistas criticaban que los aportes sobre la base de planillas de remuneraciones fueran obligatorios. Pues los aportes vía IGV no necesitan ser obligatorios, pues el incentivo del canje es más que suficiente para su adopción universal.

Formalizador

Una de las grandes ventajas del sistema propuesto es que propende a una acelerada formalización, puesto que, bastando el DNI, todos los ciudadanos mayores de 18 años pueden pasar a formar parte de los registros de aportantes y llevar la evasión del IGV hacia su eliminación. El canje de IGV por aportes individuales a fondos privados de pensiones, es muy atractivo para que se deje de hacer y, por lo tanto, que se deje de exigir comprobantes por todas las transacciones de los ciudadanos. Un aporte de 10 Soles a los 18 años, con un rendimiento promedio de 7% anual, representa 240 Soles a los 65 años.

Autofinanciado

Este es el tema que le cuesta más entender a la mayoría de economistas. Veamos:

• Actualmente se evade IGV por aproximadamente 6.5 puntos (de 18), algo que disminuiría sensiblemente.
• Con el sistema propuesto se puede cerrar el defectuoso sistema de la ONP que tiene un déficit fiscal de S/. 70,000 millones. Ver en Lampadia: ONP: Inclusión o Exclusión 
• El nuevo sistema permite que se vayan eliminando las exoneraciones de IGV, generando otra fuente de compensación financiera.
• Nuestro IGV nominal es muy alto, 18%. El IGV real no pasa de 8%, entre evasión e inafectaciones.
• Si asumimos una recaudación neta de IGV de 10% como sostenible a largo plazo, tendríamos espacio para promover el canje por aportes pensionarios.

Por lo tanto, puede estimarse que, en el largo plazo, el canje de IGV por pensiones individuales puede ser de una buena parte de 18 puntos del IGV nominal, suficiente para establecer un incentivo poderoso y volúmenes adecuados de pensiones. Ver en Lampadia: El IGV y las Pensiones.

Esta propuesta tiene seis años, solo ha sido recogida por algunos economistas y ha sido descartada por las AFPs, que prefieren seguir con un sistema cojo como el actual, que ya nos ha llevado a reacciones y normas equivocadas, como la del 95.5% y las que se airean estos días.

La propuesta de Lampadia debe ser complementada con una pensión mínima que compense a quienes no lleguen a acumular suficientes aportes.

En su ámbito de vigencia, el SPP, para los afiliados aportantes, ha sido muy exitoso en rentabilidad y pensiones. Debemos pues rescatar lo bueno que se ha logrado y llevarlo de manera realista hacia una cobertura universal. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

El destino del dinero que aportamos a los fondos obligatorios para nuestra jubilación debe ser decidido por nosotros mismos. Esto es algo elemental, es el derecho de cada uno a gozar del beneficio de su propio trabajo y esfuerzo. Sin embargo, lo elemental no es común para políticos, periodistas, académicos y algunos empresarios, que siempre encuentran la forma y la justificación para que sean “otros” y no los aportantes quienes decidan qué hacer con ese dinero.

En este afán de que otros decidan sobre lo que es suyo o mío (porque seguramente usted que lee también aporta a la ONP, a una AFP o al Régimen Militar Policial), han aparecido las famosas “comisiones”, normalmente de políticos y académicos para decidir sobre este tema. Otros decidiendo lo que es suyo.

La idea de encargar el destino de las pensiones de jubilación a una “comisión” no es exclusiva del Perú. Chile tuvo en el 2015 a la ecléctica Comisión Bravo. No es nueva (PPK creó la Comisión de Protección Social a inicios de su gobierno), ni es buena (Lampadia: 14.10.2020. Se viene un camello para el manejo de las pensiones). Es una práctica corriente, al punto que ahora, dos comisiones del Congreso se disputan el protagonismo en este tema: La Comisión de Economía que aprobó ayer otro retiro de fondos y la Comisión Especial que preside la congresista Carmen Omonte que plantea quitarnos una parte de nuestros aportes para entregarlos al Estado.

El problema de fondo que hay detrás de todo esto es que las “comisiones” olvidan lo elemental:

• El derecho inalienable de toda persona a gozar del beneficio de su propio trabajo y esfuerzo.
• “Nadie gasta mejor el dinero que uno mismo”. (Milton Friedman. Premio Nobel de Economía 1976).

En la Matriz del Gasto del pensamiento de Friedman hay cuatro modos de disponer el dinero. El más eficiente (I) es el que gasta su propio dinero en beneficio propio. El menos eficiente (IV) es el que gasta el dinero de otros, en beneficio de otros.

El destino de las pensiones debiera ser definido en el casillero (I) de esta matriz, como definimos el destino de nuestro sueldo después de impuestos, de nuestros ahorros, de nuestra herencia o de nuestro tiempo. A los políticos no les interesa ese cuadrante, allí no hay votos, aplausos, ni prebendas. A los políticos y a las comisiones que ellos conforman, les gusta que todos los recursos estén en el casillero (IV), donde ellos gastan el dinero de otros, en beneficio de otros, con la abierta posibilidad qué entre los otros, estén ellos mismos: los políticos. En el casillero (IV), el más ineficiente, donde no se ahorra en el gasto, ni se maximiza en el beneficio, están los gastos públicos del Estado, la seguridad social estatal y es donde las “comisiones” quieren llevar el destino de sus ahorros para las pensiones. Para lograrlo nos dicen que “ellos lo pueden hacer mejor que nosotros”. Que ellos lo deben hacer por el “bien común”. Que los políticos lo hacen para que seamos “solidarios”.

¡Solidaridad! ¡Cuántos abusos se cometen en tu nombre! Olvidando que la solidaridad es un acto libre que se estimula y alienta y no el pretexto para la confiscación del esfuerzo ajeno.

La Comisión Omonte del Congreso de la República, que deberá presentar su informe a inicios de noviembre ya anunció más de lo mismo:

• La estatización del sistema con el pretexto de un “Sistema Integrado” de tres pilares, en un lenguaje muy influenciado por las ideas de la Comisión Bravo. Estatización en el sentido de que el Estado será el amo, dueño y señor de su dinero, en mayor o menor medida según definan el debate y las encuestas, pero al fin y al cabo el Estado como protagonista.
• Su aporte ya no irá a su fondo (individual en la AFP o nominal /de reparto en la ONP).  Se partirá en dos fondos: uno suyo y otro común.
• Ese fondo común será manejado por una AFP estatal. Si, una AFP que manejarán los políticos. Ellos, los que están en las comisiones, que luego se reciclan y pasan del gobierno al congreso, de asesores a congresistas, de congresistas a asesores, de candidatos a funcionarios, de ministros a viceministros, de asesores a directores.  Otra vez los políticos llevando su dinero al casillo IV de la Matriz de Gastos.

En noviembre de 2017: Cuidado con las propuestas de las comisiones. Lampadia. ya se advirtió lo que venía y se mostró que las comisiones no enfrenten el problema en serio, que sólo buscan poner más dinero en manos del Estado. No se avanzado en nada de eso.

¿Qué hacer para recuperar el destino del producto de nuestro trabajo? ¿Esperar de manos cruzadas viendo que los políticos se llevan su dinero? Ciertamente No.  

Es tiempo de actuar. Aquí algunos caminos para comenzar a pensar:

Legales: La propiedad es inviolable, el ahorro está garantizado por el Estado y el acceso a las pensiones es libre según nuestra Constitución, hay que defenderlo utilizando los caminos constitucionales. Amparos, Acciones de Inconstitucionalidad y Medidas Cautelares en defensa de estos derechos deberán activarse ya, antes de que sea tarde.

Políticos:  La reforma previsional no puede ser decidida por “comisiones” sino por los ciudadanos. Los peruanos deben decidir el destino de sus fondos, el Referéndum puede ser el remedio frente a una iniciativa que se apropie de los ahorros previsionales. No votar por políticos que quieran pasar su dinero a manos del Estado también.

Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Bien dicen que “un camello es un caballo diseñado por un comité”. Frase fue atribuida a Sir Alec Issigonis, célebre diseñador del Mini.

El proceso es más o menos así: unos pocos diseñan un buen producto -> es exitoso -> la empresa crece -> se incorporan expertos en cada aspecto del problema -> el próximo producto es diseñado por un comité de treinta expertos -> el nuevo producto es una catástrofe.

Fuente: https://danielrabinovich.com/2012/12/05/un-camello-es-un-caballo-disenado-por-comite/

CABALLO 1993, CAMELLO 1991, SCHLEICH (Alemania)

La comisión parlamentaria responsable responde al pomposo título de: COMISIÓN ESPECIAL MULTIPARTIDARIA ENCARGADA DE EVALUAR, DISEÑAR Y PROPONER EL PROYECTO PARA LA REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA PREVISIONAL PERUANO

Está presidida por Carmen Omonte Durand (Alianza para el Progreso) y se encuentra compuesta por los congresistas Jorge Vásquez (Acción Popular), María Teresa Céspedes Cárdenas (Frepap), Martha Chávez (Fuerza Popular), Rubén Pantoja (Unión por el Perú), Cecilia García (Podemos Perú), Jorge Pérez (Somos Perú), José Núñez (Partido Morado) y Enrique Fernández Chacón (Frente Amplio).

La comisión ha tomado varios meses para desarrollar su trabajo y ha entrevistado a todas las autoridades vinculadas al tema pensionario, como la SBS, el BCRP, el MEF; además de la ONP, las AFPs, gremios empresariales, analistas peruanos y consultores internacionales.

A la fecha ya ha divulgado su esquema, que podemos apreciar en las siguientes láminas:

Como se vió durante todo el proceso de la comisión, con el fin de acoger a todos los trabajadores se crearían tres pilares: en la base, uno dirigido a proteger a los más pobres, una evolución de Pensión 65; luego, un pilar contributivo, que agrupa a lo actualmente atendido por la ONP y las AFPs; y un pilar para aportes adicionales voluntarios. Como veremos más adelante, el problema está en el muy importante pilar contributivo.

El primer pilar es de carácter no contributivo, está a cargo del Estado y sus beneficios pensionarios dependerán de las capacidades fiscales del Estado.

Este pilar establece contribuciones a cuentas individuales, obligatorias para los trabajadores dependientes, a cargo del trabajador y el empleador.

Parte de los aportes irían a una cuenta común de carácter redistributivo, administrado por el Estado. Un retroceso gravísimo, sabiéndose que la mejor manera de multiplicar los aportes es con un sistema privado de cuentas individuales, donde el afiliado puede optar por distintos niveles de riesgo de los fondos que sustentan su ahorro pensionario. Por lo demás, la solidaridad debe ser una tarea del Estado, a cargo de los impuestos que se recaudan de ciudadanos y empresas. Con este mecanismo se estaría disminuyendo drásticamente la tasa de reemplazo, o sea, el volumen de las pensiones en relación a los ingresos individuales, anteriores a la jubilación.

Se supone que uno de los principales objetivos de la reforma era el universalizar el sistema de pensiones, pero no se establece ningún incentivo importante para conseguir que los independientes se afilien. Por lo tanto, la mayoría de ellos terminará en Pensión 65.

Se ha hecho caso omiso de las múltiples sugerencias de usar parte de los pagos por IGV como fuente de aportes individuales, como incluso llegaron a sugerir algunas de las autoridades consultadas. El uso del IGV fue la propuesta de Lampadia de enero del 2004. Ver: Sin politiquería – Pensión para Todos.

En una entrevista en Gestión, la presidente de la comisión menciona el posible uso del IGV, pero el documento de la comisión no lo menciona. En todo caso, los aportes via IGV debieron ser la base del sistema de acogimiento de los trabajadores independientes.

Este último pilar no tiene mayor importancia, pues es básicamente un sistema de ahorro voluntario de menor impacto social.

También se habla en la comisión de la posibilidad de que el Estado pueda dar un capital semilla a cada ciudadano, pero esto es más costoso que el uso del IGV sin el beneficio formalizador de este.

De lo que se ha podido conocer, la comisión estaría recomendando multiplicar el número de agentes pensionarios para la parte privada individual. En Lampadia no creemos que esta es una buena idea. Es mejor tener instituciones especializadas donde se eviten conflictos de interés.

En resumen, podemos decir que la comisión ha desaprovechado múltiples consejos y se ha dedicado a inventar lo que peyorativamente podemos calificar como un camello, en vez del diseño de un caballo, como se les encargó.

Reiteramos que lo más importante era buscar un modelo de cobertura universal, que solo se puede lograr asegurando la afiliación de los independientes; como se puede hacer, por ejemplo, aprovechando los pagos de IGV, con el beneficio colateral de formalizar el trabajo. Lampadia

Fernando Muñoz Nájar Perea
Para Lampadia

Nuestros políticos, en su mayoría, tienen siempre el mismo comportamiento populista. Aquí precisaremos algunos conceptos y cifras y haremos una propuesta de una reforma de pensiones que podría resolver el problema de los independientes, que son la gran mayoría de la población. Alejándonos del pensamiento de esos políticos que tratan de ganar popularidad a costa del dinero de los trabajadores en los Fondos de Pensiones, causándoles daño en su futura pensión.

Revisemos las propuestas de los políticos en las últimas crisis:

• En la crisis del 2008 se propuso: que las AFP paguen.
• En el Niño Costero se propuso: que las AFP paguen.
• En el Corona Virus se propone: que las AFP paguen.

Y cuando llegue el día de la jubilación le dirán:

Que Dios te pague la pensión, porque tú ya la gastaste.

Y el congresista “amigo” le dirá:

¿por qué la gastaste?, tú tienes la culpa.

Cada día es más urgente hacer una “reforma de pensiones”, que incluya en los colegios un curso dedicado a enseñar la necesidad de las pensiones de jubilación. Así se eliminarán las propuestas “salvadoras” de las crisis para regalar los fondos de las AFP a sus propietarios, quienes además son una pequeña porción de la población.  

Para las etapas de crisis deben crearse seguros de desempleo, utilizar los fondos de emergencia, etc. Las propuestas ya han desvirtuaron la finalidad de la CTS, ahora quieren hacerlo con las AFP. Utilizan la engañosa frase “las AFP no te quieren dar tu plata”. Sucede que el dinero es del trabajador y lo recibe cuando se jubila, es así de sencillo. Cualquier cosa diferente es mentira y aceptarla le costará muy caro al trabajador.

Antes de analizar la propuesta de una posible reforma precisemos algunos conceptos, que luego de 27 años de funcionamiento de las AFP no se han entendido, en especial respecto del dinero del Fondo de Pensiones en las AFP:

• El dinero del Fondo NO es de las AFP, es de cada trabajador. Ahorrado con esfuerzo, con el sacrificio de sus ingresos mensuales en toda su vida laboral. Es un robo al trabajador utilizarlo para otro fin.
• El dinero del Fondo es de propiedad del trabajador, y si este fallece, constituye herencia al igual que una casa, un auto o cualquier bien. La AFP NUNCA se queda con un sol del trabajador.
• El dinero del Fondo tiene como objeto lograr una pensión de jubilación para el trabajador. Que al cumplir 65 años tendrá una expectativa de vida de 87 años, en promedio, deberá vivir de su pensión 22 años. Es claro entonces que NO es para solucionar crisis, NO es para cuando se cae la economía del país, tampoco para fenómenos del clima, ni para problemas de epidemias. Tampoco para viajar o comprar autos. Hay que repetirlo, para esos fines están la CTS, los seguros de salud, ahorros, etc., y los supuestos fondos de contingencia del Estado.
• Ese dinero es INTANGIBLE según la ley que creó el SPP. Pero ese término no lo entienden los congresistas, ni los presidentes de turno y menos la prensa roja.
• El rendimiento del Fondo del trabajador va a la cuenta del mismo trabajador, la AFP NO puede tocar un sol de ese dinero. La AFP se sostiene de las comisiones que cobra, no de las utilidades del Fondo del trabajador. Para hacer clara la diferencia existen dos contabilidades separadas la de la AFP y la del Fondo.
• El dinero del Fondo está invertido 55% en el Perú y 45% en el extranjero, por dos razones: i) para una amplia diversificación de la inversión la cual produce mayor rentabilidad para el trabajador y ii) porque en el Perú NO hay suficientes instrumentos financieros de largo plazo en donde invertir. Más claro, no hay obras de infraestructura nuevas hace tiempo, o hay muy pocas y son de lentísimo inicio, porque nuestros gobiernos no las han realizado.  
• El dinero del Fondo normalmente tiene fluctuaciones, que van de acuerdo a la economía del país y del mundo. Es natural que se reduzca y que luego recupere con creces. Como sucedió en la crisis del 2008, en que inicialmente se redujo por pérdidas en la bolsa, pero meses después se recuperó con creces. Para eso está bien invertido y controlado por la SBS día a día. Igual sucede hoy con el problema del Corono virus.

Veamos la composición de la Población Económicamente Activa (PEA) o en edad de trabajar, dividiéndola en dependientes e independientes, según estén o no en una planilla de sueldos de una empresa:

Revisemos ahora cuántas son las personas que están en una AFP y cuántas en la ONP (cuyas pensiones son bastante reducidas) y que porcentaje del total de la PEA representan:  

Preguntas que surgen luego de ver las cifras:

¿Por qué no se hace un sistema para los 13 millones de trabajadores que no tienen acceso a ningún sistema? ¿No es el grupo más grande sin derecho alguno a pensiones y salud?

¿Por qué nadie menciona que la ONP deja sin pensión a un tercio de sus aportantes? ¿Ignorancia de lo que pasa en la ONP? ¿tal vez porque es empresa pública y siendo pública no tiene importancia que deje en la calle a miles de peruanos? 

¿Por qué en cada crisis se pretende arreglar el problema del Perú dando dinero de su propio Fondo a los trabajadores afiliados aportantes a las AFP?, Si son solo el 18.2% de la PEA? (aportantes 3,2 MM / PEA 17.6 MM)? ¿Es por odio hacia el sistema de AFP?

Revisemos también cuántos son los pensionistas en las AFP, que actualmente son beneficiarios del dinero de su Fondo:

Estas casi 180 mil personas viven de su pensión actualmente y hay más de tres millones en camino de recibir su pensión al cumplir los 65 años, si es que los congresistas se lo permiten, si no, al jubilarse tendrán que vivir en la miseria o en la incertidumbre, como la mayor parte de los trabajadores peruanos.

Una propuesta responsable para los trece millones de independientes

Es esta una importante coyuntura para hacer cambios en favor de la población, cambios dirigidos a dotar de beneficios a los que no los tienen y que hasta hoy el Estado no ha sido capaz de brindarlos.

La propuesta es la siguiente:

Crear un fondo para pensiones y salud, dirigido a los casi 13 millones de trabadores independientes, utilizando una porción del IGV y del ISC que paga cada uno de ellos, trasladándola, a una cuenta individual a su nombre.

Con el dinero de esa cuenta se pagará su seguro de salud y se creará un Fondo para su futura pensión.

Esta propuesta tiene la ventaja de que el independiente no tendría que pagar un sol, su aporte sale de los impuestos que hoy paga. La mayoría de independientes desconoce cuánto es lo que paga por IGV y por el ISC día a día.

La ley que se propone debe prohibir que el ciudadano retire, tome prestado el dinero o lo use para un concepto diferente. Deberá también especificar penas privativas de libertad para toda persona que incentive, plantee o trate de cambiar su uso. Evitando de esa forma que políticos inescrupulosos de siempre propongan utilizar ese dinero para ganar votos, causando miseria en la etapa de jubilación de los trabajadores y/o desapareciendo el servicio de salud.

La administración del Fondo que se crearía se licitaría a instituciones privadas y públicas, de reconocido prestigio. Debería estar a cargo de la SBS.  

El procedimiento sería sencillo, el trabajador se identificaría con su número de DNI al adquirir un bien o un servicio, la SUNAT separaría una porción del IGV que se depositaría directamente en la cuenta individual administrada por el Fondo de independientes.

La finalidad del Fondo de Independientes será único y exclusivo:

• Pagar el seguro de salud que el trabajador libremente escoja y
• Crear un fondo dirigido a su pensión de jubilación que también iría a la administradora que el trabajador escoja libremente.   

Considerando que la recaudación del IGV y el ISC en el año 2019 ha sido de 42,600 millones de soles, un monto casi igual al del impuesto a la renta, sería muy razonable que una porción se utilice directamente para brindar salud y pensiones al trabajador que paga esos impuestos.

Se entiende que esta facilidad estará dirigida exclusivamente a los trabajadores independientes. Una ventaja adicional es que permitiría a la SUNAT identificar a las personas con un nivel alto de consumo que no tributan.

Fuentes:

• SBS para datos de las AFP.
• Sunat para datos tributarios.
• ONP no hay información exacta.

Las cifras han sido respetuosamente redondeadas para facilitar su comprensión.

Lampadia

Los “supuestos” males de la globalización y la automatización, que hemos rebatido extensamente en anteriores publicaciones (ver Auge de empleo en países ricos, EEUU: Crecen salarios de los menos remunerados, Retomemos el libre comercio, Otra mirada al mito de la desigualdad), han despertado preocupación entre los hacedores de política encargados de diseñar los sistemas de seguridad social en los países desarrollados. Un reciente artículo escrito por Daron Acemoglu – profesor de economía de la Universidad de Harvard y renombrado académico que ganó notoriedad por ser coautor (junto a James Robinson) del best-seller Por qué fracasan las naciones: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza – que compartimos a continuación, analiza una de las propuestas nacidas en el seno de estas inquietudes, el Ingreso Universal Básico (en adelante, UBI), a la luz de su viabilidad financiera con el actual presupuesto federal de EEUU y de la teoría económica.

Como deja entrever su análisis, dicha política, no solo es casi imposible de afrontar económicamente, sino que además, para hacerla realizable, habría que renunciar a gran parte de las partidas de gasto social que involucran los programas sociales, así como la seguridad social misma, llámese seguros de salud, seguros de desempleo, pensiones, entre otros.

Pero más importante aún es que la puesta en marcha de dicha medida ignora las distorsiones que – como todo precio mínimo por encima del de equilibrio – generaría en los mercados laborales de esta nueva era de la automatización. Imponer ingresos mínimos en una era como la actual, rompe con su tendencia característica de creación de nuevos empleos y alta movilidad laboral (ver Lampadia: Automatización demandará nuevos empleos y habilidades). En ese sentido, una política de buenas intenciones que pretendía proteger a los más vulnerables podría terminar condenándolos a percibir tal ingreso mínimo si las empresas eventualmente no pueden afrontarlo.

En contraste, consideramos que las medidas laborales que debieran acometerse en EEUU son aquellas que permitan aprovechar para bien esta nueva ola tecnológica proveniente de la Cuarta Revolución Industrial (4IR). Estas tienen que ver con simplificar y volver menos onerosos los marcos tributarios y hacer más amigable la contratación de empleo, de manera que las empresas puedan enfrentar satisfactoriamente esta nueva demanda de trabajos que surgirán en los próximos años. De no llevarlas a cabo, el boom del empleo que actualmente acontece en el país americano podría ya no ser sostenible en el tiempo.

Algo que Acemoglu no toca, es que pasaría con la diferencia de ingresos entre países, o peor, la situación de los pobres de los países emergentes. Algo que no puede solucionarse con UBIs. Por eso, la humanidad tiene que apostar por dinamizar el empleo o los trabajos individuales, para albergar, en vidas dignas, a la población. Lampadia

¿Por qué el ingreso básico universal es una mala idea?

7 de junio, 2019
Daron Acemoglu
Project Syndicate
Traducido y glosado por Lampadia

Siempre se debe tener cuidado con las soluciones simples para problemas complejos, y el ingreso básico universal no es una excepción. El hecho de que esta respuesta a la automatización y la globalización haya sido recibida con tal entusiasmo indica una ruptura no en el sistema económico, sino en la política democrática y la vida cívica.

Debido a la insuficiencia de la red de seguridad social en los EEUU y otros países desarrollados, las propuestas para un ingreso básico universal (en adelante, UBI) están ganando popularidad. La brecha entre los ricos y todos los demás se ha ampliado significativamente en los últimos años, y muchos temen que la automatización y la globalización la amplíen aún más.

Para estar seguro, si la única opción es entre el empobrecimiento masivo y una UBI, es preferible una UBI. Tal programa permitiría a las personas gastar su dinero en lo que más valoran. Se crearía un amplio sentido de propiedad y un nuevo electorado para sacudir el sistema de la política de grandes cantidades de dinero. Los estudios sobre programas de transferencia condicional de efectivo en economías en desarrollo han encontrado que tales políticas pueden empoderar a las mujeres y otros grupos marginados.

Pero la UBI es una idea defectuosa, entre otras cosas porque sería prohibitivamente costosa a menos que estuviera acompañada de profundos recortes en el resto de la red de seguridad. En los EEUU (Población: 327 millones), un UBI de solo US$ 1,000 por mes costaría alrededor de US$ 4 trillones por año, lo que se aproxima a todo el presupuesto federal en 2018. Sin grandes ahorros de costos, los ingresos fiscales de los EEUU tendrían que duplicarse, lo que impondría enormes costos de distorsión a la economía. Y, no, un UBI permanente no podría financiarse con deuda del gobierno o moneda recién impresa.

Sacrificar todos los demás programas sociales por un UBI es una idea terrible. Tales programas existen para abordar problemas específicos, como la vulnerabilidad de los ancianos, los niños y las personas con discapacidad. Imagine vivir en una sociedad donde los niños todavía pasan hambre, y donde aquellos con problemas de salud se ven privados de la atención adecuada, porque todos los ingresos fiscales se destinaron al envío de cheques mensuales a todos los ciudadanos, millonarios y multimillonarios incluidos.

Aunque UBI es un buen eslogan, es una política mal diseñada. La teoría económica básica implica que los impuestos sobre el ingreso son distorsionadores en la medida en que desalientan el trabajo y la inversión. Además, los gobiernos deberían evitar las transferencias a las mismas personas de quienes obtienen los ingresos, pero eso es precisamente lo que haría el UBI. En los EEUU, por ejemplo, alrededor de tres cuartas partes de los hogares pagan al menos algunos impuestos federales sobre la renta o la nómina, y una proporción aún mayor paga los impuestos estatales.

Además, ya se ofrece una política más sensata: un impuesto a la renta negativo, o lo que a veces se denomina “ingreso básico garantizado”. En lugar de darles a todos US$ 1,000 por mes, un programa de ingreso garantizado ofrecería transferencias solo a las personas cuyo ingreso mensual es por debajo de US$ 1,000, por lo que se cobra una mera fracción del costo de un UBI.

Los defensores del UBI argumentarían que los programas de transferencia no universales son menos atractivos porque los votantes no los aceptarán con entusiasmo. Pero esta crítica es infundada. El ingreso básico garantizado es tan universal como el seguro nacional de salud, que no imparte pagos mensuales a todos, sino que beneficia a cualquiera que haya incurrido en costos médicos. Lo mismo se aplica a los programas que garantizan incondicionalmente el apoyo a las necesidades básicas, como los alimentos para las personas con hambre y el seguro de desempleo para los desempleados. Tales políticas son ampliamente populares en los países que las tienen.

Finalmente, gran parte del entusiasmo por el UBI se basa en una mala interpretación de las tendencias de empleo en las economías avanzadas. Contrariamente a la creencia popular, no hay evidencia de que el trabajo tal como lo conocemos desaparezca pronto. La automatización y la globalización son, de hecho, trabajos de reestructuración, eliminando ciertos tipos de empleos y aumentando la desigualdad. Pero en lugar de construir un sistema en el que una gran parte de la población reciba folletos, deberíamos adoptar medidas para alentar la creación de empleos de “clase media” con una buena paga, al mismo tiempo que fortalecemos nuestra red de seguridad social. UBI no hace nada de esto.

En los EEUU, los objetivos principales de la política deben ser la atención médica universal, beneficios de desempleo más generosos, programas de capacitación mejor diseñados y un crédito tributario por ingreso del trabajo (en adelante, EITC) ampliado. El EITC ya funciona como un ingreso básico garantizado para trabajadores de bajos salarios, cuesta mucho menos que un UBI y alienta directamente el trabajo. Por el lado de los negocios, reducir los costos indirectos y los impuestos sobre la nómina que los empleadores pagan por la contratación de trabajadores estimularía la creación de empleos, también por una parte del costo de un UBI. Con salarios más altos para evitar que los empleadores se monten libremente en los créditos fiscales de los trabajadores, un EITC ampliado y una reducción de los impuestos sobre la nómina contribuirán en gran medida a crear empleos que valgan la pena en todos los niveles de la distribución del ingreso.

Igualmente importante, estas soluciones aprovechan la política democrática. No se puede decir lo mismo de un UBI, que se lanza en paracaídas desde arriba como una forma de aplacar a las masas descontentas. Ni faculta ni siquiera consulta a las personas a las que pretende ayudar. (¿Los trabajadores que han perdido sus empleos de clase media quieren transferencias del gobierno o la oportunidad de conseguir otro empleo?) Como tales, las propuestas de UBI tienen todas las características del “pan y los circos” utilizados por los imperios romano y bizantino: folletos para desactivar descontento y apacigua a las masas, en lugar de brindarles oportunidades económicas y agencia política.

En contraste, el estado de bienestar social moderno que ha servido tan bien a los países desarrollados no fue transmitido por magnates y políticos. Su objetivo era proporcionar tanto un seguro social como oportunidades a las personas. Y fue el resultado de la política democrática. La gente común hizo demandas, se quejó, protestó y se involucró en la formulación de políticas, y el sistema político respondió. El documento fundador del Estado de bienestar británico, el Informe Beveridge de la Segunda Guerra Mundial, fue tanto una respuesta a las demandas políticas como a las dificultades económicas. Se buscó proteger a los desfavorecidos y crear oportunidades, al mismo tiempo que se fomentaba la participación ciudadana.

Muchos problemas sociales actuales están arraigados en nuestro abandono del proceso democrático. La solución no es botar suficientes migajas para mantener a las personas en casa, distraídas y pacificadas. Más bien, necesitamos rejuvenecer la política democrática, impulsar la participación cívica y buscar soluciones colectivas. Solo con una sociedad movilizada y políticamente activa podemos construir las instituciones que necesitamos para compartir la prosperidad en el futuro, mientras protegemos a los más desfavorecidos entre nosotros. Lampadia

Daron Acemoglu
Daron Acemoglu, profesor de economía en MIT, es coautor (con James A. Robinson) de Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty y The Narrow Corridor: States, Societies, and Fate of Liberty (Próximamente de Penguin Press en setiembre de 2019).

Recientemente, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso emitió un dictamen a favor del Proyecto de Ley N°3060/2017-CR presentado en agosto del 2018, que permite a todo afiliado al Sistema Privado de Pensiones (SPP), no menor de 45 años, el retiro íntegro de los aportes, siempre que acredite encontrarse desempleado por un período mínimo de 12 meses. Ello aún cuando entidades de vasto prestigio técnico del sector público -como el MEF y la SBS- e importantes gremios del sector privado –como la Asociación Peruana de Empresas de Seguros y la Asociación de AFP- mostraron su rotundo rechazo a dicho proyecto de ley.

Una vez más el Congreso quiere inducir de manera irresponsable y demagógica -al igual que con el proyecto de ley que permitió el retiro anticipado del 95.5% de los fondos desde el 2016- un mayor deterioro y – por qué no decirlo – un desmoronamiento de un sistema que ha demostrado ser, en el ámbito de su cobertura, de los más eficientes a nivel mundial – reporta la cuarta rentabilidad real a 15 años más alta a nivel mundial, además ser largamente superior a la de otros productos financieros como los depósitos a plazo, fondos mutuos, entre otros – y cuyas comisiones cobradas se encuentran entre las más competitivas de la región (ver Lampadia: Lo importante es lograr cobertura universal). Asimismo, como indicaría recientemente Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP, los ahorros administrados por el sistema representan la principal fuente de ahorro interno en el Perú, la cual asciende al 22% del PBI.

Sin embargo, aún con todos estos atributos que saltan a la vista, nuestros políticos insisten en destruir un sistema de cuentas individuales que, a la fecha, ya protege a 7 millones de peruanos de una situación económica adversa –que puede desembocar en pobreza – en la etapa posterior a la jubilación.

Peor aún, el Congreso no puede pretender llevar a cabo la promulgación de dicha ley, si, como señaló Jaime de Althaus recientemente, en el Perú son pocos los que cuentan con pensiones –solo 1 de cada 4 peruanos que trabajan aportan al SPP- , además de la inminente bomba fiscal que heredaremos ya no solo con la ONP –cuya deuda para con sus aportantes asciende a medio PBI- sino con los peruanos que, en ausencia de ahorro previsional, no podrán contar con recursos una vez entrados a la jubilación.

En ese sentido, reiteramos que el centro del debate de la reforma previsional no debe ser más el retiro anticipado de los fondos –como ha estado pretendiéndolo hacer el Congreso en los últimos años – sino el incremento de la cobertura, de manera que nuestro país pueda tener un verdadero sistema de pensiones formalizador, voluntario y sobretodo, universal. Esto se puede hacer a través de aportes individuales de canjes parciales de los pagos del IGV (ver Lampadia: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo).

Urge pues, hacer un llamado al Congreso a desechar dicho proyecto de ley. Esta impronta populista no puede concretarse, en pos del bienestar de nuestros futuros pensionistas y jubilados. Ellos merecen un sistema que pueda garantizarles una buena calidad de vida, inclusive en los últimos años de su existencia. Siempre velaremos por ello. Lampadia

Finalmente ha tomado forma la propuesta del gobierno del presidente Jair Bolsonaro para abordar la problemática del sistema público de pensiones en el Brasil. Como escribimos previamente en Lampadia: La necesaria reforma de pensiones en Brasil, atender este impasse es de vital importancia por las fuertes implicancias que tiene en el gasto público (12% del PBI se gasta en pensiones) y por ende, en la deuda pública – que actualmente asciende al 74% del PBI – ambas variables fundamentales para lograr la estabilidad macroeconómica.

En un reciente artículo publicado por The Economist (leer líneas abajo) se describe a detalle los puntos tocados en el documento presentado al congreso, así como los obstáculos que enfrentaría Bolsonaro y su ministro de economía, Paulo Guedes, en la implementación plena de su propuesta de reforma.

Básicamente el objetivo del equipo de Bolsonaro es aplacar sobremanera la grave situación financiera por la que está pasando un sistema que está quebrado desde hace décadas, además de alinear incentivos entre los agentes económicos, con las siguientes políticas:

• Aumentar la edad de jubilación mínima ubicada en 65 años para hombres y 62 para mujeres, que están por encima de la edad promedio actual en Brasil, ubicada a mediados de los 50 años.
• Establecer un período de transición de 12 años, por debajo de los 30 años en los que actualmente se encuentra el sistema.

Como indica The Economist, ambas políticas no solo permiten el ahorro de US$ 295,000 millones en 10 años, sino que además alentaría las contribuciones por parte de agentes económicos que perciben altos ingresos y limitaría los beneficios tan inmediatos hacia los jubilados, generando mayor ahorro previsional.

Si bien ambas políticas son acertadas, dada la aguda crisis por la que pasa el sistema previsional de nuestro país vecino, consideramos que son solo de carácter paliativo en tanto no atacan el problema estructural de fondo, que es el esquema Ponzi que caracteriza a los sistemas públicos de reparto a nivel mundial. Estos esquemas generan enormes forados fiscales, conforme envejecen las sociedades en los países, por su alta dependencia de la población joven.

Este mismo problema lo adolece el Perú con la ONP, la cual se encuentra quebrada al reportar una deuda traída a valor presente cercana a los 100 mil millones de dólares, equivalente a medio PBI nominal, según estimaciones del IPE.

En ese sentido, la verdadera solución al sistema previsional brasilero implicaría ir hacia un sistema de capitalización individual de carácter privado, los cuales han demostrado ser autosostenibles en el tiempo – aún con el envejecimiento poblacional– y cuya gestión de inversiones puede generarle altas rentabilidades a sus afiliados.

La experiencia del Sistema Privado de Pensiones (SPP) en el Perú, conformado por las AFP, que, aún con los ataques que ha venido  recibiendo en los últimos años por parte de los medios de comunicación y de leyes populistas como la del retiro anticipado del 95.5% -que redujo la edad de jubilación promedio de 65 a 59 años-, puede dar fe de estos atributos (ver Lampadia:  Lo importante es lograr cobertura universal).

Sin embargo, es menester señalar que nuestro sistema aún adolece de problemas de cobertura, la cual apenas abarca a 1 de cada 4 peruanos que laboran, por lo que siempre insistimos en la implementación de una propuesta que incluye usar una parte del IGV como aportes individuales a fondos privados de pensiones, lo cual contribuiría a elevar dicha cobertura sustancialmente, además de que reduciría la informalidad e incrementaría la recaudación tributaria (ver  Lampadia : El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo).

Aprovechamos esta oportunidad para reiterarles nuestra propuesta de política a nuestras autoridades a fin de contar con un sistema de pensiones formalizador, voluntario y sobretodo, universal, que, tenemos la certeza, es también una ambición a la cual también aspira el gobierno de Bolsonaro en el largo plazo. Lampadia

Reforma económica en Brasil
Jair Bolsonaro aborda el problema de las pensiones

Los políticos y la gente están listos para el cambio, en teoría

The Economist
21 de febrero, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

Jair Bolsonaro ganó las elecciones presidenciales de Brasil en octubre pasado por medio de una ofensiva contra el crimen y la corrupción. Pero el éxito de su presidencia depende de si él puede revivir la economía. Solo puede hacerlo si tranquiliza a los inversores reformando los sistemas de pensiones absurdamente generosos del país, que ponen en peligro las finanzas públicas. El 20 de febrero, Bolsonaro presentó al Congreso un borrador de enmienda constitucional para controlar el gasto en pensiones. Luego fue a la televisión para promover una reforma que prometió “cambiaría nuestra historia”.

Bolsonaro ha enviado señales mixtas sobre las pensiones, que canalizan los beneficios principalmente a los brasileños más acomodados y que se volverán cada vez más inasequibles a medida que la población envejece. El gobierno gasta el 12% del PBI en pensiones, en comparación con el 8% entre los países ricos de la OCDE. Bolsonaro aumentó las esperanzas de reforma al nombrar a su ministro de economía Paulo Guedes, ex banquero de inversiones y modernizador decidido. Bolsonaro, quien confiesa saber poco sobre economía, llama a Guedes su “Posto Ipiranga”, una gasolinera de servicio completo. Por otro lado, cuando era congresista, Bolsonaro se oponía a un plan de reforma de pensiones respaldado por el anterior presidente, Michel Temer. Después de las elecciones, criticó nuevamente el plan de Temer, diciendo que “no podemos salvar a Brasil matando a personas mayores”.

El paquete que el presidente propuso esta semana muestra que Guedes ha ganado el argumento, al menos por el momento. Establecería una edad mínima de jubilación de 65 años para la mayoría de los hombres empleados y 62 para la mayoría de las mujeres, que es lo que sugirió Temer. Además, el período de transición de 12 años propuesto es más corto que los 21 años de Temer. Actualmente, las personas comienzan a cobrar pensiones en promedio a mediados de los 50, después de pagar en el sistema durante al menos 30 años.

El plan aumentaría las contribuciones pagadas por personas con ingresos más altos y limitaría la medida en que los jubilados puedan cobrar más de un beneficio. Las reglas para los servidores públicos se acercarían a las de los trabajadores del sector privado.

Si el Congreso promulga la propuesta en su totalidad, el gobierno ahorraría 1,000 millones de reales (US$ 295,000 millones) en diez años, más del 1% del PBI previsto durante este período. Eso es más alto que los 800 millones de reales de ahorros en el plan original de Temer. El paquete “parece ir en la dirección de reducir los desequilibrios significativamente”, dice Mario Mesquita, economista de Itaú, un banco brasileño.

Ahora debe pasar por el Congreso, donde se necesitan mayoría de tres quintos en ambas cámaras para enmendar la constitución. Pocos observadores esperan que pase sin cambios. La pregunta es qué tan dañinos serán esos cambios. El Congreso recortó a la mitad los ahorros esperados de la propuesta de Temer. (Finalmente fracasó después de que las acusaciones de corrupción lo forzaron a gastar todo su capital político en persuadir al Congreso para que lo proteja de la persecución).

Bolsonaro tiene ventajas de las que carecía su antecesor. Los aliados lideran ambas casas. Incluso los políticos que no lo apoyan ahora piensan que las pensiones deben ser fijas, al igual que el público en general. “Hay consenso sobre la necesidad y urgencia de una reforma”, dice Tasso Jereissati, un senador del centrista Partido Socialdemócrata Brasileño, que apoya la agenda económica del gobierno. BTG Pactual, un banco de inversión cofundado por Guedes, encontró que el 83% de los congresistas apoya algún tipo de reforma de las pensiones.

Pero, como admite Jereissati, “hay un amplio espectro” de opiniones sobre qué tipo. Solo el 38% de los legisladores está de acuerdo con las edades mínimas propuestas. La mayoría de los votantes también piensan que son demasiado altas, según una encuesta realizada por XP Investimentos, un corredor. Bolsonaro ha hecho su trabajo más difícil al negarse a recompensar a los partidarios con patrocinio, la forma normal de formar mayorías en el Congreso.

Su presidencia de dos meses ya está envuelta en un escándalo, lo que dificulta aún más las cosas. La más reciente sigue a las revelaciones de Folha de São Paulo, un periódico, que señalan que el Partido Social Liberal de Bolsonaro presentó candidatos falsos para cubrir cuotas de género y recibir dinero de la campaña pública. El 18 de febrero, Bolsonaro despidió a Gustavio Bebianno, ex presidente del partido, de su trabajo en el gabinete.

Tales dramas probablemente no destruirán la reforma de las pensiones. Eurasia Group, una consultora política, estima que las probabilidades de no reformar este año son del 30%. Pero pueden debilitar al gobierno, obligándolo a hacer concesiones a grupos de interés que se verían perjudicados por el cambio. Ya, las propuestas de nuevas reglas para las pensiones militares se han pospuesto en 30 días. Moody’s, una agencia de calificación crediticia, predice que el Congreso reducirá los ahorros de la reforma a 600,000-800,000 millones de reales. Aun así, los inversores estarían tranquilos, dice Moody’s.

Las ambiciones de Guedes no terminan con la reforma de pensiones. Incluyen la simplificación del código fiscal y la reducción de las barreras a las importaciones. “Vamos a privatizar todo”, dice un miembro de su equipo. Para lograr tales objetivos, Guedes tendrá que superar la oposición de los generales retirados en el gabinete de Bolsonaro, quienes están muy lejos de vender activos “estratégicos” como Petrobras, la compañía petrolera controlada por el estado. La industria resistirá las barreras de importación más bajas.

En este momento, el gobierno está lanzando su peso detrás de “nova previdência” (“nuevas pensiones”). Según informes, el ministerio de economía planea un bombardeo en las redes sociales para argumentar que la reforma reducirá la desigualdad, creará empleos y liberará dinero para servicios públicos como la salud y la educación. Todo eso es verdad, y lo ha sido durante mucho tiempo. Quizás esta vez los brasileños lo crean. Lampadia

Republicamos este artículo con nuestra propuesta sobre cómo manejar las pensiones, para que ahora que se está discutiendo el tema, se pueda tener los elementos de juicio necesarios.

Más allá de donde vienen las propuestas de usar el IGV como fuente de los aportes para las pensiones, lo sustantivo está en el detalle. Lo más importante de la propuesta de Lampadia no es el cambio de la fuente de los aportes al IGV, sino que sea para aportes individuales, lo que conlleva cuatro grandes ventajas que el sistema necesita para ser sostenible y responder a sus propias definiciones:

• Universal
• Voluntario
• Formalizador
• Autofinanciado

Universal

Al definirse que los aportes se den mediante devoluciones de una parte de los pagos de IGV por parte de todos los ciudadanos desde los 18 años de edad, se supera la exclusión de los trabajadores independientes y se alargan los aportes al empezar a darse con anterioridad.

Voluntario

Algunos analistas criticaban que los aportes sobre la base de planillas de remuneraciones fueran obligatorios. Pues los aportes vía IGV no necesitan ser obligatorios, pues el incentivo del canje es más que suficiente para su adopción universal.

Formalizador

Una de las grandes ventajas del sistema propuesto es que propende a una acelerada formalización, puesto que, bastando el DNI, todos los ciudadanos mayores de 18 años pueden pasar a formar parte de los registros de aportantes y llevar la evasión del IGV hacia su eliminación. El canje de IGV por aportes individuales a fondos privados de pensiones, es muy atractivo para que se deje de hacer y, por lo tanto, que se deje de exigir comprobantes por todas las transacciones de los ciudadanos. Un aporte de 10 Soles a los 18 años, con un rendimiento promedio de 7% anual, representa 240 Soles a los 65 años.

Autofinanciado

Este es el tema que le cuesta más entender a la mayoría de economistas. Veamos:

• Actualmente se evade IGV por aproximadamente 6.5 puntos (de 18), algo que disminuiría sensiblemente.
• Con el sistema propuesto se puede cerrar el defectuoso sistema de la ONP que tiene un déficit fiscal de S/. 70,000 millones. Ver en Lampadia: ONP: Inclusión o Exclusión 
• El nuevo sistema permite que se vayan eliminando las exoneraciones de IGV, generando otra fuente de compensación financiera.
• Nuestro IGV nominal es muy alto, 18%. El IGV real no pasa de 8%, entre evasión e inafectaciones.
• Si asumimos una recaudación neta de IGV de 10% como sostenible a largo plazo, tendríamos espacio para promover el canje por aportes pensionarios.

Por lo tanto, puede estimarse que, en el largo plazo, el canje de IGV por pensiones individuales puede ser de una buena parte de 8 puntos del IGV nominal, suficiente para establecer un incentivo poderoso y volúmenes adecuados de pensiones.

Para evaluar este supuesto ‘sacrilegio’, usemos las cifras que bosquejó el 10 de setiembre pasado, Juan Carlos Odar, Editor Central de Economía de El Comercio en el suplemento Día 1 y apreciar así la potencia de la propuesta:

“Una persona con un ingreso mensual de S/. 1,500, que consume el 80% de su ingreso y que obtiene una rentabilidad real anual de 7%, podrá obtener, con sus consumos realizados entre los 20 y 65 años y destinando un punto de IGV de sus compras a su fondo [individual], una renta vitalicia equivalente a S/. 181. Esto le daría una tasa de reemplazo (es decir la pensión obtenida como fracción del ingreso obtenido durante la etapa laboral) de 12.1%. Si se quisiera alcanzar por ejemplo una tasa de reemplazo de 40%, entonces deberían destinarse con fin previsional 3.3 puntos del IGV que la persona haya pagado.” J.C.Odar.

De las cifras de Odar podemos inferir:

Podemos ver que, con aportes de 5 puntos del IGV, se podría obtener una tasa de reemplazo de 60%, con aportes entre 20 y 65 años. Pero la propuesta de Lampadia considera aportes desde los 18 años y además debiéramos empezar a considerar aportes hasta los 70 años, dado el aumento de la esperanza de vida. El canje de 8 puntos podría ir a una tasa de reemplazo de hasta 100%.

CONCLUSIÓN

El uso de aportes a fondos privados de pensiones mediante el canje de varios puntos del IGV por consumos personales, permite obtener pensiones con una tasa de reemplazo alta, creando un sistema de cobertura universal, voluntario, formalizador y autofinanciado. Lampadia

Las pensiones son uno de los temas más importantes para el otoño de los ciudadanos, empezando porque los mismos ciudadanos, no son conscientes de su importancia hasta los albores de su retiro de la vida productiva.

Razón de sobra, para que cuando se legisle sobre los temas previsionales, se haga con la mayor transparencia posible y, con una amplia participación de todos los estamentos de la sociedad, y por supuesto, de los propios ciudadanos.

Pues el gobierno peruano, suele hacer todo lo contrario. La semana pasada, recién se hizo público el informe de la Comisión de Protección Social (CPS), que estuvo guardado bajo siete llaves:

No es la primera vez que el tema previsional se maneja a puertas cerradas. Antes del desastroso cambio populachero que entronizó el retiro del 95.5% de los fondos individuales del Sistema Privado de Funciones (SPP), durante la permanencia de Luis Miguel Castilla, en el MEF, el presidente de la Asociación de AFPs, Luis Valdivieso, negoció ajustes del sistema con Castilla sin involucrar a los afiliados ni a la opinión pública, como si las AFPs fueran propietarias de los fondos, y no los ciudadanos individualmente.

Como para toda norma y proceso, con el tiempo se necesita hacer revisiones y ajustes, para mejorar, nunca para empeorar. Pues, la comisión ha producido propuestas tan malas como las que anticipamos en Lampadia. (Ver ONP: Inclusión o Exclusión, Gobierno se apresta a destruir el SPP ).

Diagnóstico de la CPS

• Modelo altamente fragmentado: (SNP), (SPP) y (Pensión 65).
• Un nivel de cobertura bajo y decreciente, enfocado fundamentalmente en el mercado laboral formal.
• Pensiones insuficientes e inequitativas.
• Desaprovechamiento del SPP, de economías de escala (mercado oligopólico que impide la reducción de costos).
• Gestión de portafolios cortoplacista por parte de las (AFP).
• Dificultades para acceder a esquemas de retiro simples.
• Desacertados cambios legales (95.5%), han desnaturalizado la razón de ser del sistema.
• Ausencia de información y asesoría financiera adecuada.

Error del diagnóstico

Grave desenfoque, pues, sin discusión alguna, la mayor deficiencia del esquema previsional peruano es la falta de cobertura. Exclusión del 75% de la PEA.

Un nuevo esfuerzo regulatorio de las pensiones, no puede dejar de abordar este principalísimo problema, y menos plantear soluciones nominales que no tienen ninguna posibilidad de resolverlo.

Mal diagnóstico, mala solución

La CPS propone un sistema conformado por tres pilares complementarios:

• Un primer pilar antipobreza que vaya hacia una pensión básica universal.
• Inicialmente se fijaría una pensión mínima subsidiaria, subsidiada, para los afiliados de menores ingresos. Conforme.
• Un segundo pilar de ahorro con verdaderos fines previsionales.
• Todos los ciudadanos en edad de trabajar (formales e informales) tendrían una cuenta de capitalización individual en la se irían acumulando sus ahorros.

Cuentas que la gran mayoría de trabajadores independientes, mantendrían sin aportes, pues ya sabemos que la propensión al ahorro previsional es muy baja. En Lampadia propusimos que todos los ciudadanos, desde los 18 años, tengan una cuenta que reciba los aportes por canjes de sus pagos de IGV. Así, no solo se universalizarían las pensiones, también se formalizaría el empleo. (Ver: Sobre formalización, pensiones e IGV)

• Se crearía una entidad centralizadora que “capturaría economías de escala en favor del afiliado, eliminaría costos que no traen claros beneficios sociales, representaría el interés colectivo de los afiliados”.

Sobre la base de la actual ONP, se crearía un monopolio estatal (libre de la más mínima supervisión), que recaudaría todos los aportes, los organizaría con algoritmos académicos, y siguiendo los consejos de un “Comité de Notables”, los entregaría a las “Gestoras de Cartera de Inversión” (GCI), los eventuales sustitutos de las AFPs, que operarían en ‘sótanos’, sin vinculación con los propietarios de los fondos, los afiliados.
Increíblemente, Augusto de la Torre, el prestigiado economista del Banco Mundial, y miembro de la comisión (CPS), justificó la existencia de la Centralizadora porque “nadie representa a los afiliados en el Estado”. – ¿Y la presencia de la SBS en el tema de pensiones? (Cargo que no levantó luego Javier Poggi, Superintendente Adjunto de Estudios Económicos de la SBS).

• La inversión del ahorro previsional se gestionaría con comisiones bajas (en promedio menores al 0.6% del saldo), con horizontes de largo plazo y de manera consistente con la edad del afiliado.
• Incentivos estatales que ‘fomenten la cultura de ahorro’: 

1. Subsidio a las contribuciones de los peruanos jóvenes de menores ingresos, de forma que el porcentaje de aporte no les signifique a ellos una carga excesiva al inicio de su etapa laboral. Conforme.
2. Contribuciones estatales complementarias (o aparejadas o matching contributions). Ya hemos explicado en Lampadia, que las matching contributions solo tienen efecto en pocos casos, y no resuelven el problema de cobertura.
3. Facilitación de aportes a las cuentas de capitalización individual, vía de facturas de gasto (por ejemplo, facturas de pago por servicios de telefonía celular). Otra vez, una propuesta para inocentes, que no tendrá efecto en aportes efectivos. El problema de los trabajadores independientes no es la falta de facilidades para hacer aportes, sino la decisión o capacidad de disponer de ingresos actuales para pensiones futuras.

• Un tercer pilar de des-acumulación, que facilite estabilidad de ingresos durante la jubilación mediante el desarrollo de un mercado de rentas vitalicias simple. El Estado jugaría un papel rector más activo en este pilar.

Comité de Notables y Gestoras de Carteras de Activos (Inversiones)

“Se establecerían carteras de inversión de referencia de ciclo de vida, que de aquí en adelante llamaremos Carteras Benchmark de Ciclo de Vida. Un Comité de Notables (conformado por expertos nacionales e internacionales de reconocido prestigio, y seleccionados y convocados por el MEF) establecería una Cartera Benchmark de Ciclo de Vida para cada generación (o cohorte) de trabajadores, cada 5 o 10 años”. Sin comentarios.

“La Centralizadora en representación de los afiliados ante los Gestores de Carteras de Inversión, que de aquí en adelante denominaremos GCI. Las GCI reemplazarían a las actuales AFP.(…) las GCI se concentrarían únicamente en la gestión de activos”.

Un sistema con un nuevo tipo de fraccionamiento, esta vez por actividad. Un esquema ideal para el manejo de las burocracias estatales y para distribuir responsabilidades, que sería muy difícil de entender y controlar por parte de los afiliados.

Algunas conclusiones de la CPS

• Construir un sistema de pensiones único e integrado. Conforme.
• Ampliar sustancialmente la cobertura del sistema pensional. Solo buenos deseos.
• Reducir los costos del sistema, con un despliegue más efectivo del papel rector del Estado (aglomeración ‘eficiente’ de los servicios de administración de cuentas). ¿Mediante un monopolio estatal?
• Reducir las comisiones. >Buenos deseos.
• Incorporar un verdadero representante de la demanda (del afiliado). Ello se lograría a través de un organismo centralizador. El monopolio estatal.
• Rediseñar las normativas que permiten el retiro del 25% de los ahorros para la compra de vivienda y el 95.5% de los fondos al momento de la jubilación. Creemos que la presencia de la pensión básica ayudaría a encontrar soluciones más razonables a los problemas que originaron estas desacertadas alternativas. ¡Vaya!

Como se dice, muchas veces los comités y comisiones, en vez de diseñar un caballo, terminan diseñando un camello. Así vemos la propuesta, hasta hace pocos días secreta, de la CPS. Ver diagrama del Camello Previsional:

Propuesta de la CPS sobre Salud

Este informe está dirigido a evaluar el tema previsional, pero no podemos dejar de llamar la atención sobre la propuesta de la comisión (de vocación estatista) sobre el tema de salud. Otro tema crucial para la sociedad, que no puede tratarse a puerta cerrada.

La propuesta habla de la creación de un ‘asegurador único y universal’ (monopsonio). En otras palabras, plantean un esquema tipo URSS:

Único
Régimen
Social de
Salud

Esto, en vez de plantear ‘una primera capa de seguridad social’.

En resumen, debemos solicitar al MEF, que no se comprometa con las propuestas de la comisión, y que, promueva un análisis abierto y transparente, sobre estos temas tan importantes. ¡Despacio, que estamos apurados! Lampadia

Lamentablemente, en el Perú, muchas veces hacemos las cosas a medias, y luego, en vez de arreglarlas, las terminamos de malograr. Este es justamente, el caso del Sistema Privado de Pensiones (SPP).

• Se hizo a medias, porque se mantuvo un sistema estatal de reparto que estafó a miles de peruanos con topes bajos de pensiones, la pérdida de los aportes de los que acumularon menos de 20 años de cotizaciones, y con bajos rendimientos de las inversiones del operador estatal, la ONP, a cargo del Sistema Nacional de Pensiones (SNP).
• Se hizo a medias, porque, tanto el SPP como el SNP, se basaban en aportes de las planillas de los trabajadores, o sea, solo cubrían a los trabajadores formales, dejando fuera al 75% de los trabajadores.

• Se terminó de malograr, porque en vez de unificar los sistemas hacia uno basado en cuentas individuales sin pérdidas de aportes por menos de 20 años, se atacó políticamente al sistema privado, no se fijó una pensión mínima en el SPP, y se atrajo más trabajadores al SNP, para estafar a más peruanos.
• Se terminó de malograr, porque no se enfrentó la mayor deficiencia de ambos sistemas, la falta de cobertura de los trabajadores independientes. Teniendo como hacerlo, llevando la fuente de los aportes de la renta de las planillas de los trabajadores, a canjes parciales de pagos de IGV, para todos los trabajadores. Ver en Lampadia: Sobre formalización, pensiones e IGV.
• Se terminó de malograr, porque el Estado dio el mal ejemplo de no abonar las retenciones de sus trabajadores a sus cuentas pensionarias individuales y de reparto.
• Se terminó de malograr, porque al no haber incluido en un sistema previsional a todos los trabajadores, se creó el espacio político para que los políticos populistas buscaran réditos políticos desprestigiando el SPP, y, finalmente, desbaratándolo, al permitir el retiro del 95.5% de los fondos privados al alcanzarse la edad de jubilación.

La situación actual, determina un sistema insostenible fiscalmente, porque no solo se mantiene el déficit de la ONP en el SNP, también se tendrá que crear algún esquema de protección previsional, cuando se haga patente la pérdida de protección de los afiliados al SPP, luego de que se hayan agotado los fondos retirados bajo la norma del 95.5%.

Sin embargo, como estamos en el gobierno de los economistas (PPK, Fernando Zavala, Mercedes Aráoz, Alfredo Thorne y Claudia Cooper), se esperaba el diseño de un nuevo sistema de pensiones, que cubriera a todos los trabajadores, con pensiones basadas en aportes individuales.

Pero increíblemente, según trascendidos, el gobierno está por hacer público un esquema de pensiones vergonzoso, que adolece gravemente de los siguientes defectos:

• Ha sido diseñado en secreto, a espaldas de los ciudadanos, y se mantiene bajo siete llaves.
• El nuevo esquema se olvida, se zurra, en los independientes, que no están considerados en ninguna forma.
• Se estaría descartando definitivamente, la posibilidad de usar los canjes de pagos de IGV, que podrían cubrir al universo de trabajadores.
• Se le encargaría a la SUNAT, la recaudación de los aportes individuales, con una jugosa comisión de por medio.
• Se encargaría el manejo de todo el sistema a la ONP, el brazo estatal de pensiones, que antes de cuidar los aportes personales de los trabajadores, cubriría sus costos. Costos de un monopolio estatal, el peor de todos los monopolios, pues actuaría por la libre.
• Finalmente, los fondos individuales de los trabajadores, irían a operadores privados para que gestionen la inversión de los mismos.
• Esto implicaría que los fondos individuales pasen varios días entre la recaudación por parte de la SUNAT, hasta su inversión efectiva, a cargo de algún operador de inversiones.
• El rendimiento de las inversiones, regresaría a la ONP, ya sea para que se encomiende otra gestión de inversiones, o para pagar las pensiones a los afiliados. Más días de rentabilidad perdidas.
• Se supone que la selección de los gestores de las inversiones, se haría mediante licitaciones manejadas por la ONP.

¡Dios nos libre de que semejante elucubración se convierta en ley!

En Lampadia, llamaremos a este entuerto: el NEO-SPP.

NEO-SPP por: Sistema Patético de Pensiones.

Ver la operatividad del NEO-SPP en el siguiente gráfico:

Levantemos nuestras banderas, no podemos permitir que el gobierno disponga de la suerte de los fondos previsionales, de propiedad de cada afiliado, poniéndolos en manos de entidades gubernamentales, cuyos objetivos y compromisos están muy lejos de la necesidades y aspiraciones de los ciudadanos, máxime, si al mismo tiempo se abandona a los independientes, a su propia suerte.

En el empeño de la reforma en ciernes, primero se estuvo coqueteando con la idea de un funcionario del BID, Santiago Levi, de usar los canjes de IGV, pero para aportes a un pozo colectivo que determinaba pasar a un sistema de reparto. Un esquema inspirado en una visión fiscalista más que previsional, y que lamentablemente, algunos economistas peruanos, confundieron con la propuesta de Lampadia, de mantener las cuentas individuales, la esencia de la gran reforma previsional de los años 90, que se extendió por el mundo como uno de los mejores aportes sociales y fiscales de los tiempos modernos.

Otra idea que anda compitiendo con lo expresado anteriormente, es la del llamado: ‘Matching’. Incentivar a los trabajadores a hacer aportes de doble impacto, pues el Estado aportaría otro tanto, doblando el aporte del trabajador. Una solución insuficiente para superar el gran reto del sistema pensionario, la afiliación de los independientes, quienes, ya sabemos, tienen una gran resistencia a disponer recursos hoy (así sea en menor proporción), para beneficios futuros.

El nuevo Sistema de Pensiones tiene que incluir a los independientes, entre los que están los ciudadanos menos favorecidos. Su diseño debe basarse en ese objetivo. No podemos darles la espalda.

Lamentablemente, por lo visto hasta ahora, ni el gobierno, ni las AFPs, tan lejanas de sus afiliados por esa competencia de atributos patrimoniales, que capturó el enfoque publicitario del sistema durante muchos años, muestran la más mínima preocupación por servir y proteger a la gran mayoría de trabajadores peruanos, los independientes, la clase media emergente, ese pulmón social y económico de la nueva economía peruana.

El siguiente gráfico muestra el esquema propuesto por Lampadia, que se basa en aportes y pensiones individuales, originadas mediante canjes VOLUNTARIOS, de una fracción de los pagos por IGV, que hagan los ciudadanos mayores desde los 18 años de edad.

• Diez Soles aportados a los 18 años, generan un valor de S/. 240 a los 65 años, con un rendimiento promedio de 7% anual.

Como se aprecia en el gráfico, todos los trabajadores tendrían el incentivo de canjear sus pagos de IGV por aportes a sus cuentas de pensiones individuales. Cada trabajador elegiría su AFP, pudiendo cambiarla a su decisión. Las inversiones se harían bajo las regulaciones que el Estado vea convenientes, en los mercados peruanos y globales, produciendo las mejores pensiones posibles, incluyendo una pensión mínima, de ser el caso.

Entendemos que nuestras ideas, no son necesariamente las únicas buenas, lo que nos resistimos a entender, es que no se consideren cuando se buscan cambios para salir de perdedores; y que, en el Perú del siglo XXI, se siga decidiendo la suerte de los ciudadanos a puertas cerradas, entre gurús y gobernantes lejanos del sentir ciudadano. Lampadia

Todas los sistemas previsionales de reparto públicos, se basan en los ingresos de una generación futura, para cubrir las pensiones de los jubilados actuales. Una suerte de esquema Ponzi, o pirámide del tipo de las grandes estafas como ‘Clae’.

Un esquema de Ponzi se define como “una estafa de inversión en la cual algunos primeros inversionistas son pagados con el dinero puesto por los posteriores inversionistas con el fin de alentar más y mayores riesgos”. El modelo es insostenible porque para mantenerse requiere un universo infinito de nuevos participantes.

En el caso de las pensiones de reparto, además de las tradicionales ineficiencias de los sistemas administrados por los estados, con la evolución de la demografía, en la que la tasa de reproducción ha bajado sensiblemente, no es posible evitar un déficit estructural de los modelos previsionales de reparto.

Por ello, los beneficios del sistema de aportes individuales a cuentas privadas, en las que cada trabajador construye la base de su propia jubilación, han probado largamente ser una de las reformas más importante de la seguridad social en el mundo. Esto no significa que no sea necesario hacer ajustes, como los que debería conllevar la mayor esperanza de vida.

Lamentablemente, cuando se enfrenta la necesidad de hacer ajustes, se corre el riesgo que los políticos desandados en cuanto a los beneficios de los ciudadanos, se vayan por la tangente.  Como en Chile, donde se hizo evidente que la mayor esperanza de vida requería más años de aportes, y el descalabro del modelo.

En el caso del Perú, evidentemente, la mayor debilidad del sistema es la cobertura de los sistemas pensinarios que solo cubren al 25% de la población. Sin embargo, ni el Estado, ni los operadores del sistema privado de pensiones, muestran el más mínimo interés de enfrentar esta deficiencia estructural.

Por ello, en Lampadia insistimos en nuestra propuesta de pasar el esquema a uno basado en el canje, voluntario, de pagos por IGV, a cuentas individuales. Ver: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y UNIVERSALICEMOS LA CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL – ONP: INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN. Lampadia 

Generaciones superpuestas

Pateandola lata por un camino sin fin

El resumen final de nuestra serie sobre grandes ideas económicas examina los costos (y beneficios) de pasar el proyecto de ley a la próxima generación

The Economist
31 de agosto, 2017
Traducido y glosado por Lampadia

En la primavera de 1899, William Miller persuadió a tres miembros de su grupo de oración de Brooklyn a que invirtieran su dinero con él, prometiéndoles retornos sobrenaturales. Pagaría un dividendo del 10% por semana, más una comisión por cada nuevo inversionista que pudieran contratar. Pronto, William “520%” Miller estaba atrayendo a multitudes de depositantes a su puerta.Tan “grande fue el agolpamiento”, dicen por ahí, que su escalera finalmente se desplomó. Miller atribuyó su éxito a “información privilegiada”. Pero su método real lo hizo famoso 20 años más tarde el hombre que lo perfeccionó, Charles Ponzi.

Los esquemas Ponzi, como el de Miller, pagan un retorno a los primeros inversionistas con el dinero recaudado de los posteriores. Cuando se quedan sin nuevas contribuciones, se derrumban. Un plan tan generoso como el de Miller no puede durar mucho tiempo. Pero, ¿qué pasaría si las promesas fueran menos extravagantes y los intervalos de reembolso menos estrictos? ¿Y si, por ejemplo, un plan pidiera dinero a los inversores en sus años más jóvenes a cambio de un pago en su vejez? Sobre esa escala del tiempo, un esquema de Ponzi no necesita limitar sus esfuerzos del reclutamiento a la gente viva cuando comienza. Puede reembolsar a los contribuyentes de hoy con dinero de futuros participantes que aún no han nacido. Y puesto que la próxima generación nunca es probable que sea la última, la cadena podría, en principio, continuar indefinidamente. Salvo una catástrofe, nacen nuevos posibles clientes cada día.

Esta lógica intergeneracional está detrás de las pensiones de “reparto” (PAYG, por sus siglas en inglés) comunes en muchos países. Las personas contribuyen al plan durante su vida laboral, y reciben un pago en la jubilación. Muchas personas imaginan que sus contribuciones se guardan o se invierten en su nombre, hasta que alcancen la edad de jubilación. Pero ese no es el caso. Las contribuciones de los trabajadores de hoy pagan las pensiones de los jubilados de hoy. El dinero se transfiere entre generaciones, no a través del tiempo.

El Seguro Social de los Estados Unidos, por ejemplo, es en gran parte por reparto. Por esta razón, sus críticos a menudo lo comparan con un esquema Ponzi para desacreditarlo. Pero la comparación también puede funcionar de otra manera. Si el Seguro Social (un venerable derecho que ha ahorrado a millones de personas de la penuria) tiene algún parecido con un esquema de Ponzi, entonces tal vez los principios de Ponzi no siempre son tan diabólicos como su nombre lo sugiere.

En algunos casos, esos principios podrían redundar en beneficio de todos. Uno de esos escenarios fue bosquejado por Paul Samuelson del Instituto de Tecnología de Massachusetts en 1958. Su experimento de pensamiento es más fácil de entender cuando se da el ejemplode una isla (a lo largo de líneas sugeridas por Laurence Kotlikoff de la Universidad de Boston). La isla de esta parábola alberga árboles de cacao inusualmente altos, personas hambrientas y casi nada más. Sólo los jóvenes pueden trepar a los árboles y recoger la fruta, que se debe comer rápidamente antes de que se estropee en el sol. Y sólo dos generaciones (jóvenes y viejas) están vivas al mismo tiempo.

En esta isla, los ancianos no tienen forma de protegerse. Son físicamente incapaces de recoger fruta. No pueden comprar fruta de los jóvenes, porque no tienen nada que ofrecer a cambio. Tampoco pueden vivir de las vainas de cacao salvadas de su juventud, porque su reserva se habrá podrido cuando sean mayores. No hay activos duraderos, imperecederos que puedan servir como un vehículo para su ahorro.

La solución, por supuesto, es un esquema intergeneracional de Ponzi. Los jóvenes dan fruto a los viejos en el entendimiento de que la próxima generación hará lo mismo para ellos cuando crezcan frágiles. En efecto, los jóvenes prestan a sus padres y cobran el reembolso de sus hijos. Al hacerlo, sirven como un vínculo entre dos generaciones que no coexistirían de otro modo.

Las grandes mentes se superponen

El esquema funciona, señaló Samuelson, sólo porque “siempre están llegando nuevas generaciones”. Si la reproducción hubiese dejado de existir, la última generación no obtendría nada del esquema. Sabiendo esto, no pondrían nada. Pero su falta de contribución también privaría a la penúltima generación de un pago, no dejándoles ninguna razón para participar. Cualquier ruptura anticipada en la cadena provoca que todo se desacople. Si el esquema no puede terminar nunca, no puede incluso comenzar.

El trabajo de Samuelson fue seminal, pero no totalmente original. Un modelo similar fue descrito en 1947 por Maurice Allais, que entonces trabajaba en una oficina de estadísticas mineras en París, pero su contribución tuvo la “desgracia de ser escrita en francés”, como ha señalado un erudito. La ‘interminabilidad’ de estos modelos juega estragos con gran parte del sentido común económico. Los economistas saben que las limitaciones presupuestarias eventualmente se unen y que las cuentas deben ser resueltas al final del día. Pero, ¿y si el final nunca llega?

Tales parábolas pueden parecer demasiado artificiosas para ser iluminadoras. Seguramente los isleños se benefician de un esquema de Ponzi sólo porque la historia les niega arbitrariamente cualquier manera de ahorrar para su futuro. Si los jóvenes pudieran adquirir un activo duradero, podrían cuidar de sí mismos en su vejez vendiéndolo para las cosas que necesitan. En lugar de comer fruta de cacao, los isleños podían plantarla para cultivar un nuevo árbol, que luego podrían alquilar o vender a los jóvenes escaladores cuando se retiraran.

En la mayoría de los casos, este tipo de ahorro e inversión realmente sirve mucho mejor a la gente. La acumulación de capital amplía la capacidad productiva de la economía, creando así riqueza, a diferencia de los esquemas de Ponzi, que simplemente lo difunden. Ahorrar e invertir el valor de la tienda y añadir a ella, convirtiendo una fruta de cacao en un árbol entero. Por lo tanto, los jubilados pueden esperar obtener más de su inversión de lo que ponen inicialmente.

En algunos casos inusuales, sin embargo, otros factores pueden pesar en favor del esquema de Ponzi. En primer lugar, el ahorro y la inversión pueden producir rendimientos que disminuyen drásticamente. Si una sociedad está deseosa de transferir recursos al futuro, acumulará un gran stock de capital, lo que puede reducir el retorno de más inversiones. Pienseen un huerto con demasiados árboles, cada uno toando parte de la luz de otro y absorbiendo su suelo.

Una segunda consideración es la demografía. Una población creciente crea un esquema de pirámide natural. Cada cohorte de participantes recibirá el dinero aportado por una generación posterior, mayor. Por lo tanto, ellos también pueden sacar más provecho de lo que ponen. Las generaciones futuras también pueden estar mejor que sus predecesores. Pueden beneficiarse de fuentes de avances económicos (como la mejora de la tecnología), más allá de la simple acumulación de capital. Esta marcha del progreso debería permitir que un esquema de Ponzi pague un retorno positivo a los inversionistas incluso si el esquema toma solamente un porcentaje constante de los ingresos de cada generación. Gracias al crecimiento económico, el 10% recaudado de los ingresos de los jóvenes de hoy valdrá más que el 10% recaudado en el pasado de la generación más pobre de sus padres.

Para hacer las cosas concretas, supongamos que la población de un país crece un 1% al año y los ingresos por persona crecen un 4%. En este caso, un esquema Ponzi puede ofrecer un rendimiento anual de aproximadamente 5% indefinidamente, simplemente tomando una proporción constante de los ingresos de cada generación. Si la economía ya tiene un gran stock de capital, el rendimiento del ahorro y la inversión podría ser menor que eso, especialmente teniendo en cuenta el riesgo involucrado. Tal economía sufriría lo que los economistas llaman “ineficiencia dinámica”. En estas circunstancias, un esquema intergeneracional de Ponzi puede ser sostenible y deseable.

Una pensión de reparto es sólo el ejemplo más obvio de tal esquema. La deuda del gobierno puede desempeñar un papel similar (una posibilidad que entretenía Peter Diamond del MIT en un artículo de 1965 sobre las ideas de Samuelson). Si el gobierno no quiere extraer contribuciones de la seguridad social de los jóvenes, puede vender bonos a largo plazo. Cuando estos bonos maduran, el gobierno puede pagarlos vendiendo una nueva ronda de bonos a la siguiente generación, más rica.

Una tercera forma más anárquica de transferir recursos de los jóvenes a los viejos es una burbuja especulativa. En una burbuja, la gente paga sobre las probabilidades de un activo, como una casa, en la creencia de que los inversores posteriores pagarán un precio más alto todavía. El sobrepago equivale a una contribución a un esquema de Ponzi, reembolsado no por las ganancias del activo subyacente, sino por sobrepagos de inversores posteriores. Si cada generación es colectivamente más rica que la anterior, entonces el precio del activo puede seguir aumentando incluso si cada comprador absorbe sólo el mismo porcentaje de sus ingresos (ascendentes).

La teoría del joven-tonto

Todos estos mecanismos tienen efectos secundarios. La deuda del gobierno puede eliminar la inversión productiva. Las burbujas pueden hacer lo mismo. Pero en una economía que sufre de ineficiencia dinámica, este desplazamiento es algo bueno. Esta economía ha acumulado demasiado capital. Requiere grandes inversiones para mantener este gran stock de maquinaria, equipos, edificios e infraestructuras en línea con la economía. Los jóvenes se sienten tentados a añadir aún más capital en un esfuerzo por transferir recursos a su futuro, los seres viejos. Sin embargo, debido a que los rendimientos son tan bajos, es más eficiente para ellos transferir recursos directamente a las personas de edad avanzada (contribuyendo a la seguridad social, comprando bonos del gobierno o pagando demasiado por los activos de los ancianos), entendiendo que los jóvenes de mañana harán lo mismo para ellos.

Bajo ciertas condiciones, entonces, los principios de Ponzi son eficientes y no son maléficos. Pero, ¿se encuentran esas condiciones en el mundo real? Una manera de buscarlos es comparar las tasas de interés (que representan la rentabilidad del capital) y las tasas de crecimiento del PBI (que reflejan tanto el crecimiento de la población como el aumento del ingreso por persona). Una prueba alternativa, más rígida (que funciona bien bajo ciertas suposiciones) es comparar la inversión y los beneficios. Si la inversión nacional es mayor que las ganancias, un país está arando más en su capital que lo que gana. Es como si los isleños estuvieran replantando toda la fruta que recolectan de los árboles adicionales que han cultivado (menos cualquier fruta que necesiten para compensarse por su trabajo) además de unos cuantos más. Los esfuerzos de la economía para ahorrar e invertir para el futuro están sobrecargando las herramientas disponibles para ahorrar.

Los economistas solían confiar en que la mayoría de las economías estaban en el lado correcto de esta prueba, ganando mucho más en ingresos de lo que invirtieron. La investigación reciente es menos definitiva. François Geerolf de la Universidad de California en Los Ángeles cree que Japón sufre de ineficiencia dinámica. Y no puede descartar la posibilidad de que todos los países del G7 (y otros nueve) sufren de manera similar. Si es así, las implicaciones son provocativas. Ellos asumen que la deuda pública del G7 está absorbiendo dinero que de otro modo se gastaría en aumentar aún más el stock de capital sobrecargado. En la medida en que los ingresos de este préstamo del gobierno se destinan a la atención médica y pensiones, los ancianos se benefician de manera desproporcionada. Tal vez, entonces, la deuda pública del G7 está desviando esfuerzos infructuosos para proveer para el futuro en proveer para los ancianos en su lugar.

Varios estudiosos, entre ellos Qian Liangxin de la Universidad de Anhui, también señalan que China a menudo se dedica más a su capital que lo que gana. En la etapa de desarrollo de China, esto no puede ser algo malo, porque la relación capital-intensidad de la economía está todavía en flujo. Pero la combinación de crecimiento rápido y retornos reprimidos sobre el ahorro puede ayudar a explicar por qué China es tan propensa a las burbujas especulativas, especialmente en la propiedad. Los chinos en edad de trabajar pagan en exceso por casas, muchas de las cuales están vacías, suponiendo que las venderán a precios más altos, no a un mayor tonto necesariamente, sino a uno más joven, más rico.

El esquema proto-ponzi de William Miller duró menos de un año. Sus bancos (incluyendo el Hide and Leather National Bank of Nueva York) cerraron sus cuentas y los periódicos lo persiguieron. Él huyó a Canadá antes de que la policía lo alcanzara. Pero nunca se le acabaron los inversionistas. Aun cuando escapaba del país, muchos sobres dirigidos a su sindicato se amontonaban en la oficina de correos, llenos de contribuciones de la siguiente generación de creyentes. Lampadia