“Lo veremos en los siguientes días, mientras tanto muchos tontos útiles sirven de extras en este thriller político y se enorgullecen, sin saberlo, de participar en esta puesta en escena tomándose fotos en ‘la protesta’ o con sus posts contra ‘la corrupción’”.

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

Controlar la prensa es una necesidad primordial para todo gobernante populista en cualquier parte del mundo. Su desapego a las reglas básicas de la política, su afán de concentrar el poder y sus falacias sólo pueden mantenerse y rendir frutos si la prensa le es afín, cómplice o por lo menos “neutral”.

El Perú en los últimos 50 años.

Juan Velasco lo hizo deportando a los directores de los diarios y revistas, apresando periodistas y finalmente confiscando los canales de televisión y los periódicos, los cuales inmediatamente después entregó al control de los caviares de la época (Héctor Cornejo Chávez, líder de la Democracia Cristiana fue nombrado Director del Diario El Comercio intervenido por la dictadura de Velasco).  10 años después, en 1980 AP y el PPC devolvieron los diarios y canales a sus dueños, gracias a lo cual surgieron nuevos medios como La República, Frecuencia Latina y ATV.

Alberto Fujimori en los 90s, empleo una técnica menos violenta pero más efectiva: compró la línea editorial de los principales diarios, canales y estaciones de radio más importantes del país con dinero en efectivo que su poderoso asesor entregaba en las salas del SIN a cambio de titulares, portadas, entrevistas y años de adulación y obsecuencia. El Diario El Comercio no aparece entre los diarios que pasaron por el SIN. Dos estilos, un mismo objetivo: tener el control de la prensa.

A partir del año 2000, controlar a la prensa dejó de ser una necesidad primordial y tanto Paniagua como Toledo, García y Humala convivieron con medios de comunicación afines, neutrales y abiertamente opositores, como debe ser en toda democracia. Esto no quiere decir que no existieran preferencias por ciertos sectores de la prensa (Toledo entregó América TV a una sociedad conformada por el Grupo El Comercio y el grupo La República) o conflictos con algunos periodistas (Alan García se preció, más de una vez, de haber enviado de vacaciones a más de un periodista incómodo y tuvo que destituir a su fiel ministro de justicia, Aurelio Pastor, por haber ofendido con un indulto al grupo El Comercio). 

En estos últimos 20 años, la publicidad estatal en los medios de comunicación paso a ser el elemento de “modulación” de las buenas relaciones entre gobiernos y prensa. Ya no hubo miles de dólares en fajos entregados en forma secreta, sino campañas publicitarias de ministerios, empresas estatales, organismos públicos, regiones y municipalidades, ya que en la necesidad de tener buena relación con la prensa están unidos de rey a paje, presidente, ministros, congresistas, gobernadores, alcaldes y regidores. Tanta importancia tiene el tema de la publicidad estatal qué en el año 2006, la Ley 28874, ley que regula la publicidad estatal unió a perro, pericote y gato. La gestó el Congreso de mayoría Toledista, la suscribió Fausto Alvarado del FIM y la promulgó Alan García en sus primeros días de gobierno. Perros, pericotes y gastos sabían que había que poner límites a lo que los medios le cobraban al Estado o lo que este les paga a aquellos, como quieran verlo.

En paralelo, durante estos mismos 20 años y particularmente en la última década, los medios de comunicación enfrentaron la feroz competencia de sus nuevos implacables rivales: el internet, las redes sociales, los smartphones y los influencers. Esta competencia disminuyó la publicidad privada que se ha ido a las redes sociales y ha dejado a la prensa televisiva, radios y canales de televisión reducidos a merced de la publicidad estatal. Por esta razón, no es casualidad sino pura necesidad que desde el 2016, la prensa, especialmente la gran prensa nacional (porque la prensa local ya hacía esto en muchos casos desde décadas atrás), ha comenzado a dejar de ser prensa y ha comenzado a brindar servicios políticos.

• Convencieron, primero a PPK y luego a Vizcarra, de que podían servir de partido a un gobierno sin mayoría en el Congreso y que no debía pactar con el Congreso, sino confrontar con él.  
• Junto a encuestadoras, ONGs, con el rol estelar de algunos comunicadores bien calificados como “guaripoleras del gobierno” y bajo la batuta de “consultores de medios”, dejaron de transmitir información, opinión y cultura y pasaron a hacer propaganda política, vanguardia, adoctrinamiento, blindaje del gobierno y escarnio de los enemigos que este se fue fabricando.
• Le vendieron la idea de que se podía gobernar sin mayoría en el Congreso y justificaron las bravatas contra el Congreso, el referéndum, el adelanto de elecciones, la disolución del Congreso y ahora, cuestionan la vacancia ejecutada por el mismo Congreso que crearon.

Estos medios de comunicación fracasaron en su intento de ser partido. No pudieron sostener a los dos presidentes a los que se ofrecieron como base política. Sus titulares y encuestas no impidieron que ambos presidentes fueran despedidos. Sin embargo, no han fracaso en los negocios. Han logrado sobrevivir.  Sólo el presupuesto del 2019 para publicidad estatal, según el propio Diario Gestión, subió de 120 a 168 millones, en el mismo año en que no se construyeron los 80 hospitales ofrecidos.

Por todo ello, no es casual que una vez vacado Vizcarra sigan haciendo lo que ofrecieron hacer: ser la base política del gobierno depuesto. Cobraron bien por ello. Sus titulares, horas estelares de trasmisión, programas radiales, mesas de conducción y fotos de portada siguen al servicio del partido vacado y alentando a la protesta y la violencia.

En medio de todo lo feo que es tener una prensa que funge de independiente y hace de coalición política, resultaría aceptable pensar que actúan por consecuencia, sin embargo, todo parece indicar que lo hacen para que sus servicios sean nuevamente contratados por la administración Merino y el gabinete de Antero. Todo parece indicar que estamos frente a un chantaje mediático que sólo se apagará cuando la pauta publicitaria estatal, las campañas publicitarias, las consultorías y los publirreportajes vuelvan a fluir. Sólo allí Martín Vizcarra comenzará a ser olvidado y será considerado como lo ha hecho, off de record, una reconocida periodista de este elenco. Entre tanto, la historia, declaraciones, opiniones de los miembros del nuevo gabinete serán amplificadas para mal y si en la protesta hay alguna bala, esta será la noticia estelar. Y, para el Congreso seguirá habiendo espacio. Los dislates de algunos congresistas, su prontuario y sus desatinos serán la portada, mientras el Dictamen de la Comisión de Transporte que busca regular la pauta publicitaria estatal y ampliar el porcentaje para los medios locales se mantenga. El congreso seguirá en el blanco, como lo estuvo por la Ley Mulder.

Merino y Antero están notificados. ¿Pagarán el precio de la paz mediática?

Lo veremos en los siguientes días, mientras tanto muchos tontos útiles sirven de extras en este thriller político y se enorgullecen, sin saberlo, de participar en esta puesta en escena tomándose fotos en “la protesta” o con sus posts contra “la corrupción”. Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

En Lampadia hemos dicho con toda claridad que no estábamos de acuerdo con la vacancia presidencial. Nuestra propuesta era que Vizcarra convocara a un Primer Ministro independiente que a su vez pudiera dirigir un gabinete de salvación nacional, y salvar así la circunstancia de un presidente devaluado y sospechoso de actos inadecuados para con la democracia.

Lamentablemente, eso no fue lo que se dio. La situación política se siguió deteriorando y el presidente siguió hundiéndose en el lodo de las denuncias de corrupción.

El Congreso de la República ha tomado la decisión multipartidaria de vacar al presidente con una abrumadora mayoría de 105 votos. Ante ello, no queda otra cosa que pensar en el futuro y ayudar a que se tomen decisiones serias que permitan que el Perú llegue a su Bicentenario en condiciones más auspiciosas que las que se avizoraban hasta ayer.

Ahora debemos insistir en proponer que Manuel Merino, el presidente de transición, invite a un Primer Ministro independiente, que esté más allá del bien y del mal, que no esté comprometido con la política peruana de corto y mediano plazo. Ese Primer Ministro, debería, a su vez, convocar a ministros capaces que asuman el reto de formar un ‘gabinete de salvación nacional’, que nos lleve al Bicentenario con esperanza y sin más absurdas confrontaciones políticas.

Alguien que calza con el perfil reseñado puede ser Antero Flórez Araoz. El es un hombre respetado y de un manejo ecuménico. Debería poder concertar con el Congreso una agenda legislativa constructiva, no populista.

Otro cargo muy importante es el del ministro de Economía y Finanzas. Para este caso hay que pensar en alguien como Elmer Cuba, que es un hombre con vocación nacional y con las capacidades técnicas y políticas suficientes, para asumir el reto de llamar a la calma y a apostar por la reconstrucción de nuestra economía.

Este es un momento muy importante en la vida nacional. Tenemos que enfrentarlo con visión de futuro y el compromiso de buscar la unión y bienestar de todos los peruanos. Lampadia

Alejandra Benavides
Para Lampadia

A pesar de su paupérrima gestión, el Presidente Martín Vizcarra (MV) en su discurso de 28 de julio de 2020, no fue tímido al enumerar un listado interminable de promesas y proyectos, haciendo énfasis en el esquema a utilizar para la ejecución de dichos proyectos: gobierno a gobierno. En su discurso dijo que eso permitiría que el Estado peruano “adquiera la experiencia de gestión de proyectos de los países de primer mundo”. Entre los proyectos bajo este esquema estarían la Reconstrucción (con Cambios) del Norte y las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima.

En su entrevista del 11 de octubre de 2020 con Rosana Cueva en Panorama – y posteriormente en Cuarto Poder, MV negó las acusaciones de corrupción contra él (entre miles de “o sea”), alegando que él fue un simple impulsor y facilitador del proyecto de irrigación Lomas de Ilo. Indicó que fue la UNOPS quien lideró el proyecto, tanto en la parte técnica como en la licitación, y que esta última fue hecha con total reserva y sin compartir información al Gobierno Regional de Moquegua. Dichas declaraciones ya sabemos son falsas, no sólo por una respuesta formal de UNOPS, sino también lo deja explícito el exrepresentante de UNOPS en el Perú en su entrevista a El Comercio en 2019 en contexto de los Juegos Panamericanos: “Es muy importante que la gente sepa también que todo se hace compartiendo la información correspondiente al gobierno local del país, porque siempre hubo un mito de que los procesos hechos por los organismos internacionales son hechos totalmente cerrados.”

La ilusión de que estos acuerdos con organismos internacionales y gobiernos están libres de corrupción, es muy peligrosa, pues más que evitar la corrupción, la potencian. Fungen de sello de “buen comportamiento” para el gobierno (central o local) que lo utilice. Sin embargo, en sendas ocasiones han servido de careta para esconder robos y corrupción. Casos enigmáticos como

• el caso Guvarte donde, bajo un acuerdo de ayuda crediticia entre los gobiernos peruano y español, el Estado peruano firmó un contrato con la empresa Guvarte para la construcción y equipamiento de penales -totalmente sobrevalorados, obras inconclusas y ministros que huyeron de sus responsabilidades.
• En tiempos más recientes, tenemos el famoso satélite Cateriano, adquirido bajo modalidad gobierno a gobierno con Francia, compra muy cuestionada a pesar del archivamiento de su respectiva investigación. 
• En el 2012, OAS, en conjunto con otras empresas, se adjudicó casi 200 millones de soles para la construcción del Hospital Lorena –que está recién al 60% de avance (más de 8 años después) y ahora el gobierno francés se encargará de terminarlo con una inversión de 230 millones de soles adicionales! En dicho caso OAS confesó haberse coludido con autoridades locales, así como con funcionarios de la UNOPS, con una coima de casi US$1 millón.

Muy sospechosamente, el gobierno de López Obrador en México está usando a UNOPS en varios nuevos proyectos de consultoría y asesoría en proceso de licitaciones. El más criticado: la compra de medicamentos por más de US$4,000 millones, donde UNOPS se hará del 1.25% del monto de dichas licitaciones.

El gobierno actual se jacta de prácticamente haber inventado estos esquemas en el Perú, cuando ya hemos visto múltiples ejemplos, no sólo en el ámbito local, sino en todo el mundo. Lo más preocupante es que estas modalidades de contratación y gestión triangulada, se han vuelto favoritos por gobiernos locales y regionales. Un documento elaborado por la Contraloría del Perú en 2015 analizó las contrataciones a través de estos mecanismos entre los períodos 2011-2014. El crecimiento anual promedio en dicho período en adjudicaciones por este tipo de contrataciones fue de 94%, pasando de US$85 millones en 2011 llegando a más de US$500 millones en el 2014, del que 40% corresponde a gobiernos regionales y otro 40% al gobierno nacional, siendo la OIM y UNOPS las organizaciones que concentran la mayoría de contratos.  En ese mismo reporte, la Contraloría establece que si bien los contratos con estas organizaciones sí están dentro del ámbito de supervisión de este órgano de control -al haber recursos que se trasladan desde el Estado a las organizaciones-, lo que estas organizaciones hacen luego no está dentro de su control. Asimismo, por más de que la ley sí establece que lo que sucede dentro de estos contratos debe ser registrado en SEACE, en la mayoría de casos no se hace o se hace de manera incompleta.

Fuera del consenso que pueda haber para suplir las deficiencias técnicas y de conocimientos de los gobiernos centrales y regionales, los acuerdos gobierno a gobierno y contrataciones de organismos internaciones parecen haber dejado “puntos ciegos” para que la corrupción campee. Muchos dirán que este tipo de situaciones se dan por unas pocas “manzanas podridas”, pero más parece haber un sistema perverso, tras el cual se esconden intermediarios y operadores corruptos. La crisis actual es el escenario perfecto para impulsar el cambio, ya sea desde el Congreso o la Contraloría, pues claramente el Ejecutivo no lo hará. Lampadia

Fuentes:

https://larepublica.pe/politica/1478824-oas-confiesa-haber-pagado-sobornos-operador-oficina-onu-hospital-requena-unops-lava-jato/

https://convoca.pe/agenda-propia/metro-de-lima-modalidad-de-gobierno-gobierno-evitara-casos-de-corrupcion-en-las-obras

https://ladobe.com.mx/2020/10/unops-y-la-licitacion-para-comprar-medicamentos-sin-corrupcion/

http://doc.contraloria.gob.pe/estudios-especiales/reportes/2015/Reporte_N07-2015-CG_EST.pdf

https://diariocorreo.pe/peru/cusco-gobierno-regional-se-habria-coludido-con-unops-para-favorecer-a-oas-601639/

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Podría haber una relación de causalidad, consciente o inconsciente, entre los presuntos sobornos que solicitó y recibió el presidente Vizcarra cuando fue gobernador de Moquegua, y las tácticas políticas que usó a lo largo de su mandato: confrontar al Congreso sistemáticamente, disolverlo, y eventual y presuntamente jugar en pared con José Domingo Pérez para encarcelar a opositores políticos.

Con ese conjunto de acciones logró convertirse en el campeón de la lucha contra la corrupción al mismo tiempo que fortalecía su poder y su aprobación popular. En esas condiciones era muy difícil que algún investigado del club de la construcción se atreviese a denunciar pagos al presidente, y si lo hacía no tenía eco en los fiscales. La información de que Tejeda deseaba convertirse en colaborador eficaz descubriendo el soborno a Vizcarra circulaba desde hace por lo menos un año y medio. Al parecer, se tuvo que filtrar para que recién los fiscales activasen el proceso, y es evidente que mientras menos tiempo le quede al presidente en el poder y más debilitado se encuentre, más aspirantes a colaboradores eficaces querrán revelar sobornos, si es que los hubo.

En otras palabras, lo que hizo Vizcarra desde casi el inicio de su gobierno fue aplicar la táctica de que ‘la mejor defensa es el ataque’. La manera más eficaz de blindarse, de anular o inhibir cualquier denuncia, era convertirse en el gran héroe anticorrupción, confrontando y disolviendo, mientras opositores eran encarcelados.

Sobre esto último, debe recordarse el audio en el que la ex secretaria de Vizcarra, Karem Roca, menciona un vínculo entre Martín Vizcarra y José Domingo Pérez Roca. Señala que Rose Mary Silva, la concuñada de Martín Vizcarra, “mueve a los fiscales, ella habla, todos los juicios que le ha visto a Martin Vizcarra…, por eso es que Domingo Pérez viene aquí a trabajar y a su mujer la mandan a Perúcompras, y cuando ha habido el escándalo, ya la sacan a la mujer de Perúcompras”. Esto es algo que el Congreso debería investigar.[1]

Ya entendemos mejor por qué buscó la confrontación en lugar de la concertación para sacar adelante la reforma judicial y la reforma política. Lo lógico hubiese sido escoger la colaboración con el Congreso. Keiko Fujimori había saciado su sed de venganza con la salida de PPK y carecía de animadversión a Vizcarra. En la práctica, lo había hecho presidente. No solo eso: la bancada fujimorista había perdido la mayoría absoluta y se encontraba internamente dividida.

Por lo demás, las propuestas de reforma judicial de la comisión Wagner eran perfectamente consensuables con el Parlamento. Y si bien es cierto que algunas de las propuestas de reforma política de la comisión Tuesta –como las elecciones primarias y obligatorias- tenían resistencia, sí había un consenso mayoritario en torno a la principal de todas: la bicameralidad. Por lo demás, las elecciones primarias y obligatorias son un tema debatible y no necesariamente son una buena propuesta.

Entonces Vizcarra hubiera podido concertar. Pero optó por lo contrario: el 28 de julio del 2018 le declaró la guerra al Congreso al proponer un referéndum en el que se consultara, entre otras cosas, la no reelección de los congresistas. Equivalía a la disolución simbólica del Congreso existente. Con ello demostraba que su intención no era reformista sino utilitaria, pues la no reelección de congresistas era el sabotaje perfecto a la institucionalización de un sistema político funcional.

¿Por qué prefirió la confrontación a la colaboración? La explicación que dimos en su momento era que lo que hacía el presidente era populismo político frívolo para acrecentar su popularidad y su poder. Pero ahora podemos ver para qué quería incrementar su poder.

Es cierto que una profunda reforma institucionalizadora era necesaria y había sido largamente demandada en el Perú, algo que la mayoría fujimorista desde el 2016 había desdeñado. Pero al poner por delante la no reelección de los congresistas y llevar, para mayor escarnio, el tema a un referéndum, se creaba en el Congreso un clima poco predispuesto a una discusión racional y constructiva, de manera que los temas solo pudieran sacarse como finalmente se sacaron: por medio de cuestiones de confianza, a la fuerza.

Es posible que esa fuera una estrategia pensada desde el principio para mantener al Congreso en una posición aparentemente obstruccionista de manera de incrementar el rechazo de la opinión pública a los congresistas de la primera mayoría, en la misma medida en que subía la popularidad presidencial. Era el subibaja político. Por supuesto, los voceros de Fuerza Popular cayeron en la trampa y colaboraron entusiastamente en la construcción de una imagen obstruccionista.

Esa imagen le sirvió al presidente para generar una nueva crisis política al demandar el adelanto de elecciones en julio del 2019, que desembocó en la disolución del congreso. Objetivamente el Congreso era mucho menos obstruccionista que lo que había sido con PPK, pero el gobierno manipuló bien las percepciones y al final Vizcarra disolvió el Congreso con la treta de la “denegación fáctica” de la confianza. Su popularidad fue mayor que nunca.

No debe descartarse lo que afirmara Mauricio Mulder en un tuit apenas se dio la noticia del soborno de Obrainsa: “La Comisión de Fiscalización del Congreso disuelto ilegalmente, ya estaba investigando ese tema. Dos semanas después de citar a Cesar Vizcarra, su hermanito-presidente da el golpe de estado. Ahí tienen por qué”. Calza perfectamente en la historia.

El problema de todo esto es que la institucionalidad política se ha precarizado más que nunca: se eliminó la reelección y por lo tanto la carrera política y la consolidación de una clase política profesional; se redujo partidos importantes a su mínima expresión, se fragmentó más que nunca el sistema partidario, y se institucionalizó la disolución del Congreso por “denegación fáctica” de la confianza. Bravo. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 9 de octubre de 2020
Para Lampadia

Voy a referirme nuevamente al caso de las conversaciones – totalmente comprometedoras – entre el presidente Vizcarra y sus secretarias, y las contrataciones – totalmente injustificadas – de Richard Swing, y ¡sabe Dios cuántos amigos y colaboradores más! Y lo hago porque – como muchos peruanos – considero que está muy mal que el Estado malgaste nuestros impuestos de una manera tan irresponsable.

Está claro que para el presidente no está mal que el Estado contrate a ese tipo de gente para ese tipo de servicios. Me refiero a personajes como Richard Swing, y a servicios como charlas motivacionales para funcionarios del Ministerio de Cultura… en plena pandemia. – Si muchos lo hacen ¿por qué no lo podría hacer yo? – más o menos así respondió el presidente a la pregunta que le hizo una periodista en un canal de televisión. Pero lo peor vino después, cuando con total desparpajo agregó – ¡qué tanto! si sólo se trató de S/. 175,400… es algo completamente intrascendente – ahondando así su desfachatez en cuanto al manejo de fondos públicos.

¡Está clarísimo! El clientelismo político tampoco es un problema para el presidente Vizcarra. Para él no está mal contratar a personajes sin más mérito que el sólo hecho de ser amigo, familiar, militante del partido de gobierno, o colaborador en campañas electorales previas. Y tampoco le parece mal gastar la plata del Estado – léase de los contribuyentes – en servicios que no sirven para nada.

¡Qué problema! ¿Con qué autoridad moral – el presidente Vizcarra – podrá combatir el clientelismo político en las demás dependencias estatales? – Si el presidente lo hace ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? – retrucarán muchos alcaldes, gobernadores, ministros, congresistas, jueces, y mil funcionarios públicos más.

En el nombre de la moral y la eficiencia en el gasto público el presidente debió ser el primero en marcar la diferencia; pero no. El presidente actuó como uno más del montón. El clientelismo político es un acto inmoral… aunque muchos lo hagan. Por otro lado, el mal uso de recursos públicos constituye una falta grave… aunque muchos – también – lo hagan.

Son – precisamente – actitudes como la del presidente Vizcarra lo que me lleva a plantear una revolución moral para el bienestar de la población y el progreso del Perú. Una revolución moral que rescate – de las cenizas – los valores de la verdad, la justicia, el bien, y la vida. Una revolución que remueva las consciencias de nuestras autoridades para que entiendan lo que es vivir en un Estado de Derecho; lo que es el principio de igualdad ante la ley; y lo que implica que el Estado esté para servir a la población… y no para servirse de ella.

Una revolución moral que consolide los conceptos de eficiencia y transparencia en la gestión pública. Que enaltezca los valores de la puntualidad y la austeridad en el Estado. Que respete la carrera pública y la meritocracia en todas las dependencias estatales. Y que refuerce los conceptos de ciudadanía, dignidad, seguridad, libertad, responsabilidad, propiedad, etcétera.

En fin… una vez más debe quedarnos claro que del Estado – tal como está – no debemos esperar nada. El Estado está tomado por la mediocridad y la corrupción. En consecuencia, de allí no va a venir la revolución moral. El Poder Judicial no se va a corregir a sí mismo. El Congreso, menos. Y del Poder ejecutivo – si para el presidente Vizcarra no está mal lo de Richard Swing – ¡qué podemos esperar!

La revolución moral tendrá que nacer de la ciudadanía. Mejor dicho, de cada uno de nosotros. ¡No queda otra!

OTROSÍ DIGO: Todo parece indicar que habrá que agregar al prontuariado Martín Alberto Vizcarra Cornejo el cargo de miembro de la mafia – y coimero – del club de la construcción. Un presidente más… una autoridad más… una raya más al tigre. ¡Terrible!

OTROSÍ DIGO: Por favor… que no insista en decir que su prioridad es la lucha contra la corrupción. Lampadia

Editorial de Lampadia

El Perú no puede seguir desarmado para enfrentar las múltiples crisis que nos afectan, la sanitaria, social, económica y política. Para enfrentarlas necesitamos un liderazgo firme y autoridad moral para convocar a todos los peruanos a esa difícil tarea.

El presidente Vizcarra ya no representa un liderazgo adecuado y menos tiene autoridad moral para dirigir la recuperación del país. Los últimos acontecimientos y denuncias lo incapacitan para representarnos en una situación de tanta gravedad.

Sin embargo, no somos partícipes de ir hacia un apurado proceso de vacancia, como el que nuevamente se está empezando a gestar. En Lampadia insistimos en nuestro planteamiento del 14 de setiembre pasado: seguimos considerando que un eventual gobierno del Congreso, con Merino de Lama a la cabeza, puede llevarnos a una situación de mayor debilidad y desorden.

Pero algo importante tiene que cambiar. Una salida alternativa puede ser ver que se forme un nuevo gabinete presidido por un Primer Ministro independiente que asuma la representación de los mejores valores de los peruanos, y que pueda conducir los destinos del país en la lucha contra la pandemia, la recuperación de la economía, y el proceso electoral; manteniendo a Vizcarra, des-empoderado, en la representación nacional. Ver en Lampadia: Tras cuernos palos – Pero esta crisis requiere equilibrios.

Se trata de que un gabinete de salvación nacional asuma la conducción del país y convoque a la ciudadanía a un esfuerzo de armonía nacional. Evidentemente, la selección del nuevo Primer ministro debe ser conversada con el Parlamento y los principales partidos políticos. Sobre todo, hay que enfatizar la necesidad de contar con una figura reconocidamente independiente. No podemos caer en otro personaje del entorno de Vizcarra, que ha hecho una pésima gestión en lo sanitario, en lo social, en lo económico y en lo político, y que ha perdido su tarjeta de presentación, la lucha contra la corrupción.

Esta múltiple crisis no puede continuar agravándose, tenemos que pararla a la brevedad, y esa tarea tendrá que recaer en todos los peruanos.

Invocamos a la clase política y a los medios de comunicación a mantener la cabeza fría. No es momento para acciones disparatadas ni para exacerbar el escándalo.

La salud de la República llama a que pongamos por delante el sentido de responsabilidad para servir los mejores intereses nacionales. Lampadia

César Azabache Caracciolo
Para Lampadia

Creo que es importante poner las reglas que explican que el caso Cisneros pueda ser considerado un delito en el formato más claro posible.

Voy a ensayar entonces un esquema:

1. Hablemos primero de montos de dinero.  Los delitos deberían de alguna manera diferenciarse atendiendo a las sumas que involucran.  Desde fuera de “la caja” que forma la academia el dinero siempre es un indicador de relevancia. Pero en el estado actual de las cosas la comunidad legal no acepta aún establecer esas diferencias en casos sobre corrupción.  La comunidad está muy lejos de ese punto. En consecuencia, nos guste o no, un soborno por S/ 20 es tan soborno como el de US$ 30 millones.  Habrá diferencias prácticas, como el nivel de prioridad que un fiscal asigna a un caso y a otro en su agenda de trabajo.  Pero los dos casos seguirán siendo casos sobre sobornos.  Claro, el sistema no imagina que un presidente de la república, es solo un ejemplo, se involucre en una bagatela.  Pero como vemos, pasa.  Y las reglas legales no tienen una forma de resolver esa paradoja inesperada.  Eso cambiará algún día, sin duda.  Pero aún estamos lejos de ese día.  Y no parece que el caso Swing ofrezca una plataforma moral suficientemente sólida para “partir las aguas” a partir de aquí.
2. Favorecer a los amigos o a los amigos de los amigos o de los jefes echando mano de posiciones de influencia es la expresión más clara de clientelismo.  La construcción por cierto no es legal.  Es social.  Corresponde a los casos en que los roles se distribuyen por razones basadas en preferencias subjetivas cuando corresponde emplear razones reglamentadas.  Pues bien, el clientelismo se convierte en delito cuando compromete el patrimonio del Estado.  El nombre del delito varía de varias maneras en función al listado de personas que intervienen en la historia y sus posiciones de autoridad:  tenemos casos de negociación incompatible, cuando el favor lo hace un personaje competente para concederlo; patrocinio infiel cuando el favor se le pide a otro y tráfico de influencias, especialmente cuando el gestor es un particular especialmente relacionado con quien sea competente.  Pero las reglas existen.
3. Con lo que sin duda tenemos que tener cuidado es con el uso de las reglas sobre el delito por colusión.  La colusión funciona en casos en que se comete un fraude en un concurso público o en un procedimiento de elección semejante.  El fraude viola las reglas de la competencia ante el Estado.  Por eso hay que tener cuidado.  En el caso Swing no encuentro competencia alguna.  No veo necesidad en estos contratos y, honestamente, no veo un verdadero servicio que se le haya prestado a nadie.  Por colusión una dependencia pública puede elegir a A aunque sus servicios sean idénticos a los de B y sin embargo sus precios sean mas altos.  Pero en el esquema de la regla, A y B son potenciales prestadores de servicios reales, no falsos proveedores.
4. No encuentro que el señor Cisneros pueda presentarse a sí mismo como un verdadero motivador profesional.  Si es así sus contratos no corresponden a un entorno de competencia defraudada.  Temo que corresponden mas bien a un caso de completa simulación: una coartada inventada para crear una apariencia que encubra la salida del dinero que se le entregó.  Si acierto, entonces esto en verdad adquiere la forma de un caso de peculado encubierto:  Coger dinero del Estado para un particular simulando que se le paga por un servicio que en verdad no existe.  Más o menos lo mismo que hace un cajero cuando inventa un vale para sustraer dinero de los fondos a su cargo.
5. Entonces posiblemente en el camino habrá que cambiar las reglas de referencia que se están empleando.
6. Pena posible si se trata, como creo, de un caso por peculado encubierto:  8 a 12 años, si no hay agravantes por uso de fondos sociales.  Nada leve.
7. Esto, por cierto, al margen de la interferencia y la eliminación de evidencias, cuya aplicación depende de confirmar que alguien en Palacio de Gobierno pidió u ordenó que estos contratos se firmaran.

Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 2 de octubre de 2020
Para Lampadia

NO. En los hechos, el Estado NO está luchando contra la corrupción. A la corrupción hay que enfrentarla de hecho; no de palabra. Por ejemplo, haber nombrado oficialmente el 2019 Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad, no significó nada. Nada de nada. Asimismo, cada vez que el presidente Vizcarra dice que la prioridad de su gestión es la lucha contra la corrupción, miente. Los hechos lo desmienten.

Su participación en los casos de Richard Swing, y sus secretarias, y sus amigos, lo dice todo. El Poder Judicial, tampoco está luchando contra la corrupción. La igualdad ante la ley es una quimera en ese poder del Estado. La ley es para el que paga. El Congreso de la República, menos. Ni este, ni el anterior Congreso lucharon – en los hechos – contra la corrupción.

Por otro lado, la corrupción está encarnada en muchos alcaldes y gobernadores regionales. Incluso, la Policía también está metida en la colada. Repito – salvo honrosas y contadas excepciones – nuestras autoridades no están luchando contra la corrupción. Al contrario, la corrupción está enquistada en muchas de ellas.

Entonces ¿qué hacer? Me refiero a nosotros, los ciudadanos. Pues… ni modo. A tomar al toro por las astas y luchar contra la corrupción… desde la ciudadanía. No queda otra. Porque de parte del Estado – ya sabemos – no debemos esperar nada concreto a este respecto.

Entonces, dado que el Estado NO va a combatir la corrupción… ¡nosotros mismos somos! Nótese que no debemos recurrir a la Policía, a la Fiscalía, o al Poder Judicial. Lamentablemente, las instituciones supuestamente encargadas de prevenir y sancionar la corrupción no son de fiar. Ante ello, la lucha la debemos hacer – en conjunto – con la prensa. Los corruptos le tiemblan a la publicidad y al “qué dirán”. ¡Ahí está su punto débil!

• Desenmascaremos pues – ante la prensa – a aquellos funcionarios que pretendan pagos indebidos… léase, coimas.
• Desenmascaremos a los inspectores municipales que chantajeen a los ciudadanos… sobre todo a los microempresarios.
• Desenmascaremos a los policías que exijan pagos por lo bajo a conductores de vehículos para dejarlos circular.
• Desenmascaremos a los médicos de hospitales públicos que deriven a sus pacientes a consultorios particulares.
• Desenmascaremos a los maestros que cobren a sus alumnos para aprobarlos en sus cursos.
• Desenmascaremos a los corruptos – ante la prensa – vengan de donde vengan, y caiga quien caiga.

Por otro lado, debemos organizarnos – como sociedad civil – para planificar nuestra lucha contra la corrupción. Obviamente, debemos estar preparados para defendernos de los corruptos, porque – de hecho – van a contratacar. Para ello – para recabar denuncias ciudadanas por corrupción de funcionarios – existe la Asociación Cívica por el Perú (www.civica.pe), donde estamos integrando un sistema de denuncias en líneas. La idea – obviamente – es ser lo más objetivos posible. Ideal será aportar grabaciones o videos que sustenten las denuncias. Pero si no, bastará con describir bien las denuncias para darlas a conocer.

Como se dice coloquialmente… “es lo que hay”. Sí pues… qué mala suerte que tengamos que luchar contra la corrupción desde la ciudadanía – en vez de confrontarla desde el Estado – pero “es lo que hay”. En ese sentido, hay que hacernos la idea de que no sólo la lucha contra la corrupción tendrá que ser librada desde la ciudadanía, sino – también – otras luchas como la inoperancia del Estado y el sobredimensionamiento de este… y todo lo demás.

El hecho es que debemos rebelarnos frente al Estado corrupto y maltratador. Recordemos. El Estado existe en base a los tributos que pagamos los ciudadanos. En consecuencia, el Estado está para servirnos. No para servirse de la ciudadanía.

¡Llegó la hora de comprarnos este pleito! Lampadia

Tras haber sido víctimas de una terrible crisis política, que amenazaba con vacar al presidente y, como consecuencia, sufrir un probable cambio total del gabinete en plena crisis sanitaria y recesión económica, The Economist nos presenta sus principales reflexiones en torno a la situación de nuestro país de cara al desempeño en el futuro inmediato del gobierno, así como los retos que le depararían al próximo a elegirse las elecciones del 2021.

El balance que hace el popular medio británico es sombrío. En primer lugar porque, como bien destaca, Vizcarra no solo ya arrastra desastrosos resultados en materia económica y sanitaria a nivel mundial – ver Lampadia: El Perú lidera crisis económica mundial, Perú entre los peores países frente al covid 19– sino porque ha agudizado la confrontación con el Congreso y su vinculación en supuestos delitos de encubrimiento y obstrucción a la justicia por el caso Richard Swing, lo ha debilitado aún más lo cual inhibe tener buenos prospectos en los próximos meses en todos los frentes.

Este escenario descrito refuerza nuestra tesis de que la única manera que tiene Vizcarra y el Ejecutivo de poder salir de este entrampamiento político es gestar una agenda conjunta de propuestas audaces con el Legislativo que apuntalen las libertades económicas en el corto plazo, permitiendo la recuperación que necesitamos (ver Lampadia: Un populismo de las libertades económicas). Aquí caben resaltar medidas que apunten a eximir temporalmente a las pymes – que son las más afectadas por la crisis – de cargas tributarias, laborales y municipales a fin de que puedan recuperarse y contratar personal rápidamente. Acomodar a un buen premier que represente los mejores valores de los peruanos y tenga capacidad política para mejorar las relaciones con el Legislativo también ayudaría a este cometido de construcción de propuestas (ver Lampadia: Pero esta crisis requiere equilibrios).

Por otra parte, cabe también mencionar las preocupaciones de The Economist respecto a lo que pasará el próximo año en 2021, con las elecciones presidenciales y congresales. Releva el hecho que a la fecha tengamos pocos partidos fuertes – que si quiera hayan determinado sus candidatos presidenciales – además de un prácticamente nulo atractivo por parte de la población hacia líderes concretos con las capacidades que necesita nuestro país para relanzarlo en el período de reconstrucción post-pandemia.

A este problema queremos agregar otro que es que no existe un mecanismo que permita que el Congreso se elija con el presidente, con lo cual se sientan las bases para no lograr una gobernabilidad adecuada y persistir en estos conflictos entre Ejecutivo-Legislativo que tanto nos han golpeado en los últimos 2-3 años. En ese sentido, reafirmamos nuestra propuesta de aprobación de la elección del Congreso junto con la segunda vuelta. Asimismo, el canje del voto preferencial por un sistema de elección basado en distritos electorales pequeños, uni o binominales (ver Lampadia: Elegir el Congreso junto con la segunda vuelta), lo cual puede ayudar a minimizar la multiplicidad de propuestas al interior de los partidos, fortaleciéndolos e incentivando a una mejor deliberación por parte de la población sobre los planes de gobierno.

Que las reflexiones que hacen los buenos medios internacionales en el plano político y económico acerca de nuestro país nos ayuden a darnos cuenta de qué es lo que hay que hacer en el plazo inmediato. A continuación, presentamos el análisis de The Economist. Lampadia

Cojeando en Lima
Martín Vizcarra sobrevive a una votación de juicio político

Pero la política de Perú seguirá siendo caótica

The Economist
24 de setiembre, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

LIMA. A primera vista, la votación de juicio político del 18 de septiembre parecía una gran victoria para el presidente de Perú, Martín Vizcarra. Solo 32 de 130 congresistas votaron a favor de removerlo bajo sospecha de que había obstruido una investigación de corrupción. Pero el presidente debe su supervivencia a la incompetencia de sus enemigos más que a la fuerza o el entusiasmo de sus partidarios. Un congresista, Daniel Urresti, lo describió como el “muerto viviente” antes de abstenerse.

Perú necesita un presidente vigoroso más de lo habitual. El país tiene el mayor número de muertes registradas por covid-19 como porcentaje de su población. El gobierno espera que la economía se contraiga un 12% este año, lo que sería la contracción más severa en América Latina. Pero los peruanos tendrán que esperar meses para un gobierno en pleno funcionamiento y es posible que ni siquiera entonces lo consigan. El país debe celebrar elecciones generales en abril y tomar posesión de un nuevo presidente en julio. La saga de la acusación sugiere que el sistema político bien puede fallar en producir estabilidad.

Hasta hace poco, el país ha prosperado a pesar de su política caótica. El crecimiento anual del PBI promedió el 4.5% en la década a partir de 2009, entre los más rápidos de la región. El Banco Central ha mantenido baja la inflación y el Ministerio de Economía y Finanzas ha controlado los déficits presupuestarios. La tasa oficial de pobreza se redujo del 42% en 2007 al 20% el año pasado.

Pero la pandemia está demostrando que la política importa. Una de las razones del alto número de casos es que muchos peruanos tienen trabajos informales mal remunerados; si no trabajan, no comen. Muchos también viven apiñados. Muchos desconfían de los políticos que les dicen que cierren y, por lo tanto, ignoran las reglas. Alonso Segura, exministro de Economía, duda de la predicción del gobierno de que la economía crecerá un 10% el próximo año, recuperando gran parte de sus pérdidas. “No solo faltan las condiciones para las reformas favorables al crecimiento, sino que el sistema político se ha convertido en una fuente de perturbaciones y contrarreformas”, dice Segura.

El inesperado ascenso de Vizcarra a la presidencia en marzo de 2018 fue consecuencia de una crisis que comenzó hace 30 años, con el ascenso al poder de Alberto Fujimori. Era un líder eficaz, pero despótico y corrupto. Está cumpliendo una sentencia de prisión por abuso de derechos humanos y corrupción. Dos de sus sucesores están bajo arresto domiciliario. Otro pronto será juzgado. Un cuarto, Alan García, se suicidó el año pasado para evitar ser arrestado. Vizcarra reemplazó a Pedro Pablo Kuczynski, uno de los ex presidentes confinados en casa, que renunció para evitar un juicio político por acusaciones de corrupción, perjurio y compra de votos en el Congreso.

Vizcarra prometió limpiar la corrupción, por ejemplo, eliminando la inmunidad de los legisladores frente al enjuiciamiento. Pero su mandato ha sido más notable por su grandilocuencia que por su reforma. Al principio se enfrentó con el Congreso, que estaba dominado por el partido Fuerza Popular, dirigido por la hija de Fujimori, Keiko. Intentó sacar a Vizcarra. Contraatacó proponiendo celebrar unas elecciones generales un año antes, en abril de 2020, en las que no se presentaría. Cuando el Congreso lo rechazó, lo cerró y convocó una nueva elección solo para la legislatura, que se celebró en enero de este año.

La pandemia golpeó poco después de que el nuevo Congreso asumiera el cargo. Al principio, Vizcarra ganó elogios y popularidad al imponer un bloqueo rápido y estricto y al brindar apoyo a los ingresos de las personas por valor del 12% del PBI. Pero el gobierno tuvo problemas para entregar efectivo a las personas que lo necesitaban (en parte porque carece de información sobre ellos) y perjudicó la economía al cerrar las minas. Los índices de aprobación de Vizcarra siguen siendo altos. Pero chocó con el nuevo Congreso, a pesar de que la molesta Fuerza Popular es una presencia muy disminuida.

Ahora está envuelto en un escándalo. En mayo surgió la noticia de que el Ministerio de Cultura había pagado desde 2018 US$ 51,000 a un extravagante cantante de folk que se hace llamar Richard Swing para dar charlas motivacionales a los trabajadores del gobierno. Swing había hecho campaña a favor de Vizcarra cuando era candidato a vicepresidente en 2016. Los enemigos congresistas de Vizcarra sugirieron que el presidente o sus principales asesores habían iniciado los pagos a Swing como una recompensa tardía. El 10 de septiembre de este año, el congresista que lidera la investigación dijo que tenía una grabación de Vizcarra planeando estrategias con sus ayudantes sobre cómo manejarlo. Luego, el Congreso programó una votación de acusación.

Vizcarra admitió que la grabación, hecha en secreto por una secretaria, era genuina y se disculpó, pero dijo que no había cometido ningún delito. Las torpezas de los líderes del Congreso lo ayudaron. El portavoz, Manuel Merino, llamó a los principales generales de las fuerzas armadas sobre el juicio político, para “tranquilizarlos”, dijo. La administración afirmó que estaba tramando un golpe. El 12 de septiembre apareció el primer ministro, flanqueado por los generales, para denunciar a Merino. Muchos legisladores decidieron que deshacerse del presidente en un momento de crisis haría al país más daño que bien.

Hay pocas razones para esperar que la calidad del gobierno mejore después de las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año. Ninguno de los 24 partidos registrados ha elegido candidato presidencial. (Los candidatos deben unirse a uno para fines de septiembre). El único candidato con un apoyo de dos dígitos hasta ahora es George Forsyth, un ex portero de fútbol que ahora es el alcalde de La Victoria, un distrito animoso de Lima. Su competidor más cercano es “ninguno de los anteriores”. Está coqueteando con Restauración Nacional, un partido evangélico que nunca ha gobernado.

En Perú eso no es obstáculo para ganar altos cargos. García es el único presidente desde 1990 que ganó como candidato de un partido que había gobernado antes. Sin el respaldo de partidos fuertes, los presidentes carecen de apoyo en el Congreso y de diputados talentosos para dirigir sus administraciones. Las elecciones de enero hicieron poco por fortalecer el sistema de partidos. Produjo un Congreso fragmentado, con nueve partidos, a pesar de un umbral de entrada del 5% de los votos. Aunque Acción Popular, un partido de centro derecha, es el más grande del Congreso, solo el 6% de los peruanos lo respalda, según una encuesta de Ipsos. Más del 60% de los votantes se autodenominan independientes. Restauración Nacional no se encontraba entre los 11 partidos por los que preguntó la encuestadora.

El próximo presidente de Perú tendrá escasos recursos para hacer frente a una economía aún herida por la pandemia y el aumento de la pobreza. Las reservas de divisas se han agotado por el costo de las medidas para limitar el declive de la economía. La deuda pública pasará del 27% del PBI el año pasado al 35% en 2020, según el Ministerio de Economía y Finanzas. Perú necesita reformas económicas, como reglas más claras para fomentar la inversión en obras públicas e industrias tan vitales como la minería. Es poco probable que Vizcarra avance mucho en el poco tiempo que le queda. La preocupación es que su sucesor no logre mucho más. Lampadia

Jorge Trelles Montero
Para Lampadia

Con ocasión del proceso de vacancia último por permanente incapacidad moral del Presidente, decenas de voces de los congresistas ahí presentes, pero también de instruidos autores de artículos de opinión, objetaban los argumentos del abogado del Presidente, que trataba de explicar los fundamentos y límites Constitucionales del proceso de vacancia, con la frase “eso no se aplica porque este es un juicio político”. Con esto querían decir que era un proceso en el que todo valía, sin reglas ni ley. Esta negación de la racionalidad, necesaria hoy en día en los procesos humanos en general y que debería merecer la sanción de los Congresistas que la defienden “por incapacidad de instrucción”, recuerda a los juicios medievales donde se probaba la inocencia por la magnitud de las quemaduras del pobre inculpado y otras manifestaciones ajenas a la razón, pero directas manifestaciones de Dios. No había razón humana o lógica sino sometimiento a la creencia, a la indiscutible -aunque arbitraria para los mortales- decisión de Dios.

En efecto, en los pueblos primitivos la explicación no es racional sino mágica o religiosa.  La afirmación “lo mismo es pensar y ser” la escribe Parménides, en Elea, al Sur de la Italia actual, hace solo poco más de 2,500 años y era una voz que casi no se oía al costado de la gritería religiosa que explicaba al mundo con categorías distintas a las racionales desde la lejana aparición del Homo sapiens. Solo en el siglo XIX Kant podrá decir que el hombre, gracias a su razón, es el único animal que no tiene necesidad de un señor que lo mande y le diga qué debe hacer. Nada salvo la racionalidad lo puede obligar.

Felizmente los tiempos han cambiado. La explicación y justificación de lo que es y de lo que debe ser es ahora racional y la explicación mágica o religiosa es la que casi no se oye. La razón, hoy en día, lo fundamenta y lo explica todo y, también, afirma y justifica lo inexplicable, los límites de ella misma.

Esta característica esencial de lo humano también ha llegado al Derecho y a la justicia. Las leyes que hemos decidido que nos gobiernen y los procesos a través de los cuales se deciden controversias o se establecen culpas necesitan ser racionales para existir. Además, como consecuencia de su racionalidad, las leyes se organizan jerárquicamente; las más importantes no solo prevalecen sino fundan las otras, las menos importantes.

Y esto hace que, en el caso de la vacancia del Presidente Vizcarra por permanente incapacidad moral, en un ejercicio superficial de racionalidad, menos prolijo que los que puede hacer el experto constitucionalista, aparezcan cuando menos los siguientes problemas:

En primer lugar, la conducta sancionable debe ser clara y distinta. “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible”, reza el derecho fundamental de la persona en nuestra Constitución. Nada más lejos de la expresión “permanente incapacidad moral”, que establece la misma: ¿Se refiere a la incapacidad mental, como sostienen algunos, porque en el texto se acompaña de la incapacidad física?  ¿O porque para muchos el ser humano nunca es un incapaz moral permanente (en efecto, para los católicos, por ejemplo, gracias a la venida de Dios hijo, el ser humano siempre puede librarse del pecado a través del arrepentimiento y la confesión, nunca es un inmoral permanente)?  ¿Puede sostenerse del criminal más perverso, que lo será siempre?

Quizá por eso en la Constitución de 1979 la causal era “incapacidad moral”. No existía la calificación “permanente”. Pero en la anterior a esa, la del 33, sí existía el adjetivo “permanente”. Podemos pensar que, si la Constitución del 93 retoma la calificación “permanente”, es porque se refiere a la condición mental de la persona y no a su condición ética. Al revés, cuando la del 79 suprime la calificación “permanente”, es porque se refiere a la condición ética de la persona.

Otro problema surge si optamos por suponer que la incapacidad moral permanente es una conducta voluntaria y no un estado mental que le impide desempeñarse como Presidente. En efecto, las únicas conductas sancionables por las que el Presidente puede ser acusado durante su mandato las establece el art.117 de la Constitución y ahí no figura la “permanente incapacidad moral”. Además, en todos estos casos el Congreso acusa al Poder Judicial, quien es quien juzga y condena. Discutible que la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, como atribución del Poder Judicial y que aseguran la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional (art.139 inc. 1,2 y 3 de nuestra Constitución), se violen en este extraño proceso de vacancia a cargo del Poder Legislativo.

Por último, hay el problema del debido proceso sancionatorio. Si contra toda razón y lógica aceptásemos que el proceso está a cargo del Congreso, este no podría llevarse válidamente a cabo, porque el procedimiento regulado en el art. 89-A del Reglamento del Congreso viola las principales garantías de cualquier debido proceso sancionatorio y lo que de él se obtuviese solo podría ser la nulidad de todo lo actuado. Las garantías del juez imparcial, de la separación de los que investigan y los que juzgan, de la debida probanza, de la interdicción penal múltiple y tantas otras, que están en la base de la actividad procesal sancionatoria, no existen en el escuálido y solitario artículo único del Reglamento del Congreso. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Martín Vizcarra se salvó de la vacancia, pero ha quedado mellado en su credibilidad y eventuales nuevas revelaciones agravarían aún más su posición. De otro lado, tampoco parece probable que el Congreso enmiende la vorágine populista en lo arrastra desde hace meses. Un coctel que no hará sino agudizar la inestabilidad política y económica durante los próximos meses, fomentando un clima que puede favorecer opciones autoritarias, populistas o radicales en las elecciones del 2021, si es que el gobierno no toma la decisión de buscar una nueva relación con el Congreso que permita encausar las contingencias.

El Primer Ministro lo ha prometido: “tenderemos todos los puentes necesarios para establecer una comunicación abierta”, pero no se trata de formular declaraciones de buenos propósitos. Eso ya se ha hecho antes sin resultado alguno. Se trata de actuar, de cambiar la configuración política.

Una manera de hacerlo sería la que propuso Pablo Bustamante hace una semana en Lampadia: que se forme un nuevo gabinete presidido por un Primer Ministro independiente y empoderado que asuma la representación de los mejores valores de los peruanos, pidiéndole al Presidente que elija entre tres opciones puestas encima de la mesa por alguien que esté más allá del bien y el mal. Alguien como el Patriarca de la política peruana, Luis Bedoya Reyes.

Eso sería lo ideal. En su defecto, un Premier con esas características podría ser el resultado de unas conversaciones del presidente Vizcarra con los partidos y bancadas del Congreso para buscar un gabinete conversado, con el compromiso mutuo de construir una agenda legislativa conjunta para unir esfuerzos contra la pandemia y la depresión económica, y pacificar las relaciones entre ambos poderes. Es indispensable para salvar al país.

Salvo que el Primer Ministro Walter Martos sea capaz de realizar esa tarea: es decir, convocar al Congreso a reunirse para acordar la mencionada agenda legislativa, algo que hasta ahora ni siquiera ha propuesto pese a que, como hemos recordado tantas veces, es un mandato del artículo 29 de la ley del Reglamento del Congreso.  

Pequeñísima luz

Hay una pequeñísima luz que se ha prendido en las dos últimas votaciones clave del Congreso: la que rechazó la censura a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, y la que archivó la vacancia presidencial. En ambos casos, las bancas responsables fueron las mismas: Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Somos Perú y el partido Morado. La pregunta es si será posible consolidar ese bloque como interlocutor serio del Ejecutivo en el establecimiento de una agenda legislativa que pase de los proyectos populistas a aquellos necesarios para acelerar la recuperación económica y mejorar la gobernabilidad en el próximo periodo presidencial.

Ese es el bloque que debió asumir esa posición defensora de la salud económica del país desde el principio, en lugar de convertirse en furgón de cola de las bancadas populistas y radicales. Pero nunca es tarde para tomar conciencia.  

Agenda legislativa conjunta

¿Qué tipo de proyectos podría contener esa agenda legislativa conjunta? Sugerimos acá una lista:

1. Elección del Congreso junto con la segunda vuelta presidencial, para darle gobernabilidad al próximo presidente.
2. Eliminar el voto preferencial
3. Formar un Fideicomiso Ejecutivo con el canon no gastado por las Regiones, a fin de cerrar brechas sociales y económicas en el corredor minero y otras zonas.
4. Reorientar el presupuesto de Minagri y MIDIS hacia la instalación masiva de tecnologías de Sierra Productiva para soportar y aprovechar la mayor presión de los retornantes en el agro andino.
5. Eximir temporalmente a las pymes de cargas tributarias y laborales nacionales y municipales para que puedan recuperarse y contratar personal.
6. Reemplazar los distintos regímenes especiales tributarios y laborales por una sola escala gradual y progresiva en ambos casos (propuestas Cuba-Cooper), a fin de facilitar el crecimiento de los emprendimientos, la formalización y reducir la evasión.
7. Aprobar una legislación laboral inclusiva que permita contratar y formalizar reduciendo el costo de la formalidad, empezando por los proyectos contenidos en el Plan nacional de Competitividad.
8. Crear un programa intensivo de Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) de las normas en los principales sectores productivos, para reducir carga regulatoria inútil.
9. Facilitar y promover la generalización de las billeteras electrónicas.
10. Establecer un modelo de pagos en el SIS basado no en el pago por atenciones -que multiplica atenciones innecesarias y corrupción- sino por resultados (medicinas gratis y problemas de salud resueltos)

De alguna manera tenemos que salir de esta suerte de guerra civil entre Ejecutivo y Legislativo que está dividiendo escandalosamente al país en un momento sumamente grave que reclama la unidad de esfuerzos para derrotar al Covid y salir del profundo pozo económico en el que hemos caído. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Después de tanto tocar temas de salud y desmanejo en este gobierno, tenia previsto abordar el asunto que verdaderamente nos debe convocar, el tema de la educación.

A la luz de la historia del Perú de los últimos 50 años, estoy persuadido y desde hace algún tiempo repito, que las generaciones que ahora tienen más de 40 años de edad, ya son lamentablemente “no rescatables” desde el punto de vista de visión, valores y conocimientos. Que los que están en los treintas, probablemente puedan enmendar rumbos y que sólo los de la generación de los veintes para abajo, hasta los por nacer, son aquellos peruanos en los que debemos de iniciar un trabajo educativo diferente al actual.

Efectivamente, debemos desarrollar un nuevo peruano, capaz de ser ciudadano del mundo y con valores universales. A medida que pasan los años, la calidad ciudadana en el Perú ha declinado, pues salvo muy honrosas excepciones, el sistema educativo forma ciudadanos mediocres, moral, académica e intelectualmente, el sistema de salud ya demostró su incapacidad en medio de la pandemia, el sistema judicial (jueces y fiscales) viene demostrando su incapacidad para investigar, estructurar y presentar una buena y oportuna acusación, para lograr una justa y oportuna sentencia, y no pasarse los años en procesos mal manejados, que al término de décadas y tras sentencias en corte suprema, se reabren, para empezar de nuevo. Los sistemas de seguridad PNP y FFAA, cada vez más decadentes, con jefes acusados y sentenciados por inconductas y robos, oficiales y personal subalterno cada vez más desmoralizado y todos mal remunerados. Estructura del Estado diseñada para la improductividad y el robo, tanto en gobierno central, regionales y locales. Congresistas impresentables, sin valores, preparación, ni visión de largo plazo.

Cuando las cosas estaban “de mírame y no me toques”, aparece en el congreso, las grabaciones del presidente Vizcarra, en una “coordinación de la estrategia” con su grupo de colaboradoras, que al mejor estilo de “la banda del choclito”, se preparaban para sostener una más de las mentiras que el ejecutivo ha venido manejando durante estos últimos años. En esencia, se armó el “aquelarre”, donde ya nadie se salva y quien sostenía ser “el abanderado de la lucha contra la corrupción”, termina siendo el Satanás, rodeado de brujas y brujos para este episodio.

¿Qué le ha pasado a nuestro país para que tenga que caer tan bajo? ¿Por qué tiene el Perú que soportar esa mediocridad y delincuencia, copando todos los poderes del Estado? ¿Por qué se ha perdido la dignidad y el concepto del honor? Nuestro país del día de hoy y camino al bicentenario, tiene más de 32 millones de ciudadanos que no merecemos estar en manos de esta gente. No es posible que se haya destruido la institucionalidad, que la delincuencia se haya entronizado y que el tango “cambalache” parezca un himno compuesto para esta efeméride.

La disyuntiva en este momento es; ¿debe Vizcarra ser vacado por su evidente incapacidad moral, confirmada por las grabaciones? ¿Debemos sostenerlo, a pesar de todo, ante las crisis sanitaria y económica que enfrentamos, para que concluya los meses que le faltan? ¿Nos podemos imaginar la catástrofe fiscal, teniendo al Sr. Merino de presidente y dando curso a la hemorragia legislativa populista, promovida por un congreso desbocado? Evidentemente, en ninguno de los casos, Vizcarra tendrá autoridad alguna para conducir los destinos del país y por lo tanto, sería necesario generar un “pacto de gobernabilidad”, que permita convocar a un Primer Ministro, con peso propio y capacidades personales y políticas, capaz de constituir un gabinete, para conducir el proceso electoral con neutralidad, concluir el mandato y entregar la casa ordenada a quien resulte elegido.

En este “aquelarre”, la figura del Presidente de la República debería pasar, claramente, a un segundo plano, pues a toda la incapacidad demostrada durante su mandato, acaba de agregar la incapacidad moral y el deshonor. Lampadia