César Azabache Caracciolo
Para Lampadia

El debate que se ha abierto sobre los aspectos del acuerdo con Odebrecht que se refieren a la compensación por los daños causados contiene dos observaciones atendibles.  La primera se refiere al monto y la segunda al plazo establecido para el pago.

Respecto al monto hemos dicho ya que el acuerdo por US$ 190 millones no es el único, sino el tercero de una serie que aún no termina.  Antes que él están los US$ 8 millones del acuerdo de enero de 2017 y los US$ 20 millones del caso Chacas.  Y junto al él van corriendo los US$ 60 millones que la Procuraduría tiene en embargos a terceros vinculados a estos casos.  La cantidad alcanzada hasta ahora es de US$ 278 millones.  Y el Estado debería, de inmediato, abordar una cuarta negociación por la manipulación de arbitrajes, de la que deberían obtenerse al menos US$ 35 millones (sobre US$ 70 que encuentro posibles de reclamar), y una quinta (aunque no queda claro que Procuraduría debe hacerla) por la filtración en la política de al menos US$ 8.4 millones ya reconocidos por Odebrecht.  Estimo que conservando las proporciones un acuerdo por la filtración de fondos en la política debería producir al menos US$ 20 millones adicionales en compensación. Y aún falta cerrar las negociaciones con Joseph Maiman, que deberán tener algún impacto compensatorio también.  En total entonces, la meta de compensación debe estimarse por encima de los US$ 330 millones sin considerar otros proyectos y acuerdos que aún pueden agregarse en el camino.

Estos datos desde mi punto de vista resuelven el problema del monto exiguo que se percibe cuando sólo se observan los US$ 190 millones del tercer acuerdo.  No son US$ 190 millones sino US$ 278 que pueden superar los US$ 330 los que están en juego.  

Pero la segunda observación si exige una modificación que debe estimar urgente.  El texto literal del tercer acuerdo concede a Odebrecht 15 años para pagar los US$ 190 millones que contiene como compensación.  Y no establece intereses que conserven este valor por el paso del tiempo.  La ausencia de una tasa de interés que conserve el valor de esos US$ 190 millones ha llevado a Aldo Mariategui, en su columna del 29 de enero en Perú21 ha observar que, esos US$ 190 millones, a valor presente, equivalen a solo US$ 87.8 millones (S/ 281 millones).   La objeción es correcta.  En general todas las acreencias de cobro diferido “valen” en el presente menos de lo que representa su valor nominal.  Si yo le debo a usted US$ 1,000 en el presente y usted puede cobrarlos de inmediato, entonces el valor presente de la deuda es igual a su valor nominal.  Pero si usted y yo acordamos que yo pague en 10 meses, entonces el valor presente de mi deuda se reduce considerablemente.  Si usted deseara vender mi deuda en el mercado, nadie le pagaría US$ 1,000.  La determinación del factor que permite establecer el valor presente de una deuda diferida es siempre discutible, pero asumamos que por mi deuda futura le pagarán solo US$ 550.  La idea es al misma:  Los US$ 190 millones del tercer acuerdo pueden ser una cantidad razonable (lo son desde mi punto de vista, en el marco descrito líneas arriba), pero dejan de serlo si se pagan en 15 años sin intereses.  La tasa de interés aplicada a este componente del acuerdo debe compensar el paso del tiempo, si el cronograma se mantiene.  La recuperación de esa tasa de interés en la audiencia de aprobación que aún falta programar debería considerarse imprescindible, una condición de equilibro o de proporcionalidad, porque de lo contrario el texto no podrá ser considerado honesto en sus cifras. 

Entonces hay más de una tarea.  Hay un acuerdo por cerrar (Maiman), dos negociaciones urgentes que comenzar (la compensación por los arbitrajes y la compensación por la filtración de fondos en la política) y también una corrección que hacer:  Para la audiencia de aprobación la Procuraduría y Odebrecht deben haber establecido una tasa de interés que sea suficiente para compensar el efecto que los plazos de pago concedidos ejercen sobre el valor nominal de la tercera compensación que Odebrecht acepta.  

O claro, renunciar al cronograma de pagos, que es siempre una opción.

El Perú es el único país de la región, que, para enfrentar el escándalo de Lava Jato, paralizó su sector de la construcción y desestabilizó el conjunto de su economía.

I. El origen del escándalo

Desde que estalló el escándalo del Lava Jato, en Lampadia identificamos la mano de Lula da Silva, el presidente de Brasil, y del Partido de los Trabajadores (PT), como los responsables de haber montado mecanismos de penetración política, en el Perú, aprovechando la ambición de sus empresas constructoras, para corromper a mansalva. Ver en Lampadia:  El traicionero intervencionismo de Lula en el Perú.

II. La confesión de Odebrecht en EEUU

Department of Justice
December 21, 2016
Odebrecht and Braskem Plead Guilty and Agree to Pay at Least $3.5 Billion in Global Penalties to Resolve Largest Foreign Bribery Case in History

lll.  Nuestra oportuna recomendación

Ver en Lampadia: DS 003 y PL 1410, despropósitos y pasiones.

Cuando estalló el escándalo, a fines de diciembre, 2016, el gobierno peruano entró en shock, sin saber qué hacer. Un mes después, (19/1/2016), en Lampadia publicamos, A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente).

Entonces, nuestra principal recomendación fue “intervenir las empresas brasileñas involucradas en la acusación…”. El propósito era muy claro, velar por que los recursos de las empresas no se sifoneen a los accionistas comprometidos en las acusaciones y, preservar el aporte de trabajadores, proveedores y terceros (inocentes), cuidando la fluidez de la economía en su conjunto. Había que evitar que las eventuales intervenciones desordenadas de la Fiscalía, Poder Judicial, Procuradurías, Sunat, et al (al son de los acordes mediáticos y gritas de políticos fariseos), paralizaran empresas y proyectos.

Pero, el gobierno de PPK, presumiblemente por consejo de la entonces ministra de justicia (MPT), consideró que las intervenciones serían ilegales y diseñó el perjudicial Decreto de Urgencia 003. Este decreto, entre otras cosas, suspendía los pagos del Estado a dichas empresas, con lo cual se podía desequilibrar sus operaciones y proyectos. Un primer paso hacia el peligrosísimo corte de la cadena de pagos.

IV. Las consecuencias del error

Sin una estrategia de intervención ordenada, se iniciaron diversas acciones por parte de distintas entidades del Estado, como por parte de la Fiscalía, Sunat y otras, ahondando los impactos sobre la cadena de pagos. Además, se dificultaron las eventuales transferencias de activos y proyectos a empresas que no estuviera implicadas en las acusaciones, dañando el valor de importantes activos, con perjuicio para todas las partes.

Fue tal el impacto en la economía peruana por la paralización de las obras de Odebrecht y de sus empresas consorciadas, que el MEF tuvo que reducir su proyección de crecimiento en el año 2017 en un punto porcentual, reducción que está asociada a 140,000 empleos perdidos y que 320,000 peruanos no hayan salido de la pobreza, según estimaciones de Apoyo Consultoría.

Posteriormente, por ímpetus de algunos políticos, se promueve la extensión del DS 003 a las empresas peruanas que se hubieran asociado con Odebrecht. Como resultado de esta iniciativa, en noviembre de 2017, el Congreso termina aprobando el Proyecto de Ley 1410, que modifica el DS 003, incluyendo en sus alcances a las empresas que se hubiesen consorciado con empresas como Odebrecht, con una participación mayor al 5% de los contratos.

Esto, entre una serie de otras disposiciones, impediría que estas empresas participen en proyectos del Estado, (llámese reconstrucción u otros), y también confiscaría las acreencias, que, por todo concepto, tuvieran con el Estado; incapacitándolas.

Lógicamente, el Ejecutivo se vio obligado a observar la ley, cosa que hizo el 18 de diciembre de 2017; planteando aspectos constitucionales, legales, tributarios y económicos. Advirtiendo que se generaría la ruptura de la cadena de pagos y la paralización de proyectos de inversión por aproximadamente el 13% del presupuesto de inversiones del país.

El Congreso de la República entró en receso en enero 2018, sin haber debatido la eventual insistencia para la promulgación de la Ley 1410. Mientras tanto, la vigencia del dispositivo original, el DS 003, venció el 13 de febrero.

Posteriormente, en mayo 2018, el gobierno de Martín Vizcarra emite el Decreto Supremo 096-2018-EF, mediante el cual aprueba el reglamento de la Ley 30737, con el que se consolidan los errores conceptuales de todo el manejo de la crisis.

Así es como el Perú es el país que peor ha manejado el escándalo de Lava Jato, llegando a destruir inversión, empleos y crecimiento, innecesariamente.

V. El arreglo fiscal con Odebrecht

Nuevo acuerdo de cooperación entre las autoridades peruanas o Odebrecht. Fuente: RPP

Las autoridades peruanas y la constructora brasileña sellaron en la madrugada del sábado su “Acta de Acuerdo Preparatorio de Colaboración y Beneficios”, que entre otoros puntos establece:

• El monto de la reparación civil
  675 millones de soles.

• Acuerdo firmado es sobre cuatro obras
  El acuerdo fue firmado por cuatro obras: Línea 1 del Metro de Lima, la Carretera Interoceánica tramos 2 y 3, Costa Verde Callao y la Vía Evitamiento Cusco.

El fiscal Rafael Vela dijo a El Comercio que “no podemos obligar al colaborador a que admita hechos por los que siente que no ha delinquido. Él sabe que no ha delinquido desde su perspectiva”.

• Odebrecht puede volver a contratar con el Estado
  Odebrecht “recupera su capacidad operativa”. Es decir, también podrá volver “a contratar con el Estado. Pueden postular a competir en obras públicas”.

VI. Impactos de una absurda y discriminatoria paradoja

Mediante el acuerdo de la Fiscalía, Odebrecht estará facultada a contratar con el Estado y así generar los recursos para saldar la reparación civil.

Sin embargo, como consecuencia de las normas indicadas líneas arriba (DU 003 y Ley 30737), muchas empresas peruanas, si bien no están impedidas  están impedidas de contratar con el Estado, están sujetas a innumerables cortapisas, trampitas y mala voluntad por parte de funcionarios del Estado, que debilitan su capacidad de contratar. Veamos:

• Por ejemplo, las empresas del llamado club de la construcción, sin haber sido sancionadas, han sido excluidas de las obras de la reconstrucción, empeño que no logra despegar. Ver cuadro de Apoyo Consultoría, que demuestra un fracaso escandaloso en algo tan importante como recuperar la vida normal de millones de ciudadanos, especialmente en el norte del país:

• En el caso de algunas empresas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 30737 y su reglamento, sin tener en cuenta que las obras hayan sido cuestionadas por actos ilícitos, ni hayan sido mencionadas en ninguna de las declaraciones de ODEBRECHT, las ha incluido indebidamente dentro del conjunto de empresas que conforman la denominada Categoría 2.
• El inadecuado tratamiento a los casos de corrupción dado por el tristemente célebre DU 003, que ha sido sustituido por la Ley 30737. Está ley lamentable tampoco funciona, porque los legisladores se concentraron asegurar “el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado”, sin importarles la obra pública, y en dar toda la responsabilidad de la aplicación de la Ley al Ministerio de Justicia, el causante de la inoperatividad del DU 003, y encima contemplaron 31 actos administrativos nuevos a cargo de este Ministerio. 
• La Ley 30737 regula tres categorías (de casos): 1) ODEBRECHT, 2) Sus consorciadas y 3) El supuesto Club de la Construcción. Se acepta como una verdad absoluta la existencia de un Club de la Construcción que se compondría de 30 empresas constructoras y, como es una verdad mediática, nadie hace el menor análisis del proceso judicial.
• La Fiscalía basa su investigación en la declaración de un colaborador eficaz – funcionario de ODEBRECHT, quien entrega una lista de 30 empresas constructoras, casualmente todas las que hacen obra pública, con un claro objetivo: parar toda la inversión pública.
• A partir de lo dicho por el colaborador eficaz, la Fiscalía lanza la investigación con un impactante manejo mediático.
• Lo paradójico es que, a partir de ahí los políticos, los medios de comunicación y los líderes de opinión asuman que las 30 empresas están en calidad de investigadas y comprometidas con el caso. Por esta razón, ninguna entidad de la Administración Pública se atreve a contratar con las 30 empresas para la realización de nuevas obras públicas. Ya ha habido varias licitaciones del MTC que están estancadas porque se ha tachado a todas las empresas de la lista que se hayan presentado. Por su parte, los bancos no les conceden créditos y, es más, tratan de reducir su exposición con las 30 constructoras.
• Por otro lado, la participación de árbitros en procesos seguidos por Odebrecht ha afectado la imagen del sistema arbitral en el Perú, pues se considera que “el arbitraje, terminó siendo un sifón a través del cual la transnacional sacó decenas de millones de dólares más a un Estado inerme, incompetente o cómplice” (IDL).
• Se ha generado el mito de que todos los arbitrajes por contrataciones públicas siempre los pierde el Estado y, como consecuencia de ello, se han introducido sobre-regulaciones que han tenido el efecto contraproducente de disminuir la competencia en las licitaciones de obras públicas.
• La creencia equivocada de que hay un Club de la Construcción integrado por 30 empresas, ha originado que las entidades del Estado busquen cualquier excusa, más allá de lo que establece la ley, para adoptar medidas que desnaturalizan el arbitraje, dilatando los procesos o estableciendo restricciones ilegales en los contratos. 

• A todo esto, se sumará el cambio de mando en los gobiernos regionales y locales en enero próximo. Esto origina impactos que también inciden en la parálisis del sector de la construcción. Por ejemplo, mediante:
  • El desconocimiento de los compromisos asumidos por las autoridades anteriores.
  • El no reconocimiento de las valorizaciones pendientes de pago, no gestionar las transferencias presupuestales para incumplir los pagos o simplemente decidir no pagar los montos reconocidos.
  • El destinar lo presupuestado originalmente para la obra en curso hacia otra distinta, incumpliendo con los pagos correspondientes.
  • El incumplimiento y desconocimiento de los laudos arbitrales
  • En contratos de servicio, el no continuar con los pagos pendientes, con lo cual se interrumpe la prestación de los servicios contratados.

VII. Nuestra Propuesta

RECONSTRUYAMOS EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

1. Viabilicemos los proyectos de infraestructuras
2. Reiniciemos las obras suspendidas
3. Nivelemos el piso para todos los agentes económicos
4. Permitamos que las empresas peruanas del sector construcción sean efectivamente sujetos de contratación por parte del Estado, en Lima y en las regiones
5. Apoyemos la recuperación su capacidad crediticia
6. Permitamos que nuestros mejores técnicos y administradores de obra vuelvan a trabajar sin cortapisas
7. Bajemos la presión mediática generalizada y desenfocada

Todo esto es por supuesto, en gran medida responsabilidad del gobierno. Pero no solo del gobierno, también lo es de la clase dirigente empresarial, académica y mediática.

Sin excusar responsabilidades que deben perseguirse sin tregua, debemos dejar de hacer daños que repercuten en el conjunto de la economía, sin que, además, sean efectivos en perseguir delitos.

Ya hemos causado suficiente daño. Los ciudadanos esperan que el país recupere su sensatez y la construcción de la prosperidad. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 19 de octubre de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

El problema no es sólo la Costra del 5to. Nivel… esa burocracia parasitaria que maltrata – sin piedad – a la sufrida población peruana. Ese cardumen de gente corrupta, indolente, e incompetente que se ha enquistado en muchos espacios del aparato gubernamental.

El Estado padece también de otros parásitos… cada cual más dañino que el otro. El célebre Club de los Constructores es uno de ellos. Odebrecht y su pandilla… ¡cuánto daño nos han hecho a los peruanos!

Pero ojo… Ica también tiene su Club de Constructores. Piura también. Y Arequipa, Junín, Cusco… todas las regiones tienen su Club de Constructores.

No obstante, hay otros clubes de la corrupción. El Club de los Consultores… por ejemplo. La nuez es así. La Costra del 5to. Nivel no mueve un dedo sin un informe elaborado por un consultor externo. Informe legal. Informe técnico. Informe económico – financiero. Estudio de mercado. Perfil y Expediente Técnico. Estudio de Impacto Ambiental. El Estado gasta una millonada en informes elaborados por consultores externos coimeros. Informes que no sirven para nada. Y que – para colmo – son puro COPY – PASTE.

Después está el Club de los Tramitadores. Los tramitadores de brevetes son los más conocidos. Pero hay más. Para cada tipo de licencia hay mil tramitadores. Operan con total impunidad – a vista y paciencia de todo el mundo – a sabiendas de que están en contubernio con los funcionarios responsables de atender dichos trámites.

Incluso, hay tramitadores que se dedican a conseguir financiamiento para proyectos de inversión pública. Recordemos a los Mamani videos. En esas mafias están metidos los tramitadores propiamente dichos, autoridades regionales y municipales, funcionarios de ministerios, y – hasta – Congresistas de la República.

Pasemos al Club de los Proveedores. Aquellos que estafan al Estado a través de la venta de todo tipo bienes y servicios. Expertos en sobrevaloraciones, adulteraciones, falsificaciones… y todo lo demás. Venden medicamentos vencidos, computadoras sin memoria, maquinarias “nuevas” con piezas usadas, o – simplemente – cajas vacías. Léase… cajas que no contienen los productos que – supuestamente – debían contener. Todo arreglado – bajo la mesa – con funcionarios corruptos enquistados en el Estado.  

Y termino con el Club de los Parlamentarios. Aquel club de congresistas que promulgan leyes con nombre propio. Aquellos que les sacan el jugo a sus inmunidades parlamentarias. Y que – a la hora de la hora – se blindan entre sí… descaradamente. ¡Cuánta marmaja habrá corrido bajo la mesa en beneficio de esos malos congresistas!

Club de Constructores. Club de Consultores. Club de Tramitadores. Club de Proveedores. Club de Parlamentarios. Como dice la canción… “y total corrupción hay en todos lados”. Y conste que por cuestiones de espacio no puedo explayarme en otros clubes parecidos. El Club de los Magistrados, el Club de los Colegios Profesionales, el Club de los Periodistas Chantajistas… y otros que no necesitan presentación.

Parafraseando a Ortega y Gasset se podría decir. Los peruanos somos nosotros y nuestra circunstancia… y si no la salvamos a ella, no nos salvaremos nosotros. Más claro… ni el agua. Si no salvamos a nuestro país de la corrupción… no nos salvaremos nosotros.

Confrontar a la corrupción con alma, corazón y vida. Eso es lo que estamos haciendo en el Gobierno Regional de Ica – precisamente – para salvarnos a nosotros mismos. Lampadia

César Azabache Caracciolo
Para Lampadia

La agenda institucional ha quedado atrapada en cuatro asuntos sobrepuestos: La anulación del indulto, la detención de Keiko Fujimori, la solución del caso Chávarry y ahora la aprobación de la ley de desactivación parcial de las condenas impuestas a adultos mayores. Los cuatro asuntos reclaman soluciones urgentes.

1. El indulto se anuló el 4 de octubre, con un Alberto Fujimori que evidentemente tuvimos que tolerar que terminara internado en una clínica. Tenía todo el sentido del mundo que la mayoría del Congreso retomara la idea desechada por ellos mismos al principio del periodo basada en una ley que permita a los ancianos cumplir bajo ciertas condiciones el saldo de sus condenas en detención domiciliaria. Pero la manera constructiva de resolver el momento suponía entregar estas decisiones a un Juez y dejar a salvo los derechos de las víctimas, a través de un procedimiento que incluya a quienes aún en el presente viven impregnados por el dolor que causaron los crímenes del pasado. La meta apropiada en términos institucionales suponía poner las cosas donde estaban antes de diciembre de 2017, cuando el proceso iniciado en tiempos de Humala sufrió́ la enorme interferencia que le impuso un PPK que evidentemente solo pensaba en salvar su propia vacancia, a toda velocidad y a cualquier costo. Al no dirigirse a las víctimas, Alberto Fujimori comenzó́ a insinuar que mantiene intacto el desprecio que hasta ahora le impide percibir que su propio proceso, acaso el último del que será́ protagonista, sólo se volverá́ sostenible si comienza por lanzar puentes de reconocimiento mutuo hacia quienes resultaron afectados por los hechos por los que él en persona ha sido condenado.
2. El 10 de octubre, a pedido del Fiscal Pérez Gómez el Juez Concepción Carhuancho ha ordenado la detención por 10 días de Keiko Fujimori y de otras 19 personas a las que relaciona con una maquinaria que encuentra montada para lavar el millón de dólares que Odebrecht sostiene haber entregado en efectivo a dos dirigentes del partido con ocasión de las elecciones de 2011. La decisión no tiene nuevas evidencias, salvo algunos registros formales de comunicaciones telefónicas vacíos de contenido. No anuncia la proximidad de una acusación en forma ni el descubrimiento de una interferencia con las investigaciones o de un plan de fuga en marcha. No explica porqué necesita que los intervenidos pasen 10 días bajo detención justamente ahora. Entonces la medida nos deja en una incertidumbre imposible de despejar. Y esta incertidumbre arriesga la legitimidad de la medida y de las autoridades que la han promovido. Las decisiones judiciales que no se explican por sí mismas no son decisiones apropiadas. Pero además las fiscalías anticorrupción ya se expusieron más de lo necesario en el caso Humala. No encuentro sentido a que se arriesguen igualmente ahora, menos si están preparando alguna evidencia concluyente que aparentemente aún no tienen lista. En todo caso, espero que la fiscalía tenga algo concluyente que mostrarnos. Si no, el respaldo moral de su caso contra Keiko Fujimori se verá fuertemente afectado en apenas algo más de una semana. Y es más que incómodo institucionalmente pretender que la Fiscalía merezca el beneficio de la duda cuando se pide que toleremos el costo sobre la libertad de personas (inocentes o culpables esa es otra discusión). La Fiscalía entonces ha asumido un reto enorme y está poniendo en esto demasiado en juego. Esperemos que no sea cierto que procedió́ únicamente para forzar a la Suprema a no declarar en retardo el caso más antiguo de los que tiene entre manos, el de los cocteles, que fue desestimado a su favor al día siguiente de la detención, el 11.
3. El caso Chávarry quedo entre tanto invisibilizado en medio de la coyuntura. El debate que encierra se refiere en efecto a asuntos de moral pública y no a crímenes que puedan reclamarse probados. Tiene entonces diferencias que es preciso reconocer si se le compara con los debates que acaban de terminar sobre el señor Hinostroza. El caso del Fiscal de la Nación tiene que ver con el rotundo fracaso del proceso de elección del Fiscal de la Nación, que ha demostrado no poder garantizar la solidez institucional de una de las magistraturas mas importantes del país. Tiene que ver además con la ausencia de procedimientos claros de rendición de cuentas, exigencia de responsabilidad política y destitución de quien en los hechos tiene que gestionar institucionalmente un recurso publico tan escaso como la persecución penal. Sin duda este es uno de los asuntos peor regulados por la Constitución de 1993 y merece cambios que comprometen reformas constitucionales. En medio del referéndum en proceso, tomar decisiones definitivas sobre un asunto que tiene esta envergadura puede ser un verdadero sin sentido. El caso Chávarry entonces, merece un clima más calmado para terminar de evaluarse. Un nuevo informe de las Fiscalías Supremas y Superiores sobre el estado de las políticas del sector y sobre el significado de los acuerdos recientemente difundidos que pedían la remoción del Fiscal de la Nación podría ayudar a aplazar este debate y trasladarlo a un momento en que pueda ser abordado condiciones más equilibradas que las que ahora tenemos. El caso Chávarry compromete una cuestión sobre el modo de reorganizar a la autoridad a la que se ha encargado la administración de un recurso tan escaso como la percusión del delito. Debe entonces ser debatido con calma. No en este momento.
4. En medio de esta sobrexposición de temas complejos el Congreso no tuvo ayer mejor idea que poner las cosas en mayor tensión aprobando una ley que se proclama dirigida a resolver la cuestión Fujimori, pero no la resuelve, sino que la expone todavía más a situaciones regresivas. Violando la Constitución, el Congreso pretende entregar al INPE sin la medicación de un Juez el procedimiento para establecer la forma de cumplimiento del saldo de condena de adultos mayores a 65 años (hace 40 años que la expectativa de vida promedio en el Perú equivale a 75 años, no 65). Debería bastar esto para que el Ejecutivo observe la ley y no la promulgue. Sin duda el INPE debería protestar por este intento de involucrarle en decisiones que no están dentro de sus competencias. Pero además la ley aprobada no tiene clausulas especiales para los casos que comprometen graves violaciones a los derechos humanos. Y no contiene ninguna condición que le conceda la palabra a las víctimas afectadas por los crímenes que provocaron la condena cuyo destino final se pretende modificar casi de plano. Entonces la ley no sólo debe ser observada por el Ejecutivo (cosa que por cierto encierra el riesgo de una torpe insistencia del Congreso) sino que además puede ser dejada sin efecto por el Tribunal Constitucional, que debería proceder con urgencia porque sin duda se pretende forzar su aplicación rápidamente. Y queda claro que una sentencia que reproduzca el sentido del fallo que hace solo unos días anuló el indulto de Alberto Fujimori (indulto precario, como ha quedado en evidencia) no le va a hacer bien a nadie, tampoco al supuesto beneficiado por la medida. Me atrevo entonces a sospechar que tienen razón quienes sostienen que esta ley no ha sido pensada para resolver los problemas de Alberto Fujimori, sino para aprovechar de manera perversa la oportunidad que el caso genera y filtrar una variante de la ley de amnistía de 1995, que en el 2010 intentó regresar al sistema legal como una reforma que autorizaba desestimar casos sobre derechos humanos por retardo en el juzgamiento.

Cuatro asuntos sobrepuestos. Los cuatro de diferente tesitura. Pero los cuatro reclamando decisiones institucionalmente maduradas en condiciones de un equilibrio reflexivo que sólo el debate, jamás el apresuramiento, nos podrían conceder. Lampadia

Nota. El autor ejerce la defensa de Milagros Maravi, incluida en el procedimiento únicamente en atención de ser pareja de Augusto Bedoya y aportante a la campaña del partido al que entre los años 2010 y 2011 respaldó como parte del equipo de plan de gobierno. Ejerce además la defensa de su hermano, incluido en el caso por razones semejantes. No tiene relación con ninguna otra persona relacionada con esta historia.

Oscar Schiappa-Pietra (¹)
Para Lampadia

Las investigaciones fiscales y procesos judiciales que se realizan en Brasil y en diversos otros países latinoamericanos demuestran palmariamente la acción sistemática de corrupción de Odebrecht y de otras empresas constructoras brasileñas en perjuicio de intereses de alrededor de diez países de la región y dos del África.

Un aspecto que maximiza la gravedad de estos hechos radica en el involucramiento activo, directo e intenso de funcionarios del Gobierno Federal del Brasil en la promoción y facilitación de esa exportación de la corrupción, incluyendo a algunas muy altas autoridades públicas.

Esto tiene sustanciales implicancias ante el derecho internacional, por cuanto configura la existencia de responsabilidad internacional del Estado Federal del Brasil.

Desde una perspectiva jurídica, pueden distinguirse dos tipos de conductas ilícitas por parte de los referidos actores brasileños:

• de un lado, el financiamiento ilegal de campañas electorales;
• del otro, el soborno directo para lograr contratos de obras públicas.

En uno y otro caso, el Estado Federal del Brasil ha violado principios fundamentales de las relaciones internacionales, consagrados en el art. 2º de la Carta de las Naciones Unidas y en la Resolución 2131 (XX) de su Asamblea General: el respeto a la soberanía y la prohibición de intervención en los asuntos internos de los estados. Tanto la realización de elecciones libres y transparentes para designar autoridades gubernamentales, como la realización de procesos de contratación honestos para ejecutar obras públicas, son asuntos claramente inscritos en la esfera de la soberanía estatal, ante los cuales otros estados y demás actores internacionales tienen la obligación de no interferir.

Las acciones del Estado Federal del Brasil, en complicidad con Odebrecht y otras empresas constructoras de su país, configura además la violación por parte de aquél de diversas otras normas en distintos ámbitos del Derecho Internacional. El financiamiento ilegal de campañas electorales atenta contra el espíritu y letra del art. 25º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagra los derechos de participar en la dirección de asuntos públicos, al voto y a ser elegido para acceder a cargos públicos. Es evidente que el aporte ilegal de financiamiento para fines electorales desnaturaliza el carácter libre, autentico y competitivo en condiciones de igualdad, que debe permear a toda elección de autoridades públicas. En tal virtud, el Estado Federal del Brasil también ha violado su obligación, prevista en el art. 3º del mismo tratado internacional, de comprometerse a garantizar -en este caso, mediante su abstención de promover la financiación ilegal de campañas electorales- la igualdad en el goce de los derechos previstos en el referido art. 25º. Huelga recordar que el Estado Federal del Brasil es parte de este fundamental tratado, así como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contiene prescripciones idénticas, y por tanto está obligado al cumplimiento de las normas de ambos.

Tanto en lo tocante al financiamiento ilegal de campañas electorales como al soborno directo para lograr contratos de obras públicas, el Estado Federal del Brasil ha violado diversas normas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y de su símil americana, incluyendo las obligaciones de:

• prevenir la corrupción de funcionarios públicos por parte de empresas privadas;
• promover la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos;
• dictar medidad para aumentar la transparencia respecto de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, respecto de la financiación de los partidos políticos; y,
• de cooperación internacional para formular y aplicar políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción.

De modo más específico, el Estado Federal del Brasil ha incumplido con sus obligaciones de prevenir el blanqueo de dinero, previstas en el art. 14º de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y del encubrimiento, previstas en el art. 24º del mismo tratado.

Ante esta situación de grave y masiva violación de normas de derecho internacional por parte del Estado Federal del Brasil, éste tiene la obligación jurídica de reparar los daños causados. De acuerdo a los principios de derecho internacional universalmente reconocidos, la reparación puede consistir en la restitución, la indemnización y la satisfacción. En el caso que nos ocupa, la restitución ha devenido en imposible, de modo que el Estado Federal del Brasil debe indemnizar al Perú y brindarle la correspondiente satisfacción.

 (¹)  Internacionalista, con maestrías en Derecho Internacional Económico (Universidad Católica del Perú) y en Derecho Internacional y Comparado (George Washington University, Estados Unidos). Vocal de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional.

A diferencia de otros países que supieron fijar prioridades y cautelar sus intereses, luego de las revelaciones de corrupción de Odebrecht en el Perú, nuestro gobierno (PPK), hizo todo mal, a pesar de que, un mes antes del DU 003, se le recomendó cómo proceder y evitar riesgos.

Ya que la orientación del DU 003, ‘empoderaba’ al ministerio de Justicia, y tanto PPK como el primer ministro Zavala no dominaban el tema, tenemos que asumir que el decreto fue inspirado por quién entonces estaba a cargo de la cartera, Marisol Pérez, una ministra con agenda propia, que no supo servir los intereses nacionales.

El diseño del DU 003 fue fatal, paralizó obras esenciales, destruyó empleo y quebró empresas, dejando al país sin capacidad de enfrentar la reconstrucción de los impactos causados por el ‘niño costero’, ni de relanzar las inversiones esenciales para recuperar el crecimiento económico.

Peor aún, tuvimos muchas oportunidades para enmendar los errores, pero tanto el gobierno como la oposición de FP se mantuvieron en un juego político suicida. El gobierno de PPK no atinaba a nada, y en FP estaban obnubilados con el deseo de castigar al supuesto monstruo de José Graña MQ y su aludido manejo del (por su lado) absurdo anti-fujimorismo de El Comercio.

Finalmente, a la hora undécima, el MEF logró articular, la Ley 30737, que se conversó con tirios y troyanos, y a la cual no se plantearon mayores objeciones por parte de varios agentes económicos vinculados al problema de la parálisis generada por el DU 003, porque la nueva ley, con todos sus defectos, era mejor que el DU 003 y que el eventual vacío del vencimiento del DU, sin el imperio de una nueva norma.

Pero, como ‘el diablo está en los detalles’, la nueva ley no se ha podido reglamentar hasta ahora, manteniendo un espacio de incertidumbre que solo agrega más daño a todo lo acumulado hasta hoy.

A estas alturas, es mejor ir adelante con el reglamento, pero organizando un grupo de trabajo que incluya al Ejecutivo, Congreso, un par de gobiernos regionales, consultores y constructores, para, en paralelo, ir diseñando un nuevo mecanismo que recoja las observaciones planteadas y se oriente a conjugar los resultados de la norma en función de un arreglo sensato de prioridades.

Anoche el gabinete habría aprobado el reglamento de la ley. Veremos si recoge algunas propuestas de cambio. Mientras tanto, veamos nuestras observaciones:

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY 30737

I. SU ORIENTACIÓN

La Ley 30737 parte de una base errónea, pues prioriza fundamentalmente mecanismos que tratan de asegurar el pago inmediato de las reparaciones civiles a favor del Estado, fijando un 10% del presupuesto de todas las obras públicas manejadas por las empresas sometidas a casos de investigación.

No recoge la importancia para el país, trabajadores, proveedores, de la economía en general, de la necesidad de que las obras públicas paralizadas por los efectos del DU 003, se reanuden y que las distintas entidades del Estado puedan llevar adelante nuevas obras.

Se mantienen bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia, múltiples instancias de gestión vinculadas a los fideicomisos, algo para lo cual no está capacitado y será, sin lugar a dudas, una traba infranqueable para el manejo de las obra y proyectos.

Los otros objetivos declarados en la norma son puramente declarativos, pues el primer objetivo de la norma se opone a su consecución: no incentiva la colaboración eficaz, no evita la paralización de las obras públicas ni las de las asociaciones público privadas, y no evita la ruptura de la cadena de pagos.

II. ¿POR QUÉ NO FUNCIONARÁ EL REGLAMENTO?

• No se prioriza la obra pública y se queda únicamente en cálculos económicos de la reparación civil sin tomar en cuenta la realidad de las obras paralizadas, ni de los proveedores y trabajadores impagos de construcción civil.
• El monto a colocar en un fideicomiso del 10% del presupuesto de reparación civil es casi siempre superior a la utilidad de las obras contratadas investigadas. Es decir, el pago de la reparación es muy alto respecto del patrimonio, lo cual solo conduce a la quiebra de la empresa. Este monto no debería ser superior al 20% del patrimonio.
• Las empresas al incurrir en montos que exceden el patrimonio no son sujetas a crédito por carta fianza y crean problemas de caja que concluyen en la ruptura de la cadena de pagos y el abandono de las obras. Tengamos presente que si las obligaciones son 2/3 de su patrimonio son declaradas en quiebra formal ante el INDECOPI.
• Las empresas estarían propensas a pérdidas con efectos en el empleo y puestos de trabajo. No olvidemos en las reuniones de las comisiones de Economía y de Justicia que antecedieron a la aprobación de la Ley 30737 se pudo conocer de propia voz del sindicato de trabajadores obreros de construcción civil una pérdida de 100 mil puestos de trabajo debido a la paralización de obras y 60,000 trabajadores impagos, así como de la Asociación de Proveedores de Odebrecht que señaló que a esa fecha ya habían quebrado 169 empresas peruanas que habían dado servicio a la contratista brasileña.
• No se puede cumplir los objetivos de la norma por exagerar la reparación civil. Por esta razón, sigue creciendo el círculo vicioso de la incertidumbre ante los actores económicos, quienes no podrían definir el riesgo de una organización pues sería irrelevante saber si ejecutó un proyecto cuestionado o no, y tiraría por los suelos la posibilidad de recuperar la confianza de los decisores económicos para el sector construcción.

III. ¿QUÉ SE DEBE HACER PARA QUE FUNCIONE?

Se necesita un régimen simple aplicable a las empresas investigadas que permita asegurar la separación de activos y los recursos a un fideicomiso que garanticen al Estado la reparación civil en caso resulten culpables, pero a su vez debe evitar que esas mismas empresas terminen estranguladas por la ley y quiebren. Porque una empresa quebrada no paga reparación civil, ni proveedores ni trabajadores, y mucho menos concluye los proyectos de infraestructura a su cargo.

El proyecto de reglamento debe incluir:

• El incentivo a la colaboración eficaz
• La estrategia para evitar la paralización de las obras
• El blindaje de la cadena de pagos

Las empresas investigadas deben sobrevivir, concluir sus proyectos, pagar sus deudas y destinar todo recurso que no se use para pagar la reparación civil. Solo así se logrará la meta integral de la ley. No al revés.

Con ese objetivo propusimos en Lampadia, en enero de 2017, la figura del interventor, recogida a medias en la ley, sin darle el peso adecuado como veedor, el interventor tendría que auditar la contabilidad de cada empresa y/o proyecto, y verificar el buen uso de los recursos. Que una empresa que está siendo investigada no pueda usar ni un centavo para repartir dividendos o utilidades. Que ningún accionista pueda recuperar los préstamos hechos. Y que año a año esos recursos remanentes sean destinados al fideicomiso que garantiza el pago de la reparación civil. Y no por 5 años como indica el reglamento, sino por todos los años que se requiera, hasta llegar a completar el 100% de la reparación civil calculada.

Solo así se logrará recuperar la confianza del sistema financiero, que hoy se encuentran a espaldas al sector construcción.

Ver en Lampadia:

A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente)

DS 003 y PL 1410, despropósitos y pasiones

DU 003, fiducias, confusiones e irresponsabilidades

Del 003 a la Ley Frankenstein

Lampadia

Con este artículo, nuestro colaborador Sebastiao Mendonca, inicia una serie de artículos para describir el origen, formación, gobierno y debacle del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, fundado y destruido por Luiz Inácio Lula da Silva.

Con la carcelería de Lula, se termina una larga época de penetración del socialismo de viejo cuño en toda la región latinoamericana, que promovió financió y corrompió por doquier, haciendo méritos al dictum comunista de ‘el fin justifica los medios’.

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Creado en 1980, el Partido de los Trabajadores (PT), llegó a ser la principal referencia ideológica de la izquierda latino americana, ocupando el vacío dejado por el fracaso del castrismo y el colapso del comunismo soviético. Partido de un líder, Lula, el PT llegó a gobernar el Brasil por 13 años, pero terminó en medio de una grave crisis económica y moral, dejando un legado problemático para la democracia brasileña y un sabor a decepción para quienes creyeron en los discursos de su líder.

Movimientos políticos previos

Para entender como surgió el PT hay que regresar al pasado, a los momentos previos a su fundación, cuando el Brasil estaba convulsionado por las corrientes populistas herederas del caudillo nacionalista Getúlio Vargas, y con una clase media ideologizada y radicalizada.

Al principio de los años 60, se combinaron dos procesos: la radicalización de la izquierda brasileña y la exportación de la revolución cubana. Diversos grupos (comunistas, trotskistas y católicos) optaron por la violencia para imponer sus ideas sobre la sociedad y pudieron contar con el entrenamiento militar y apoyo financiero de Cuba. Esos movimientos pro-violencia nacen en los sectores medios urbanos que creían que el Brasil vivía una “crisis revolucionaria”, y que tenían la oportunidad de capturar el poder en poco tiempo.

Mientras esto sucedía en el centro-sur del país, en el noreste, grupos radicales se dedicaron a organizar un movimiento de tomas de tierra con organizaciones de campesinos, las llamadas Ligas Camponesas. El propósito de todos esos movimientos (MNR[i], ALN[ii], VAR-Palmares[iii], Ligas Camponesas,[iv] AP[v], etc.) era instalar una dictadura socialista en Brasil, al estilo de Cuba, de la Unión Soviética o de China. Dilma Rousseff (posteriormente presidente de Brasil), era militante del grupo que se conoció como VAR-Palmares, liderado por Carlos Lamarca un ex-capitán del ejército, que se dedicaba a realizar atentados y asaltos.

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El 17 de marzo Lava Jato cumplió cuatro años. En esos 1,460 días, Lava Jato ha puesto en marcha 49 operaciones de gran escala (una por mes), teniendo un impacto inmenso en la política y en la forma de hacer negocios en Brasil y varios otros países.

Investigando el uso de grifos para el movimiento ilegal de dinero (de ahí su nombre Lava Jato, lavado a chorros), la operación chocó con la participación de un ex-director de la Petrobras, Paulo Roberto Costa. Siguiendo ese hilo, la investigación descubrió el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, y unos de los más importantes a nivel global.

En sus investigaciones, Lava Jato ha involucrado al ex-presidente de Brasil, Lula da Silva (PT), a presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado Nacional (PMDB), a Gobernadores de Estado (PMDB), ex-ministros, y a empresarios de algunas de las principales empresas públicas y privadas de Brasil: Petrobras, Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS, entre otros. Ni siquiera el famoso empresario Eike Batista se salvó de las investigaciones ni de la prisión.

Lava Jato se inicia el 2014 como una tercera fase de las operaciones de la Policía Federal contra la corrupción y lavado de activos, y se monta aprovechando de las lecciones de las operaciones anteriores. Todo comienza en el 2008 con una investigación sobre lavado de dinero en el escándalo de corrupción del Partido de los Trabajadores (PT) conocido como el Mensalão. Posteriormente, el 2013, con la Operación Miquéias, la Policía Federal descubre que el cambista Alberto Youssef, investigado en el Mensalão, estaba de nuevo en operaciones. Y para investigarlo, la Policía Federal creó la Operación Lava Jato. Es investigando el lavado de activos que los investigadores descubren una Land Rover “Evoque” regalada a Paulo Roberto Costa ex-director de Petrobras, y ese pequeño hallazgo abrió las puertas a un gigantesco esquema de corrupción montado por tres partidos aliados: PT, PMDB y PP.

Los números de la Operación Lava Jato son impresionantes para cualquier referencia, sea nacional, continental o global. Después de 49 operaciones consecutivas, Lava Jato ha demostrado un profesionalismo y una productividad extraordinarias:

Lava Jato cambió el Brasil
Lava Jato no acabó con la corrupción, pero visibilizó su existencia en forma clara y profesional y, por primera vez en la historia del país, una investigación criminal alcanzó a los “peces gordos” y no solo los cómplices menores. Finalmente, los comandantes de los esquemas de corrupción fueron alcanzados por las investigaciones y por la justicia.

Algunos de los empresarios y políticos más poderosos del país han sido investigados, condenados y puestos en prisión:

En esos 4 años se ha creado un “Modelo de Lava Jato” de investigación: (1) Los corruptos deben ser apresados, (2) el temor a la prisión estimula la colaboración eficaz, (3) los acuerdos de colaboración han permitido extender la red de investigaciones y recuperar parte de los recursos robados. Como lo explica Sergio Moro, la prisión preventiva ha sido fundamental para la expansión de la investigación.Los 1,753 años de prisión para los 183 condenados, representan casi 10 años de condena a cada uno, en promedio, y muestran que Lava Jato no ha temido develar la corrupción allí donde surge, y ha sabido aplicar la ley como debe ser. A pesar de las protestas del Partido de los Trabajadores (PT) y de Lula da Silva, Lava Jato no ha sido una herramienta de persecución política. Los investigados y acusados han sido de todos los partidos: PT, PMDB, PSDB, PP, DEM, PDT, etc. El problema es que el PT y sus aliados tenían el control de la corrupción en los últimos 13 años. Entonces, ellos aparecen más que los demás.

Lava Jato no ha acabado con la corrupción, ni siquiera ha logrado destapar la mayoría de los mecanismos de saqueo montado por los corruptos. El Estado Brasileño es inmenso y sus recursos son gigantescos (Los activos del BNDES en el 2017 eran de US$271 mil millones, más del doble de los activos del BID). Lava Jato tampoco ha logrado descubrir, ni condenar a la mayoría de los corruptos. La corrupción sigue en el congreso, en los bancos públicos (Banco do Brasil, BNDES, Caixa Económica, etc.), en las empresas públicas (Petrobras, Electrobras, Correios, etc.), en los gobiernos de los 26 Estados, en las 5,570 municipalidades, en muchos de los 16,280 jueces, y naturalmente, en la Policía Militar. Todo lo que Lava Jato ha logrado destapar es solo la “punta del iceberg”. Sin embargo, el Ministerio Público y la Policía Federal están investigando a los corruptos en todos los rincones en donde encuentran indicios de mal manejo.

A pesar de sus limitaciones, el cambio ha sido notable. Una nación que dedica horas por día para asistir telenovelas y futbol ha creado espacio mental para mirar otros temas, más políticos. Los noticieros han cambiado las noticias, los contenidos de las redes sociales han cambiado, y en pocos años la opinión pública se ha vuelto mejor informada sobre los niveles de corrupción de su país, sobre quienes son los corruptos, y sobre la cantidad de la riqueza pública que estaba siendo robada en forma sistemática.

La principal limitación para que el alcance de Lava Jato no sea más amplio ha sido el Foro Privilegiado que protege a más de 50 mil de los principales políticos (diputados, senadores, ministros, gobernadores), los jueces y las autoridades de Brasil. Aécio Neves, ex-candidato a presidente de Brasil y ex-presidente del PSDB ha sido investigado, pero tiene foro privilegiado. Todas las personas con Foro Privilegiado no pueden ser investigadas ni juzgadas en 1ª instancia, como Lava Jato y el juez Sergio Moro, y sus juicios tienen que ser procesados exclusivamente en el Supremo Tribunal Federal (STF).

Sucede que los jueces del STF son nombrados por los presidentes, y muchas veces pone lo jurídico en segundo plano por razones políticas. Además, el STF actúa con una lentitud e ineficiencia chocante. De los 500 congresistas que fueron acusados ante el STF, desde 1988, solo 16 fueron condenados, solo el 3.2%. Los juicios son tan lentos, que lo típico del STF es prescripción de los delitos.

Aún cuando, el STF tenga voto mayoritario para condenar un acusado, cualquiera de sus miembros puede pedir que se suspenda el juicio para que él pueda revisar el caso (Pedido de Vista). El tiempo del Pedido de Vista es ilimitado, y puede durar varios años, a veces, hasta que el delito prescriba. Cuando esto sucede, el juicio se cierra y todos los documentos son devueltos a los procuradores para su archivo. Si un político corrupto logra comprar uno de los 11 jueces del STF, su juicio jamás concluye, y su delito prescribe.

La investigación y castigo de los corruptos no es suficiente para acabar con la corrupción en un país. Se requieren reformas. La dificultad para hacer las reformas necesarias es la actual composición del Congreso Federal: Diputados Federales y Senadores. Los grupos a favor de mantener la corrupción son mayoritarios en ambas cámaras y bloquean cualquier intento legislativo que amenace sus actividades de parasitismo y de saqueo de los recursos públicos.

Un caso representativo ha sido la propuesta de las “10 medidas contra la corrupción”. Ellas fueron presentadas a la Cámara de Diputados con más de dos millones de firmas de respaldo, pero los señores diputados las desfiguraron y modificaron todas las medidas que ponían en riesgo sus prácticas actuales. Finalmente, lo que aprobaron no tenía nada que ver con la propuesta presentada por los procuradores de Lava jato y por la población que firmó.

Ahora, que Lava Jato está llegando a su fin, todos se preguntan: ¿qué viene después?

Lo que viene después no depende de Sergio Moro, ni del equipo de procuradores federales que lideraron Lava Jato. Lo que sigue depende de la política. Depende de quienes serán electos en las elecciones de este año. Los corruptos ya aprobaron los fondos de publicidad que, en su opinión, va permitir su continuidad. Ahora vamos ver en funcionamiento la teoría de Daron Acemoglu de que los cambios institucionales dependen de los desenlaces políticos. La política va definir el futuro de la lucha contra la corrupción en Brasil.

Brasil vive un momento de efervescencia política. Los partidos tradicionales, con excepción del PT, imaginan que van poder seguir en sus puestos, y los nuevos partidos (liberales y conservadores) están optimistas sobre la posibilidad de dar un salto cualitativo en su peso político. Como en toda campaña electoral, los resultados son altamente inciertos, pero podemos decir que una parte importante del impulso renovador que hoy se vive se debe a la labor de Lava Jato. Lampadia

Desde que estalló el escándalo del Lava Jato, en Lampadia identificamos la mano de Lula da Silva, el presidente de Brasil, y del Partido de los Trabajadores (PT), como los responsables de haber montado mecanismos de penetración política, en el Perú, aprovechando la ambición de sus empresas constructoras, para corromper a mansalva.

Lamentablemente, el país no ha aquilatado debidamente, la naturaleza política del escándalo del Lava Jato, porque el endiosado Lula, el ‘rey’ de la izquierda latinoamericana, no podía ser señalado como un traidor y un embustero por la prensa peruana, adicta a subsidiar a las izquierdas. Por lo tanto, el bendito escándalo ha terminado siendo reputado como corrupción empresarial, en la que se quiere ahora, meter a tirios y troyanos.

Paralelamente, como nuestra clase dirigente, no política, está ausente del debate nacional, hemos liberado a Lula y su PT, de la ominosa responsabilidad que les toca arrastrar por el resto de su existencia.

Pero, como diría el politiquero de la PUCP-Harvard, Steven Lewinsky, ‘ahora no quedan dudas de la traicionera maniobra de la izquierda brasileña’, organizada para favorecer a sus ‘súbditos’ peruanos; como, los Humala-Heredia, Villarán, et al, y sus agentes recaudadores; así como para comprometer a toda la clase política.

Veamos como la colaboración a Humala-Heredia, candidato en el que no creían, fue ORDENADA por Lula y el PT, según Marcelo Odebrecht:

La traducción oficial del testimonio de Odebrecht en Curitiba

El Comercio accedió a la transcripción oficial del audio del interrogatorio al ex CEO de la constructora realizado en noviembre del 2017 (…)

—Ollanta Humala—

Sobre la entrega de US$3 millones para su campaña electoral.

Fiscal José Domingo Pérez: […] ¿Cuál era la finalidad o qué buscaba posteriormente con el aporte que daba a la campaña?

Marcelo Odebrecht: En el caso del aporte que yo manejé, que fue ese que se hizo a Ollanta Humala, yo, en realidad […] no fue iniciativa mía. Hice eso… a pedido del gobierno de Lula, por mi relación con el gobierno de Lula […], al dar un apoyo político de 3 millones de dólares, al saber que nosotros éramos personas de confianza del gobierno brasileño, eso, de cierto modo, te abre las puertas y permite que uno tenga más acceso a él para influir. (Audio 2 – Páginas 86-87/ Versión web 12-13)

Marcelo Odebrecht: […] En el caso específico de Ollanta Humala, nosotros teníamos más acceso a Ollanta Humala que los empresarios peruanos que vivían en constante lucha con él. (Audio 2 – Página 98/ Versión web 24)

Marcelo Odebrecht: Del monto que yo tenía aquí con el PT [Partido de los Trabajadores]; es decir, ellos me pidieron que lo destine a Ollanta Humala, yo, en esa época incluso comenté que no sabía, en realidad, si era por una cuestión geopolítica; es decir, de Brasil… eh… por similitud política entre el PT y Ollanta Humala, o si era por una cuestión de que existían dos ex integrantes del PT, Garreta y Favre, que apoyaban la campaña de Humala, pero de cualquier manera me pidieron dar esa donación. (Audio 2 – Página 104/ Versión web 30).

No quedan pues dudas sobre la naturaleza de la corrupción brasileña y su origen y destino político. El ‘rey’ de las izquierdas, el forjador del Foro de Sao Paulo, que albergó a todos nuestros proponentes del pos-extractivismo, es el peor corruptor de la izquierda latinoamericana.

Igualmente esclarecedora, es la entrevista de agosto del 2015 a Salomón Lerner, primer ministro de Humala, quien marcó diferencias con el chavismo, para recalar en la esfera de Lula y el PT.

Entrevista de El Comercio a Salomón Lerner Ghitis
El Comercio
Sebastián Ortiz Martínez
27.08.2015

“Al gobierno de Maduro le falta tolerancia frente a oposición”

Así lo afirmó el ex primer ministro Salomón Lerner Ghitis, quien dijo que no permitirá veto de Arana y Mendoza a Simon

Salomón Lerner Ghitis, ex primer ministro y ex financista del Partido Nacionalista, afirmó que si bien la primera dama, Nadine Heredia, cumplió un destacado rol en la promoción de la política social del Gobierno de Ollanta Humala, hizo mal “en entrometerse en otras tareas del Estado”. También analizó el futuro de una izquierda fragmentada de cara a las elecciones del 2016.

(…)

¿Quién trajo a Luis Favre al Perú? ¿Usted hizo las gestiones para que se concrete esa asesoría?

El señor Favre fue una propuesta hecha por el Partido de los Trabajadores [de Lula y Dilma Rousseff] dentro de una terna que vino a Perú. (…).

¿Exactamente quién del Partido de los Trabajadores les propuso a Favre? ¿Fue José Dirceu?

No, no hemos tenido relación con Dirceu. Nosotros teníamos relaciones con la oficina de Relaciones Exteriores del PT. Teníamos una relación con Walter Pomar y también con Marco Aurélio García, quien hasta ahora asesora a la Presidencia brasileña en política internacional. 

¿Por qué el PT estaría interesado en ayudar al Partido Nacionalistas con Favre?
Los partidos de América Latina de la izquierda progresista, que son entre 90 y 100, trabajan en forma conjunta en el Foro de Sao Paulo. El PT es parte de ese foro, donde también estuvo el Partido Nacionalista. Entonces, ahí se tiene la posibilidad de conseguir los perfiles de los asesores de los grupos de izquierda progresista de la región. [¿Y la plata?]

Ahora, el ‘rey’ Lula ha sido condenado por corrupción a 12 años de cárcel. Esperemos que nunca retome el poder en Brasil. Ya es hora que las izquierdas dejen “el fin justifica los medios” del estalinismo.

Aprendamos a señalar las cosas como son. No dejemos que los ‘relatos’ (especialidad del régimen cubano), difundan más pos-verdades, para corromper las mentes de nuestros ciudadanos. Lampadia

Luiz Inácio Lula da Silva, el ex presidente de Brasil, puede estar a punto de ir a la cárcel por hasta 10 años si un tribunal de apelaciones confirma este mes una condena por corrupción. Esto, sin embargo, no ha impedido que continúe con su carrera política y que aún cuente con un fuerte apoyo.

El juicio de Lula en segunda instancia está programado para el 24 de enero, donde tres jueces federales deberán decidir si convalidan la sentencia del juez Sergio Moro, quien condenó al líder del Partido de los Trabajadores a 9 años y medio de prisión. Sin embargo, Lula todavía no va a la cárcel ya que el juez Moro afirmó que “Considerando que la prisión cautelar de un expresidente de la República no deja de envolver ciertos traumas, la prudencia recomienda que se aguarde antes de extraer las consecuencias propias de la condenación”. (Cuidado que no se tuvo en el Perú con el ex presidente Humala y su señora, ni con empresarios que no tenían procesos abiertos y se les dio prisión preventiva. Una práctica abusiva que debe suspenderse).

Como afirma Sebastiao Mendonça Ferreira en Un juicio para la historia, “La sentencia de Moro sobre Lula es considerada un ejemplo académico de calidad y la tradición en el TRF-4 es confirmar o ampliar las sentencias dictadas por Moro. Sin embargo, este fallo afecta grandes intereses políticos y los partidarios de Lula están organizando manifestaciones en todo el país para presionar a los jueces del TRF-4”.

De acuerdo a las leyes de Brasil, hay una segunda instancia y hasta que ésta no lo condene, Lula puede postular. Sin embargo, si la sentencia se ratifica en esta segunda instancia, Da Silva no podrá volver a postular a la presidencia en el 2018.

En Brasil hay aparentemente dos tipos de inclinación: hay gente que dice que sería muy bueno que se le condene de una vez para que no postule y hay otros que dicen que sería muy malo que la condena sea antes de las elecciones porque, como piensan que no va ganar, consideran que lo ideal sería que el Partido de los Trabajadores (PT) tenga una derrota política en su haber. Si la condena sale después de la elección y él saliera elegido, se suspende su aplicación hasta que termine su mandato, en cuyo caso el haría todo lo posible por alargarlo de alguna u otra manera hasta que ya no importe si va a la cárcel o a un hospital.

Lo cierto es que, desde este lunes, los magistrados han viajado a Brasilia en busca de “garantías” contra manifestaciones de los seguidores de Lula como también de sus opositores. Afirmaron que el juicio correría “peligro” ante los ánimos enervados de los fieles y de los adversarios. En simple, El Mercurio resume las tres alternativas posibles (glosadas):

“Lula es absuelto

Si el ex Mandatario es declarado inocente, puede postular a la Presidencia. Sin embargo, la fiscalía podría recurrir a los tribunales superiores.

Condena por unanimidad

Si al ex Presidente lo consideran culpable, irá a la cárcel. La defensa tiene entonces hasta el viernes 26 de enero para presentar el recurso de casación, que pone en duda el proceso judicial o sus omisiones, pero que no suspende los efectos de la sentencia. Lula no podría presentarse a las presidenciales.

Condena por dos votos contra uno

Si dos jueces están a favor de la condena a Lula y uno la rechaza, la defensa tiene dos días para presentar el recurso de casación y pedir que el voto que beneficia el imputado prevalezca por sobre los demás. Habría un nuevo juicio, compuesto por siete jueces federales, incluyendo a los tres magistrados.”

Recordemos que Lula viene del noreste brasileño, donde la política ha estado siempre dominada por caciques regionales que adoptaron una serie de acciones de corrupción para controlar y mantener el poder. De alguna manera se puede decir que Lula llevó las prácticas corruptas de sus socios políticos del noreste brasileño al gobierno central, donde entronizó la cooptación de críticos y opositores, y habría participado en el montaje de los circuitos de corrupción de Petrobras y los más grandes grupos empresariales brasileños del sector de la construcción.  Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

Lula, que gobernó el país durante ocho años y lo llevó hacia el proteccionismo y el asistencialismo, cooptando a sus opositores y promoviendo altísimos niveles de corrupción gubernamental, fue detenido brevemente el 4 de marzo, como parte de la operación de Lava Jato. Fue interrogado por acusaciones de haber recibido “beneficios ilícitos” del esquema de sobornos de Petrobras. Los fiscales presentaron cargos de lavado de dinero en contra suya. Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

La mayoría de los inversores creen que la victoria de Lula en las elecciones presidenciales sería perjudicial para la economía brasileña porque el ex presidente ha sido un crítico enérgico de las reformas fiscales adoptadas por la administración actual.

De hecho, Lula dijo que convocaría un referéndum para deshacer esas reformas si es elegido. A los votantes pareció gustarles la idea. La última encuesta de Datafolha, de diciembre, mostró que el 36% del electorado apoyaría al ex presidente en la primera ronda de elecciones. El candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro tuvo el segundo mayor apoyo, del 18%. En una segunda ronda potencial, Lula ganaría en todos los escenarios posibles, dijo Datafolha.

Los votantes apoyan al ex presidente porque, durante sus años como jefe del Ejecutivo, Lula estableció el Programa de Subsidio Familiar (Bolsa Família, en portugués), un programa de transferencia monetaria condicional que beneficia a familias de bajos ingresos.

Sin embargo, fue también durante la presidencia de Lula que estalló un importante escándalo de corrupción, conocido como “Mensalão”. Los fiscales dijeron que la administración del ex presidente sobornó a los legisladores para que aprueben proyectos de ley propuestos por el gobierno. José Dirceu, jefe de gabinete de Lula, fue sentenciado a la cárcel, así como algunos legisladores.

Después del final de su mandato, Lula fue acusado de encabezar un esquema de corrupción aún mayor, donde las constructoras brasileñas -incluida la más grande del país, Odebrecht- se organizaron en cárteles y pagaron sobornos a altos ejecutivos de Petrobras y otros funcionarios del gobierno. Lula terminó controlando una gran maquinaria que debemos llamar ‘Corrupción de Estado e Imperialismo’. Esto fue la hipocresía política llevada a su máxima expresión, un movimiento de izquierda que capturó grandes empresas para corromper y reinar. Adiós las ideas del socialismo, adiós los pobres de la región, adiós los valores de la democracia. Era un inmenso juego político para apoderarse del subcontinente. Ver en Lampadia: La peor Red de corrupción latinoamericana

Lamentablemente los políticos están perdiendo legitimidad. Esperamos que esta sea la oportunidad para limpiar las casas de todos los países implicados en el mayor escándalo de la historia de Latinoamérica, empezando por supuesto, por el malévolo diseño corruptor de la izquierda de Brasil y sus soberbias empresas constructoras, con las que organizó una ominosa acción imperialista en el Perú y otros países de la región. Lampadia

El cese de la Procuradora Julia Príncipe, presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, y de la procuradora Ad Hoc Katherine Ampuero ha creado una crisis institucional  que es solo el colofón de una cadena de errores. Es sorprendente que el gobierno de PPK no tenga buenos asesores y que, peor aún, no escuche los consejos y advertencias que se le hacen desde la civilidad. Veamos:

Error #1: Otorgar Autonomías Constitucionales

El 6 de setiembre de 2016, advertimos en Lampadia sobre lo inadecuado que era dar plena autonomía a la Procuraduría. Ver: Reformas que afectarían nuestras libertades.

• La mayoría de países occidentales no tienen una Procuraduría en absoluto, sino una Fiscalía.
• Mientras más autónoma es una institución, más potencialmente propensa es al abuso (salvo que su poder esté limitado por el de otras instituciones), y/o puede, a su tiempo, convertirse simplemente en una fuente de corrupción adicional. (…) ser recto y no corrupto no es un tema de estándares profesionales, sino de carácter (y ¿cómo se evalúa el carácter?).
• En lo referente al ‘abogado del Estado’, el abogado nunca es autónomo en lo que concierne a su cliente.
• El gobierno, que representa al Estado, debe tener el derecho a intervenir en el trabajo de la Procuraduría en casos de interés nacional.

Posteriormente, el 13 del mismo mes publicamos: La ‘balcanización’ del Estado. Entonces extendimos nuestra preocupación a los casos del Contralor y el Defensor del Pueblo. “En el caso del Contralor hemos visto durante las últimas semanas cómo alguien nombrado apuradamente y sin el debido cuidado, pretende extender absurdamente su presencia en los quehaceres del Estado”.

En Diálogo sobre el Procurador, el Contralor y el Defensor, agregamos:

• Darle poderes omnímodos a un procurador para que pueda hacer lo que le dé la gana y que se convierta en una especie de monarca, es  una barbaridad, nos hemos olvidado de los ciudadanos, las instituciones que necesitamos tienen que ser para defender a los ciudadanos.
• Todo lo hacemos para las excepciones, para los casos malos, para los extremos y legislamos en función de eso, esta cosa del procurador se ha originado en el affair Príncipe-Nadine.
• Aparece un corrupto y se malogra la vida de los 99 honestos que hay en el Perú.  Si hay casos especiales vinculados a corrupción de funcionarios del Estado, habrá que buscar alguna otra figura con los fiscales.

A raíz de la salida de Yeni Vilcatoma de la presidencia de la comisión de Fiscalización del Congreso, insistimos en nuestras advertencias: Autonomía constitucional de la Procuraduría.

• El proyecto de ley propone que la Procuraduría tenga el carácter de un organismo constitucionalmente autónomo (al nivel del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Defensoría del Pueblo), integrado por un Procurador General de la República y un colectivo de Procuradores designados directamente por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por un plazo de siete (7) años renovables. Un verdadero Poder del Estado.
• El Poder Ejecutivo, ha recibido facultades legislativas para “Reestructurar el Sistema de Defensa Jurídica del Estado”, con la idea de crear una Procuraduría como organismo público, dotándola de altos niveles de autonomía.  
• El art. 159º de la Constitución peruana establece que el Ministerio Público representa en los procesos judiciales a la sociedad, conduce la investigación del delito y ejercita la acción penal. Por lo tanto, crear una Procuraduría autónoma, duplicaría y sobrepondría funciones muy delicadas.   
• En el Perú, según la ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado (Decreto Legislativo 1068), los procuradores tienen una función diferente a la del Ministerio Público: representan y defienden jurídicamente al Estado, no a la sociedad. Por eso, los Procuradores están localizados en cada Ministerio, en cada Región y en cada municipalidad, porque representan los intereses de las entidades públicas de las que forman parte. Cumplen dos funciones: i) son los abogados de dichas entidades para su defensa jurídica y, a la vez ii) son los representantes de dichas entidades en los procesos judiciales.
• Carecería de sentido la creación de una Procuraduría General (como insiste en proponer Fuerza Popular), como organismo constitucional de carácter autónomo de los tres poderes del Estado, porque la mayor parte de su función es la defensa jurídica del Estado. Ya existe el Ministerio Público (MP), que sí tiene precisamente autonomía constitucional. Una alternativa sería más bien fortalecer al MP.

Estallada la crisis, el ex congresista Ántero Flores-Araoz dijo que fue el propio gobierno el que se hizo ‘harakiri’ al otorgarle autonomía plena a los procuradores. “En enero del presente año, y en virtud de las facultades delegadas por el Congreso, el gobierno emitió el Decreto Legislativo 1326, por el cual modificó integralmente el Sistema de Defensa del Estado, dándose indebidamente autonomía a los procuradores”. Agregó: “Según la Constitución, los procuradores son los abogados del Estado, (…) no pueden ser autónomos, pues tienen que depender de quién les da el encargo de defensa”.

Es igualmente preocupante que Keiko Fujimori insista en dar mayores autonomías al Procurador General de la Nación.

En resumen, se les dijo, se les advirtió pero no escucharon.

Error #2: El pobre manejo de la crisis del Lava Jato

Cuando estalla la crisis del Lava Jato, en Lampadia (19/01/2017), advertimos la necesidad de establecer acciones efectivas e inteligentes para evitar la cacería de brujas y el desorden, que podían traernos aún más daños. Publicamos nuestro editorial: A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente), donde afirmamos:

• Esta situación establece una crisis muy profunda y compleja de manejar en el Perú.
• Hay que cortar la enfermedad de raíz, pero no podemos matar al paciente: nuestra economía.
• Los daños de la enfermedad se propagan por una serie de vericuetos que habrá que dilucidar, pero hay muchos inocentes que rescatar.

• Entre ellos el personal peruano de las empresas brasileñas en el Perú, que han mostrado niveles de profesionalismo muy depurados y que, en su inmensa mayoría, no tienen nada que ver con las expresiones de corrupción.
• Muchos funcionarios públicos de segundo nivel, que tampoco estarían involucrados en los malos manejos.
• Las mismas obras que, desarrolladas o en desarrollo, son necesarias para seguir construyendo y otorgando mejores servicios a los ciudadanos.
• Las empresas y profesionales peruanos que pueden haber estado vinculados comercialmente a los corruptos, pero no necesariamente a los actos de corrupción.
• Hay que separar la paja del trigo y, para ello, se necesita enfrentar esta crisis con mucha seriedad, sin cacería de brujas, que nos pueda llevar a apuntar a elementos ‘distractivos’ o ‘scape goats’, en lugar de los peces gordos.
• En vez de jugar a la ‘gallinita ciega’, una delicia para los medios irresponsables, debemos empezar a tomar medidas drásticas alrededor de la mata de corrupción, por ejemplo: por necesidad moral de la República, el gobierno debe intervenir las empresas brasileñas involucradas en la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha singularizado a corruptos y corruptores.  
• Esperamos que el gobierno actué con firmeza y rigor, que muestre a la ciudadanía un compromiso absoluto de llegar a las últimas consecuencias.
• ¿Qué mejor manera de hacerlo, que vigilando la gestión de dichas empresas desde adentro? Cuidando así de evitar daños colaterales, pero evitando también que todas las acciones de las empresas estén dirigidas a cautelar el mejor interés nacional, y no a salvaguardar los intereses de los corruptos.
• De esta manera se puede dejar el tiempo y espacio para que los procesos judiciales, que deben ser lo más sumarios posibles, puedan ejercerse con seriedad.

Ver también: La crisis de corrupción requiere rigor y tranquilidad (2 de febrero, 2017).

Como todos conocemos, la falta de visión y decisión del gobierno originó que diferentes estamentos del Estado inicien acciones descoordinadamente y sin responder a una estrategia general, como las desarrolladas por la Contraloría, la Fiscalía, el Poder Judicial, las Procuradurías y la Sunat. 

Hoy día tenemos que lamentar la interrupción de proyectos, los impagos del personal y proveedores de muchas empresas, una mayor parálisis de los funcionarios públicos, y como consecuencia de todo ello, un mayor debilitamiento de la economía y el riesgo del corte de la cadena de pagos. Y debemos notar que el Decreto de Urgencia 003 fue tardío e inadecuado para enfrentar la crisis.

Error #3: El pésimo manejo del licenciamiento de la procuradora Ampuero

Una vez empoderada la doctora Julia Príncipe como Procuradora y presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, con todos los aspavientos de un supuesto compromiso con la lucha contra la corrupción, y dados los nombramientos de las otras procuradoras, se hizo evidente que, por ejemplo, la doctora y procuradora Katherine Ampuero, era absolutamente inadecuada para el cargo. Tanto por sus soberbias y groseras expresiones, y su afán de notoriedad, como por su absurda y descoordinada acción en el caso del proyecto Olmos.

Evidentemente, la responsable de los nombramientos, la Ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, no coordinó los lineamentos del manejo de las procuradurías en temas cruciales.

No solo eso, cuando se hace necesario salir de la doctora Ampuero, no explica previamente a los ciudadanos, la naturaleza del entrampamiento de los proyectos y el tipo de acciones de control que debían llevarse a cabo.

Además, les miente a los ciudadanos afirmando que la doctora Príncipe había renunciado, pues se oponía a cesar a la doctora Ampuero.

En nuestra opinión era necesario licenciar a la doctora Ampuero, pero sin chambonadas. Pésimo manejo de la ministra, que ha creado una nueva crisis de gobernabilidad.

Conclusión:

Este grave desmanejo y la serie de errores descritos, todos del ámbito del Ministerio de Justicia, solo pueden empezar a corregirse luego de ‘agradecer a Marisol Pérez Tello por los servicios prestados a la Nación’. Lampadia

Después de un gobierno muy mediocre (2011 – 2016), que nos llevó a un menor estadío de crecimiento, desde el segundo semestre del año pasado el Perú se ha ido paralizando paulatina y sostenidamente. Veamos:

La paralización de los proyectos mineros

Empezó con el nombramiento de Rolando Luque en la PCM, como encargado de los conflictos sociales, con lo cual, para un analista medianamente avispado y para los inversionistas, siempre inquietos con el clima de inversión, quedaba claro que el gobierno estaba optando por un enfoque de resistencia y cruce de dedos para convivir con los conflictos anti-mineros. En otras palabras, el país se quedaría sin recibir una buena explicación de parte de sus nuevos líderes sobre la naturaleza de los conflictos y la necesidad de enfrentarlos ideas claras, acciones efectivas de desarrollo y, cuando corresponda, el peso de la ley.

El resultado es que hasta ahora no se mueve ningún proyecto, varios han sido atacados vilmente (las zanjas del ingreso a las Bambas se quedaron abiertas durante seis meses).

Algo aún peor, la mejor idea del gobierno para enfrentar los conflictos, el ‘adelanto social’, fue malograda por el propio gobierno (Ministro de Energía y Minas) al apurar desembolsos y ofrecimientos sin concordancia con el desarrollo de los proyectos mineros. La idea era que el Estado pudiera acompañar la inversión de los proyectos mineros con inversiones paralelas en programas de impacto social para las poblaciones cercanas a los proyectos, ya sea en infraestructuras sociales o programas productivos.

Para ello, una vez definida la viabilidad de un proyecto, tanto económica, ambiental como socialmente, e iniciada la inversión, el Estado podría crear un fideicomiso para financiar el ‘adelanto social’, por un monto que representara una fracción importante del estimado del valor presente del canon que generaría el proyecto, digamos el 30%. Gran concepto. Pero el gobierno empezó a entregar dinero en Cajamarca sin ninguna relación con una inversión específica en nombre del ‘adelanto social’, y peor aún, hasta ahora no ha podido definir la naturaleza del mismo, como lo hemos definido nosotros líneas arriba. Así, el gobierno está desperdiciando la oportunidad de crear un importante incentivo para que el proceso de evaluación de los proyectos mineros, se hagan con mayor objetividad, contrarrestando las interferencias políticas y disminuyendo la posibilidad de arriesgar todo, tanto el futuro de la inversión privada en el proyecto, como pública en el ‘adelanto social’, pues ambas correrían la misma suerte, o se dan en conjunto, o ambas se frustran.

La paralización de la demanda interna

No terminado aún el año 2016, el Ministro de Economía y Finanzas paralizó el crecimiento de la demanda interna, al cortar el gasto público y dar una pésima señal al sector privado. El resultado fue una caída pronunciada de las fuerzas internas de la economía, la devaluación de las esperanzas en el nuevo gobierno y un impacto negativo adicional en el crecimiento de la economía.

La paralización de las inversiones en los proyectos de infraestructuras

La lucha contra la ‘tramitología’ era una de las más populares e importantes ofertas de gobierno. Se daba por hecho que sería una de las prioridades del gobierno (a pesar de no poder ejecutar la ‘ley del ocaso’’, planteada por Fuerza popular). Lamentablemente, los avances en desregulación fueron muy tímidos e inefectivos, con la excepción de los desarrollados en el Ministerio de la Producción. El ministro que tenía más responsabilidades y retos en este tema era el de Transporte y Comunicaciones, Martín Vizcarra, quién ni siquiera pudo destrabar el proyecto de la Línea 2 del Metro. Por su lado, el Ministro de Economía, Alfredo Thorne, declaró que “Efectivamente, durante la campaña nosotros quizás fuimos optimistas y dijimos que íbamos a destrabar gran parte de estos proyectos, pero estos 18 mil millones de dólares que nosotros nos propusimos destrabar la verdad, con toda sinceridad, están muy trabados”.

La paralización por el escándalo de Odebrecht

Ya hemos explicado que el desastre del destape de corrupción que nos abruma, fue diseñado por el ‘padrino’ de todas las izquierdas latinoamericanas, el socio de Fidel Castro en el Foro de Sao Paulo, Lula da Silva, dueño del Partido de los Trabajadores (PT) y sus brazos empresariales, las constructoras brasileñas, con las que pretendía penetrar política y económicamente toda la región. (Ver en Lampadia: La peor Red de corrupción latinoamericana).

Lamentablemente, cuando estalló el escándalo, el gobierno no pudo establecer una estrategia clara para enfrentarlo y dejó que poco a poco, se fueran generando diversas reacciones, tanto en la opinión pública, como en los medios de comunicación, los funcionarios públicos, el sistema financiero y el Estado.

Empecemos por el Estado. El vacío de dirección permitió que las entidades vinculadas a la justicia y administración del Estado, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría, los Procuradores (autónomos) y la Sunat; desarrollaran acciones descoordinadas e inspiradas en su buen entender y también, en algunos casos, por razones de lucimiento político. Ésta cadena de acciones creó un verdadero caos y desorientación, exacerbando las reacciones de los medios y la opinión pública, con lo cual se generó un proceso de retroalimentación de más acciones ‘punitivas’ y una imparable cacería de brujas.

Lógicamente, todo esto propició la parálisis de las empresas y proyectos de inversión vinculados a los brazos empresariales de Lula (Odebrecht), arrastrando en el mismo proceso a los trabajadores, proveedores, contratistas y socios locales. Además, los funcionarios públicos de varios ministerios asumieron la actitud de no firmar ningún documento que pudiera vincularlos con la cacería de brujas. Los bancos empezaron a alterar sus flujos crediticios, en un ambiente en el que el crédito ya venía ralentizándose. Así, se empezaron a acumular cuentas impagas de planillas, proveedores y contratistas, corriendo el terrible riesgo del corte de la cadena de pagos.

En Lampadia, el 19 de enero, 2017 (A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente), aconsejamos oportunamente, que el Estado ‘interviniera’ las empresas y proyectos manejados por los brazos empresariales de Lula. Esto hubiera dado una imagen de fuerza y liderazgo al gobierno y, mediante la presencia de cada interventor en las empresas y proyectos, se podría haber evitado la salida de caja hacia los accionistas brasileños. Pero además, se hubiera marcado la línea de acción del Estado, dando tiempo a la Fiscalía y al Poder Judicial, para hacer las necesarias investigaciones sin interferir en la vida de las empresas y proyectos, debidamente cautelados por los interventores.

El vacío de liderazgo ha ido multiplicando los impactos del escándalo y se ha llegado hasta afectar a las empresas peruanas que tenían asociaciones con Odebrecht, sin separar las eventuales responsabilidades delictivas de algunos de sus dirigentes, de la suerte de las empresas, llenas de miles de trabajadores muy eficientes y honestos, que no tienen ninguna vinculación con procederes inadecuados. El caso más notorio es el de Graña y Montero (GyM), pero también están en el mismo predicamento, otras importantes empresas peruanas.

GyM inclusive ha cambiado su directorio para separar las eventuales responsabilidades personales de sus anteriores dirigentes de la suerte de la empresa. Y ahora que el Perú tiene que enfrentar de la mejor manera posible la ‘reconstrucción con cambios’, se pretende evitar que estas empresas puedan participar en las obras. El primero en caer en el error de apreciación fue el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. El Primer Ministro tuvo que aclarar que la ley no impedía contratar a esas empresas. Pero más tarde, una procuradora Katherine Ampuero, y el nuevo director del programa de reconstrucción, Pablo de la Flor, insistieron en excluir a las mismas empresas. Finalmente, el Primer Ministro, Fernando Zavala, se ha visto en la necesidad de invocar a estas empresas que se inhiban de participar en la reconstrucción, por decisión propia, ya que la ley no lo impide.

Para esto, en el Congreso de la República, corre un Proyecto de Ley (1410-2017), que modificaría al Decreto de Urgencia (DU 003-2017), para que las personas jurídicas, empresas, que tengan alguna vinculación con aquellas directamente vinculadas en actos de corrupción (llámese Odebrecht), sean excluidas de toda futura relación con el Estado.

Veamos qué implica esto:

• Dejar sin operar a una buena parte de las empresas constructoras peruanas, pues con la inversión privada paralizada y la inversión pública paralizada, excepto por lo que se vaya a desarrollar en relación a la ‘reconstrucción con cambios’ (RCC), no tendrían trabajo.
• Se aduce, por ejemplo, que el portafolio de GyM, tiene menos del 10% de contratos con el Estado, pero marginalmente, a partir de ahora, sin inversión privada en el país, la RCC podría ser su mayor, y tal vez única, ocupación.
• Castigar a trabajadores peruanos que se quedarían sin trabajo
• Se castigaría indirectamente a otras múltiples empresas y a sus trabajadores en varios sectores de la economía, llegando seguramente a afectar más de un millón de empleos
• Se agravaría sustancialmente el riesgo del ‘corte de la cadena de pagos, un riesgo que no podemos correr, pues nos llevaría a una larga recesión
• Se debilitaría aún más el crecimiento de la economía
• Se dejaría sin operar a buena parte de las mejores empresas constructoras del país, cuando más se les necesita
• Abriríamos las puertas a aventureros de cualquier lugar, que el país se vería obligado a contratar para la RCC, pues no se tendría otra alternativa

El Perú no puede seguir a la deriva. El gobierno central, el ejecutivo, tiene que marcar la pauta y el Congreso debe dejar de apurar normas precipitadas. Está claro que el estilo de gobierno del Presidente de la República es muy democrático y deja que las distintas fuerzas políticas, incluso en su propio entorno, vayan balanceándose y compensándose hasta llegar a eventuales planos de acción o inacción común. Pero, en un momento como el actual, que a pesar de su gravedad, no se hace evidente a todos. Por lo tanto, es indispensable que el Primer Ministro, Fernando Zavala, ejerza un liderazgo firme, ilustrado e inspirador.

Le toca a Zavala tocar las campanas a rebato, parar las contradicciones internas del equipo de gobierno y convocar a un diálogo serio a Fuerza Popular. La suerte de los peruanos llama a sus mejores hombres a estar a la altura de las circunstancias. Lampadia