CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

Aunque sorprendió a algunos, el pronunciamiento de Mario Vargas Llosa –y de su hijo Álvaro- a favor de Keiko Fujimori, era de esperarse. MVLL ha mantenido una crítica persistente a Alberto Fujimori, y luego a su hija, durante tres décadas, pero en circunstancias como esta, cuando el Perú está seriamente amenazado por un grupo extremista, que no oculta su intención de establecer una dictadura chavista, no ha dudado en asumir una clara posición en defensa de la democracia y el libre mercado.

Desgraciadamente no es el caso de varios otros que siguen consumidos por el odio, el rencor y el resentimiento, por agravios reales o supuestos, y anteponen ese encono a la supervivencia del país y, probablemente, a la suya propia.

Como no les es posible pronunciarse a favor de Pedro Castillo y sus secuaces, que son claramente enemigos de la democracia, asumen una absurda posición de neutralidad, censurando a ambos candidatos, generalmente cargando más las tintas contra Keiko Fujimori.

En una situación en que la encuesta de Ipsos pone a Castillo once puntos adelante, ponerse al medio o llamar a votar blanco o viciado es, por supuesto, favorecer a al que va primero. En la práctica están apoyando al engreído de Evo Morales y Nicolás Maduro.

Otros también hacen lo mismo, aunque en privado dicen que luego se van a decantar por Fujimori, pero hay que exigirles garantías o simplemente “hacerla sufrir”. Eso, naturalmente, es una completa necedad. A siete semanas de las elecciones, teniendo los herederos de Sendero Luminoso una ventaja apreciable, no se puede perder un minuto para asumir claramente una postura en defensa de la democracia y el libre mercado y rechazar a los que quieren destruirlos.

Varios medios de comunicación están jugando un papel nefasto. Escudados en una supuesta objetividad periodística, en realidad están ayudando descaradamente a Castillo. Primero, lo idealizan, presentándolo como un apacible maestro rural, con sus gallinitas, su burrito y sus ojotas, un hombre del pueblo preocupado por el pueblo.

Esa imagen bucólica es falsa. Y se comprueba fácilmente comparándola con la del agresivo dirigente sindical de 2017, que no vestía con poncho ni sombrero, y se arrojaba al suelo en las manifestaciones para fingir que había sido agredido por la policía.

Tampoco lo investigan, ni a él ni a sus socios, como han hecho hasta el cansancio –y muchas veces mal intencionadamente, propalando información falsa o dudosa- con Keiko Fujimori.

No es la gran prensa la que ha publicado que Castillo es gerente de una empresa constructora. Ni que el dueño del partido, Vladimir Cerrón y sus familiares cercanos integran una red de corrupción en Junín, que se ha beneficiado del poder político que tuvo como gobernador regional. Ni destacan su pésima gestión en una región con ingentes recursos del canon minero.

Solo cabe terminar con la conocida cita de Dante Alighieri: “Los confines más oscuros del infierno están reservados para aquellos que eligen mantenerse neutrales en tiempos de crisis moral”. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

En el Perú admiramos hace muchos años la cantidad y calidad de los Think Tanks pro mercado de Chile. Uno de ellos, el más antiguo, el Centro de Estudios Públicos se fundó en 1980 con un aporte económico de empresarios chilenos, de US$ 50 millones, lo que le dio autonomía financiera para que pudiera desarrollar una agenda amplia de investigaciones, que fueran más allá de los intereses empresariales.

Suponíamos en el Perú, que la labor de estos centros de estudios había sido muy importante para lograr que la población chilena entendiera y valorara las instituciones del libre mercado, que junto con los valores de la democracia, son el vehículo más eficiente para la búsqueda del bienestar general.

Efectivamente, Chile parecía haber superado esas trampas políticas típicas de Latinoamérica, donde las izquierdas siguen haciendo planteamientos políticos propios de las ideas pre caída del Muro de Berlín. 

Pero el año pasado, con los conflictos sociales de Chile, nos extrañamos de que la sociedad parecía no haber madurado lo suficiente y estaba, desamparada, de regreso a las mismas narrativas y prácticas de los años 60 y 70. Parecía que Chile renunciaba a sus aspiraciones de ser parte del primer mundo, y regresaba a la política tradicional latinoamericana.

Entonces nos preguntamos, ¿qué pasó con la larga siembra de políticas públicas modernas de sus Think Tanks?

Resulta que mirando la presencia de los Think Tanks (TT) chilenos en la opinión publica, a través de las redes sociales, descubrimos que su penetración es muy baja. Por lo tanto, no habrían calado en la sociedad en su conjunto. Algo fundamental para contribuir a formar un sólido camino a la prosperidad. Sin arraigo popular, los mejores desarrollos intelectuales, académicos y políticos, se quedan en el ámbito de las élites.

Veamos la penetración de los TT chilenos y el ranking de Forbes, que también muestra que en general, que en el mundo, todos los centros de pensamiento tienen dificultades para tener una presencia más relevante en la opinión pública:

Fuente: Forbes, glosado por Lampadia

• La potente Fundación para el Progreso, comandada por el brillante y combativo Axel Kaiser, solo tiene 258,000 likes en Facebook y 36,000 seguidores en Twitter.
• El Think Tank más antiguo y prolífico, el Centro de Estudios Públicos, solo tiene 23,000 likes en Facebook y 72,000 seguidores en Twitter.
• Libertad y Desarrollo tiene 10,000 likes en Facebook y 43,000 seguidores en Twitter.

En verdad, los TT chilenos son casi inexistentes en las redes sociales chilenas.

Lampadia, este humilde portal, tiene 667,000 likes en Facebook.

Por lo tanto, tenemos que concluir, como aspiramos hace tiempo, que sí necesitamos varios Think Tanks pro mercado, pero que tengan una amplia penetración en las redes sociales y una vocación y capacidad de comunicación, que les permita tener una gran llegada a la opinión pública.

Una muy importante tarea pendiente de las empresas y los empresarios peruanos. Lampadia

La clasificación 2020 de Think Tanks pro libre mercado medidos por Media Impact

Las clasificaciones de 2020 de los Think Tanks de libre mercado medidos por el impacto de los medios

Forbes
Alejandro Chafuen
27 de marzo, 2020
Traducido y glosado por Lampadia

¿Qué tan exitosos son los think tanks del libre mercado hoy en día al tratar de atraer tráfico a sus sitios web, así como visitas y seguidores en otras plataformas?

El impacto digital de los Think Tank continúa creciendo más a través de las plataformas de redes sociales que a través del tráfico del sitio web. Este año, las cifras de tráfico web parecen más bajas que en años anteriores porque SimilarWeb cambió su metodología única y difícil de replicar. Según las cifras de SimilarWeb del año pasado, los think tanks del libre mercado perdieron un promedio del 30% de su tráfico web en comparación con el año anterior, pero lo atribuyo a los cambios de SimilarWeb en los métodos de medición.

Este artículo presenta el desempeño de las organizaciones de libre mercado durante los últimos doce meses en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. La Fundación Heritage mantiene el primer lugar entre los grupos de libre mercado en seguidores de Facebook y Twitter. También es el primero en tráfico web. También realizo un seguimiento del alcance de las redes sociales de algunos think tanks líderes que no son particularmente favorables al mercado libre, e incluso entonces, Heritage se ubica por delante de Brookings en todas las plataformas de redes sociales con la excepción de Linkedin. Linkedin se utiliza más para la creación de redes que para la educación o la difusión de ideas, pero su uso también está creciendo para estos últimos fines. Chatham House, con sede en Londres, también sigue teniendo muchos seguidores en LinkedIn. El American Enterprise Institute (AEI) lidera los suscriptores de YouTube, mientras que la Fundación para la Educación Económica (FEE) tuvo el video con más vistas durante el último año.

Yendo más allá de los think tanks e incluyendo los esfuerzos de los empresarios intelectuales y otras organizaciones, PragerU continúa brillando y construyendo sobre su éxito.

Entre los grupos extranjeros, varios think tanks sudamericanos se ubicaron extraordinariamente bien y vemos muchas repeticiones del año pasado, lo que demuestra su consistencia. El mayor cambio es el surgimiento del Millennium Institute en Brasil. El Instituto Mises, también en Brasil e independiente del Instituto Mises con sede en Estados Unidos, apareció en primera o segunda posición en tres de las categorías enumeradas a continuación (en comparación con las cinco del año pasado). Dos think tanks chilenos, el Centro de Estudios Públicos (CEP, fundado en 1980) y la mucho más joven Fundación para Progreso (FPP, fundada en 2012) continúan obteniendo buenos resultados y aparecen en las primeras posiciones en varias categorías.

Los think tanks latinoamericanos lideran la penetración por país

Cuando sopesamos el tráfico de las redes sociales por tamaño de la población del país y por número de usuarios de Internet, los think tanks orientados al mercado en los países latinoamericanos (como la Fundación para el Progreso en Chile, el Instituto Millenium y el Instituto Mises en Brasil y CEDICE Venezuela) superan a los de EE. UU. y sus homólogos canadienses en la mayoría de las plataformas.

Todavía no he podido recopilar suficiente información sobre cómo los think tanks y los centros universitarios utilizan los podcasts y cómo se clasifican en este frente. Casi todos los think tanks ahora tienen podcasts. Espero que cuando vea los números, pocos se acercarán siquiera a los podcasts políticos más importantes producidos por figuras que tienden a ser favorables a la economía libre, figuras como Ben Shapiro, que aparece cerca de la cima en la mayoría de las clasificaciones públicas, y Mark Levin.

Más allá de los Think Tanks

Los think tanks y los centros universitarios continúan enfrentando desafíos de intelectuales con buenas habilidades de comunicación y de algunos portales con fines de lucro con excelentes materiales educativos. En el análisis del año pasado mencioné a Olavo de Carvalho, el intelectual público que ha influido a muchos en Brasil .Con más de 1.2 millones de seguidores en Instagram en sus dos cuentas (una que se acerca al millón). 586K likes en Facebook, 826K suscriptores en YouTube y 687K seguidores en Twitter, supera a todos los think tanks brasileños y latinoamericanos. Supera a otra de mis sociedades latinoamericanas favoritas de portales gratuitos, Brasil Paralelo, en todas las plataformas excepto YouTube. Brasil Paralelo tiene 468K seguidores en Instagram, 459K likes en Facebook, 1.13 millones de suscriptores en YouTube y 154K seguidores en Twitter. Brasil Paralelo se fundó en 2016 en Porto Alegre y colabora bien con think tanks locales y extranjeros.

Un seguidor y suscriptor típico de Brasil Paralelo es alguien que quiere vivir una vida intelectual y expandir sus conocimientos, pero sin necesariamente buscar un título. Una de esas personas, Thamiris Moura, una joven abogada de Río de Janeiro, está activa en las redes sociales. Sawyer me dijo: “PragerU es una buena herramienta para combatir el socialismo, pero Brasil Paralelo ayuda a formar una persona a un nivel intelectual más profundo. Comencé mis estudios gracias a Brasil Paralelo y les estoy muy agradecido “.

Como hago cada año, le pregunté a Emma Álvarez, gerente de proyectos de IESE Business School en Barcelona, ​​cuáles son las nuevas tendencias y preguntas de las redes sociales en el mundo corporativo. Uno tiene que ver con WhatsApp. “El año pasado WhatsApp se convirtió en la aplicación más descargada en Google Play, más de 709 millones”, me dijo. “Lanzaron WhatsApp para empresas en 2017, pero las empresas aún lo ven como un desafío para fines de marketing”. Los think tanks usan WhatsApp de manera muy similar a LinkedIn, pero con la ventaja de sus capacidades para compartir videos y documentos muy fáciles de usar.

Enhorabuena, como de costumbre, a todos los grupos mencionados en este artículo y mis disculpas si me perdí una organización de libre mercado con mejor puntuación.

Josh Gregory realizó la investigación para este artículo, jgregor@acton.org

Lampadia

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

Muy positiva la campaña que ha empezado Lampadia para demostrar con cifras y datos irrefutables los beneficios de la inversión privada y del libre mercado, que han impulsado como nunca antes el crecimiento de la economía y la disminución de la pobreza.

Ojalá que esta cruzada tenga continuidad en el tiempo.

Pero es necesario que sea complementada con un discurso político, que muchas veces los empresarios, por diversas razones, no pueden o no quieren enunciar.

Por ejemplo, para poner un caso paradigmático, el gas de Camisea, que hoy día todos aprovechamos y que nos parece lo más natural del mundo. Pero casi nadie recuerda ni conoce lo difícil que fue sacar adelante ese proyecto.

La empresa Shell, una de las más grandes e importantes del mundo, exploró en la selva y descubrió ese enorme yacimiento en la década de 1980, invirtiendo muchos millones de dólares con tal propósito. Y cuando estaba lista para explotarlo a fines de la década las izquierdas, que en aquel entonces tenían una muy importante representación parlamentaria –llegaron en segundo lugar en las elecciones de 1985- y fuerza política, desataron una feroz campaña contra la “explotación imperialista” del gas. El gobierno de Alan García, ya debilitado, cedió. Todo se paralizó y la Shell simplemente abandonó el proyecto y se fue del país.

Tuvieron que pasar 13 años para que, en el Gobierno de Alejandro Toledo, el 2001, gracias al empuje de los ministros Jaime Quijandría y Pedro Pablo Kuczynski, se retomara el proyecto. Se licitó y rápidamente se construyó la planta y el gasoducto para transportar el gas. Tres años después ya estaba funcionando. Gracias al gas de Camisea hubo energía abundante y barata para poder desarrollar el otro pilar del espectacular crecimiento de esos años, la minería.

Hoy día los peruanos disfrutamos del gas barato en nuestros hogares y vehículos, pero sobre todo tenemos electricidad a precios razonables, para la industria y para las familias. Todo eso a pesar de las izquierdas, que impidieron su desarrollo en 1988 y por fortuna no pudieron evitarlo el 2001.

Hoy día con el avance del populismo y las izquierdas ¿acaso el gobierno de Martín Vizcarra lo hubiera realizado? ¿Y Francisco Sagasti? Por supuesto que no.

Hay muchos otros ejemplos. ¿La población los conoce? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien se encarga de explicarlo?

No obstante, ellos difunden su propaganda engañosa y falsa persistentemente. Si no se les refuta todos los días, si no se explica paciente e incesantemente la verdad de los hechos, ellos avanzan, frenan el desarrollo del país y pueden llevarnos a una catástrofe de consecuencias aterradoras. De hecho, ya han causado un daño colosal bloqueando proyectos mineros como Conga y Tía María o atacando a las exitosas empresas agroindustriales.

Hay que detenerlos ahora. Lampadia

William Bishop

El Poder Ejecutivo, al amparo de las facultades legislativas delegadas, acaba de modificar en forma integral el régimen jurídico del transporte internacional marítimo de carga. Mediante el Decreto Legislativo Nº 1492 ha normado el contenido del contrato de carga marítima y, mediante el Decreto Supremo Nº 012-2020-RE, ha procedido a “denunciar” (entiéndase retirarse de) las Reglas de la Haya, el convenio internacional que contiene las normas que rigen el transporte marítimo de mercancías bajo la modalidad de “conocimiento de embarque”, sin que el Perú sea parte de los otros convenios posteriores, como son las Reglas de Hamburgo o las Reglas de Róterdam. Es decir, el Perú ha optado por retirarse de la normativa internacional que rige el derecho marítimo, quedando a la deriva.

Se ha adoptado una posición antiglobalización, al retirarse de las reglas internacionales. Y ha creado paralelamente un régimen jurídico interno, nacional, para una actividad que es típicamente internacional, como es el transporte marítimo de carga. El Perú parece olvidar que muchos de los contratos de carga por vía marítima se celebran en el extranjero donde no rige la ley peruana, lo que va a crear un desfase entre porteadores navieros y cargadores. Además, le puede crear problemas tributarios a los armadores por la supuesta e irreal percepción de ingresos que en realidad no les correspondan.

La actividad logística es una de las actividades más creativas, innovadoras, flexibles y adaptativas. Al encerrar el contrato de transporte marítimo en una jaula legal reglamentarista y restrictiva, contraria a la libertad contractual, nuestro mercado no va a avanzar, sino que va a retroceder, se va a empobrecer. En los últimos 20 años las importaciones marítimas han permitido un crecimiento espectacular del “retail” que ha dado lugar al desarrollo de “malls” no solo en los distritos acomodados sino incluso en los de bajos ingresos, todo gracias a que el comercio marítimo por sus grandes volúmenes y la dura competencia entre las líneas navieras tiene costos muy económicos. Si transportar por mar fuera caro no habría bienes en el mercado al alcance de las grandes mayorías.

Pero eso no es todo, las agroexportaciones peruanas han alcanzado niveles record en el mundo, tal el caso de los espárragos, paltas, arándanos, mangos, uvas, mandarinas, banano orgánico, etc. Nada de eso hubiera sido posible sin un transporte marítimo con costos internacionalmente competitivos.

El transporte marítimo es la viga maestra del comercio exterior y les ha dado muchos éxitos a los cargadores, sean estos importadores, como en el caso del “retail”, o exportadores, como en el caso citado de las agroexportaciones, por no mencionar los potentes rubros tradicionales (minerales y harina de pescado).

Aunque desde que nació el transporte marítimo de carga, hace más de cinco mil años, hay una natural contraposición de intereses entre los armadores navieros o porteadores, y los cargadores, respecto al precio del transporte o flete, es una actitud desleal que en medio de la pandemia por el Covid-19 los cargadores saquen ventaja y se aprovechen para tratar de cambiar el modelo del negocio marítimo.

Es desleal, además, porque paralelamente a la crisis sanitaria que estamos padeciendo hay una grave tendencia política hacia el populismo y el estatismo, como ha quedado demostrado con la Ley 31018 que suspende el cobro de peaje en toda la red vial nacional, departamental y local, ley que para curarse en salud dispone que la suspensión establecida no causará ni generará derecho compensatorio. Es decir, ahora es el momento de defender el modelo de libre mercado, no de atacarlo promoviendo la intervención estatal en un negocio privado sujeto a la libre competencia y la libre contratación como es el negocio marítimo (o promoviendo plataformas logísticas estatales de tipo antepuerto en el Callao).

Quienes aplauden la intervención estatal en el comercio marítimo olvidan que fácilmente esa tendencia podría volverse en su contra como un bumerang. A algún burócrata inspirado se le podría ocurrir ponerle un impuesto especial al movimiento de contenedores (en línea con la idea del impuesto a la riqueza) ya que los operadores de comercio exterior están hablando que con la nueva norma van a ahorrar hasta varios cientos de dólares. ¿Qué opinarían en ese caso?

Por último, sin que esto sea menos importante, hay que recordar que el Decreto Legislativo 1492 que establece la nueva normativa del contrato de transporte internacional marítimo de carga (que ha arrastrado al Perú a retirarse de las Reglas de la Haya), es una norma dada al amparo de la Ley 31011, por la cual se “delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la Emergencia Sanitaria producida por el Covid-19.”

Teniendo en cuenta que el régimen jurídico del contrato internacional marítimo de carga no es un tema específico de la “Emergencia Sanitaria producida por el Covid-19” el Congreso de la República deberá considerar que el Poder Ejecutivo se ha excedido en las facultades delegadas y, al amparo del articulo 104 de la Constitución, proceder a derogar el mencionado régimen. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

La reciente disolución del Congreso por parte de Martín Vizcarra ha sido el suceso más dramático de la política peruana desde la caída del régimen de Alberto Fujimori y ha generado una profunda incertidumbre respecto al futuro del país. Más allá de la legalidad de la disolución todo parece indicar que Martín Vizcarra está consolidado en el poder, puesto que controla los instrumentos básicos del Estado, la Fuerza Armada, el presupuesto público, buena parte del aparato de justicia le es funcional y un segmento muy significativo de la prensa le apoya. Por ello, es casi seguro que se den elecciones congresales complementarias en enero del 2020 y nacionales en abril del 2021. Bajo estas condiciones es relevante analizar en qué medida se encuentra afectado el principal determinante del destino del Perú en el largo plazo: la sostenibilidad política y social del modelo de democracia representativa de economía de mercado. Este modelo político y económico ha sido el principal factor detrás de la sustancial mejora de la calidad de vida de los peruanos en las últimas tres décadas.

En los últimos años, en especial desde la segunda vuelta de las elecciones del 2016 se ha dado una durísima lucha política, al interior de los sectores que respaldan el actual modelo de desarrollo. Por un lado, está un sector socialmente liberal, con repulsión al fujimorismo y al Apra, que considera que la izquierda no es una amenaza significativa, que no da mucha prioridad al crecimiento económico y que prioriza una agenda de valores socialmente liberales. Este sector es muy fuerte entre líderes la prensa y redes sociales y en la práctica opera como un aliado al gobierno y la izquierda, en contra las fuerzas políticas mayoritarias en el disuelto congreso, este sector considera que el gran reto del país consiste en la lucha contra la corrupción la cual tiene al Apra y al Fujimorismo como sus representantes políticos y que el apoyo a los fiscales que llevan el caso Lava Jato peruano es decisivo. Por otro lado, se encuentra un sector más conservador en lo social, con mayor preocupación por el accionar de la izquierda y que tiene una postura hacia el gobierno de Martín Vizcarra que varía entre la desconfianza y la hostilidad. Este sector da una mayor prioridad al crecimiento económico y tiene una profunda aversión a las ideas y proyectos de la izquierda. Este sector pro-mercado es débil en términos mediáticos, y no logra superar su aislamiento en los medios. Además, con la decadencia política del APRA y de Fuerza Popular no posee actualmente referentes políticos fuertes a nivel nacional. La lucha de PPK y Vizcarra contra el Congreso en buena medida refleja este enfrentamiento que en buena medida se ha resuelto con la victoria del Ejecutivo.

Consideramos que la crisis política que ha desembocado en la disolución del congreso ha debilitado la sostenibilidad política del modelo económico, no tratamos de sostener que un retroceso en la gestión económica es inminente, pero sí que la probabilidad de un retroceso significativo en cuanto a libertades económicas se ha elevado significativamente. Vamos a mencionar los diversos mecanismos como mediante los cuales creemos que esto se ha dado.

El Giro de la Prensa

Durante los últimos años el principal foco de la prensa ha consistido en debilitar a Fuerza Popular en particular y al conservadurismo en general. Para la mayor parte de los medios el fujimorismo era y sigue siendo el mayor obstáculo, especialmente desde el congreso, para la lucha contra la corrupción por lo que debilitar al fujimorismo era un imperativo moral. La emisión de la “Ley Mulder”, que prohibía la publicidad pública a través de medios privados, llevó a que los intereses comerciales de los dueños de los medios y los ideológicos de los trabajadores (Periodistas y reporteros) de los mismos se alinearan en la necesidad del ejecutivo de reducir al máximo el poder parlamentario de Fuerza Popular y sus aliados. Figuras mediáticas que tenían posturas afines o inclusive neutrales ante Fuerza Popular han sido reemplazadas en los medios por figuras más hostiles al fujimorismo y al parlamento como representación de su fuerza política. Este proceso ha debilitado el grado de defensa del modelo de mercado en los medios, puesto que buena parte de los defensores más vocales del libre mercado no tenían el grado de hostilidad hacia el parlamento esperado por los dueños de los medios o acorde con el sentir de la audiencia.

Para visibilizar este proceso, de retroceso en el soporte mediático al libre mercado, generamos un indicador de postura de los medios frente al libre mercado en base a la Encuesta del Poder que publica anualmente Semana Económica. En esta encuesta se genera un ranking del poder de figuras mediáticas en las categorías radio, televisión y prensa escrita. El indicador fue construido clasificando a los diversos personajes listados en este ranking en una tabla de valores donde +2 implicaba un apoyo sistemático a las posturas de libre mercado, +1 un apoyo eventual al modelo, 0 la neutralidad -1 un rechazo eventual y -2 un rechazo sistemático. A su vez para generar el indicador se ha ponderado a los influyentes más elevados en el ranking con un mayor valor. Entonces, de ser la totalidad de los influyentes renqueados defensores activos del libre mercado este indicador mostrará un valor de +2 y de ser hostiles al libre mercado el indicador llegaría a -2. El índice se establece con el promedio ponderado al ranking del poder de cada vocero.

Como se puede observar a partir del año 2016, año de las victorias políticas de PPK y de FP, el grado de apoyo de los Influyentes en los diversos medios de comunicación ha venido reduciéndose de manera paulatina. Si bien se da todavía una ligera superioridad de la postura pro libre mercado entre los influyentes mediáticos, esta ha ido menguando con los años. En los medios radiales esta reducción ha sido más dramática que en la prensa escrita y en la televisión. Un análisis detallado de la encuesta del poder encuentra que más que el ascenso de personalidades anticapitalistas en los medios lo que se ha dado ha sido el desplazamiento de los defensores más activos del libre mercado por personalidades más moderadas en su apoyo o neutras respecto al sistema económico.

Los Opositores de Derecha del Presidente

El enfrentamiento entre los poderes del Estado terminó con la disolución del Congreso, esta acción del Ejecutivo, ha sido considerada por múltiples fuerzas políticas y analistas jurídicos como un Golpe de Estado y un delito. La aversión contra la Martín Vizcarra por parte de estas fuerzas políticas es hoy sumamente elevada. Mientras mayor sea el poder político de estas fuerzas “anti-golpistas” más amenazado se encontrará Vizcarra, tanto en términos políticos como judiciales. En buena medida el bloque político “anti-golpista” aglomera a fuerzas políticas a la derecha del centro político nacional. Para este sector Martín Vizcarra es un gobernante de facto que ha incurrido en un acto criminal que merece condena penal.

Ante semejante contexto Vizcarra enfrentará poderosos incentivos a utilizar recursos públicos con el fin de impedir el fortalecimiento político de sus enemigos declarados. Se podría considerar que estas fuerzas “anti-golpistas” no representan plenamente a los sectores pro modelo económico y que es necesario que surjan nuevos actores políticos pro mercado distintos a los que ha estado cumpliendo este papel. Ello puede ser cierto, pese a ello el proceso de renovación de los representantes políticos de un espacio político demora varios años y difícilmente se daría para enero de 2020 ni para abril del año 2021. Por lo que esta postura anti derechista de la Presidencia tendrá como consecuencia una correlación de fuerzas más hostil para las fuerzas pro-mercado durante las próximas dos elecciones.

Muchos dirán que los posicionamientos entre fuerzas políticas de izquierda y derecha son irrelevantes en términos de políticas públicas, en la medida que no ejerza el poder una fuerza antisistema. En esa medida, la destrucción de las fuerzas políticas de derecha se podría considerar como irrelevante en términos de libertad económica. En esta concepción el poder ejercido por el centro y la centro izquierda implica la continuidad plena del modelo económico.

Sin embargo, hay evidencia de que la posición ideológica, aun dentro del campo pro sistema, si es relevante para las políticas públicas del país, y que, si importa el centro de gravedad de la representación política del país, pues puede representar un deterioro de los índices de libertad económica y del ambiente de negocios del país.

La gráfica superior es la trayectoria del Índice de Libertad Económica, calculado por el Heritage Institute, para el Perú^[1]. Este índice se calcula mediante la agregación de diversos indicadores internacionales en múltiples aspectos y trata en la medida de lo posible de apoyarse en elementos cuantitativos. Se puede observar un claro patrón entre los vaivenes de la libertad económica y la política nacional. Los gobiernos más asociados con la derecha como los de Fujimori (Hasta el año 2000) y Alan García ( 2006-2011) estuvieron asociados a incrementos en la libertad económica mientras que aquellos con una mayor participación de la izquierda como los de Toledo (2001-2006) y Humala (2011-2016) mostraron un deterioro de dicha libertad. Aún si ninguno de estos gobernantes buscó cambiar radicalmente el modelo económico se dieron fluctuaciones en función a la conformación ideológica de las fuerzas en el poder.  Una presidencia poderosa como la actual, enfrentada a las actuales fuerzas políticas de derecha, mejora significativamente la correlación de fuerzas para la erosión de su marco legal y el debilitamiento de los pilares institucionales del modelo.

Como se puede observar se pueden dar cambios graduales en el modelo sin necesidad de que triunfe una posición política programáticamente radical que cambie el modelo de manera abrupta. Para tener una idea, el gobierno de Toledo estuvo asociado a una caída en 9.1 puntos en el Índice de Libertad Económica, muy similar a la caída de 9.7 puntos en los primeros 5 años del gobierno de Hugo Chávez. Los 20.1 puntos de caída en la Libertad Económica de Venezuela entre 1998 y 2018, cuyo costo social es hoy visible, fue producto de un proceso que ha tomado más de 20 años. Para dañar a un modelo, la erosión no necesita ser abrupta, es más, se hace socialmente más aceptable si es un largo proceso gradual.

Tener un Presidente enemigo de la derecha, aún cuando personalmente sea ideológicamente moderado, facilita una deriva sistemática en las políticas públicas, incrementando el intervencionismo estatal, consumiendo el ahorro nacional y endeudando a las nuevas generaciones. No por casualidad bajo los gobiernos apoyados por los sectores proclamados como “republicanos” en la visión de Alberto Vergara, se han dado importantes retrocesos en la libertad económica.

Empoderamiento de la Presidencia y cambios en la Constitución

El enfrentamiento entre el poder Ejecutivo y el Legislativo ha llevado a cambios constitucionales y a precedentes judiciales que han decantado en un alto grado de empoderamiento del Presidente de la República, que expone el país al cambio del Capítulo Económico de la constitución.

Actualmente ha triunfado, en términos de legitimidad social y precedentes, una visión extensiva del uso de la Cuestión de Confianza por parte del ejecutivo que puede ser utilizada para modificar la Constitución, convocar a referendos, intervenir en el proceso de nombramiento del Tribunal Constitucional, modificar la constitución, reformar la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Muy posiblemente en un breve plazo el Tribunal Constitucional dará fallos que consoliden legalmente estos precedentes fácticos.

Esto ha socavado la división de poderes en el país, en especial considerando que el parlamento peruano tiene usualmente bajísimos niveles de aprobación. Recordemos que 6 de los 7 magistrados del actual tribunal constitucional han sido nombrados por un congreso que en esos momentos tenía apenas 10% de aprobación. Con los precedentes generados, un presidente podrá intervenir en el nombramiento de la Defensoría del Pueblo, Banco Central y Tribunal Constitucional amenazando con la disolución en caso el proceso no apruebe sus propuestas en los tiempos y en la modalidad propuesta por el Ejecutivo. Esta amenaza es especialmente efectiva considerando que ya no existe reelección congresal con lo que la represalia sobre los congresistas que no se plieguen al ejecutivo será aún mayor que antes.

Los ejemplos de los países como Bolivia o Venezuela nos señalan que para poder aplicar un giro severo en el modelo económico es necesario un alineamiento de diversas instituciones del Estado en un sentido “anti-neoliberal” no basta con la captura de un poder del Estado se requiere de una profunda cooptación institucional. Lo que ha ocurrido en Perú es el surgimiento de un poder intervencionista del Ejecutivo sobre los otros poderes del estado, con la anuencia de fuerzas que se consideran favorables al libre mercado y a la institucionalidad democrática.

Más allá del programa que Vizcarra desee aplicar, un potencial presidente hostil al modelo de democracia de mercado tiene ahora muchísimos menos contrapesos en caso quisiera aplicar un cambio radical. Sin estos precedentes un proyecto radical hubiera necesitado obtener la presidencia, una mayoría congresal, capturar la Fiscalía de la Nación, etc., para poder implementar su programa de transformaciones. Ahora, la figura de la Moción de Confianza se ha transformado en un mecanismo que concentra un poder extraordinario en el Presidente.

Ahora basta con que se gane la Presidencia de la República, la capacidad de las otras instituciones para implementar contrapesos se halla severamente reducida. El trabajo de demolición de instituciones que un gobernante radical hubiera tenido que realizar en un fuerte enfrentamiento con gran parte de la sociedad civil y medios de comunicación ha sido llevado a cabo por un Presidente moderado con el apoyo de gran parte de dichos actores sociales (sociedad civil y medios). En esta ocasión, en buena medida, ha sido una facción del sector pro modelo económico, la que ha estado generando condiciones para una más fácil consolidación en el poder de un potencial presidente antisistema.

Conclusión

La crisis política reciente y su culminación en la disolución del parlamento ha tenido un desenlace que ha sido celebrado por la mayoría de la población, líderes de opinión y medios de comunicación. Gran parte de estos líderes y medios se consideran a sí mismos, de manera sincera, defensores del modelo democrático de libre mercado. Sin embargo, este proceso ha debilitado los pilares de la sostenibilidad política del modelo a un nivel que pareciera no está visible para ellos.

En el corto plazo, se ha debilitado la coalición mediática en favor del libre mercado e impone al Ejecutivo la necesidad de impedir que triunfe una opción política de derecha. Esto implica que hacia los procesos electorales 2020 y 2021 una correlación de fuerzas más favorable hacia un corrimiento a la izquierda en el centro político del país. Las probabilidades de un deterioro, aunque no dramático, en el modelo económico se han elevado notablemente.

En el largo plazo se ha dado un empoderamiento presidencial, la reducción en los contrapesos entre poderes y se han elevado las posibilidades de modificar el marco constitucional del país. En especial se ha elevado el rol del Presidente como actor constituyente, siendo este un elemento común en todos los procesos de cambio radical regresivo en América Latina.

En el mejor de los casos, aún si Martín Vizcarra es un creyente en actual modelo de desarrollo, las condiciones para un deterioro en las libertades económicas están más avanzadas de lo que se vislumbraba en junio del 2016 cuando él ingresó como vice-presidente. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

Bolivia y el Perú son dos países medianos de América Latina que ocupan el 8° y 6° lugar, respectivamente, en cuanto a superficie y el 8° y 4° lugar, en población.

Según los datos comparativos de ambos países (https://datosmacro.expansion.com/paises/comparar/peru/bolivia) existen diferencias sustanciales entre ambos países en indicadores de desempeño económico y social que podrían llevarnos a pensar que el Perú le lleva ventaja a Bolivia:

• PBI PERU  6 veces el PBI Bolivia (190 MM Euros vs 34 MM Euros).
• PBI per cápita PERU es el doble del boliviano (5,965 Euros versus 3,000 Euros)
• DEUDA EXTERNA per cápita PERU similar al boliviano pese a que tenemos una deuda externa 3 veces más grande.
• PERU EXPORTA 6 veces lo que exporta BOLIVIA (40 MM Euros vs 6 MM Euros)
• En PERU el GASTO PUBLICO solo es el 21% de un PBI más grande. En BOLIVIA es el 38.60 % de un PBI MENOR. Producen menos y gastan más.
• EL PERU ha avanzado y tiene 20.5% de pobres. BOLIVIA tiene 35.2%, según datos de CEPAL.

Podemos decir entonces que se trata de dos países medianos, uno de los cuales ha tenido un mejor desempeño económico que el otro. Sin embargo, esta superioridad es relativa si nos comparamos con Brasil, México, Colombia o Argentina que tienen extensiones mayores a las nuestras o con Chile, Uruguay o Panamá, que, siendo países más pequeños, tienen un mejor desempeño que nuestros dos países.

¿Que puede explicar entonces la diferencia sustancial en el desempeño de estos dos países medianos de América Latina?

El Perú, desde 1993, optó por una economía social de mercado sin intervencionismos estatales, de deshizo de empresas públicas que en el quinquenio 85-89 le habían generado un déficit que, a valor presente representaría 3,500 millones de dólares (Lampadia Justicia en déficit), se abrió al mundo, atrajo inversión privada externa y nacional y movilizó al sector privado para empujar la economía. Este modelo, algunos de cuyos datos hemos reseñado en esta comparación, se mantiene ralentizado y mediatizado pero vigente.

En Bolivia, al mismo tiempo, entre 1993 y 1997, Gonzalo Sánchez de Lozada dio un paso similar y llevó a cabo unas reformas económicas y un ajuste estructural que le hubieran permitido avanzar sin contratiempos a una economía de libre mercado y abierta al mundo.

En el Perú, el modelo no cambio pese a los intentos denodados de la izquierda de torcerlo hacia un modelo boliviano.  En Bolivia, en cambio, el modelo sólo duró unos años y aunque Sánchez de Lozada volvió al poder el 2002, tuvo que renunciar sitiado por el autoritarismo callejero de Evo Morales que elaboró un explosivo cocktail social compuesto de cocaleros, campesinos, sindicatos, asesores cubanos y petro dólares enviados por su mentor Hugo Chávez. A causa de esto, Morales tomó el poder tiempo después y estatizó los recursos naturales, las  idroeléctricas, las pensiones y aunque no fue tan estúpido como Maduro de destruir la macroeconomía, ahuyentó la inversión privada y convirtió al Estado en nuevo protagonista de la economía boliviana.

La respuesta es muy sencilla. El mejor desempeño económico peruano tiene que ver con la funcionalidad de nuestro modelo económico y su carácter pro pobre (redujo en 30% pobreza), que las cifras confirman, pero que el relato izquierdista quiere desconocer. Ese mismo relato, azuzado desde La Habana y financiado desde Caracas, exporta la idea del milagro económico boliviano a pesar de que las cifras comparativas (que son las que importan) nos muestran un pobre desempeño del modelo boliviano. Lo grave es que ese modelo, pese a ser dispendioso en recurso públicos, no ha reducido la pobreza, sino que la ha incrementado. Todo un espanto.

¿Como se explica entonces que Evo Morales pueda ser reelecto este 20 de octubre, si ni las cifras, ni la voluntad ciudadana lo acompaña, ya que el 51.3% de la población le dijo no a la Reelección?

Aquí algunas razones:

• La voluntad del pueblo solo sirve cuando es favorable al autócrata. Cuando le es esquiva buscan la ley, o su interpretación forzada como ocurrió en este caso a través de una cuestionable sentencia del Tribunal Constitucional Boliviano que habilita la cuarta postulación del autócrata boliviano.
• Los relatos pueden construir realidades paralelas. Pueden convertir un desempeño económico pobre en un milagro, si sirve para mantener la “moral revolucionaria”. Además de los cuentistas que inventan relatos interesados, las sociedades (y Bolivia no es la excepción) requieren “clases medias” y “políticos funcionales” que no advierten el peligro y sea con su indiferencia o su egoísmo, permiten que las cosas sucedan. Finalmente, esto es posible porque hay mayorías que pierden la capacidad de tal y dejan que su voluntad sea desconocida.

Los BOLIVIANOS están más cerca que nunca de cambiar su destino. Pueden seguir creyendo en su relato y despertar algunas décadas después, tan medianos como hoy, cuando al autócrata le hayan salido barbas y algunos jóvenes ingenuos lo lleven estampado en el pecho en las calles de Bruselas o Madrid sin saber a que revolución o genocidio pertenecen.

También pueden despertar hoy y darse cuenta en bien despiertos, mirando el mundo de al Lado, en vigilia, que su relato no los ha hecho mejores y cambiar su destino.

Ojalá que (como dijo Borges), si no los une el amor, los una el espanto por una autocracia sin fin que quiere Evo Morales y sus aliados extranjeros y se unan para derrotarlo en las ánforas. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

La disputa de rentas

La disputa de rentas es una práctica milenaria en todas las sociedades, pero a partir del momento que se desarrolló la agricultura, la artesanía y el comercio, la disputa de rentas se expandió.[i] Los muros de los castillos y las murallas de las ciudades fueron construidos para evitar que los saqueadores pudieran apropiarse de sus riquezas.[ii] La historia universal está llena de ejemplos de invasiones, guerras y saqueos de las ciudades y ciudadanos más ricos.[iii]

En la medida en que las sociedades fueron desarrollándose la disputa de rentas fue asumiendo nuevas formas. Recién con el desarrollo del libre mercado y de protección de la propiedad privada es que la disputa de rentas comenzó a disminuir su rol en los procesos de acumulación de riqueza. En los países con mayor desarrollo institucional la disputa de rentas se da, principalmente, vía la creación de leyes, de monopolios y de la corrupción.

En los países emergentes, como el Perú, las rentas a disputar están relacionadas principalmente a: (1) las actividades extractivas (minería y petróleo), (2) la agro-exportación y (3) el presupuesto de la república. Las dos primeras son actividades económicas que pueden alcanzar niveles de productividad muy superiores al promedio del país, generando una piscina de riqueza que es ambicionada por muchos actores económicos y políticos. El presupuesto de la república pone miles de millones al alcance de los políticos y autoridades públicas: ministros, jueces, gobernadores, congresistas, alcaldes, etc.[iv]

La disputa de rentas asume formas diversas, dependiendo del desarrollo institucional de la sociedad. En muchos países africanos asume la forma de guerras civiles y dictaduras eternas: Zimbabue, Angola, Congo, Guinea Ecuatorial, etc. En otros países, con un nivel medio de desarrollo institucional, como el Perú, la disputa de rentas asume formas de conflictividad social y de luchas políticas.

En América Latina, el caso más dramático de disputa de rentas es el de Venezuela, en donde la apropiación de las rentas del petróleo ha ocasionado la destrucción económica del país. En Venezuela la disputa de rentas se ha dado por medio de la creación de un estado militarizado instrumentalizado con un discurso socialista.

Otro caso, no menos dañino, es el de Argentina, con la apropiación de las rentas de la agro-exportación: carne, soya, etc. En los últimos 100 años, Argentina ha caído bajo da influencia del peronismo y ha vivido una secuencia de crisis que la retiró de la lista de los países desarrollados, igualándolo con sus vecinos en materia de atraso económico y político. En el caso de la Argentina se ha desarrollado un modelo de estado parásito con un discurso de justicia social.[v]

En el Perú, las dos principales formas de disputa de rentas son (a) la corrupción (pública y privada) y (b) la conflictividad minera. La corrupción busca apropiarse del presupuesto público a nivel nacional, regional y local, y la conflictividad minera busca apropiarse de la alta productividad de la minería moderna. [vi]

Lo que viabiliza ese fenómeno en Perú es que el país tiene importantes riquezas minerales y un ambiente de negocios relativamente positivo, capaz de atraer grandes inversiones de empresas con tecnologías avanzadas, pero al mismo tiempo tiene un Estado que carece de la voluntad política y de la capacidad operacional necesaria para garantizar el imperio de la ley en todo el territorio nacional. Como comenté antes en una entrevista a El Comercio, en la medida que uno se aleja de San Isidro el Estado de Derecho se deteriora y la impunidad se incrementa. La realidad institucional de algunas provincias del Perú puede parecerse más a países de África o de Centro América, que a Lima.

Las rentas que se disputan con la conflictividad minera pueden ser económicas, (enriquecimiento fácil), o políticas, (aumento de popularidad y acceso a cargos públicos). En el Perú de hoy, esas dos formas de rentas se alimentan entre si. En las zonas mineras muchos de los líderes de los conflictos (curas desconocidos, profesores mediocres, alcaldes incompetentes, abogados desocupados, etc.) se han enriquecido notablemente y han resultado elegidos alcaldes, gobernadores y hasta congresistas. Es raro que los líderes de los conflictos mineros no terminen envueltos en casos de corrupción. Conga y Tía María son ejemplos recientes y más conocidos.

El caso Las Bambas

Mientras más grande es una empresa, mayores son las expectativas de las rentas a disputar. Las Bambas es una empresa muy grande, una de las tres mayores productoras de cobre del país con una producción de más de mil toneladas de concentrado por día, que ha producido cerca de dos millones de toneladas de cobre en los últimos 5 años, y que ha generado una riqueza aproximada de 12 mil millones de dólares en ese mismo período.

El conflicto en Las Bambas, aún en proceso, es un ejemplo que ilustra la disputa de rentas como una de las principales causas de la conflictividad social. A diferencia de otros conflictos en donde la narrativa de los líderes era de protección ambiental (“agua sí, mina no”, “en defensa de nuestras lagunas”, “protección de la biodiversidad”, etc.), en el caso de Las Bambas, los mismos líderes fueron claros en señalar que el objetivo de su lucha era obtener mayores beneficios económicos de la empresa minera y del Estado Peruano. Lo que aspiran es seguir viviendo de la extracción de riqueza de una empresa altamente productiva y un Estado débil para hacer cumplir con la ley.

Algunas ONGs pos-extractivistas, como CooperAcción, han instalado oficinas en la zona, y han producido documentos diversos intentando desarrollar una narrativa ambiental en contra de Las Bambas, pero la influencia de los buscadores de rentas (Chávez, Rojas et al) resultó dominante. Esas ONGs, contrarias a la minería moderna, buscan justificar los conflictos de Las Bambas diciendo que son “conflictos de convivencia”, cuando existe abundante evidencia para entender que, en realidad, se tratan de “conflictos de extracción de rentas”.

En el intento del 2016, cuando bloquearon la carretera con varias zanjas, el mecanismo de extracción de rentas imaginado fue el cobro de un peaje millonario por el paso de los camiones de minerales, S/.5,000 por cada uno de los 200 a 300 camiones que circulan diariamente, cerca de S/.45 millones al año, algo más de 800 millones en los 18 años de vida útil de la mina. Este primer intento fracasó.

En esta segunda fase del conflicto, los comuneros exigen una indemnización extraordinaria por la carretera que cruza por el terreno entregado a ellos por Las Bambas como parte del cambio del terreno que ocupaban en el “footprint” de la operación. Según sus líderes, la carretera de cerca de 32 metros de ancho ocupa 39 hectáreas, y exigen 31 millones de soles como indemnización, aproximadamente 800 mil soles por hectárea, o 80 soles por metro cuadrado (precio de terreno urbano).[vii]

El gobierno tiene clara responsabilidad por esta segunda fase del conflicto. En la primera fase del conflicto el gobierno hizo una serie de promesas de proyectos de desarrollo, por casi dos mil millones de soles que nunca se ejecutaron. Ello, sin duda, ha generado un clima de frustración en la población. Hoy, el mismo gobierno reconoce que la indemnización por la carretera era un derecho de los comuneros, entonces surge la pregunta: ¿Por qué no los indemnizaron antes de ese nuevo conflicto, por qué esperaron que ocurriera el conflicto para pagar sus deudas con los comuneros?[viii]

Los abogados que los están asesorando, los hermanos Chávez, van recibir una comisión sustantiva del monto obtenido. Si esa comisión fuera de 30%, sería cerca de 10 millones de soles, si la comisión fuera de 20%, sería de un poco más de 6 millones. En ambos casos, los honorarios de los abogados serían extraordinarios para los estándares de cualquier país del mundo. Es más, estarán ganando honorarios para realizar una actividad de extorsión de una empresa minera que invirtió en el Perú y que cumple con todas las obligaciones legales que el país exige, cuando siendo los abogados quienes están promoviendo acciones de violencia y el Estado está renunciando a defender el estado de derecho.

Podemos hacer un cálculo aproximado para evaluar la rentabilidad del conflicto, redondeando un poco los números: una toma de carretera de 60 días, que genera 30 millones de reembolso, significa una renta de 500 mil soles por día de conflicto. Si la solución dada por el gobierno atiende, aún en parte, las exigencias económicas de los líderes conflictivos, la rentabilidad de los conflictos mineros se habrá disparado, enviando la señal a la macro región del sur y a todo el país que es posible extraer cantidades millonarias de riqueza del Estado y de las empresas mineras, si se organizan conflictos sociales. Los abogados de todo el país van encontrar que la asesoría a grupos conflictivos es una actividad de muy, pero muy, alta rentabilidad.

Las victorias de los depredadores, en el caso de Las Bambas y otros conflictos, además de generar costos extra al Estado y para las empresas mineras, va afectar a toda la población del país pues desincentiva la inversión productiva, haciendo que la organización de conflictos resulte mucho más atractiva que la organización de empresas productivas. No hay que olvidar que el emprendedurismo se dirige hacia donde los rendimientos son más altos, si el conflicto es lo más rentable del Perú, ahí va enfocarse la creatividad empresarial del país.

La consecuencia es que la iniciativa empresarial local (mediana y pequeña) se orientará hacia la conflictividad social en vez de enfocarse en la creación de riqueza y en la expansión de las oportunidades para la población local. Se desarrollará entonces un emprendedurismo depredador y socialmente excluyente. Lo que podría volverse un clúster productivo moderno alrededor de la minería, una actividad económica de alta productividad, se transforma en una zona hostil a la minería y a la actividad productiva en general. Esa distorsión de la economía regional tiende a beneficiar a unos pocos líderes conflictivos perjudicando a la gran mayoría de la población. El estancamiento de la ciudad de Cajamarca, resultado del conflicto anti-minero, es ilustrativo de esa tragedia.

Bendición o maldición

A fines del siglo pasado diversos economistas se han interesado por el impacto de los recursos naturales en el desarrollo y han encontrado que, en muchos países emergentes y ricos en recursos naturales, el impacto de dichos recursos no ha sido positivo (Sachs & Warner, 1997). [ix]  Los resultados fueron tan contra-intuitivos que los estudiosos acuñaron el término “maldición de los recursos naturales”.

Estudios posteriores (Mehlum et al., 2006), incorporando la variable institucional, encontraron que los recursos naturales pueden ser una bendición o una maldición, dependiendo si el país tiene o no tiene instituciones capaces de evitar que predomine la disputa de rentas (emprendedurismo depredador). Es decir, un Estado capaz de evitar que las riquezas generadas por la exploración de los recursos naturales se transformen en blanco de extorsionadores, haciendo que el impulso emprendedor de la sociedad se mantenga en la producción y no se oriente hacia la apropiación de la riqueza ya creada.[x]

Botsuana, Malasia, y Chile son ejemplos de países que hicieron de sus recursos naturales una bendición, mientras otros países como Venezuela, Nigeria y Angola han mantenido o incrementado su pobreza a pesar de sus ingentes recursos naturales. Ello significa para el Perú que sus extraordinarias reservas de metales pueden constituirse en un motor del desarrollo capitalizando el país y financiando su diversificación económica, o pueden ser un factor que genere un ambiente de conflictividad que promueva una economía de disputa de rentas y frene su desarrollo. Cajamarca ya se inclinó hacia esta última opción, Apurímac está en esta disyuntiva.

Advertencia

La manera como el conflicto de Las Bambas está evolucionando hace pensar que Cotabambas y algunas otras provincias del corredor minero del sur se están transformando en sociedades de disputadores de rentas, es decir, sociedades de escala sub-nacional con economías atrasadas que, en vez de tomar la minería como un motor del desarrollo económico, optan por el conflicto social como la ruta con que esperan salir de la pobreza.

Si las situaciones de los conflictos mineros en Apurímac siguen evolucionando como están hasta el momento, las reservas de cobre, molibdeno, litio, plata y oro del sur del Perú, que podrían ser un importante motor del desarrollo de toda esa macro-región, van servir para transformar el sur del Perú en un territorio en qur la conflictividad social domina la vida social e inviabiliza los emprendimientos productivos.

La responsabilidad principal la tienen los gobernantes nacionales, son ellos los llamados a revertir esa tendencia destructiva, pero las empresas también necesitan apostar menos en los incentivos económicos y las negociaciones transaccionales y entender que los sentimientos y creencias de la población son determinantes para el clima social. Además, en un ambiente de precariedad institucional y escasa voluntad política de los gobernantes, las empresas mineras necesitan repensar sus estrategias políticas y sociales para ser capaces de evitar que la conflictividad social se vuelva la ruta de capitalización preferida de la población de las regiones mineras.

Michael Porter ha explicado que, en el siglo XXI, la ventaja competitiva de las empresas mineras ya no va estar en la tecnología ni en el modelo de negocio, sino en su capacidad de construir una relación positiva con la población del entorno y la sociedad nacional. En el Perú de hoy, esta habilidad es más que una ventaja competitiva, es una condición para su existencia en el largo plazo. [xi]

Lo que pase en Apurímac y en el corredor minero del sur en los próximos meses va influenciar de forma significativa si los recursos metálicos del Perú son una bendición o una maldición. Quienes deseen el desarrollo del país deberían ver una advertencia en la manera como está evolucionando el conflicto de Las Bambas. Lampadia

Los proyectos u organismos de cooperación internacional impulsados por Occidente históricamente han demostrado solidez, vigencia y sobre todo buenos resultados en términos de los objetivos que perseguían desde su fundación, llámense el libre flujo de bienes, servicios y personas, la libre movilidad de capitales, la generación alianzas para un manejo responsable del armamento militar, entre otros. En este espectro se encuentra la UE, la OTAN, la OMC, por citar algunos ejemplos.

Sin embargo, en América Latina – exceptuando el éxito exhibido por la Alianza del Pacífico en los últimos años – la historia de integración regional ha sido un fracaso. La Comunidad Andina y el Mercosur son ejemplos regionales, cuyos proyectos de cooperación no han conducido a un desarrollo notable del comercio ni tampoco a un mayor grado de sofisticación de las exportaciones latinoamericanas. Y una de las principales razones de tal revés es que la producción entre los países que conformaban dichos bloques era muy similar entre sí lo cual inhibió una integración comercial de mayor profundidad. Por ello es que la experiencia de varios países de nuestra región, incluido el Perú, con la puesta en marcha de los TLC bilaterales hacia Occidente y el Asia, resultó conveniente porque promovía el comercio con países con patrones de producción diferentes.

En el plano político también ha habido sendos fracasos en cuanto a iniciativas regionales. Uno de ellos se vio reflejado en la Unión Sudamericana (en adelante, Unasur) que, según señala The Economist en un reciente artículo (ver artículo líneas abajo), pasó de tener un objetivo bien delimitado y con muy buenas intenciones, centrado  en la promoción de proyectos transfronterizos de transporte y energía, a promover una agenda política encausada en el socialismo del siglo XXI, del cual el modelo venezolano es la viva imagen de los ideales a alcanzar.

Si bien ya se han sumado a la fecha 7 países detractores de tal iniciativa regional, la alternativa de solución por la que han optado los líderes políticos de sus estados – que consiste en formar un nuevo bloque denominado Prosur-  no es, desde nuestro punto de vista así como de la de The Economist, la manera de abordar el problema de la débil integración tanto económica como política de nuestra región. Aún cuando dicho proyecto izase sus banderas en defensa de la democracia y del libre mercado.

¿Por qué razón? Porque Prosur terminaría siendo una reafirmación del problema que subyugó a Unasur en su  momento, al poder ser capturada por ideologías políticas de los gobiernos de turno que, más allá de promover la cooperación entre países, imponen agendas políticas nefastas para sus desarrollos. Ello con el agravante que, como señala The Economist, “Muchos funcionarios sudamericanos que no simpatizan con la Venezuela chavista son fríos con Prosur”, lo cual insinuaría el poco apoyo político que pudiera tener dicho proyecto en el muy corto plazo.

En conclusión, Prosur no sería una alternativa atractiva para lidiar con el problema de desarticulación entre los países de nuestra región, ni por razones históricas ni por el contexto político actual.

En contraste, como escribimos en Lampadia: La globalización va a paso lento, el camino hacia esta integración regional pasaría necesariamente por abrir más nuestros mercados al mundo, razón por la cual es fundamental seguir promoviendo la globalización y el libre mercado en cada foro que acontezca en nuestra región. Este es el camino que nos llevará a empoderar a América Latina en el comercio global. Lampadia

¿Por qué Prosur no es la manera de unir a Sudamérica?
Los intentos de integración regional siempre parecen tropezar con la política

The Economist
21 de marzo, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

No es frecuente que un país se retire de una organización internacional de la que es anfitrión. Sin embargo, eso es lo que hizo el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, el 13 de marzo. Ecuador se unió a otros seis países que se han retirado de la Unión Sudamericana (Unasur), un espacio de debate que alguna vez incluyó a las 12 naciones del continente, criticándola por la “política perversa de los autodenominados socialistas del siglo XXI”. En buena medida, dijo que quiere que su país recupere la reluciente sede central de Unasur de 65 millones de dólares cerca de Quito, que abrió sus puertas en 2014 y que su antecesor, Rafael Correa, la calificó de “una oda al desperdicio”. Quiere convertirlo en una universidad para indígenas.

Moreno se encuentra entre varios presidentes sudamericanos que pueden ir a Santiago el 22 de marzo para lanzar un reemplazo para Unasur llamado Prosur. Esta es una idea original de Iván Duque, el nuevo presidente conservador de Colombia, y su homólogo chileno, Sebastián Piñera, de centro-derecha. Al revelar la idea en enero, Duque dijo que en lugar de ser una organización burocrática, Prosur será un “mecanismo de coordinación” que apoyará la democracia y la economía de mercado. Piñera ha invitado a todos menos a uno de los 12 países. La excepción es Venezuela.

Prosur es un signo del clima político cambiante en Sudamérica. Después de un período de hegemonía para la izquierda, de varios capítulos, la región se ha inclinado hacia la derecha en las recientes elecciones. Sin embargo, lejos de ser una respuesta a la desunión regional, Prosur parece una reafirmación del problema: en América Latina, las instituciones regionales se han convertido en rehenes de la ideología y de los alineamientos políticos efímeros. Rara vez trabajan para promover la cooperación que redundaría en el interés duradero de todos sus miembros.

Fueron precisamente estas fallas las que condenaron a Unasur, una buena idea traducida por un liderazgo político equivocado. Sus orígenes se encuentran en un deseo brasileño de hablar sobre proyectos transfronterizos de transporte y energía. Para cuando se constituyó formalmente por tratado en 2008, esos objetivos prácticos habían sucumbido a las ambiciones superpuestas de dos presidentes de izquierda, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el venezolano Hugo Chávez, para crear un cuerpo dedicado a la solidaridad política y la cooperación de defensa, implícitamente contra EEUU.

El último secretario general de Unasur, Ernesto Samper, ex presidente de Colombia, le dijo a Bello en 2015 que el cuerpo era el reflejo de “un escenario político” en el que la mayoría de los gobiernos eran de izquierda. Su compromiso con la democracia en la región, dijo, era “la validez real de los derechos sociales”, una fórmula que hacía eco a la propaganda cubana y venezolana. La oposición de Venezuela y sus numerosos partidarios vieron a Samper como un títere a favor del gobierno venezolano. Cuando finalizó el mandato de Samper, una amplia coalición de países propuso a José Octavio Bordón, un político y diplomático de centro astuto de Argentina, como su reemplazo. Venezuela lo vetó. Esa fue la gota final.

El destino de Unasur es un símbolo de la profunda fractura causada por el régimen de Venezuela y sus amigos restantes en Sudamérica. También es un reproche a la política exterior brasileña bajo Lula y su sucesora, Dilma Rousseff. Sin embargo, alejarse de Unasur en lugar de tratar de evitar a Venezuela y reformar la organización parece un error. “Usted no puede superar la fractura al crear una nueva organización compuesta solo por sus amigos”, dice un ex ministro de Relaciones Exteriores de Sudamérica, que se preocupa por la “improvisación” que encarna.

Muchos funcionarios sudamericanos que no simpatizan con la Venezuela chavista son fríos con Prosur. Varios países pueden mantenerse alejados. Presionar a Venezuela para que vuelva a la democracia es una tarea que la región ha confiado al Grupo de Lima, un organismo ad hoc de 14 países que funciona razonablemente bien. Que incluya a Canadá no es un problema existencial. Y como lo describieron sus fundadores, Prosur carecerá del peso para hacer el trabajo que Unasur debería haber hecho (pero no hizo) para trabajar en medidas prácticas de integración, especialmente al actuar como un puente entre los dos bloques económicos de Sudamérica, Mercosur y la Alianza del Pacífico.

En cuanto a Unasur, puede que en realidad no muera, sino que se una al desorden de los moribundos de América Latina. Laurence Whitehead, de la Universidad de Oxford, ha escrito que la tendencia de las élites latinoamericanas a la última moda ideológica ha convertido a la región en un “mausoleo de modernidades”. Eso se aplica ahora a sus instituciones de integración. Esta inclinación es un lujo que una región que se está quedando atrás económicamente no puede permitirse. Lampadia

Los datos sugieren que dos grandes fuerzas están motivando un cambio estructural en la globalización, nunca antes visto:

• Un cambio en las reglas de juego en el comercio internacional entre empresas e inversores de distintas nacionalidades y regiones mundiales.
• Un desplome de la inversión transfronteriza o inversión extranjera directa (IED), particularmente desde Asia a Occidente.

Veamos algunos indicadores elaborados por The Economist que ilustran muy bien estos hechos:

Como se puede apreciar en los dos primeros gráficos, se da una caída pronunciada de 6 de 8 indicadores clave de la integración global, si se comparan los años 2018 y 2008. Aquellos que reportan mayores caídas son los indicadores financieros, que corresponden al stock de préstamos bancarios transfronterizos, la inversión directa extranjera y los flujos brutos de capital, todos medidos en proporción al PBI. Ello claramente refleja una menor vinculación financiera entre los países.

Por otra parte, si bien se observa una caída leve en los indicadores de comercio mundial como es el caso de la importación de bienes intermedios, el siguiente gráfico muestra con mayor claridad, cómo el cambio en las reglas de juego del comercio mundial, están generando que los países vuelquen sus necesidades comerciales hacia las cadenas de valor de sus propias regiones.

Así, nos encontramos frente a un proceso de “ralentización” de la globalización que puede tener fuertes implicancias no solo para Occidente sino también para nuestra región y para el Perú.

Ante ello puede surgir la pregunta en nuestros lectores, ¿Está preparada América Latina y el Perú en particular, para enfrentar este creciente debilitamiento de la globalización, que inevitablemente golpeará nuestra economía a través del canal comercial y financiero? 

Lamentablemente, la evidencia nos haría responder que no, siendo que nuestro mercado regional es muy débil. Veamos.

En primer lugar, la CEPAL desde hace varios años ya viene advirtiendo sobre la poca integración comercial que viene teniendo América Latina en el comercio mundial y en las cadenas de valor mundiales, así como también, del enorme potencial que tiene su comercio intrarregional, que aún se mantiene presto a expandirse.

Así, en un reciente informe del 2018, el organismo internacional destaca que desde 1970 a la fecha, la participación relativa de América Latina en el comercio mundial se ha estancado en un 5.2%, cifra que contrasta con un 31.1%  de los países del Asia Emergente. Por otra parte, en lo concerniente al comercio mundial de insumos intermedios, según cifras del Banco Mundial al 2016, la región apenas concentró un 6% del total, mientras que Asia y Europa concentraron el 71%.

Sin embargo, en lo concerniente al comercio intrarregional, las estadísticas de la CEPAL nos indican que, con la excepción de México, el mercado regional es el principal destino de las exportaciones manufactureras de América Latina y el Caribe, al concentrar el 51% de estas exportaciones. Pero lo relevante es que aún hay mucho espacio para desarrollar este potencial comercial, en particular gran porcentaje de importaciones que aún no están sujetas a algún acuerdo comercial entre países de nuestra misma región. Ello se ilustra en el siguiente gráfico:

Fuente: “Situación del comercio exterior de América Latina y el Caribe” – CEPAL (2017)

Estos indicadores claramente deben llamar a la acción a nuestros gobernantes para potenciar el comercio intrarregional en América Latina, al igual que están haciendo otros países con sus respectivas regiones en el mundo, de manera que se pueda enfrentar satisfactoriamente una globalización a paso lento que ya está afectando nuestros indicadores comerciales y financieros.

Sin embargo, nuestro mayor potencial sigue estando en el comercio global, razón por la cual debemos seguir defendiendo la globalización y el libre mercado en cada foro relevante. Lampadia

Líneas abajo compartimos un reciente artículo de The Economist que explica a detalle los causales de los cambios que están motivando un debilitamiento de la globalización, así como algunos vaticinios en torno a esta problemática para los siguientes años.

Slowbalization
La globalización se quedó sin vapor

Un nuevo patrón de comercio mundial se está volviendo más claro, al igual que sus costos

The Economist
24 de enero, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

Cuando EEUU dio un giro proteccionista hace dos años, provocó oscuras advertencias sobre las miserias de los años treinta. Hoy esas predicciones siniestras se ven fuera de lugar. Sí, China se está desacelerando. Y, sí, las empresas occidentales expuestas a China, como Apple, han sido golpeadas. Pero en 2018 el crecimiento global fue decente, el desempleo cayó y las ganancias aumentaron. En noviembre, el presidente Donald Trump firmó un pacto comercial con México y Canadá. Si las conversaciones durante el próximo mes conducen a un acuerdo con Xi Jinping, los mercados aliviados concluirán que la guerra comercial tiene que ver con el teatro político y el hecho de obtener algunas concesiones de China, no detonar el comercio mundial.

Tal complacencia es errónea. Las tensiones comerciales de hoy están agravando un cambio que ha estado en curso desde la crisis financiera en 2008-09. Como explicamos, la inversión transfronteriza, el comercio, los préstamos bancarios y las cadenas de suministro se han ido reduciendo o estancando en relación con el PIB mundial. La globalización ha dado paso a una nueva era de lentitud. Al adaptar un término acuñado por un escritor holandés, lo llamamos “slowbalisation”.

La edad de oro de la globalización, en 1990-2010, fue algo para contemplar. El comercio se disparó a medida que disminuía el costo del cambio de mercancías en barcos y aviones, se abarataban las llamadas telefónicas, se reducían las tarifas y se liberalizaba el sistema financiero, las empresas se establecieron en todo el mundo, los inversores vagaban y los consumidores compraban en los supermercados.

La globalización ha disminuido desde la velocidad de la luz hasta el ritmo de un caracol en la última década por varias razones.

• El costo de mover mercancías ha dejado de caer.
• Las empresas multinacionales han descubierto que la expansión global quema dinero y que los rivales locales a menudo se los comen vivos.
• La actividad está cambiando hacia los servicios, que son más difíciles de vender a través de las fronteras: las tijeras se pueden exportar en contenedores de 20 pies, los estilistas no pueden.
• Y la manufactura china se ha vuelto más autosuficiente, por lo que necesita importar menos partes.

Este es el telón de fondo frágil de la guerra comercial de Trump. Las tarifas tienden a llamar la mayor atención. Si Estados Unidos aumenta los aranceles sobre China en marzo, como lo ha amenazado, la tasa arancelaria promedio para todas las importaciones estadounidenses aumentará a 3.4%, su nivel más alto en 40 años. (La mayoría de las empresas planean pasar el costo a los clientes). Menos deslumbrante, pero igual de pernicioso, es que las reglas de comercio se están reescribiendo en todo el mundo. El principio de que los inversores y las empresas deben recibir un trato igual sin importar su nacionalidad está siendo abandonado.

La evidencia de esto está en todas partes.

• La rivalidad geopolítica está afectando a la industria tecnológica, que representa aproximadamente el 20% de los mercados mundiales.
• Las normas sobre privacidad, datos y espionaje se están fragmentando.
• Los sistemas impositivos se están inclinando hacia fines patrióticos: en Estados Unidos para instar a las empresas a repatriar el capital, en Europa a atacar al Silicon Valley.
• Estados Unidos y la UE tienen nuevos regímenes para examinar la inversión extranjera, mientras que China, a pesar de su fanfarronería, no tiene intención de dar a las empresas extranjeras un campo de juego nivelado.
• Estados Unidos ha armado el poder que obtiene al administrar el sistema de pagos en dólares del mundo, para castigar a los extranjeros como Huawei.
• Incluso las áreas monótonas, como la contabilidad y la defensa de la competencia, se están fragmentando.

El comercio está sufriendo a medida que las empresas utilizan los inventarios que habían almacenado en previsión de aranceles más altos. Espere más de esto en 2019.

Pero lo que realmente importa son los planes de inversión a largo plazo de las empresas, ya que comienzan a disminuir su exposición a países e industrias que tienen un alto riesgo geopolítico o enfrentan normas inestables. Ahora hay señales de que un ajuste está comenzando.

• La inversión china en Europa y EEUU cayó un 73% en 2018.
• El valor global de la inversión transfronteriza de las empresas multinacionales se redujo en aproximadamente un 20% en 2018.

El nuevo mundo funcionará de manera diferente. La desaceleración conducirá a vínculos más profundos dentro de los bloques regionales. Las cadenas de suministro en América del Norte, Europa y Asia están comprando más cerca de sus hogares. En Asia y Europa, la mayor parte del comercio ya es intrarregional, y la proporción ha aumentado desde 2011. Las empresas asiáticas realizaron más ventas al exterior en Asia que en América en 2017. A medida que las reglas globales decaen, se produce un mosaico de acuerdos regionales y esferas de influencia, afirmando el control sobre el comercio y la inversión. La Unión Europea está estampando su autoridad en banca, tecnología e inversión extranjera, por ejemplo. China espera acordar un acuerdo comercial regional este año, incluso a medida que sus empresas de tecnología se expandan en Asia. Las compañías tienen $ 30 billones de inversión transfronteriza en el terreno, algunas de las cuales pueden necesitar ser cambiadas, vendidas o cerradas.

Afortunadamente, esto no tiene por qué ser un desastre para los estándares de vida. Los mercados de tamaño continental son lo suficientemente grandes para prosperar. Unos 1,200 millones de personas han salido de la pobreza extrema desde 1990, y no hay razón para pensar que la proporción de indigentes aumentará nuevamente. Los consumidores occidentales continuarán cosechando grandes beneficios netos del comercio. En algunos casos, una integración más profunda tendrá lugar a nivel regional que lo que podría haber ocurrido a nivel mundial.

Sin embargo, la lentitud tiene dos grandes desventajas.

En primer lugar, crea nuevas dificultades. En 1990-2010, la mayoría de los países emergentes pudieron cerrar parte de la brecha con los desarrollados. Ahora más lucharán para comerciar su camino hacia la riqueza. Y existe una tensión entre un patrón de comercio más regional y un sistema financiero global en el que Wall Street y la Reserva Federal marcan el pulso para los mercados de todo el mundo. Las tasas de interés de la mayoría de los países todavía se verán afectadas por los Estados Unidos, incluso a medida que sus patrones de comercio se vuelven menos vinculados a ellos, lo que lleva a la turbulencia financiera. Es menos probable que la FED rescate a extranjeros actuando como un prestamista global de último recurso, como lo hizo hace una década.

Segundo, la desaceleración no solucionará los problemas que creó la globalización. La automatización significa que no habrá un renacimiento de los trabajos de cuello azul en el oeste. Las empresas contratarán trabajadores no calificados en los lugares más baratos de cada región. El cambio climático, la migración y la evasión de impuestos serán aún más difíciles de resolver sin la cooperación global. Y lejos de moderar y contener a China, la desaceleración ayudará a que la hegemonía regional sea aún más rápida.

La globalización hizo del mundo un lugar mejor para casi todos. Pero se hizo muy poco para mitigar sus costos.

Los problemas desatendidos del mundo integrado ahora han crecido a los ojos del público hasta el punto en que los beneficios del orden global son fácilmente olvidados.

Sin embargo, la solución que se ofrece no es realmente una solución en absoluto. La lentitud será más cruel y menos estable que su predecesora. Al final solo alimentará el descontento. Lampadia

Es innegable que la economía de libre mercado, el libre comercio y, en particular, la globalización ha traído innumerables beneficios políticos, económicos, sociales y culturales a los países.

La globalización no solo ha permitido un mayor intercambio cultural entre las sociedades, sino que también ha dado lugar al intercambio de conocimientos en áreas como la ciencia y la tecnología y ha posibilitado la búsqueda de una mejor calidad de vida a partir de la libre movilidad de personas entre países.

Sin embargo, recientes movimientos políticos populistas de corte aislacionista y antiinmigración – como el Brexit y los movimientos euroescépticos de extrema derecha en la Unión Europea –, en un contexto de recuperación económica desigual, especialmente al interior de los países más ricos, tras la crisis financiera del 2008, han puesto en tela de juicio las bases que sostienen el sistema económico mundial y la globalización misma.

En esta línea, Klaus Schwab, Presidente Ejecutivo del World Economic Forum, presenta el tema de la próxima reunión anual del foro (ver artículo líneas abajo), planteando repensar la globalización a partir de una redefinición de la gobernanza en los Estados que pase por “forjar un nuevo pacto social entre los ciudadanos y sus líderes”, como se hizo tras la Segunda Guerra Mundial. Ello permitiría darle una mayor seguridad a la gente en una época en que se tiene la percepción que “las fuerzas globales lo dominan todo”.

Peor aún, esta percepción se ve reforzada, como señala Schwab, con la cada vez más notoria Cuarta Revolución Industrial (4IR), que, si bien puede generar enormes ganancias de eficiencia para las empresas, y por ende, ampliar las posibilidades de producción y de consumo de la gente; puede tener un efecto pernicioso sobre la desigualdad de las micro y pequeñas empresas, frente a las grandes, dado que no puedan optar por modelos de negocio “4.0”. Ello puede tener fuertes implicancias en la desigualdad al interior de cada país (“nacional”), aún cuando a nivel global se ha producido una gran reducción de la desigualdad.

Es por ello que Schwab propone que esta nueva gobernanza venga acompañada de arreglos institucionales –que en algunos casos implicarán el diseñar desde cero instituciones existentes- que permitan abordar el progreso tecnológico en todas las grandes áreas en las que se mueve el ser humano, llámese, salud, educación, transporte, comunicación, etc.

En este marco, el caso de la educación es particularmente importante ya que implica preparar a las nuevas generaciones de jóvenes para un mercado laboral en el que la automatización de tareas implicará el desarrollo de ciertas habilidades como la creatividad y la innovación.

Todo ello es posible, pero es vital reconocer la importancia no solo de la cooperación público-privado sino también de la cooperación internacional ya que los cambios que ocurren en un país no están aislados al mundo y, por ende, se justifica la colaboración y el constante diálogo con la comunidad internacional para dar una respuesta adecuada.

Esta es una razón más para desechar las opciones nacionalistas y proteccionistas que hoy en día pululan en el mundo político.

En ese sentido, creemos al igual que Schwab, que para lograr reformar la globalización se requerirán dos cosas por parte de la comunidad internacional:

• Un compromiso más amplio, en el sentido, de promover una participación masiva de los países en esta discusión.
• Una mayor imaginación, en el sentido, de pensar sistémica y estructural, más allá de las propias consideraciones institucionales y nacionales a corto plazo. Lampadia

Globalización 4.0: qué significa y cómo podría beneficiarnos a todos

Imagen: REUTERS/Carlo Allegri

Klaus Schwab
Fundador y Presidente Ejecutivo del World Economic Forum
World Economic Forum Annual Meeting 2019
5 de noviembre, 2018
Traducido y glosado por Lampadia

Después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional se unió para construir un futuro compartido. Ahora, debe hacerlo de nuevo. Debido a la lenta y desigual recuperación en la década transcurrida desde la crisis financiera mundial, una parte sustancial de la sociedad se ha visto afectada y enfurecida, no solo con la política y los políticos, sino también con la globalización y todo el sistema económico que la sustenta. En una era de inseguridad y frustración generalizadas, el populismo se ha vuelto cada vez más atractivo como alternativa al status quo.

Pero el discurso populista elude -y a menudo confunde- las distinciones sustantivas entre dos conceptos: globalización y globalismo.

• La globalización es un fenómeno impulsado por la tecnología y el movimiento de ideas, personas y bienes.
• El globalismo es una ideología que prioriza el orden global neoliberal sobre los intereses nacionales.

Nadie puede negar que estamos viviendo en un mundo globalizado. Pero el que todas nuestras políticas deben ser “globalistas” es altamente discutible.

Después de todo, este momento de crisis ha planteado preguntas importantes sobre nuestra arquitectura de gobernanza global. Con más y más votantes que exigen “recuperar el control” de las “fuerzas globales”, el desafío es restaurar la soberanía en un mundo que requiere cooperación. En lugar de cerrar las economías a través del proteccionismo y la política nacionalista, debemos forjar un nuevo pacto social entre los ciudadanos y sus líderes, para que todos se sientan lo suficientemente seguros en casa como para permanecer abiertos al mundo en general. Si esto falla, la continua desintegración de nuestro tejido social podría, en última instancia, conducir al colapso de la democracia.

Además, los desafíos asociados con la Cuarta Revolución Industrial (4IR) coinciden con el rápido surgimiento de restricciones ecológicas, el advenimiento de un orden internacional cada vez más multipolar y la creciente desigualdad [al interior de los países más ricos]. Estos desarrollos integrados están marcando el comienzo de una nueva era de globalización. Si mejorará la condición humana dependerá de si la gobernabilidad corporativa, local, nacional e internacional se puede adaptar a tiempo.

Mientras tanto, un nuevo marco para la cooperación público-privada global ha ido tomando forma. La cooperación público-privada consiste en aprovechar el sector privado y los mercados abiertos para impulsar el crecimiento económico para el bien público, teniendo siempre en cuenta la sostenibilidad ambiental y la inclusión social. Pero para determinar el bien público, primero debemos identificar las causas de la desigualdad.

Por ejemplo, aunque los mercados abiertos y la mayor competencia sin duda producen ganadores y perdedores en el ámbito internacional, estos pueden tener un efecto aún más pronunciado sobre la desigualdad a nivel nacional. Además, la creciente división entre los que tienen vidas precarias y los privilegiados se está reforzando con los modelos de negocios de a 4IR, que a menudo derivan rentas de la propiedad de capital y/o de la propiedad intelectual.

Cerrar esa brecha requiere que reconozcamos que vivimos en un nuevo tipo de economía impulsada por la innovación, y que se necesitan nuevas normas, estándares, políticas y convenios globales para salvaguardar la confianza del público. La nueva economía ya ha interrumpido y rediseñado innumerables industrias, y ha dislocado a millones de trabajadores. Está desmaterializando la producción, al aumentar la intensidad del conocimiento en la creación de valor. Está aumentando la competencia dentro de los mercados nacionales de productos, capitales y trabajo, así como entre los países que adoptan diferentes estrategias de comercio e inversión. Y está alimentando la desconfianza, particularmente en las compañías de tecnología y su administración de nuestros datos.

“La Globalización 4.0 recién empieza, pero nosotros estamos muy
poco preparados para ella”. Klaus Schwab (WEF)

El ritmo sin precedentes del cambio tecnológico significa que nuestros sistemas de salud, transporte, comunicación, producción, distribución y energía, por nombrar algunos, se transformarán por completo. Gestionar ese cambio requerirá no solo nuevos marcos para la cooperación nacional y multinacional, sino también un nuevo modelo de educación, completo con programas específicos para enseñar nuevas habilidades a los trabajadores. Con los avances en robótica e inteligencia artificial en el contexto del envejecimiento de las sociedades, tendremos que pasar de una narrativa de producción y consumo a una de compartir y cuidar.

La globalización 4.0 acaba de comenzar, pero nosotros estamos muy poco preparados para ella. Aferrarse a una mentalidad obsoleta y jugar con nuestros procesos e instituciones existentes no funcionará. Más bien, necesitamos rediseñarlos desde cero, para poder aprovechar las nuevas oportunidades que nos esperan, mientras evitamos el tipo de interrupciones que estamos presenciando hoy.

A medida que desarrollamos un nuevo enfoque hacia la nueva economía, debemos recordar que no estamos jugando un juego de suma cero. Esto no es una cuestión de:

• libre comercio o proteccionismo,
• tecnología o empleos,
• inmigración o protección de los ciudadanos, y
• crecimiento o igualdad.

Esas son todas falsas dicotomías, que podemos evitar al desarrollar políticas que favorezcan “y” sobre “o”, permitiendo que todos los conjuntos de intereses se persigan en paralelo.

Sin duda, los pesimistas argumentarán que las condiciones políticas se interponen en el camino de un diálogo global productivo sobre la Globalización 4.0 y la nueva economía. Pero los realistas utilizarán el momento actual para explorar las brechas en el sistema actual e identificar los requisitos para un enfoque futuro. Y los optimistas mantendrán la esperanza de que las partes interesadas orientadas hacia el futuro crearán una comunidad de interés compartido y, en última instancia, un propósito compartido.

Los cambios que están en curso hoy no están aislados en un país, una industria o un problema en particular. Son universales, y por lo tanto requieren una respuesta global. No adoptar un nuevo enfoque cooperativo sería una tragedia para la humanidad. Para redactar un plan para una arquitectura de gobernanza global compartida, debemos evitar estar atascados en el momento actual de gestión de crisis.

Específicamente, esta tarea requerirá dos cosas de la comunidad internacional: un compromiso más amplio y una mayor imaginación. La participación de todas las partes interesadas en un diálogo sostenido será crucial, al igual que la imaginación para pensar de manera sistémica, y más allá de las propias consideraciones institucionales y nacionales a corto plazo.

Estos serán los dos principios organizadores de la próxima Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos-Klosters, que se reunirá entre el 22 y 25 de enero, bajo el tema “Globalización 4.0: Formando una nueva arquitectura en la era de la Cuarta Revolución Industrial”. Listos o no, un nuevo mundo está sobre nosotros. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Walter Aduviri quiere una nueva Constitución. No solo él, buena parte de la izquierda desea lo mismo. Hasta el ministro de Justicia, Vicente Zevallos, se ha sumado. No les gusta el capítulo económico de la Carta Magna. No quieren la relativa libertad económica que allí se establece. Anhelan un Estado más grande, más presente en la economía, un Estado empresario y dirigista, que ellos quisieran manejar con superpoderes. Es decir, algo parecido a lo que tuvimos con Velasco Alvarado, porque no hay una tercera vía.

Pero veamos, por ejemplo, el efecto que tuvo ese añorado modelo en un sector muy vinculado a sus bases, el educativo. El siguiente cuadro, tomado de una investigación de Cesar Guadalupe y otros de la Universidad del Pacífico, muestra la evolución del gasto público por estudiante entre 1950 y el 2015, gasto público que refleja principalmente el salario de los maestros.

Como vemos, en el gráfico, el gasto público anual por estudiante subió aceleradamente entre 1950 y 1966, cuando teníamos un modelo de crecimiento que algunos denominan peyorativamente “primario exportador”. El giro hacia el modelo proteccionista, intervencionista y estatista comenzó a darse, como sabemos, hacia finales del primer gobierno de Belaunde, pero alcanzó su esplendor en los 70 con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, y llegó al éxtasis durante el primer gobierno de Alan García, creador del dólar MUC, de controles de precios y del intento de estatizar la banca. Pues bien, durante esas dos décadas de gran impulso socialista es que se produce la caída abismal del gasto público educativo, que, repetimos, expresa principalmente el desplome de las remuneraciones de los maestros. ¿El Sutep quiere regresar a esas épocas?

El gasto en educación –y por lo tanto los salarios magisteriales- recién empieza a recuperarse a partir de los 90, justamente después de la nueva Constitución del 93 que cambia el modelo económico y pasa a una economía más libre, menos intervenida y con menos empresas públicas, ya privatizadas. Esta nueva economía, más productiva, genera más excedentes y más impuestos, que permiten empezar a recuperar el gasto social, educativo en este caso.  

Nótese que el gasto por estudiante de 1970 recién se recupera el 2007. ¡Perdimos 37 años! Peor aún, si vemos bien el gráfico, advertimos que el nivel de 1966 recién lo recuperamos el 2013, ¡47 años después! La izquierda quiere regresar a un tipo de Constitución que nos hizo perder casi 50 años de desarrollo educativo y magisterial, y pide el cambio de aquella que ha permitido no solo recuperar sino superar los máximos niveles anteriores. No solo eso: ¿cuánto estaría ganando un maestro ahora si el Perú no se hubiese desviado hacia la izquierda en su modelo económico? Habría que hacer la proyección.

Pero en el caso de Aduviri debe haber una confusión, porque en su plan de gobierno explica que su propuesta “implica insertarnos en base a nuestras tradiciones dentro de una economía libre de mercado y el proceso de globalización… Pero las condiciones de libre mercado y la inversión privada, no debe implicar que se destruya nuestro medio ambiente, se nos robe nuestros recursos, se nos robe nuestras oportunidades de desarrollo, se nos robe nuestra cultura”. ¿Aduviri adhiere al libre mercado? De hecho, Puno es una tierra de capitalistas emergentes. No solo eso. Su plan plantea “…formalizar nuestra economía en una región el 80% es excluida por la falta de comprensión del estado”. Y allí da en el clavo.

Lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo desde el gobierno de Ollanta Humala pero en alguna medida también desde antes, es que ha ido restableciendo un intervencionismo de baja intensidad. La Constitución se está asfixiando, como escribió Lampadia. Las actividades económicas, las empresas, están cada vez más trabadas por una profusión de normas que las ahogan y les impiden despegar. Probablemente a eso se refiere el plan de gobierno de Aduviri: el 80% de la economía es excluida por normas tributarias, laborales, sectoriales y administrativas de todo tipo que impiden trabajar porque imponen una carga demasiado  costosa en tiempo y dinero.

De lo que se trata es de tirar esa carga por la borda y derogar esas leyes y normas absurdas para facilitar los negocios y las inversiones y devolverles cancha libre. Se trata de dejar respirar nuevamente a la Constitución. Coincidimos completamente con Aduviri en ese punto.

Lo que no se entiende, en ese marco, es su posición frente a la inversión  minera. Quisiera aplicar el modelo boliviano, que es la sobrecarga absoluta, impuestos y regalías prohibitivas, salvo acaso para el que ya está produciendo, al que no le queda más remedio que tirar para adelante, si es que puede. Pero no solo carece de facultades para eso como gobernador regional, sino que con dicho modelo lo único que lograría, si pudiera aplicarlo, es que nadie invierta. Adiós al magnífico proyecto de Corani, que es un  modelo de desarrollo comunal y tiene el respaldo pleno de las comunidades (ver en Lampadia: El secreto de la minería peruana), y adiós al proyecto del litio, que puede traer grandes beneficios a la región y al país.

Si impidiera esas inversiones estaría agregando dos graves daños adicionales al país y a su propia gente, cuando todavía no ha pagado por el primero, que fue la movilización que detuvo el proyecto Santa Ana y destruyó propiedad pública y privada en Puno. No ha expiado hasta los delitos cometidos ni menos ha reembolsado los 108 millones de soles que, como recuerda Fernando Rospigliosi en El Comercio,[1] ahora el Estado peruano debe pagarle a Bear Creek a consecuencia de esa asonada. Lampadia

La reciente controversia entre Apple y Facebook generada hace dos semanas por una acusación hacia Facebook de haber contratado a una consultora de nombre Definers para difamar a sus competidores – que además de Apple, incluye a Google – se acentuó por una declaración que hizo Tim Cook, director ejecutivo de Apple.

Por esos mismos días, Coook dijo “…hay que admitir que el libre mercado no está funcionando. Y no ha funcionado aquí [refiriéndose a la industria tecnológica]. Creo que es inevitable que haya algún nivel de regulación” dijo.

Sin embargo, ¿Es realmente el mercado, basado en la libre competencia, el que induce a que hayan este tipo de problemas entre empresas competidoras?

Al contrario, los hechos parecen demostrar que este justamente es un ejemplo en donde no está actuando la libre competencia. Aún cuando las supuestas acusaciones hacia Facebook fueran ciertas, lo que no puede negarse es que, de no haber sido por la alta concentración de empresas que caracteriza a las industrias de sistemas operativos móbiles (Apple y Android) y la de plataformas tecnológicas basadas en publicidad (Facebook, Twitter, entre otras) estos escándalos apenas y hubieran sido transmitidos en las noticias. Como señala un reciente artículo de Financial Times sobre este tema: “las compañías están ansiosas por evitar la preocupación de que los escándalos recientes son el resultado de su dominio de la industria, algo que podría abrir la puerta a la acción en el terreno de la competencia”.

Otro punto importante a destacar y que ha sido producto de este “escándalo” es que ha puesto en la discusión de las clases políticas estadounidenses, en particular, las demócratas, la necesidad de elaborar más regulación en la industria tecnológica, que por si fuera poco, ya viene de dos años atrás. Un ejemplo de ello, como indica Financial Times, es la Ley de Anuncios Honestos, que extiende la regulación que actualmente cubre los anuncios políticos en la televisión para cubrir también las redes sociales.

Estos esfuerzos no hacen más que poner más barreras a la entrada a la alta concentración de la industria tecnológica, desincentivando la competencia y generando un problema que los economistas conocemos muy bien: una mayor posición de dominio que da paso a un posible abuso hacia los consumidores.

Un último punto en el que vale la pena reflexionar es el que tiene que ver con las alianzas que se generan entre empresas de rubros complementarios, como por ejemplo, Apple que usa como motor de búsqueda predeterminado a Google en su iPhone. Este es un elemento deseable del mercado en tanto permite mejorar la experiencia del cliente con respecto a los servicios brindados por las empresas. El problema surge cuando estas alianzas fortalecen una posición de dominio, que sí es el caso de Apple con Google.

La idea es que no solo haya competencia en el bien final sino también en los bienes intermedios (Ej. mercado de los “motores de búsqueda”) de tal manera que las empresas de tecnología no vean restringido su crecimiento por no poder acceder a un insumo barato que mejore la calidad de sus productos o servicios. Lampadia

El director ejecutivo de Apple dice que la regulación de la industria tecnológica es “inevitable”

Hanna Kuchler del Financial Times publicó un artículo el 18 de noviembre en donde desarrolla las recientes declaraciones que hizo Tim Cook, director ejectuvio de Apple, acerca de la regulación en la industria tecnológica:

“El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo que las nuevas regulaciones para la industria de la tecnología son “inevitables” tras una serie de escándalos, que se suman a un debate que se está intensificando junto con la presión política sobre el rival de la compañía, Facebook.

“En general, no soy un gran fanático de la regulación”, dijo. “Soy un gran creyente en el libre mercado. Pero hay que admitir que el libre mercado no está funcionando. Y no ha funcionado aquí. Creo que es inevitable que haya algún nivel de regulación. . . Creo que el Congreso y la administración en algún momento pasarán algo”.

Sus comentarios se producen en medio de la tensión entre Apple y Facebook. A principios de esta semana, se acusó a Facebook de usar tácticas clandestinas mientras luchaba por contener las consecuencias de la interferencia rusa en la red social y la controversia sobre la filtración de datos de los usuarios a Cambridge Analytica, la firma de investigación.

Las acciones de Facebook, informadas por el New York Times, incluían la contratación de Definers, una consultora de inclinación republicana, que intentó difamar a los competidores y oponentes en su nombre.

En una entrevista con el sitio web de Axios transmitido por HBO el domingo por la noche y grabado antes de las revelaciones en el New York Times, Cook dijo que la industria de la tecnología debería adoptar la regulación.

Durante la entrevista, Cook se vio obligado a defender la aceptación de los pagos de Google por parte de Apple, estimados en miles de millones de dólares al año, para que sea el motor de búsqueda predeterminado del iPhone. “Primero, creo que su motor de búsqueda es el mejor”, dijo. “Segundo, mira lo que hemos hecho con los controles”.

Los políticos estadounidenses han estado discutiendo cómo regular las compañías de tecnología durante los últimos dos años en temas que varían ampliamente, incluyendo privacidad, publicidad política y asuntos de competencia.

Las compañías tecnológicas se han ido atrasando gradualmente con la amplia legislación federal de la privacidad, en parte como un esfuerzo por socavar las reglas más estrictas aprobadas en California. Algunos, incluido Facebook, también han puesto su peso detrás de la Ley de Anuncios Honestos, que extiende la regulación que actualmente cubre los anuncios políticos en la televisión para cubrir también las redes sociales.

Pero las compañías están ansiosas por evitar la preocupación de que los escándalos recientes son el resultado de su dominio de la industria, algo que podría abrir la puerta a la acción en el terreno de la competencia.

Los senadores demócratas dijeron el viernes que estaban “gravemente preocupados” por las últimas acusaciones contra Facebook”. Lampadia