En la región Ica, el concesionario de distribución de gas, CONTUGAS, viene aplicando mecanismos de facturación por el abastecimiento de gas, que responden a su antojo y no a la naturaleza de su Contrato ‘BOOT’ con el Estado y lo establecido por el regulador, OSINERGMIN.

No solo ello, ante los reclamos de algunos usuarios de gas del área de concesión, y contraviniendo disposiciones de OSINERGMIN, CONTUGAS pretende imponer precios abusivos recurriendo al Poder Judicial   mediante una Acción de Amparo, que ha originado una muy cuestionable medida cautelar que llega a suspender las capacidades de OSINERGMIN como regulador.

Fuente:  gym.com

Este desarrollo escandaloso tiene graves consecuencias económicas para consumidores cautivos en un área de concesión y para el sistema regulatorio de los servicios públicos establecido por nuestras leyes:

• Cobros indebidos a los consumidores de gas que caen en escala a todos los agentes económicos de la región, configurando daño económico y una suerte de apropiación indebida.
• Con la medida cautelar, el Poder Judicial ha invadido el espacio de decisiones otorgado por la Constitución a los reguladores de servicios públicos, creando un nefasto precedente.

En las siguientes horas se estará viendo, en la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, en segunda y definitiva instancia, este caso que impide a OSINERGMIN supervisar, fiscalizar y solucionar controversias, dejando desamparados a los usuarios del servicio.

Veamos algunos elementos que nos permitan evaluar la gravedad de esta situación:

El Concesionario

CONTUGAS, forma parte de la Empresa de Energía de Bogotá es una sociedad colombiana cuyo accionista mayoritario es el Municipio de Bogotá. En el 2008 firmó con el Estado peruano, un Contrato BOOT de concesión para la distribución de gas en la Región Ica.

Además, firmó un contrato de distribución con EGASA, la empresa que distribuye energía eléctrica producida en base a gas.

Fuente: loshidrocarburosenelperu.org

Este contrato y otros, bajo firmados bajo la modalidad de facturación por capacidad, se firmaron antes de que se normara el modo de facturación, sin embargo,  estaban sujetos a la decisión del regulador. Para ello, CONTUGAS debió de haber presentado la propuesta en el primer año de su contrato. Lo hicieron 5 años después y cuando OSINERGMIN definió como el mecanismo de facturación aplicable, ellos desconocieron lo estipulado por el regulador, que a la fecha les ha impuesto multas del orden de 10 millones de soles.

CONSUGAS decidió, de motu propio, mantener la facturación por capacidad (instalada) y no por consumo efectivo, según lo establecido en el Contrato BOOT con el Estado y ordenado por OSINERGMIN.

Este sistema de facturación alcanza a otros usuarios como EGESUR y Aceros Arequipa (CAASA), pero CONTUGAS exime, arbitraria y discrecionalmente, a los usuarios residenciales, mediante la aplicación de un bono de descuento, de los mayores cobros, presumiblemente, para jugar a una suerte de Robin Hood, sin embargo, de confirmarse la sentencia de primera instancia a favor del concesionario, estos usuarios pasarán a estar igualmente abusados y desamparados.

Como OSINERGMIN, le dio la razón a EGASA, CONTUGAS no vio nada mejor que recurrir al Poder Judicial, donde el Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima, dejó sin efecto el pronunciamiento de OSINERGMIN.

Los consumidores

Los consumidores más importantes de gas en Ica, EGASA, EGESUR y CAASA, plantearon sus reclamos a OSINERGMIN.

Ante la Acción de Amparo del concesionario, el Poder Judicial invade el ámbito regulatorio y suspende lo establecido por OSINERGMIN, a quién se le ordena que suspenda su proceso de fiscalización en el área de su concesión. Esto afecta de mayor manera a EGASA y EGESUR, pues ambos habían firmado contratos de distribución que contemplaban un sistema de facturación por capacidad, lo que presuntamente habría dado origen al problema. Sin embargo, esta disposición era válida mientras OSINERGMIN, no regulara el mecanismo de facturación.

OSINERGMIN determinó, de acuerdo a sus facultades regulatorias, que el sistema de facturación debía ser por consumo efectivo, según lo establecido en el Contrato BOOT. El incumplimiento del concesionario con lo dispuesto por el contrato y el regulador, afecta económicamente a los consumidores.

Veamos por ejemplo, el impacto de la sobrefacturación en el perfil del costo de gas de CAASA:

El regulador

OSINERGMIN es la institución pública que supervisa que las empresas formales eléctricas y de hidrocarburos brinden un servicio de electricidad y gas permanente, seguro y de calidad, y que las empresas mineras realicen sus actividades de manera segura.

Su Misión es regular y supervisar los sectores de energía y minería con autonomía y transparencia para generar confianza a la inversión y proteger a la población.

Entre las funciones de OSINERGMIN están:

• Supervisar que las empresas eléctricas del Perú brinden sus servicios de manera segura y confiable.
• Establecer las tarifas de la electricidad y del transporte del gas natural.
• Resolver en segunda instancia los reclamos de los usuarios de la electricidad y el gas natural.

OSINERGMIN tiene autonomía para desarrollar la funciones establecidas por el Estado y resuelve en ‘segunda instancia’ los reclamos de los usuarios.

El Poder Judicial

Como todos sabemos y lamentamos, el Poder Judicial peruano adolece de graves fallas de eficiencia y efectividad, además de mostrar niveles de corrupción cuestionados permanentemente por la sociedad.

Muchas veces, sus procedimientos son usados por agentes económicos para cubrir actos indebidos, como sucede frecuentemente con las consecuencias de medidas cautelares.

En el caso que reseñamos, el Poder Judicial ha llagado a suprimir las facultades regulatorias de OSINERGMIN, creado por el Estado para regular con autonomía los aspectos encomendados a su cuidado, y específicamente, los mecanismos y niveles de facturación de los concesionarios de distribución de gas.

Invocación

Invocamos al Poder Judicial que respete el ámbito de los entes reguladores con la finalidad de que ejerzan sus actividades con autonomía y orientación técnica,  caso contrario el Poder Judicial estaría suplantando a todos los reguladores, en temas de agua, puertos, comunicaciones, etc., labor que en los últimos 25 años se ha venido realizando sin interferencias.

Esperamos que el Gobierno haga valer los contratos Boot debidamente firmados e imponer el respeto al Estado de Derecho. Los concesionarios de servicios públicos y sus respectivos reguladores cumplen un rol vital en una economía de mercado, y deben establecer los equilibrios necesarios para fomentar las inversiones de largo plazo y cuidar los precios, condiciones y calidad de los servicios que se ofrecen a los usuarios, rol en el que complementan las prerrogativas del Estado. Lampadia

   

  

Alarmados por la nueva ola de conflictos vinculados al turismo, especialmente en el Cusco, hemos conversado con diversos representantes de la civilidad cusqueña, empresarial y mediática, y hemos podido juntar unas cuantas palabras para compartir con el país, la forma y estrategias con las que se va montando un proceso violentista destinado a desestabilizar la Región y el país, en manos de un gobierno que solo acaba de tomar la posta de la administración pública.

Los conflictos en el Perú, han sido históricamente muy rentables. Ver en Lampadia: El quid de los conflictos anti minería.

Quienes promueven la conflictividad (tradicionalmente contra la inversión) buscan una rentabilidad no productiva. Se posicionan como líderes locales, ganan elecciones, acceden a ejercer la autoridad, participan en las decisiones de gobierno, y también se nutren, muchas veces, de la corrupción.

El caso del turismo, una actividad muy sensible, ya tiene su primera “plataforma de lucha” a escasos días de la inauguración del nuevo gobierno.

Desde los tres temas que llevaron a un bloqueo de carreteras en Urubamba y Ollantaytambo, son, por decir lo menos,  solo pretextos:

• La rebaja de las tarifas eléctricas (que para el día de la convocatoria ya estaban rebajadas por mandato de la ley) y que fueron debidamente sustentadas por Osinergmin.
• Una pretendida “usurpación de terrenos por parte de un importante Hotel (que fue desvirtuada por las expresiones de su CEO, que probó que habían comprado terrenos saneados.

El tercer tema tiene otro trasfondo, no menos perverso.

• Los huelguistas reclaman contra la empresa de buses que opera en Machu Picchu,  (CONSETUR) que se inició como propietaria de los trabajadores de la ex ENTUR PERU, y lamentablemente, devino en  un monopolio  que no sólo tiene muy poca popularidad,  sino que  opera  con muchas deficiencias.  No programa toda su capacidad en momentos de alta demanda creando largas colas, y todo esto en una ruta pública ¡de las más caras del mundo!!!  S/. 80 soles por un recorrido de 8 kilómetros.  (Un billete de bus de casi 1,000 kilómetros de Cusco a Lima, cuesta en condiciones de libre mercado, desde S/.60). CONSETUR factura 50 millones de soles y tiene 24 buses autorizados (cada uno genera en promedio algo más de dos millones de soles por año).

Esta distorsión del mercado permite plantear la protesta con la disculpa del abuso de la empresa, de la cual pretenden obtener beneficios en una suerte de extorsión y, además, crear un clima político favorable a sus designios desestabilizadores del orden público y del desenvolvimiento de un sector vital para el conjunto de la economía.

Con ésta “plataforma de lucha”  se inaugura la gestión de un grupo de profesores de la provincia (naturalmente militantes del SUTEP), que promovieron un paro con bloqueo de vías, y conatos de violencia, los días 3 y 4 de agosto pasado. El objetivo era, a todas luces, impedir la visita a Machu Picchu en un momento de alta demanda. Se calcula que los días mencionados hubo una demanda  superior a los 6,000 visitantes diarios. Es decir, además de la minería, el turismo parece también estar en la agenda de los violentistas.

Para variar, las “fuerzas” que convergen en éste atentado, serían por un lado, autoridades que  no pueden mostrar neutralidad en este conflicto, algunos alcaldes electos con los colores de “Tierra y Libertad” y por otro, tendríamos, a dos personajes llamativos, sin vinculación aparente con la problemática del  conflicto, pero que intervienen activamente azuzando a la población:

• Un líder musulmán (militante confeso de HEZBOLLAH), llamado  Edwar Quiroga
• Un pintoresco y díscolo personaje, buscador de conflictos, abogado “ad honorem” de cuanto conflicto se gesta en la Región, Ricardo Noriega  Salaverry.

Estas presencias deberían deslegitimar cualquier reclamo, pero de alguna manera tienen éxito… Entre otras razones, por el apoyo mediático que logran.

Esta vez, el movimiento, no logró impedir el acceso a Machu Picchu, pues se usó una carretera alterna y se logró una operación precaria, evitando que unos 10,000 turistas se queden sin Machu Picchu, gracias a la efectiva acción de la policía y la coordinación con el sector empresarial.

La violencia que se está gestando es definitivamente un plan de largo aliento… Misteriosamente,  están convergiendo a estas acciones, otros colectivos y otros reclamos.

El Gasoducto sur peruano, tiene movilizados a los dirigentes de La Convención. Se reclama por la calidad de los trenes locales y tienen al llamado ‘Frente de Defensa de Machu Picchu’, en pie de lucha.

Todos los días se anuncian nuevos paros, algunos de ellos “indefinidos”. Y muchos de los potenciales conflictos se enfocan en contra empresas privadas, sin embargo, cuando se marcha, se lo hace contra el Estado. ¿Quién entiende?

Ante cualquier evento y con cualquier pretexto, se gesta un FRENTE UNICO DE LUCHA, del cual, la Federación Agraria, es parte.

¿Qué nos espera durante los próximos meses?

Creemos que la puntería está dirigida a ‘debilitar el nuevo gobierno democrático’. No es casualidad que a sólo 3 días de la instalación de un nuevo gobierno que goza de aprobación ciudadana, algunos grupos de dirigentes políticos, cual enemigos del país, que detentan,  impunemente, una de las facultades más importantes de cualquier gobierno, ‘el monopolio de la violencia’. Y sigan dañando a los ciudadanos, las empresas, el Estado y a nuestros visitantes. Todos debemos rechazar estas acciones. ¡El Perú debe defenderse!!!! Lampadia

Ha llegado la hora de hacer un balance serio sobre la situación de Petroperú, su clamoroso descuido del Oleoducto Norperuano, el gigantesco proyecto de ‘modernización’ de la refinería de Talara y de su privilegiado estatus corporativo que le dio licencia para operar sin ningún control de parte del Estado, su accionista en nombre de todos los peruanos.

La semana pasada, el Oleoducto Norperuano sufrió su tercer derrame este año en Loreto por una nueva ruptura de la tubería. Más indignante aún es que Petroperú bombeó petróleo sin autorización, ya que su funcionamiento se suspendióhace más de cuatro meses para realizar las reparaciones ordenadas por Osinergmin para evitar que se repitiera el desastre de febrero pasado, cuando unas rupturas causaron el derrame de 3,000 barriles de crudo en la región amazónica, contaminando dos ríos utilizados por pueblos nativos como fuente de agua y dañando el medio ambiente.

Este último derrame muestra el nivel de ineptitud de la estatal Petroperú. Tras 16 años de falta de mantenimiento y 73 fallas identificadas (hasta ahora), queda claro que se ha llevado al Oleoducto Norperuano a prácticamente terminar su ciclo de vida.

Hace más de tres meses, publicamos en Lampadia: Se le acabó la ‘Tina’ a Petroperú, en donde explicamos que la paralización del oleoducto tendría para rato pues éste ya había agotado su ciclo de vida. Afirmamos que su nivel de corrosión debía ser altísimo y que por ello se habían multiplicado las fallas, cada vez, con más severidad. Para ilustrar la nota utilizamos el gráfico de líneas abajo que muestra que al inicio de operaciones de estas obras se generan fallas de alta severidad y frecuencia. Al asentarse las instalaciones, las fallas disminuyen sustancialmente por un largo tiempo, el período de vida útil. Sin embargo, si no se hace el mantenimiento adecuado y no se reemplazan los materiales desgastados o corroídos, las instalaciones entran en una nueva fase de fallas con alta frecuencia y severidad. Esta suerte de curva se llama: ‘Tina’.

Es justamente por estas continuas irresponsabilidades de la empresa estatal que en Lampadia consideramos fundamental que el sector privado tenga un rol más activo en la empresa. Recordemos que esto se intentó a finales del 2013 con la Ley 30130, la cual autorizaba que las nuevas inversiones en la modernización de la refinería de Talara y otras operaciones de Petroperú deberían hacerse con participación privada, bajo el esquema Asociaciones Pública Privadas (APP).  La norma incluía un plan muy agresivo para introducir buenas prácticas de gestión y gobierno corporativo. Comprendía además, la intención de abrir el capital de la empresa a socios privados hasta por un 49% de sus acciones, que se cotizarían en la Bolsa de Valores.

Sin embargo, nada de eso se dio. Inocentes nosotros en no haber entendido que, detrás de esas palabras, solo había una estrategia para mantener el estatus de una empresa emancipada.Como señaló Iván Alonso, “vencido el plazo, lo que ha logrado la empresa para reorganizarse integralmente ha sido otro chiste de humor negro. En primer lugar, en materia financiera, pasó de ganar unos ínfimos 92 millones de soles en el 2013 a perder 95 millones en el 2014”.

Tras la aprobación de orientación populista, de la norma del Congreso para que Petroperú explote el Lote 192, lo que se ha logrado es deshacer uno de los fundamentos principales de la Ley 30130: no alentar la actividad empresarial por parte del Estado. Ya entonces se había exceptuado a Petroperú de la obligación de pasar sus compras, adquisiciones y contratos por el aro del Organismo Supervisor de Compras Estatales (OSCE), retirarla del ámbito de control de la Contraloría y del control del holding estatal de las empresas públicas, Foncodes; lo que le ha permitido a Petroperú actuar discrecionalmente. Primero con la intención de emular a Aramco de Arabia Saudita, bajo la presidencia de Humberto Campodónico, y luego, bajo la dirección del renunciante German Velásquez que manejo la empresa con una prepotencia de tufo velasquista. Y bueno, tras tanto secretismo sobre el proyecto de Talara y de la cadena de derrames, que ya no pueden llamarse accidentes ni movimientos del terreno (como declaró Arturo Melgarejo), se convierten más bien en actos de punibles irresponsabilidades. ¿Qué se debe hacer ahora? Está claro que la empresa estatal no está funcionando. Lo que se necesita es una reestructuración completa de Petroperú y ver de convocar al sector privado para abrir su capital, establecer el gobierno corporativo y desarrollar APPs para sus distintos proyectos.

Una reciente publicación del Cato Institute titulada ‘Opciones para la privatización Federal y Lecciones de Reformas del extranjero’ detalla que las mayores ventajas de una mayor participación privada en una empresa estatal es el incentivo de mayor eficiencia e innovación y una mejora en la inversión de capital.

Las empresas privadas en los mercados abiertos y competitivos, respondiendo a la naturaleza de la propiedad, tienen fuertes incentivos para incrementar la eficiencia, producir más y mejores productos a menores costos. En palabras del Cato Institute, “Las empresas buscan ganancias, que son una medida de creación de valor neto. Si una empresa no hace las cosas bien, perderá dinero y tendrá que cambiar de rumbo para evitar declararse en bancarrota.”

Además, el sector privado  tiene incentivos para mantener sus instalaciones en buen estado y para invertir y satisfacer las demandas crecientesde sus clientes y de la sociedad. Para financiar expansiones, reinvierten sus ganancias y se financian en los mercados de deuda y capital. Por el contrario, las entidades  gubernamentales a menudo consumen su financiación en temas burocráticos, descuidando el importantísimo mantenimiento y mejoras.

Petroperú está muy lejos de siquiera soñar ser una empresa eficiente y rentable. Como hemos mencionado anteriormente en Lampadia, Petroperú es más bien una OPP, una ‘Organización Para-Política’. Un ente que está al servicio de los políticos que ostentan la administración del Estado y sus agencias, como hemos visto a lo largo de todos los últimos gobiernos.

Petroperú no tiene gobierno corporativo (dicen que está en desarrollo, como si acabara de ser fundada), no tiene directores independientes, no tiene acciones en la bolsa y por lo tanto no tiene los controles básicos para una ‘empresa’ de ese tamaño. Ver en Lampadia: Petroperú no es una empresa, es una OPP.

Si de verdad queremos tener una empresa viable y manejar eficientemente sus proyectos, es indispensable lograr una asociación con el sector privado. Eso requiere el desenvolvimiento de un gobierno con visión, capacidad de comunicación y liderazgo, capacidades que esperamos adornen al nuevo gobierno. 

Lampadia

El 16 de marzo pasado publicamos en Lampadia: Se le acabó la ‘Tina’ a Petroperú. Entonces denunciamos que la paralización del oleoducto tendría para rato pues éste ya había cumplido con creces su ciclo de vida. Afirmamos que su nivel de corrosión debía ser altísimo y que por ello se habían multiplicado las fallas, cada vez, con más severidad. Para ilustrar la nota utilizamos el gráfico de líneas abajo que muestra que al inicio de operaciones de estas obras se generan fallas de alta severidad y frecuencia. Al asentarse las instalaciones, las fallas disminuyen sustancialmente por un largo tiempo, el período de vida útil. Sin embargo, si no se hace el mantenimiento adecuado y no se reemplazan los materiales desgastados o corroídos, las instalaciones entran en una nueva fase de fallas con alta frecuencia y severidad. Esta suerte de curva se llama: ‘Tina’.

Como era de esperarse, Petroperú no se comunicó con Lampadia para explicar la situación y solo hizo lo posible por pasar inadvertido con el dinamismo mediático del país. Sin embargo, la realidad confirmó la situación calamitosa del oleoducto al punto de que este siga paralizado.

El lunes pasado (13 de junio, 2016), tres meses después de nuestro artículo, el diario El Comercio publicó una noticia titulada: “Oleoducto: 16 años de descuido”. Ver reproducción a continuación:

Según la nota, tras década y media sin mantenimiento apropiado, el Oleoducto Norperuano exhibe 73 fallas críticas. Repararlas tomará todo el año.

“Según Petro-Perú, el oleoducto no ha recibido mantenimiento en los últimos 16 años y, como consecuencia, se han generado 73 fallas (puntos con pérdidas de espesor superiores al 70%) en los tramos 1 y 2”.

“Tal es el resultado de la inspección con smart-pigs (sensores que detectan fallas) realizada por la estatal en el 2015. ¿Qué tan grave es este diagnóstico?”

“Según Víctor Sanz, ex gerente de Contratos de Petro-Perú, la figura es trágica, pues demuestra el descuido que la estatal ha tenido con el oleoducto por su afán de priorizar la modernización de la refinería de Talara. “Es un asunto gravísimo. Sabía de sabotajes que se deben denunciar, pero la falta de mantenimiento es un descuido atroz. Lamentablemente, no es solo un problema de Petro-Perú, lo es también de Osinergmin y el MEM. ¿Dónde estaban cuando esto sucedía?”

Ya han pasado cuatro meses desde que se suspendió el servicio de transporte de petróleo del Oleoducto Norperuano, debido a las reparaciones ordenadas por Osinergmin para evitar que se repita el desastre del febrero pasado, cuando unas rupturas causaron el derrame de 3,000 barriles de crudo en la región amazónica, contaminando dos ríos utilizados por pueblos nativos como fuente de agua y dañando el medio ambiente.

Sin el debido mantenimiento, el oleoducto ya cumplió con creces su ciclo de vida. “Las recientes roturas no son casos aislados, sino que reiterados derrames han afectado regiones de Amazonas, Loreto, Piura y Cajamarca”, informó la OEFA en su momento.

Mientras tanto Petroperú y el gobierno peruano siguen en la fiesta de la ‘modernización’ de la refinería de petróleo de Talara. En ella se mueven inmensas cifras de inversión del nivel de unos US$ 3,500 millones, cantidad excesiva según varios expertos e innecesaria según otros, dada la estructura de la demanda y oferta de productos refinados en el Perú.

La gestión de Petroperú y los resultados obtenidos en inversiones, operaciones y en el desastroso mantenimiento de sus instalaciones, más la falta de controles con los que opera la administración (ni siquiera reporta a Fonafe, el holding estatal que representa al Estado en su rol de accionista de las empresas públicas), han determinado una situación alarmante que debe llevarnos a enfrentar con valentía las presiones políticas que pretenden mantener las cosa como están. Esperamos que el próximo gobierno tenga la entereza suficiente para informar al país esta realidad y plantear correcciones de fondo al actual esquema licencioso con el que opera Petroperú. 

Lampadia

Como explicamos en la Parte I,  Parte II y Parte III de esta sección, seguimos publicando una serie de artículos que nos permitan entender la minería peruana. En este caso se hace un análisis de la información cartográfica requerida por el Sector Energía y Minas y otros Sectores para planificar desarrollo.

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN

 

Por: Henry Luna Córdova

Especialista en Recursos Naturales

Catedrático de la Universidad Católica del Perú

 

 

El título preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería establece que todos los recursos minerales pertenecen al Estado, cuya propiedad es inalienable e imprescriptible.

De igual manera establece que el Estado evalúa y preserva los recursos naturales, debiendo para ello desarrollar  un sistema de información básica para el fomento de la inversión; norma la actividad minera a nivel nacional y la fiscaliza de acuerdo con el principio básico de simplificación administrativa.

El sistema de información básica para el fomento de la inversión  en el Sector Energía y Minas está a cargo de diferentes Direcciones Generales del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y entidades del Sector Energía y Minas: Perupetro, Petroperú, IPEN, OSINERGMIN, INGEMMET, entre otras.

 

 

Rol del Ministerio de Energía y Minas:

El MINEM, es el organismo central y rector del Sector Energía y Minas, y forma parte integrante del Poder Ejecutivo. Tiene como finalidad formular y evaluar, en armonía con la política general y los planes del Gobierno, las políticas de alcance nacional en materia del desarrollo sostenible de las actividades minero – energéticas. Así mismo, es la autoridad competente en los asuntos ambientales referidos a las actividades minero – energéticas. 

El MINEM promueve el desarrollo integral de las actividades minero – energéticas, normando, fiscalizando y/o supervisando, según sea el caso, su cumplimiento; cautelando el uso racional de los recursos naturales en armonía con el medio ambiente.

Con relación al Sistema de Información Básica, entre las funciones del MINEM destacan las siguientes:

• Ejecutar y evaluar el inventario de los recursos mineros y energéticos del país;
• Orientar y fomentar la investigación científica y tecnológica en el ámbito de su competencia;
• Coordinar y promover la asistencia técnica en electricidad, hidrocarburos y minería;
• Otorgar, en nombre del Estado, concesiones y celebrar contratos, según corresponda, para el desarrollo de las actividades minero – energéticas de conformidad con la legislación sobre la materia;
• Fomentar el uso eficiente de la energía y el aprovechamiento y desarrollo de los recursos energéticos renovables;
• Ejecutar y evaluar el inventario de los recursos minero – energéticos del país;
• Mantener relaciones de coordinación sobre la gestión del desarrollo sectorial sostenible con los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales;
• Otras vinculadas al ámbito de su competencia.

Rol de PERUPETRO:

PERUPETRO S.A. es la Empresa Estatal de Derecho Privado, que en representación del Estado Peruano, se encarga de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú.

Uno de los objetos de Perupetro es formar y administrar a través de terceros el Banco de Datos con la información relacionada a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, pudiendo disponer de ella para promocionarla con la participación del sector privado, así como para su divulgación con fines de promover la inversión y la investigación.

Perupetro  promueve de manera transparente e informa sobre el impacto económico de la actividad petrolera y de gas en todo el territorio nacional, asimismo, sobre contratos y genera diversos mapas de información relacionados con la que los difunde a través de su página web diferentes Mapas: de lotes, Noroeste, Pozos Exploratorios del Perú, Pozos Exploratorios del Nor Oeste, Sísmico del Perú, Sísmico del Nor Oeste, Shapefile (capas de información SIG o GIS) de los lotes de contratos, entre otros.

 

http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/perupetro/site/Informacion%20Relevante/Mapa%20de%20Lotes/Mapa%20de%20Lotes

 

Rol de Petroperú:

Petroperú es una empresa de propiedad del Estado y de derecho privado dedicada a la exploración, explotación, transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo.

La misión de Petroperú es Abastecer al mercado de hidrocarburos y energía con productos de óptima calidad y servicios competitivos, actuando de manera segura, rentable, de acuerdo con los estándares internacionales de la industria, con responsabilidad socio ambiental y contribuyendo como empresa del Estado a maximizar la renta petrolera a favor del desarrollo sostenible del país.

 

 

Rol del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET:

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET, es el  Organismo Público Técnico Descentralizado del Sector Energía y Minas del Perú, que tiene como objetivo la obtención, almacenamiento, registro, procesamiento, administración y difusión eficiente de la información investigación y aquella relacionada a la geología básica, los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos y el ambiente.

Asimismo, el INGEMMET tiene como objetivo conducir el Procedimiento Ordinario Minero, incluyendo la recepción de petitorios, el otorgamiento de concesiones mineras y su extinción según las causales fijadas por la ley, ordenando y sistematizando la información georeferenciada mediante el Catastro Minero Nacional, así como la administración y distribución del Derecho de Vigencia y Penalidad.

Entre las funciones del INGEMMET vinculadas con el sistema de información básica destacan las siguientes:

• Realizar y fomentar la investigación de los recursos minerales, energéticos e hidrogeológicos del país; generar y actualizar el inventario de los mismos y promover su conocimiento y desarrollo;

 

 

• Desarrollar, mantener y actualizar la Carta Geológica Nacional y sus derivaciones temáticas, en coordinación con los organismos competentes.
• Administrar el inventario nacional de los recursos no renovables del subsuelo;
• Otorgar títulos de concesión minera;
• Administrar el Catastro Minero, el Pre catastro y el Catastro de Áreas Restringidas a la Actividad Minera;
• Incorporar y mantener en el Catastro Minero Nacional la información proveniente de los Gobiernos Regionales en materia de procedimientos mineros, según competencias;
• Otras funciones.

CATASTRO MINERO NACIONAL

El Catastro Minero Nacional es un instrumento básico para administrar los derechos mineros en el Perú y generar información gráfica y estadística relacionada con dichos derechos.

El otorgamiento de concesiones mineras tiene su base legal en las Ordenanzas de Minería y el Código de Minería de 1900 y disposiciones modificatorias y complementarias.

En el pasado para la graficación de los derechos mineros tenían que realizarse levantamientos de campo catastrales que estaban a cargo del ministerio de Energía y Minas. En la actualidad se usa la información cartográfica vigente.

 

 

Todos los vértices de los derechos mineros están identificados con coordenadas UTM referidas al datum PSAD56 (Provisional Sudamericano de 1956) y en un futuro se identificarán en el sistema de coordenadas UTM WGS84 (World Geodesic System). 

LA LEY DE CATASTRO MINERO

En el año 1996 se promulgó la Ley N° 26615 que crea el “Catastro Minero Nacional” y otorga valor jurídico a las coordenadas UTM que identifican los vértices de las concesiones de los derechos mineros.

En su artículo primero la  Ley N° 26615, establece que  el Catastro Minero Nacional comprende:

1. El Sistema de Cuadrículas a que se refiere el Artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (TUO), aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM.
2. Las concesiones mineras vigentes otorgadas y las que se otorguen como consecuencia de denuncios formulados al amparo de legislaciones anteriores al Decreto Legislativo Nº 708, que cuenten con coordenadas Universal Transversal  Mercator (UTM) definitivas según lo dispuesto en la presente Ley.
3. Las concesiones mineras vigentes otorgadas y que se otorguen al amparo del TUO y que cuenten con resolución consentida.
4. Las concesiones de beneficio, de labor general y de transporte minero que cuenten con coordenadas UTM definitivas, según lo dispuesto en la presente Ley.

CRITERIOS CONSIDERADOS PARA LA GRAFICACIÓN CATASTRAL

La información que genera y administra el Catastro Minero Nacional no se limita solamente al INGEMMET sino que se integra con el Ministerio de Energía y Minas, con las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM) de los Gobiernos Regionales (GORE) y con los Registros Públicos y en un futuro con el Sistema Nacional de Catastro de Predios Integrado al Registro (SNCP). 

 

 

En el aspecto cartográfico se adecua a estándares nacionales geodésicos y cartográficos establecidos por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) tomando como referencia la Carta Nacional y el Sistema de Cuadrículas Nacional en el proceso de evaluación y tramitación de derechos mineros.

Usa la cartografía de límites de centros poblados, distritales, provinciales y departamentales elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).  

Mediante convenios se obtiene la información cartográfica de las áreas naturales protegidas que administra el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP); zonas arqueológicas a cargo del Ministerio de Cultura (Ex – Instituto Nacional de Cultura – INC); Ordenanzas de Gobiernos Locales donde se delimitan las Zonas Urbanas y de Expansión Urbana; Proyectos de Irrigación que estuvieron a cargo del EX – INADE y que hoy están a cargo de la Presidencia de Consejo de ministros (PCM) y los Gobiernos Regionales; entre otras importantes fuentes de información.   

Para administrar este sistema de información geográfica de los derechos mineros se tienen que desarrollar diferentes actividades:

 

 

• Recepción de petitorios en las Mesas de Trámite Documentario a cargo del INGEMMET y de todos los Gobiernos Regionales.
• Identificar los petitorios mineros con un código único
• Ingresar la información numérica y alfa numérica contenida en la solicitud de los petitorios mineros.
• Escanear todos los folios contenidos en la solicitud del petitorio para la visualización gráfica del expediente minero.
• Ingresar los datos de los petitorios mineros al Sistema de Graficación;