Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es hora de que la sociedad civil, el empresariado, la academia, exijan al Congreso la aprobación de la reforma constitucional que establece la bicameralidad, porque el asunto se está politizando en el mal sentido, con el riesgo de que este cambio tan importante no pueda materializarse. Se oponen las bancadas oficialistas, pero no con razones de fondo -que no existen- sino como una manera de levantar nuevamente la bandera de la asamblea constituyente.

Se argumenta que se está cambiando 52 artículos de la Carta Magna y que un cambio de esa magnitud tendría que ser aprobado con participación popular a través de una asamblea, lo que es una falacia por partida doble porque la mayor parte de esos 52 cambios consisten en sustituir la palabra Congreso por Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, y el Congreso representa precisamente al pueblo y la Constitución contiene en su artículo 206 el mecanismo para reformarse.

Un tema tan importante como la bicameralidad no puede estar sujeto a la lucha política. Hace meses que se le viene pidiendo a este congreso que aborde la reforma política a fin de que el próximo gobierno pueda desarrollarse dentro de un marco que asegure mayor gobernabilidad y estabilidad. Muchos expresaban la preocupación de que un cambio de gobierno y de congreso no asegura nada porque no hemos cambiado las reglas de juego, de modo que terminarían repitiéndose los mismos males, el mismo desgobierno, el mismo populismo, el mismo desvarío, la misma degradación institucional y económica.

La reforma de la bicameralidad es precisamente el primer paso para resolver ese problema, para contener la destrucción legislativa del Estado peruano y del crecimiento económico sostenible. Para producir leyes más responsables, más meditadas, más serias. De allí la necesidad de que la sociedad civil, que sufre los estragos de la política, exija el cambio.

Pongamos unos ejemplos recientes:

La ley que autoriza la adquisición de armas por parte de los comités de autodefensa. No vamos a entrar a discutir las razones a favor o en contra, si se trata de poner a esos comités que ya existen y tienen armas bajo el control de las fuerzas armadas, o si existe el riesgo de que se conviertan en pequeños ejércitos del crimen organizado. Simplemente hacer notar que, si hubiésemos tenido un Senado, esa ley se hubiese discutido con mucha mayor profundidad y se hubiese analizado con mucho más detalle sus pros y sus contras.

Si hubiésemos tenido un Senado, la ley SUNEDU quizá habría apuntado donde debe: a disminuir las sobrerregulaciones a las universidades privadas sin debilitar la institución y sin devolver a las universidades públicas al abandono del Estado en el que estaban dejándolas además sin recursos para mejorar sus estándares, como lamentablemente ha ocurrido.

Lo mismo con la ley que eliminó el régimen CAS: con un Senado la ley resultante habría acaso incorporado ese personal al régimen de la ley del servicio civil, afianzando así la aspiración nacional a una administración pública meritocrática, en lugar de acabar con toda esperanza de meritocracia estatal, como ha ocurrido.

Asimismo, con un Senado, la ley que consagró la negociación colectiva en el Estado como método para los aumentos de sueldo, le habría dado al Ministerio de Economía el rol de poner límites a los aumentos, para evitar la activación de bomba de tiempo fiscal que estallará tarde o temprano.

O los retiros de los fondos de pensiones no se habrían aprobado o habrían sido mucho más moderados, sin poner en peligro la subsistencia misma del sistema privado de pensiones como está ocurriendo, dejando para el futuro una contingencia fiscal también incalculable e inmanejable y destruyendo el ahorro nacional que por primera vez el Perú logró conquistar.

Con un Senado se hubiese podido apreciar mejor las consecuencias ulteriores de esas decisiones legislativas, que ahora ensombrecen el futuro del Perú. Por supuesto, hay otras reformas para mejorar la calidad de la representación y de los partidos políticos, para que la gente de valía regrese a los partidos y a la política, que deberían también aprobarse y están en agenda. El asunto es empezar a trabajar. La sociedad civil debe exigirlo. No abandonar la tarea para dejarla al azar de la historia. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Martín Vizcarra se salvó de la vacancia, pero ha quedado mellado en su credibilidad y eventuales nuevas revelaciones agravarían aún más su posición. De otro lado, tampoco parece probable que el Congreso enmiende la vorágine populista en lo arrastra desde hace meses. Un coctel que no hará sino agudizar la inestabilidad política y económica durante los próximos meses, fomentando un clima que puede favorecer opciones autoritarias, populistas o radicales en las elecciones del 2021, si es que el gobierno no toma la decisión de buscar una nueva relación con el Congreso que permita encausar las contingencias.

El Primer Ministro lo ha prometido: “tenderemos todos los puentes necesarios para establecer una comunicación abierta”, pero no se trata de formular declaraciones de buenos propósitos. Eso ya se ha hecho antes sin resultado alguno. Se trata de actuar, de cambiar la configuración política.

Una manera de hacerlo sería la que propuso Pablo Bustamante hace una semana en Lampadia: que se forme un nuevo gabinete presidido por un Primer Ministro independiente y empoderado que asuma la representación de los mejores valores de los peruanos, pidiéndole al Presidente que elija entre tres opciones puestas encima de la mesa por alguien que esté más allá del bien y el mal. Alguien como el Patriarca de la política peruana, Luis Bedoya Reyes.

Eso sería lo ideal. En su defecto, un Premier con esas características podría ser el resultado de unas conversaciones del presidente Vizcarra con los partidos y bancadas del Congreso para buscar un gabinete conversado, con el compromiso mutuo de construir una agenda legislativa conjunta para unir esfuerzos contra la pandemia y la depresión económica, y pacificar las relaciones entre ambos poderes. Es indispensable para salvar al país.

Salvo que el Primer Ministro Walter Martos sea capaz de realizar esa tarea: es decir, convocar al Congreso a reunirse para acordar la mencionada agenda legislativa, algo que hasta ahora ni siquiera ha propuesto pese a que, como hemos recordado tantas veces, es un mandato del artículo 29 de la ley del Reglamento del Congreso.  

Pequeñísima luz

Hay una pequeñísima luz que se ha prendido en las dos últimas votaciones clave del Congreso: la que rechazó la censura a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, y la que archivó la vacancia presidencial. En ambos casos, las bancas responsables fueron las mismas: Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Somos Perú y el partido Morado. La pregunta es si será posible consolidar ese bloque como interlocutor serio del Ejecutivo en el establecimiento de una agenda legislativa que pase de los proyectos populistas a aquellos necesarios para acelerar la recuperación económica y mejorar la gobernabilidad en el próximo periodo presidencial.

Ese es el bloque que debió asumir esa posición defensora de la salud económica del país desde el principio, en lugar de convertirse en furgón de cola de las bancadas populistas y radicales. Pero nunca es tarde para tomar conciencia.  

Agenda legislativa conjunta

¿Qué tipo de proyectos podría contener esa agenda legislativa conjunta? Sugerimos acá una lista:

1. Elección del Congreso junto con la segunda vuelta presidencial, para darle gobernabilidad al próximo presidente.
2. Eliminar el voto preferencial
3. Formar un Fideicomiso Ejecutivo con el canon no gastado por las Regiones, a fin de cerrar brechas sociales y económicas en el corredor minero y otras zonas.
4. Reorientar el presupuesto de Minagri y MIDIS hacia la instalación masiva de tecnologías de Sierra Productiva para soportar y aprovechar la mayor presión de los retornantes en el agro andino.
5. Eximir temporalmente a las pymes de cargas tributarias y laborales nacionales y municipales para que puedan recuperarse y contratar personal.
6. Reemplazar los distintos regímenes especiales tributarios y laborales por una sola escala gradual y progresiva en ambos casos (propuestas Cuba-Cooper), a fin de facilitar el crecimiento de los emprendimientos, la formalización y reducir la evasión.
7. Aprobar una legislación laboral inclusiva que permita contratar y formalizar reduciendo el costo de la formalidad, empezando por los proyectos contenidos en el Plan nacional de Competitividad.
8. Crear un programa intensivo de Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) de las normas en los principales sectores productivos, para reducir carga regulatoria inútil.
9. Facilitar y promover la generalización de las billeteras electrónicas.
10. Establecer un modelo de pagos en el SIS basado no en el pago por atenciones -que multiplica atenciones innecesarias y corrupción- sino por resultados (medicinas gratis y problemas de salud resueltos)

De alguna manera tenemos que salir de esta suerte de guerra civil entre Ejecutivo y Legislativo que está dividiendo escandalosamente al país en un momento sumamente grave que reclama la unidad de esfuerzos para derrotar al Covid y salir del profundo pozo económico en el que hemos caído. Lampadia

Oscar Urviola Hani
Expresidente del TC
Para Lampadia

El jueves 23 se ha publicado la sentencia, suscrita en mayoría, con cuatro votos a favor, que ha expedido el Tribunal Constitucional (TC) en el proceso competencial que interpuso el Congreso de la República, por intermedio del presidente de la Comisión Permanente Pedro Olaechea, en contra del Poder Ejecutivo, por la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones complementarias, como consecuencia de la cuestión de confianza presentada por el ex Presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar , cuya negativa fáctica fue  interpretada  por el presidente Vizcarra.

Como ya estaba cantado, la sentencia no se iba a pronunciar sobre el Decreto Supremo que disponía la disolución y sobre la convocatoria a elecciones complementarias. Ya en la admisibilidad de la demanda y en la resolución que rechaza la medida cautelar para dejar sin efecto la disolución y la convocatoria a elecciones, el TC había dicho que, en previsión de consecuencias negativas para el sistema democrático, este era un hecho consumado y que la convocatoria a elecciones era de competencia exclusiva del Jurado Nacional de Elecciones, cuya autonomía había sido declarada y reconocida por el TC en reiterada jurisprudencia.

Al TC le quedaba pronunciarse sobre algo verdaderamente relevante para perfeccionar el sistema democrático: La Cuestión de Confianza y su vinculación a competencias exclusivas del Congreso de la República; la Interpretación fáctica de la negativa de una cuestión de confianza y finalmente las formalidades que se deben observar para su aprobación a negación. De este pronunciamiento dependía calificar si el 30 de septiembre se había cometido o no una violación constitucional.

La ponencia del Magistrado Carlos Ramos Núñez, conocida oficialmente con anticipación, por una decisión acertada del pleno, que hemos ponderado, proponía declarar infundada la demanda, luego de un amplia exposición de antecedentes históricos, pero  carente de pronunciamiento para establecer criterios que permitan, a futuro, regular  las relaciones del ejecutivo y el legislativo, en especial sobre instituciones como la cuestión de confianza, para una correcta interpretación y aplicación, considerando el particular modelo de gobierno presidencialista parlamentarizado que hemos escogido.

El debate y la votación, que acertadamente también han sido públicos, nos han permitido conocer las posiciones de los magistrados que integran el pleno y, contrariamente a los que se especulaba sobre un debate en varias sesiones, la votación se produjo en la primera, lo que nos permite comparar los argumentos de los 4  magistrados que hacen sentencia, con el documento final que se publica, encontrando novedades que no se han expuesto en el debate y que pueden haber surgido en la tarea de redacción de la sentencia – lo cual es habitual y permitido – nos referimos a los fundamentos 185 y 204, en los que,  casi como un acto de arrepentimiento en la hora final, los firmantes se acuerdan que, pese a declarar infundada la demanda,  era necesario fijar presupuestos sobre la improcedencia de la cuestión de confianza, algo así como candados para el futuro.

El TC, señala en el fundamento 184, que la presentación de un proyecto de ley para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en lo relacionado al procedimiento para la selección de sus magistrados, se encuentra dentro del ámbito de las competencias del Poder Ejecutivo, por tratarse de un asunto de un marcado interés nacional y que, por lo tanto, no configura una violación constitucional.

No obstante lo cual, en los fundamentos 185 al 204, que no forman parte de la ponencia, establece, a manera de candados, lo siguiente:

“Distinto sería el escenario si es que el planteamiento de la cuestión de confianza fuera sobre materias que comprometan el principio de separación de poderes, y, con ello, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Para este Tribunal, estos supuestos, sin ánimo de exhaustividad, son los siguientes:

1. que el planteamiento de la cuestión de confianza esté relacionado con la supresión de la esencia de alguna cláusula de intangibilidad de la Constitución (forma de gobierno republicana y representativa; principio de separación de poderes, cláusula de Estado de Derecho, principio democrático, protección de los derechos fundamentales, etc.);
2. que el planteamiento de la cuestión de confianza se relacione con el condicionamiento del sentido de alguna decisión que, de conformidad con la Constitución, sea competencia de otro órgano estatal; y,
3. que el planteamiento de la cuestión de confianza, en el caso de proyectos de ley, no se realice respecto de materias que permitan concretar u operativizar las propuestas planteadas por el gobierno o que carezcan de un marcado interés público”

Destaco los votos singulares de los Magistrados Blume Fortini, Ferrero Costa y Sardón de Taboada, que declaran fundada la demanda y además se pronuncian sobre los límites de la cuestión de confianza y la famosa interpretación “fáctica” que no existe en nuestro ordenamiento constitucional.

El TC, con este colegiado o el que lo sustituya, tiene una tarea pendiente muy importante, que consiste en cerrar las puertas que han quedado medias abiertas o medias cerradas y con llave maestra que abre todos los candados, la estabilidad del sistema democrático y la plena vigencia del orden constitucional así lo exigen. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Para que una nación pueda desarrollarse adecuadamente, es fundamental que todos sus ciudadanos (y las autoridades no son de una especie diferente) respetemos la institucionalidad.

Nuestra Constitución establece que contamos con tres Poderes del Estado; el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Adicionalmente contamos con organismos con rango constitucional y funciones específicas. Si bien las instituciones a que nos queremos referir no son sólo las mencionadas, es importante este ejercicio descriptivo para que todos podamos comprender que cada quien tiene sus fueros, funciones establecidas, responsabilidades y forma de interrelacionarse.

Nuestra estructura de poderes se asemeja mucho, en el fondo, a las establecidas alrededor del mundo y el respeto a tal estructura y a las relaciones que debe darse entre ellas, se le denomina institucionalidad.

En cualquier institución es fundamental tener claro qué debe hacer, pero lo más importante es que sus miembros tengan más claro; qué NO debe hacer y así concentrar sus esfuerzos para el logro de sus objetivos.

Por ejemplo, el Poder Judicial tiene sus responsabilidades con una mirada enfocada en el pasado. A partir del trabajo, seriedad y probidad con la que sus miembros, jueces y fiscales se conduzcan, generarán no sólo un efecto punitivo y correctivo a los ciudadanos que hayan delinquido, sino que sus investigaciones, acusaciones y sentencias, generarán un impacto educativo en la ciudadanía y conciencia colectiva de la Nación. Por eso es tan importante que sus miembros sean de la mejor calidad moral y preparación profesional. Es universal el concepto que, a los fiscales se les conoce por la calidad de sus investigaciones, la solidez de sus acusaciones y, a consecuencia de estas, por el número de sentencias logradas. Del mismo modo, a los jueces se les conoce por la debida y equilibrada evaluación de las pruebas y la justa aplicación de la ley. De ahí que se repite que; ¡un Juez habla a través de sus sentencias!

Lo inadecuado es que fiscales y jueces se expongan mediáticamente, filtren información, discutan los casos a su cargo con los periodistas y pretendan jugar un rol político. Lo peor es que lo dicho anteriormente ha dado pie a “periodistas”, con apoyo de dueños de medios, a influir con sus comentarios en la opinión pública, para luego hacer pequeñas encuestas que, oh cosa curiosa, van en la dirección de lo reiterado por los comentaristas, para finalmente presionar a los tribunales en uno u otro sentido en sus sentencias. Más criticable aún, si los miembros del Ejecutivo y del Legislativo hacen de su comidilla con los “periodistas”, una inadecuada generación de corriente de opinión política sobre un caso judicial. Claro ejemplo de lo que NO se debe hacer. No es casualidad que en países desarrollados esté ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO grabar, tomar fotos y menos filmar los juicios, cosa que en el Perú es práctica común y parece cosa de gracia.

El poder Legislativo cuyas funciones son; representar, legislar y fiscalizar, tiene la obligación de respetar y hacer respetar sus fueros. Los legisladores deben, entre otras cosas, estudiar seria y profundamente las oportunidades de mejora de la Nación en su conjunto y de los distintos grupos de interés de la sociedad. Plantear iniciativas legislativas que promuevan el crecimiento de nuestro país y la posibilidad de mejora de los ciudadanos con menores oportunidades; cerrando brechas de infraestructura para mejorar la salud, educación, seguridad e impartir justicia.

El poder Legislativo debe también fiscalizar al Ejecutivo en el manejo de los recursos; económicos, humanos y logro de resultados. Los legisladores deben actuar como un Directorio que verifique una adecuada ejecución de los planes y logro de los objetivos planteados, aplicación correcta y oportuna de los recursos económicos bajo estrictas normas legales, morales y éticas. Pero lo que NO debe hacer, es dedicarse a investigaciones que pretendieran competir con las atribuciones propias del sistema judicial. La fiscalización que les corresponde es la de la conducción del país y no la fiscal-policial, pero claro, eso no da cámaras ni notas periodísticas.

Mención especial merece la situación anómala que vive el Perú desde que se disolvió el Congreso y quedó en funciones la Comisión Permanente del Congreso. De un lado por el ATREVIMIENTO del Ejecutivo de “ningunear” a la Comisión Permanente, como si nosotros los ciudadanos y nuestros representantes hubiéramos dejado de existir y no tuviésemos nada que opinar respecto de los actos del Ejecutivo. Pero, no menos grave es la posición asumida por los miembros de la Comisión Permanente, de no analizar los “Decretos de Urgencia” aprobados por el Ejecutivo y discutirlos y ventilarlos ante la opinión pública, para que todos seamos conscientes de lo que este Ejecutivo está haciendo.

Si además incluimos el mamarracho de reforma política que se trata de introducir, después de una campaña de destrucción de la imagen de la clase política (como si los del ejecutivo no fueran parte) y del Congreso durante un año y medio, hasta su disolución. No nos sorprendamos hoy del absoluto desinterés de la ciudadanía por estas tontas elecciones congresales.

El poder Ejecutivo por su parte, tiene fundamentalmente la responsabilidad de fijar los objetivos nacionales y planes de ejecución para el periodo de su mandato y llevar a cabo tal ejecución, con reporte periódico del avance del plan. Ya se ha dicho que, “un objetivo sin un plan es sólo una ilusión” y debe ser medible para poder controlar su avance. Sin lo anterior es imposible premiar o sancionar a los responsables.

¡Aquí tenemos otro vacío de institucionalidad! El presidente se ha paseado por meses pechando al Legislativo, mientras lo tuvo al frente, y está tratando de construir, vía elecciones convocadas, un Congreso más débil, pusilánime y obsecuente que el anterior. Tiene embobada a la población, que aún no se da cuenta que la han utilizado como a un niño cuando le muestran y ocultan las figuritas. El presidente no ha fijado objetivos de su gobierno, no ha diseñado un plan para ejecutarlo y menos ha fijado un cronograma de ejecución para rendir cuentas…, al punto que, al final del año 2019 ha reducido el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), para reducir la meta de inversión pública y no quedar tan en ridículo por su incapacidad para ejecutar los proyectos públicos (su tarea principal) que tanta falta hacen a los más pobres del Perú. Hasta la fecha lo único que ha hecho es criticar al Legislativo y al Judicial; a los primeros por “obstruccionistas”, como si, por ejemplo, la no reconstrucción con cambios del norte, tras casi tres años del evento les fuera atribuible, o al Judicial politizando la labor de jueces y fiscales.

Más lamentable aún es que no hayamos sido capaces de avanzar en estos años, ni siquiera con la fijación de objetivos para un progreso económico que permita asegurar que seguiremos reduciendo pobreza a nuestro ritmo potencial. No hemos sido capaces de generar confianza en los agentes económicos, para atraerlos al Perú, aprovechando la debilidad de los demás países del continente. El mensaje auto-complaciente ha sido, en cambio, el denominador común desde el inicio del gobierno de Humala, seguido de una increíble incapacidad de gobernantes y legisladores desde el año 2016 hasta la fecha, para construir un Perú más próspero para nuestros hijos y nietos. A estas alturas ya no sé quiénes fueron más incapaces desde el año 2011 a la fecha, pero son responsables tanto Ejecutivo, como Legislativo y Judicial.

A falta de ideas claras, no se les ocurre mejor cosa que tontear con la mala e inconclusa reforma política mencionada y una (quisiera equivocarme) peor reforma judicial, que, tras un año y medio y dos procesos fallidos, no logra seleccionar siete miembros aceptables para la Junta Nacional de Justicia. Nuevamente, el Ejecutivo no ha actuado en lo que debía, sino que ha intervenido y mal, en lo que no debía.

Peor aún, no sólo este gobierno sino los de un par de décadas atrás, no han sido capaces de plantear una visión al 2050, consensuada con los actores relevantes del país, no tenemos definida una estrategia de largo plazo y no hemos sido capaces de convocar y promover inversión conducente a ella, para continuar reduciendo la pobreza, dar oportunidades de educación, salud y trabajo y además brindar seguridad y justicia.

En el ejecutivo no hay vocación de gobierno y el presidente y sus ministros no saben para qué ocupan los puestos que ocupan y no comprenden siquiera sus roles. Pero, en fin, creo que es tiempo de seguir a Sócrates y aplicar su mensaje; “El secreto para el cambio es concentrar toda tu energía, no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo”.

Creo que, a menos que el presidente haga un claro; examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra (cosa de la que dudo tenga capacidad), todo lo que estamos soñando no tiene sentido. De ser así, a la ciudadanía del Perú no le queda otra que aplicar lo de Sócrates, ¡olvidarnos de lo viejo (léase este gobierno por inútil e incapaz) y construir algo nuevo! Lampadia

Roque Bravo Basaldúa
Ex secretario general del JNE
Para Lampadia

Los equipos pueden ser extraordinarios, pero si el arbitraje es malo, lo complica todo y el resultado no satisface a nadie.

En el fútbol, si se pretende conseguir un buen nivel competitivo, se requiere de clubes sólidos, dirigentes eficientes y eficaces, los mejores jugadores elegidos según su capacidad técnica y profesional; así como, organismos reguladores y árbitros que actúen de manera imparcial y en cumplimiento de las reglas.

Si no se cuenta con lo anterior, ¿qué sentido tiene apresurarse en realizar el próximo campeonato? Si se hace sin mejorar se tendrá más de lo mismo, malos dirigentes, jugadores mediocres, autoridades y árbitros parcializados e incompetentes, así como resultados insatisfactorios y un nivel competitivo deficiente, esto es, lo contrario a lo que se esperaba lograr.

¿Y qué pasa si no se habla de una actividad económica específica sino del proceso electoral para elegir autoridades? Bueno, ahí la cosa toma color de hormiga porque es un escenario que, se quiera o no, afectará la vida de los más de treinta millones de peruanos. Y vale la pena hacer hincapié en el “se quiera o no” porque muchas veces se escucha la expresión “no me interesa la política porque los políticos no me dan de comer”, cuando la realidad es completamente diferente y se presenta cotidianamente cuando se constata  que un país extremadamente rico en petróleo tiene a sus ciudadanos buscando otros destinos porque no hallan futuro en el propio. Bueno, los políticos no dan de comer, pero las decisiones que toman, afectan, ¡y de qué modo!, ¿o acaso ya se olvidó que millones de peruanos están fuera del país por un motivo similar?

Entonces, se puede presentar una primera conclusión: no se puede ir a un adelanto de elecciones sin solucionar o superar aspectos mínimos que permitan lograr un buen proceso electoral con resultados que se sientan legítimos. Lo demás es pura irresponsabilidad e improvisación que, lamentablemente, abunda en el país.

¿Y qué se debe mejorar para tener un buen proceso electoral? Bueno, el proceso de mejora de toda actividad humana nunca acaba, en este caso se trata de un proceso que tiene casi todas las patas flojas.

Se puede afirmar, aunque ya sin mayor sorpresa, que el sistema electoral se encuentra en crisis y al límite de sus capacidades. Un claro indicio que permite afirmar lo anterior es que se pretenda ampliar el plazo del proceso electoral. El plazo inicial era de cuatro meses o ciento veinte días, por tal motivo, el artículo 134 de la Constitución establece que el decreto de disolución del Congreso contiene la convocatoria a proceso electoral que debe realizarse dentro de los cuatro meses siguientes. Sin embargo, a inicios del año 2017, se modificó la ley electoral para incrementar el tiempo del proceso electoral de cuatro meses, al actual plazo, de nueve meses o doscientos setenta días. Además, en la última propuesta de los tres organismos del sistema electoral se ha pedido ampliar nuevamente el plazo del proceso electoral para alcanzar los doce meses o trescientos sesenta y cinco días.

¿Se puede llevar a cabo un proceso electoral en cuatro meses? Definitivamente no, no se puede. Primero, porque hay muchas cosas que cambiar previamente para tener un buen proceso electoral y asegurar resultados legítimos, de lo contrario pasa lo del último proceso presidencial. Segundo, porque el proceso requiere incluir más actividades y eso exige más tiempo, específicamente, las referidas a la democracia interna, que son clave para la legitimidad de las autoridades elegidas y para fortalecer las organizaciones políticas.

Así, con relación a los cambios que se requiere en los órganos del sistema electoral, las organizaciones políticas y los órganos coadyuvantes. De hecho, los órganos del sistema electoral deben mejorar sus procedimientos, proponer cerrar el padrón un año antes de la elección es excesivo, demorar o no resolver las controversias electorales es inaudito y pedir más plazo para imprimir y distribuir el material electoral tampoco ayuda. En el caso de las organizaciones políticas la falta de actualización de sus directivas y de sus padrones de afiliados impide que se adopten decisiones legítimas y representativas del partido; asimismo, la aplicación restrictiva de la democracia interna afecta el corazón mismo de la organización, por ejemplo, como cuando se impide nuevas afiliaciones. En el caso del Poder Judicial o Ministerio Público, la lentitud de sus procedimientos y sus bases de datos desactualizadas, juega, definitivamente, en contra de la sanción e identificación oportunas de los candidatos.

Con relación al incremento de actividades de democracia interna. En un sistema democrático no puede haber espacio social que no respete los principios que lo caracterizan. De hecho, eso incluye a las organizaciones políticas y se ha avanzado cada vez más en su implementación y exigencia, pero falta dar el paso definitivo.

Aquí una segunda conclusión: los cambios necesarios para mejorar el sistema electoral tienen que realizarse antes de convocar a un nuevo proceso electoral, deben ser efectivos y ejecutarse dentro de un plazo prudencial. Y, ojo, no se trata de sacar o eliminar competidores, para nada, las mejoras deben ser asumidas como una tarea de todos y en beneficio de todos, pero deben darse, no se puede seguir con más de lo mismo.

¿El proceso de reforma política favorecía el cambio requerido? El actual proceso de reforma había obtenido algunos logros importantes: la elaboración del padrón partidario por el Reniec, la organización de las elecciones internas por la ONPE y la resolución de los conflictos por el JNE. Lo que muchas veces fue combatido u objetado por algunas organizaciones políticas se ha conseguido mediante las reformas aprobadas y que están pendientes de promulgación por el Ejecutivo. Este es un cambio potente que ejecutado correctamente por los organismos electorales podría significar una reforma sustancial del sistema de partidos políticos.

Una última conclusión: el proceso de reforma está en marcha, pero requiere de tiempo para su implementación, tanto para los organismos del sistema electoral, las organizaciones políticas y los órganos coadyuvantes. Sin cambios reales y significativos no es prudente adelantar ninguna elección. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

A nadie se le oculta que el escenario político creado a partir del pedido de adelanto de elecciones puede ser explosivo. Lo mismo que el escenario regional del Sur (y también de otras regiones), a partir del desenlace que todavía le espera al proyecto Tía María, que ha contagiado a otros proyectos y al corredor minero.

Cada vez cobra más verosimilitud la tesis de Jorge Morelli en el sentido de que detrás del ataque a los proyectos mineros hay un proyecto geopolítico mayor en el que Bolivia (Cáceres Llica, Aduviri y en alguna medida Cuevas son aliados de Evo Morales) sería cabecera de playa de un grupo de países interesados en el control del cobre y el litio del sur peruano, minerales clave en la cuarta revolución industrial.

Como fuere, la clase dirigente peruana no puede quedarse cruzada de brazos ante estos peligros. El exasperado enfrentamiento entre Ejecutivo y Congreso, que ya tiene un componente de dudosa constitucionalidad con el proyecto de adelanto de elecciones, podría degenerar en situaciones que lleven a un cierre ilegal del Congreso o a una declaratoria de vacancia presidencial que sin duda sería traumática.

Por lo tanto, es obligación de los actores centrales del Ejecutivo y Legislativo sentarse a dialogar y acordar una agenda de leyes y reformas, única manera de abrir un espacio que permita pasar a un escenario constructivo que haga posible, a su vez, procesar y controlar las divergencias y consecuencias políticas mayores. Pero la obligación no es solo moral. Es legal. Así lo dispone el artículo 29 de la ley del reglamento del Congreso, que a la letra dice: 

“Al inicio del período anual de sesiones, los Grupos Parlamentarios y el Consejo de Ministros presentarán una propuesta detallando los temas o proyectos de ley que consideren necesario debatir y aprobar durante dicho período. El Pleno del Congreso votará la inclusión en la Agenda Legislativa de estos proyectos, incluyéndose en la misma sólo a los que obtengan mayoría simple…”.

Tarea además relativamente fácil dada la coincidencia casi asombrosa entre lo que propusiera el presidente del Congreso Pedro Olaechea, en su discurso del 27 de julio al asumir su función, y las propuestas contenidas en el Plan nacional de Competitividad publicado el 28 de julio, al día siguiente. Nos hemos dado el trabajo de comparar ambos planteamientos para facilitar la labor de los concertables:  

Las reformas laborales forman parte de este paquete. A esto hay que agregar, por supuesto, los proyectos de reforma política que han quedado pendientes. No hay, por lo tanto excusa. Si Ejecutivo y Legislativo no se sientan a trabajar una agenda común, es porque otros intereses, distintos y seguramente opuestos a los intereses nacionales, guían la conducta de los principales actores. Esperemos que eso no sea así. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En realidad, es increíble la capacidad de algunos analistas para forzar argumentos a fin de justificar lo injustificable: el adelanto de las elecciones.

El argumento principal que se da es que hemos tenido tres años de enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo y que esto ya no da para más. Lo dice Cecilia Valenzuela: antes de “alargar la agonía” dos años más, mejor que dure uno solo. O Alfredo Torres: “Prolongar la crisis política hasta el 2021 a estas alturas solo contribuiría a postergar la recuperación económica y a incrementar la agitación social con fines políticos”. Rospigliosi llega a decir que el nuevo Congreso tendrá un comportamiento aún más belicoso que antes. Y así varios otros.

Todos ellos comenten un error básico: escamotear los cambios que se han dado en Fuerza Popular y en el Congreso.

1. Fuerza Popular ya no tiene 73 congresistas sino 54. Ha perdido largamente la mayoría absoluta
    
2. Su lideresa está en la cárcel
    
3. Ya no actúa como bloque opositor sistemático: está internamente dividida, lo que se observa en casi todas las votaciones
    
4. El sector duro, que mantiene actitudes similares a las de los dos primeros años, es muy minoritario dentro de la bancada.
    
5. Hay un sector propositivo y concertador que está adquiriendo presencia (Miguel Torres, Alejandra Aramayo, Ursula Letona, Luz Salgado, el propio Carlos Tubino, entre otros). Este sector quiere construir un diálogo para sacar adelante reformas.
    
6. La mayoría provinciana desea tener buenas relaciones con el Ejecutivo para llevar obras a sus pueblos.
    
7. Una eventual salida de Keiko Fujimori probablemente consolidaría la decisión colaboradora de la bancada.
    
8. Pedro Olaechea tiene claramente un talante concertador y una agenda de reformas económicas que coincide con las planteadas en el Plan Nacional de Competitividad, Por primera vez ambas agendas se alinean en un mismo objetivo. Las condiciones para un trabajo conjunto están dadas. La voluntad de colaboración entre Poderes es algo que se advirtió en las expresiones del Premier y del presidente del Congreso luego de la reunión que tuvieron ayer.

El propio Rospigliosi lo dice: “En realidad, es falsa la versión del oficialismo que ha hecho creer a la opinión pública de que el Congreso ha sido un obstáculo para Vizcarra y es el responsable de la inutilidad de la acción gubernamental. Entre marzo y julio del 2018 el Congreso no entorpeció en nada la acción de un presidente que ellos habían ubicado en ese cargo. Y, durante el último año, Vizcarra los puso contra las cuerdas e hizo que aprobaran casi todo lo que él quiso”. El opina que “esta situación iba a cambiar ahora” pero, como hemos visto, no será así, sino lo contrario.

Lo que se está haciendo es inventar un monstruo que ya no existe para justificar un adelanto de elecciones que solo puede favorecer a los intereses políticos del presidente: subir su aprobación en las encuestas, como ya ocurrió, y ahorrarse un año entero de desgaste político, acaso para postular en olor de multitud el 2025.

Pero el daño es grande, no solo por el aborto de la reforma política –tan ardorosamente defendida antes- y las reformas económicas que se hubiesen podido aprobar, sino por la retracción de la inversión. Habrá menos empleo y más pobreza. Pero, increíblemente, estos analistas sostienen que la incertidumbre ya existía antes del 28 de julio y que más bien la recuperación comenzará antes si se adelanta las elecciones.

Justamente lo que estamos diciendo es que la coincidencia de la agenda de reformas del presidente del Congreso con las que plantea el Plan Nacional de Competitividad, abre la oportunidad de avanzar en las reformas económicas y laborales este año y el próximo. Eso mejoraría notablemente las perspectivas para la inversión, más aún si se logra manejar con acierto el problema de Tía María. Más bien, un adelanto de elecciones con un presidente que, en su último año, ya no gobierna (lame duck), enfrentado, allí sí, al Congreso, debilita notoriamente la capacidad del gobierno de sacar adelante ese importante proyecto, facilita el avance de las fuerzas del caos y mata toda inversión. ¿Quién puede resultar elegido en un contexto de retracción económica?

Al adelantar elecciones, de otro lado, se niega, como decíamos, los aportes más interesantes de la reforma política. Ya no habrá tiempo para las primarias ni para formar partidos nuevos y los existentes tampoco tendrán tiempo para seleccionar buenos candidatos al Congreso. Reclutarán a quien puedan y como puedan a las volandas, garantizando un futuro Congreso acaso peor que el actual.

La única manera de tener mejores candidatos es con las primarias previstas y con un sistema de distritos electorales pequeños, con pocos postulantes en cada uno, que le permitan al elector conocer mejor a los candidatos antes de votar. Pero estas reformas ya no serán posibles si las elecciones se adelantan un año.

Cohabitación en todo caso

Un desastre por donde se mire, simplemente por incapacidad para convivir con la discrepancia, con la diferencia, pese a que, como indicamos, el Congreso actual es mucho menos confrontacional que el que teníamos dos años atrás. El adelanto de las elecciones no solo no es constitucional. Es innecesario.

Por lo demás, es inimaginable una democracia sin conflicto político. Sólo los regímenes autoritarios no lo toleran. Y el conflicto ahora, repetimos, es mucho menor. Pero si el presidente no lo soporta, pese a su menor intensidad, tiene a la mano una solución perfectamente constitucional: designar a un presidente del Consejo de Ministros de la oposición, e iniciar la cohabitación, que fue la solución francesa. Sería hora de inaugurarla. Lampadia

Carlos Gálvez Pinillos, Ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)
Para Lampadia

En el verano del año 2017, el Perú sufrió el embate del “fenómeno del niño” que provocó grave destrucción de ciudades e inundaciones, producto del desborde de ríos, especialmente en la zona central y norte del país.

A fines de marzo de ese año, cuando aún estábamos en medio del desastre, se le sugirió al ejecutivo convocar a compañías de ingeniería internacionales de primer orden, que cuenten con experiencias de “Disaster Managment”, tales como las catástrofes de Queensland, New Orleans u otros y que puedan orientar el proceso de mitigación rápida del desastre generado, levantar un inventario de la infraestructura destruida, plantear la remediación inmediata de corto plazo y diseñar un “Máster Plan” para la “reconstrucción con cambios”.

Dicho servicio implicaba:

• Identificar las zonas inundadas por los huaicos
• Zonas donde no se debía asentar la población y a las que no debieran volver.
• Analizar la geografía y definir las presas y reservorios que se debiera construir para acumular agua en las alturas y regular con esa infraestructura el flujo de agua a la costa.
• Definir el encauzamiento o canalización de los ríos, particularmente el río Piura, uno de los que más impactó a la población.  
• Identificar y diseñar carreteras, puentes y la rehabilitación urbana de redes de agua, saneamiento y eléctricas, entre otros, que permita albergar colegios, postas médicas y casas, para una población que pueda funcionar articuladamente.

Lo anterior era una oportunidad para convocar a las autoridades y población local, cuyo conocimiento ancestral y experiencia constituían el insumo fundamental para el diseño adecuado del “Plan Maestro” e ingeniería conceptual de la mencionada reconstrucción con cambios.

A partir de ahí se debía diseñar la “ingeniería básica para licitar”, con elementos suficientes de topografía, estudio de calidad de suelos e identificación de canteras para la obtención de agregados, así como diseñar el plan de ejecución con sugerencia de procesos constructivos. Todo se iniciaba pues con una buena ingeniería, pero lamentablemente observo que hubo un gran desprecio por la ingeniería. Definir un presupuesto de calidad sustentado en esa ingeniería y los procesos constructivos y secuenciamiento de actividades, identificando los plazos de construcción y la “ruta crítica” del proyecto. Recordemos que no se puede controlar aquello que no se puede medir.

La selección de una compañía seria e independiente, que cuide como activo fundamental su prestigio y reputación, como supervisor del cumplimiento de avance y calidad exigida, dentro de los costos presupuestados, etc., es un factor que nunca se debió menospreciar.

Ciertamente, el Plan de Reconstrucción con Cambios resultante iba a requerir para su ejecución; decisión política, capacidad de imponer el principio de autoridad para re-asentar a la población afectada y evitar que regresen a las zonas impactadas por el fenómeno del niño y finalmente, la convocatoria de empresas constructoras de primer nivel, nacionales y extranjeras, capaces de ejecutar tan importante desafío.

Lamentablemente estalló en el Perú, casi en simultáneo, el mayor escándalo de corrupción de impacto continental que, involucró a las principales empresas constructoras peruanas. Ciertamente el caso merece todo un análisis independiente a esta nota, pero imposible dejar de mencionar que la red mafiosa de gobiernos de izquierda latinoamericanos, liderados por Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores, contando con el poder financiero de empresas manejadas por el Estado, como Petrobras, que “coordinaba” licitaciones para que solo las empresas constructoras brasileñas pudieran ganar, forzó a prácticamente todas las empresas constructoras peruanas a asociarse con ellas si querían subsistir en el negocio.

En esas circunstancias, se tomaron decisiones políticas inadecuadas que neutralizaron la capacidad de reacción y movilización de las empresas constructoras establecidas en el Perú y retrasaron todo el proceso de reconstrucción que tanto reclamamos hoy.

Ha transcurrido más de un año y medio desde ese desastre y hoy nos quejamos del poco avance de la reconstrucción. Los cambios no se han definido o no se aprecian. Como no se hizo ningún “Plan Maestro” de la reconstrucción, ni se conformó un equipo del más alto nivel a cargo de un ministro capaz de articular con las autoridades sub-nacionales para que faciliten el proceso de reconstrucción, hoy tenemos el resultado obvio, lo raro hubiera sido que haya funcionado.  Las grandes compañías solo están dispuestas a asumir la responsabilidad, sabiendo que se juegan su reputación en el proyecto, si cuentan con un buen plan, una ingeniería adecuada, un presupuesto razonable y permisos, autorizaciones y apoyo político para ejecutar.

Hoy, pasado el tiempo, nadie es responsable y todos reclaman, no hay ni inventario inicial consensuado de las obras a reconstruir, no hay “Plan Maestro”, ni ingeniería, ni control de avance, secuencia y calidad de obras. Por si fuera poco, ahora se transfiere dinero para ejecutar “sabe Dios qué”, tratando de demostrar que se ha desembolsado fondos como si eso significase avance en la “inversión pública”, pero incrementando el riesgo de más corrupción.

No puedo dejar de recalcar que la estructura política y de gobierno en el Perú es lo más cercano a las condiciones dadas durante la construcción de la Torre de Babel, por lo que la reforma política pasa por tomar decisiones drásticas en el diseño del poder ejecutivo y no maquillajes en el poder legislativo. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En el Congreso hay 16 proyectos de ley que, sumados a 4 ya aprobados, generan costos fiscales –menores ingresos tributarios- que pueden llegar a cerca de 5% del PBI. De aprobarse, estaríamos decretando el final de la estabilidad monetaria y fiscal, el retorno a la inflación y la imposibilidad de alcanzar el desarrollo integral. Sería el suicidio económico nacional.

Fuente: marcandoestart

Ya el Congreso avanzó el jueves con esta agenda aprobando una ley que restablece por 5 años los beneficios de la admisión temporal para las aeronaves y sus partes, con suspensión del pago de tributos hasta por 5 años, y permitiendo su nacionalización con la depreciación de la base imponible del 20% anual. Inicialmente la ley se iba a aplicar a todas las empresas aéreas, pero luego del debate se limitó a las micro, pequeñas y medianas. Esto reduce el daño, pero no lo elimina porque sólo servirá para incentivar el fraccionamiento y atomización de las empresas grandes para no pagar tributos. Según fuentes del sector economía, “una gran empresa podría crear una división de reparación con un RUC distinto y a partir de ésta realizar la importación temporal por 5 años y luego la compra de aeronaves”.

Según dicha fuente, la ley distorsiona la aplicación del régimen general de admisión temporal para reexportación pues “la deducción (depreciación) de la base imponible del 20% anual, implica en la práctica que el régimen general de admisión temporal para reexportación se convierta en un mecanismo destinado al no pago de tributos y no constituye un régimen aduanero suspensivo; por tanto, restablecer la vigencia de este mecanismo implicaría desnaturalizar el régimen de admisión temporal incorporando una exoneración del pago de tributos a la importación”.

Además, la Ley genera un tratamiento a favor del sector aéreo, lo que podría llevar al sector de transporte terrestre y a otros a solicitar el mismo beneficio.

Fuente: zestcapital.com

Pero el problema es mucho más grande. Como hemos señalado, hay en el Congreso 20 Proyectos de Ley que conceden beneficios tributarios y que ocasionarían altos costos fiscales. De esos, ya se han aprobado 4. Fuentes analíticas nos indican que el costo total de esas leyes y proyectos de ley ascendería a una cifra enorme que oscila entre S/ 27,067 millones (equivalente al presupuesto 2017 de los sectores educación y salud) y S/ 34,337 millones (equivalente al presupuesto 2017 de los sectores educación, transportes y vivienda). Lo que representa de 3.6% a 4.6 del PBI.

El más costoso de todos es PL 730/2016-CR, proyecto de ley que crea el Régimen Especial de Incentivos y Beneficios para compradores preferentes para las MYPEs, “Sello MYPE”.

Este es un proyecto de Fuerza Popular a iniciativa del congresista Edwin Vergara Pinto. Propone establecer un nuevo régimen especial de incentivos y beneficios para compradores preferentes de las MYPE — Sello MYPE. Se trata de beneficios tributarios para las empresas medianas y grandes que compren frecuentemente a las MYPE. Por ejemplo, se establece una deducción del 100% adicional de gastos para efectos del impuesto a la renta de los bienes muebles (exceptuando los vehículos automotores) adquiridos de las MYPE; un puntaje adicional en los procesos de selección que convocan las entidades del Estado; devolución en cinco días hábiles desde la presentación de la solicitud de saldos a favor de la exportación, drawback y pagos en exceso o indebidos, entre otros.

Las fuentes estiman que el costo del beneficio sobre la deducciónadicional degastos para efectos del impuesto a la renta para las compras efectuadas a MYPE por parte de las empresas medianas y grandes, ascendería entre S/ 5,310 millones (10% de las ventas de las MYPE) hasta aproximadamente S/ 10,619 millones (20% de las ventas de las MYPE).

La ley también excluye de los regímenes de retenciones y percepciones a las empresas que compren a las MYPES, lo que puede afectar la recaudación del IGV. Se calcula que el costo de la eliminación de ambos regímenes ascendería en S/ 735 millones. Fuera de que aplicar un esquema como el planteado requiere del desarrollo de un complicado sistema de información y control por parte de la administración tributaria.

En consecuencia, según las fuentes, el costo total estimando únicamente la deducción adicional de gastos para medianas y grandes empresas, así como la eliminación de los regímenes de retenciones y percepciones, ascendería potencialmente entre S/ 6,045 millones y S/ 11,354 millones.

El más inmediato de todos es el PL N° 626: Alertas Educativas, que ha sido observado por el Ejecutivo pero probablemente se aprobará por insistencia. Este proyecto obliga a la SUNAT a brindar una capacitación por cada infracción que cometa una microempresa antes de poder sancionarla por dicha infracción, y una vez por cualquier infracción en el caso de la pequeña empresa. El tema es que existen 64 infracciones posibles en el código tributario. Según el MEF, esto contraviene lo dispuesto en la Ley MYPE, que acota el acompañamiento tributario solo para las microempresas (Art. 42), condicionando ello incluso solo a las que se acojan al Registro de la MYPE (REMYPE). Asimismo, precisa que el acompañamiento es solo para cinco infracciones y solo por los tres primeros años desde la inscripción de la microempresa al REMYPE. Con este proyecto, en lugar de 5, serán 61/63 infracciones, sin pedir nada a cambio y de manera permanente.

Para el MEF no es solo que el proyecto aprobado requiere implementaciones operativas y de sistemas en SUNAT que excederán el plazo de 60 días dado por la norma para ello, y que se perderá algo de recaudación, sino el mensaje que estamos dando al contribuyente: es evidente que si le decimos que pueden cometer 50 o 60 infracciones antes de que se le ponga una multa, le comisen o le cierren su local porque por cada infracción, aunque esta sea muy grave, la SUNAT deberá primero darte una capacitación, estamos premiando su informalidad.

Esperemos que prime la cordura en el Congreso y se deseche este tipo de proyectos de ley. Mucho le ha costado al pueblo peruano alcanzar la estabilidad monetaria y fiscal para ponerla en peligro de esta manera. No nos podemos arriesgar al retorno de la inflación ni podemos sacrificar ingresos tributarios necesarios para mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios públicos, con normas de la mejor tradición populista latinoamericana. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Preguntado sobre la posibilidad de que el presidente Kuczynski invite a Keiko Fujimori a Palacio a una reunión para acordar una agenda de trabajo conjunta, el congresista Carlos Bruce respondió el pasado lunes 19 en la Hora N lo siguiente: “yo creo que tenemos que pasar esta ola de censuras e interpelaciones y luego de haber pasado esto, que ya puede ser una o dos semanas, buscar este diálogo e institucionalizarlo y ver en qué estamos de acuerdo y en qué no lo estamos”. Juan Sheput ha declarado algo parecido. Del lado de Fuerza Popular la congresista Bartra había dicho, comentando una expresión de Mercedes Araoz en el sentido de que PPK invitaría a la lideresa de FP, que había que esperar una invitación formal del Presidente. Ursula Letona se manifestó en sentido parecido y Kenji Fujimori va más allá y exige ‘una sola fuerza’.

Por supuesto, también hay voces dinamitadoras de ambos lados, como Lombardi, Galarreta y otros. Y hay termocéfalos entre los opinólogos. Pero en la medida en que son las voces concertadoras las que se expresan cada vez más, se van dando las condiciones políticas para tal encuentro, que es indispensable no solo para contener la espiral de deterioro de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, sino para buscar un punto de inflexión en la tendencia a la parálisis creciente de la economía, que se ha vuelto cada vez más angustiosa para muchos peruanos. Parálisis que se alimenta a su vez de la propia crisis política.

Sólo un encuentro productivo entre el Presidente y Keiko Fujimori podría romper ese círculo vicioso e iniciar una etapa constructiva. Decimos “encuentro productivo” porque en esta ocasión, a diferencia de la anterior, el presidente debería proponer una agenda de los temas y reformas que necesitarían acuerdo para sacarlos adelante si queremos llegar con un país fuerte al bicentenario.  

En realidad, esa agenda está implícita en las coincidencias que se dieron entre los planes de gobierno de ambos partidos. Bastaba cotejar ambos planes para extraerla, trabajo que Lampadia ya hizo y publicó en su momento (Ver: Reformas políticas que moderen los impulsos demagógicos).

A partir de ese trabajo y de los avances registrados hasta ahora en los distintos temas, sugerimos los siguientes puntos para construir un acuerdo político, decisiones para las cuales se requiere una ley o apoyo político:

Aportamos esta propuesta de temas y reformas en la esperanza de que pueda servir como base para una conversación que permita llegar a un acuerdo político entre gobierno y oposición (particularmente Fuerza Popular), indispensable para romper la trampa de la ingobernabilidad, ejecutar reformas necesarias pero políticamente sensibles, y poner al país en otro nivel de desarrollo cara al bicentenario. Lampadia

Jaime de Althaus

Para Lampadia

¿Qué reformas institucionales y económicas debemos hacer para prevenir  casos de mega corrupción como los que hemos tenido y reducir la corrupción masiva y generalizada que sufre el país?

Lo primero, por supuesto, es hacer caso omiso del ardid ideológico oportunista de la izquierda, que responsabiliza a la economía de mercado y a la tecnocracia de la corrupción y señala que  las Asociaciones Público Privadas (APP) están diseñadas para robarle al Estado.

Alberto Adrianzén, por ejemplo, acusa en La República a “un modelo económico que mantuvo las desigualdades, que alentó la corrupción y las prácticas lobistas, y que permitió la captura del Estado grandes grupos económicos, como hoy lo podemos constatar…”.

Por supuesto, nadie se toma el trabajo de explicar cuál sería ese modelo económico alternativo sin mercado libre, sin tecnocracia y sin APP, intrínsecamente refractario a la corrupción. Obviamente no existe. Mejor dicho, sí existe y lo hemos tenido y lo tiene ahora Venezuela, por ejemplo, con la diferencia de que ese modelo sí es una fábrica de corrupción, o funciona gracias a la corrupción.

Ese modelo (Venezuela) consistiría en intervenir el mercado fijando precios y subsidios, dirigiendo las inversiones y estatizando sectores estratégicos. El resultado es la corrupción generalizada, porque se benefician los que tienen acceso a los que deciden qué empresas son prioritarias y quiénes reciben entonces ventajas y concesiones de todo tipo, y porque en una economía llena de peajes, permisos, subsidios, beneficios rentistas y castigos, la única manera de funcionar es pagando a los funcionarios responsables de las autorizaciones o de dispensar los beneficios o los maleficios.

En un esquema en el que la libre competencia en el mercado es sustituida por las decisiones de la burocracia o del Ministro o del Presidente, ganan quienes más llegada tienen u ofrecen compartir con el funcionario una parte mayor de la renta regalada. Es decir: yo te garantizo un mercado seguro, un subsidio o un dólar barato o lo que fuera, pero tú me devuelves una parte de la renta que te obsequio. La competencia entre las empresas no se da en el mercado para ver cuál obtiene más utilidades o mayor proporción de ese mercado mejorando su productividad, sino cuál ofrece un soborno más alto para obtener una ventaja rentista. 

Eso era lo que teníamos durante el primer gobierno de Alan García, por ejemplo. Más bien la liberación de la economía de todos los controles y subsidios intervencionistas a partir de los 90 produjo el resultado de eliminar toda esa corrupción derivada del poder discrecional del funcionario. Este poder fue reemplazado por reglas de juego iguales para todos. Claro que esa corrupción fue sustituida luego por otro tipo de corrupción, mucho más focalizada y perversa, derivada no del modelo económico sino de la concentración del poder político, pero esa es otra historia.

Repotenciar el modelo

Entonces ya vemos cuál es el modelo más proclive a la corrupción y cuál es el que tenemos más bien que profundizar para tratar de minimizarla. El problema que hemos tenido a partir de los 2000, es que gradualmente se ha ido restableciendo un intervencionismo de baja intensidad expresado en la sobre regulación de los sectores económicos, que no solo ha frenado el crecimiento sino que ha restablecido en alguna medida los pagos para obtener o acelerar permisos, licencias y autorizaciones.

Por eso, la primera medida para luchar contra la corrupción no es menos mercado libre, sino más. No es cambiar el modelo económico, sino repotenciarlo. Es también terminar de instalar lo que no se hizo, una reforma institucional que acompañe y de sustento a la economía de mercado.

El modelo económico como tal necesita más bien un over haul, un mantenimiento profundo que libere nuevamente todos los circuitos de la economía trabados por regulaciones y trámites absurdos, eliminando así peajes que sólo se superan pagando para que trámite salga o se acelere. Las municipalidades –aunque no solo ellas- se han convertido en un bastión casi inexpugnable de esta forma de extorsión.

Esa limpieza es lo que está haciendo el gobierno con el conjunto de decretos legislativos orientados a la simplificación administrativa y la eliminación de trámites, desde la estandarización de los Tupas municipales hasta el empoderamiento de Indecopi para derogar barreras burocráticas pasando por la obligación de demostrar la utilidad de toda norma a los tres años de dada y la revisión, con ese criterio, de todas las normas actuales que contienen procedimientos. Todavía hace falta, sin embargo, desregular algunos sectores específicos, en los que regulaciones excesivamente rígidas o limitativas terminan escogiendo ganadores, normalmente grandes empresas que sí pueden pagar el costo de tales regulaciones, condenando a las pequeñas y medianas a la informalidad o a la desaparición.

La obra pública y público privada

Por supuesto, hay un aspecto de la gestión económica en el que inevitablemente es el Estado quien debe escoger a los ganadores: la obra pública y público-privada. Es por eso que es allí donde se aloja el mayor volumen de corrupción y donde se han producido los escandalosos casos protagonizados por las empresas brasileñas.

Pero hay que señalar que en los casos más notorios lo que ha ocurrido es que el poder político, el presidente de la República o la Primera Dama, según el caso, es el que ha desplazado las decisiones técnicas para imponer proyectos casi al caballazo. No falló la tecnocracia, que en esos casos fue avasallada, sino el poder político, que se corrompió.

¿Cómo dificultar la injerencia política cuando esta no responde a criterios técnicos? En cuanto a las Asociaciones Público Privadas (APPs), El decreto legislativo 1251, recientemente aprobado, establece para Proinversión un Directorio integrado por tres directores independientes, además de tres ministros, que, al decir de Álvaro Quijandría, Director Ejecutivo de esta entidad, “debiera blindar a Proinversión de presiones políticas por sacar proyectos que no estén suficientemente maduros o que no respondan a las prioridades del Plan Nacional de Infraestructura que se elaborará en los siguientes meses”.

Una constante en los casos de mega corrupción ha sido el grado insuficiente, muy preliminar, de estudios con los que fueron convocados esos procesos. Por eso, según Álvaro Quijandría, una vez aprobado el reglamento se establecerá un lineamiento en el sentido de “iniciar los concursos sólo una vez que se tengan estudios definitivos y con un porcentaje significativo de los terrenos necesarios saneados con expropiaciones avanzadas, lo que podrá manejarse adecuadamente con la creación del Proyecto de Acceso a Predios para Inversiones Priorizadas APIP creado en el DL 1333”. 

El lanzamiento de convocatorias con estudios avanzados es indispensable  para evitar la mala práctica de las ofertas temerarias que ganan ofreciendo un bajo cofinanciamiento del Estado, para luego aumentar considerablemente la parte estatal vía una sucesión de adendas. En relación a esto último, Quijandría nos informa que en el reglamento se establecerá un porcentaje máximo del valor del proyecto para adendas, a partir del cual se debería rescindir los contratos.  “Esto es usual en muchos países y el porcentaje es usualmente 15-20%”, precisa. Y añade: “a fin de eliminar ofertas temerarias y/o colusión de postores en los concursos, en la mayoría de países con sistemas de APP avanzados, se establecen reglas para los concursos que permiten eliminar las ofertas muy bajas o muy altas, así como mecanismos para la presentación de ofertas y su evaluación que reducen al mínimo la posibilidad de ¨comportamientos estratégicos¨ o franca colusión entre los postores.  Por ejemplo, en Colombia se sortea en el momento de presentación de los sobres cuál será la fórmula de calificación de los factores de competencia, entre varias alternativas”.

Quijandría refiere otras medidas que se está adoptando: “Estamos creando una Dirección de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción.  Ya está trabajando en Proinversión una experta en este tema.   Adoptaremos estándares internacionales y prácticas que suelen seguir las agencias de APPs de primer nivel internacional”. Además, añade, “desde el primer día de mi gestión he dado la directiva que todos los contratos deben incluir cláusulas anti-corrupción.  Además, de hecho, se han introducido en la Ley de Contrataciones del Estado dos artículos que eliminan la posibilidad que empresas que hayan tenido cargos de corrupción o que se hayan autoinculpado puedan participar en nuevos procesos.  El reglamento está en camino”.

Hay otros aspectos igualmente importantes: Quijandría explica que a lo largo de los años, “los esquemas de contratación utilizados por Proinversión han hecho menos atractivo, o incluso han limitado severamente, la posibilidad de contratar asesores de transacción de primer nivel internacional, que pueden evitar el tener proyectos con diseños que abren la puerta a la corrupción.  Desarrollaremos lineamientos para la contratación de asesores de transacción que hagan posible que nuevamente tengamos en estos procesos la participación de los mejores asesores globales en estos procesos”.

Gobiernos subnacionales y reforma de la descentralización

Queda por enfrentar, sin embargo, la enorme corrupción que existe en torno a la obra pública en los gobiernos subnacionales, por la cual varios ex gobernadores regionales y ex alcaldes vienen pagando penas de cárcel. En realidad, el monto total de los sobornos pagados en este tipo de corrupción mediana y pequeña es mayor que el pagado en los casos de mega corrupción. Si calculamos un 10% de unos 18 mil millones de soles, que es aproximadamente el monto de la inversión pública sub nacional, estamos hablando de 1,800 millones en coimas cada año. Por supuesto, este número es hipotético.

José Escaffi señala que el nuevo “Invierte PERU”, que sustituye al SNIP, establece que en la etapa de planeamiento, no recibirá presupuesto ninguna inversión que no haya sido aprobada por el sistema de prioridades en base a brechas. Además, durante la ejecución de los proyectos habrá un mejor sistema de seguimiento y monitoreo, que antes no había, que estará desconcentrado en los ministerios y no sólo centralizado en el MEF, y, una vez terminado el proyecto, se evaluará resultados e impactos.  

No obstante, la crítica que se ha hecho es que si bien la priorización en base a brechas es correcta, el nuevo sistema relaja los controles técnicos que antes tenía el SNIP. Al respecto, Claudia Cooper, vice ministra de Economía, responde que en la práctica tales controles ya no existían, el MEF no rechazaba nada. Lo que había en cada localidad era un gran negocio de estudios de pre-factibilidad que consultores locales vendían a los gobiernos subnacionales para que estos les dieran viabilidad y llenar así el presupuesto asignado. La viabilidad la daba el propio gobierno sub-nacional y luego era supuestamente revisada por el sector y el MEF, pero esto último ya no ocurría.

Cooper explica que el fenecido SNIP estaba centrado exclusivamente en la  formulación y la adjudicación. Luego de eso no se sabía qué pasaba. Ahora el MEF va a evaluar el proyecto una vez terminado: cuánto costó en relación a lo planeado, cuánto tiene para mantenimiento, etc. Se va a poder hacer un seguimiento actualizado del estado en que está. Lo que el nuevo sistema va a generar es información que antes no existía, disponible para todos, en la web, de modo que la fiscalización será mucho más fácil para cualquiera. “Reduces corrupción generando mucho masInformación en todas las etapas”, sentencia Cooper.

Además, según la vice ministra, la nueva ley de contrataciones introduce tres cambios fundamentales que ayudarán a disminuir la corrupción en la adjudicación misma: primero, habrá mucha más información acerca del ‘track récord’ de proveedor (ratio del costo de ejecución versus el costo propuesto, por ejemplo, en los últimos diez años). Segundo, la empresa que hace el estudio adquiere responsabilidad por el tipo de estudio que haga, con sanción hasta de inhabilitación si se manipularon o falsearon datos. Y, tercero: se ha elevado considerablemente el costo de las impugnaciones y los arbitrajes.

Escaffi, por su parte, agrega que debe mejorarse el tipo de intervenciones de la Contraloría y de los procuradores con sistemas de auditoría forense (capaz de detectar fraudes), mejores controles internos y reglas de gobierno corporativo en las entidades públicas, adoptando las reglas de compliance (cumplimiento) del sector privado internacional. La Comisión Anti Corrupción (CAN), por su parte, ha anunciado el acuerdo de que todas las instituciones adquieran el ISO 37001 anti soborno.

Ahora bien, el problema no se resuelve solo con cambios en el sistema de inversión pública que faciliten más racionalidad y monitoreo. Estamos ante un problema gestado por una descentralización apresurada que transfirió muchos recursos y decisiones a los gobiernos subnacionales sin el contrapeso de sistemas de control, sanción, planificación  y monitoreo adecuados, sin acreditar sus capacidades para asumir esas funciones,  sin una adecuada delimitación de funciones entre los tres niveles de gobierno, y todo esto en el contexto de la descomposición del sistema de partidos políticos, de modo tal que la proporción de alcaldes y gobernadores regionales que pertenecen a partidos nacionales es cada vez menor y por lo tanto no están sujetos tampoco a ninguna clase de control partidario nacional.

Lo que ha ocurrido es que muchos gobiernos subnacionales se han convertido en botines presupuestales asaltados por políticos oportunistas eventualmente vinculados a mafias de proveedores, de usurpadores de terrenos y de extorsionadores de obras públicas, y que imprimen una gestión patrimonialista a sus mandatos.

La solución a este problema complejo es también compleja: pasa por restablecer la autoridad central en los procesos de inversión pública y de gestión de servicios públicos básicos (educación y Salud), donde también hay corrupción, es decir, por una reforma de la descentralización que restablezca mecanismos de control (mejorando el tipo de intervenciones de la Contraloría), sanción e intervención central ante deficiencias serias de gestión en los servicios descentralizados; que recertifique las capacidades de los gobiernos sub nacionales y delimite bien funciones y competencias entre los tres niveles, cuando menos por líneas de servicios.

Reforma del servicio civil

Algo fundamental es llevar adelante la reforma del servicio civil en los gobiernos subnacionales, sustituyendo el patrimonialismo por la meritocracia y la gestión profesional, así como profundizar los presupuestos por resultados. Estas reformas deben aplicarse, por supuesto, también en el gobierno central. Es indispensable que los cargos medios y altos estén ocupados por buenos profesionales bastante mejor remunerados que en la actualidad, pero elegidos por concurso y sujetos a evaluaciones de desempeño con la posibilidad de ser retirados en el caso de desaprobación,  tal como establece la ley del Servicio Civil, que debería merecer mayor prioridad y empuje de parte del gobierno.

En realidad, habría que empezar a instalar la idea de que no debería haber contratos indefinidos en el Estado, sino a plazo fijo. Es la única manera de garantizar eficiencia, rendimiento, honestidad y buen servicio al ciudadano, que es lo que importa. Esto, por supuesto, mientras se mantenga la rigidez laboral que cobija no solo al buen trabajador, sino también el incapaz y al corrupto.

Recientemente se ha legislado la muerte civil y la creación de un registro de sanciones a funcionarios públicos. Debería lanzarse una gran campaña de denuncias ciudadanas de actos de corrupción, una verdadera movilización. Algo de eso ha sido anunciado por el Presidente.

Reforma política

Pero se requiere además del complemento indispensable de una reforma política que permita la reconstrucción del sistema de partidos de modo que los gobiernos subnacionales vuelvan a ser dirigidos por políticos pertenecientes a organizaciones políticas nacionales, para que haya alguna clase de control político nacional. En Lampadia hemos formulado una propuesta al respecto. El Congreso está avanzando en esta reforma, pero todavía no sabemos qué forma tendrá. Un aspecto de esto es, por supuesto, el control del financiamiento de las campañas. No se debe prohibir el financiamiento privado -salvo el de las empresas extranjeras- pero éste debe ser transparente. 

Reforma del sistema judicial

Por supuesto, tampoco estará esto completo si no se emprende una reforma profunda del sistema judicial que comience por limpiar el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía de sus elementos vinculados a las mafias existentes en el territorio. En Interior se ha puesto en marcha una profunda reforma de la Policía que contiene diversas medidas anticorrupción, que ya hemos comentado en Lampadia. También está en marcha el Acuerdo por la Justicia, pero este tiene el límite de estar dirigido por los líderes de las instituciones a ser reformadas. Allí un instrumento fundamental será el expediente digital único en el tema penal, que garantiza celeridad y transparencia en los procesos, algo que todavía no ha sido proyectado. El MEF debería dar todo el apoyo a ese proyecto.

Se trata de una acción  múltiple y compleja, que toque todos los aspectos del problema. De lo contrario, no funcionará. Lampadia

Los llamados conflictos sociales, que muchas veces tienen más de políticos que de sociales, han cobrado especial relevancia en el Perú durante los últimos tres gobiernos. Así hemos tenido los conflictos: del Arequipazo, Moqueguazo, Baguazo, Santa Ana, Cerro Quilish, Conga, Espinar, Tía María, Pichanaqui, Loreto, Cañariaco y muchos casos menos mediáticos a lo largo y ancho del país.

Durante el gobierno de Humala, los conflictos se han multiplicado y las estrategias detrás de ellos se han hecho más visibles, como las increíbles propuestas por el pos-extractivismo de parte de todas las izquierdas del país. Ver en Lampadia: Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento. Luego de las últimas elecciones, sus líderes más representativos, como el ex cura Arana, han llegado al Parlamento, y por ahora, vienen ganado la batalla mediática, que ha creado el escenario de impunidad con el que se han movido.

La coyuntura internacional y las presiones sociales por remontar las brechas sociales y económicas que aún nos aquejan, más el impacto de la ‘cuarta revolución industrial’, nos obligan a reactivar la economía y a canalizar, con eficiencia, los mayores recursos fiscales que traería el crecimiento de la economía, hacia agendas de gobierno debidamente priorizadas y efectivas para afrontar nuestros retos.

En esa línea, hemos desarrollado el siguiente ensayo, que enfatiza la necesidad de contar una adecuada colaboración entre las dos más importantes instancias de gobierno, el Ejecutivo y el Legislativo. Hasta la fecha, ambos siguen apartados y haciendo, cada día más difícil, un acercamiento constructivo. Sin embargo, la amenaza de la conflictividad social puede desbaratar completamente la posibilidad de alcanzar un gobierno exitoso. Esperamos, que la siguientes líneas, que se suman a nuestra biblioteca virtual de Recursos Naturales y Desarrollo, sirvan para una oportuna reflexión.     

Sobre Conflictividad Social y Colaboración Política

1. Sector Extractivo: El motor más fácil de encender

En el quinquenio que se inicia, el Perú enfrenta uno de sus principales retos: el regreso a una mayor tasa de crecimiento. De esto dependerá una rápida reducción de la pobreza, la expansión de las clases medias, el fortalecimiento de la democracia y el acceso a los recursos fiscales necesarios para cubrir las enormes brechas en educación, salud, seguridad e infraestructuras que aún se mantienen. Sin embargo, el Perú enfrenta un entorno mundial poco dinámico y un entorno regional de crisis en varios de sus vecinos. Por ello, el regreso a tasas de crecimiento superiores al 5% anual estará, en buena medida, en el éxito de las acciones internas que nos den más aciertos y menos errores políticos.

Muchos señalan que debemos enfocarnos en la diversificación productiva y en un crecimiento endógeno. Sin duda sería bueno tener varios motores internos de crecimiento, sin embargo, en el corto plazo esto no puede incidir de manera importante en el crecimiento económico. No existe margen fiscal para un reactivación por demanda que pueda ser duradera, y las mejoras en capital humano, instituciones e infraestructuras, necesarias para acelerar el crecimiento económico endógeno, aun si se iniciaran inmediatamente, tardarían años en trasladarse a una mejora notable en el crecimiento.

Sin embargo, existe un motor de crecimiento con impactos de corto plazo que no ha sido aprovechado en la medida de su gran potencial, el sector extractivo. Si se aprovechara mejor el potencial nacional para el despliegue de proyectos mineros y energéticos (el forestal está recién en proceso de desarrollo. Ver: Un sector forestal completamente renovado), podríamos, por un lado, acelerar el crecimiento en el corto plazo y obtener los recursos para financiar las reformas necesarias que además, permitirían fortalecer otros motores endógenos de crecimiento.

Una revisión de la cartera de proyectos mineros en el Perú nos señala que a misma llega a 57 mil millones de dólares, sin embargo, un 20% se ha visto asociado a conflictos sociales, que en algún momento han implicado una paralización temporal o permanente de su avance.

Esto implica no solo la paralización de proyectos emblemáticos como Tía María y Conga, sino también la generación de un “Riesgo Perú” para toda actividad extractiva del país, puesto que no se puede estar seguro respecto al nivel de resistencia social que podría enfrentar un proyecto extractivo. Esto afecta la disposición de las empresas a invertir en proyectos de este tipo en nuestro país.

Múltiples proyectos técnicamente posibles y financieramente rentables han sido dejados de lado por no presentar una tasa de retorno suficientemente alta que compense este “Riesgo Perú” , que representan miles de millones no contabilizados, pero que están en las consideraciones de los inversionistas importantes.

Si queremos reactivar la inversión extractiva en la presente coyuntura, es necesario reducir severamente la conflictividad social, gran parte de lo que se necesita hacer para cumplir este objetivo pasa por acuerdos políticos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Esto en resumidas cuentas requiere de un acuerdo entre Peruanos Por el Kambio (PPK) y Fuerza Popular (FP). En nuestra opinión, este acuerdo sería conveniente tanto para el logro de objetivos nacionales como para los intereses políticos de ambas organizaciones.

2. Lo que ambos ganan o dejan de perder, con un acuerdo

En el caso de PPK, una menor conflictividad social permitiría un mayor ritmo de inversión, una aceleración de la economía, una mayor sensación de seguridad y con ello un mejor cumplimiento de uno de sus principales objetivos de gobierno.

La conflictividad social propicia circunstancias políticas sumamente costosas para un presidente. La existencia de conflictos facilita a los opositores radicales caracterizar al régimen como hostil a la población y prepotente, afectando su legitimidad democrática; si capitula, cediendo ante las presiones de los manifestantes, transmite la imagen de un gobierno políticamente débil e incapaz, y además la violencia y el caos propician la eventual censura o cambio de los ministros involucrados en los conflictos, en especial en las carteras de Interior y PCM, propiciando su desgaste institucional.

Los conflictos sociales fortalecen organizacionalmente a fuerzas radicales que se asignarán el capital político ganado con el conflicto, no solo al bloquear proyectos extractivos sino también a “otras luchas” tales como bloquear acuerdos comerciales, incrementar la rigidez laboral y socavar la meritocracia entre los empleados públicos. La posición de la totalidad de la izquierda frente al Acuerdo Transpacífico (TPP), la “Ley pulpín” y la Ley Servir muestra claramente de qué lado se encuentran.

En el caso del fujimorismo existe una complicación para llegar a acuerdos. El principal ganador político de los avances a los que se llegaría mediante acuerdos con PPK sería el mismo PPK. La política peruana es presidencialista y antropomórfica, el agradecimiento a un colectivo como lo es la bancada fujimorista no sería tan claro y directo como el que recibiría PPK.

Sin embargo, en un análisis más comprehensivo, se ven varias ventajas importantes para FP. El fujimorismo también ganaría políticamente con una reducción en la conflictividad social. En primer lugar la  imagen del fujimorismo que viabiliza el gobierno de PPK dificultaría el intento del anti-fujimorismo de retratar a Fuerza Popular como obstruccionista y antidemocrática.

La conflictividad social a gran escala fortalece a las fuerzas anti-fujimoristas. Las victorias aplastantes de PPK en Bambamarca o Islay se originan más del profundo anti-fujimorismo en la zona que de un particular aprecio por PPK. (Lampadia: Del voto al hecho hay un buen trecho). Los conflictos sociales generan en sus áreas de influencia, una dinámica social de control político y mediático por parte de los anti-mineros, los cuales son profundamente anti-fujimoristas. Durante el conflicto, las voces disidentes son política o coercitivamente presionadas para dejar de operar. Una vez construida esta hegemonía, ésta puede ser dedicada a otros fines políticos tal como se logró exitosamente en la segunda vuelta del 2016.  Si Cajamarca hubiera votado como lo hizo el resto de la sierra norte, Keiko Fujimori se estaría mudándose a Palacio el 28 de julio.

El fortalecimiento orgánico de las fuerzas radicales mencionado previamente debilita las perspectivas electorales del fujimorismo en el largo plazo. Estas fuerzas son el núcleo del movimiento social opositor a Keiko Fujimori que se manifiesta con regularidad en cada ciclo electoral. Son además, enemigas de la economía de mercado y de la democracia, valores fundamentales para el fujimorismo.

Los conflictos sociales empujan al fujimorismo a asumir posturas discursivas contrarias a la racionalidad económica, donde el caso de la votación en el caso del Lote 182 es un claro ejemplo. Cuando estas posturas son asumidas, el fujimorismo debilita su coherencia programática y pierde cara frente a las élites económicas y mediáticas de cuya postura depende en gran medida su fortuna hacia el 2021.

Finalmente la puesta en operación de proyectos extractivos implica una mayor base tributaria que facilite a un futuro gobierno fujimorista el cumplir con sus objetivos de gobierno y de consolidación política.

Por lo tanto, en balance, ambas fuerzas políticas tienen mucho que ganar, controlando los conflictos sociales.

3. La Agenda Común

Quedando clara, la naturaleza y magnitud de las ganancias programáticas y políticas de la colaboración entre PPK y FP, es necesario explicar algunos aspectos en los que la colaboración entre ambas fuerzas podría ser efectiva a la hora de reducir la conflictividad social. Estas ganancias apuntan a intereses de largo plazo de ambas fuerzas más que a la coyuntura política. Las medidas mencionadas a continuación requieren de la colaboración entre PPK y FP.

a. Recuperando el Monopolio en el Uso de la Fuerza para el Estado

Este es un aspecto crítico. El uso de la violencia contra las fuerzas del orden, la propiedad pública y privada es un componente básico de la praxis de los anti-mineros y en general de los anti-sistema. Los “espartambos” en Tía María y las Rondas Campesinas en Cajamarca se han involucrado en actos de violencia extremos. Sin embargo, ninguno de sus autores ha sido condenado a prisión a pesar de los evidentes delitos cometidos y la existencia de abundantes pruebas. En buena medida porque la legislación aplicable es, en este caso, pro-reo, el nivel de exigencias requeridas por los fiscales deviene en la práctica en que la Policía Nacional y el Poder Judicial no dispongan de los medios y herramientas legales necesarias para castigar a los culpables. Se debe facilitar el uso de la legislación de flagrancia a quienes realicen actos violentos, simplificar la presentación de pruebas a la fiscalía y reglamentar los criterios para las acusaciones por autoría mediata, en los casos del uso de violencia en manifestaciones públicas a los líderes de las mismas como corresponsables de la violencia que promueven. Además debe facilitarse que los acusados de estas acciones violentas sean juzgados lejos de sus localidades para evitar las presiones a jueces y fiscales.

b. Reduciendo la incidencia del “Enfoque Intercultural”

Desde hace algunos años se ha estado dado un paulatino avance del llamado “Enfoque Intercultural”. El mismo es un tema complejo, pero, en buena medida, busca brindar poderes propios del Estado a los grupos que se definan como “Pueblos Indígenas.”  Para los promotores de ese enfoque, la única condición para un grupo de personas sea catalogada como pueblo indígena es el auto-reconocimiento de un grupo humano como tal, puesto que las otras condiciones que mencionan se aplican a la totalidad el territorio nacional. Por ejemplo la descendencia total o parcial de poblaciones anteriores a la llegada de los españoles. ¿Qué comunidad, barrio o hasta familia no cumple con esta condición en el Perú? Solo un porcentaje muy reducido de la población peruana,  5% o menos, no atiende ese requisito. Con el Enfoque Intercultural, el Distrito de San Juan de Lurigancho puede declararse indígena y ponerse así al margen de las leyes que gobiernan al Perú. Lo mismo se aplicaría a cualquier grupo anti-sistema.

Este enfoque busca, entre otras licencias, la aplicación de la consulta previa para la mayoría de los proyectos extractivos en el país, poniéndola como procedimiento indispensable para la realización de los mismos. Obviamente, para ellos, basta con que un grupo humano que se sienta afectado y rechace un proyecto para que el mismo no se realice, independiente de la opinión favorable que pueda tener entre la mayoría de la población del entorno de un proyecto, en la región o en el país. Este peligrosísimo esquema, que puede ser aprovechado por grupos de interés político, propicia una autonomía radical de las poblaciones rurales y la fragmentación del sistema jurídico del país.

Para ello buscan fortalecer los privilegios jurisdiccionales de la justicia comunitaria, en especial el de las rondas campesinas. En el Perú ya se han dado acuerdos a nivel de la Corte Suprema, favorables a esta visión que tiene como mayores impulsores al Vocal Duberli Rodriguez (Ex congresista ligado al Partido Comunista del Perú, Patria Roja) y, en el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, donde la Dra. Raquel Yrigoyen, una de sus promotoras, brinda apoyo jurídico a Gregorio Santos, da cursos de sobre litigios estratégicos para paralizar proyectos extractivos y hace actos de incidencia sobre el Congreso de la República con el mismo propósito. Algunos sectores extremos de esta corriente buscan la generación de “zonas liberadas” en la sierra peruana, semejantes a las “Caracolas Zapatistas” en México.

El Congreso puede hacer mucho para reducir el daño que este esquema para-legal puede hacer. En primer lugar, acotando claramente el rol de las Rondas Campesinas hacia una de lucha contra la criminalidad local en colaboración con la policía e impidiendo el deseo de que las mismas puedan atribuirse prerrogativas tales como multar o punir físicamente a quienes no participen en movilizaciones, impedir el libre tránsito, ejercer la violencia contra los disidentes y afectar los derechos de propiedad de actores privados. El facilitar la emisión de títulos individuales a nivel de las comunidades campesinas también disminuye la vulnerabilidad de estas poblaciones a ser un laboratorio social para políticos radicales. Un intento de reformar la el Código Penal en este sentido fue exitosamente bloqueado por los radicales quienes lograron presionar a la Comisión de Justicia del Congreso.

Todo esto discurre por debajo de la línea de mira de la sociedad, las instituciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación. Es hora de prestarle la máxima atención y organizar las acciones necesarias para eliminar sus impactos antinacionales.

c. Incrementando la Voluntad política del Gobierno

Las interpelaciones, mociones de censura y caída de ministros son eventos que socavan la voluntad política de un gobierno para sostener los proyectos extractivos y sirven de caja de resonancia del discurso anti-minero y aumenta la capacidad de estos para infligir costos políticos al gobierno de turno. Un acuerdo con Fuerza Popular incrementaría la solidez de los miembros del gabinete en caso de un conflicto social. Esta mayor fortaleza se derivaría en una menor conflictividad al percibirse que la convulsión tiene una menor probabilidad de éxito. No es necesario llegar a compromisos de respaldo incondicional a ministros involucrados en un conflicto social, pues ello haría al fujimorismo corresponsable de los errores del gobierno. Lo que es viable es que los congresistas de ambas fuerzas, contrasten con valentía el discurso anti-extractivista (conspirando contra sus intereses de largo plazo y sirviendo a los intereses de los anti-mineros). 

d. Evitar el financiamiento de actividades anti-extractivas

El Estado, por diversas razones, puede financiar directa o indirectamente iniciativas que atentan indirectamente contra sus intereses. El gobierno que está terminando lo ha hecho en innumerables veces. Un caso emblemático fue el financiamiento del documental “La Hija de la Laguna” por parte del Ministerio de Cultura, una clara herramienta de propaganda anti-minera audio visual con impacto fuera del Perú.  Este documental ganó el Concurso Nacional de Proyectos de Post Producción de Obras de Largometraje 2013, a pesar que los mismos jueces no lo consideraron un trabajo logrado. Este tipo de “coladeras” de financiamiento permiten a organizaciones hostiles a las actividades extractivas llevar a cabo acciones de propaganda que dañan severamente la imagen de la industria y son una ayuda para fomentar los conflictos sociales. Ambas fuerzas políticas podrían llegar a un acuerdo, bloqueando los esfuerzos de estas organizaciones para obtener recursos del Estado para promover la conflictividad social.

e. Debilitar los ‘cercos cognitivos’

Los anti-mineros construyen exitosamente cercos cognitivos en las zonas rurales próximas a los proyectos extractivos. Ellos dominan todas las fuentes creíbles de información en una comunidad (profesores, líderes de organizaciones locales, religiosos, etc.) y callan las voces que se oponen a ellos.  Este cerco permite formar y fortalecer creencias referentes a las industrias extractivas que pueden catalogarse como insólitas en algunos casos.  Las acusaciones, basadas en ‘relatos’ fabricados (que rehacen la historia) dañan la imagen de las empresas, de la industria y de la independencia del Estado. Ambas fuerzas podrían colaborar en incrementar la presencia del Estado en las zonas de conflicto, no sólo con inversiones sociales, sino con presencia activa (comisarías, antenas repetidoras, programas del Estado, etc.) que defiendan la pluralidad de opinión, y que permitan a la población estar mejor informada sobre la naturaleza real de la afectación que los proyectos provocarán.

Conclusión

El reducir la conflictividad social tendría fuertes efectos de bienestar sobre el país y ello debería ser más que suficiente para motivar tanto a PPK como los fujimoristas para actuar en ese sentido. Pero convencer a políticos que actúen únicamente en beneficio del país a costa de su propio beneficio político de corto plazo puede ser difícil. Por ello hemos brindado aquí argumentos en los que se muestran con claridad las ganancias políticas institucionales y de largo plazo para ambas fuerzas partidarias, de desarrollarse una conducta de cooperación en relación a los conflictos sociales. La agenda presentada es incompleta y ciertamente existen áreas de colaboración que han sido omitidas, sin embargo podrían servir para facilitar el entendimiento, por parte de la opinión pública, de los beneficios que mayores espacios de colaboración que tendrían para el Perú, así como la eventual reacción positiva de las fuerzas en disputa. 

Lampadia