Axel Kaiser
Fundación para el Progreso
Publicado el 20.12.2015

Artículo escrito para Chile, pero aplicable hoy al Perú, dadas las desencaminadas propuestas de nuestras izquierdas con respecto al tema constitucional.

¿Qué tiene en común el populismo con un virus? En primer lugar, que es altamente destructivo. Una vez que logra penetrar las defensas del cuerpo, ya el daño es inevitable, y solo cabe esperar y fortalecer el sistema inmunológico para recuperarse y recomponer todo lo que ha destruido.

En segundo lugar, como un virus, el populismo es contagioso. Tome la idea de la nueva Constitución, por ejemplo. Como bien sabemos, los países serios no hacen nuevas constituciones, salvo en casos de grandes catástrofes, como fueron los casos de Alemania y Japón luego de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, los países más bien bananeros ven en las constituciones una pócima para solucionar todos los males inimaginables, una especie de acto refundacional que construirá “una casa común” donde todos convivirán en perfecta armonía y abundancia, como si el problema fuera la casa, y no quienes la habitan.

Esta fantasiosa idea, por cierto, es un elemento central de lo que Mauricio Rojas llama “populismo constitucional” y es, ante todo, una construcción de las élites intelectuales. Ya dijo George Orwell que hay ideas tan absurdas, que solo un intelectual es capaz de creerlas.

Pues bien, la idea de que una nueva Constitución resolverá siquiera marginalmente los problemas de los chilenos [peruanos] -delincuencia, salud, corrupción estatal, mala convivencia, malos modales, baja productividad, desempleo, etc.- es una de esas ideas absurdas. Al poco andar, incluso si la nueva Constitución es aprobada por unanimidad, lo que sabemos es imposible, las expectativas depositadas en la quimérica fórmula serán defraudadas y el malestar será doblemente peor que antes de la promesa hecha irresponsablemente por los populistas constitucionales.

El hecho de que esta idea sea altamente contagiosa se prueba en que hace unos años nadie más que una minoría de ultrones habría sostenido que se requería de una nueva Constitución en Chile, menos aun cuando se constata que jamás ha habido un período de mayor prosperidad económica, social y democrática que bajo la Constitución actual.

Se trata de contener el daño que puede llegar a hacer y que, en el peor de los casos, puede terminar con arruinar nuestra democracia liberal para degenerar en un asambleísmo autoritario que socave no solo nuestro progreso, sino, peor aun, nuestras libertades.

Otra manifestación del virus populista es la idea de que el Estado debe hacerse cargo de la vida de las personas y financiarles todo lo que necesiten. Como sabemos, esta idea es altamente contagiosa por la inclinación de los líderes y de los electores a pensar en el corto plazo en lugar del largo plazo. La fiesta dura entonces hasta que se acaba la plata; y cuando llega la resaca, solo queda una estela de desolación que deja a todo el mundo peor que antes de la fiesta. Lo peor, sin embargo, es la destrucción de la moral que se produce, y que consiste en dinamitar la legitimidad de la única forma sustentable de salir adelante: el trabajo duro y la vida sin excesos.

Las promesas de gratuidad de los populistas -que en general reparten llevándose la mejor parte- son un gran engaño, porque jamás se dice a los beneficiados que ellos tendrán que pagarla mediante mayores impuestos, más inflación, deuda pública, menores salarios, más desempleo, etcétera. Pero es peor, porque una vez que se crea la dinámica redistributiva, esta no puede detenerse. Y es que la primera ley de la economía, una disciplina que el populista debe ignorar por ser contraria a su promesa de construcción del paraíso sobre la Tierra, es que los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas.

Pero el populista, en lugar de reconocer su demagogia, se va en contra de las instituciones que resguardan la sensatez, como, por ejemplo, el Tribunal Constitucional.

Así, el populismo va destruyendo las defensas del sistema, como lo haría un virus, hasta que el organismo se encuentra totalmente a su merced. El TC, la libertad de expresión, la economía privada, la sociedad civil, todo eso debe ser sometido a la discrecionalidad del populista para desarrollar su trabajo. Así ocurrió en diversos grados en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina. 

Lampadia

El acuerdo de retiro del Brexit, propuesto por la primera ministra del Reino Unido Theresa May, sufrió una fulminante derrota el pasado 15 de enero, fecha en la que el Parlamento inglés le otorgó 202 votos a favor frente a 432 votos en contra.

En esta ocasión, además de la oposición, los parlamentarios de su propio partido, el Partido Conservador, que otrora le dieran su entera confianza y sobretodo, legitimidad a su liderazgo, votaron en contra de su propuesta en razón de 3 a 1.

Al respecto surgen 2 preguntas inquietantes:

• ¿Cuáles son los factores que habrían determinado la derrota de May en el Parlamento, si para el 2016, más de la mitad  de los británicos (52%) votaron a favor de la salida del Reino Unido de la UE?

• Pero más importante aún, ¿Qué debería hacer el Reino Unido, de cara al 29 de marzo, fecha límite para el establecimiento de los términos de negociación del Brexit?

Respondiendo a la primera pregunta, se debe entender, en primer término, el contexto político en el que se venía enfrentando el acuerdo de salida en el 2018, previo a la votación del Parlamento, el pasado 15 de Enero. Como hemos escrito previamente en Lampadia: El debate sobre el acuerdo de salida del Brexit continúa, el Reino Unido tardó un año y medio desde el referéndum en el 2016 en lograr un acuerdo con la UE. El borrador culminó a finales de noviembre del 2018 e iba a ser sometido a votación el 10 diciembre de ese mismo año. Sin embargo, la primera ministra pospuso la votación, con lo cual ya existía un precedente por parte de ella para dilatar la fecha de la votación dado que los términos del acuerdo, aparentemente no habrían agradado ni siquiera a los mismos miembros de su partido y por ende, no habría conseguido los votos necesarios para su victoria.

Pero, ¿Por qué dichos acuerdos han generado tanto disgusto entre los parlamentarios conservadores, quienes en su momento, se encontraban deseosos por cumplir el clamor popular de la mayoría de británicos? Como indicó recientemente The Economist,  “El acuerdo de May no es tan malo como lo dicen algunos de sus críticos, pero está lejos de lo que se prometió en el 2016.” Este acuerdo no solo implica la expulsión del Reino Unido de un mercado único (UE), con todos los beneficios comerciales y de inversión extranjera que ello conlleva, sino que además implica una desestabilización política en la frontera con Irlanda del Norte –que aún desea permanecer en el proyecto europeo- y el pago de unos 50 mil millones de dólares para hacer efectiva su salida en el 2022.

Ahora que ya no hay vuelta atrás lo mejor que puede hacer la Primera Ministra es pensar en una solución sensata y eficiente de cara al 29 de marzo, fecha límite para la ejecución del Brexit.

En este sentido, estamos de acuerdo con la propuesta de The Economist de aumentar el plazo de esta fecha límite e involucrar a los votantes en el diseño de un nuevo acuerdo de salida. Ello implica convocar un Segundo Referéndum, en el que los ciudadanos decidan si aún desean la salida, ahora que saben lo que realmente implica. En este contexto, es cuando los recursos democráticos prueban su verdadera razón de ser y constituyen ser soluciones óptimas ante eventuales crisis políticas o sociales. Lampadia

La crisis británica
Brexit, madre de todos los desórdenes

Resolver la crisis requerirá tiempo y un segundo referéndum

The Economist
17 de enero de 2019
Traducido y glosado por Lampadia

Ningún plan por parte de un gobierno británico moderno ha sido tan bien golpeado como el acuerdo Brexit rechazado por el Parlamento el 15 de enero. El acuerdo de retiro, la pieza central de la primera ministra Theresa May, que ha pasado casi dos años batallando con la Unión Europea, fue rechazado después de cinco días de debate por 432 votos a 202. Sus propios partidarios conservadores votaron en contra de ella por tres a uno.

La madre de los parlamentos está sufriendo la madre de todas las crisis constitucionales. Hace tres años, en la encuesta más grande en la historia del país, los británicos votaron en un referéndum para dejar la UE. Sin embargo, el Parlamento, recién elegido un año más tarde por esos mismos votantes, ha juzgado inaceptables los términos de la salida. La UE muestra poca voluntad de renegociar. La primera ministra sigue obstinadamente. Y si este enigma no puede resolverse antes del 29 de marzo, Gran Bretaña se quedará sin ningún acuerdo.

Para evitar esa catástrofe, la prioridad debe ser pedirle a la UE más tiempo. Pero incluso con el reloj de su lado, parece improbable que los parlamentarios estén de acuerdo con una solución para el gran acertijo de Brexit: ¿qué términos de salida, si los hay, satisfacen realmente la voluntad de la gente? Con cada semana en que los parlamentarios no responden a esta pregunta, se hace más claro que las personas deben decidir, en un segundo referéndum.

La derrota de esta semana fue el resultado de dos años de mal juicio político. El referéndum de 2016 fue ganado por solo 52% a 48%. Sin embargo, en lugar de consultar al lado derrotado, May siguió un Brexit de línea dura, redactado apresuradamente con un puñado de asesores y calibrada para complacer a su Partido Conservador. Después de que perdió su mayoría en 2017, la necesidad de construir un consenso se hizo aún más clara, pero se dobló. Incluso después de que el Parlamento estableció su derecho a votar sobre el acuerdo final, ella no cedió, en su lugar intentó (y fracasó) frustrar la votación del Parlamento al retrasar el reloj. La tenacidad que le ha ganado a muchos admiradores ahora parece una cabeza de cerdo. La promesa de la primera ministra después de la aplastante derrota de esta semana para trabajar con los parlamentarios de la oposición llega dos años tarde.

Pero la crisis no se trata solo de un liderazgo pobre. El Brexit ha expuesto dos problemas más profundos.

• Uno tiene que ver con las dificultades que enfrentará cualquier país que intente “recuperar el control”, como lo expresó la campaña para salir de la UE, en un mundo globalizado e interconectado. Si retira el derecho de establecer sus propias reglas y estándares, por definición será más difícil hacer negocios con países que utilizan diferentes reglas. Si quiere comerciar, probablemente terminará siguiendo las reglas de un socio más poderoso, que para Gran Bretaña significa la UE o Estados Unidos, solo que sin una palabra para establecerlos. Por lo tanto, el Brexit equivale a recuperar el control en un sentido literal, pero perder el control en un sentido significativo. Los partidarios tienen razón al decir que la UE es un lugar cada vez menos atractivo, con sus populistas italianos, gilets jaunes franceses, el tartamudeo de la economía alemana y los súper burócratas de Claret en Bruselas. Pero no podían estar más equivocados al juzgar que la ominosa dirección de viaje de la UE hace que sea inteligente que Gran Bretaña abandone su asiento allí.

• El segundo problema esencial que ha expuesto Brexit se refiere a la democracia. Gran Bretaña tiene una larga historia de democracia representativa, en la que los votantes eligen a los parlamentarios para que tomen decisiones en su nombre. El referéndum de 2016 fue un caso raro de la democracia directa, cuando el público decidió sobre una cuestión de política. La crisis de hoy ha sido causada por los dos enfrentamientos entre sí. El referéndum dio una orden clara y legítima de abandonar la UE. Ignorarlo sería subvertir la voluntad del pueblo. Sin embargo, los representantes del pueblo en el Parlamento han emitido un juicio igualmente claro y legítimo de que el trato de Brexit de May no está en los intereses de sus electores. Al margen de los parlamentarios, como ha intentado hacer May, no sería menos una perversión de la democracia.

La primera ministra ha ejercido presión moral sobre los parlamentarios para respaldar el acuerdo de todos modos, argumentando que incluso si no les gusta mucho, es por lo que votaron sus electores. No es tan simple. El acuerdo de May no es tan malo como lo dicen algunos de sus críticos, pero está lejos de lo que se prometió en 2016. La expulsión del mercado único, el declive de industrias que van desde las finanzas hasta la fabricación de automóviles, la desestabilización de Irlanda del Norte y una salida de una factura de unos $ 50 mil millones: nada de esto fue anunciado en la campaña. Los votantes pueden estar completamente contentos con este resultado (las encuestas de opinión sugieren lo contrario). Pero no hay nada que diga que la votación para irse deba implicar el apoyo a la versión particular de la salida de May. Es por eso que todas las partes pueden afirmar que representan la voluntad “real” de la gente. Si los parlamentarios respaldan un acuerdo que juzguen perjudicial por respeto a un referéndum anterior que emitió una instrucción vaga no sería una democracia representativa ni una democracia directa, sino una que causaría una mala impresión de la otra.

El primer paso para salir de este lío es detener el reloj. Debido a que el acuerdo de May está muerto y no se puede arreglar uno nuevo en las diez semanas restantes, la prioridad debe ser evitar el 29 de marzo sin un acuerdo, lo que sería malo para toda Europa y potencialmente desastroso para Gran Bretaña. Si May no solicita una extensión, el Parlamento debería votar para otorgarse a si mismo el poder para hacerlo. Esta medida desesperada pondría fin a una larga convención en la que los negocios del gobierno tienen prioridad sobre los parlamentarios. Pero si la primera ministra se queda en el camino sin acuerdo, los parlamentarios tienen el deber de apoderarse del timón.

Con más tiempo, quizás se pueda encontrar un acuerdo en el que tanto el Parlamento como la UE puedan ponerse de acuerdo. Ya sea una unión aduanera permanente o un modelo de estilo noruego (que este periódico aprobó hace un año como la versión menos mala de Brexit) podría lograrse. Pero ambos exigirían compromisos, como el hecho de que Gran Bretaña renuncie al derecho de firmar sus propios acuerdos comerciales o mantener la libre circulación, que contradigan algunas promesas de la campaña de salir de la UE.

Es por eso que el camino hacia cualquier acuerdo, ya sea de May o uno renovado, debe involucrar a los votantes. El hecho de que Brexit requiere dar y recibir significa que ninguna forma de salida se parecerá al prospecto que el público fue vendido imprudentemente en 2016. Puede ser que los votantes acepten una de estas compensaciones. Pero la voluntad de la gente es demasiado importante para ser simplemente adivinada por los peleadores parlamentarios. La incapacidad del Parlamento para definir y ponerse de acuerdo sobre lo que realmente quiere el resto del país hace que sea más claro que nunca que la única forma práctica y basada en los principios es volver al pueblo y preguntar.

Lampadia

Luiz Inácio Lula da Silva, el ex presidente de Brasil, puede estar a punto de ir a la cárcel por hasta 10 años si un tribunal de apelaciones confirma este mes una condena por corrupción. Esto, sin embargo, no ha impedido que continúe con su carrera política y que aún cuente con un fuerte apoyo.

El juicio de Lula en segunda instancia está programado para el 24 de enero, donde tres jueces federales deberán decidir si convalidan la sentencia del juez Sergio Moro, quien condenó al líder del Partido de los Trabajadores a 9 años y medio de prisión. Sin embargo, Lula todavía no va a la cárcel ya que el juez Moro afirmó que “Considerando que la prisión cautelar de un expresidente de la República no deja de envolver ciertos traumas, la prudencia recomienda que se aguarde antes de extraer las consecuencias propias de la condenación”. (Cuidado que no se tuvo en el Perú con el ex presidente Humala y su señora, ni con empresarios que no tenían procesos abiertos y se les dio prisión preventiva. Una práctica abusiva que debe suspenderse).

Como afirma Sebastiao Mendonça Ferreira en Un juicio para la historia, “La sentencia de Moro sobre Lula es considerada un ejemplo académico de calidad y la tradición en el TRF-4 es confirmar o ampliar las sentencias dictadas por Moro. Sin embargo, este fallo afecta grandes intereses políticos y los partidarios de Lula están organizando manifestaciones en todo el país para presionar a los jueces del TRF-4”.

De acuerdo a las leyes de Brasil, hay una segunda instancia y hasta que ésta no lo condene, Lula puede postular. Sin embargo, si la sentencia se ratifica en esta segunda instancia, Da Silva no podrá volver a postular a la presidencia en el 2018.

En Brasil hay aparentemente dos tipos de inclinación: hay gente que dice que sería muy bueno que se le condene de una vez para que no postule y hay otros que dicen que sería muy malo que la condena sea antes de las elecciones porque, como piensan que no va ganar, consideran que lo ideal sería que el Partido de los Trabajadores (PT) tenga una derrota política en su haber. Si la condena sale después de la elección y él saliera elegido, se suspende su aplicación hasta que termine su mandato, en cuyo caso el haría todo lo posible por alargarlo de alguna u otra manera hasta que ya no importe si va a la cárcel o a un hospital.

Lo cierto es que, desde este lunes, los magistrados han viajado a Brasilia en busca de “garantías” contra manifestaciones de los seguidores de Lula como también de sus opositores. Afirmaron que el juicio correría “peligro” ante los ánimos enervados de los fieles y de los adversarios. En simple, El Mercurio resume las tres alternativas posibles (glosadas):

“Lula es absuelto

Si el ex Mandatario es declarado inocente, puede postular a la Presidencia. Sin embargo, la fiscalía podría recurrir a los tribunales superiores.

Condena por unanimidad

Si al ex Presidente lo consideran culpable, irá a la cárcel. La defensa tiene entonces hasta el viernes 26 de enero para presentar el recurso de casación, que pone en duda el proceso judicial o sus omisiones, pero que no suspende los efectos de la sentencia. Lula no podría presentarse a las presidenciales.

Condena por dos votos contra uno

Si dos jueces están a favor de la condena a Lula y uno la rechaza, la defensa tiene dos días para presentar el recurso de casación y pedir que el voto que beneficia el imputado prevalezca por sobre los demás. Habría un nuevo juicio, compuesto por siete jueces federales, incluyendo a los tres magistrados.”

Recordemos que Lula viene del noreste brasileño, donde la política ha estado siempre dominada por caciques regionales que adoptaron una serie de acciones de corrupción para controlar y mantener el poder. De alguna manera se puede decir que Lula llevó las prácticas corruptas de sus socios políticos del noreste brasileño al gobierno central, donde entronizó la cooptación de críticos y opositores, y habría participado en el montaje de los circuitos de corrupción de Petrobras y los más grandes grupos empresariales brasileños del sector de la construcción.  Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

Lula, que gobernó el país durante ocho años y lo llevó hacia el proteccionismo y el asistencialismo, cooptando a sus opositores y promoviendo altísimos niveles de corrupción gubernamental, fue detenido brevemente el 4 de marzo, como parte de la operación de Lava Jato. Fue interrogado por acusaciones de haber recibido “beneficios ilícitos” del esquema de sobornos de Petrobras. Los fiscales presentaron cargos de lavado de dinero en contra suya. Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

La mayoría de los inversores creen que la victoria de Lula en las elecciones presidenciales sería perjudicial para la economía brasileña porque el ex presidente ha sido un crítico enérgico de las reformas fiscales adoptadas por la administración actual.

De hecho, Lula dijo que convocaría un referéndum para deshacer esas reformas si es elegido. A los votantes pareció gustarles la idea. La última encuesta de Datafolha, de diciembre, mostró que el 36% del electorado apoyaría al ex presidente en la primera ronda de elecciones. El candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro tuvo el segundo mayor apoyo, del 18%. En una segunda ronda potencial, Lula ganaría en todos los escenarios posibles, dijo Datafolha.

Los votantes apoyan al ex presidente porque, durante sus años como jefe del Ejecutivo, Lula estableció el Programa de Subsidio Familiar (Bolsa Família, en portugués), un programa de transferencia monetaria condicional que beneficia a familias de bajos ingresos.

Sin embargo, fue también durante la presidencia de Lula que estalló un importante escándalo de corrupción, conocido como “Mensalão”. Los fiscales dijeron que la administración del ex presidente sobornó a los legisladores para que aprueben proyectos de ley propuestos por el gobierno. José Dirceu, jefe de gabinete de Lula, fue sentenciado a la cárcel, así como algunos legisladores.

Después del final de su mandato, Lula fue acusado de encabezar un esquema de corrupción aún mayor, donde las constructoras brasileñas -incluida la más grande del país, Odebrecht- se organizaron en cárteles y pagaron sobornos a altos ejecutivos de Petrobras y otros funcionarios del gobierno. Lula terminó controlando una gran maquinaria que debemos llamar ‘Corrupción de Estado e Imperialismo’. Esto fue la hipocresía política llevada a su máxima expresión, un movimiento de izquierda que capturó grandes empresas para corromper y reinar. Adiós las ideas del socialismo, adiós los pobres de la región, adiós los valores de la democracia. Era un inmenso juego político para apoderarse del subcontinente. Ver en Lampadia: La peor Red de corrupción latinoamericana

Lamentablemente los políticos están perdiendo legitimidad. Esperamos que esta sea la oportunidad para limpiar las casas de todos los países implicados en el mayor escándalo de la historia de Latinoamérica, empezando por supuesto, por el malévolo diseño corruptor de la izquierda de Brasil y sus soberbias empresas constructoras, con las que organizó una ominosa acción imperialista en el Perú y otros países de la región. Lampadia

El mayor caso de corrupción en la historia latinoamericana y que abarca prácticamente a toda la región,  nació desde el gobierno de la izquierda brasileña, del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Esta calamidad hizo carne en las virginales caretas de las izquierdas de la región, llegando con escándalo y a veces con sorpresa, a Argentina, Uruguay y Chile. El mismo habría afectado también al Perú, empezando por el gobierno municipal de izquierda de Susana Villarán y del mismo modo a  los gobiernos nacionales de Toledo, García y Humala.

El caso más publicitado y de múltiples reverberaciones es el de Odebrecht, empresa cuyo CEO ha sido condenado a 19 años por la justicia brasileña y, que en el Perú está vendiendo todos sus negocios.

Últimamente, ha empezado a difundirse con mayor intensidad, las denuncias contra OAS,  otra empresa constructora brasileña, que está siendo investigada en Argentina, Uruguay, Chile y Perú, por eventuales ilícitos vinculados al financiamiento irregular de campañas políticas, lavado de dinero y fraude en licitaciones. La firma se encuentra en el centro de una telaraña de ramificaciones del caso Lava Jato (Brasil).

El caso estalló en 2013 cuando la Policía Federal de Curitiba descubrió una red de lavado de dinero en locales de lavado de autos, investigación que fue creciendo hasta descubrir que existía un completo cuadro de pago de sobornos y blanqueo de capitales a políticos y ejecutivos de Petrobras. Este se ha convertido en el caso de corrupción más grande del país (en el que se habrían desviado unos 10,000 millones de reales -US$ 3,850 millones- en sobrefacturación de obras y contratos de la gigante Petrobras) y a arrasado con el alicaído prestigio en los partidos políticos brasileños, en especial al Partido de los Trabajadores de Lula da Silava y Dilma Rousseff, pero también el de las más importantes empresas del país. (Ver en Lampadia: El Estatismo alienta la corrupción e ineficiencia y Brasil pierde por goleada en corrupción y economía).

Este escándalo llevó al proceso de destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, con el eco del gran descontento y decepción con su peor crisis económica desde 1930. Como hemos comentado anteriormente, los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), del endiosado Lula, han echado por la borda la mejor oportunidad histórica de Brasil para consolidarse como un país desarrollado. Hoy, está profundamente enfrentado y dividido, y podría terminar con el gobierno de izquierda que se veía dominando por mucho tiempo. Ver en Lampadia: El fin de Dilma Rousseff y ojalá de la corrupción política en Brasil

Desde su reelección, la presidenta Dilma Rousseff no ha tenido muchos motivos para sonreír. Todo lo contrario. Y no nos referimos solo al pésimo rumbo de la economía brasileña (con una inflación por encima de lo previsto y en recesión por segundo año seguido), ni porque la caída del precio del petróleo amenaza con golpear aún más al país. Sus preocupaciones se centran en el llamado caso del “Lava Jato” (algo así como lavado de auto, o lavado a chorro) o “Petrolao”. Ver en Lampadia: El escándalo en Petrobras pone contra las cuerdas a Rousseff. 

Por su lado, el ex presidente Lula da Silva, viene del noreste brasileño, donde la política ha estado siempre dominada por caciques regionales que adoptaron una serie de acciones de corrupción para controlar y mantener el poder. De alguna manera se puede decir que Lula llevó las prácticas corruptas de sus socios políticos del noreste brasileño al gobierno central, donde entronizó la cooptación de críticos y opositores, y habría participado en el montaje de los circuitos de corrupción de Petrobras y los más grandes grupos empresariales brasileños del sector de la construcción. Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

Pero el Petrolao no solo ha contaminado a la política y a la economía brasilera, sino que ha revelado ramificaciones en Argentina, Uruguay, Chile y Perú. En nuestro país, empresas brasileras como Odebrecht y OAS habrían otorgado dádivas a figuras políticas (incluso presidenciales y funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y el gobierno municipal de Susana Villarán) para obtener concesiones de obras en el país.

En el caso de nuestro país, hace poco se hizo público un informe de la Comisión Lava Jato que indicaría que la ex alcaldesa Susana Villarán habría recibido aproximadamente unos US$ 1’200,000 por parte de empresa brasilera OAS para apoyar en el financiamiento de la campaña contra su revocatoria. Al menos cuatro ciudadanos brasileños confesaron haber participado como ‘mulas’ llevando dinero por orden de Alberto Youssef llevando no menos de 100 mil dólares en cada viaje desde finales del 2012 (uno de los “doleiros” habría movilizado aproximadamente US$ 900 mil).

“La comisión investigadora, en base a las declaraciones dadas por estas personas que se han acogido a la delación premiada, estima que en esta quincena se habría podido trasladar desde Brasil un aproximado de US$ 1’200,000 para ser entregados, posiblemente, para la campaña de la revocatoria municipal de Lima”, indica el informe.

Recordemos que OAS, al igual que otras constructoras brasileñas, ha jugado un rol clave en la realización de proyectos de inversión pública en el Perú, particularmente en infraestructuras, sucesivamente, durante los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-06), Alan García (2006-11) y Ollanta Humala (2011-16). Por su lado, Susana Villarán habría favorecido a la empresa OAS con la construcción del proyecto Línea Amarilla (en ese momento denominado Vía Parque Rímac) y del Proyecto Río Verde. El protagonismo de OAS en las obras de infraestructuras en Perú es sorprendente dadas sus deudas en Infocorp (según América Televisión).

Ante las contundentes pruebas de corrupción en contra de OAS y las demás empresas implicadas,  esperamos que continúen las investigaciones de presuntas coimas a los funcionarios de los gobiernos indicados y a Susana Villarán, mencionada específicamente en las últimas denuncias; quien, tras el fracaso de su gestión, perdió al íntegro de sus regidores en el proceso de revocatoria, que solo la dejó a cargo para gobernar con sus opositores.

Por su lado, otros países en Sudamérica no se libran de problemas de corrupción relacionados a OAS. En Argentina, se han iniciado investigaciones por acusaciones de sobornos a casi 100 empresas, entre ellas varias de origen brasileño, por sospecha de “algún tipo de réplica en las maniobras de cartelización que hubo en Brasil”. Entre las casi 100 empresas involucradas están también las brasileñas Andrade Gutierrez, OAS y Camargo Correa. La Fiscalía ya pidió a la Tesorería General de la Nación los pagos realizados a las empresas involucradas durante el período 2006/12 y luego analizará las licitaciones.

En Uruguay, el Congreso abrirá una comisión investigadora por irregularidades en la construcción de una planta gasificadora. La constructora OAS desarrolló varias obras en el país pero sus problemas la llevaron en abril del año pasado a pedir protección patrimonial y a incumplir su contrato con el consorcio gasífero GNLS, que actualmente está paralizada. El diputado nacionalista, Pablo Abdala, ha denunciado que, tras la rescisión del contrato de OAS por parte de GNLS, la firma brasileña incumplió pagos, a su vez, con 380 empresas uruguayas por más de US$23 millones. OAS quedó debiendo dinero a constructoras, empresas de telefonía celular, imprentas y agencias de viajes. “Se fueron sin pagar las comunicaciones celulares”, dijo el diputado.

El escándalo de corrupción vinculado a Petrobras también envuelve a otras grandes constructoras además de OAS, como Camargo Correa y Odebrecht. Esta última habría pagado en 2009 y 2010 sobornos al ex secretario de Transporte de Argentina, Ricardo Jaime, por adjudicarse obras ferroviarias en las cercanías de Buenos Aires. 

En Chile también se ha destapado un escándalo de corrupción. El diario La Tercera, afirmó el 11 de julio que el ex director de Asuntos Internacionales de la constructora OAS, Augusto César Ferreira e Uzeda, reconoció que el jet privado que utilizó el político izquierdista y al candidato antisistema a la presidencia Marco Enríquez-Ominami (durante la campaña electoral de 2013) pertenecía a la empresa brasileña OAS. La gravedad de este acto es que la ley electoral chilena prohíbe expresamente donaciones extranjeras a campañas políticas. Además, según El País de España, “el Ministerio Público indaga el pago de alrededor de medio millón de dólares de SQM a una sociedad vinculada a la campaña del exdiputado.”

Como señaló la columnista de Veja, el mayor semanario brasileño, Joice Hasselman, el Petrolao es más que un caso de corrupción ordinaria; es un intento de corromper la democracia. El esquema es el peor y más peligroso tipo de corrupción que existe, porque va más allá de llenar los bolsillos de los corruptos. Por un lado los corruptos (funcionarios) y los corruptores (empresarios) trabajan en conjunto para beneficiarse, pero el dinero de la corrupción va a los partidos, financia sus campañas y la compra las voluntades ciudadanas. “Eso es un ataque directo a la democracia”, señala. Y es cierto. La democracia de Brasil y de varios países de Sudamérica está a prueba.

Lamentablemente los políticos están perdiendo legitimidad. Esperamos que esta sea la oportunidad para limpiar las casas de todos los países implicados en el mayor escándalo de la historia de Latinoamérica, empezando por supuesto, por el malévolo diseño corruptor de la izquierda de Brasil y sus soberbias empresas constructoras. 

Lampadia

El quinto componente de nuestras propuestas para reducir la conflictividad anti minera, esfuerzo desarrollado con colaboración de Sebastiao Mendonça Ferreira, del Centro Wiñaq, se circunscribe al rol del Estado, el actor más importante de todos, pues está facultado para crear y modificar las reglas con las que deben actuar los demás y a ejercer el monopolio de la violencia en defensa del conjunto de la sociedad.

Después de la caída de la inversión privada y del crecimiento de la economía, coincidente con la parálisis de la inversión en minería y, habiendo vivido previamente lo contrario, alta inversión privada en minería y otros sectores, y un período largo de alto crecimiento económico, está muy claro el aporte de la inversión minera al conjunto de la sociedad y al desarrollo integral. Desafortunadamente, se ha dado mucho espacio mediático y político, así como el disfrute de la impunidad, a los grupos y cúpulas promotoras de la conflictividad minera, que han logrado confundir a buena parte de la sociedad, haciendo pensar que sus motivaciones son de carácter social y ambiental y, no políticas, ideológicas y simples mecanismos de captura del poder.

La debilidad de nuestras instituciones políticas, gremiales, académicas y mediáticas, ha permitido que los anti mineros hayan convertido los mitos anti mineros en una suerte de ‘breviario’ de lo políticamente correcto.

Estamos a días del inicio de un nuevo gobierno que tiene entre sus objetivos, la reactivación de la economía. Esto solo se podrá lograr echando a andar los grandes proyectos productivos y de infraestructuras paralizados, pues su impacto en la economía y en los muy necesarios recursos fiscales, es más rápido que el desarrollo de nuevas aventuras.

A continuación presentamos algunos lineamientos sobre el rol del Estado en la conflictividad minera. Ver los cuatro capítulos anteriores en Lampadia, Recursos Naturales y Desarrollo.

El Estado en la Reducción de la Conflictividad

Ideas para estimular un debate

Sebastiao Mendonca Ferreira

Centro Wiñaq

Una expectativa de gran parte de la población es que el nuevo gobierno tenga la voluntad política y la inteligencia para llevar a cabo la reactivación de la minería, pues su  reactivación podría dinamizar nuevamente el conjunto de la economía.

Sucede que la reactivación de la minería no será solo una cuestión de promover inversiones sino de tener la capacidad de prevenir la conflictividad social que se ha incrementado alrededor de algunos proyectos: Xtrata, Las Bambas, Conga, Tía María, etc. El gobierno saliente fracasó rotundamente en el intento de reducir la conflictividad, sacrificando miles de millones de dólares de inversión y de impuestos, y muchos miles de empleos productivos. Si este gobierno no lo hace mejor, irá por el mismo camino de su antecesor. Nuestra intención es contribuir a que esta decepción no se repita.

Marco conceptual

Como ya hemos explicado en artículos previos, los cuatro actores que determinan el grado de conflictividad social de la actividad minera son (1) las Empresas Mineras, (2) las Sociedades Locales, (3) los Anti-mineros y (4) la Institucionalidad pública/Estado. De esos actores, el Estado es el más importante porque es el que puede modificar las reglas del juego y las condiciones institucionales dentro de las cuales actúan los demás actores.

La minería, igual que el petróleo, en los años de altos precios de los commodities, como los hemos tenido hasta hace poco tiempo, genera grandes cantidades de rentas, y la disputa por esas rentas es la principal razón de la conflictividad minera. Esto contradice la aparente causalidad de los temas sociales y ambientales, que son en su mayor parte la plataforma para la búsqueda de rentas.

La conflictividad minera es un problema tan serio que para muchos de los países africanos y algunos latinoamericanos la abundancia de recursos naturales ha resultado siendo una maldición (Congo, Sierra Leona, Venezuela, etc.). El célebre economista Jeffrey Sachs llega a creer que esa maldición es inevitable.[i] Nosotros no compartimos esa opinión, y creemos que podemos hacer que los recursos naturales sirvan para promover y financiar el desarrollo sostenible. Todo depende de cuan bien se hagan las cosas, como es el caso de Botsuana, Noruega, Polonia, Chile, y muchos otros.

Los estudios de Paul Collier, de Oxford University, realizados en decenas de países y por 40 años consecutivos, concluyeron que los conflictos extractivos ocurren en aquellos países donde las instituciones crean condiciones favorables para la conflictividad, y los conflictos son más violentos en los países en que las instituciones son más precarias. Ello significa que, de los 4 factores de la conflictividad explicados arriba, el marco institucional es el más importante. De ahí el rol preponderante del Estado.[ii]

Daron Acemoglu ha estudiado el rol de las instituciones en el desarrollo o estancamiento económico de los países y ha identificado cómo el poder político y las instituciones inciden sobre el desempeño de las empresas y de las economías. Él ha desarrollado un enfoque teórico que representamos gráficamente en el cuadro de más abajo.[iii]

En el caso del Perú, los anti-mineros han aprendido a utilizar los conflictos para acumular poder político tanto “de facto” (control social, político y mediático en zonas mineras) como “de jure” (congresistas, alcaldes y gobernadores), y con ello neutralizan el funcionamiento de las instituciones públicas que viabilizan y legitiman la actividad minera, a costo del desempeño económico del país. Su ambición es prohibir la minería moderna en las zonas suni y puna, justo donde está el 80% de las reservas de minerales metálicos del país.

Por ello, la reactivación de la minería no puede ser vista como resultado de una medida aislada, tipo bala de plata, sino como consecuencia de un conjunto de cambios en ese sistema institucional y político. La implicancia central es que el Estado tiene que actuar sobre las instituciones para cambiar los incentivos económicos y las relaciones de poder, y así neutralizar a los factores que hoy bloquean a la minería. 
La buena noticia es que con la elección del nuevo gobierno (pro economía de mercado), el poder político nacional “de jure” debe ser favorable al mejoramiento del desempeño económico del país. El problema es que los anti-mineros tienen parte del poder político “de jure,” en el congreso con miembros claramente hostiles a la minería y también parte del poder político “de facto:” opinión pública, organización política, medios de comunicación, etc., y son fuertes en las regiones mineras. Nacionalmente los anti-mineros son largamente minoritarios, pero en algunas localidades mineras ellos sí son predominantes. En esas zonas van ocurrir los problemas sociales en los próximos años, pues la conflictividad minera se desarrolla justo en el desequilibrio entre el poder nacional y los poderes locales.

Las Condiciones para la Conflictividad

En el caso peruano, la conflictividad minera es viabilizada por nueve factores agrupados en tres bloques principales: (a) deficiencias institucionales, (b) poder político de los anti-mineros, (c) el clima social en las zonas mineras.

Deficiencias Institucionales

1. La incapacidad del Estado para hacer respetar la ley en las zonas mineras. Esta debilidad del Estado genera un clima de inseguridad generalizado y hace posible que la violencia y la coerción sea parte de las prácticas diarias de las organizaciones que promueven el conflicto. Esta debilidad del Estado es la condición principal para los actos de violencia y los muertos que tanto benefician a los anti-mineros. El Estado debe recuperar el monopolio de la fuerza y hacer uso legítimo del mismo.

2. La falta de legitimidad de las instituciones públicas que norman y supervisan la actividad minera. Sin referencia institucional creíble, la población local no sabe en quién creer, y se vuelve presa fácil de la narrativa de los anti-mineros y de sus campañas en contra las empresas mineras y las instituciones públicas. 

3. La fragmentación de la institucionalidad jurídica, generando una especie de vacío jurídico que refuerza la impunidad para impedir las actividades económicas, para la destrucción de la propiedad y para la realización de acciones violentas. A diferencia de los países desarrollados, aquí en el Perú autores de actos violentos y criminales terminan impunes y muchos de ellos llegan a ser declarados héroes locales. El paulatino avance de la Justicia Intercultural impulsa esta fragmentación jurídica.

Poder político de los anti-mineros

4. La narrativa anti-minera presenta una versión maniquea de la realidad en que ellos son los buenos (defensores del medio-ambiente y de la población local) frente a los malos (las empresas mineras), cubriéndose de un manto de buena intención y moralidad y ocultando sus reales intereses económicos y políticos (autoritarios). Una parte significativa de la población peruana esta bajo la influencia de esa narrativa.

5. Hegemonía mediática, vía el control de los medios de comunicación y del flujo de mensajes que llegan a la población en la zonas mineras, especialmente las radios rurales, recurriendo en algunos casos a la amenaza y a la represión violenta de las voces discordantes del discurso anti-minero. Este es un mecanismo fundamental para el influenciar la mentalidad de la población local y la propagación de rumores.

6. El desvío de recursos locales o externos. Los grupos anti-mineros siempre obtienen recursos para financiar la conflictividad, y para beneficiar a sus líderes y activistas. Su fuente principal de recursos es el desvío del presupuesto público y del canon minero (municipalidades, Gobiernos Regionales, etc.) pero también reciben fondos de sectores radicalizados y/o desinformados de la cooperación internacional. 

Clima Social

7. Disputa de rentas. En amplios sectores de la población persiste el sentimiento de que la minería es una fuente de rentas que sólo es posible apropiarse por medio del conflicto. Si la población no visualiza una relación positiva de colaboración con la minería (desarrollo compartido), se generaliza en la población la disputa de rentas por medio del conflicto. En esas condiciones los anti-mineros florecen.

8. La polarización social hostil a la minería que divide la sociedad en dos bandos (los buenos versus los malos), que neutraliza a los sectores medios urbanos (intelectuales, empresarios, profesionales, instituciones, etc.), y genera condiciones para hacer socialmente dominante la narrativa hostil a la minería. La polarización social es un mecanismo de acumulación de fuerzas muy usado por los anti-mineros y les sirve para neutralizar a sus rivales.

9. Temores y sentimientos de agravio de la población local. Los problemas de afectación del agua en comunidades cercanas, la existencia de pasivos mineros, la pérdida de posición social relativa de parte de las élites locales, el incremento de los precios locales, los accidentes ambientales, etc., agudizados por la propaganda anti-minera, generan un clima de temor y malestar hacia la minería. Estos sentimientos son exacerbados para generar la polarización social hostil hacia la minería y permitir a los anti-mineros posicionar su narrativa como los defensores de la población local.

¿Qué hacer? El rol del estado.

Esos tres grupos de condiciones que estimulan la conflictividad están inter-ligados. Es decir, solo pueden ser superadas efectivamente si se abordan conjuntamente.

En forma muy resumida presentamos algunos de los componentes de las respuestas.

1. Una apuesta por el desarrollo regional y no por la conflictividad: El nuevo gobierno debe elaborar cuidadosamente los lineamientos de una propuesta de desarrollo regional que tenga a la minería como motor económico, y el canon como el gran financiador del desarrollo regional, apoyado por inversiones del gobierno nacional. Esta propuesta debe movilizar las capacidades productivas y empresariales de las regiones de modo a generar un consenso regional pro-desarrollo. Esa propuesta debe contener un plan de inversiones públicas a llevarse acabo en base a las fuentes de recursos señaladas arriba. La población regional deberá sentirse dueña de dicha propuesta en su región, y contar con mecanismos institucionales para fiscalizar a todos los actores: gobernantes locales, empresas mineras, gobiernos nacional y regional, e instituciones públicas respecto al cumplimiento estricto de los compromisos asumidos y el uso correcto de los recursos públicos. 

2. La vigencia de los derechos y del imperio de la ley en todo el territorio: El nuevo gobierno debe hacer una evaluación de la capacidad institucional del Estado para hacer cumplir la ley en todo el territorio, muy especialmente en las zonas con actividades mineras. Es fundamental que el uso de la violencia como recurso de presión política disminuya, que los reclamos de la población se canalicen vía las instituciones que les ofrece la democracia, y que los anti-mineros sean forzados a respetar las opiniones divergentes en el seno de la población local. Sin imperio de la ley en las zonas mineras no habrá reactivación de la minería y los recursos públicos que se apliquen en obras y proyectos serán desperdiciados. La estrategia del Estado hacia la violencia debe ser preventiva para reducir los costos sociales y políticos.

Nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo, que cuenta con la colaboración del Centro Wiñaq, se nutre de diversos artículos y ensayos para mostrar con rigurosidad la grave situación de parálisis de las inversiones mineras y otras, a la que nos ha llevado la práctica anti-minera.

La siguiente contribución de Sebastiao Mendonça Ferreira para Lampadia, corresponde a la segunda parte de los seis escritos que presentan nuestras propuestas para combatir la conflictividad anti-minera, desde la perspectiva de un enfoque estratégico y sistemático.

Para reducir la Conflictividad Minera (2)

Lo que deben hacer las Empresas Mineras (artículo 2 de 6)

Sebastiao Mendonça Ferreira

Centro Wiñaq

Como explicamos en el primer artículo de esta serie, la conflictividad que afecta la minería es resultado de la interacción directa de cuatro actores: (1) las empresas mineras, (2) la institucionalidad pública, (3) la sociedad local y regional, y (4) los grupos anti-mineros.[1] En este y en los próximos artículos vamos explicar qué deben hacer cada uno de esos actores, caso asuman una postura pro-desarrollo, para dar una perspectiva de futuro la una minería sostenible.

Comenzamos por la empresas pues creemos que ellas tienen responsabilidad en la presente situación de conflictividad, y que si corrigen su accionar, pueden obtener resultados altamente positivos para ellas mismas, para la población y para el país.

“En 1988, The Economist invitó al filósofo Karl Popper a escribir un artículo sobre la democracia. Este se publicó el 23 de abril de ese año y abogó por un sistema bipartidista.”

El Profesor Sir Karl Popper publicó su libro: “La sociedad abierta y sus enemigos” en 1945. Sin embargo, en el artículo que acaba de republicar The Economist y que compartimos líneas abajo, Popper se pregunta si su teoría central sobre la democracia (a la que no caracteriza como “el gobierno del pueblo”) había sido entendida.

El artículo de Popper pone en la mesa de debate, ideas muy sabias sobre algunos elementos fundamentales para tener mejores posibilidades de lograr esa esquiva democracia efectiva, en la que puedan confiar e identificarse todos los ciudadanos.

Las ideas fuerza más importantes que Karl Popper comparte es dicho artículo son:

• La pregunta fundacional de la democracia: ¿Quién debe gobernar? Cuya respuesta milenaria fue: “El Pueblo”, debe ser cambiada por: “¿Cómo debe estar constituido el Estado para que sea posible deshacerse de los malos gobernantes sin violencia y sin derramamiento de sangre?”.
• A pesar de las bonitas palabras que adornan las democracias, en ninguna parte gobierna efectivamente el pueblo.
• Popper postula el Estado de Derecho que establece la destitución pacífica de un gobierno por los votos de la mayoría.
• Gobiernan los gobernantes y desafortunadamente los burócratas, nuestros servidores civiles o nuestros ‘amos inciviles’, como los llamaba Winston Churchill, a quienes es difícil, si no imposible, hacer responsables de sus actos.
• La representación proporcional abre una brecha entre los intereses de los ciudadanos y los de los parlamentarios que responden a los partidos que representan antes que a la gente.
• Cada distrito electoral debe tener su representante directo y ser responsable de sus actos ante su base electoral.
• La representación proporcional lleva a la multiplicación del número de partidos y, así, los gobiernos de coaliciones se hacen inevitables.
• Un gobierno de coalición implica que los partidos pequeños ejerzan una influencia  desproporcionadamente grande y con frecuencia decisiva, tanto en la formación como en la disolución de un gobierno. Significa la dilución de las responsabilidades.
• Por lo tanto, se pierde la fuerza redentora del “día de elecciones como el Día del Juicio [político]”.
• Popper defiende el bipartidismo como un sistema que impulsa, de mejor manera, un proceso continuo de autocrítica. Dice que hay que luchar por el bipartidismo. “En la práctica, el bipartidismo promueve partidos más sensitivos, constantemente alertas y flexibles que el multipartidismo”.  
• Al poner al representante de la gente por encima de los lazos partidarios, aboga por la libertad del congresista de cambiar de partido.

Este aporte al pensamiento político nos llega en un muy buen momento, pues al estar en medio de un proceso electoral, nuestras percepciones sobre la calidad del parlamento están a flor de piel y, al inicio del próximo gobierno deberemos terminar el debate sobre la reforma política del Estado. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente leer y debatir las ideas de Karl Popper, que The Economist ha visto conveniente volver a publicar en estos días. (Ver también su versión original en inglés: Karl Popper on democracy).

Karl Popper sobre la democracia

Del archivo de The Economist: una nueva visita a la sociedad abierta y sus enemigos

The Economist

31 de enero de 2016

Traducido y glosado por Lampadia

Mi teoría de la democracia es muy sencilla y muy fácil de comprender para cualquiera. Pero su problema fundamental es que es tan diferente de la teoría original de democracia que todos dan por entendida, que pareciera que esta diferencia no ha sido comprendida.

Este artículo se divide en tres partes. La primera establece lo que se puede llamar la teoría clásica de la democracia: la teoría del gobierno del pueblo. La segunda es un resumen de mi más realista teoría. La tercera reúne algunas aplicaciones prácticas de mi teoría, como la respuesta a la pregunta: “¿Qué diferencia práctica trae la nueva teoría?”.

La teoría clásica

La teoría clásica dice que la democracia es el gobierno del pueblo y que el pueblo tiene derecho a gobernar. Para fundamentar esto, se han dado varias razones; pero no las voy a revisar acá, más bien examinaré algunos antecedentes históricos de la misma.

Platón fue el primer teórico que hizo distinciones entre las distintas formas de la Ciudad-Nación. Él distinguía entre: 1) monarquía, el gobierno de un hombre bueno y la tiranía, una  forma distorsionada de la monarquía; 2) aristocracia, el gobierno de unos cuantos hombres buenos y la oligarquía, una forma de distorsión de la monarquía; 3) democracia, el gobierno de los muchos, de todo el pueblo. La democracia no tenía dos formas, pues los muchos siempre formaban el populacho, de modo que la democracia era una distorsión en sí misma.

Desde Platón a Karl Marx y más allá, el problema fundamental era y sigue siendo el siguiente: ¿quién debe gobernar un Estado? (Y uno de los principales puntos en que hago hincapié es que el problema así planteado, debe ser sustituido por otro totalmente diferente.) La respuesta de Platón era simple e ingenua: deben gobernar “los mejores”. Si es posible, solo los mejores de todos. La siguiente opción sería: los pocos mejores, los aristócratas. Pero ciertamente no los muchos, el populacho, el demos (pueblo).

Antes de Platón la práctica era la contraria: el que debía gobernar era el pueblo o demos. Todas las decisiones políticas importantes eran tomadas por la asamblea plenaria de los ciudadanos. Esto se llama hoy “democracia directa”.

Por lo tanto sabían que la votación popular podía conducir al error, aun en los asuntos más importantes. Los atenienses estaban en lo cierto: las decisiones tomadas democráticamente, y aun los poderes otorgados a un gobierno por sufragio popular, pueden ser erradas.

El principio de la legitimidad (en mi opinión, vicioso) desempeña un papel fundamental en gran parte de la historia europea. Mientras las legiones romanas eran poderosas, los Césares fundaban su poder en el siguiente principio: los ejércitos legitiman (por aclamación) al gobernante. Pero con la decadencia del Imperio, el problema de legitimación se volvió urgente y se amparó en los ‘Dioses-Césares’.

Para la siguiente generación, el monoteísmo cristiano constituiría la solución al problema. En adelante, el gobernante lo haría por la gracia de Dios, un Dios único y universal.

Así, en la Edad Media la respuesta a la pregunta “¿quién debe gobernar?” devino en el  principio: Dios es quien gobierna, y El gobierna a través de sus legítimos representantes humanos. Tal principio acabaría por enfrentarse, primero por la Reforma, y luego por la revolución inglesa de 1648-49 que proclamó el derecho divino del pueblo a gobernar, lo que devino en la dictadura de Oliver Cromwell.

A la muerte del dictador se regresó a la antigua forma de legitimidad y fue su violación por James II, lo que condujo a la “Gloriosa Revolución” de 1688 y al desarrollo de la democracia británica a través de un gradual fortalecimiento del poder parlamentario. La legitimidad de la monarquía no era ya un principio confiable y tampoco era el gobierno del pueblo.

Karl Marx seguía obsesionado con la pregunta de Platón, que él formulaba así: “¿quién debe gobernar?, ¿los buenos o los malos –los trabajadores o los capitalistas?” Y aun aquellos que rechazaban la existencia del propio Estado en nombre de la libertad, no podían sacudirse el peso de aquel viejo problema mal planteado, ya que se autodenominaban anarquistas, es decir, contrarios a toda forma de gobierno. Su fracasado intento por olvidar el “¿quién debe gobernar?” puede incluso despertar nuestra simpatía.

Una teoría más realista

En “The open society and its Enemies”, sugerí reconocer un problema totalmente nuevo como el fundamental de una teoría política racional: el nuevo problema ya no se formularía preguntando “¿quién debe gobernar?”, sino mediante una pregunta muy diferente: “¿Cómo debe estar constituido el Estado para que sea posible deshacerse de los malos gobernantes sin violencia y sin derramamiento de sangre?”

En contraste con el problema anterior, éste es uno más práctico –más aún; casi técnico. Y las llamadas democracias modernas son todos excelentes ejemplos de soluciones prácticas al nuevo problema, aun cuando no hayan sido diseñadas conscientemente así. En efecto, todas ellas adoptan lo que podríamos ver como la solución más sencilla: El principio de que el gobierno puede ser destituido por el voto de la mayoría.

En teoría esas democracias modernas siguen basadas en el viejo problema y en la completamente impráctica ideología de que el pueblo, la totalidad de la población adulta, es el que gobierna o debe gobernar por derecho propio como último y único legítimo gobernante. Pero en ninguna parte puede decirse que sea el pueblo el que verdaderamente gobierna. Los que gobiernan son los miembros de un gobierno, lo cual, desafortunadamente, incluye a los burócratas, nuestros servidores civiles o nuestros ‘amos inciviles’, como los llamaba Winston Churchill, a quienes es difícil, si no imposible, hacer responsables de sus actos.

¿Cuáles son las consecuencias de esta sencilla y práctica teoría de gobierno? Mi forma de plantear el problema y mi solución simple al mismo se centra en torno al Estado de Derecho que postula la destitución pacífica de un gobierno por los votos de la mayoría.

La mayor parte de las Constituciones requieren más que una votación mayoritaria cuando se intenta enmendar o cambiar por otra, alguna de sus propias provisiones; y, del mismo modo, exigen también, una mayoría “calificada” de dos tercios, y hasta de tres cuartos, para eventuales votos contra la democracia.

Todas esas dificultades teóricas pueden ser evitadas si dejamos de preguntarnos “¿quién debe gobernar?” y lo reemplazamos por el nuevo problema más práctico: ¿cómo evitar las situaciones en que un mal gobernante cause mucho daño? Cuando decimos que la mejor solución conocida es la de una Constitución que permite a una mayoría destituir a un gobierno, no estamos afirmando que la mayoría estará siempre acertada. Ni siquiera decimos que usualmente estará acertada. Solo decimos que este muy imperfecto proceso es lo mejor que se ha inventado hasta ahora. Winston Churchill decía bromeando, que la democracia es la peor forma de gobierno, con excepción de todas las demás conocidas.

Este es el meollo del asunto: cualquiera que haya vivido alguna vez bajo otra forma de gobierno –es decir, bajo una dictadura que no puede ser derrocada sin derramamiento de sangre-, sabrá que una democracia, imperfecta como es, merece que se luche por ella y –creo yo- hasta morir por ella.

Podemos basar toda nuestra teoría en que sólo hay dos alternativas conocidas: la dictadura o alguna forma de democracia. No basamos nuestra decisión en la bondad de la democracia, que puede ponerse en duda, sino únicamente en la maldad de una dictadura. Todo dictador, por benévolo que pueda ser, le robará a todos los demás sus responsabilidades.

La representación proporcional

La vieja teoría y la creencia de que el gobierno por el pueblo y para el pueblo constituye un derecho natural, o un derecho divino, son las bases de los argumentos que se esgrimen a favor de la representación proporcional. Porque si el pueblo gobierna a través de sus representantes, y lo hace por mayoría de votos, es de suponer que la distribución numérica de la opinión entre esos representantes sea el más fiel reflejo posible de la que prevalece entre aquellos que son la fuente misma del poder legitimado por sus votos: el pueblo.

Este argumento se viene abajo cuando uno descarta la vieja teoría y puede así advertir en forma desapasionada, y sin demasiados prejuicios, cuáles son las inevitables (y seguramente no buscadas) consecuencias de la representación proporcional. Y éstas son devastadoras.

En primer lugar, la representación proporcional confiere a los partidos políticos, así sea tan sólo indirectamente, una categoría política que de otro modo no habrían podido alcanzar. Porque yo no puedo ya escoger a una persona en la que confío para que me represente: únicamente puedo escoger a un partido. Del mismo modo, aquellos que pueden representar a un partido son escogidos sólo por su partido. Y así como las personas y sus opiniones merecen siempre el mayor respeto, las opiniones adoptadas por los partidos (esos instrumentos típicos de promoción personal y búsqueda de poder, con todas las intrigas que ello implica) no pueden identificarse con las del común de los humanos: ellas son ideologías.

Cuando una constitución no estipula la representación proporcional, los partidos no necesitan ni ser mencionados. Ni necesitan tampoco que se les dé una categoría oficial. El electorado de cada distrito electoral hace llegar a la cámara a su representante particular. Que éste haya postulado por sí solo o que se una con otros para formar un partido, es asunto suyo, que en todo caso, deberá explicar y justificar ante su electorado.

Su deber es representar los intereses de toda la gente que representa, con lo mejor de sus habilidades. Esos intereses son, casi invariablemente, los del resto de los ciudadanos de su distrito y de la nación. Esos son los intereses que debe perseguir con todo su conocimiento. El es personalmente responsable ante las personas.

Este es el único deber y la única responsabilidad del representante y debe ser reconocida por la Constitución. Si el representante considera que además tiene algún deber con un partido político, esto debe obedecer únicamente a la creencia de que su conexión con tal partido le permite cumplir, mejor que sin ella, con su deber primordial. En consecuencia, también es su deber abandonar el partido, o establecer contacto con otro, cuando advierte que su deber primordial puede verse favorecido por cualquiera de esas dos medidas.

Todo esto desaparece cuando la Constitución de un Estado establece la representación proporcional. Pues en el sistema de representación proporcional el candidato busca su elección únicamente como representante de un partido. Si resulta elegido, será mayormente, si no únicamente, por pertenecer y representar a un partido. Su mayor lealtad debe ser ante su partido y su ideología; no a la gente (con excepción, tal vez, de los líderes del partido).

Por lo tanto, su deber nunca será votar contra su partido. Al contrario, se ve comprometido moralmente con el. Pero si se da el caso de que su conciencia no se acomode a la situación, debe renunciar, no sólo a su partido sino también al parlamento.

De hecho, el sistema dentro del cual resultó electo lo despoja de toda responsabilidad personal; lo transforma: de una persona que siente y piensa, a una máquina de votar –lo cual es para mí una razón suficiente para estar en contra de la representación proporcional, porque lo que necesitamos en política son individuos capaces de juzgar por sí mismos y que estén preparados para asumir responsabilidades personales.

Tales individuos son difíciles de encontrar dentro de un sistema de partidos, aun cuando las elecciones no impliquen representación proporcional. Aun no hemos encontrado como vivir sin partidos, aunque sería mejor que no tenerlos.

Una consecuencia inmediata de la representación proporcional es que tiende a aumentar el número de partidos existentes. A primera vista, tal cosa parecería deseable: más oportunidades, menos rigidez, más crítica y, por lo tanto, una mejor distribución de la influencia y del poder.

Sin embargo, esta primera impresión resulta totalmente equivocada. La existencia de varios partidos conduce, esencialmente, a hacer inevitable los gobiernos de coaliciones, lo que dificulta la formación de cualquier gobierno nuevo y la posibilidad de mantenerlo unido durante un tiempo razonable.

El gobierno de la minoría

Mientras que la representación proporcional se basa en la idea de que la influencia de un partido debe ser proporcional a su poder electoral, un gobierno de coalición permite, muy a menudo, que los partidos pequeños ejerzan una influencia desproporcionadamente grande y con frecuencia decisiva, tanto en la formación como en la disolución de un gobierno y por lo tanto, en todas sus decisiones. Y significa la dilución de las responsabilidades, ya que en un gobierno de coalición la responsabilidad de todos y de cada uno se ve reducida.

La representación proporcional, y la multiplicación de partidos que resulta de ella, puede tener un efecto negativo cuando se trata de decidir algo tan importante como la manera de proceder para deshacerse de un gobierno mediante la votación parlamentaria. Los electores tienden a esperar que ninguno de los partidos obtenga una mayoría absoluta. Con esa idea en mente, es difícil que voten contra cualquiera de ellos. Como resultado, el día de la votación, ningún partido se ve rechazado, ninguno inculpado. Por lo tanto, nadie ve el día de las elecciones como el Día del Juicio, como un día en que un gobierno responsable debe rendir cuentas de lo realizado y de lo omitido, de sus éxitos y de sus fracasos, como un día en que una oposición responsable tiene que dar a ese gobierno una respuesta crítica y tiene que señalarle los pasos que debería haber dado y por qué.

En tales circunstancias, la pérdida de 5% o 10% de los votos por uno u otro partido, no se ve como un veredicto acusador. La miran como una fluctuación temporal de su popularidad. Con el tiempo, la gente se va haciendo a la idea de que ninguno de los partidos políticos o sus líderes pueden considerarse responsables de decisiones que tal vez se vieron forzados a tomar por formar parte de un gobierno de coalición.

Desde el punto de vista de mi nueva teoría, el día de las elecciones debería ser el Día del Juicio. Como lo dijo Pericles hacia el año 430 A.C: “aunque sólo unos pocos puedan crear una política, todos estamos autorizados para enjuiciarla”. Por supuesto, nuestro juicio puede resultar erróneo, y a menudo lo es. Pero si hemos vivido un tiempo bajo el poder de un partido y hemos resentido sus consecuencias, estamos calificados –por lo menos en alguna medida- para enjuiciarlo.

Esto presume que el partido en el poder y sus líderes sean totalmente responsables de lo que hacen, lo cual, a su vez, presupone, necesariamente un gobierno de mayoría.

El sistema bipartidista

Para que un gobierno de mayoría sea posible, necesitamos algo que se aproxime a un sistema bipartidista como el de la Gran Bretaña o el de los Estados Unidos. Y como la representación proporcional hace difícil alcanzar aquella posibilidad, sugiero, en nombre de nuestro interés de establecer responsabilidades en el parlamento, que resistamos a la tentadora idea de que la democracia exige una representación proporcional. Deberíamos luchar entonces por un sistema bipartidista, o por algo que se le acerque, ya que dicho sistema alienta a ambos  partidos a vivir un continuo proceso de autocrítica.

Este punto de vista provoca con frecuencia, objeciones dignas de atención sobre el sistema. Por ejemplo: que “un sistema bipartidista limita la formación de otros partidos”. Correcto. Pero en el seno de los dos grandes partidos británicos y estadounidenses los cambios que se han dado han sido considerables. Esa limitación no implica, pues, falta de flexibilidad.

Lo que importa es que en el sistema bipartidista, el partido derrotado tiende a tomar en serio su fracaso electoral. Esto puede llevarlo a una reforma interna o a la revisión de sus metas, es decir, a una reforma ideológica. Si el partido sufre dos derrotas consecutivas, o acaso tres, la búsqueda de ideas nuevas puede alcanzar proporciones frenéticas –proceso sin duda saludable, y que suele darse aun cuando la pérdida de votos no sea muy grande.

En cambio, es muy poco probable que suceda lo mismo bajo un sistema de múltiples partidos y coaliciones. Tanto los líderes de los diferentes partidos como el electorado, sobre todo cuando la pérdida de votos no es considerable, tienden a tomar el cambio con bastante calma. Lo ven como parte del juego –ya que ninguno de los partidos ha asumido responsabilidades claras. Una democracia necesita partidos más responsivos; que estén, si es posible, constantemente en estado de alerta. De hecho, la tendencia a la autocrítica tras una derrota electoral es mucho más fuerte en los países con un sistema bipartidista que en aquellos donde hay múltiples partidos. Y, contrariamente a lo que a primera vista se piensa, los sistemas de dos partidos suelen ser más flexibles que los pluripartidistas.

Suele afirmarse: “la representación proporcional propicia la aparición de un nuevo partido. Y la mera existencia de un tercer partido puede contribuir notablemente a que mejore la actuación de dos partidos grandes”. Puede ser, ¿pero qué sucede si emergen cinco o seis partidos? Como hemos visto, un partido pequeño puede alcanzar un poder totalmente desproporcionado si está en condiciones de decidir con cuál de los dos grandes puede aliarse para formar un gobierno de coalición.

Y se afirma también: “Un sistema bipartidista es incompatible con la idea de una sociedad abierta –con la apertura de nuevas ideas y con la idea de pluralismo”. Respuesta: tanto la Gran Bretaña como los EEUU están abiertos a nuevas ideas. Una apertura total sería autodestructiva, tal como sería una libertad total. La apertura cultural y política son dos cosas distintas.

Por último, mucho más importante que abrir cada día más el debate político, puede ser la adopción de una actitud adecuada hacia el Día del Juicio [político]. Lampadia

Comentario de Lampadia

Probablemente Singapur ha sido el país más exitoso del mundo durante los últimos 50 años. Hace pocos meses ha celebrado su cincuentenario, solo meses después del fallecimiento de su fundador y líder, Lee Kuan Yew.

Como hemos difundido en publicaciones anteriores, Lee Kuan Yew (maestro de Deng Xiaoping de China) dirigió un Estado bastante autoritario, pero además de alcanzar un éxito económico y social espectacular, Singapur logró ser uno de los países más ordenado y con menos corrupción del mundo. Uno de sus desarrollos más importantes ha sido el establecimiento de la meritocracia entre los funcionarios públicos. Ver en Lampadia: 10 razones que explican el éxito de Singapur e Instalemos un Estado Meritocrático en el Perú.

El ejemplo de Singapur es muy importante para el Perú, especialmente en medio de un proceso electoral. Por ello, compartimos un artículo de Peter Schwartz sobre los retos de los próximos 50 años de Singapur. Interesante ver como un país tan exitoso se avoca a pensar en su futuro. (Schwartz es un líder global en pensamiento futurista y estrategia de negocios. Su libro “The Art of the Long View” fue pionero en la planificación por escenarios. Ha sido jefe de planeamiento de Royal Dutch/Shell).

¿Ciudad del mundo o del olvido?

Escrito por Peter Schwartz

Publicado en el libro: SG100? [100 años de Singapur]

Editado por Chua Mui Hoong.

Traducido y glosado por Lampadia

El Singapur de 2065 podría ser una capital mundial de torres relucientes, talento creativo, mucho poder, influencia y riqueza; el centro más importante de una región de paz y prosperidad; y una inspiración para aquellos que sueñan con lo que se necesita para construir una mejor sociedad.

O, contrariamente, al 2065, Singapur podría ser una gloria ya desvanecida, no un mal lugar para vivir, pero con mejor pasado que futuro.

Hay una tercera posibilidad, la de una ciudad desarrollada con un crecimiento lento, pero eso  llevaría a la ciudad-estado hacia un declive lento pero inexorable.

¿Hacia dónde va Singapur? ¿Cuáles son las tendencias que marcarán sus posibilidades? ¿A qué debe aspirar en los próximos 50 años?

Como futurista, asociado por más de tres décadas con Singapur, he tenido el privilegio de mantener conversaciones periódicas con su primer Primer Ministro, Lee Kuan Yew, e intercambiar puntos de vista sobre hacia dónde se dirige el mundo. El éxito de Singapur se debe en gran medida a su liderazgo, convirtiéndose en uno de los más grandes líderes políticos y económicos del siglo 20. Murió en marzo del año pasado y el reto será sostener su legado.

Yo diría que Singapur se ha estado moviendo en la dirección correcta, manteniéndose abierto al talento e incentivando la innovación. La pregunta es si es que eso se puede sostener.

Desde su independencia en 1965, sus principales aspiraciones fueron la seguridad, estabilidad y prosperidad. Para el futuro, Singapur necesita tener sueños que continúen atrayendo al talento. Para que esos sueños se vuelvan realidad, tienen que unirse con las fuerzas motrices y el espíritu que dan forma a los nuevos tiempos, como lo hicieron durante su independencia.

¿Qué determinará si Singapur se convierte en una ciudad de nivel global o cae en el olvido? ¿Qué fuerzas moldearán su futuro? Algunas están fuera del control de su, como el equilibrio de poderes global y la estabilidad regional. Otros – como la calidad de la gobernanza o la capacidad para explotar nuevos conocimientos – están bajo el control de Singapur.

Fuerzas a largo plazo

Hay algunas fuerzas a largo plazo que son predecibles. La población no puede crecer mucho más, podría añadir alrededor de otro millón de personas, en su mayoría inmigrantes y sobre todo jóvenes. La población actual será inevitablemente mayor. Incluso si la mayoría siguen siendo sanos, fuertes y permanecen en la fuerza laboral por más tiempo, muchos serán tan mayores a mediados de siglo que aumentará considerablemente el nivel de dependencia. Al 2065, Singapur tiene que estar preparado para gestionar una población muy mayor y enferma  e invitar a jóvenes inmigrantes para sostener una población que envejece.

Como parte de mi trabajo con el Centro para los Futuros Estratégicos de la Oficina del Primer Ministro, estudié el impacto del cambio climático. La necesidad de adaptarse también es predecible. El clima será muy variable y aumentará el nivel del mar.

En cuanto a la energía, espero que la era de los combustibles fósiles ya haya terminado para el 2065. A menos que haya un gran avance en la energía renovable, Singapur será un país totalmente eléctrico, incluyendo los autos eléctricos, generados por la energía nuclear.

Incertidumbres por delante

Mientras algunas tendencias son predecibles, la mayoría son inciertas. La primera pregunta es si la economía va a ser capaz de sostener el crecimiento económico y si ese crecimiento será equitativo.

50 años de crecimiento lento todavía dejarían a Singapur increíblemente rico. Pero la creación de una vasta riqueza en manos de sólo unos pocos no será considerada como éxito.

Para que el crecimiento sea equitativo, tendrán que salir adelante nuevas industrias que empleen a un gran número de personas en trabajos de alto valor. Las personas necesitan ser entrenadas para llenar esos puestos de trabajo. No hay ninguna garantía de éxito en ambos retos.

La vieja economía industrial dará paso, inevitablemente, a una nueva economía basada en  ideas y habilidades en alta tecnología, salud, finanzas y turismo. Singapur está bien posicionado para tomar ventaja en los cuatro escenarios.

La incertidumbre más importante, bajo control de Singapur, es la continuación del éxito del sistema político y la gobernanza. Después del nacimiento de la nación, se cumplió con la visión de la primera mitad del siglo. ¿Podrá continuar así durante los segundos 50 años?

El éxito es el peor enemigo del cambio. ¿Por qué molestarse en cambiar cuando las cosas  funcionan? Pero es justamente ahí dónde se tiene más margen de maniobra y recursos para actuar. ¿Cómo debe hacer Singapur para no convertirse en una burocracia sofocante casada con el status quo? ¿Hará la burocracia espacio para los jóvenes ambiciosos? ¿Cómo puede el gobierno moverse y adaptarse al ritmo del mundo moderno? ¿Las iniciativas como la ‘Smart Nation’ de Singapur, será un modelo permanente del futuro gobierno? ¿El alto rendimiento y la casi ausencia completa de corrupción, lograrán sostener la legitimidad del sistema con su  pueblo?

Las respuestas a todas estas preguntas no están determinadas y serán hechas por la gente, la calidad de liderazgo y por eventos más allá de su control.

Las fuerzas más vitales y fuera de control de Singapur son la política y la economía de la región. La mayoría de las tendencias regionales en los últimos años han sido bastante positivas económica y políticamente. ¿Seguirán sus vecinos y socios, mejorando o recaerán en la incompetencia, la corrupción, la pobreza y la conflictividad? En el primer caso se dan las condiciones propicias para el éxito. El último escenario haría que sea muy difícil tener éxito.

En el peor de los casos, un gran conflicto que involucre a grandes países como China, Japón, India o Estados Unidos dañaría enormemente las perspectivas de la región y de Singapur. Por otro lado, el aumento de la integración y la coherencia puede inducir a todos a acelerar el crecimiento y la prosperidad.

La incertidumbre final es qué papel va a jugar Singapur en el mundo. Ya es un ejemplo de éxito para el desarrollo de muchas otras ciudades. Pero si se estanca y es atrapada por su propio éxito, su ejemplo se desvanecerá.

Si utiliza la plataforma de su éxito para aspirar a un papel aún más importante, entonces seguirá siendo un ejemplo brillante de cómo construir el éxito y seguir atrayendo el talento que necesita para sobresalir.

5 maneras de ser una capital mundial

Al 2065, el 80 por ciento de la población mundial vivirá en las ciudades.

Las ciudades están donde nacen las ideas, donde ocurre el crecimiento y donde se abordan los problemas. Entre las muchas grandes ciudades del planeta, solo unas pocas se destacan como las más importantes, incluso si no son las capitales de sus países. Estas incluyen Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Shanghai, Bombay y Sao Paulo. A ellas va el talento más brillante y es dónde se está creando el futuro.

En esta competencia entre ciudades, una ciudad-estado en la que escasea la tierra y no hay recursos minerales, no está en desventaja. Singapur puede competir con las mejores ciudades. ¿Cómo?

Singapur puede aspirar a una combinación de cinco objetivos para los que está bien posicionado. La medida del éxito no es cuántos puestos de trabajo son creados directamente. Más bien se trata de atraer el talento necesario para crear un ecosistema económico de constante evolución de nuevos sectores.

El mejor ejemplo de esto es el Bay Area de San Francisco, en el que vivo. El talento fluye y atrae aún más talento, conduciendo a una de las tasas de crecimiento más altas del mundo. Esto es en lo que Singapur ya se está convirtiendo y lo que necesita para seguir creciendo.

Una población que envejece a nivel mundial va a querer el acceso a la mejor atención médica del planeta. Singapur ya es un centro de salud para la región con rápido crecimiento en investigación y desarrollo.

Singapur también ha realizado importantes inversiones para ampliar sus capacidades en  educación e investigación. En una economía mundial impulsada por el talento y nuevas ideas, Singapur tiene el potencial de ser otro Silicon Valley, generando tanto investigación básica como las ideas que crean valor económico, nueva riqueza y estatus. No es difícil imaginar el día en que los singapurenses – o las personas que trabajan en Singapur – ganen premios Nobel y creen el próxima Intel o Google.

Muchas de las grandes ciudades del mundo son el hogar de instituciones globales como las Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud. El mundo necesita una Agencia de Protección Ambiental. Singapur podría ser su hogar.

Debido a su ubicación en el ecuador, Singapur es un lugar ideal para lanzar cohetes a órbitas terrestres. Al 2065, el costo de orbitar habrá caído drásticamente y más actividades económicas y turísticas se basarán en el lanzamiento orbital. Singapur podría ser un gran puerto espacial.

Finalmente, Singapur tiene una de las mejores organizaciones policiales, militares y de inteligencia de la región. Los problemas de seguridad seguirán siendo fundamentales para la estabilidad regional. El tamaño pequeño de Singapur le da la ventaja de ser considerado como ‘no amenazante’. Además, ya se le reconoce como especialmente competente.

Singapur podría dirigir nuevos esfuerzos de seguridad regional para hacer frente a la delincuencia y las tensiones interestatales. Lo peor que le puede pasar sería una guerra regional destructiva o un aumento dramático en el crimen. Su liderazgo en materia de seguridad podría ayudarlo a mitigar esos riesgos.

Al juntar todas estas fuerzas, es posible describir dos posibles futuros:

• Si Singapur no logra convertirse en la potencia económica de las nuevas industrias, si su Gobierno se vuelve esclerótico y corrupto, si la región es caótica y violenta y si se aspira a mantener sólo el status quo – entonces, al 2065, Singapur será una ciudad olvidada e irrelevante de la que saldrá talento, una nación en decadencia, con un poco de gracia.
• Si, por el contrario, tiene una transición exitosa a la economía de las ideas; si la vitalidad, la competencia y la legitimidad de su gobierno se mantienen; si la región es estable y próspera, entonces será una verdadera capital mundial, la ciudad del futuro en 2065.

La elección está en manos de la gente de Singapur. Lampadia

Lampadia: Importante análisis del nuevo mundo político de The Economist

El dominio estadounidense está siendo desafiado

Publicado en The Economist el 17 de octubre del 2015.

Traducido y glosado por Lampadia

Un continente separa los campos de batalla ensangrentados de Siria de los arrecifes y bancos de arena del mar del sur de China. De alguna manera, sin embargo, ambos lugares presencian el cambio en las relaciones entre las grandes potencias más significativo desde el colapso de la Unión Soviética.

En Siria, por primera vez desde la Guerra Fría, Rusia ha desplegado sus fuerzas lejos de casa para sofocar una revolución y apoyar a un régimen cliente. En las aguas entre Vietnam y Filipinas, América pronto indicará que no reconoce las reivindicaciones territoriales de China a través de una serie de afloramientos y arrecifes ejerciendo su derecho a navegar dentro del límite de las 12 millas marítimas que controla el estado soberano.

Durante los últimos 25 años, América ha dominado por completo la política de las grandes potencias. Ahora, cada vez más, vive en un mundo contestatario. El nuevo juego con Rusia y China que se está desarrollando en Siria y en el Mar del Sur de China, es una muestra de la lucha que viene.

Como siempre, esa lucha se libra parcialmente en términos de poder puro. Vladimir Putin ha intervenido en Siria para aplacar el yihadismo y para reforzar su propia posición en Rusia. Pero también intenta demostrar que, a diferencia de Estados Unidos, se puede confiar en que Rusia pueda resolver las cosas en el Medio Oriente y ganar amigos, por ejemplo, ofreciéndole a Irak una alternativa a los Estados Unidos.

La lucha es también sobre legitimidad. Putin quiere desacreditar a Estados Unidos en el cuidado del orden internacional. América sostiene que el descontento popular y los abusos de los derechos humanos del régimen sirio descalifican al presidente, Bashar al-Assad, para ejercer el poder. Putin quiere restarle importancia a los derechos humanos, que él ve como una licencia del Occidente para interferir en países soberanos, incluyendo a la propia Rusia.

El poder y la legitimidad no son objetivos menos importantes en el Mar del Sur de China, una vía por la que pasa gran parte del comercio marítimo mundial. Muchas de sus islas, arrecifes y bancos de arena son objeto de reclamaciones superpuestas. Sin embargo, China insiste en que su caso debe prevalecer y está imponiendo su propio ‘derecho’ mediante el uso de vertederos y colocando pistas de aterrizaje y guarniciones.

Esto es en parte del rápido crecimiento de la fuerza naval de China: está creando islas, solo porque puede. El ocuparlas encaja con su estrategia de dominar los mares más allá de sus costas. Hace veinte años, buques de guerra estadounidenses navegaron hasta allí en total impunidad; hoy se encuentran en aguas potencialmente hostiles. Sin embargo, también hay un principio en juego. América no tiene una opinión sobre quién es dueño de las islas, pero sí insiste en que China debe establecer sus derechos a través de negociaciones o arbitraje internacional. China está afirmando que en su región, ya sea en las disputas de la isla como en otras cosas, las reglas las ponen ellos.

[No olvidemos lo que comentó Kissinger en su último libro, ver en Lampadia: ‘El Orden Mundial de Henry Kissinger‘ el mandato histórico de China: “Que esta a cargo de todo lo que está debajo del Cielo”.]

No debería extrañarle a nadie que la preeminencia de Estados Unidos esté siendo disputada. Después del colapso soviético, la supremacía mundial absoluta de los Estados Unidos empezó a parecer normal. De hecho, su dominio alcanzó tal nivel sólo porque Rusia tambaleaba y China todavía estaba emergiendo del caos y depredaciones que tanto la habían afectado en el siglo 20. Incluso hoy en día, Estados Unidos sigue siendo el único país capaz de proyectar poder en todo el mundo. (Como hemos [The Economist] argumentado recientemente, su influencia sobre el sistema financiero sigue creciendo.) [Ver en Lampadia: El dólar como moneda de reserva se debilita sin sustiituos].

No obstante, existen razones para preocuparse. La reafirmación del poder ruso se traduce en problemas. Ya ha llevado a la anexión de Crimea y a la invasión del este de Ucrania – ambas infracciones del mismo derecho internacional que Putin dice sostener en Siria. Barack Obama, presidente de Estados Unidos, se consuela con la debilidad de la economía rusa y la emigración de algunos de sus mejores personas. Pero una ex superpotencia cargada de armas nucleares puede causar mucho daño.

Las relaciones entre China y Estados Unidos son más importantes y aún más difíciles de manejar. Por el bien de la paz y la prosperidad, los dos deben ser capaces de trabajar juntos. Y sin embargo, sus relaciones están, inevitablemente, plagadas de rivalidad y desconfianza. Debido a que cada transacción tiene un riesgo de convertirse en una prueba para ver quién manda, el antagonismo siempre está a flor de piel.

La política exterior estadounidense aún no se ha adaptado a este mundo. Durante los últimos tres presidentes, la política ha consistido principalmente la exportación de los valores estadounidenses, aunque, a los países receptores, a veces se siente como una imposición. La idea era que los países inevitablemente gravitarían hacia la democracia, los mercados y los derechos humanos. Los optimistas pensaban que incluso China se encaminaría en esa dirección.

Esa noción ha sufrido, por primera vez en Irak y Afganistán y ahora en el Medio Oriente. La liberación no ha traído estabilidad. La democracia no ha echado raíces. Parece que Obama ha llegado a la conclusión de que Estados Unidos debería retirarse. En Libia, dirigió desde atrás; en Siria se ha mantenido fuera del conflicto. Como resultado, ha cedido la iniciativa a Rusia en Oriente Medio por primera vez desde la década de 1970.

Todos aquellos que, como esta revista [The Economist], ven la democracia y los mercados como el camino a la paz y la prosperidad esperan que Estados Unidos esté más dispuesto a liderar. El deseo de Obama de que otros países compartan la responsabilidad del sistema de derecho internacional y los derechos humanos se desarrollará sólo si su país establece la agenda y toma la iniciativa, como lo hizo con el programa nuclear de Irán. El nuevo juego implicará una diplomacia dura y la aplicación ocasional de la fuerza.

Estados Unidos aún tiene recursos que carecen otras potencias. La más importante es su red de alianzas, incluida la OTAN. Mientras que Obama a veces se comporta como si las alianzas fueran transaccionales, éstas necesitan bases sólidas. El poder militar de Estados Unidos no tiene rival, pero se ve obstaculizado por la política que busca congraciarse con el electorado y los recortes automáticos establecidos por el Congreso. Estos surgen del mayor freno al liderazgo estadounidense: las políticas disfuncionales en Washington. Eso no es sólo una mala publicidad para la democracia; sino que también obstaculiza el interés de Estados Unidos. En el nuevo juego esto es algo que los Estados Unidos y el mundo no pueden permitirse. L

El gobierno, desde el Ejecutivo y el Parlamento, los políticos de oficio y los emergentes abrazan el populismo sin pudor, cada uno con sus propios colores para gran desconcierto de nuestros jóvenes emprendedores y de la clase media emergente, que evidentemente apuestan por la modernización del país y por un espacio de desarrollo personal y familiar que no reclama nada de las esferas del poder.

El Presidente de la República, parece querer terminar su mandato con el lenguaje de su candidatura previa al agiornamiento de la hoja de ruta. La semana pasada en Saposoa, San Martín, afirmó: “Hay intereses económicos a los que hemos golpeado, hay intereses subalternos y políticos a los que les hemos modificado la agenda, sus planes de seguir gobernando el país, seguir extrayendo y viviendo de la minería”. (Gestión, 16 de octubre 2015).extracción,minería

El pasado 25 de octubre, 2015, en Huánuco, dijo que su gobierno se ha distanciado “de los poderes económicos” y ha cumplido sus promesas electorales. “Si no les gusta a los de arriba, piña. (Esto) es lo que ofrecí y es lo que estoy haciendo (…) El Perú no se puede gobernar desde una oficina, entre cuatro paredes”, sostuvo. (Expreso, 25/10/2015).

“Probablemente, haya grupos económicos que están fastidiados con un gobierno nacionalista, pero fue lo que dije: yo voy a gobernar para los de abajo”. (La República, 25/10/2015).

“Este es un gobierno diferente. Hemos roto con el viejo esquema de poderes económicos que se reelegían con los gobiernos de turno para mantener el poder económico y seguir lucrando con las necesidades del pueblo. (…) El Partido Nacionalista es un movimiento plebeyo que entra desde abajo e insurge”. (La Razón, 25/10/2015).

Si así habla el Presidente, ¿qué le queda a los activistas anti-mineros?

Por otro lado, la mayoría de candidatos ‘grandes’ también se someten a los efluvios populistas. El caso más notorio e irresponsable es el de Keiko Fujimori. Después de haber apoyado la toma del Lote 192 por Petroperú, ahora se declara anti empresa: “Cuando han ocurrido los conflictos sociales, las empresas se han portado muy mal con la comunidad” (¡!) “Critico abiertamente [a las empresas] mientras los otros candidatos callan, porque finalmente son sus representantes”. “A mí no me interesa que el gran empresariado me respalde…”. (La Razón, 27/10/2015). Pues, ¡que no le den ni un centavo!

Lo mismo pasó con PPK, primero con la Ley ‘Pulpín’ y luego con el Lote 192. Escribe sobre la carretera central, pero no menciona el túnel transandino para no perder los votos de los camioneros. ¿No era el candidato del Perú racional?

En cuanto a los candidatos chicos, cada uno de los que saca la cabeza es para sumergirse en el populismo, como con Verónika Mendoza que quiere cambiar la Constitución, hacer zonificación territorial y todas las demás propuestas de la izquierda tradicional. Además, por supuesto, sigue defendiendo la dictadura venezolana.

Nano Guerra García dice: “No daría ninguna concesión en un área en que pueda haber un conflicto. (…) “Hay que revisar todas las concesiones mineras que hay en Perú. Con la importancia que tiene la minería, el 40% del PBI lo generamos las pymes. La minería no llega al 10%, pero nosotros no hacemos paros. No le tengo miedo al esquema de dar la propiedad del subsuelo a las comunidades. Podemos sacar del medio a este tercero que es el Estado y que negocien las empresas mineras directamente con propietarios y autoridades. (El Comercio).

Guzmán, el fallido outsider, cree que es suficiente que las pequeñas empresas puedan tener un mejor espacio de vida. “Los que ya nos gobernaron, creen en la política del chorreo”. Ve la economía desde una perspectiva estatal, no ha reparado que las medidas del Perú son 90-90-90 (90% del empleo, la inversión y los recursos fiscales, aproximadamente). Cree que se necesita un Zar del Estado para Gamarra, que no existiría si se hubiera nombrado.

La buena política tiene que hacer educación cívica. No podemos perder más tiempo con malos gobiernos, ni tener gobernantes que una vez en el poder tengan que cambiar su discurso y perder legitimidad. Lampadia