Dándole la estocada final a la crisis venezolana

| 5 de Diciembre de 2018

La crisis humanitaria, económica, social y política de Venezuela parece no tener fin. Según los últimos datos proyectados del FMI al cierre del presente año, el déficit fiscal en este país superaría el 7% del PBI y la deuda pública ascendería a casi el 70%. Esta política de mayor gasto público, financiada en gran parte por un banco central capturado por la dictadura de Maduro, más allá de reactivar la economía – Venezuela fue la única economía de América Latina y el Caribe que no creció en el 2017, caída que ascendió al 14% – ha generado una hiperinflación, que el FMI estima que cerrará este año en un 1’000,000%.

Este aumento generalizado y desenfrenado de precios que parece de nunca acabar ha destruido los salarios reales de los venezolanos que, según un reciente artículo escrito por Ricardo Haussman, profesor de economía de la Universidad de Harvard, a duras penas les permite comprar 2 huevos al día.

Sin embargo, aún cuando la solución del problema económico de Venezuela se encuentre en cualquier libro de texto de macroeconomía básico de primeros ciclos de un estudiante universitario de economía, estos no son sus únicos problemas.

Como indica Haussman, existen también graves problemas de salud y de delincuencia que afectan a la población venezolana como por ejemplo, un aumento notable de enfermedades, como la malaria y la anemia, así como una mayor presencia de organizaciones delictivas, como las FARC y el ELN de Colombia, que han hecho de gran parte del territorio venezolano, su hogar.

Como bien señala uno de los fundadores de la escuela de economía de la Universidad de Chicago y también Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, si deseas saber cómo se siente la gente ordinaria con respecto a la condición de vida de su país, debes mirar cómo votan con los “pies”. Y en el caso de Venezuela, lo que se ha observado es la mayor inmigración que ha podido presenciar Las Américas, con magnitudes semejantes a las de Siria. En este sentido, ¿Es posible darle fin a esta crisis que tanto aqueja a nuestros hermanos venezolanos y que los obliga a buscar mejores oportunidades en la región?

Ciertamente es posible, pero como sugiere Haussman, requiere de una coordinación entre la comunidad internacional y las fuerzas democráticas venezolanas. Es necesario que el 10 de enero, la Asamblea Nacional, que fue elegida y respaldada en el 2015 por más del 60% de la población, designe a un nuevo gobierno y a un nuevo mando militar, que permitan retornar a la democracia, aún cuando esto implique una falta a la constitución vigente.

Asimismo, para un correcto proceder en este proceso, es fundamental que las fuerzas armadas respeten las decisiones de la Asamblea, con el objetivo de asegurar que no se vulneraran los derechos humanos de ningún ciudadano venezolano que apoye la reforma.

Con respecto al apoyo internacional, este ya está dado pues los resultados de las elecciones que tuvieron lugar en mayo del presente año no fueron avalados ni por los países más importantes de América Latina ni por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Japón, entre muchos otros. En ese sentido, el apoyo está más que garantizado si es que se toma esta dura decisión.

Urge ponerla en práctica a la brevedad, de ser posible, el 10 de enero del 2019, día en el que empieza el nuevo mandato, no reconocido interna y externamente, de Maduro. ¡Nuestros hermanos venezolanos lo piden a gritos! Lampadia

Cómo poner fin a la pesadilla de Venezuela

3 de diciembre, 2018
RICARDO HAUSMANN
Traducción de Ana María Velasco

Ricardo Hausmann, ex ministro de planificación de Venezuela y ex economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, es director del Centro para el Desarrollo Internacional (CID) en la Universidad de Harvard y profesor de economía en la Kennedy School of Government de Harvard.

CAMBRIDGE – Desear que un problema desaparezca, rara vez es una estrategia efectiva. Mientras la comunidad internacional ha estado enfocando su atención en otros asuntos, la catástrofe venezolana se ha profundizado. Y de continuar las tendencias actuales, ella solo puede empeorar.

Con un día de trabajo al salario promedio, ahora se compran 1.7 huevos o un kilo de yuca, la caloría más barata disponible. Un kilo de queso local cuesta 18 días de trabajo al salario promedio, y un kilo de carne cuesta casi un mes, dependiendo del corte. Los precios se han estado elevando a tasas hiperinflacionarias durante 13 meses seguidos y la inflación va camino a exceder la marca de 1,000,000% este mes. La producción continúa cayendo como una piedra: según la OPEP, en octubre de 2018 había bajado el 37% en relación al año anterior, o casi 700,000 barriles diarios.

De acuerdo a Alianza Salud, una coalición de ONG, los nuevos casos de malaria en 2018 se han multiplicado por 12 desde 2012, lo que se traduce en un total de más de 600,000, que es el 54% de todos los casos en Las Américas. Amplias extensiones de territorio venezolano han sido cedidas a organizaciones delictivas, entre ellas grupos terroristas como las FARC y el ELN de Colombia, que actúan en colusión con miembros de la Guardia Nacional en la producción de oro y coltan, como también en el narcotráfico.

Como consecuencia, los venezolanos han estado saliendo de su país de manera masiva, creando una crisis de refugiados de proporciones semejantes a Siria, y que es la más grande de la historia de Las Américas. Dado que Facebook informa que tiene 3.3 millones de usuarios venezolanos en el exterior, mi equipo de investigadores en el Center for International Development de la Universidad de Harvard estima que debe haber por lo menos 5.5 millones en total. Entre quienes tuiteaban solo desde Venezuela en 2017, para noviembre, más del 10% había dejado el país. Pese a sus valerosos esfuerzos, Colombia, Ecuador y Perú encaran cada vez mayores dificultades para hacer frente al flujo de refugiados.

Es más que evidente que los problemas de Venezuela no se resolverán a menos que y hasta que haya un cambio de régimen. Después de todo, tanto el régimen como el colapso económico son consecuencia de la eliminación de los derechos básicos. Los venezolanos no pueden invertir y producir para satisfacer sus necesidades debido a que se les han arrebatado sus derechos económicos; y tampoco pueden cambiar políticas desatinadas porque también se les han arrebatado sus derechos políticos. Un giro requiere el re-empoderamiento de los venezolanos.

Afortunadamente, se vislumbra un fin a esta pesadilla, pero ello exigirá coordinación entre las fuerzas democráticas venezolanas y la comunidad internacional. El 10 de enero marca el fin del periodo del presidente Nicolás Maduro, el que comenzó con su elección en 2013. Su elección a un segundo periodo en mayo de este año fue una farsa: no se permitió que participaran los principales partidos de oposición y sus candidatos, y Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón y los países más importantes de América Latina, entre muchos otros, se negaron a reconocer el resultado de dicha elección. Esto significa que no reconocen la legitimidad de la presidencia de Maduro más allá del 10 de enero.

La solución lógica es que la Asamblea Nacional, elegida en diciembre de 2015 con una mayoría de dos tercios de la oposición, resuelva el impasse constitucional designando a un nuevo gobierno interino y a un nuevo alto mando militar, capaces de organizar el retorno a la democracia y de poner fin a la crisis. Sin embargo, los diputados están actuando con cautela en relación a esto, puesto que, en el mejor de los casos, temen ser ignorados o, en el peor, ser encarcelados, exiliados o torturados a muerte y luego arrojados por la ventana de un décimo piso, como le ocurrió en octubre a Fernando Albán, concejal de la ciudad de Caracas. A menos que las fuerzas armadas respeten las decisiones de la Asamblea Nacional, será muy difícil hacerlas cumplir.

Es por ello que esta solución requiere de la coordinación entre la comunidad internacional y las fuerzas democráticas venezolanas. Estas no saben con certeza cuánto apoyo internacional van a recibir, y la comunidad internacional tampoco sabe con certeza cuáles son los planes ni el nivel de cohesión que tienen dichas fuerzas.

Como es el caso con todos los problemas de coordinación, hay buenos y malos resultados que se auto cumplen. Por ahora, dado que la comunidad internacional no ha dejado en claro a quién se reconocerá como gobernante legítimo de Venezuela después del 10 de enero, las fuerzas democráticas venezolanas no han logrado unirse en torno a una solución.

Pero los venezolanos han estado haciendo sus tareas y sentando las bases organizacionales para el cambio. Los partidos políticos, los sindicatos, las universidades, las ONG y la Iglesia Católica se han unido para formar una iniciativa llamada Venezuela Libre. Han organizado congresos en los 24 estados del país, en los que han participado 12,000 delegados, y, el 26 de noviembre, llevaron a cabo un evento nacional para lanzar un manifiesto que esboza el camino de regreso a la democracia. Además, han estado elaborando un detallado plan económico, que han discutido ampliamente con la comunidad internacional, para superar la crisis y restaurar el crecimiento.

Esta es una excelente oportunidad para que la comunidad internacional se mueva hacia una solución coordinada: una negativa explícita a reconocer a Maduro después del 10 de enero, junto con el reconocimiento de las decisiones de la Asamblea Nacional con respecto al gobierno de transición, y ayuda para implementarlas. Además, es preciso enviar un claro mensaje a las fuerzas armadas venezolanas de que las decisiones de la Asamblea Nacional deben ser respetadas.

Una solución a la catástrofe venezolana no solo es deseable, sino también posible. El mundo no puede dejar pasar esta oportunidad. El 10 de enero puede convertirse en un nuevo comienzo. Lampadia

Acerca de ciertos vicios que – ojalá – no vuelvan jamás

| 5 de Diciembre de 2018

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 12 de octubre de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

¿Qué es gobernar, sino servir bien a la población? ¿Qué es gobernar, sino combatir con fuerza a la corrupción? Pero de verdad… no de la boca para afuera como ocurre con muchas autoridades. Además, si hubiera presupuesto regional, gobernar sería – también – hacer grandes obras de infraestructura. Pero no… ese no es el caso de los gobiernos sub-nacionales. Las grandes obras de infraestructura las hace el Gobierno Central… no los Gobiernos Regionales o Municipales.

He ahí un error muy generalizado. Mucha gente cree que los Gobiernos Regionales y los Municipios son los responsables de las grandes obras: carreteras, puertos, reservorios, hospitales, etc. ¡Error! Las grandes obras de infraestructura – incluso la reconstrucción de la infraestructura dañada por El Niño pasado – las hace el Gobierno Central.

Entonces… reitero. Gobernar es tratar bien a la población. Y para ello hay que confrontar – y sancionar – a la corrupción. Eso es gobernar.

Pues bien, cuando asumimos la gestión del Gobierno Regional – en enero del 2015 – encontramos la siguiente situación:

Colas de amanecida en todos nuestros hospitales.
Crueldad y maltrato descarado a los pacientes.
El temible Dengue aparecía en toda la región. Renombrados epidemiólogos vaticinaron lo peor respecto a la propagación de la enfermedad.
Había coimas por doquier – y maltrato a más no poder – en el otorgamiento de licencias de conducir.
Huacachina – el emblema de Ica – se había convertido en un charco agonizante, y los areneros se habían apoderado del balneario. ¡Huacachina daba lástima!
La presencia iqueña en el medallero olímpico escolar – a nivel nacional – era exigua y desmoralizante.
La relación con Huancavelica – por el tema del agua – era confrontacional e inconducente.
En los últimos 70 años no se había construido ni un solo reservorio en las cabezadas de nuestras cuencas.
La corrupción y la impunidad campeaban a lo largo y ancho del Gobierno Regional.
Y varios etcéteras más. Así era el Gobierno Regional de Ica en enero del 2015.

Bueno pues, Ica ha cambiado en los últimos años. Mejor dicho, ha mejorado.

Ya no hay colas en nuestros hospitales a pesar de haberse triplicado las atenciones.
El Dengue está totalmente controlado.
La Hermandad del Agua entre Ica y Huancavelica es una hermosa realidad.
Hemos triplicado el medallero olímpico escolar.
Y Huacachina está preciosa… los areneros ya no circulan por el balneario.
Las mafias de los brevetes han sido eliminadas y sancionadas como corresponde. Las licencias de conducir se entregan en el día – una vez aprobados los exámenes de manejo – sin coimas de por medio.
Y en cuanto a la corrupción – si bien no hemos terminado con ella – hemos destituido o suspendido a cerca de 300 funcionarios – léase… corruptos – que cometieron faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

Ciertamente, hemos cometido errores que hubiéramos querido evitar. También estamos conscientes de que – para lograr el nivel de bienestar que merecen los iqueños – aún queda un largo camino por recorrer. Pero que hemos mejorado… hemos mejorado. Aunque nunca faltan los amargados de siempre que dicen que no hemos hecho nada. En fin… ¿para qué hacerles caso?

Ahora – con Javier Gallegos de Gobernador Regional – sigamos hacia adelante. Pero siempre vigilantes para que los vicios del pasado no vuelvan – jamás – al Gobierno Regional de Ica. Lampadia

Propuestas para reducir la conflictividad (6 de 6)

| 5 de Diciembre de 2018

Con esta nota terminamos un primer ciclo de nuestro análisis sobre los conflictos que afectan a la industria extractiva y a la minería en especial. Los grupos anti inversión, los cultores del pos-extractivismo, esas ‘ideas muertas’ que han permitido se paren muchos proyectos de inversión sobre la base de relatos distorsionados, amenazas violentas a las poblaciones locales y manipulaciones para la búsqueda de rentas: han logrado acobardar a la clase dirigente y encapsular a todos los grupos políticos lejos del ‘atrevimiento’ de hablar con sinceridad sobre la importancia del desarrollo de esos proyectos.

Todos parecen estar esperando, que el ‘Ángel de la Guarda’ resuelva. Sin que se tengan que asumir liderazgos valientes con sus consiguientes costos políticos. El piloto automático, le llaman, a este escondite de cobardes.

Con el aporte de nuestros colaboradores del Centro Wiñay, liderados por Sebastiao Mendonça Ferreira, hemos publicado estos seis ensayos para disgregar el análisis sobre la conflictividad, que los peruanos debiéramos tener muy presentes. Esto se hace indispensable, habida cuenta del desbalance entre la presencia y laboriosidad de los anti mineros, versus la anomia o ausencia de los ciudadanos más informados, gremios y partidos políticos. Veamos:

Cómo Superar los Conflictos Políticos Prolongados

Para Reducir la Conflictividad Minera (6 de 6)

Sebastiao Mendonça Ferreira

Centro Wiñaq

“Frecuentemente se asume [equivocadamente] que, cuando están en juego objetivos económicos, los grupos de individuos con intereses comunes intentan [colectivamente] lograr esos intereses comunes”. Mancur Olson[i]

Los conflictos mineros tienen altos costos sociales y económicos y todos quisiéramos que hubieran soluciones a la vuelta de la esquina, pero el problema es más complejo de lo que aparenta y las soluciones deben ser construidas con visión estratégica y sentido práctico.

Ya hemos explicado en los artículos anteriores quienes son los actores principales de la conflictividad: (a) las sociedades regionales, (b) los grupos anti-mineros, (c) las empresas mineras y su gremio y (d) el gobierno con sus instituciones. También hemos propuesto ideas de lo que cada uno de los actores interesados en soluciones podrían hacer.

Ver en Lampadia los artículos de la serie en nuestra biblioteca virtual Recursos Naturales y Desarrollo:

Ahora queremos dar una visión integral de cómo podemos pasar gradualmente desde una situación de alta conflictividad social, como la de hoy, a una en que predomine el desarrollo compartido.

La Naturaleza de los Conflictos Mineros

Primero hay que entender la naturaleza de los conflictos mineros. En los medios predominan tratamientos superficiales en donde los conflictos mineros son descriptos como incidentes en la relación entre las empresas mineras y las comunidades campesinas, sin mostrar la figura completa del conflicto ni las razones por las cuales el Perú es uno de los países mineros con mayor nivel de conflictividad en el mundo.

Los conflictos mineros, o los conflictos sociales ligados a la minería, son conflictos políticos prolongados. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas:

1) En los conflictos mineros los intereses políticos de algunos actores (los grupos anti-mineros y los gobiernos nacionales, regionales y locales) definen la naturaleza del conflicto, por encima de los intereses de la sociedad local y de las empresas mineras. Esto implica que los temas ambientales, parte fundamental del discurso de los anti-mineros, sean usados en función de los objetivos políticos de esos actores. Quiere decir también que los conflictos no son exclusivamente locales, sino que son parte de las disputas políticas del país, e incluso de corrientes ideológicas globales en Europa y Norte América.

2) El carácter prolongado de los conflictos mineros nos indica que ellos van subsistir por un largo tiempo, es decir, muchos años. Como los actores que promueven los conflictos no van desaparecer, los conflictos van continuar mientras sea lucrativo promoverlos. Solo desaparecerán cuando las condiciones del país los inviabilice.[ii]

Los Mecanismos de Cambio.

Para que la conflictividad comience a disminuir es fundamental que los actores interesados en el desarrollo compartido entre el sector extractivo y los demás sectores construyan una serie de Mecanismos de Cambio, mecanismos que vayan disminuyendo gradualmente la rentabilidad económica y política de los conflictos (ver lista abajo en la columna de la izquierda). Los Agentes de Cambio tienen que construir a nivel local y nacional los mecanismos que permitan a la sociedad defender sus intereses ante la labor depredadora de los generadores de conflicto (Elinor Ostrom, premio Nobel 2009, explica muy bien la necesidad de las sociedades de controlar a los depredadores para proteger sus recursos).[iii]

Esos Mecanismos de Cambio han sido pensados en función de las causas de fondo de la conflictividad social y requieren ser utilizados en forma combinada.

Lo que sigue es una descripción muy breve de las características de cada uno de esos posibles Mecanismos de Cambio. Las experiencias particulares pueden llevar a que algunas personas deseen adicionar otros mecanismos o expresar éstos de una forma distinta.[iv]

Visibilizar los beneficios regionales de la minería: Los recursos generados por la minería, como el canon, son utilizados en obras que efectivamente dinamizan el desarrollo y la población debe estar bien informada de su impacto y origen. Además, los impactos de la minería en la generación de empleos y dinamización de la economía local están cuantificados y deben ser expuestos de manera que se entiendan claramente.

Actores locales que expresen una narrativa pro-desarrollo: Los líderes de opinión locales deben ser empoderados para están claros sobre cómo la minería dinamiza y puede dinamizar la economía local, y saber qué responder a la narrativa conflictiva de los grupos anti-mineros. En los eventos públicos, los líderes de opinión locales deben ser capaces de polemizar con los anti-mineros y rebatir sus falacias con argumentos claros, creíbles y fundamentados en casos reales.

Instituciones locales pro-desarrollo compartido: Los colegios profesionales, cámaras de comercio, universidades, ONG de desarrollo, municipalidades, etc., deben discutir y arribar a una visión de futuro positiva para sus regiones y localidades y tener ideas prácticas de cómo usar los recursos generados por la minería (canon, otros impuestos, obras de infraestructura, proyectos de desarrollo, etc.) hacia la realización de esa visión.

Imperio de la ley en el país, y en especial en la regiones mineras: El Estado debe tomar las medidas para acabar con la violencia y la impunidad en las regiones mineras. Quienes cometen actos de violencia deben ser retirados de las calles. Mientras persista la violencia y la impunidad en las zonas mineras la minería no será viable. El respeto a las leyes y a los derechos ciudadanos es indispensable para cualquier solución a la conflictividad.

Nuevas prácticas sociales, ambientales y de reporte: Las empresas mineras deben mejorar sus prácticas sociales priorizando sus objetivos de largo plazo sobre sus urgencias operativas (tarea difícil, pero no imposible), haciendo de su legitimidad en las sociedades locales un objetivo central, superando el dominio de lo operacional sobre la legitimidad, abandonando prácticas sociales paternalistas y trabajando en función a construir una coalición social, en su entorno, que apueste por la minería como uno de los motores de su desarrollo.

Incidencia sobre el marco institucional de la minería: En el marco legal e institucional se juegan intereses clave de la minería, y los grupos anti-mineros dan una gran prioridad a la incidencia política e institucional. Ese es un campo que no puede quedar desatendido o los promotores de la conflictividad utilizarán la debilidad institucional a su favor (aún más de lo que hacen hoy). Actualmente, los anti-mineros quieren fragmentar el sistema jurídico del país a través del enfoque de “Justicia Intercultural”. Si ello sucediera, se crearían zonas aisladas del Estado de Derecho, legalizando el dominio autoritario de los anti-mineros.

Ejemplos de pasivos mineros recuperados: Los incontables pasivos mineros dañan el ambiente y la confianza de la población en la posibilidad de una minería responsable. La recuperación de esos pasivos permitirá que la minería recupere credibilidad con las poblaciones como actividad ambientalmente responsable.

Ejemplos de activos mineros desarrollados: La empresas mineras modernas han desarrollado activos mineros muy importantes, que lamentablemente no se han difundido suficientemente. Como ejemplo de estos activos tenemos el Bosque de Huarmey creado por Antamina, en Ancash, el reservorio de agua para uso no minero en lo que fue el tajo San José y el reservorio de Chailhuagón, ambos construidos por Yanacocha, en Cajamarca, la estación de aves migratorias en la Bahía de Ite, de Southern, en Moquegua, entre otros.

Medios de comunicación pro-minería sostenible: La hegemonía mediática de los anti-mineros, especialmente en las radios y otros medios locales, debe ser superada. El bombardeo permanente de rumores y mensajes hostiles a las empresas mineras, a la minería, a la institucionalidad democrática y a la economía de mercado necesitan ser neutralizados para que la población pueda pensar libremente, sin manipulaciones ideológicas, en su propio desarrollo. Los recientes resultados electorales presidenciales, en las zonas involucradas en conflictos mineros evidencian las consecuencias políticas negativas de esa hegemonía.

Instituciones públicas mejor legitimadas: Las instituciones públicas responsables de la minería (MEM, MINAM, ANA, etc.) necesitan mejorar significativamente su credibilidad, en especial ante los líderes de opinión. Cuando los anti-mineros descalifican esas instituciones públicas ellas deben ser capaces de afirmar la independencia, responsabilidad y solvencia técnica de su accionar y de sus resoluciones: aprobaciones de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), o reportes de calidad de agua. Dejar a las empresas el rol de defender las resoluciones del Estado crea la sensación de captura corporativa de las instituciones públicas ante el público y la población local, y que esas instituciones están ocultando algo.

Un gobierno nacional que sepa desactivar conflictos: El Estado debe asumir su responsabilidad de prevenir los conflictos y crear las condiciones in situ para que los actores locales lleguen a acuerdos del tipo ganar-ganar. El gobierno deberá crear las condiciones para que los conflictos se resuelvan antes que escalen o se multipliquen. Debe brindar soporte al proceso de acuerdos siendo fedatario del cumplimiento de los mismos y brindando asesoría a las comunidades respecto a los verdaderos alcances e implicancias de los acuerdos. Así mismo, debe cumplir escrupulosamente sus propios compromisos, contrariamente a los mil incumplimientos que se han usado para justificar y agudizar los conflictos.

Ese conjunto de Mecanismos de Cambios, adaptados a las condiciones específicas de cada región del Perú, van permitir la reducción de la conflictividad en forma sistemática. Una vez que se implementen, se debería organizar un proceso de intercambio de experiencias para recoger las mejores prácticas e identificar errores a corregir.

Las condiciones de Sostenibilidad

Como ya lo han explicado muchos estudiosos del tema, la conflictividad se reducirá dramáticamente, o desaparecerá, cuando las condiciones legales, institucionales y políticas del país hayan sido adecuadamente renovadas. Cuando sea así, podremos tener minería como sucede en Botsuana, Australia, Canadá, Noruega, etc. sin conflictos sociales destructivos ni ideologización de la población rural.

Las diez Condiciones de Sostenibilidad de la minería funcionarán como objetivos de largo plazo que debemos avanzar desde ahora. Igual que los Mecanismos de Cambio, esas Condiciones de Sostenibilidad son sinérgicas entre sí, es decir, deben ocurrir en forma simultánea. La forma de alcanzarlos es operando sobre los Mecanismos de Cambio.

Marco legal e institucional de la minería legitimado: Con un marco legal e institucional adecuado y legitimado los formadores de opinión, los medios de comunicación y los líderes políticos tendrán confianza en sus reportes, diagnósticos y resoluciones, y la ciudadanía tendrá más confianza de que el Estado está efectivamente protegiendo sus derechos y expectativas, y los rumores contra la minería perderán credibilidad. La institucionalidad minera debe ser la próxima isla de excelencia a construir en el país, junto al BCR y el MEF.

Opinión pública nacional pro-desarrollo con minería: Una opinión pública nacional que sea favorable a la minería como motor del desarrollo jugará un papel fundamental en la reducción de la influencia política de los anti-mineros y en su capacidad de generar costos políticos, y así forzar a los gobiernos nacionales a claudicar en sus responsabilidades; por temor a una opinión pública contraria. El principal eje estratégico del accionar de los anti-mineros, la generación de costos políticos a los gobiernos, estará así neutralizado.

Hegemonía regional pro-desarrollo con minería: Con el establecimiento de un consenso entre los principales líderes e instituciones regionales sobre el papel de la minería en el desarrollo regional, las empresas y la población podrán construir sinergias con la minería, y los grupos anti-mineros tendrán dificultad para generar una polarización social que les beneficie. En esas condiciones será mucho más difícil, sino imposible, escalar los conflictos.

Políticas de buen uso de los recursos de la minería: Con políticas de buen uso de los recursos mineros, en obras que viabilizan el desarrollo regional y servicios que mejoran la calidad de vida de la población y con mecanismos efectivos de supervisión para prevenir la corrupción y el desperdicio, los beneficios de la minería se harán visibles para la población, y la narrativa anti-minera tendrá dificultad para se propagar localmente.

Minería integrada a las economía locales: Con la minería integrada a las cadenas de valor de la región, al estilo de “valor compartido” de Michael Porter, el impacto de la minería en la dinamización económica también se vuelve un factor de diversificación de las economías locales. Así, los segmentos de la población de diversos sectores económicos estarán claros sobre los beneficios de la minería y la defenderán ante posibles ataques de grupos radicales.

Prácticas sociales y ambientales consolidadas: un mejoramiento cualitativo de las prácticas sociales y ambientales de las empresas mineras reducirá los micro-conflictos y los eventos transaccionales (negociaciones para mitigar impactos y resolver conflictos con grupos de la población), incrementar la confianza de la población en las empresas mineras y reducir la credibilidad de los rumores de los grupos anti-mineros. Se debe abandonar la supeditación de la estrategia social de las empresas a los requerimientos operativos de corto plazo.

Narrativas pro-desarrollo en la cultura pública: Las narrativas favorables al desarrollo han derrotado las narrativas del resentimiento social y la conflictividad. La naturaleza interesada de los anti-mineros ha quedado clara para la población. Las campañas de los anti-mineros y sus aliados encuentran una resistencia espontanea en la población, especialmente en los jóvenes y sectores educados que quieren abrirse nuevas posibilidades de futuro.

Aportes de la minería al Perú son reconocidos: Los miles de millones de dólares que la minería aporta en impuestos, al ser aplicados correctamente y sin corrupción, visibiliza la contribución de la minería al desarrollo del Perú. Los gobernantes, los líderes políticos y las instituciones del país reconocen públicamente dicha contribución dándole reconocimiento oficial y neutralizando los discursos anti-mineros.

Tecnologías competitivas y amigables al ambiente: haciendo un uso extensivo de las tecnologías más avanzadas y de los enfoques de sostenibilidad ambiental, la actividad minera peruana se vuelve más atractiva en los mercados globales, atrayendo al país a los grupos más avanzados, responsables e innovadores, alineados con las tendencias del futuro.

Sistemas transparentes de reporte en minería: Las empresas mineras han mejorado la transparencia de los reportes ambientales, tecnológicos, sociales y fiscales logrando el reconocimiento de las instituciones oficiales del país e internacionales. Ese reconocimiento opera como un escudo de protección de la imagen de las empresas mineras que operan en Perú ante campañas negativas de los anti-mineros locales y/o extranjeros.

Una vez que estas condiciones estén instaladas la minería tendrá asegurada su presente y su futuro, y la población podrá ver en sus recursos naturales una bendición, una forma de disponer de recursos para cerrar la brecha de infraestructura del país sin tener que recurrir al endeudamiento internacional masivo.

Conclusiones

El principal agente con capacidad para que disparar ese proceso es el nuevo gobierno. Su decisión política será decisiva. La configuración política del país (ejecutivo, legislativo y opinión pública) es potencialmente favorable para una iniciativa de reactivación minera. Con la legitimidad de una elección reciente, el nuevo gobierno está en condiciones de desplegar una estrategia, combinando los elementos aquí expuestos con otros que considere necesario, hacer los ajustes institucionales requeridos, y convocar a las empresas, instituciones ligadas a la minería, y a los políticos locales para poner en marcha experiencias que ilustren al país sobre como reabrir las puertas del desarrollo nacional impulsado por la minería.

La oportunidad y la responsabilidad están principalmente en el Palacio de Pizarro. La responsabilidad y los resultados reales perdurarán todo el mandato y podrán ser parte del legado de este gobierno. La ventana de oportunidad durará unos pocos meses, a lo máximo un año. No hay tiempo que perder!!

Lampadia

[i] Es sorprendente que los actores ligados a la minería, con tantos recursos, no sean capaces de coordinar sus acciones para defender sus intereses; considerando que los anti-mineros lo hacen bastante bien. Quienes quieran entender mejor los problemas de la acción colectiva pueden leer el libro de Mancur Olson The Logic of collective action: Public goods and the theory of groups (5^th edition). Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

[ii] Como ya expliqué en artículos anteriores, los trabajos de Paul Collier y Daron Acemoglu muestran abundante investigación sobre la relación entre las instituciones, los conflictos sociales y el desarrollo económico.

[iii] Quienes estén interesados en entender la importancia de neutralizar a los agentes depredadores pueden leer el libro “Governing the Commons” de Elinor Ostrom. Ella se especializó en la depredación de los recursos naturales, pero los principios desarrollados por ella se aplican a cualquier tipo de recursos: naturales, fiscales, rentas económicas, etc.

[iv] En artículos futuros desarrollaremos con mayor detalle algunos de esos mecanismos.

La formación de un nuevo gobierno en España

| 5 de Diciembre de 2018

Las elecciones del último domingo en España han dejado a los españoles en una situación de incertidumbre sobre la formación del nuevo gobierno. Si bien el partido de gobierno, el PP, ha obtenido la primera mayoría, ésta no le alcanza para mantener el control de la cámara política y poder así formar un nuevo gobierno.

Otro cambio de la situación previa es el debilitamiento del tradicional bipartidismo. El PP y el PSOE siguen siendo las dos mayores fuerzas, pero la irrupción de Podemos y Ciudadanos han cambiado la aritmética política de España.

Rajoy, el actual jefe de gobierno y líder del PP, ha declarado que recoge el mandato electoral para tratar de formar el nuevo gobierno. Sin embargo, este objetivo presenta muchas dificultades e incertidumbres. Según la Constitución española, el plazo para formar gobierno es de dos meses desde la primera votación para nombrar al nuevo Primer Ministro. Éste necesita conseguir mayoría absoluta en la primera votación, pero de no lograrse, puede ser elegido por mayoría simple, de lo contrario se tiene que ir a un nuevo proceso electoral.

El PSOE ya adelantó su voto en contra. Por su lado Podemos y Ciudadanos tratarán de hacer valer sus posiciones estratégicas y negociar acciones de gobierno favorables.

Las opciones futuras son muy variadas y tienen distintos impactos. El diario británico, Financial Times (FT), publicó ayer un análisis de las opciones más probables, que comentamos a continuación. (How Spain can form a government in a fractured political system, de Tobias Buck, 21 de diciembre). Los cuadros del FT han sido traducidos por Lampadia.

Con una Probabilidad de 3/5 (60%): Un gobierno de minoría

Esta opción es precaria en su capacidad de mantener gobierno por cuatro años y de poder llevar a cabo las políticas que permitan consolidar la recuperación económica de España.

Con una Probabilidad de 2/5 (40%): Un gobierno de izquierda

Una eventual alianza de gobierno con muchas dificultades de manejo por las diferencias conceptuales que separan a las partes, entre ellas la cuestión de la separación de Cataluña.

Con una Probabilidad de 1/5 (20%): Un gobierno del bipartidismo

Una opción que, más allá de las irreconciliables diferencias programáticas e históricas entre ambos, podría ser un eventual suicidio del PSOE, pues dejaría el espacio de la izquierda en manos de Podemos.

Con una Probabilidad de 3/5 (60%): Un nuevo proceso de Elecciones

Una opción que al amenazar con eventuales cambios en la votación popular puede generar una pérdida de posiciones del PSOE y Ciudadanos, que ya venían en un proceso de erosión de sus preferencias en los días previos a las elecciones. Esta posibilidad podría hacer que para evitar dicho riesgo, tanto el PSOE como Ciudadanos, se avengan a negociar alguna de las opciones indicadas más arriba. Lampadia