Iniciar la cruzada por la libertad económica
Jaime de Althaus
Para Lampadia

Sería muy importante y alentador para los negocios, establecimientos comerciales y pequeñas empresas en el Perú que el Congreso apruebe el proyecto de ley que regula el cierre temporal que aplican muchas veces arbitraria o abusivamente las municipalidades. El proyecto prohíbe que esa medida se dicte por infracciones reglamentarias menores que no representen un peligro inminente para la vida, la salud y la seguridad de las personas.

De esta manera estamos no solo ayudando a restablecer niveles de libertad económica indispensables para el crecimiento de las actividades, sino que eliminamos una fuente de abusos y extorsiones por parte de funcionarios municipales contra los negocios, establecimientos y obras de todo tipo.

Por supuesto que algunos alcaldes, seguramente incordiados por sus funcionarios, han salido a oponerse a este proyecto con el argumento de que se le quita a la municipalidad un instrumento sancionatorio indispensable para hacer cumplir las normas. Pero esto no es así. Lo que se quita es un instrumento de extorsión. Es un abuso cerrar un establecimiento por no haber cumplido, por ejemplo, una disposición de defensa civil, algunas de las cuales, por lo demás, son absurdas. Solo se lo podría cerrar temporalmente si el incumplimiento pone en riesgo la vida o la salud del personal o de los clientes, como sería el caso, por ejemplo, si el sistema contra incendios no funcionara. Pero si se trata de una falta no vital, basta con poner una multa. Y si el negocio no paga la multa, se le embarga el monto correspondiente.

La protesta de algunos alcaldes es un indicador claro de que hasta qué punto carecen de la noción de abuso o de respeto a la libertad económica esforzada de un empresario. O, si pensamos mal, de hasta qué punto puedan estar beneficiándose de la actividad extorsiva.

Se dan casos, por ejemplo, de cafeterías o restaurantes que son sorprendidos teniendo -digamos- 10 sillas cuando el aforo autorizado es de 8, lo que provoca su cierre temporal en lugar de simplemente retirar las dos sillas en el acto y aplicar una multa.

También dispone el proyecto de ley el silencio administrativo positivo si luego de 48 horas en que se ha subsanado la falta, la municipalidad no dispone el levantamiento de la medida. En ese caso el establecimiento puede reabrir por sí mismo.

Lo interesante es que este proyecto, de aprobarse, puede ser el detonador de un proceso de aprobación de otras leyes y reformas que apunten a restablecer la libertad económica asfixiada por sobrerregulaciones en la última década o más.

Puede ser el inicio de una serie liberadora, la punta de lanza del restablecimiento de condiciones que permitan liberar las fuerzas productivas de millones de micro y pequeños empresarios, permitiéndoles crecer sin trabas ni barreras ni costos aplastantes.

Habría que comenzar por aplicar el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) a las normas de Defensa Civil y a todas las normas municipales que regulan actividades locales. El Decreto Legislativo N° 1565, Ley General de Mejora de la calidad regulatoria, recientemente publicado, establece la obligatoriedad de los AIR, pero no para las regulaciones municipales. Habría que extenderlo a esas normas.

El Congreso debería fiscalizar que el Ejecutivo realmente esté aplicando el AIR a todos los decretos supremos y resoluciones que emite, y que inicie un programa intensivo de aplicación progresiva del AIR al stock de normas existente, comenzando por los sectores que regulan actividades económicas.

El Congreso debería tener un observatorio de vigilancia del proceso de reducción del peso regulatorio del Estado, exigiendo un plan de poda y limpieza de la maraña regulatoria que asfixia a las empresas pequeñas y medianas.

Es decir, el Congreso debería asumir por fin la representación de los sectores emergentes que no pueden crecer porque la formalidad es onerosa y excluyente. Debe abanderar la reforma profunda de esa formalidad, para incluir a todos los peruanos. Debería aprobar el proyecto de ley elaborado por el MEF orientado a simplificar los regímenes tributarios, reemplazándolos por uno solo gradual y progresivo, para facilitar el crecimiento y la formalización de los emprendimientos. Lo mismo debería hacer con los regímenes laborales.

Y respecto de la profusa y rígida normatividad laboral, que ahuyenta a las mayorías a la informalidad laboral, se requiere de una vez por todas tomar el toro por las astas.

Sería importante que los gremios de micro y pequeños empresarios que están respaldando el proyecto de ley sobre el cierre temporal, le den continuidad a ese respaldo organizándose para proponer una reforma laboral, tributaria y financiera que nazca de abajo, de su propia experiencia, con estudios en profundidad, y que lleven esa propuesta al Congreso, al Ejecutivo y a los medios, y que se movilicen por ella si es necesario. Porque acá el asunto es político.

Los gremios que respaldan el proyecto de ley en cuestión son los siguientes:

• Asociación de Bodegueros del Perú – ABP
• Asociación de Empresarios de la Pastelería y la Panadería – ASPAN
• Asociación Peruana de Farmacias Independientes – ASPEFAR
• Asociación MYPE PERÚ
• Asociación de Empresarios de Gamarra
• Federación Nacional de Emolienteros
• Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines – AHORA
• Comité de empresarios de la micro y pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)
• Comité de empresarios de la micro y pequeña empresa de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
• Asociación Peruana de Empresarios de la Belleza – APEB

Deberían formar una coordinadora y emprender la gran cruzada por conseguir una formalidad inclusiva que sea una palanca para todos y no una carga insoportable. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia

La inflación ha llegado al Perú, como siempre, de la mano de la izquierda y sus ideas.

Al 30 de setiembre, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana del año 2021 (IPC en lo sucesivo) ha llegado al 4.62%. El IPC anualizado (set 2020- set 2021) del último año llega a 5.23%. A nivel nacional la cifra es mayor. EL IPC Nacional de los últimos meses llega al 5.12% en los últimos 9 meses. De seguir la tendencia, es previsible que a fin de año superemos largamente el 7 % de inflación.

La inflación estuvo por debajo del 4% desde 1999 (con la única excepción del año 2008 donde la crisis financiera mundial llevó el índice al 5.8%). Han sido 22 años en los cuales una generación entera no supo lo que es el alza de precios.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, INE y adaptación propia​

La izquierda no viene sola. Trae la inflación como su fiel compañera. En el Perú y en todo el mundo. Veamos algunos ejemplos.

ALAN de IZQUIERDA. 1985-1990. Con controles de precios, restricción de importaciones, control de cambios y ataque a la inversión privada.

ALAN 2006-2011. con libre mercado, libre importación, sin control de cambios y con respeto a la inversión privada.

La diferencia es clarísima entre el mismo político, pero con ideas distintas.

En VENEZUELA, con Maduro y sus ideas, que son las mismas del ideario de Perú Libre y de toda la izquierda que ha llegado al poder, las cifras son las siguientes, sólo en los últimos 4 años.

En la ARGENTINA, donde las ideas del control de precios, las restricciones a las importaciones, el control de cambios y el ataque a la inversión privada se han hecho institución desde hace 75 años, con la llegada de Perón, el promedio anual de inflación es del 105%.  

Alberto Fernández, actual presidente argentino, de la izquierda peronista, en 21 meses de gestión, tiene acumulada una inflación del 90%.

La inflación es desatada por las ideas de izquierda que limitan mercados, restringen la competencia, restringen las importaciones, controlan los precios, controlan el tipo de cambio. Estas ideas llegan con la izquierda y sus efectos trascienden a sus gobiernos. Las padecen los pueblos y los siguientes gobiernos.

El riesgo de que la espiral inflacionaria en el Perú se desate, no es por lo tanto un refrito electoral de la derecha, ni mucho menos un “castigo por que un hijo del pueblo ha llegado al poder”. La espiral inflacionaria se desata cuando las viejas ideas que trajeron inflación en el Perú y en otras partes del mundo se ponen en práctica.

Con cambio constitucional (al cual no renuncia Castillo), con segunda reforma agraria que controlará los precios de la importación de alimentos y destruirá el agro moderno, con controles de precios a ciertos productos, con nacionalizaciones de recursos naturales y otras perlas del ideario de la coalición de izquierda que nos desgobierna, llegar a cifras argentinas sería cosa de meses y a cifras venezolanas, cuestión de pocos años.

Estamos a tiempo de evitarlo.

5,12% de inflación hasta setiembre y un estimado de 7% para este año 2021 son dos alarmas que deben obligar al gobierno a cambiar el rumbo. Ya. No basta cambiar nombres, hay que cambiar el rumbo, el libreto y el objetivo.

Ya probamos, en muy pocos meses, que la inflación y la izquierda vienen juntas.  Ahora les toca a ellos desmentirnos y hacernos ver al Perú es posible un proyecto de izquierda que conviva con la sensatez macroeconómica, con el mercado y con las libertades económicas.  Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La irresponsabilidad del ex presidente Vizcarra, que lo llevó a disolver el congreso anterior por puro deporte populista puesto que no buscó tener mayoría en el nuevo Congreso, ha producido el parlamento más populista y destructivo de la historia del Perú. En el año que tiene de funcionamiento, ha logrado socavar seriamente los pilares del crecimiento económico nacional, comprometiendo gravemente la viabilidad del país.

En efecto, las leyes aprobadas, como podemos ver en el siguiente cuadro, han atacado peligrosamente los 4 fundamentos del modelo económico que nos había permitido crecer a tasas altas y reducir la pobreza a la tercera parte de lo que era.

Esos 4 pilares o fundamentos son el equilibrio fiscal y la meritocracia, los motores emblemáticos de crecimiento, la libertad económica y de precios y la seguridad jurídica de los contratos.

Siete leyes han comprometido la viabilidad fiscal del Estado:

• La de devolución de aportes a la ONP –que esperamos el Tribunal Constitucional declare inconstitucional- que no solo abre un forado de 18 mil millones de soles, sino que deja a muchos pensionistas sin pensión con la contingencia de que en el futuro terminen reclamando al Estado un apoyo. La misma contingencia fiscal se presentará con las tres leyes de retiro de fondos de las AFP que hasta ahora se han aprobado.
• La ley que fija 2 puntos del IGV para gastos de inversión en las Regiones, cuando ahora ese gasto no pasa de 1 punto. Una carga rígida adicional de 1 punto del IGV a los futuros presupuestos.
• La ley de rentas para las municipalidades de centros poblados, que saldrá de las municipalidades provinciales. Una carga adicional a los presupuestos futuros que hasta ahora no existía.
• Están además las leyes que derogaron sendos decretos de urgencia que ordenaban la negociación colectiva en el Estado y la reposición judicial de los CAS que al vencer su contrato acudían al Poder Judicial para que los repusieran con nombramiento permanente, ¡sin concurso! Ambas situaciones estaban fabricando una bomba fiscal que los decretos desactivaban, Al derogarlos, la bomba continúa creciendo.
• Antes de eso había aprobado la ley de nombramientos y ascensos automáticos en Salud y Essalud, que no solo implicaba un incremento permanente de cerca de 4 mil millones de soles anuales, sino que eliminaba toda meritocracia, sin la cual es imposible avanzar en la reforma del sistema de salud. Felizmente esta ley ha sido declarada inconstitucional por el TC.
• No contento con eso, aprobó además la ley que pone fin a los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) y ordena el nombramiento de todos los contratados con esa modalidad, con gran costo presupuestal, sin concurso
• Aprobó también la ley que pone fin a los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) y ordena el nombramiento de los más de 300 mil contratados con esa modalidad, agregando un peso permanente y agravado al erario y sin concurso, sin que ingresen al régimen meritocrático de la ley del servicio civil. Una capa burocrática que se enquistará sin obligación de rendimiento alguna. Más peso muerto, improductivo.
• Y la cereza de la torta: la reforma constitucional que eleva el presupuesto de educación al 6% del PBI, cuando ahora los ingresos tributarios apenas superan el 14%. Necesitaríamos subir los ingresos tributarios a 17 o 18% del PBI y destinar todo el aumento solo a educación. ¿Y las otras cargas que se han aprobado? ¿Y los otros sectores?

En suma, este Congreso no solo ha incrementado significativamente el gasto Estatal reduciendo sus fuentes de financiamiento, generando así un déficit estructural inmanejable en el mediano plazo, sino que, además, ha dictado leyes que imposibilitan toda reforma de Estado para que pueda brindar servicios eficientes. Más gasto más ineficiente. El Estado como peso muerto. 

Pero el déficit fiscal engendrado con esas leyes quizá podría atenuarse en alguna medida en el largo plazo si es que se hubiese aprobado reformas de productividad y reformas laborales que permitan subir la tasa de crecimiento potencial y reducir la informalidad, a fin de incrementar la recaudación. Pero el Congreso ha hecho lo contrario. Es decir, incrementa el gasto público, pero reduce sus fuentes de financiamiento tributario al ralentizar o anular el crecimiento, pues ha aprobado leyes que atacan sectores punta del crecimiento, afectan la libertad económica y de precios, y la seguridad jurídica y de los contratos. Tenemos, así:

• La ley de régimen laboral agrario, que corta de un tajo el dinámico crecimiento que tenía la agroexportación y aborta los dos nuevos motores económicos que se habían incorporado en la ley anterior para encenderlos: la acuicultura y el desarrollo forestal. Solo quedará la minería como locomotora, pero ya sabemos que ella también está bajo ataque.
• Las dos leyes de retiros de fondos de las AFP aprobadas por este congreso, sumadas a la ley 95.5, que merman los fondos de pensiones que son el ahorro nacional que nunca habíamos tenido para financiar proyectos de inversión públicos y privados.
• A ello hay que sumar la ley de topes a las tasas de interés, que van a dejar sin crédito a la pequeña y micro empresa, que ha sido en las últimas décadas, con el desarrollo del microcrédito, uno de los motores del crecimiento y de la generación de empleo. Se corta también de un tajo el desarrollo del sector de microfinanzas que en el Perú ha sido particularmente exitoso, así como el proceso de inclusión financiera, fuente de energía para el crecimiento, y para un crecimiento equilibrado.
• Esta ley, sumada a la ley agraria, son un duro golpe a la inclusión económica y formalización de la base de la pirámide. Perderán acceso al crédito formal y al mercado cientos de miles de pequeños productores del campo y de microempresas urbanas, y perderán empleo formal cientos de miles de trabajadores. El dualismo económico y la desigualdad se agravarán. No habrá impulso de crecimiento desde abajo.
• Para no hablar de las leyes que afectan la confianza del empresariado al violentar la seguridad jurídica y los contratos, como la ley de peajes y la del congelamiento de deudas a los bancos, que felizmente logró ser neutralizada en alguna medida por el Ejecutivo. Pero el precedente ya está dado.

En suma, lo que este Congreso ha hecho es generar un Estado estructuralmente desfinanciado e inviable. Ha aumentado su tamaño reduciendo la capacidad económica del país y anulando la meritocracia. La receta perfecta para un Estado fallido. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La izquierda se frota las manos mientras ve como su bandera de nueva Constitución empieza a ser enarbolada por otros. George Forsyth ha publicado un artículo planteando una “Constitución anticorrupción”, aunque no queda claro si se trata de un cambio total o de la introducción de un capítulo anticorrupción en la Constitución actual. Guzmán anunció que si llega al gobierno convocará a un referéndum para preguntarle al pueblo si quiere nueva Constitución. El propio presidente Sagasti ha ido variando su posición, desde una prudente que señalaba que este no era el momento, hasta su propuesta de “iniciar un proceso nacional de diálogo” que pueda sentar las bases de un posible “cambio constitucional”.

Es el populismo constitucional, irresponsable como todo populismo. Frívolo y hasta insensible, además, porque un proceso constitucional paralizaría la economía en plena necesidad absoluta y vital de recuperación, con el peligro adicional de que no se recupere ya más si es que se cambia el capítulo económico de la manera como quiere la izquierda.

La Constitución necesita reformas en el capítulo político, no en el capítulo económico, que nos ha permitido crecer y reducir la pobreza como nunca antes en la historia.

Pero anda creciendo la idea de que se trata de la partida de nacimiento de una nueva generación, que necesita incorporarse a la polis nacional con su propio proyecto, con su propia Constitución. Es el mito fundacional. La Carta Magna como un talismán que producirá un mundo nuevo, limpio, viable. Pero esa es una ilusión que ya se ha repetido 12 veces. Lo serio, lo maduro, es avanzar recogiendo lo bueno de la Constitución vigente y cambiando lo malo. Echar todo por la borda para comenzar de cero es tonto. Nos haría retroceder.

¿Nuevo paradigma?

Ese argumento viene de la mano con idea de que el paradigma de la Constitución del 93 se ha agotado y es necesario dar paso a uno nuevo, que es el que estaría implícito precisamente en las movilizaciones de la llamada “generación del bicentenario”. En lugar de ir actualizando la Constitución a las nuevas ideas y realidades con enmiendas específicas, como se hace desde hace 200 años en Estados Unidos -y como ha venido ocurriendo con nuestra Constitución que ya ha tendido 22 cambios en 27 años, convirtiéndola en un organismo vivo-, en lugar de eso, repetimos, se plantea un cambio total porque cada Constitución expresaría un nuevo paradigma.

Así, la Constitución de 1979, que fue un mecanismo de salida de la dictadura militar, recogió el paradigma del Estado intervencionista y empresarial de las reformas velasquistas, al punto que se prohibía que el capital privado ingresara bajo la forma de sociedades anónimas al campo, por ejemplo. Ese modelo, que ya había hecho crisis de los 70, colapsó en la hiperinflación de fines de los 80.

La Constitución del 93, entonces, que también se dio para salir del autogolpe de Fujimori, sirvió sin embargo para cambiar de paradigma y pasar a uno basado en la economía de mercado, que es el que permitió un acelerado crecimiento hasta que fue crecientemente trabado por sobre regulaciones que restauraron una suerte de intervencionismo de baja intensidad. Es claro que ese paradigma no se ha agotado. Ha sido relativamente trabado, que es distinto. La solución es destrabarlo, restablecer niveles de libertad económica. Regresar a la Constitución, no cambiarla.

¿En cuestión el paradigma de la democracia representativa?

Cambiar lo que ha funcionado bien es absurdo. Lo que no ha funcionado bien es el sistema político. De hecho, lo que las movilizaciones han puesto de manifiesto es que no funciona el sistema de representación. La gente se ha levantado contra un Congreso que había elegido apenas 10 meses atrás. Tampoco funcionan las reglas de relación entre poderes ni los partidos políticos. Es, en medida variable, un fenómeno global. Lo que estaría fallando es el paradigma de la democracia representativa misma, donde los intermediarios -los representantes, los partidos, los políticos, los propios medios- han perdido terreno y funcionalidad frente a individuos empoderados por las redes y las tecnologías digitales. 

Las movilizaciones habrían expresado una rebelión y una protesta con la forma de hacer política, contra los políticos. Pero en el fondo habría una rebelión contra las élites en general, contra la idea misma de representación, de la deliberación. Es la búsqueda de la satisfacción inmediata, del logro instantáneo. Es lo que de alguna manera está presente en las ideas de Neil Postman (“Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business“), Giovanni Sartori (“Homo Videns”), Giles Lipovetsky,  y Alessandro Baricco (“The Game”). Sería el retorno imposible a la democracia directa.

Y es lo que está detrás de la ofensiva victoriosa de los populismos sobre la democracia liberal en el mundo, que ofrecen precisamente soluciones inmediatas y simples sin mayores controles. Así como el “homo videns” de Sartori nos devuelve al hombre oral anterior a la palabra escrita -empobreciendo el aparato cognoscitivo del homo sapiens-, de la misma manera las tecnologías digitales nos devolverían a la democracia directa de los griegos, con su irresistible atracción hacia la demagogia -al populismo diríamos ahora-, como explicaba Aristóteles.

Pero es obvio que no vamos a pasar a una nueva Constitución que sustituya la democracia representativa por la democracia directa ni que elimine el equilibrio de poderes. No vamos a cambiar de paradigma democrático. Un plebiscito digital permanente para aprobar leyes sería desastroso. Si la democracia liberal y representativa y la propia noción de partido político aparecen como obsoletas frente a los avances de la tecnología, debe verse la forma de poner esos avances al servicio de una representación mucho más personalizada y fiscalizada, eligiendo a los representantes en distritos electorales uni o binominales y usando los instrumentos de la democracia directa al servicio de la democracia representativa. Y debe redefinirse el concepto de partido político. ¿O habrá formas de elegir ya no a través de partidos sino a especialistas presentados por universidades u otras organizaciones?  

Valores post materialistas   

Por último, ¿los nuevos valores post materialistas de las generaciones jóvenes representan un nuevo paradigma que justifique un cambio total del Constitución? Los temas de género, el aborto, el matrimonio igualitario, el ambientalismo, la integridad, tienen mayor adhesión en las generaciones jóvenes, pero algunos de esos temas están recogidos en la Constitución y los que no lo están se irán incorporando en la medida en que las nuevas generaciones tomen las riendas del Congreso, si alcanzan los votos suficientes. O exigen un Estado meritocrático. Pues de lo que se trata es que las nuevas generaciones se incorporen a la política real. Ahora es más fácil formar partidos. El problema, claro, es lo que mencionábamos antes: ese camino es mas lento, más deliberativo, más arduo, contrario a la cultura del hombre de las redes y los juegos. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En este proceso electoral competirán, a grandes rasgos, dos propuestas distintas para lograr la recuperación económica y aliviar el costo social ocasionado por la pandemia: la que se basa en liberar la iniciativa privada versus la que se apoya en la iniciativa pública. Es decir, la libertad económica versus la intervención estatal; la generación de riqueza popular versus la redistribución de la riqueza existente. 

La ventaja de la primera no es solo que es mucho más eficaz para conseguir el resultado económico, sino que, de paso, tiene otros dos efectos: reduce o elimina la corrupción y es socialmente redistributiva, ayuda a reducir la desigualdad.

Elimina corrupción

En efecto, parte importante de la corrupción es la consecuencia del costo de cumplir las disposiciones legales. Si las regulaciones son muy onerosas, es preferible o necesario pagar un soborno para poder operar. Ese soborno es una suerte de impuesto informal o de seguro que se compra para ejercer la actividad sin tener que cumplir con las disposiciones normativas.[1]

Eliminar regulaciones, requisitos y obligaciones caras e inútiles, que poseen un costo mayor al beneficio que producen, no solo libera a los emprendimientos de una carga que les impide despegar y crecer, sino que elimina ocasiones de corrupción. Elimina peajes. La mayor parte de micro y pequeños empresarios por lo general no pueden cumplir con todas las regulaciones municipales, sectoriales y laborales existentes. Entonces deben pagar a los inspectores para desarrollar su actividad.

Y es por eso que la corrupción está mucho más extendida en los sectores populares.[2] Una empresa grande suele tener capacidad económica suficiente para cumplir con las regulaciones existentes, muchas veces diseñadas precisamente para excluir competencia. Por lo tanto, no necesita realizar pagos ilegales. Una micro o pequeña empresa o un informal no pueden darse ese lujo.

Discriminación, desigualdad y redistribución

Las leyes costosas impactan, pues, de manera asimétrica. A los pobres les cuestan más, mucho más. Por eso, son intrínsecamente discriminatorias e injustas. Engendran desigualdad.

De aquí se desprende un tercer efecto de esta política: redistribuye ingresos a favor de los que tienen menos. Porque los más afectados con toda esta carga regulatoria son los que menos pueden pagarla: los informales, las micro y pequeñas empresas.

La estructura que profundiza esa desigualdad es la exclusión de la legalidad, del Estado legal. Es decir, de la protección y beneficios de la legalidad. Esto lo hizo notar claramente Hernando de Soto.[3] Los informales no tienen acceso al crédito comercial ni al mercado de capitales, de modo que tienen que pagar tasas de interés mucho más altas en el mercado negro; sus contratos y sus derechos de propiedad no son exigibles ante los tribunales, lo que les inhibe de invertir; tampoco pueden asegurar sus propiedades o sus talleres; no tienen acceso a la sociedad anónima para separar la inversión de su capital personal o asociarse con terceros de manera protegida, etc. Sus palancas de crecimiento no son del tamaño del mercado sino de sus círculos familiares. Son parias de la economía de mercado y del Estado legal.

Redistribución de privilegios rentistas

Una formalidad inclusiva, entonces, es profundamente redistributiva. Y lo es más precisamente porque anula el mecanismo generador de esa legalidad costosa, que suele ser el rentismo o el mercantilismo. Muchas regulaciones no reflejan simplemente el buen deseo del burócrata o del legislador. Son el producto de la presión de intereses particulares, que de esa manera protegen su actividad de la competencia o de la exigencia de productividad. Son regulaciones rentistas. Transfieren ingresos de los sectores excluidos a los protegidos. La eliminación de esas normas tiene, por esa razón también, un claro sentido redistributivo: redistribuye privilegios.  

El problema es encontrar el mecanismo preventivo. Porque así como la democracia limita el poder político mediante el sistema de pesos y contrapesos entre instituciones, no tiene manera de contrapesar la acción organizada de grupos de interés cuando el costo de las rentas o privilegios que estos obtienen se disuelve en toda la sociedad tocándole a cada uno una porción mínima.[4] Se requiere un sistema muy serio e intenso de análisis de calidad regulatoria (RIA) y de pre-publicación y consultas de todas las normas que se emitan, y del stock de normas existente.[5]   

Las excesivas regulaciones municipales, laborales y sectoriales condenan a los pobres a ser corruptos. En ese sentido, son moralmente degradantes. Pero con frecuencia degradan también a sus beneficiarios, porque construyen su poder en virtud de privilegios, no de esfuerzo digno. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La grave situación económica y social generada por la pandemia puede terminar generando una suerte de sinceramiento ideológico en las elecciones generales que se vienen. Porque es claro que la recuperación económica requerirá del mayor grado posible de libertad económica, que es condición, a su vez, para la mayor inclusión posible de los sectores populares en el mercado y la formalidad.

Por eso, no es de extrañar que, a diferencia de procesos electorales anteriores, ya hayan surgido varias precandidaturas que podemos considerar de derecha liberal (en lo económico), como las de Hernando de Soto y Fernando Cillóniz, por ejemplo, a las que quizá podríamos agregar la de George Forsyth -según informaciones que tenemos, muy preocupada por una reforma profunda del Estado-, aunque habría que esperar a conocer su propuesta. Tal vez también la de la propia Keiko Fujimori, que claramente se está reposicionando contra el populismo congresal reafirmándose en los principios del capítulo económico de la Constitución del 93. Así como las de Máximo San Román, el APRA si predomina la influencia de Roque Benavides, y la del PPC.

Es posible que estas candidaturas proclamen abiertamente la necesidad de eliminar trabas, requisitos y cargas regulatorias de todo orden que impiden la recuperación de los empleos y de los emprendimientos de todo tamaño, algo que en tiempos normales los candidatos no suelen predicar. Es que más que nunca dicho peso se hace insoportable. Y podrán explicar entonces como esos cambios tendrán un efecto redistributivo e inclusivo enorme, al incorporar a los peruanos a la ley, a la formalidad -y, por lo tanto, al crecimiento sin barreras-, y al eliminar ocasiones de corrupción y redistribuir privilegios legales. Más aun si eso viene acompañado de políticas de consolidación de la propiedad de los sectores populares, empoderamiento tecnológico y de reforma radical de los servicios públicos, particularmente los de Salud, para incluir a todos en atenciones de calidad.

Pero, por supuesto, existirá la oferta opuesta, que sin duda también se sincerará. Aquella que proclama que los problemas de la economía se deben al modelo económico “neoliberal” consagrado en la Constitución del 93 y al comportamiento abusivo de las grandes empresas y los monopolios. La solución ofrecida por estas candidaturas no será la eliminación de barreras al crecimiento y la generación de riqueza, sino la redistribución de la riqueza incrementado impuestos y eventualmente estatizando empresas y creando empresas públicas.  

Es posible, entonces, que este sinceramiento ideológico capture votos para estas posiciones en detrimento de las candidaturas que busquen posiciones más neutrales o de centro (en lo económico), que no afecten las estructuras legales y normativas excluyentes y tampoco la utilidad o la propiedad de capital.

Ese es el eje económico. Pero también está el eje político-social, donde habrá ofertas de orden y mano dura que pueden desembocar en procesos autoritarios, frente a propuestas institucionalizadoras, que reafirmen la necesidad de las reformas política, judicial, del Estado y de la formalidad.

Aquí también tendrá que haber propuestas claras y radicales en ambas direcciones. Sobre todo, en la línea de la institucionalización.

Se hablará más claro, entonces, en estas elecciones que, por la pandemia, obligan a decir las cosas por su nombre. Es que las grandes crisis obligan a producir grandes cambios para salir de ellas y reconstruir el camino al desarrollo. Lampadia

Reflexiones con José Pardo presenta a ROSANA CUEVA y JAIME DE ALTHAUS quienes dieron una mirada periodística de cómo ven al Perú en la coyuntura actual.

Por su lado, Jaime de Althaus afirmó que la coyuntura del país está atravesada por una contradicción que tiene que resolverse si queremos salir exitosamente de esta profunda crisis en que hemos caído producto de la pandemia. Esa contradicción es la que se da entre la política y la economía, un proceso político marcado por el populismo y la economía, que requiere, para recuperarse, todo lo contrario, requiere restablecer niveles de libertad económica incluso superiores a los que teníamos antes de la pandemia.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hay dos contradicciones que bloquean el esfuerzo nacional necesario para salir del profundo pozo económico y sanitario en el que hemos caído: la confrontación como eventual estrategia presidencial para aumentar popularidad, que afecta la necesidad de formar un comando unitario nacional para la recuperación; y la orientación populista e intervencionista del proceso parlamentario y político en general, que va en el sentido contrario a la necesidad de una mayor libertad económica para que los emprendimientos puedan reactivarse y volver a levantar alas.

Se trata de dos formas de populismo: político, y económico o social. El populismo político consiste en confrontar a un supuesto enemigo del pueblo para construir apoyo. Es lo que en cierta medida hizo el presidente con su amenaza de expropiación a las clínicas privadas, capitalizando casos de censurables cobros excesivos. La estrategia le funcionó y, a diferencia de la que desarrolló contra el Congreso disuelto, puede tratarse de un caso puntual, superable. Porque sería irracional, suicida, que se acostumbrara a enfrentar, solo por popularidad, a un sector privado que es el responsable del 80% de la economía nacional. Haría imposible concretar el necesario esfuerzo unitario público-privado para definir y aplicar un plan de recuperación económica nacional.

La necesidad de una voluntad política unificadora se ha vuelto ahora más acuciante desde que el descubrimiento doloroso de que hemos tenido uno de los peores resultados globales en la lucha contra la pandemia, luego de haber creído que habíamos respondido mejor que otros, ha reinstalado nuevamente la lucha de todos contra todos en la repartición de responsabilidades, equivocaciones y abusos. Se ha abierto un momento disgregador. La empresa privada es objeto de una ofensiva ideológica y política masiva pese a que una de las razones de los malos resultados fue haberla excluido de las estrategias sanitarias y económicas. El Congreso anuncia interpelaciones, comenzando, por supuesto, por la ministra de Economía, al mismo tiempo que la máquina de producción de proyectos populistas se acelera cada día. Mientras tanto, se multiplican las divisiones internas en las instituciones: en el Ejecutivo, el Premier hinca a la ministra de Economía; en el congreso, las bancadas se dividen a veces en tantas partes cuantos integrantes tienen; entre los empresarios, ASBANC, la SNI y ADEX critican a CONFIEP.

Por su parte, el populismo económico o social también contiene, aunque no siempre, el componente de un enemigo al que hay que arrancarle rentas en beneficio del pueblo, como una manera de conseguir votos. Pueden ser las APP que cobran peajes, las AFP, los bancos, las farmacias, las clínicas, o hasta la ONP, que en realidad es el tesoro público. El problema es que ello no solo anula capacidades de inversión y recuperación de las empresas afectadas, sino que al golpear la seguridad jurídica o los derechos de propiedad, o afectar el mecanismo operativo de la economía de mercado que es el sistema de precios, o la viabilidad fiscal del país, se ahuyenta inversiones, se mata el futuro. Lo mismo con ese pariente cercano del populismo, que es el clientelismo, cuando se regala la propiedad de los puestos de trabajo en el sector salud, por ejemplo, anulando la viabilidad de la reforma del sistema de salud.   

Lo que los emprendimientos de todo tamaño van a necesitar para recuperarse, para volver a crecer, para generar empleo, es aire, libertad económica, la menor cantidad de trabas posible. Y el problema es que el desenfreno populista va en la dirección de más controles, regulaciones e impedimentos. Esa es la gran contradicción. 

Es evidente que no se puede enfrentar la pandemia ni menos aun salir del abismo económico en el que hemos caído, en medio de la guerra fratricida y de la dilapidación populista. Se impone, por eso, el nombramiento de un Premier con amplia capacidad de convocatoria y gestión capaz de unificar un comando estratégico público-privado para conducir un plan de recuperación económica, desarrollar un intenso trabajo de diálogo político con el Congreso para contener la hemorragia populista, y crear el escenario para acordar las reformas estructurales fundamentales: formalización y salud. Las que a su vez deberían servir también para canalizar los impulsos políticos contraproducentes.

Está en juego el país. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Si hubiésemos tenido Senado, probablemente el Congreso no habría aprobado la ley que modifica el Código Penal y el Código de Protección y Defensa del Consumidor para penalizar el acaparamiento, la especulación y la adulteración.

Algún senador se habría encargado de explicar que esa ley es inconstitucional, porque en una economía de mercado no puede haber control de precios; que el control de precios genera lo contrario de lo que busca porque produce escasez y por lo tanto sube los precios, afectando sobre todo a los más pobres. Habría recordado la experiencia que tuvimos con el primer García. Habría señalado que esta ley es un retroceso histórico de casi 30 años.

Lamentablemente tampoco tendremos Senado porque congresistas que eximen de segunda votación la aprobación de una ley como ésta, es muy difícil que quieran aprobar un Senado.

La modificación no establece explícitamente un control de precios, pero lo supone. Señala que la especulación que incrementa los precios de los bienes de servicios esenciales utilizando prácticas ilícitas que no se sustenten en una “real estructura de costos y el correcto funcionamiento del mercado”, aprovechando una situación de mayor demanda por causas de emergencia, conmoción o calamidad pública, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años.

¿Quién determina qué es una “real estructura de costos”? ¿El burócrata? Sobre esos costos añadirá lo que le parecerá una utilidad “justa”, y he allí el precio controlado. Si producir o vender a ese precio no resulta rentable, pues nadie produce. Y allí sube el precio.

Porque los precios en un mercado no se basan en los costos, sino en la oferta y demanda. Si hay poca oferta y mucha demanda, los precios suben. Ese es el “correcto funcionamiento del mercado”. Al subir, los productores producen más, y entonces el precio baja. Los precios son un sistema de señales que indica cuándo debo producir o importar más o menos. Si interferimos ese sistema, nadie sabrá cuando producir o importar más. El “especulador” es un comerciante que está respondiendo a la demanda. Si no puede subir el precio, los productores o los importadores no se enteran de que es negocio producir o importar más. Y nos quedaremos sin el producto.

Si hay libertad económica y libre competencia, la economía sola resuelve el problema. El “acaparamiento” es consecuencia de la falta de libertad y competencia. De la intervención en el mercado. Si yo impongo un precio bajo, algún comerciante comprará todo lo que puede para vender luego más caro, porque sabe que habrá escasez. Pero si hay libertad, apenas falta algo el precio sube y el bien se repone. Y entonces el precio naja. El acaparamiento es consecuencia de la escasez, no su causa.   

La ley, además, penaliza con cárcel entre dos y seis años la cartelización, en lugar de una multa fuerte, como era hasta ahora. Esto anula el programa de clemencia que tenía Indecopi, una suerte de colaboración eficaz para la empresa que denunciara un cartel. Este programa permitió denunciar y desmantelar varios carteles o concertaciones de precios.

Según Ivo Glagliufi, desde el 2012 en que se lanzó, el Indecopi ha recibido 23 solicitudes de clemencia, y hasta la fecha en 6 de los casos resueltos por la Comisión de Libre Competencia se ha aplicado esta figura. Los dos casos más conocidos fueron:

• El del “cártel del papel higiénico”, donde la Comisión declaró a Kimberly Clark y a Protisa (Productos Tissue del Perú S.A.) responsables de llevar a cabo, entre 2005 y 2014, prácticas colusorias ―en la modalidad de acuerdo para la fijación concertada de precios y condiciones comerciales― en la comercialización de papel higiénico y otros productos de papel tisú.
• El denominado “caso Ro-Ro (buques Roll-on, Roll-off)”, de prácticas colusorias entre importantes compañías navieras en el mercado de transporte marítimo internacional de carga rodante.[1]

Esta ley debe ser denunciada por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional. No podemos reemplazar al mercado por la discrecionalidad del burócrata. No podemos seguir anulando los mecanismos que permiten y fomentan el crecimiento. No podemos regresar al pasado de las colas y el hambre. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Una vez más, la política y la economía marchan por caminos divergentes. Mientras en la política se multiplican las ofertas populistas e intervencionistas, la economía requeriría de la mayor libertad económica posible para recuperarse. El fenómeno se agrava porque el proceso de recuperación económica correrá paralelo al proceso electoral.

La tentación política inmediata es ofrecer subsidios, controles de precios, suspensiones de pagos e intervenciones contra el capital, con la idea de brindar un alivio temporal, una droga que luego tendrá consecuencias peores.  Pero en la población angustiada y desempleada no solo hay una demanda por recibir ayudas -que se justifican si son alivios temporales fiscalmente atendibles-, sino que también y sobre todo hay una demanda por empleo, por progreso, por libertades y medios para crecer. Por una formalidad accesible y atractiva.

Sería extraordinario un populismo de las libertades, no de los regalos con dinero ajeno. Un populismo de las palancas para crecer. Uno que lleve a una nueva formalidad, inclusiva, con menos barreras, que permita a los informales acceder al crédito formal (más barato que el informal) y a las empresas en general invertir con menos regulaciones improductivas y contratar trabajadores en un mercado laboral con reglas mucho más flexibles.

La velocidad de la recuperación dependerá de eso. De la medida en que quitemos amarras a la economía, a la iniciativa individual, a los emprendimientos. Y los dejemos volar.

La recuperación, para que sea más rápida, deberá ser, en ese sentido, una “recuperación con cambios”. Es decir, una recuperación con reglas más simples, con formalización.

Se desaprovechó entrega de bonos para bancarizar

La propia pandemia tiene el potencial para acelerar algunas tendencias que van en ese sentido. La entrega de bonos, por ejemplo, era una oportunidad para dar un salto en inclusión financiera. Lamentablemente esa oportunidad se ha perdido por el momento. En efecto, al 2 de junio se había entregado el bono de 760 soles -que incluye a los dos primeros bonos de 380 soles y el bono independiente- a 4,726,228 hogares, distribuidos en las siguientes modalidades de pago:

Como vemos, solo el 1.4% ha sido otorgado vía billetera electrónica y no se ha abierto cuentas básicas en los bancos para dar los bonos, pese a que el DU 056-2020 permitió que bancos y empresas emisoras de dinero electrónico pudieran abrir cuentas a nombre de beneficiarios de bonos. ¿Por qué no se usó? A un 53% de los beneficiarios se les ha entregado vía banca celular (una clave en el celular para ir a un cajero y cobrar), pero eso no bancariza. Los depósitos en cuenta se hacen en cuentas que los beneficiarios -sobre todo de los programas sociales como Juntos- ya tenían abiertas.

En billetera electrónica se usó la aplicación Tunki de Interbank, que tiene una cobertura limitada. Yape del BCP tiene 2.5 millones de usuarios y, según Luis Alfonso Carrera, se espera llegar a 5 millones de usuarios a fin de año con Yape Card, que tiene la ventaja facilitadora de que no está atada a una cuenta bancaria. En la actualidad, 200 mil negocios aceptan pagos con Yape. Quieren llegar a 500 mil a fin de año. También 70 mil taxis y 15 mil bodegas. Planean llegar a 30 mil bodegas en diciembre. El foco ahora está puesto en puestos de mercado y mototaxis. Lo interesante, además, es que pronto se ofrecerá microcréditos por medio de esta aplicación.

Es claro, entonces, el potencial. Todavía queda la esperanza de que, si vamos a un segundo bono universal, pues se use exclusivamente billetera electrónica y cuentas básicas.

Esto es muy importante. Muchos informales trabajan sin crédito o con crédito informal, muy caro. Acceder al crédito formal, más barato, es acceder a una palanca que puede levantar y modernizar los negocios populares. Pero recibir crédito del sistema financiero implica algún grado de formalidad. De poco servirá acceder al crédito y crecer si acceder y mantenerse en la formalidad resulta muy oneroso y complicado. La formalidad tiene que permitir el crecimiento de los emprendimientos.

Avances en simplificación administrativa y digitalización del Estado

En ese sentido ha habido avances en algunos temas y en otros no. Por ejemplo, existe ahora un Tupa estandarizado para la licencia de funcionamiento que las municipalidades deberían aplicar. Esa tupa se ha simplificado recientemente aún más. Por ejemplo, la licencia de funcionamiento es ahora automática para locales de riesgo bajo y medio. Para julio, en 20 municipalidades de Lima se podrá a realizar ese trámite on line.

Otra buena noticia es que la pandemia ha llevado a adelantar la digitalización del Estado. Para el 31 de diciembre, todos los trámites de los ciudadanos y empresas ante el Estado deberán ser on line. Esto ha sido dispuesto por el DL 1497. Es interesante notar que los trámites que se están digitalizando son los que sobrevivieron al proceso de Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), que hace unos meses terminó de reducir en un 30% los procedimientos administrativos del Ejecutivo.

Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) sin prioridad

Pero no se trata de avanzar solo en simplificación administrativa. Más importante aun es la eliminación de normas que regulan la actividad y que imponen más costos que beneficios. Es decir, aligerar la sobre regulación que ahoga a las empresas, reducir ese intervencionismo de baja intensidad que se ha reimplantado en el Perú desde hace una década. Para eso hay un programa en la PCM financiado por el BID que debe aplicar un Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) a todo el stock de normas regulatorias en ocho sectores del Ejecutivo, para derogar las que crean más problemas que los que resuelven.  La impresión, sin embargo, es que no tiene la prioridad política ni el impulso necesario considerando las circunstancias. Hace meses que viene elaborando una metodología que estará lista recién el último trimestre de este año. A este programa debe ponérsele mucha mas potencia.

Simplificación tributaria y laboral

Por supuesto, tan o mas importante que lo anterior es un sistema tributario y laboral que permita el crecimiento de los emprendimientos y el aumento de su productividad. Y eso no ocurre. Es una barrera casi imposible de saltar para todo aquel que quiere formalizarse o que habiéndose formalizado quiere crecer.  

Macroconsult (Elmer Cuba y Claudia Cooper) propusieron hace unos meses un “combo formalizador” que consistía básicamente el eliminar los regímenes especiales tributarios y laborales y reemplazarlos por una escala única gradual y progresiva, de modo que la empresa que crece no sufra un castigo cuanto logra más utilidades o tiene mas trabajadores. Es decir, un sistema que elimina los saltos mortales que desalientan el crecimiento y fomentan el enanismo y la informalización.  

Ya es hora de poner esta propuesta en el debate y aprobarla en el Congreso o vía delegación de facultades. Por supuesto, resulta indispensable resolver el problema de la estabilidad laboral absoluta creado por el Tribunal Constitucional en su sentencia del 2001. El Congreso debe apresurarse en reemplazar a 6 de los 7 miembros del Tribunal cuyo mandato ya lleva alrededor de un año de vencido.  

Pensiones y seguridad social

La reforma del sistema de pensiones es también una vía para la inclusión formal de todos si adoptamos la propuesta de Lampadia de que todo ciudadano a partir de los 18 años pueda contribuir a su cuenta pensionaria individual con una parte del IGV que paga cuando compra algo. Todos querrán pedir factura. Si desatamos el aporte pensionario y la seguridad social de la condición de empleado, entonces las empresas tendrán menos costos no salariales y podrán contratar más personal.    

Si hacemos todo esto, no solo la recuperación económica será mucho más rápida, sino que resolveremos, de paso, el problema estructural fundamental de nuestra sociedad: el dualismo económico, la informalidad, la exclusión del Estado legal, que se manifestó en esta crisis como el impedimento principal para aplicar estrategias efectivas de combate al virus. Lampadia

A pesar de contar con los mejores índices mundiales en cuanto a personal médico y gasto en salud como porcentaje del PBI, Cuba probablemente sea de los países de la región que serán más golpeados por la crisis del covid 19. No solo porque muestra una alta exposición externa por el peso preponderante que tiene el sector turismo – y arraigados – en su economía, sino por el poco dinamismo que esta muestra por las asfixiantes restricciones a  la libertad económica que ya tienen larga data en este país.

Este es el principal mensaje que deja un reciente artículo publicado por The Economist, que compartimos líneas abajo, del cual se pueden extraer una valiosa moraleja a partir de su lectura: De nada sirve que pueda abordarse acertadamente la presente pandemia únicamente desde el plano de la salud pública, sin paliar los estragos económicos de mediano y largo plazo que generará en los hogares más vulnerables producto de  las largas cuarentenas y los choques negativos de demanda externa.

Así, aun cuando Cuba pudiese contener los casos de contagio y lograse atender a la gran mayoría de los infectados – un escenario aún por comprobarse – su insuficiente capacidad económica para generar empleo y divisas tras la pandemia hará que prevalezca, sino aumente, la pobreza y la indigencia entre sus ciudadanos. Y como todos sabemos, la hambruna producto de la pobreza, es tanto o más letal en mortalidad que cualquier otra enfermedad existente.

Este es el costo que pagarán tarde o temprano todas las economías cuyas libertades económicas son reprimidas como Venezuela, Corea del Norte o Zimbabue, por mencionar algunas. En ese sentido, debiera ser imperativo que Cuba evalúe su repertura al mercado si es que quiere hacer más llevadera su situación en los próximos meses. Las posibilidades para que se concrete este escenario, sin embargo, son muy remotas, dado el recrudecimiento de las relaciones políticas entre Cuba y EEUU, desde que Trump tomó el poder en la Casa Blanca. Como concluye finalmente The Economist “Es probable que el coronavirus [elimine este proceso] por completo de la agenda”. Lampadia

Cuba al límite

Está mejor ubicado para abordar el covid-19 que para hacer frente a su impacto económico

The Economist
25 de abril, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

Es el sueño de todo exiliado morir en el país de origen, pero no en las circunstancias de Víctor Batista Falla. Miembro de una familia bancaria adinerada, abandonó su Cuba natal en 1960 cuando la revolución de Fidel Castro se movió hacia el comunismo. Dedicó su vida a publicar el trabajo de escritores y pensadores exiliados, especialmente de persuasiones socialdemócratas y liberales. El mes pasado visitó Cuba por primera vez en 60 años. El 12 de abril murió, a los 87 años, en un hospital de La Habana, de covid-19. Probablemente lo había traído con él desde Madrid, donde había vivido durante décadas.

Desde la década de 1990, Cuba ha estado abierta al turismo de masas y visitas familiares. No es sorprendente que sea vulnerable al covid-19, como el resto de América Latina y el Caribe. Hasta el 23 de abril había reportado 1,189 casos y 40 muertes. En proporción a su población, eso es similar a la carga de trabajo de Argentina.

Aun cuando no ha ofrecido a los cubanos prosperidad o libertad, el comunismo les ha proporcionado buena salud. Durante décadas, el régimen ha sobreproducido a los médicos y ha gastado más que el promedio regional en atención médica como parte del PBI. Eso también ha valido la pena de otra manera. Enviar profesionales de la salud al extranjero genera el 46% de los ingresos de exportación de la isla, sin mencionar el prestigio diplomático. (El estado, para el que todos trabajan, mantiene la mayor parte de sus salarios extranjeros).

Una fortaleza cubana particular es la capacidad del sistema de salud, característica de una dictadura, para movilizar a la población para la acción de salud pública. El gobierno se preparó para el virus ya en enero. Cuando se informaron casos del 11 de marzo, fue rápido aislar a los pacientes y rastrear y probar sus contactos. El 20 de marzo, con solo 21 casos confirmados, prohibió todas las llegadas de turistas, confinó a grupos vulnerables, cerró instalaciones educativas y suspendió el transporte público interprovincial.

Sin embargo, ni la atención médica ni la economía eran lo que eran cuando Cuba disfrutaba de lujosos subsidios de la Unión Soviética. El sistema de salud ha sufrido recortes de gastos, la pérdida de médicos que ya no practican debido a los bajos salarios oficiales y la escasez de suministros. La sequía y la infraestructura deficiente han llevado a la escasez de agua. Hay otro factor de riesgo: casi el 20% de los cubanos tiene más de 60 años, más que en cualquier otro lugar de América Latina.

Entonces el covid-19 plantea una prueba severa, tal como lo hace en otras partes de América Latina. Viene cuando la economía de Cuba ya estaba bajo una gran tensión. Cuba no se reformó incluso cuando EEUU, bajo Donald Trump, ha intensificado las sanciones y Venezuela, el aliado de Cuba, ha reducido el petróleo subsidiado.

Estas presiones han exacerbado la incapacidad crónica de la economía dominada por el estado para generar divisas. El cierre de la industria turística lo empeora aún más. The Economist Intelligence Unit, nuestra compañía hermana, estima que las importaciones caerán a US$ 9,100 millones este año, desde US$ 11,700 millones en 2015.

Cerrar las fronteras ha puesto fin a las importaciones de alimentos en el mercado negro, mientras que las restricciones en el transporte han reducido las entregas nacionales a La Habana, la capital. El gobierno carece de suministros suficientes para agregar artículos al libro de raciones del estado que reciben todos los cubanos. Hay largas colas fuera de los supermercados estatales escasamente abastecidos. Miguel Díaz-Canel, quien reemplazó al hermano de Fidel, Raúl, como presidente de Cuba hace dos años, admitió este mes que el distanciamiento social ha sido difícil de imponer y se quejó de la “indisciplina e irresponsabilidad” de algunos cubanos.

Peor puede estar en la tienda. En la mente de los cubanos está el miedo a otro “período especial”, como lo llamó Fidel Castro, cuando la economía se redujo en un 35% a principios de la década de 1990 con el fin de la ayuda soviética. Eso vino con cortes de energía generalizados y otra escasez. Pavel Vidal, economista cubano de la Universidad Javeriana en Cali, Colombia, estima que el PBI podría caer alrededor de un 10% este año. Aunque la caída de los precios mundiales del petróleo ayudará, Cuba aún necesitará envíos desde Venezuela. “De eso depende si hay cortes de energía o no y otro período especial”, dice.

La administración Trump, en la que los cubanoamericanos juegan un papel importante, cuenta con una presión cada vez mayor para provocar el colapso del comunismo. Eso es improbable. En su solidez isleña, con su mezcla de coerción y paternalismo, el régimen creado por Fidel ha sobrevivido no solo a él sino a la resistencia de por vida de personas como Batista. El resultado inmediato de la revocación de Trump de la apertura de Barack Obama hacia Cuba fue detener un proceso cauteloso de reforma del mercado. Es probable que el coronavirus lo elimine por completo de la agenda. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La inteligentzia de izquierda saborea la potenciación del poder del Estado en esta coyuntura como un triunfo ideológico. Se anima en la contemplación de un súper Estado redistribuidor que puede cerrar empresas y ordenar qué producir y qué no producir. Confunde los imperativos de la emergencia con el modelo permanente.

Juan de la Puente (LR, 27-03-20) anuncia “un dramático final del Estado neoliberal”, “…transformándose radicalmente la antigua visión neoliberal del Estado, para construir un orden más estatal con mayor solidaridad, regulación y supervisión de cara al futuro”.

Seguramente ha olvidado que ese modelo estatista y solidario de los 70 y 80 fue el que llevó a la depredación creciente de los salarios de los maestros en esas dos décadas y al colapso total del Estado, expresado, por ejemplo, en la privatización “fáctica” de los servicios de salud al final del periodo.

Ya olvidó también que fueron las políticas liberales de los 90 las que permitieron reconstruir el Estado desde sus escombros y recuperar a la nación al punto que hoy la propia ministra de Economía puede afirmar que, a diferencia de otros países, el Perú tiene cómo responder porque tiene los ahorros suficientes. Gracias al mal llamado “Estado neoliberal”, por primera vez en la historia el Perú ha acumulado reservas y ahorros suficientes para enfrentar una catástrofe como esta.

No solo eso. Las políticas liberalizadoras de los 90 permitieron empezar a recuperar lenta y paulatinamente el salario de los maestros -que no llega hasta ahora al nivel que tenían en los 60, sin embargo-, restablecer el servicio de salud pública -que aún debe modernizarse, sin embargo- poniendo en operación nuevamente postas médicas abandonadas, e introducir programas sociales que antes no existían. Pero, lo más importante, fueron esas políticas las que produjeron un crecimiento sostenido que sacó de la pobreza a millones de peruanos bajándola de un 60% a un 20%, reduciendo también en alguna medida la desigualdad.

Pese a ello, Juan de la Puente ve un olvido a los pobres originado en “un modelo resistente a la regulación”, cuando lo que hemos tenido en los últimos diez años ha sido una sobre regulación creciente de la economía que ha asfixiado los emprendimientos y consolidado la alta tasa de informalidad. Justamente, la única manera de salir del pozo económico post coronavirus será restableciendo niveles de libertad económica que se han perdido. Liberar las fuerzas productivas, como diría Marx.

Es que la ideología altera la visión. Es un falso dilema el que se da entre Estado y mercado. A más mercado libre, más ingresos para el Estado, y por lo tanto mejores servicios de educación y salud públicas siempre y cuando estos se reformen y gestionen bien. Y esa es la gran tarea pendiente y ahora sí impostergable luego del coronavirus. Para eso, sin embargo, sería bueno tener a la inteligentzia de izquierda ayudando a persuadir a los gremios y sindicatos de médicos y enfermeras de no ofrecer resistencia a los cambios. No podemos seguir con una jornada laboral efectiva de 4 horas, habrá que entregar presupuesto por resultados y no por número de atenciones y en algunos casos, por ejemplo, la mejor manera de dar buenos servicios públicos exigibles será concesionarlos.

En lugar de ver esto como un botín ideológico, hablemos de lo que hay que hacer.

Fernando Villarán, por ejemplo, en un artículo publicado en la web de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya[1], se suma al mismo sentimiento de exaltación estatal cuando afirma que los países que han logrado contener al virus -China, Corea del Sur, Singapur y Taiwán- tienen en común un Estado fuerte y un sistema de salud pública grande y eficiente.

Las anteojeras son tan poderosas que no llega a ver que esos países exitosos tienen un Estado mucho más pequeño -y por lo tanto mucho menos gasto en salud- que los que fracasaron estrepitosamente, como Italia, España y Francia. En Singapur, Taiwán y Corea el gasto público como porcentaje del PBI oscila entre 15% y 24%. En dos de ellos ¡es menor que en el Perú (20%)! En cambio, en Italia es 48%, en España 41% y en Francia 56%. Más que doblan el tamaño de los Estados exitosos. Son los célebres “Estados de bienestar” europeos, diseñados precisamente para infundirle “solidaridad” al capitalismo. Un desastre.  

Pero no estamos proponiendo un Estado mínimo. El Estado debe tener autoridad y los recursos suficientes para asegurar el imperio de la ley, el desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios sociales eficientes y de calidad. Para eso se requiere, como decíamos, liberar los mercados, para generar más ingresos fiscales, y sentarnos a discutir -deconstruyendo los intereses creados- cuáles son los cambios o reformas que debe hacerse en los servicios sociales para que sean eficientes y de calidad para los más vulnerables, en lugar de salir a pescar en río revuelto.

El peligro, según lo que leemos en las odas como las que hemos citado, es que vuelvan a desplegar sus alas las ideas que restringen la libertad económica, que es indispensable incluso para que el Estado sea fuerte, más aún en un contexto de angustia económica de la gente en la que la prédica populista y demagógica puede encontrar eco. Lampadia