CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

El escándalo del soborno al ex presidente Martín Vizcarra, las ministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, y otros muchos funcionarios públicos y personajes encumbrados, es un golpe demoledor al sistema político peruano, que ya estaba en estado ruinoso después los aquelarres de Lava Jato y de los jueces corruptos.

Lo de las vacunas chinas es claramente un soborno: le entregaron un bien muy preciado, más valioso que el dinero porque podía salvarle la vida, a funcionarios públicos que eran los que decidían cual y cuantas vacunas se compraban. Y precisamente, esos funcionarios decidieron, con pretextos fútiles, desechar la posibilidad de adquirir otras vacunas que tienen una mayor eficacia y quizá también un menor precio, para adquirir la de Sinopharm, precisamente la de la empresa corruptora.

No son pocos los que sospechan que Vizcarra, con los antecedentes que se le conocen, habría negociado –o tratado de negociar- algo más que las dosis de vacunas que recibieron él y sus familiares cercanos. Eso también será materia de investigación probablemente.

El asunto es que Vizcarra y sus secuaces han sido desenmascarados como lo que son, corruptos que se aprovecharon de los cargos de poder que detentaban para su beneficio personal.

Y Vizcarra había sido convertido por la coalición que interesadamente lo respaldó, en el héroe máximo de la lucha anticorrupción en el Perú. Por supuesto, todo era una farsa, un invento interesado de esa coalición para destruir a sus enemigos políticos aprovechando los casos Lava Jato y de jueces deshonestos, y para controlar y manipular el sistema de justicia.

Hay que reconocer que tuvieron un éxito espectacular mintiendo y engañando, y lograron muchos de sus objetivos perversos. En este contexto, Vizcarra construyó una aprobación altísima y duradera, que incluso le permitió remontar su pésima gestión de la pandemia, una de las peores del mundo, y los escándalos de corrupción de Richard Swing, del gobierno regional de Moquegua, y otros con una alta popularidad.

Ahora el héroe de pies de barro, edificado por interesados prebendarios, se ha derrumbado. Eso es, por supuesto, positivo, pero contribuye a liquidar lo poco de confianza que había en el sistema político.

Esta situación de desconfianza generalizada se expresa de muchas maneras, entre otras, en el altísimo nivel de rechazo de los candidatos presidenciales, no solo de los que fueron víctimas de las campañas de demolición de Vizcarra y sus socios, sino incluso de los nuevos, que no tienen casi trayectoria y no son tan conocidos.

Una situación así es, obviamente, peligrosísima para la democracia y el libre mercado. Cualquier caudillo populista puede aprovecharla y presentarse como el mesías salvador, hacerse del poder y llevar al Perú por un camino similar del de Venezuela.

Ese es el peligro que tenemos que evitar ahora. Lampadia

Por César Azabache Caracciolo
Para Lampadia

Queda un asunto confuso en la historia de la demanda de los US$ 1,200 millones que requiere explicación.

La primera reacción del Fiscal Vela y del gobierno cuando apareció el anuncio de la demanda de Odebrecht fue sostener que el caso ante el CIADI era inviable porque Odebrecht había entregado a la fiscalía una carta sobre el gasoducto aceptando ser responsable al menos de los pagos indebidos efectuados a un representante de su competencia y a un abogado externo asesor de Proinversión durante el proceso previo a la firma del contrato. Odebrecht ha reconocido que la carta existe. Sin embargo ha declarado que esa carta no le impide proceder. Desde su narrativa el caso del gasoducto no ha sido afectado por prácticas de corrupción.

En realidad Odebrecht hizo más que sobornar a las dos personas a las que se refiere la carta. Filtró fondos a la campaña de los dos candidatos a la presidencia que pasaron a segunda vuelta en el período en que se debía resolver la viabilidad del proceso y ocultó su relación con Graña y Montero para no incomodar a la señora Heredia, cuando el señor Humala era ya presidente de la República. La Fiscalía tiene testimonios que indican que esa intención de “no incomodar” a la señora Heredia podía tener relación con la forma en que ella misma estaba promoviendo su propuesta. Según diversos testimonios que la fiscalía tendría ya en su poder la señora Heredia impulsó, dirigió o intervino activamente en reuniones oficiales en la que se discutía el proyecto. La fiscalía investiga ahora mismo el sentido exacto de su intervención en esas reuniones, en dirección a probar que quien recibió los US$ 3 millones que Odebrecht entregó entre los años 2010 y 2011 interpuso luego sus influencias a favor de su propuesta.

Entonces desde más de un punto de vista esta es también una historia sobre corrupción, aunque las reglas legales aplicables (parece específicamente un caso sobre tráfico de influencias) no sean las mismas que aplican a otros casos.

Pero cuando tomamos esta dirección seguimos admitiendo, de una forma u otra, que la llave para revisar si la demanda de los US$ 1,200 es o no viable depende del sentido que le demos a la construcción “corrupción”.

Pregunté esta semana a varios expertos en arbitrajes sobre esto. Uno de ellos me explicó muy claramente que las competencias de los tribunales arbitrales del CIADI no se organizan conforme a esta construcción, sino por una distinta: “inversiones protegidas”. Este experto me explicó, documentos a la mano, que puede demandarse ante el CIADI protección para una inversión realizada siempre que cumpla dos requisitos: Que el demandante haya respetado las leyes del lugar en que se hizo la inversión y que se haya procedido de buena fe. Filtrar fondos lavados a dos candidatos a la presidencia, ocultar en el proceso la verdadera conformación del consorcio con que se ejecutará las obras, sobornar a un representante de la competencia y a un asesor de la entidad pública a cargo del concurso y obtener la influencia de un personaje tan cercano al gobierno como la señora Heredia son eventos que están muy lejos de permitir que Odebrecht pueda pretender siquiera que su inversión inicial en el gasoducto pueda ser considerada como una de las “inversiones protegidas” bajo las reglas del CIADI. La discusión sobre si estos eventos forman o no un caso de corrupción en algún sentido, entonces, puede no ser siquiera necesaria para estos fines. Hay una construcción distinta, más amplia que la de corrupción, que forma la llave de acceso a estos procesos. Y Odebrecht no puede usarla a su favor.

Por eso uno de los dos expertos que consulté encontró más que sensata la reacción del Ministerio de Economía y de la Comisión Especial al intento de Odebrecht por obtener una prórroga al plazo de la demanda. No tiene sentido discutir una prórroga para un caso que ni siquiera constituye una inversión protegida.

Desde esta lectura Odebrecht no tiene un caso en forma. Tiene una falsa escena construida para ganar las ventajas que le concede el tiempo y el enorme nerviosismo con que se procesan estas cosas entre nosotros.

Y vaya si viene pretendiendo obtener estas ventajas. En medio de la crisis Odebrecht envió una comunicación al Ministerio de Economía anunciando que están dispuestos (¡gracias!) a sostener una reunión para buscar una solución amistosa a sus diferencias con el Estado.

Por supuesto la Comisión Especial les acaba de responder rechazando la reunión y dejando en claro que para ellos, que están encargados del mundo de los arbitrajes y no de los asuntos de política interna, la carta de responsabilidad que entregaron a la fiscalía es una llave maestra que permitirá, temprano o tarde, ganar esa demanda.

Entonces la demanda de Odebrecht podría no generar una situación que nos quite el sueño en el mundo de los arbitrajes internacionales. Pero en el escenario interno, el que se forma por el difícil equilibrio que resulta de la ejecución del acuerdo de colaboración eficaz firmado en el verano de 2019 (el de los S/ 610 millones más intereses) crea una enorme dificultad. Una dificultad parcial porque compete a los aspectos civiles del acuerdo (la reparación a pagar) no a los penales (las evidencias por recibir). Pero un enorme problema. El anuncio del acuerdo ha puesto en evidencia que Odebrecht negoció el acuerdo y negoció la liberación del saldo excedente de la venta de Chaglla ocultando que tenia en cartera una demanda de esta envergadura. Sea viable o no en el mundo arbitral, el anuncio de la demanda que se ocultó rompe el equilibrio de los aspectos civiles del acuerdo y obliga a hacer una revisión al menos del cronograma de pago, de sus garantías y de la cobertura de la reparación acordada para casos como San José de Sisa y las filtraciones a la política, que aún no han sido reparados.

Entonces la mesa correcta para estabilizar este desorden no es la del MEF, sino la que aprobó el acuerdo del verano de 2019 y la liberación de los fondos de Chaglla. El anuncio de la demanda parece, de hecho, tener más efectos en el ambiente interno que rodea los aspectos civiles del acuerdo que en este otro en que se define la suerte de las demandas arbitrales. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La fricción con Odebrecht que ha desencadenado una crisis de renuncias gubernamentales, revela que la alta dependencia del gobierno de la narrativa anticorrupción para mantener su popularidad le nubla el entendimiento del problema y le impide desarrollar una estrategia inteligente y proactiva frente a una empresa que ya nos ha ocasionado daños económicos y políticos irreparables. Y que puede seguir haciéndolo.

Juan de la Puente (La Republica, 14/02) ha identificado tres temperamentos en el Ejecutivo en relación al problema suscitado por la demanda de Odebrecht al Estado peruano ante el CIADI:

• Negociemos ahora, por el bien del proyecto y para aumentar la reparación civil (el ex procurador Ramírez y el exministro de Energía y Minas Liu);
• Que negocien otros, pero yo no (la ministra Alva, del MEF);
• No negociamos con corruptos (el premier Zeballos).

Tres posiciones distintas que revelan máximo desconcierto y falta de previsión y estrategia. Lo peor de todo es que ninguna de las tres sería atinada, según vamos a ver.

Para comenzar, sólo la primera es seria. En realidad, el ex Procurador Ramírez es el único que se preocupó por plantear una respuesta a la advertencia de la empresa brasilera de que demandaría al Perú. Lo que Ramírez quería era que Odebrecht tuviera los recursos para pagar la reparación civil. Entonces objetivamente coincidía con el interés de los brasileros de que el Estado peruano licitara la nueva concesión del gasoducto para poder cobrarse el monto invertido en los tubos. De allí que facilitara la reunión con el ex ministro Liu.

Lo que aparentemente Ramírez no consideraba, es la posibilidad legal de que el Perú no estuviera obligado a pagar los tubos a Odebrecht. Por lo visto, nadie en el Estado lo consideraba. Pero esa es la teoría del abogado experto en hidrocarburos Jaime Pinto. Según él, el contrato protege las inversiones hechas por el concesionario luego del “inicio de la operación comercial”, cuando el contrato se interrumpe por causa del Estado, pero no las inversiones hechas antes incluso de la construcción de la obra y cuando el contrato termina por causa objetiva atribuida al concesionario: no haber podido culminar el cierre financiero en la fecha prevista en el contrato, que por lo demás sufrió dos prórrogas.

Si es la empresa la que no pudo cumplir, y no el Estado quien arbitrariamente interrumpió el contrato, no tendría derecho a reclamar resarcimiento de gastos. La abogada Cecilia Blume comparte la misma tesis.

¿Cómo es posible que el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI-MEF) no se haya percatado de esta situación ventajosa para el Perú? Si a dicha argumentación se suma la que se pueda construir acerca del carácter doloso de la manera como Odebrecht ganó la concesión, activando de alguna manera la cláusula de corrupción, entonces lo lógico sería precisamente ir al CIADI en lugar de haber tratado de evitar la demanda –que era la posición de Ramírez- o de buscar que la empresa la retire –que sería la posición de los fiscales. Si bien es cierto que el soborno entre privados no está penalizado en el Perú, sí lo está en otros muchos países, y podría ser considerado como acto de corrupción en el CIADI. Esto si es que no se descubre que uno de los tres codinomes todavía no develados corresponde a algún funcionario público, algún miembro del comité de Proinversión que adjudicó la concesión, por ejemplo. Quizá no sea causalidad que –según el portal Convoca-, Odebrecht haya estado obstruyendo en Suiza el envío de la información de los servidores de la caja 2.

En otras palabras, carece de sentido la idea de licitar nuevamente el gasoducto para pagarle a Odebrecht. Debería ser el CIADI quien decida si debe pagársele o no y cuánto si es que hay que hacerlo, o si más bien Odebrecht debería pagar los 50 millones de dólares anuales que el Estado peruano está gastando para que los tubos no se deterioren.

No debería haber temor de acudir al CIADI. Según Pinto la demanda de Odebrecht es muy débil. Sus argumentos son vagos y pobres. Las posibilidades de que el Estado peruano gane el litigio serían muy altas. Es lo que piensan otros especialistas.

Pero algo que prueba la falta de estrategia del Estado peruano frente a esta empresa, es que lo que ella pedía en realidad era prorrogar 6 meses el plazo para poder presentar una demanda ante el CIADI, ante la expectativa de que antes de ese plazo se pudiera licitar el gasoducto. Una alternativa natural hubiese sido extender dicho plazo y adoptar la decisión respecto de la licitación de manera completamente independiente, en consideración a su viabilidad económica, no a la necesidad de pagarle a Odebrecht por los tubos, pago al que el Estado peruano no estaría obligado. Según artículo publicado por el propio Pinto en El Comercio (13/02/20), el proyecto del gasoducto, tal como estaba concebido, no es rentable ni viable. Tendría que sufrir un redimensionamiento muy importante para que lo sea. Es una decisión que debe tomar pronto el gobierno, y el criterio debería ser estrictamente técnico. No nos vayamos a cargar con otro elefante blanco, obligándonos a los peruanos a pagar nuevamente por el gasoducto, tal como estaba contemplado en el diseño original del gasoducto licitado para Odebrecht en el 2014. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Los fiscales Vela y Pérez han usado la amplia plataforma mediática de la que disponen para acusarme de que yo he pasado a los ataques personales contra ellos e incluso a difamarlos, y a demandar mi retiro del Consejo Consultivo de la Junta Nacional de Justicia.

No puedo entenderlo de otra forma que como una intolerancia a la crítica que desnuda la falla esencial de algunas de sus actuaciones, porque lo que yo he venido haciendo es atacar no a las personas sino a los argumentos que les han llevado a criminalizar los aportes de campaña y a pedir prisiones preventivas de tres años sin acusación y por hechos que no son delito, algo incompatible con una democracia y un estado de derecho.

Presumo que fui invitado a formar parte del mencionado Consejo Consultivo de JNJ debido al libro que publiqué el 2016 titulado “La Gran Reforma de la Justicia y la Seguridad”, editado por la editorial Planeta. Mi preocupación y mis investigaciones sobre la reforma del sistema judicial para alcanzar una institucionalidad de alto nivel en el país, vienen de mucho antes de que se desatara el proceso llamado anticorrupción que ha llevado a plantear las reformas que ahora se empiezan a aplicar. Y previamente, el 2011, Planeta me publicó el libro “La Promesa de la Democracia”, que concluye en una propuesta de reformas políticas, 8 años antes de que se empezaran a discutir y aprobar.

Lo que a mí me interesa, es una democracia y un estado de derecho que funcionen. Por eso, carece de verdad la acusación difamatoria de “falta de imparcialidad” o de tener “simpatías evidentes”, sugiriendo que esas simpatías son contrarias a la lucha contra la corrupción o que se identifican con algún partido, y que por eso no debería estar en el Consejo Consultivo.[1] Yo protesté cuando se les dio prisión preventiva sin acusación y por esos mismos hechos a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Lo mismo hice, y por más razones aún, porque ni siquiera había sido gobierno, cuando se hizo lo propio con Keiko Fujimori.

Mi posición no tiene color político. Tiene el color de la defensa de los derechos fundamentales y de las condiciones mínimas de existencia de una democracia. Como ha sostenido el propio Luis Pásara, un partido político no es ni puede ser considerado una organización criminal, y no hay democracia constitucional en el mundo en el que se precondene a prisión preventiva a políticos por tres años sin acusación. Es la violación absoluta no solo del derecho a la libertad sino a la presunción de inocencia, y lleva a la destrucción de la oposición política. 

Por eso, exijo a los fiscales que rectifiquen esa imputación.

La lucha anticorrupción terminará deslegitimándose si se convierte en patente de corso para atropellar derechos humanos, si deriva en justicia plebiscitaria o en arma de la venganza política –como advertía Max Hernández- o en instrumento de satisfacción de la demanda popular por víctimas sacrificiales. El principal resultado hasta ahora ha sido, efectivamente, la satisfacción de esa demanda y la demolición de partidos con cierto arraigo en un país sin partidos. Algunos sostienen que eso ha tenido un lado positivo como válvula de escape, pero esa es una posición cínica. El editor de América Latina de The Economist, Michael Reid, lo señalaba de alguna manera el sábado en El Comercio: “…no se puede vivir siempre de una agenda anticorrupción. Un intento de hacerlo traería el defecto de que la gente piense que todos los políticos son malos y corruptos; y no podría haber democracia en esas circunstancias”.

No se puede negar el impulso que el equipo especial le ha dado a la lucha anticorrupción, pero, como dice el propio Reid, “los fiscales han centrado su atención en los políticos más que en los empresarios”. Han desarrollado un trabajo muy prolijo –muy por encima del estándar nacional, hay que admitirlo- para demostrar formas de ocultamiento de donaciones que, sin embargo, siendo cuestionables y violatorias de la ley, no eran delito y siempre se han dado en la política peruana. Un gran esfuerzo, sí, pero para criminalizar la política.

Hay que acabar con la falta de transparencia en el financiamiento de la política, es verdad. Para eso están las leyes que se han aprobado, aunque se hayan ido al otro extremo. Pero la justicia tiene que ser independiente. No puede ser ejecutora del designio popular. Designio popular alimentado, por lo demás, por las propias investigaciones o por quienes casi todos los días filtran deliberadamente información sobre casos de disfraz de aportes como si fueran actos criminales, encendiendo la indignación popular.

Lo que parece cercano al delirio es la acusación que me hace Vela de haberlos difamado de manera encubierta en mi columna del viernes en El Comercio, insinuando que han recibido dinero de Odebrecht. Pero lo que yo escribí fue todo lo contrario, que esa versión era un mito al que había que ponerle coto. Cito textualmente: “…también se construye el mito de que los fiscales han sido comprados por Odebrecht, y ya han sido denunciados. Nada de esto es sano. Debe ponérsele coto”. Es decir, los defendí de la corriente de opinión que piensa que trabajan para Odebrecht. Los fiscales pueden estar equivocados en sus tesis penales y en forzar la figura del lavado de activos para criminalizar donaciones de campaña, desertificando la política peruana, pero no creo que sean deshonestos.

Sería bueno que Rafael Vela se rectifique también en esa acusación. Lampadia

Por César Azabache Caracciolo
Para Lampadia

Odebrecht está obligada ante el Estado peruano a pagar un cronograma definido en el verano de 2019 por S/ 610 millones más intereses en 15 años. A finales del año pasado la procuraduría a cargo de sus casos decidió respaldar un pedido suyo para que se liberen a favor de la empresa S/ 523 millones, con lo que el cronograma quedó desprovisto de toda herramienta semejante a una garantía. Y el evento es grave, porque la base de un acuerdo de pago diferido consiste en respaldarse en intereses y garantías.
En el mismo movimiento Odebrecht logró que la fiscalía y la procuraduría declararan que los S/ 610 millones más intereses a pagar en 15 cuotas compensaban los daños cometidos por todos los casos mencionados en el acuerdo, no solo en los 4 originalmente declarados como marco de referencia.

En el último movimiento, registrado por los medios el 5 de febrero de 2020, Odebrecht, que ha venido repitiendo insistentemente que su patrimonio es deficitario y que no tenía cómo pagar una reparación fija o los gastos de análisis de sus bases de datos, saca de la chistera una demanda por la que parece pretender que el Estado le pague US$ 1,200 millones por la resolución del contrato del gasoducto del sur.

No hay errores en la cita. Odebrecht quiere que le paguemos US$ 1,200 millones. El contrato fue resuelto porque el consorcio que Odebrecht lideraba no pudo conseguir financiamiento a consecuencia de lo corrupta que había resultado ser la empresa, de modo que entiendo que Odebrecht no puede ganar ese proceso. Pero ese no es el punto.

Encuentro inaceptable que la procuraduría no haya logrado que Odebrecht renuncie a esta pretensión. Todos los que seguimos este proceso sabíamos que la pretensión existía, porque el gobierno jamás resolvió el problema de las inversiones originales del proyecto. Enagás, la empresa menos tocada por los casos de corrupción del consorcio, lanzó su demanda por lo mismo no bien comenzó el proceso. GyM retiró la suya, en un gesto de buena voluntad, antes de cambiar de nombre, es decir antes del ingreso de nuevos inversionistas. Y Odebrecht, que sostuvo formalmente que no tenía activos suficientes para afrontar sus deudas, la lanza ahora, y pretende que lo aceptemos como natural.

Vamos en orden. Los S/ 610 millones más intereses que forman la reparación aceptada a favor del Estado representan a valor presente bastante menos que los S/ 523 millones liberados a su favor a finales del año pasado. Por eso no debieron ser liberados. Los US$ 1,200 de esta demanda valen, siguiendo criterios usuales, aproximadamente US$ 112.5 millones a valor presente (un juicio vale la mitad porque puede perderse, algo menos si la pretensión es poco creíble y algo menos por el tiempo que toma resolverlo). Solo lanzar la demanda representa ya la exhibición de un activo que a valor presente vale más o menos S/ 371.25 millones. En condiciones normales, es decir, en un caso distinto, sería incluso un buen negocio comprar la pretensión de Odebrecht a ese valor. Pero ¿a alguien se le ocurre que el Estado peruano va a liberar a favor de Odebrecht S/ 371.25 millones más?

¡Por favor! Si nadie en la procuraduría notó que las notas al balance de Odebrecht deben registrar una nota sobre este caso, o que en el Ministerio de Energía y Minas hay una file con los antecedentes de esta pretensión o que Enagas, uno de los dos socios de Odebrecht tiene hace tres años lanzado un caso semejante, entonces ya no entiendo nada. Primero la liberación de los S/ 523 millones y ahora la presentación de la demanda de esta envergadura. La secuencia nos deja en un ridículo que merece una película de mejor calidad.

¿No pensarán allanarse a esa demanda verdad?

Esta soga debe romperse ya. Y nosotros no tenemos por qué ser el lado más débil.

Cuando se negocian acuerdos de este tipo los solicitantes están obligados a mostrar sus cartas. Una expectativa de US$ 1,200 millones forma un activo importante aunque sea intangible. En las negociaciones Odebrecht debió revelar que tenía esa demanda en la cartera. No de manera encubierta o disfrazada sino de manera clara, poniendo las cosas sobre la mesa. Ahora Odebrecht probablemente pretenda decir que este asunto estaba reflejado en sus notas al balance, de manera que no haberlo notado fue responsabilidad de la procuraduría. Pero esto sería equivalente a tender una trampa. Anotar en un balance que hay un activo por revisar no es lo mismo que anunciar que hay una demanda por presentar. GyM, por ejemplo, reveló que tenía una demanda semejante en cartera y renunció a su pretensión para que su acuerdo se apruebe. Acá debió pasar lo mismo. Si la procuraduría prueba que esa revelación no se hizo claramente entonces este es un caso de fraude en la negociación y la procuraduría tiene el derecho a ir al juez, denunciar el fraude y pedir la revisión judicial de las condiciones económicas del acuerdo.

Si la cuestión de la reparación es subordinó a la cuestión sobre las pruebas en la primera parte de este asunto, toca ahora hacer lo contrario: subordinar el caso a las necesidades de la reparación. No tiene ningún sentido pagar US$ 1,200 millones por esto. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

La pregunta que cae de madura luego de que se hizo pública la demanda de ODEBRECHT contra el Estado Peruano por 1,200 millones de dólares es, ¿quién pagará esa cuenta?

Siempre somos todos los peruanos a través de nuestros impuestos directos, nuestro consumo (impuestos indirectos) y el perro muerto que el Estado hace de sus deudas con empresas y ciudadanos, quienes pagamos estas cuentas que alegremente asumen gobernantes y autoridades. Cada uno de los 32 millones de peruanos deberá agregar a su cuenta aproximadamente US$ 37.00 per cápita.

¿Siempre tiene que ser así?

• ¿No es hora de cambiar y buscar a los verdaderos responsables, para que sean ellos los que asuman estas cuentas y no todos los peruanos?
• ¿No sería lógico que gobernantes, autoridades y funcionarios sean responsables de sus actos y asuman con su peculio las decisiones que adoptan y los perjuicios que le causan al Estado?
• ¿No sería conveniente pensar en nuevos mecanismos legales de responsabilidad administrativa y civil que, por encima y más allá del show mediático de los procesos penales, los fiscales y las prisiones preventivas vaya a buscar responsabilidades efectivas y reparaciones concretas?
• ¿No sería este un primer paso para cambiar la forma artera, irresponsable y demagógica en que se ejerce la política en nuestro país?
• ¿No debiera ser esta la primera reforma política que permita ejercer la función pública con seriedad?

Pienso que sí.

Que el ejercicio de la función pública, de la labor legislativa, de la función ejecutiva o de la función municipal o regional debiera estar garantizada por hipotecas, avales, fianzas, cartas de garantía bancaria o por lo menos cauciones juratorias de bienes, para que cada autoridad, gobernante o funcionario que ejerza un cargo, cuando pretenda embarcarnos en obras faraónicas, construcciones sobrevaluadas o hechos de similar naturaleza, vea como sus bienes e ingresos se ponen en peligro. Tal vez esto podría ser disuasivo para gobernantes populistas, dispendiosos y derrochadores. Al fin y al cabo, por mucho menos en juego, se exige a contratistas o prestatarios garantías de este tipo. Resulta razonable empezar a exigirlo a quienes manejan el erario nacional y las finanzas en ministerios, gobiernos regionales o municipalidades.

¿Sin embargo, en tanto esto se dé, que hacemos con la cuenta de ODEBRECHT?

Habría que individualizar a sus responsables y hacer que asuman, si no es posible las garantías propuestas, por lo menos las responsabilidades políticas, administrativas y civiles que correspondan, por haber permitido algo tan obvio: que ODEBRECHT, encima de haber corrompido a la estructura política del país, de haber cobrado al Estado, de no haber pagado la reparación civil, ahora nos demande y nos exija pagar 1,200 millones de dólares, adicionales a los 400 millones ya demandados por ENAGAS, por el mismo proyecto.

Aquí una lista de los responsables más obvios:

• En primer lugar, la familia Humala, responsable de haber virado la política peruana para hipotecarnos al mercantilismo brasileño que financió su llegada al poder.
• En segundo lugar, los acólitos del Cartel de Sao Paulo, mal llamado Foro de Sao Paulo, que han seguido las encíclicas políticas de Lula y han avalado la colonización brasilera al costo más alto de nuestra historia republicana. ¿No sabe usted quienes son esos acólitos en el Perú?, los señores Arana, Santos, Mendoza, Cerrón, Glave, Villarán, entre otros.
• En tercer lugar, PPK, quien lejos de encontrar una salida inteligente a este problema, canceló el proyecto, dando el pretexto necesario para una demanda como la que se ha planteado contra el Perú.
• En cuarto lugar el presidente Vizcarra y todo su gobierno, que en lugar de defender los intereses del Estado Peruano y contratar una defensa de talla que negocie un acuerdo integral con ODEBRECHT considerando todas las variables en juego, prefirió y alentó que la negociación con ODEBRECHT se subordine al criterio e interés de dos fiscales neófitos en materia constitucional y sin ninguna experiencia en el manejo de conflictos financieros de esta envergadura, que dejaron pasar lo obvio que cualquier negociador de conflictos con algún oficio hubiera exigido: todo lo que pides siempre y cuando quede cerrada la contingencia de una demanda judicial millonaria como la que enfrentamos.
• En quinto lugar y tal vez antes que todos, el MINISTERIO PUBLICO, que, en su afán de ganar titulares, redujo el conflicto a las colaboraciones eficaces para conseguir nuevos nombres a quienes perseguir, denunciar y encarcelar, dejando pasar lo obvio. Y aquí hay nombres propios: la Fiscal de la Nación, los fiscales Vela y Pérez y los que han validado todo este despropósito.
• Los congresistas y los aliados del gobierno en ONGs que defendieron el acuerdo, tildando de fujiapristas, naranjas y corruptos a los otros congresistas que cuestionaron los acuerdos con ODEBRECHT y a todos quienes advertimos de la corrupción que quedaba escondida detrás del ruido anticorrupción (Lampadia 2019).
• La prensa bien pauteada por el gobierno y las encuestadoras que dieron insumos a la medida de las necesidades de las campañas mediáticas de aquella.
• Los miles de peruanos que en su afán de dignificarse denostando a fujimoristas y apristas se prestaron con sus likes, sus tweets, sus posts y sus historias a convertir en héroes a un par de fiscales no importa que en su afán de protagonismo entregaban en bandeja la posición jurídica del Estado peruano frente a ODEBRECHT.

Todos ellos deberán pagar esas cuentas, si no es con su peculio, con sus renuncias, sus destituciones, la suspensión de sus vergonzosos contratos de publicidad o por lo menos el escarnio de ser los cómplices de una de las felonías más grande al Perú.

El Presidente Vizcarra, al igual que sus aliados, no tendrá ante la historia, los atenuantes que el presidente Balta tuvo con sus ferrocarriles por el oneroso Contrato Dreyfuss, ni la justificación de reconstruir el país que tuvo Andrés A. Cáceres ante el polémico contrato Grace. Vizcarra sólo podrá decir que negoció en contra del Perú para llevar a la cárcel a sus adversarios políticos. Una razón que tal vez le otorgue el aplauso efímero del presente, pero que no lo libera de asumir su cuenta, por lo menos ante el implacable cobro de la historia. Lampadia

Por César Azabache Caracciolo
Para Lampadia

El sistema institucional supone que entreguemos las mediciones del equilibrio público, las prioridades y los ejercicios de ponderación de intereses colectivos a las autoridades elegidas y a las establecidas por ellas. Pero en un marco que admite nuestro derecho a disentir de sus decisiones en defensa de nuestros derechos y preferencias subjetivas. En cualquier caso el sistema institucional cuenta con que entreguemos nuestras disputas a una institución en particular, la judicatura, cuyas decisiones estamos obligados a respetar incluso en la diferencia, cuando se falla en contra de lo que esperamos que reconozca como justo, salvo claro en casos extremos como las que se expresan cuando media la corrupción o la impunidad más aberrante.

Pues bien, en la cuestión sobre los S/ 524 millones que Odebrecht pidió liberar a su favor, la jueza Álvarez Calderón acaba de tomar una decisión. Los ha liberado. Y los ha liberado porque las partes en este caso, incluyendo a la Procuraduría, han declarado estar de acuerdo con que se proceda a la devolución.

Si no hay una controversia por resolver entonces no hay nada que decidir.

No estoy de acuerdo con esta liberación. Creo que los acuerdos de colaboración con el Estado deben ser leídos de una manera distinta a la que ha empleado las partes en este caso. Creo que los fondos debían haber sido retenidos hasta que Odebrecht repare los daños que parece haber causado en Olmos, los que sin duda ha causado en el sistema de árbitros privados y los que ha causado también al sistema de financiamiento de la política, para listar los tres ejemplos más evidentes de lo que aún no se ha reparado.

Las partes sin embargo parecen entender que esto puede hacerse luego. Las razones que exhiben no son en absoluto absurdas ni son poco atendibles. Discrepar con ellas no me impide reconocer en ellas una de postura respetable. Entonces habrá que proceder en consecuencia. Pero encuentro que “proceder en consecuencia” no implica sólo girar un cheque a nombre de la empresa más corrupta de nuestra historia reciente. Es imposible dejar de notar que la liberación de los S/ 524 millones ha quebrado uno de los fundamentos de equilibrio del acuerdo de los S/ 610 millones. Entonces “proceder en consecuencia” significa en este caso ejecutar la orden impartida pero también y con urgencia devolverle al acuerdo el equilibrio que acaba de perderse.

Quiero explicarme. El tercer acuerdo firmado por el Estado con Odebrecht, el de los S/ 610 millones de reparación, está sujeto a un cronograma a quince años, debe ser reforzado, para que se mantenga en equilibrio, con dos llaves: intereses que compensen el paso del tiempo y garantías que protejan al Estado de la incertidumbre que representa el futuro. En la primera versión del acuerdo de los S/ 610 millones no se establecieron intereses. La procuraduría y Odebrecht tuvieron que modificar el acuerdo antes de la audiencia de aprobación para incorporarlos, y entonces el valor nominal del acuerdo subió, según mis cálculos, a más de S/ 780 millones.

Entonces el acuerdo adquirió intereses y tenía garantías, pero implícitas. Al aprobar el acuerdo la jueza hizo explícita una garantía que aplicó al saldo teórico de la venta de Chaglla, los S/ 524 millones de los que hablamos ahora, que resultan de descontar del precio de venta la deuda vencida y los pagos inmediatos que se hicieron al Estado. Conforme a esta condición el monto debía ser retenido hasta que se aclare si habría o no más casos por discutir. Entonces la enmienda y la resolución judicial que aprobó el acuerdo completaron las llaves de su equilibrio.

La decisión que acaba de hacerse pública deja al acuerdo sin su única garantía directa. El acuerdo entonces ha quedado en desbalance, y el Estado desprotegido. Sin garantías un acuerdo a 15 años vale menos que su valor nominal, aunque corran los intereses. Odebrecht además nos ha dejado saber que puede quebrar en cualquier momento. Entonces imaginemos que el Estado decidiera emitir bonos contra ese acuerdo, que no tiene garantías y tiene una contraparte que se tambalea financieramente ¿Cuánto cree usted que valdrían esos bonos en el mercado?

Las decisiones judiciales deben ser respetadas, sin duda. Pero los equilibrios financieros deben ser restituidos cuando son afectados por una de ellas. Y en este caso el equilibrio del acuerdo ha quedado dañado. La consecuencia es fácil de describir: La procuraduría está obligada ante todas y ante todos nosotros a conseguir una garantía sólida que respalde este acuerdo. Y debe hacerlo de inmediato.

No se trata, no lo creo, de seguir repitiendo que sin ese acuerdo no tendremos evidencias. Ya es tiempo de notar que en una relación como la que se desprende de una acuerdo de colaboración el Estado es exactamente eso, el Estado. Hemos comenzado a actuar respecto a Odebrecht como contraparte débil y ese es una senda que no debemos transitar.

Entonces la procuraduría tiene la palabra. Diría más bien: el deber de restaurar nuestra confianza.

Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Cusco
Exclusivo para Lampadia

La semana pasada, antes de que los fiscales ordenaran nuevos allanamientos que fueron muy bien cubiertos por la prensa nacional, el tema central de debate era el costo para el país de la aventura moralizadora de los fiscales Vela y Pérez, quienes dejaron fuera del Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz con ODEBRECHT a decenas de obras en las cuales existía evidencia de corrupción que ha quedado reconocida por los mismos autores.

El periodista Plinio Esquinarilla Bellido del Diario Expreso, estimó en el programa radial Democracia y Poder de Radio Universal que los fiscales habían dejado escapar cerca de 20 proyectos que ya estuvieron en el radar del fiscal Hamilton Castro y que los 4 proyectos sobre los cuales versaba el acuerdo no eran ninguna novedad. “Los fiscales hicieron esto para apoyar a ODEBRECHT frente a los apremios financieros de esta empresa”.  Las sobrevaluaciones de obras ejecutadas por esta empresa que los fiscales han dejado pasar se estiman según este hombre de prensa “entre 15,000 y 17,000 millones de dólares en 76 obras”, mientras que “los sobornos a autoridades llegaban a 150 millones de dólares“ y “los aportes a los partidos llegan a 15 millones de dólares”. “¿Donde se han ido los fiscales? estrictamente a los aportes y en particular contra Keiko y Alan, han desnaturalizado el problema”.

Para Mirko Lauer, un periodista de distinta orilla, “los triunfos de nuestros fiscales nos están costando igual o más de lo que se llevó ODEBRECHT”.  Y, “los fiscales han preguntado sobre aquello que Odebrecht ha querido que les pregunten”. En opinión de este columnista del Diario La República, “tal vez para salvar el acuerdo, habría que sacrificar a los fiscales”.

En reacción a lo anterior, el Ministerio Público lanzó la mayor cortina de humo de la temporada pidiendo que se allanen casas, estudios de abogados y la tantas veces judicializada residencia de los Humala Heredia por un caso sobre el cual, en lugar de hacer tanta alharaca, no lo hubieran excluido del Acuerdo.

Pero, ¿de quien fue la responsabilidad de no incluir en el Acuerdo a más de 20 obras en las cuales ya había noticia de corrupción?   ¿De quien es la responsabilidad de haber acotado la responsabilidad de ODEBRECHT a 4 casos y haber dejado de ver miles de millones en sobrevaluaciones?

Para entender que la responsabilidad es de los fiscales, es pertinente leer un fragmento de la resolución judicial aprobatoria del Acuerdo, en el cual la Juez María de los Angeles Alvarez Camacho, encargada del caso hace suya la tesis doctrinaria del Vocal Supremo César San Martín y afirma lo siguiente: ”…no corresponde al Juez suplantar al fiscal respecto al contenido del acuerdo o si sus clausulas pueden ser o no mejores desde el interés público o la justicia material”. Esta afirmación deja muy en claro que la responsabilidad sobre el contenido y alcance de los acuerdos de este tipo y de este en particular es del Ministerio Público y no del Poder Judicial, sin embargo, también evidencia la responsabilidad del Poder Ejecutivo, dado que todo esto no es otra cosa que la aplicación del artículo 34.2 del Decreto Supremo 007-17-JUS, que es el Reglamento de la Ley que regula la Colaboración Eficaz, aprobado por el Ejecutivo.

Dicho de otro modo, en el Acuerdo firmado con ODEBRECHT hay co-responsabilidad entre los fiscales que lo celebraron y el Poder Ejecutivo que acotó o limitó el ámbito de control de los jueces, para que sean los fiscales los que negocien en forma autónoma sin que los jueces puedan revisar el contenido del acuerdo en función del interés público o la justicia material. Ergo, si al hacerlo los fiscales omiten ver obras, coimas y sobrevaluaciones, la responsabilidad es del Ministerio Público y del Poder Ejecutivo que limito el rol de los jueces en esta materia.

¿Entiende usted ahora porque el Ministerio Público lanza cortinas de humo en auxilio de sus alfiles más preciados?

¿Entiende usted ahora porque se van a seguir allanando oficinas, casas y estudios de abogados para seguir haciendo todo el ruido necesario que impida escuchar la desagradable cacofonía de este vergonzoso Acuerdo?

¿Comprende usted ahora porque hasta el encargado de Palacio de Gobierno ha salido a sostener el Acuerdo sugiriendo que no se entregue el saldo de la venta de Chaglla?

¿Comprende ahora porque se cerrará si es necesario el Congreso antes de remover del cargo a estos fiscales y dejar en evidencia todo esto?

La co-responsabilidad de los fiscales y del ejecutivo debe dar lugar a una inmediata investigación en el Congreso, con todas las consecuencias posibles, incluida la vancancia si es el caso. Sin embargo, como es probable que antes de que ello suceda se cierre el Congreso con los aplausos de las redes sociales, el auspicio mediático de diarios, canales y encuestadoras y a partir de hoy con el apoyo de los opositores a Tía María a quienes el presidente ha contentado a pesar de su pobre desempeño económico,  lo más probable es que una investigación de este tipo, si por lo menos se inicia, solo quede para la historia como la verdadera razón por la cual se romperá la institucionalidad constitucional en el Perú, como quedaron en el congreso los informes del diputado Vargas Haya sobre la corrupción de la cúpula militar y de su comandante general Juan Velasco Alvarado en 1968, informes y pruebas que luego fueron saqueados del palacio legislativo para hacernos creer que el 03 de octubre fue una gesta revolucionaria, cuando solamente fue, como puede volver a suceder este 28 de julio, un latrocinio más en nuestra historia republicana. Lampadia

Entrevista al jurista venezolano Allan Brewer Carias, realizada en Buenos Aires, durante el XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional[1], por Fausto Salinas Lovón para Lampadia y Democracia y Poder (programa radial de Radio Universal – Cusco).

FSL: Estamos en Buenos Aires con el doctor Allan Brewer Carias, constitucionalista muy reconocido de Venezuela, que hace más de 15 años vive asilado en Nueva York, una de las tantas víctimas de la dictadura chavista.

Doctor Brewer, usted llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, allí no tuvo el resultado esperado y lamentablemente hubo también un protagonismo peruano en esa decisión.

ABC: Si. El caso Brewer Carias contra Venezuela, resuelto en el 2014, lamentablemente tuvo influencia de Venezuela. El canciller de Venezuela de entonces denunció la Convención Americana de Derechos Humanos (Maduro en ese momento), es decir que Venezuela salió de la Convención Americana y del ala protectora de la Corte Interamericana, pero había unos casos pendientes y el señor Maduro con toda insolencia en su carta de denuncia de la Convención se refirió expresamente a casos pendientes, tratando de presionar a la Corte. Denunció el caso Brewer Carias que estaba pendiente diciendo que en este caso la Comisión había actuado favorablemente a Brewer Carias porque se había admitido la denuncia (decía el canciller, actual usurpador de la presidencia), que no se habían agotado los recursos internos.

FSL: Es decir, ¿le exigían a usted que vaya previamente a un canal interno en medio de un gobierno autoritario?

ABC: Eso es un absurdo porque la propia Comisión Interamericana ha dicho desde su primera sentencia que cuando en un país no hay Poder Judicial confiable no se puede exigir que se agoten recursos internos.

FSL: Pero, ¿cómo en otros casos daban la medida cautelar, actuaban de manera preventiva y en este caso le dicen -vaya a las mazmorras del Sebin y luego viene a reclamar?

ABC: Por eso en este caso la Corte ignoró su propia sentencia, ignoró que sí había agotado efectivamente el único recurso disponible que era un amparo y decidió no entrar a conocer y no entrar a decidir que en Venezuela no había Poder Judicial, que era lo que se denunciaba, que no había garantía judicial. ¿Y quién decide esto? Una mayoría de jueces que lamentablemente en ese momento estaban condicionados e influenciados por Venezuela, que había votado por su elección y que por esa vía presionaban. Jueces nacionales de Brasil, de Uruguay, de Colombia que en ese momento consideraban a Chávez como su nuevo mejor amigo y el juez nacional de Perú Diego García Sayán que como juez se puso de candidato a la Secretaría General de la OEA, sin retirarse de su condición de juez, lo que aceptó incorrectamente el Presidente de la Corte que era el juez de Colombia y García Sayán empezó a hacer campaña para buscar los votos de algún Estado que supuestamente el como juez estaba juzgando y por tanto esa justicia no era confiable, y en efecto terminaron  declarando archivado el expediente y no conociendo de las denuncias fundamentadas. Todo eso, en mi criterio, fue producto de una gran corporación de corrupción que montó Venezuela con la factura petrolera, influyendo en la OEA y presionando a la OEA, hasta el punto que el propio ex canciller del Perú, (Gonzales) Posada, en un momento determinado, denuncie que la OEA era un organismo controlado por el chavismo, contralado por la factura petrolera, el cual hacía presión indebida sobre los estados controlando los puntos de la Asamblea en contra de muchos principios democráticos.

FSL: Es decir, usted ha sido dos veces víctima, víctima de la dictadura y luego de la propia Corte y del sistema que no acogía su caso.

ABC: Que se sometió a la presión de la dictadura, ese fue el problema. El canciller denuncia la Convención y cita con fundamento para su denuncia el caso Brewer-Carías y les dice a los jueces: “Ese caso es muy importante para Venezuela”, el caso que más molestaba a Chávez que era el caso Brewer-Carias. Por tanto, no entró a conocer y simplemente abandonando su jurisprudencia, me quitó el derecho al acceso a la justicia internacional.

FSL: Usted podría retroceder un poquito más allá. Porque la destrucción de Venezuela no ha sido automática ni ha sido producto de un minuto, entonces ¿no cree que hay muchos cómplices a lo largo de esto, que han ido tolerando este desmontaje institucional primero de ciertos poderes del Estado, luego de la actividad productiva privada y que finalmente ha decantado ya en lo que hoy tenemos, que es un Estado casi fallido? ¿a lo largo de 20 años esto tiene cómplices?

ABC: Tiene todos los cómplices que han estado en el Gobierno y que han apoyado este Gobierno desde el año 99. El mismo día en que se editó la Constitución se comenzó a violar por el Estado Venezolano. El Estado Venezolano comenzó a desmantelar todas las instituciones del Estado, empezó a controlar el Poder Judicial, empezó a destrozar toda la institucionalidad democrática y es todo un proceso de 20 años. Ahí la complicidad ha sido total por parte de los países que han arropado al Chavismo durante todo este tiempo en América Latina e internamente todas las instituciones que se sometieron y se plegaron a esa conducción autoritaria, que simplemente acabó con todo, porque afortunadamente en otros países todavía hay Poder Judicial, todavía hay Ministerio Público autónomo. Por eso es que el caso de Odebrecht todavía sale porque el Brasil a pesar de todos los problemas de corrupción hubo un Ministerio Público que intentó acciones. El mismo caso del Perú hubo un Poder Judicial que en definitiva tomó decisiones y se pudieron saber. En Venezuela eso no existe, hoy es el país que más obras inconclusas de Odebrecht que están sembradas en el territorio nacional, el cementerio más grande de hierro y de concreto de obras inconclusas y nadie habla de Odebrecht. Es como si nunca hubiera pasado por Venezuela.

FSL: Esto me lleva al tema que fue materia de su conferencia hoy día en el XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, que es el tema de la corrupción. Lula Da Silva viajaba de la mano de un conjunto de empresarios brasileños a visitar a todos los países del ALBA. Él encarnaba el engranaje político de los dictados del Foro de Sao Paulo, pero la labor económica la desarrollaban un conjunto de empresas brasileñas para las cuales América Latina se había convertido en su coto de caza privado. La asociación entonces que hace López Obrador entre neoliberalismo y corrupción, ¿va en contra de lo que la historia y la evidencia latinoamericana nos dice? Es decir, ¿más bien arropados en el Foro de Sao Paulo desde Brasil, desde Venezuela, se ha generado la más grande corrupción de la historia y esto no puede ser atribuido al neoliberalismo?

ABC: Por supuesto me parece absolutamente errada la preposición que hace López Obrador, vinculando corrupción con neoliberalismo. Pensé al inicio como un tema campaña electoral el año pasado, pero ahora lo corroboró cuando se refirió al lamentable fallecimiento de Alan García y vinculó de nuevo corrupción con neoliberalismo. Creo que López Obrador está absolutamente errado porque justamente lo que hemos evidenciado en América Latina es que es lo contrario. La corrupción ha sido producto del desmantelamiento de la democracia, hecho precisamente por gobiernos que han controlado la economía, que se han apoderado de la economía, que han destruido la economía privada; es decir, la antítesis del liberalismo ha sido la fuente más importante de corrupción en el continente.

FSL: Para concluir, ¿cuál sería su mensaje a aquellos países y aquellas sociedades que a veces ven con cierta afinidad y afecto a las medidas populistas de cuestionar el parlamento, de modificar las reglas sobre la inmunidad parlamentaria (cosa que se está discutiendo en el Perú), que antes de hacer caso a la tradición constitucional, a la historia del constitucionalismo, le hacen caso al termómetro de las encuestas o a la temperatura de las redes sociales Ustedes ya fueron víctimas de eso, ¿cuál sería su consejo respecto a la preservación de las instituciones en nuestros países?

ABC: El consejo fundamental va dirigido a las dirigencias políticas. Que aprendan que, si no conservan sus instituciones democráticas, si no velan por la autonomía del Poder Judicial, si no velan por que haya un Congreso que realmente controle, si no velan porque haya un Ministerio Público que actúe, si no velan porque haya jueces independientes, todo se desmorona. De manera que por más oferta populista que pueda haber, lo más importante ante todo es que los dirigentes sean los que velen por preservar de sus instituciones políticas. Cuiden sus constituciones, cuiden su Poder Judicial, cuiden la autonomía de sus jueces. No pretendan que, por vía del populismo, el control que se haga sobre el Poder Judicial va beneficiar a nadie, todo lo contrario. Perjudica y destroza la democracia y con eso destroza los derechos. ¿Qué pasa cuando se destroza la institucionalidad democrática? Desaparece la posibilidad de tener derechos y garantías a derechos, es decir, se afecta directamente al ciudadano por más que haya cantos de sirena que le ofrecen cosas que en definitiva no van a tener y van a perder todo.

FSL: Muchas gracias doctor Brewer Carias

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hay un paralelo que podemos hacer entre la hiperinflación de Alan García y el caso Lavajato: ambos procesos fueron tremendamente destructivos, y así como la reacción frente a la hiperinflación condujo a las reformas del modelo económico que instauró una era de crecimiento con estabilidad monetaria, de la misma manera la reacción frente al abismo moral del caso Lavajato puede llevar al adecentamiento de la política y a una reforma profunda del sistema judicial.

Decimos “puede llevar”, porque el resultado no está garantizado. Requiere, además, de una reforma del Estado que establezca sistemas meritocráticos, digitalizados, transparentes y simplificados en la administración y la obra pública, y de una reforma política que, entre otras cosas, reduzca las oportunidades de financiación ilegal u oculta de las campañas electorales y establezca un sistema de partidos serios y abiertos que atraiga a los mejores a la política. Tal como viene siendo procesada en el Congreso, podría fracasar. Aquí se requeriría que el presidente de la República convoque reuniones con los partidos para llegar a un acuerdo político sobre los principales cambios. De lo contrario, podríamos no llegar a ninguna parte o a un resultado inconducente.

Adicionalmente, las grandes acusaciones de corrupción derivadas del caso Lavajato que estamos viendo tienen que rematar, para que no sean flor de un día, en una verdadera reforma del sistema judicial. Dicha reforma está en marcha, pero algunas de las leyes aprobadas les han quitado potencia a las propuestas originales. La Autoridad de Control, por ejemplo, si bien tendrá un jefe independiente designado por la Junta Nacional de Justicia, lo que es un avance, carecerá de autonomía económica y de un cuerpo policial adscrito para investigar corrupción en las Cortes Superiores. El Consejo para la Reforma del Sistema Judicial, por su lado, tendrá una presidencia rotativa en lugar de una permanente a cargo del presidente de la República. Y ya vemos que la lista de postulantes a la Junta Nacional de Justicia deja mucho que desear. De hecho, está muy por debajo de lo que se esperaba y de lo que se necesita. La razón es clara: las bases para el concurso han disuadido a los mejores, que no se van a exponer a un examen de conocimientos que tiene un 30% del valor de la nota final y donde el currículum vitae vale solo el 30%. No se consultó esas bases para lograr unas que aseguren el éxito de la convocatoria.

La falacia de los aportes de campaña y el caso de los Humala

Por otro lado, si bien estamos viendo avances muy importantes en el descubrimiento de casos graves de soborno por parte de las empresas brasileras, donde el caso más escandaloso ha sido el del ex presidente Alejandro Toledo, al mismo tiempo se sigue cometiendo graves abusos en los casos de aportes a las campañas electorales. La reciente acusación del fiscal Juárez a Nadine y Ollanta Humala, por ejemplo, vuelve a repetir las falacias que ya hemos escuchado en esta clase de casos. 

Según la nota de El Comercio,[1] la fiscalía busca demostrar que la pareja “estaba en condición de presumir que los activos [los aportes] otorgados tenían origen ilícito” y, pese a ello, fueron usados para las campañas electorales del 2006 y el 2011. Es posible que ese argumento tenga algo de validez para el año 2006, cuando la pareja recibió dinero del gobierno venezolano, en la medida en que era claro que Chávez había tomado ese dinero de las arcas venezolanas “para beneficio propio y de terceros”.

Pero el caso de los US$3 millones de Odebrecht, entregados para la campaña del 2011 por disposición del Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva, es diferente. Según el Fiscal, Lula habría puesto a disposición de los esposos el dinero de “una especie de cuenta corriente nacida, poseída y contabilizada de la empresa en referencia (Odebrecht)”… y que era “utilizada a discreción por el partido de gobierno brasileño”.

Los Humala, indica el fiscal, debían presumir su ilicitud, puesto que se usaron mecanismos ocultos, como pagos a través de seudónimos (codinomes) y entregas en maletines, para hacer llegar el dinero. Aparece aquí la falacia en todo su esplendor. Si se usan esos mecanismos ocultos, no es porque se conozca del origen ilícito del dinero, sino para no poner en evidencia que una empresa como Odebrecht –extranjera por añadidura- estaba aportando a la campaña de un partido “nacionalista”. Políticamente era imposible revelar la fuente del financiamiento. Además, era una falta administrativa, por el monto. Más aun, el objetivo de la acción –usar mecanismos ocultos- no es “lavar” dinero sucio, sino ganar una elección. Y la motivación de Lula no era lavar dinero, sino controlar políticamente a un gobierno ideológicamente afín dentro de un plan de expansión geopolítica del estado brasilero.

Todo eso puede es muy censurable. Es una vergüenza. Pero no era un delito. Cierto es que el monto es muy elevado, y que es posible interpretar la donación como una suerte de soborno adelantado. Pero en ese caso hay que demostrar que hubo claro direccionamiento a la empresa Odebrecht en las licitaciones que luego ésta ganó. No se puede presumir adelanto de soborno. Y éste, en todo caso, sería otro delito –colusión-, no lavado de activos.

Lo mismo se puede decir respecto del argumento de que el partido usó aportantes falsos para “pitufear” el dinero, y que si lo hacía era porque presumía el origen ilícito de los fondos. Como sabemos, se lava para ocultar el origen delictivo. En el caso del pitufeo, no se lava en el sentido de que se quiere ocultar algún origen delictivo, sino para partir un monto muy grande o para que no se sepa quién dona. Y no porque quién dona sea delincuente, sino porque el donante no quiere aparecer o el partido no quiere que aparezca. Pitufear no es lavar, salvo que efectivamente se sepa que el dinero proviene de fuente ilícita, situación en la que se conjugan las dos finalidades. Pero si no es así, el objetivo no es lavar, sino tener dinero para la campaña. Tan sencillo como eso. Un asunto de sentido común.

Si los Humala usaron ese dinero para fines personales y no lo declararon, esa es otra figura, que quizá configure delito, pero sigue sin ser lavado de activos.

Usar mecanismos para ocultar la fuente de una donación era una falta administrativa, que se hacía acreedora de una multa, pero no un delito. Falta que todos los partidos han cometido siempre, porque así funcionaba la política peruana. Ante esa limitación, el sistema judicial ha construido la teoría del lavado de activos, tergiversando la naturaleza de los hechos. Al hacerlo, lo que ha conseguido es criminalizar la política y enviar a prisión a líderes de la oposición. Algo inconcebible en una democracia. Lampadia

César Azabache Caracciolo
Para Lampadia

Todos tenemos claro ahora que recibir clandestinamente fondos exhorbitantes para financiar la política ha sido usual. Lo de Humala o lo del entorno de la señora Fujimori no ha sido una excepción o una singularidad. Estamos discutiendo entonces una práctica que hemos tolerado por todo este tiempo, y la práctica es ya un asunto probado, no parte de nuestro saber escondido o susurrado.

La cuestión entonces consiste ahora en establecer cómo debe resolverse de manera consistente esto que es más que un impasse generalizado. Porque creo que tenemos claro que lo que ahora reconocemos como efectivamente ocurrido no debe hacerse más.

La circulación de fondos clandestinos no declarados en política debe ser prohibida de inmediato y sin tapujos como los que ensayó el Congreso hace unos meses al distorsionar al extremo los proyectos de ley discutidos casi durante todo el 2018 sobre financiamiento de partidos políticos. Debe prohibirse toda forma de circulación de fondos no declarados, tanto en cabeza de la organización que los recibe como de la persona que los entrega.

Pero además debemos representar nuestro reconocimiento a lo irregular de lo que hemos hecho de una manera al mismo tiempo equilibrada y clara. Seguir pretendiendo que lo que se hizo no era delito porque Jorge Barata y Odebrecht no eran reconocibles como lavadores de activos en el 2010 o antes es acaso la única teoría seria presentada en este debate. Pero como ya se ha dicho, la teoría ha sido expuesta con tantos “no” y “si acaso” poblados de cinismo que el debate hasta ahora no ha logrado un punto claro de razonabilidad.

En lo personal sigo pensando que con la clandestinidad en el manejo de dinero pasa lo mismo que con la auto exposición en caso de enfermedades contagiosas o de transmisión riesgosa: Cuando alguien se expone irresponsablemente a contraerlas no es posible que pretenda haber sido víctima de un engaño. Por eso la regla desde mi punto de vista debe ser la indiferencia: Quien acepta mover dinero clandestinamente se arriesga a que parte del dinero que mueve provenga de una lavandería. Entonces si esto ocurre (es decir, si en el camino se contamina con fondos que vienen de un lavandería) entonces no tiene nada sobre qué protestar.

Muchos de los profesores de derecho penal del medio no están necesariamente de acuerdo conmigo. La idea que sostiene es que más allá de la irresponsabilidad o la indiferencia el delito es solo imprudente, no sancionable en estos casos, si la indiferencia es el único factor en la mesa. Para ellos, además de la clandestinidad y la exorbitancia que conducen a la indiferencia sobre el origen es necesario que el sujeto que porta los fondos que se entregan exhiba de alguna forma, revele de alguna manera, represente o comunique claramente su conexión con alguna lavandería.

Desde mi punto de vista una teoría cómo esta, que sin embargo reconozco como fuerte y seria, ha quedado fuertemente afectada por el cinismo con el que algunas personas han organizado su propia defensa. Las teorías legales, para funcionar, deben obtener cierto respaldo moral que el cinismo generalmente resta. Pero además de eso, la teoría que pide la recognoscibilidad del otro como elemento del delito, crea una difícil paradoja moral. En el caso, Odebrecht y Jorge Barata no habrían sido recognoscibles como lavadores de activos (usuarios de una lavandería) porque la clandestinidad en el comportamiento de los financistas de la política era tan alta que “todos hacían más o menos lo mismo”.

La teoría de la recognoscibilidad del otro es entonces tan potente conceptualmente como ambigua en sus consecuencias prácticas. Crea por ello un caso moral y legal difícil que sólo la Corte Suprema puede resolver.

Mi pedido entonces: un pleno casatorio nuevo que resuelva clara y directamente este dilema.

El sistema debe dirigirse ya a presentar acusación y discutir estas cosas en juicio. Resolver estos asuntos de manera apropiada se convierte entonces en una necesidad imperativa. Lampadia

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