Jaime de Althaus
Para Lampadia

Los fiscales Vela y Pérez han usado la amplia plataforma mediática de la que disponen para acusarme de que yo he pasado a los ataques personales contra ellos e incluso a difamarlos, y a demandar mi retiro del Consejo Consultivo de la Junta Nacional de Justicia.

No puedo entenderlo de otra forma que como una intolerancia a la crítica que desnuda la falla esencial de algunas de sus actuaciones, porque lo que yo he venido haciendo es atacar no a las personas sino a los argumentos que les han llevado a criminalizar los aportes de campaña y a pedir prisiones preventivas de tres años sin acusación y por hechos que no son delito, algo incompatible con una democracia y un estado de derecho.

Presumo que fui invitado a formar parte del mencionado Consejo Consultivo de JNJ debido al libro que publiqué el 2016 titulado “La Gran Reforma de la Justicia y la Seguridad”, editado por la editorial Planeta. Mi preocupación y mis investigaciones sobre la reforma del sistema judicial para alcanzar una institucionalidad de alto nivel en el país, vienen de mucho antes de que se desatara el proceso llamado anticorrupción que ha llevado a plantear las reformas que ahora se empiezan a aplicar. Y previamente, el 2011, Planeta me publicó el libro “La Promesa de la Democracia”, que concluye en una propuesta de reformas políticas, 8 años antes de que se empezaran a discutir y aprobar.

Lo que a mí me interesa, es una democracia y un estado de derecho que funcionen. Por eso, carece de verdad la acusación difamatoria de “falta de imparcialidad” o de tener “simpatías evidentes”, sugiriendo que esas simpatías son contrarias a la lucha contra la corrupción o que se identifican con algún partido, y que por eso no debería estar en el Consejo Consultivo.[1] Yo protesté cuando se les dio prisión preventiva sin acusación y por esos mismos hechos a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Lo mismo hice, y por más razones aún, porque ni siquiera había sido gobierno, cuando se hizo lo propio con Keiko Fujimori.

Mi posición no tiene color político. Tiene el color de la defensa de los derechos fundamentales y de las condiciones mínimas de existencia de una democracia. Como ha sostenido el propio Luis Pásara, un partido político no es ni puede ser considerado una organización criminal, y no hay democracia constitucional en el mundo en el que se precondene a prisión preventiva a políticos por tres años sin acusación. Es la violación absoluta no solo del derecho a la libertad sino a la presunción de inocencia, y lleva a la destrucción de la oposición política. 

Por eso, exijo a los fiscales que rectifiquen esa imputación.

La lucha anticorrupción terminará deslegitimándose si se convierte en patente de corso para atropellar derechos humanos, si deriva en justicia plebiscitaria o en arma de la venganza política –como advertía Max Hernández- o en instrumento de satisfacción de la demanda popular por víctimas sacrificiales. El principal resultado hasta ahora ha sido, efectivamente, la satisfacción de esa demanda y la demolición de partidos con cierto arraigo en un país sin partidos. Algunos sostienen que eso ha tenido un lado positivo como válvula de escape, pero esa es una posición cínica. El editor de América Latina de The Economist, Michael Reid, lo señalaba de alguna manera el sábado en El Comercio: “…no se puede vivir siempre de una agenda anticorrupción. Un intento de hacerlo traería el defecto de que la gente piense que todos los políticos son malos y corruptos; y no podría haber democracia en esas circunstancias”.

No se puede negar el impulso que el equipo especial le ha dado a la lucha anticorrupción, pero, como dice el propio Reid, “los fiscales han centrado su atención en los políticos más que en los empresarios”. Han desarrollado un trabajo muy prolijo –muy por encima del estándar nacional, hay que admitirlo- para demostrar formas de ocultamiento de donaciones que, sin embargo, siendo cuestionables y violatorias de la ley, no eran delito y siempre se han dado en la política peruana. Un gran esfuerzo, sí, pero para criminalizar la política.

Hay que acabar con la falta de transparencia en el financiamiento de la política, es verdad. Para eso están las leyes que se han aprobado, aunque se hayan ido al otro extremo. Pero la justicia tiene que ser independiente. No puede ser ejecutora del designio popular. Designio popular alimentado, por lo demás, por las propias investigaciones o por quienes casi todos los días filtran deliberadamente información sobre casos de disfraz de aportes como si fueran actos criminales, encendiendo la indignación popular.

Lo que parece cercano al delirio es la acusación que me hace Vela de haberlos difamado de manera encubierta en mi columna del viernes en El Comercio, insinuando que han recibido dinero de Odebrecht. Pero lo que yo escribí fue todo lo contrario, que esa versión era un mito al que había que ponerle coto. Cito textualmente: “…también se construye el mito de que los fiscales han sido comprados por Odebrecht, y ya han sido denunciados. Nada de esto es sano. Debe ponérsele coto”. Es decir, los defendí de la corriente de opinión que piensa que trabajan para Odebrecht. Los fiscales pueden estar equivocados en sus tesis penales y en forzar la figura del lavado de activos para criminalizar donaciones de campaña, desertificando la política peruana, pero no creo que sean deshonestos.

Sería bueno que Rafael Vela se rectifique también en esa acusación. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Debido a una suma de incompetencias, hemos llegado al resultado ridículo de que el concurso para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia no ha logrado seleccionar a uno solo.

El principal error fue señalado por el presidente de la Corte Suprema, Dr. José Luis Lecaros, luego de que se conoció la lista de postulantes: reconoció que casi no había ninguno de peso y lo atribuyó al tipo de concurso, que incluía un examen de conocimientos en lugar de haber relanzado un concurso por invitación. Era claro que juristas de nivel no se iban a someter a un examen de conocimientos objetivo con opciones de respuestas. Lo admitió sin mayor arrepentimiento considerando que él forma parte de la Comisión Especial encargada de llevar adelante el concurso, escudándose en que la ley es la que establece la evaluación de conocimientos.

Pero la ley tiene alguna flexibilidad. Es posible, dentro de ella, ir a otro tipo de concurso, elaborando nuevas bases. ¿Qué dice la ley? En su artículo 90 establece que “La evaluación de conocimientos aborda las materias que permitan acreditar la solvencia académica y profesional del postulante para desempeñar el cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia”.

Es claro, sin embargo, que hay distintas maneras de evaluar los conocimientos, y la idea de una prueba objetiva con alternativas de respuestas y sobre todas las áreas del derecho, no era la mejor. Según Allan Wagner, presidente de la Comisión que elaboró las propuestas de reforma judicial, “se debería poner primero la evaluación de la trayectoria profesional y ética, luego las pruebas de confianza y finalmente una prueba de concepto tipo desarrollo, por ejemplo, con solución o manejo de casos. Eso no requiere modificar la ley”.

Cesar Azabache, por su parte, nos dice lo siguiente: “podría entregarse a los concursantes un caso “difícil” (sobre asuntos de relevancia constitucional -independencia, competencias, aborto, legítima defensa, prescripción, cosa juzgada-). El candidato debería resolverlo y la entrevista debería hacerse sobre esa respuesta.  La cuestión sobre antecedentes debe verse antes de eso y publicarse. Debería haber un derecho de tacha como el que se usa para los jurados”.

Juan Carlos Cortez, jefe de SERVIR, apunta que el peso debería estar en evaluar las habilidades o competencias de los postulantes para elegir jueces, más que en sus conocimientos. Para ello, es necesario definir bien el perfil que se quiere. “No es lo mismo actuar como juez que actuar como seleccionador de jueces.  Los miembros de la JNJ tendrán como principal función seleccionar y ratificar jueces y fiscales. Levantado el perfil, se establecen cuáles son los instrumentos para tener las personas más adecuadas. Entonces, en lugar de un examen memorístico, se hace un juego de roles o una situación simulada o se pide la solución de un caso”.  Esto significa que la Comisión tendría que cambiar el Reglamento que elaboró, para lo cual debe consultar con especialistas en este campo.

Precisamente, el proyecto de ley del Ejecutivo ponía a SERVIR –entidad especializada en este tipo de labores- como secretaría técnica de la Comisión Especial. Pero la ley aprobada la eliminó sin indicar un sustituto. Esto no le impide a la Comisión solicitar la asesoría de SERVIR o de alguna empresa especializada.

Concurso por invitación

Ahora bien, un tema clave es que el concurso sea también por invitación. Para ello, sería importante la parte del concurso que tenga un peso mucho mayor –digamos 70%- sea el currículum vitae del postulante, su trayectoria. Esto haría posible –como quería el Dr. Lecaros- invitar a destacados juristas a participar en el concurso, porque en esas condiciones sí se sentirían más animados a postular.

Azabache opina algo parecido: “Yo soy partidario para estos casos de los procesos por invitación, como el del jurado de honor de 1992 o cómo los que conducen a las elecciones del TC y de la Defensoría” Y agrega que algunas postulaciones podrían ser respaldadas o promovidas por instituciones e incluso por partidos. O -añadimos nosotros-, se podría pedir a universidades o estudios de abogados u otras instituciones que sugieran o promuevan la candidatura de juristas de alto nivel o los animen a postular.

Hay que buscar los mecanismos que permitan captar lo mejor de la profesión. No podemos resignarnos a no conformar una Junta Nacional de Justicia del más alto nivel. Necesitamos inteligencia y flexibilidad en la Comisión Especial para encontrar los mejores caminos. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hay un paralelo que podemos hacer entre la hiperinflación de Alan García y el caso Lavajato: ambos procesos fueron tremendamente destructivos, y así como la reacción frente a la hiperinflación condujo a las reformas del modelo económico que instauró una era de crecimiento con estabilidad monetaria, de la misma manera la reacción frente al abismo moral del caso Lavajato puede llevar al adecentamiento de la política y a una reforma profunda del sistema judicial.

Decimos “puede llevar”, porque el resultado no está garantizado. Requiere, además, de una reforma del Estado que establezca sistemas meritocráticos, digitalizados, transparentes y simplificados en la administración y la obra pública, y de una reforma política que, entre otras cosas, reduzca las oportunidades de financiación ilegal u oculta de las campañas electorales y establezca un sistema de partidos serios y abiertos que atraiga a los mejores a la política. Tal como viene siendo procesada en el Congreso, podría fracasar. Aquí se requeriría que el presidente de la República convoque reuniones con los partidos para llegar a un acuerdo político sobre los principales cambios. De lo contrario, podríamos no llegar a ninguna parte o a un resultado inconducente.

Adicionalmente, las grandes acusaciones de corrupción derivadas del caso Lavajato que estamos viendo tienen que rematar, para que no sean flor de un día, en una verdadera reforma del sistema judicial. Dicha reforma está en marcha, pero algunas de las leyes aprobadas les han quitado potencia a las propuestas originales. La Autoridad de Control, por ejemplo, si bien tendrá un jefe independiente designado por la Junta Nacional de Justicia, lo que es un avance, carecerá de autonomía económica y de un cuerpo policial adscrito para investigar corrupción en las Cortes Superiores. El Consejo para la Reforma del Sistema Judicial, por su lado, tendrá una presidencia rotativa en lugar de una permanente a cargo del presidente de la República. Y ya vemos que la lista de postulantes a la Junta Nacional de Justicia deja mucho que desear. De hecho, está muy por debajo de lo que se esperaba y de lo que se necesita. La razón es clara: las bases para el concurso han disuadido a los mejores, que no se van a exponer a un examen de conocimientos que tiene un 30% del valor de la nota final y donde el currículum vitae vale solo el 30%. No se consultó esas bases para lograr unas que aseguren el éxito de la convocatoria.

La falacia de los aportes de campaña y el caso de los Humala

Por otro lado, si bien estamos viendo avances muy importantes en el descubrimiento de casos graves de soborno por parte de las empresas brasileras, donde el caso más escandaloso ha sido el del ex presidente Alejandro Toledo, al mismo tiempo se sigue cometiendo graves abusos en los casos de aportes a las campañas electorales. La reciente acusación del fiscal Juárez a Nadine y Ollanta Humala, por ejemplo, vuelve a repetir las falacias que ya hemos escuchado en esta clase de casos. 

Según la nota de El Comercio,[1] la fiscalía busca demostrar que la pareja “estaba en condición de presumir que los activos [los aportes] otorgados tenían origen ilícito” y, pese a ello, fueron usados para las campañas electorales del 2006 y el 2011. Es posible que ese argumento tenga algo de validez para el año 2006, cuando la pareja recibió dinero del gobierno venezolano, en la medida en que era claro que Chávez había tomado ese dinero de las arcas venezolanas “para beneficio propio y de terceros”.

Pero el caso de los US$3 millones de Odebrecht, entregados para la campaña del 2011 por disposición del Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva, es diferente. Según el Fiscal, Lula habría puesto a disposición de los esposos el dinero de “una especie de cuenta corriente nacida, poseída y contabilizada de la empresa en referencia (Odebrecht)”… y que era “utilizada a discreción por el partido de gobierno brasileño”.

Los Humala, indica el fiscal, debían presumir su ilicitud, puesto que se usaron mecanismos ocultos, como pagos a través de seudónimos (codinomes) y entregas en maletines, para hacer llegar el dinero. Aparece aquí la falacia en todo su esplendor. Si se usan esos mecanismos ocultos, no es porque se conozca del origen ilícito del dinero, sino para no poner en evidencia que una empresa como Odebrecht –extranjera por añadidura- estaba aportando a la campaña de un partido “nacionalista”. Políticamente era imposible revelar la fuente del financiamiento. Además, era una falta administrativa, por el monto. Más aun, el objetivo de la acción –usar mecanismos ocultos- no es “lavar” dinero sucio, sino ganar una elección. Y la motivación de Lula no era lavar dinero, sino controlar políticamente a un gobierno ideológicamente afín dentro de un plan de expansión geopolítica del estado brasilero.

Todo eso puede es muy censurable. Es una vergüenza. Pero no era un delito. Cierto es que el monto es muy elevado, y que es posible interpretar la donación como una suerte de soborno adelantado. Pero en ese caso hay que demostrar que hubo claro direccionamiento a la empresa Odebrecht en las licitaciones que luego ésta ganó. No se puede presumir adelanto de soborno. Y éste, en todo caso, sería otro delito –colusión-, no lavado de activos.

Lo mismo se puede decir respecto del argumento de que el partido usó aportantes falsos para “pitufear” el dinero, y que si lo hacía era porque presumía el origen ilícito de los fondos. Como sabemos, se lava para ocultar el origen delictivo. En el caso del pitufeo, no se lava en el sentido de que se quiere ocultar algún origen delictivo, sino para partir un monto muy grande o para que no se sepa quién dona. Y no porque quién dona sea delincuente, sino porque el donante no quiere aparecer o el partido no quiere que aparezca. Pitufear no es lavar, salvo que efectivamente se sepa que el dinero proviene de fuente ilícita, situación en la que se conjugan las dos finalidades. Pero si no es así, el objetivo no es lavar, sino tener dinero para la campaña. Tan sencillo como eso. Un asunto de sentido común.

Si los Humala usaron ese dinero para fines personales y no lo declararon, esa es otra figura, que quizá configure delito, pero sigue sin ser lavado de activos.

Usar mecanismos para ocultar la fuente de una donación era una falta administrativa, que se hacía acreedora de una multa, pero no un delito. Falta que todos los partidos han cometido siempre, porque así funcionaba la política peruana. Ante esa limitación, el sistema judicial ha construido la teoría del lavado de activos, tergiversando la naturaleza de los hechos. Al hacerlo, lo que ha conseguido es criminalizar la política y enviar a prisión a líderes de la oposición. Algo inconcebible en una democracia. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La promesa contenida en la reforma del sistema judicial que se echó a andar con la disolución del CNM y la aprobación masiva en el referéndum a la creación de la Junta Nacional de Justicia, es la implantación en el Perú del imperio de la ley, es decir, la creación, por fin, de un Estado de Derecho en nuestro país. Pero eso no pasa solo por la reforma del sistema judicial, sino por un conjunto de otras acciones y reformas. Entre ellas, por supuesto, está la política de seguridad, que lleve a una reducción sustancial del delito. Es decir, la extirpación de buena parte del crimen organizado que asola partes importantes del territorio y las instituciones, y una mejora apreciable en los índices de seguridad ciudadana.

La pregunta es si vamos en la dirección correcta en este tema crucial. En este informe examinaremos específicamente si los mega-operativos que se anuncia con frecuencia con capturas espectaculares, están produciendo resultados en términos de reducción del crimen organizado o no.

Pues algo que no tiene precedentes en nuestro país es que llevemos ya algo más de dos años realizando mega-operativos policiales a un ritmo de aproximadamente uno por semana, con algunas interrupciones como la que se produjo en abril y mayo del 2018, a raíz de la crisis política que derivó en la renuncia del presidente Kuczynski.

Reducción en el número de extorsiones

Estos mega-operativos han desarticulado y encarcelado parcialmente a sendas organizaciones criminales dedicadas a la usurpación de tierras, a la extorsión y a la corrupción municipal y estatal. Pero no sabemos en qué medida esto ha tenido un impacto en la reducción de esos crímenes, salvo en el caso de las extorsiones. La información del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público confirma que se estaría logrando resultados en lo relativo a este delito. Como podemos ver en el siguiente gráfico, su número viene disminuyendo desde el 2016.

Fuente: Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público. Elaboración propia

En la medida que este delito se concentra en la costa norte y centro y que los mega-operativos también priorizaron en alguna medida esas zonas, sería posible atribuir esta disminución a dichas operaciones. Pero lo que no tenemos es un índice de usurpaciones de terrenos y no podemos saber si estas están disminuyendo o no. El citado Observatorio de Criminalidad debería construirlo, a partir de las denuncias existentes. Más difícil aun sería medir los niveles de corrupción en los gobiernos sub-nacionales.

Tasa de homicidios sube

Una medida relativa del éxito de los mega-operativos debería ser una caída en la tasa de homicidios, porque según una publicación del Ministerio de Justicia,[1] el 45.9% de los homicidios está vinculado a delincuencia común u organizada (robo/ atraco, narcotráfico, secuestro, etc.) y a sicariato, aunque no queda claro qué porcentaje es delincuencia común y qué porcentaje es crimen organizado.

Como fuere, lo que vemos en el siguiente gráfico es que, pese a los mega-operativos, la tasa de homicidios tiende a agravarse: ha pasado del 5.4 por cada 100,000 habitantes el 2011 al 7.8 el 2017. Cierto es que esa tasa es la tercera parte de la tasa promedio de América Latina, que está en 21.5 según el Igarapé Institute, pero lo que preocupa es que esté en ascenso pese a los mega-operativos.

Fuente: “Homicidios, contándolos uno a uno”, INEI, 2018

Detenidos que son liberados

Debe estudiarse qué es lo que explica este incremento. Una hipótesis es que precisamente los mega-operativos al final no dan todos los resultados esperados porque una proporción de los detenidos es liberada y algunos de los que se quedan siguen manejando el crimen desde las cárceles. De acuerdo a fuentes vinculadas al INPE, de cada 100 detenidos por la PNP-Fiscalía en  los mega-operativos realizados a partir de setiembre del 2016, solo 53 fueron  a un penal con prisión preventiva, y de esos 53, dos años después, sólo 40 siguen detenidos y habría pocos condenados (aunque el Coordinador Nacional de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, doctor Jorge Chávez Cotrina, informó hace poco que se había conseguido 123 condenas en un total de 154 procesos judiciales, que todavía es poco considerando que solo el 2018 hubo 890 detenidos en estas operaciones).

¿Por qué solo el 40% sigue detenido? Según Rubén Vargas, ex viceministro de Seguridad Interior, ello ocurre principalmente por falta de capacidad de la Fiscalía de Crimen Organizado, debido a falta de presupuesto para que el equipo de fiscales contra el crimen organizado crezca. El resultado es que no avanzan los procesos, se vencen los plazos sin acusaciones formales, y los jueces terminan liberando a los detenidos. También podría haber desidia en algunos casos. El doctor Jorge Chávez Cotrina nos dice que “faltan fiscales y jueces, pues por la falta de estos las audiencias no se programan dentro del plazo”.

De acuerdo a conocedores, sin embargo, en cierto número de casos no habría falta de jueces sino incumplimiento de las horas de trabajo: jueces que trabajan por la mañana, pero se retiran a la 1 de la tarde y no regresan. El horario de trabajo de los jueces debe ser transparente para la opinión pública.

En opinión de Nataly Ponce, ex viceministra de Seguridad, “El Poder Judicial ha realizado varias liberaciones y en un corto plazo tras los mega-operativos. O los “megas” fueron insuficientes en lo sustantivo, o el sistema de justicia se laxa posteriormente a la prisión preventiva de los implicados. De otro lado, los penales tampoco garantizan la desestructuración efectiva de las redes criminales”.

Según fuentes vinculadas al ministerio de Interior, ocurre asimismo que en los mega-operativos se detiene a los cabecillas e integrantes, pero también a personas que simplemente fueron captadas en las escuchas telefónicas conversando en alguna ocasión con dichos cabecillas sin que pueda demostrarse una vinculación criminal.

También habría una cuota de corrupción a nivel de los jueces. Ricardo Valdez, ex viceministro de Orden Interno de la gestión del ex ministro Carlos Basombrío, nos refirió que “en un par de oportunidades después del mega-operativo, Rubén Vargas (ex viceministro de Seguridad Pública) se quejaba amargamente de que Poder Judicial no daba las detenciones preventivas, o de la corrupción en juzgados que terminaba liberando a algunos de los capturados”.

¿Mega-operativos falsos?

Otra explicación posible, sin embargo, es la que brinda el ex viceministro Dardo López Dolz, que en realidad es una verdadera denuncia que habría que verificar. Según él, en cierto número de casos lo que ocurre es que los fiscales no denuncian o la juez suelta a los detenidos porque se trata de mega-operativos artificiales: “capturaban raterillos, paqueteros y uno que otro drogo y los presentaban como banda”. Según él, muchas de las organizaciones criminales capturadas no son tales o son “engordadas”.

Pero según Rubén Vargas, eso es lo que se hacía hasta julio del 2016. “De julio para adelante, inclusive hasta ahora mismo, no hay una sola operación falsa. Deme un solo caso y le explicaré de qué se trata. Ahora, hay un sector pequeño y corrupto de la PNP que siempre pretendió deslegitimar los mega-operativos debido a que ya van más de 80 policías corruptos detenidos como parte de crimen organizado. Fueron detenidos dos generales en actividad y tendrían que correr la misma suerte por lo menos otros tres más”.

Al respecto, el ex viceministro Ricardo Valdez, aclara lo siguiente: “El escuadrón de la muerte tenía esa forma de actuar. En los “Megas” de nuestra gestión, los verdaderos mega-operativos se trabajaban a lo largo de meses con participación de fiscales durante la investigación. No se hacían mega-operativos ‘truchas’. Ahora, no doy fe de lo que ocurrió este 2018.  He visto “megas” que han sido un mamarracho, como el que encarceló al general Becerra, por ejemplo. Otrosí: la PNP también toma el nombre de mega-operativos para algunas intervenciones que no realiza con la DIVIAC (División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad)”.

El Dr. Jorge Chávez Cotrina informó a la prensa el 28 de diciembre que el 2018 “el Ministerio Público logró la desarticulación de 54 organizaciones criminales, en igual número de mega-operativos”. Agregó que el número de detenidos superó al alcanzado el año pasado, acumulando un total de 890 personas vinculadas a organizaciones criminales, de las cuales 579 fueron recluidas bajo prisión preventiva a pedido del Ministerio Público.

Entre las organizaciones criminales desarticuladas durante este año, el fiscal superior Chávez Cotrina destacó las conocidas como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, ‘Los Capos de la Construcción’, ‘La Jauría del Norte’, ‘El Nuevo Dragón Rojo’, ‘Los Cuervos de Paramonga’, ‘Los Nuevos Malditos del Triunfo’, ‘Los Desalmados del Tráfico Humano’, ‘Los Impunes del Norte’, ‘El Gran Chaparral’, ‘Los Gatilleros del Sur’, ‘Los Malditos de Santa Rosa’; entre muchos otros.

Se hace difícil pensar que estas organizaciones criminales hayan sido inventadas. Sería muy grave que se esté haciendo pasar por mega-operativos algunos que no lo son, acaso para obtener puntaje en los ascensos. Debe investigarse. Pero allí donde se moviliza a decenas de fiscales y centenares de policías, resultaría inaudito o poco creíble que se lo haga para capturar solo paqueteros o drogadictos. Por lo demás, es muy frecuente –como señala Vargas- que en los mega-operativos se capture a policías, y también a alcaldes.

En todo caso, cabría preguntar a la Oficina de Integridad del Ministerio de Interior y a la Inspectoría de la PNP si están supervisando esos operativos para asegurar su realidad. Según Valdez, esas oficinas usualmente actúan ex post, no de manera concurrente.

Mayor uso de armas de fuego

De otro lado, los mega-operativos y las políticas de la Sucamec tampoco han servido para contener otro indicador que viene subiendo: el porcentaje de hechos delictivos que se comete con armas de fuego. Como vemos en el siguiente cuadro, este se incrementó entre el 2015 y el 2016, aunque luego casi se ha estabilizado. Pero definitivamente no baja:

Fuente: Informes Técnicos, Estadísticas se Seguridad Ciudadana, INEI   (elaboración propia)

¿Qué explica esto? Rubén Vargas nos refiere que “En la gestión del Ministerio del Interior entre agosto 2016 y marzo 2018 se trabajó en un “Plan Integral contra la tenencia ilegal de armas”, que sería importante mejorar y potenciar. Este tuvo como estrategias: a) Regularización de licencias, b) Ejecución de mega-operativos contra el tráfico de armas, c) Labores continuas de fiscalización a cargo de la Sucamec, d) Programa de recompensas, e) Operativos sorpresa a nivel nacional y f) Campañas disuasivas.

Aparentemente, sin embargo, ese plan quizá logró estabilizar, pero no bajar ese indicador. Según el ex viceministro Ricardo Valdez, “de un lado, los operativos destinados a sacar armas de fuego del mercado ilegal no se han repetido en el 2018. De otro lado, no recuerdo operativos con resultados contundentes hacia las economías ilegales que trafican o contrabandean armas en Puno, Madre de Dios y Loreto principalmente. También se frenó en el 2018 el proceso de regularización de armas de fuego por parte de SUCAMEC. Sin dejar de mencionar el mercado de alquiler de armas de fuego en donde participan las FFAA y la PNP, aparte del sistema de alquiler dentro de la propia criminalidad”.

Dardo López Dolz, por su parte, incide en esto último: “no tengo la estadística oficial actual, pero los relatos de las víctimas y los reportajes muestran, en la mayoría de los casos, armas que coinciden con las armas de reglamento militar y policial, en algunos casos, armas de uso exclusivo de las fuerzas del orden, lo que apunta a un evidente mercado negro de venta o alquiler de armas del Estado”. Y añade algo preocupante:
“Adicionalmente, infiltrada en la migración venezolana, han ingresado -con armas y granadas- bandas de delincuentes conocidos por su salvajismo.
Muchos fueron -emulando la maniobra del puerto de Mariel- liberados y equipados por Maduro”.

Es evidente que, si en este mercado las armas de la policía y de las fuerzas armadas se alquilan o se venden, debe hacerse operativos para identificar a los responsables y castigarlos severamente. Eso es muy grave. No se puede aceptar. Y más allá de esto, como reconoce el propio Vargas, resulta importante estudiar el fenómeno para identificar la procedencia de las armas usadas para el crimen, así como comprender el circuito y dinámicas del mercado ilegal de armas en el país, algo que no se ha hecho.

¿Los penales son porosos?

A los problemas de capacidad de las fiscalías para acusar, eventual corrupción de jueces y detención de personas que no tendrían vinculación criminal sino circunstancial con la organización criminal, debe añadirse la porosidad en algunos penales: una cierta proporción de quienes quedan en prisión preventiva podrían comunicarse con el exterior disponiendo acciones criminales desde la cárcel. En esos casos de nada sirve capturar a los criminales si pueden seguir operando desde los penales.

¿Esto es así? Para que no lo sea, el bloqueo de celulares debería estar funcionando en los penales en los que se recluye a estos criminales, que son principalmente Challapalca, Ancón 1, Cochamarca y Miguel Castro Castro. De ellos, ni Challapalca ni Cochamarca, que es donde se envía a los más peligrosos, poseen bloqueadores de celulares, aunque Challapalca no los necesita porque la señal no llega hasta allí.

De acuerdo a fuentes del INPE, hay 12 penales bloqueados. Ya deberían estarlo los 33 existentes, pero la empresa que tiene la concesión, Prisiontec, viene incumpliendo sus compromisos. Entre esos 12 están Castro Castro, Lurigancho y Ancón 1. El de Cochamarca recién quedaría bloqueado a mediados del 2019.

El bloqueo, de otro lado, no alcanza al 100% de las señales, pero si al 90 – 95%. En algunos casos menos. Y esto para las señales de Movistar, Claro y Entel, pero no para las de nuevos operadores que ingresen al mercado, porque cada operador se mueve en un rango determinado.

Caen alcaldes y policías, pero no fiscales ni jueces

Ahora bien, una noticia interesante es que en la mayor parte de mega-operativos son detenidos dos o tres o cuatro policías que forman parte de la organización criminal lo que, de paso, ayuda a depurar la policía. Pero quienes no caen son fiscales y jueces, porque el artículo 454 del nuevo Código Procesal los blinda al obligar a denunciarlos primero ante el órgano de control interno inmediatamente superior, donde la denuncia suele diluirse. Esa es, entonces, otra falla que debe resolverse, pues le quita efectividad a los mega-operativos y corona la impunidad.

De otro lado, vemos con frecuencia cómo caen alcaldes y gobernadores regionales, por lo general envueltos en tráfico de tierras o en actos de corrupción. Las organizaciones de usurpadores de terrenos están siempre conectadas con policías, fiscales, jueces y alcaldes.

Esto habla de fallas estructurales en el proceso de descentralización y en el sistema de propiedad. Es probable que haya corrupción en la Sunarp, la SBN y Cofopri. El alcalde y el gobernado regional de Tacna fueron detenidos luego de haber vendido todos los terrenos del Estado que rodean a la ciudad de Tacna, asfixiándola y sin prever espacio para parques, hospitales o colegios. Y los usurpadores de tierras, por ejemplo, están siempre coludidos con alcaldes, policías, fiscales y jueces.

Conclusión

Los mega-operativos han logrado disminuir el número de extorsiones, pero no sabemos si han disminuido las usurpaciones de terrenos, porque ese indicador no se mide. Sin embargo, la tasa de homicidios viene subiendo en lugar de disminuir. Esto podría indicar que los mega-operativos no están teniendo todo el impacto que podrían. Una explicación podría estar en que el 60% de los detenidos en estas operaciones termina saliendo de la cárcel, sea por falta de capacidad de las fiscalías para seguir los casos y acusar, sea por falta de jueces o porque algunos magistrados trabajan pocas horas o son corruptos, o porque algunos casos no tienen fundamentación suficiente. Con frecuencia caen policías, pero no fiscales ni jueces porque estos gozan de un blindaje legal. Las cárceles, de otro lado, no garantizan totalmente que algunos cabecillas no sigan dirigiendo acciones criminales desde la reclusión.

Recomendaciones:

Hacen falta, entonces, varias cosas:

• Aumentar el número de fiscales y jueces si es necesario (previo estudio) o realizar una reingeniería para que los fiscales y jueces optimicen sus horarios de trabajo.
• Controlar el horario de trabajo de los jueces y fiscales y transparentarlo.
• Llevar y publicitar el registro de los detenidos que son liberados, y las razones de ello.
• No detener a personas simplemente por haber conversado alguna vez con los cabecillas.
• Tomar las decisiones necesarias para que la empresa concesionaria a bloquee efectivamente los celulares en los penales, para que los cabecillas no puedan seguir operando desde allí.
• Demandar la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior un control riguroso de los mega-operativos.
• Modificar el artículo 454 del nuevo código procesal penal para eliminar el blindaje a fiscales y jueces.
• Identificar a los policías y miembros de las fuerzas armadas dedicados al tráfico de armas, y castigarlos severamente. Estudiar bien el fenómeno y desarrollar una política adecuada de control de armas.
• Mejorar las estadísticas. Por ejemplo, medir el número de denuncias de usurpación de terrenos y su evolución.
• Reformar el sistema de propiedad (SBN, Sunarp, Cofopri, catastros), porque la propiedad o no está titulada, o hay superposición de títulos o se ha vuelto muy insegura por la corrupción existente.
• Reformar la descentralización. Los alcaldes no deben tener la atribución de vender bienes del Estado.

Lampadia

Una cámara única, con su sistema electoral basado en la representación regional, trae el parlamento las mismas visiones sub-nacionales de los gobiernos regionales. Por lo tanto, se pierde la posibilidad de que la importante labor legislativa se inspire también en una visión compartida del país que debe moldearse y construirse.

Un Senado debe ser la amalgama que le dé contenido político al Perú ‘unitario’. (Ver en Lampadia: Un Senado es mucho más que una segunda instancia.)

El voto del domingo no debe distorsionarse por pasiones políticas de ningún color, ya sea por una sentida animadversión contra el Congreso, o un rechazo a las actitudes del ejecutivo.

La Constitución no es un elemento de la coyuntura política, su carácter es estructural y su normativa de largo plazo. Lampadia