Un reciente e interesante artículo publicado por The Economist, que compartimos líneas abajo, explica la situación de desaceleración que se encuentra experimentando la productividad laboral tanto en el mundo desarrollado como el emergente en la década pasada, a la vez que sugiere posibles hipótesis para explicar este comportamiento.

Como se podría conjeturar, en los países desarrollados el rol tecnológico habría jugado un papel importante en esta desaceleración en tanto puede que las innovaciones del 2010 no significaron en su momento un notorio avance en relación a otros inventos que gatillaron la producción en la década de los 2000. A esto se sumaría también la guerra comercial EEUU China que ha lanzado a los países a imponer proteccionismos en sus industrias, desplomando el comercio internacional.

Sin embargo, como también enfatiza el popular medio británico, el meollo del asunto en el caso de los países emergentes estaría explicado fundamentalmente por una desacumulación de capital, lo cual estaría haciendo menos productivos a los trabajadores en relación a los años 2000. La década de los 2000 a diferencia de la de los 2010 estuvo caracterizada por un boom de commodities impulsado por China, lo cual generaba grandes retornos con consecuentes altos niveles de inversión extranjera en los países exportadores de materias primas como el Perú.

Si bien esto explica gran parte del estancamiento experimentado en América Latina (ver Lampadia: ¿Una década perdida en América Latina?), creemos que existe una suerte de responsabilidad compartida puesto que a la par del factor externo, la coexistencia de populismos de izquierda como el acaecido en Brasil, Argentina, Venezuela, y en menor medida en Perú, comprometieron fuertemente los volúmenes de atracción de inversión privada tanto nacional como extranjera, en tanto se lapidaban los incentivos de acumulación de capital. Los escándalos de corrupción de Odebrecht también jugaron un rol como hemos escrito en anteriores oportunidades.

En ese sentido, consideramos que para retomar el gran crecimiento de la productividad que caracterizó la década de los 2000 en el mundo emergente, se debe atraer más inversión y más comercio, de forma que la brecha que aún nos lastra en nuestros niveles de vida frente a los países ricos pueda ser acortada con mayor premura. Lampadia

No solo un problema del primer mundo
Las economías emergentes están experimentando una desaceleración prolongada de la productividad

Parecen condenados a quedarse atrás de los países ricos por más tiempo de lo esperado

The Economist
18 de enero, 2020
Traducido y comentado por Lampadia

¿Cómo se comparan las innovaciones modernas con las del pasado? Algunos economistas, como Robert Gordon, de la Universidad Northwestern, argumentan que los autos sin conductor, las impresoras 3D, etc., se vuelven insignificantes en comparación con los frutos de revoluciones industriales anteriores, como la producción en masa. Eso, piensan, explica una prolongada desaceleración de la productividad en EEUU y otras economías ricas que la crisis financiera profundizó.

¿Pero qué hay de otros lados? Los países en desarrollo están, por definición, a cierta distancia de la frontera tecnológica. Un consuelo de su posición es la vasta acumulación de innovaciones pasadas que les queda para explotar más plenamente. Su crecimiento depende más de la imitación que de la innovación. Un país donde la mayoría de las personas todavía andan en scooter no tiene que preocuparse si el próximo Tesla no llega a tiempo.

Y, sin embargo, ellos también han sufrido una disminución de la productividad. Según un nuevo informe del Banco Mundial, la desaceleración es la “más pronunciada, más larga y más amplia hasta la fecha”, según los datos que se remontan a cuatro décadas. El PBI por trabajador de las economías en desarrollo es casi un 14% más bajo que si la productividad no hubiera perdido impulso.

El Instituto de Finanzas Internacionales, un grupo de expertos, cree que los mercados emergentes ahora sufren una variante del “estancamiento secular” que atormenta al mundo rico. Oxford Economics, una consultora, argumenta que los mercados emergentes han perdido volatilidad y vigor, consignándolos a una “estabilidad de rejilla”. Capital Economics, otra consultora, predice que en la próxima década, “el crecimiento generalizado de los mercados emergentes de las últimas dos décadas llegará a su fin”. En la mayoría de los mercados emergentes que rastrea, el PBI por persona creció menos rápidamente el año pasado que en EEUU. Se supone que la imitación es más fácil que la innovación. Pero a pesar de que a las economías líderes les resulta más difícil abrir un camino, muchos de sus seguidores se han perdido por completo.

¿Cómo pasó esto? Cuando miran al mundo rico, a algunos economistas les preocupa que las grandes empresas la tengan demasiado fácil. Sin una fuerte competencia, tienen pocos incentivos para innovar o invertir. Pero cuando miran al mundo pobre, a algunos les preocupa que las grandes empresas ahora la tengan demasiado difícil. En una encuesta a más de 15,000 compañías, el Banco Mundial muestra que las grandes empresas en los países pobres tienden a ser más productivas y más propensas a exportar que sus rivales más pequeños. En el pasado, estas empresas han sido conductos importantes para mejorar el conocimiento y las tecnologías adquiridas de socios y rivales en el extranjero y transmitidas a proveedores e imitadores en casa. Pero las “rutas hacia la transferencia de tecnología se están reduciendo”, señala el banco, gracias al creciente proteccionismo y el alto en la expansión de las cadenas de valor mundiales.

Sin embargo, la falta de transferencia de tecnología es solo una parte del problema. La mitad de la desaceleración en el crecimiento de la productividad laboral en los últimos años refleja no un fracaso para imitar, sino un fracaso para acumular: la débil inversión ha dejado al trabajo con muy poco capital para trabajar. Este déficit en la inversión explica toda la desaceleración de la productividad en el sur de Asia, el Medio Oriente y el norte de África, y dos tercios de eso en Europa y Asia Central. Ese es un problema grave, pero también tranquilizador convencional. En la medida en que el bajo gasto de capital proviene de la falta de crédito o confianza, es bastante fácil imaginar una reversión una vez que las heridas financieras sanan y el espíritu animal revive.

La renuencia a movilizar capital ha sido igualada por la lentitud de los trabajadores en la mudanza. En cualquier país, algunas partes de la economía (como la manufactura) son más productivas que otras (como la agricultura). Pero esta brecha es inusualmente grande en los países en desarrollo, donde lo moderno y lo medieval a menudo coexisten. En principio, por lo tanto, las economías emergentes tienen mucho que ganar al trasladar trabajadores entre sectores, incluso si la productividad dentro de cada sector no mejora. En el típico país en desarrollo, este movimiento contribuyó con aproximadamente 1.1 puntos porcentuales al crecimiento en los años previos a la crisis financiera mundial. Esa contribución se ha reducido a solo 0.5 puntos en los últimos años (ver gráfico líneas abajo). En América Latina y el Medio Oriente, la contribución fue negativa: los trabajadores se mudaron por el camino equivocado, a donde eran menos productivos.

Quizás la explicación más simple para la caída de la productividad radica en el auge que la precedió. Durante cinco años extraordinarios, marcados por la crisis financiera mundial, China experimentó un crecimiento excepcional que atrajo a los exportadores de productos básicos. Ese mismo éxito dejó al gigante asiático con menos espacio para un mayor crecimiento de recuperación, lo que contribuyó a su inevitable desaceleración. Su crecimiento también se ha vuelto más autónomo y menos intensivo en productos básicos.

El ritmo y el patrón cambiantes del crecimiento de China resultaron ser un desastre para muchas economías en desarrollo que exportan productos, especialmente en América Latina y Oriente Medio. Su crecimiento de la productividad se ha derrumbado. Pero en otras economías en desarrollo, las afirmaciones de estancamiento secular y el fin del crecimiento de recuperación parecen exageradas. Su crecimiento de la productividad está cerca de su promedio de 25 años y todavía está cómodamente por encima del mundo rico. Es lento solo en comparación con unos pocos años antes y después de la crisis financiera mundial.

En una publicación del Banco Mundial hace 25 años, Lant Pritchett, ahora en la Universidad de Oxford, enfatizó que el crecimiento por imitación fue históricamente bastante raro. Sí, la imitación debería ser más fácil que la innovación (y los rendimientos de la inversión deberían ser altos cuando el capital es escaso). Pero a menudo se interponen otros factores. Después de todo, si los países pobres crecieran de manera confiable más rápido que los ricos, no habría tantos países pobres todavía alrededor. El “rasgo dominante” de la historia económica moderna no era la convergencia entre países ricos y pobres, escribió Pritchett, sino “divergencia, a lo grande”.

La última década, a pesar de todas sus decepciones, ha resistido esa tendencia histórica, aunque menos impresionante que la década anterior. Para las economías emergentes, los años 2010 fueron decepcionantes. Pero seguían siendo la segunda mejor década de los últimos 50 años. Lampadia

La estructura societaria denominada “responsabilidad limitada” se ha constituido desde los tiempos de la Revolución Industrial, como uno de las instituciones impulsoras del crecimiento al alinear los incentivos de los inversionistas de tal forma que se limitan los riesgos, potenciando así la acumulación de capital en las empresas.

Sin embargo, y como hemos comentado anteriormente (ver Lampadia: Formas societarias, propensión a invertir y control de riesgos), existen ciertas críticas académicas hacia esta institución argumentando que su existencia incentiva la comisión de actos que pueden ser en desmedro del consumidor, puesto que los activos personales de los propietarios no estarían en riesgo de liquidarse ante la posible quiebra de una empresa.

En un contexto de creciente calentamiento global y de diversas controversias que involucran muertes en torno grandes empresas (como el reciente caso de Boeing), estas críticas ahora se han potenciado en los últimos años con  líderes políticos que inclusive han solicitado el retorno a la figura de “responsabilidad ilimitada” (ver Lampadia: El plan disruptivo de Warren). Un reciente artículo publicado por Project Syndicate, que compartimos líneas abajo, refleja uno de estos embates.

Al respecto de esta postura, estamos completamente en desacuerdo. En primer lugar, porque estas críticas de la responsabilidad limitada se circunscriben a las empresas grandes, desconociendo  los grandes beneficios que otorgan a las pequeñas y medianas empresas y a sus propietarios. De no existir esta protección, el alto nivel de riesgo al cual están expuestos estos empresarios y sus restricciones de financiamiento producto de su poco patrimonio, desincentivarían cualquiera de sus inversiones limitando su crecimiento y así el de toda la economía.  En países en vías de desarrollo como el Perú en donde el 95% de empresas son MYPEs, la forma de responsabilidad limitada es fundamental para seguir incentivando la inversión y el empleo en ellas.

En segundo lugar, en relación a las críticas de la “responsabilidad limitada” a las grandes empresas, estas tampoco toman en cuenta que el mismo mercado en los últimos años está valorando, y por ende penalizando, aquellas organizaciones cuyos CEO no se encuentran impulsando lo que se denomina como “capitalismo de stakeholders” (ver Lampadia: ¿Qué tipo de capitalismo queremos?). Esto ya se visualiza con especial foco en EEUU con los políticos y la sociedad civil quienes les exigen a las empresas un nuevo rol en la sociedad, de tal manera que genere bienestar social y ambiental en torno a consumidores, proveedores, y todo agente que se vea beneficiado directa e indirectamente de su actividad productiva.

En ese sentido, creemos que en vez de lapidar permanentemente la responsabilidad limitada, se debiera difundir más la implementación de esta nueva corriente de tal forma que el mismo mercado pueda forzar la aparición de buenas prácticas en las grandes empresas. Así, el empresario propendería iniciativas sociales y ambientales de forma orgánica sin desvirtuar sus derechos de propiedad. Lampadia

La responsabilidad limitada está causando un daño ilimitado

Katharina Pistor
Project Syndicate
5 de febrero, 2020 
Glosado por Lampadia

NUEVA YORK – En un tuit reciente, Olivier Blanchard, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, se preguntaba cómo podemos “tener tanta incertidumbre política y geopolítica y tan poca incertidumbre económica”. Se supone que los mercados miden y atribuyen riesgos; sin embargo, a las acciones de las empresas que contaminan, venden analgésicos adictivos y construyen aviones inseguros les está yendo bien. Lo mismo es válido para las corporaciones que enriquecen abiertamente a los accionistas, directores y funcionarios a costa de sus empleados, a muchos de los cuales les cuesta ganarse la vida y proteger sus planes de pensión. ¿Los mercados están equivocados o las señales de alarma sobre el cambio climático, las tensiones sociales y el descontento político, en realidad, son pistas falsas?

Un análisis más de cerca revela que el problema reside en los mercados. En las condiciones actuales, los mercados simplemente no pueden valorar el riesgo de manera adecuada, porque los participantes del mercado están protegidos de los daños que las corporaciones les infligen a los demás. Esta patología lleva el nombre de “responsabilidad limitada”, pero cuando se trata del riesgo asumido por los accionistas, sería más preciso llamarla “sin responsabilidad”.

Según la normativa legal vigente, los accionistas están protegidos de toda responsabilidad cuando las corporaciones de las que tienen acciones causan daño a los consumidores, a los trabajadores y al medio ambiente. Los accionistas pueden perder dinero en sus participaciones, pero también obtener ganancias cuando e inclusive porque las empresas han causado un daño incalculable contaminando océanos y acuíferos, ocultando los perjuicios que causan los productos que venden o abarrotando la atmósfera de emisiones de gases de tipo invernadero. La propia entidad corporativa podría incurrir en responsabilidad, quizás hasta entrar en quiebra, pero los accionistas pueden salir del naufragio con ganancias en la mano.

Los accionistas han salido indemnes en un caso tras otro –desde la fuga de gas de 1984 en una planta de Union Carbide en Bhopal, India, que mató a miles de personas, hasta las grandes compañías tabacaleras, los fabricantes de asbestos y British Petroleum luego del desastre de Deepwater Horizon-. Desde entonces, los accionistas de Boeing, la empresa responsable de dos accidentes aéreos en los que murieron 346 personas, obtuvieron 43,000 millones de dólares a través de recompras de acciones entre 2013 y 2019 –precisamente el período durante el cual la empresa ignoró patrones de seguridad con la intención de recortar costos-. Mientras tanto, las familias de quienes murieron deben arreglárselas con un fondo de desastres de 50 millones de dólares, que representa apenas 144.500 dólares por víctima.

En otras partes, una demanda legal contra miembros de la familia Sackler, propietaria de Purdue Pharma, una de las compañías en el centro de la epidemia de opioides, está intentando una vez más que los beneficiarios de una mala conducta corporativa asuman sus responsabilidades. Por miedo a la responsabilidad, algunos miembros de la familia, según informes, han vendido sus propiedades en Nueva York y han trasladado su dinero a Suiza. Pero, probablemente, no tengan de qué preocuparse. Como demuestra John H. Matheson de la Facultad de Leyes de la Universidad de Minnesota, las cortes rara vez les permiten a las víctimas de una conducta corporativa nociva “levantar el velo corporativo” que protege a los accionistas de toda responsabilidad.

La justificación manifestada para una responsabilidad limitada es que ésta alienta la inversión –y la toma de riesgo- en corporaciones, lo que conduce a innovaciones económicamente beneficiales. Pero deberíamos reconocer que salvar a los dueños de los perjuicios que causan sus empresas equivale a un enorme subsidio legal. Como sucede con todos los subsidios, los costos y beneficios deberían volver a evaluarse cada tanto. Y, en el caso de la responsabilidad limitada, el hecho de que los mercados no puedan valorar el riesgo de actividades que, se sabe, causan un daño sustancial debería hacernos reflexionar.

Peor aún, este subsidio particular tiene poco sentido económico. Los derechos de propiedad, todo economista sabe, están pensados para aumentar la eficiencia garantizando que los propietarios internalicen los costos asociados con los activos que poseen. Pero la responsabilidad limitada aísla a los inversores de las externalidades creadas por las empresas de las que son dueños: las cabezas ganan –y las colas también.

Mientras que los accionistas puedan beneficiarse con estas externalidades, las defenderán. Y combatirán todo intento de forzar una internalización de los costos, incluido el impuesto al carbono que la Unión Europea está promoviendo actualmente. La regulación vertical, sostienen, es ineficiente, porque los gobiernos no tienen manera de identificar la tasa óptima del impuesto. Pero si ése es el caso, ¿por qué no permitir que los mercados evalúen el riesgo correctamente, eliminando la distorsión que hoy les impide hacerlo?

Las reglas de responsabilidad no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Pero los cambios deberían introducirse gradualmente después de un período de transición que ponga a todos en aviso. No hace falta ningún tratado multilateral nuevo ni esfuerzos de armonización complicados. Si sólo un puñado de países adoptaran “estatutos que levanten el velo” y garantizaran que los demandantes pudieran presentarse en sus cortes, los mercados responderían en consecuencia.

Sin duda, los accionistas intentarían eludir responsabilidades trasladando activos a jurisdicciones seguras, y haciendo lobby con sus propios gobiernos para que los protejan con la amenaza de sanciones comerciales contra los países que sí adopten estatutos que levanten el velo. Pero cuanto mayor sea la cantidad de países que adopten estos estatutos, menos exitosas serán estas tácticas de brazo fuerte.

Al final, un subsidio que distorsiona los mercados y les da a los inversores una licencia para causar daño no sólo es ineficiente. Es una amenaza tanto para el sistema de mercado como para el ambiente natural del que todos dependemos para nuestra supervivencia. Lampadia

Katharina Pistor, profesora de Derecho Comparado en la Facultad de Derecho de Columbia, es autora de “The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality”.

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

La auto complacencia es un síndrome generalizado que se ha convertido en rasgo peligroso de los gobernantes en el Perú.

El PBI del Perú creció un 4.0% el año 2018.  Ya ese era un resultado mediocre, especialmente para un país de ingresos medios a bajos y que requiere sacar de la pobreza a un 22% de la población, al igual que defender a un grupo grande de ellos que, si bien ha salido de la pobreza monetaria en los últimos años, aún está en los márgenes de esa pobreza y en riesgo de retroceder a tales niveles.

Ya es típico un inicio de año con anuncios auspiciosos. El año pasado, por ejemplo, se anunció un crecimiento económico del 4.5% para el 2019, sin embargo y ante la desviación de los resultados respecto a las predicciones y a medida que iban pasando los meses aparecieron las justificaciones; que la guerra comercial China-USA, que la caída del precio de los commodities, que crecemos más que nuestros vecinos, que…, etc., etc.

Ningún gobernante asume objetivos desafiantes y menos lucha por lograrlos estimulando la economía, en cambio sólo se resignan a reducir mes a mes la tasa de crecimiento esperada. A nadie se le ha ocurrido comparar la performance de la economía peruana con nuestro potencial de crecimiento (superior al 4.0% para estos tiempos), ni reflexionar respecto a que la tasa de crecimiento mundial, países ricos incluidos y con peso predominante, alcanza al 3.5%, mientras el Perú crecerá a duras penas 2.3%, si Dios quiere.

Nuestros políticos tienen una capacidad increíble para justificar el incumplimiento de sus metas de gobierno. No son capaces de ver en nuestras situaciones de crisis una oportunidad, por ejemplo, el Fenómeno del Niño de marzo 2017. Esa catástrofe, ciertamente no deseada, daba la oportunidad de una actividad económica importante en todo el norte y parte del centro del Perú. Para esto teníamos, tal como se propuso, que diseñar una reconstrucción con cambios debidamente planeada y ejecutada por equipos técnicos capaces y honestos, no corruptos que priorizaban la descentralización del manejo económico del proceso (por donde pasa el agua, queda la humedad), en lugar de organizar PMOs con la capacidad real de ejecución.

Si los precios de los commodities se habían reducido, debíamos, desde el gobierno liderar la construcción de los proyectos mineros pendientes y de infraestructura requerida. Muy fácil resulta repetir, tal como algunos incapaces lo han hecho, “no vamos a imponer proyectos por la fuerza”. ¡A nadie en su sano juicio se le ocurre hablar de imposición! El rol de un LÍDER, así con mayúsculas, es el de convencer a sus seguidores de las bondades de sus propuestas, ganar mentes y corazones, para finalmente lograr que lo sigan por convicción. Iniciar la ejecución de algunos proyectos hubiera generado, no sólo, cuando menos 1 a 1.5 puntos porcentuales de crecimiento adicional, sino también una mejor percepción del país como destino de inversión, creando expectativas positivas sin dejar de crecer dentro de nuestro potencial.

No obstante lo anterior, la Inversión Privada y particularmente la inversión minera es la que ha impulsado el magro crecimiento que tendremos, pues la Inversión Pública es sinceramente decepcionante. Baste mencionar la caída de la obra pública del gobierno general del 16.3% al mes de octubre 2019. Ya a setiembre el avance de la obra pública fue una reducción del 9.6% y no quiero ni imaginar cómo cerraremos el año.

Lo único que crece es el gasto corriente, pero a pesar de ello, no hemos reducido los niveles de anemia infantil. No mejoran los niveles educativos de nuestros escolares, a pesar de referirnos con auto complacencia a la mejoría de algunos puntos en la evaluación PISA, pero siempre dentro del grupo de “países coleros” en la tabla de los evaluados. ¿Cómo podremos aspirar a competir en la era del conocimiento del siglo XXI si nos mantenemos en esos niveles?

En salud la cosa no es diferente, nos llenamos de titulares periodísticos anunciando la incorporación universal al SIS (seguro integral de salud), pero no aplicamos los sistemas (software) de administración de salud que gratuitamente puso a disposición del país el gobierno americano (se ha desactivado su aplicación en Ica, única región en que se aplicó y con éxito, increíble), ni ampliamos las facilidades hospitalarias (no nos referiremos al hospital de Moquegua que tardó 5 años en ser construido y que esperamos esté operando a plena capacidad), ni proporcionamos los médicos y medicinas requeridos.

Comentario aparte merece las aportaciones del Estado a Essalud, quien no aporta como los privados un 9% sobre la remuneración total, sino sobre una fracción de la UIT o una tasa diferenciada (menor por supuesto), como si los empleados públicos o CAS o trabajadores de otros regímenes, se enfermaran menos. Lo más simpático es que la ministro del sector ha anunciado (con generosidad), que van a subir gradualmente la base de cálculo de tales aportaciones (y que ya lo están pensando). No nos sorprendamos después, que haya tantas carencias para atender a los asegurados que aportan como Dios manda.

Mientras tanto y como si fuera un “catecismo” se repite la necesidad del avance de la reforma judicial (¿en qué está?), de la importancia de la reforma política (¿si se referían a unas elecciones ejecutadas a trompicones para lograr un congreso de igual calidad o peor que todos los anteriores…?), de la lucha anti-corrupción (aplicada selectivamente). En esencia siento que, cual acto de magia de un prestidigitador, nos están mostrando imágenes que distraen a la población para que nadie se dé cuenta de lo que realmente ocurre.

Este gobierno me ha hecho recordar lo que de chico oía a los amigos de mi papá y que no alcancé a comprender hasta hoy; esto es que, “Moquegua es el único lugar del mundo en el que se hace siesta después del desayuno”. ¿Será cierto que un gran número de ellos, se ha trasladado a Lima para hacerlo? Lampadia

¡Cuidemos los pilares de nuestra economía y empujemos juntos las reformas pendientes!

Líneas abajo presentamos un video del IPE que explica la gran recuperación de nuestra economía durante la primera década del nuevo siglo y lo que necesitamos emprender para no seguir perdiendo oportunidades de desarrollo, como estamos haciendo desde el 2011.

Lampadia

Estrategia para la creación de empleo y generación de riqueza en el Perú durante los próximos 20 años

El Perú está dejando que grupos ideologizados por el pos-extractivismo, acompañados de unos cuantos exaltados, aprovechen la falta de conocimiento sobre el impacto de la minería y la clamorosa ausencia del Estado como orientador de las políticas públicas.

Estamos rechazando a la minería social y ambientalmente sostenible, y acogiendo la minería ilegal que causa desastres sociales y ambientales.

Estamos tirando por la borda, la palanca de desarrollo de los peruanos, el único sector que puede crear riqueza aceleradamente, sin causar daños que lamentar. Además, debemos tomar conciencia que los aportes de la minería pueden no durar más de 20 años.

El Perú tiene que enfrentar dos grandes retos, superar las brechas sociales y económicas en educación, salud, infraestructuras y tecnología; y nivelarse con los países más ricos para evitar que nuestros pobres queden fuera del mundo moderno, signado por la ‘Cuarta Revolución Industrial’.

Tenemos que poder crear empleos competitivos para ese nuevo mundo. Pero no nos queda mucho tiempo.

• Por ejemplo, en el futuro, los alimentos que hoy exportamos y traen beneficios a los peruanos, podrán ser producidos en fábricas verticales en las capitales del mundo moderno:

• Los minerales que producimos podrán ser explotados en los fondos marinos, e inclusive en el espacio externo. Otra amenaza es la sustitución de materiales:

• Otro cambio que cortará nuestro potencial de crecimiento es que en 20 años ya no tendremos el bono demográfico, pues nuestra población habrá envejecido.

Pero no se puede crear riqueza dentro del Perú, tenemos que traerla del exterior, exportando bienes y servicios, y atrayendo visitantes:

Con agro exportaciones, manufacturas, minerales, pescados, con turismo y gastronomía.

Pero no todo lo que podemos hacer con el exterior nos deja los mismos beneficios:

• Si exportamos un polo del mejor algodón, una manufactura sofisticada, que en Miami se vende en US$ 80, en el Perú, entre mano de obra, insumos, e impuestos, quedan solo US$ 8, el 10%.
• Pero si exportamos paltas, que en Londres se venden en dos libras esterlinas, en el Perú queda el 60%.
• Y si exportamos concentrados de cobre, en el Perú queda un sorprendente 86%.

¿Cómo así la exportación de minerales deja tanto más que la de manufacturas? La razón es que en contra del mito de ‘exportación de piedras’, la minería tiene un altísimo valor agregado. En promedio tiene un valor agregado de 69%.

El valor agregado es la riqueza que resulta de restar al valor del mineral, que bajo tierra vale cero, el costo de su conversión mediante remuneraciones, insumos, servicios e impuestos.

El encadenamiento de la producción minera se multiplica en su impacto en la economía. Veamos las cifras de Cerro Verde del año 2017:

Una exportación de US$ 3,195 millones, generó un impacto en el PBI de US$ 4.921 millones, US$ 1,760 de impacto directo y US$ 3,161 millones de impacto indirecto.

En resumen, el sector minero puede producir un gran impacto económico en el Perú.

Pero, en buena medida, nuestro potencial productivo es prácticamente infinito:

Otro sector que tiene una gran productividad es el de las agro-exportaciones. En 180,000 hectáreas de uvas, paltas, espárragos, arándanos, etc., generamos el mismo valor que otros países en 2’500,000 de hectáreas, con soya, trigo, maíz amarillo duro, azúcar y arroz:

Tenemos la oportunidad de establecer un círculo virtuoso:

Que nos permita enfrentar nuestros grandes retos:

Tenemos que defender el Perú de sus enemigos, aquellos que pretenden dejarnos en la pobreza, aquellos que pretenden parar nuestros sectores productivos y reinar como señores feudales en un mar de miseria.

• Necesitamos ¡Realismo!
• Necesitamos ¡Enfoque!
• Necesitamos ¡Sentido de Urgencia!

Para cerrar las brechas sociales y económicas, para insertarnos en la ‘cuarta revolución industrial’, necesitamos más:

No olvidemos las voces de nuestros sabios:

Presentación de Pablo Bustamante Pardo en Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

La coyuntura política ha colocado al empresario Pedro Olaechea como líder del Congreso. En su primer acto pronunció un discurso que todo peruano de bien suscribe y que representa (como no se había visto desde el 2016 ni en los discursos de PPK o KF), el verdadero mandato electoral de ese año: respeto al modelo constitucional, crecimiento económico, inversión y desarrollo para superar la pobreza.  La respuesta que recibió al día siguiente fue un puntapié. El presidente Vizcarra, lejos de buscar el consenso y tomar esa flor para armar en conjunto una agenda por él Perú, siguió el mandato imperativo de la izquierda y anuncio planteó el adelanto de elecciones.

Esta semana, pese al puntapié presidencial, nuevamente Pedro Olaechea ha extendido la mano al Presidente Vizcarra y le ha vuelto a ofrecer una agenda conjunta de trabajo entre ambos poderes, es decir lo que el Perú necesita para que ese 1`365,000 de jóvenes “ninis” que ni estudian ni trabajan, encuentren empleo, oportunidades y futuro. El Presidente Vizcarra, ha aceptado reunirse, pero nada hace pensar que cambie su posición confrontacional luego de la reunión.

¿Cuál es el reto entonces del presidente del Congreso?

¿Debe devolver nuevamente los golpes del Poder Ejecutivo?  ¿Debe dar paso a los pedidos de vacancia de un presidente que negocia con los extorsionadores sociales del Sur y abdica de preservar el orden y la paz? ¿Debe dar cabida a la censura de los ministros ornamentales de este gobierno que sólo secundan y no gobiernan? ¿Debe impulsar las investigaciones a los negocios presidenciales en la Interoceánica de Odebrecht?  ¿Debe fiscalizar los millonarios gastos de publicidad del Poder Ejecutivo en los canales y diarios que silencian los escandalosos audios presidenciales con muertos, violaciones y escándalos de farándula?  ¿Debe fiscalizar los favores presupuestales a gobernadores regionales dispuestos a acompañar en la foto al presidente Vizcarra cada que lanza algún desafío por consejo de su asesor argentino?

Tal vez. Este puede ser un camino.

Sin embargo, a mi juicio no es el mejor camino o por lo menos no debe ser el más importante.

El camino que debería seguir es el de pasar a ser un verdadero líder y conducir al Congreso en una dirección distinta de aquella que siguieron sus tres predecesores. Debe olvidarse de la pequeñez de su bancada y apropiarse de la magnitud del mandato electoral del 2016 con la cual coincide su discurso, voluntad ciudadana a la cual por fin alguien representa y que supera el 70% de los peruanos. Debe asumir el reto de liderar entonces no sólo al Congreso, sino a esa voluntad popular a la que abandonaron primero Kuczynski y Keiko Fujimori en sus absurdas disputas y de la que reniega el presidente

Vizcarra para dejar traslucir el polo que rojo que llevaba adentro, que recién advierte la gobiernista revista Caretas.

En este camino, el presidente del Congreso tampoco debe tener temor a legislar. El Perú no puede darse el lujo de tener un presidente que tenga miedo a gobernar y un líder del Congreso que también tenga temor a legislar. Su reto, por lo tanto, es ese.

• El Congreso debe hacer la gran reforma de la inversión privada que impulse a las pymes como motor de la formalización, la recaudación razonable y la generación de empleo mínimamente digno.
• El Congreso puede impulsar los motores de nuestra economía mediante una legislación promotora de la inversión hidrocarburífera, de las inversiones en energías limpias, de la minería, del turismo y de la agro exportación.
• El Congreso debe detener la asfixia estatal que consume en licencias, permisos, autorizaciones, certificaciones, tasas, inspecciones y estudios previos los escasos recursos de pequeños, medianos y grandes empresarios antes de que se haya producido un sol o se haya generado un solo puesto de trabajo.
• El Congreso debe poner tope al crecimiento de la planilla estatal que se incrementa cada período de gobierno a nivel nacional, regional y local, impidiendo que los recursos vayan a obras y se consuman en gasto corriente.
• El Congreso debe revisar una descentralización de enfoque preferentemente público que no ha atraído inversiones en las regiones y que sólo ha aportado gobernadores y autoridades en prisión.
• El Congreso debe alentar la depuración de la Corte Suprema y la Fiscalía de la Nación ante la inoperancia de las improvisadas reformas impulsadas por el Presidente Vizcarra que han cambiado todo para que nada cambie, dando paso para ello a la tramitación de las acusaciones constitucionales que el artículo 99 de la Constitución permite y bajo cuyo trámite se puede hacer mucho más para enfrentar la corrupción a este nivel.
• El Congreso debe elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, 6 de los cuales ya han cumplido su mandato.

El Congreso puede hacer mucho más, sin interferir en la labor del Poder Ejecutivo y aún a pesar de él. El reto de Pedro Olaechea es sin duda muy grande. Tendrá que ser un líder sin miedo a legislar. Lampadia

El Perú está dejando que grupos ideologizados por el pos-extractivismo, acompañados de unos cuantos exaltados, aprovechen la falta de conocimiento sobre el impacto de la minería y la clamorosa ausencia del Estado como orientador de las políticas públicas.

Estamos rechazando a la minería social y ambientalmente sostenible, y acogiendo la minería ilegal que causa desastres sociales y ambientales.

Estamos tirando por la borda, la palanca de desarrollo de los peruanos, el único sector que puede crear riqueza aceleradamente, sin causar daños que lamentar. Además, debemos tomar conciencia que los aportes de la minería pueden no durar más de 20 años.

El Perú tiene que enfrentar dos grandes retos, superar las brechas sociales y económicas en educación, salud, infraestructuras y tecnología; y nivelarse con los países más ricos para evitar que nuestros pobres queden fuera del mundo moderno, signado por la ‘Cuarta Revolución Industrial’.

Tenemos que poder crear empleos competitivos para ese nuevo mundo. Pero no nos queda mucho tiempo.

• Por ejemplo, en el futuro, los alimentos que hoy exportamos y traen beneficios a los peruanos, podrán ser producidos en fábricas verticales en las capitales del mundo moderno:

• Los minerales que producimos podrán ser explotados en los fondos marinos, e inclusive en el espacio externo. Otra amenaza es la sustitución de materiales:

• Otro cambio que cortará nuestro potencial de crecimiento es que en 20 años ya no tendremos el bono demográfico, pues nuestra población habrá envejecido.

Pero no se puede crear riqueza dentro del Perú, tenemos que traerla del exterior, exportando bienes y servicios, y atrayendo visitantes:

Con agro exportaciones, manufacturas, minerales, pescados, con turismo y gastronomía.

Pero no todo lo que podemos hacer con el exterior nos deja los mismos beneficios:

• Si exportamos un polo del mejor algodón, una manufactura sofisticada, que en Miami se vende en US$ 80, en el Perú, entre mano de obra, insumos, e impuestos, quedan solo US$ 8, el 10%.
• Pero si exportamos paltas, que en Londres se venden en dos libras esterlinas, en el Perú queda el 60%.
• Y si exportamos concentrados de cobre, en el Perú queda un sorprendente 86%.

¿Cómo así la exportación de minerales deja tanto más que la de manufacturas? La razón es que en contra del mito de ‘exportación de piedras’, la minería tiene un altísimo valor agregado. En promedio tiene un valor agregado de 69%.

El valor agregado es la riqueza que resulta de restar al valor del mineral, que bajo tierra vale cero, el costo de su conversión mediante remuneraciones, insumos, servicios e impuestos.

El encadenamiento de la producción minera se multiplica en su impacto en la economía. Veamos las cifras de Cerro Verde del año 2017:

Una exportación de US$ 3,195 millones, generó un impacto en el PBI de US$ 4.921 millones, US$ 1,760 de impacto directo y US$ 3,161 millones de impacto indirecto.

En resumen, el sector minero puede producir un gran impacto económico en el Perú.

Pero, en buena medida, nuestro potencial productivo es prácticamente infinito:

Otro sector que tiene una gran productividad es el de las agro-exportaciones. En 180,000 hectáreas de uvas, paltas, espárragos, arándanos, etc., generamos el mismo valor que otros países en 2’500,000 de hectáreas, con soya, trigo, maíz amarillo duro, azúcar y arroz:

Tenemos la oportunidad de establecer un círculo virtuoso:

Que nos permita enfrentar nuestros grandes retos:

Tenemos que defender el Perú de sus enemigos, aquellos que pretenden dejarnos en la pobreza, aquellos que pretenden parar nuestros sectores productivos y reinar como señores feudales en un mar de miseria.

• Necesitamos ¡Realismo!
• Necesitamos ¡Enfoque!
• Necesitamos ¡Sentido de Urgencia!

Para cerrar las brechas sociales y económicas, para insertarnos en la ‘cuarta revolución industrial’, necesitamos más:

No olvidemos las voces de nuestros sabios:

Presentación de Pablo Bustamante Pardo en Lampadia

Al cumplir 50 años del alunizaje, se vislumbra una nueva era espacial. “Los próximos 50 años se verán muy diferentes. La caída de costos, las nuevas tecnologías, las ambiciones chinas e indias y una nueva generación de empresarios prometen una era audaz de desarrollo espacial”.

Para empezar, esta nueva era estará signada por una intensa participación de la inversión y liderazgo del sector privado. “En la última década, la inversión privada ha aumentado a un promedio anual de $ 2 mil millones al año, o el 15% del total, y se prevé que siga aumentando”, según reporta The Economist. Esto se debe a la mayor eficiencia del sector privado: “Según la NASA, el desarrollo de cohetes Falcon de SpaceX le habría costado a la agencia US$ 4 mil millones; a SpaceX le costó una décima parte de eso”.

Por otro lado, se espera que el turismo desempeñe un rol importante en los futuros viajes espaciales, así como la explotación de minerales.

Además, también se han multiplicado los países que desarrollan aventuras espaciales, con China, India y Japón.

Un problema pendiente es que no existen protocolos que gobiernen la presencia en el espacio, algo que debe resolverse lo más pronto posible, tanto por el tema de uso de armas, como por su aprovechamiento económico.

Veamos el artículo de The Economist al respecto

Los próximos 50 años en el espacio
Comienza una nueva era de exploración espacial

Para prosperar necesitará un Estado de Derecho y un sistema de control de armas

The Economist
18 de julio de 2019

El momento en que, hace 50 años, Neil Armstrong colocó su pie en la superficie de la Luna inspiró asombro, orgullo y asombro en todo el mundo. Este periódico argumentó que “el hombre, desde este día en adelante, puede ir a donde quiera que en el universo su mente lo desee y su ingenio se consiga … a los planetas, más temprano que tarde, el hombre ahora está seguro de ir”. Pero no. El aterrizaje en la Luna fue una aberración, un objetivo logrado no como un fin en sí mismo, sino como un medio para señalar las extraordinarias capacidades de Estados Unidos. Ese punto, una vez hecho, no requería rehacerlo. Sólo 571 personas han estado en órbita; y desde 1972 nadie se ha aventurado mucho más lejos en el espacio que Des Moines desde Chicago.

Los próximos 50 años se verán muy diferentes. La caída de costos, las nuevas tecnologías, las ambiciones chinas e indias y una nueva generación de empresarios prometen una era audaz de desarrollo espacial. Es casi seguro que involucrará turismo para los ricos y mejores redes de comunicaciones para todos; a la larga, puede implicar la explotación de minerales e incluso el transporte masivo. El espacio se volverá cada vez más como una extensión de la Tierra, un espacio para empresas y particulares, no solo para los gobiernos.

Pero para que esta promesa se cumpla, el mundo necesita crear un sistema de leyes que gobierne los cielos, tanto en tiempos de paz como, en caso de que así sea, en la guerra.

El desarrollo del espacio hasta ahora se ha centrado en facilitar la actividad más abajo, principalmente las comunicaciones por satélite para la radiodifusión y la navegación. Ahora dos cosas están cambiando. Primero, la geopolítica está avivando un nuevo impulso para enviar a los humanos más allá de la órbita baja de la Tierra. China planea atraer a la gente a la Luna para el 2035. El gobierno del presidente Donald Trump quiere que los estadounidenses regresen allí para el 2024. La caída de los costos hace que esto sea más asequible que antes. Apollo costó cientos de miles de millones de dólares (en el dinero de hoy). Ahora decenas de miles de millones son el precio del billete.

En segundo lugar, el sector privado ha alcanzado la mayoría de edad. Entre 1958 y 2009, casi todos los gastos en el espacio fueron realizados por agencias estatales, principalmente la NASA y el Pentágono. En la última década, la inversión privada ha aumentado a un promedio anual de $ 2 mil millones al año, o el 15% del total, y se prevé que siga aumentando. SpaceX, la firma de cohetes de Elon Musk, realizó 21 lanzamientos satelitales exitosos el año pasado y está valuada en $ 33 mil millones. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, vende sus acciones en la compañía cada año para pagar Blue Origin, una empresa espacial. Virgin Galactic planea hacerlo público este año con una valuación de $ 1.5 mil millones. Además del capital y las ideas, el sector privado proporciona una eficiencia mucho mayor.

Según la NASA, el desarrollo de cohetes Falcon de SpaceX le habría costado a la agencia US$ 4 mil millones; a SpaceX le costó una décima parte de eso.

Existen o están al alcance dos nuevos modelos comerciales: el gran negocio de lanzar y mantener enjambres de satélites de comunicaciones en órbitas bajas y el nicho de turismo para los ricos. El próximo año es casi seguro que veamos a los pasajeros de Virgin y Blue Origin en excursiones suborbitales que ofrecen la emoción de la ingravidez y una vista del borde curvo de la Tierra contra el cielo negro del espacio. Virgin afirma que podría llevar a casi 1,000 aventureros adinerados al año para el año 2022. SpaceX está desarrollando una “Starship” reutilizable más grande y mucho más capaz que sus Falcons. Yusaku Maezawa, un magnate de la moda japonesa, ha hecho un pago inicial para un viaje de Starship alrededor de la Luna; él tiene la intención de ir con un equipo de artistas tan pronto como 2023.

Tales posibilidades podrían hacer que los ingresos anuales de la industria espacial se dupliquen a $ 800 mil millones para 2030, según el banco UBS. Aún más en el futuro, el desarrollo espacial podría rehacer cómo vive la humanidad. El señor Musk espera enviar colonos a Marte. El señor Bezos, el hombre más rico del mundo, quiere ver a millones de personas que se ganan la vida en las estaciones espaciales, quizás antes de que la huella de Armstrong marque su centenario.

En un momento en que la Tierra se enfrenta a malas noticias sobre el cambio climático, el lento crecimiento y la tensa política, el espacio parece ofrecer una razón sorprendente para el optimismo. Pero no es ni una panacea ni un agujero de buey. Y para cumplir su promesa, hay que resolver un gran problema y evitar un riesgo peligroso. El gran problema es el desarrollo del estado de derecho. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 declara que el espacio es “la provincia de toda la humanidad” y prohíbe los reclamos de soberanía. Eso deja mucho espacio para la interpretación. América dice que las empresas privadas pueden desarrollar recursos basados en el espacio; el derecho internacional es ambiguo.

¿Quién tendría el mejor reclamo para usar el hielo en los polos de la Luna como soporte vital? ¿Se debería permitir a los colonos marcianos hacer lo que les gusta al medio ambiente? ¿Quién es responsable de las colisiones de satélites? El espacio ya está abarrotado: más de 2,000 satélites están en órbita y la NASA rastrea más de 500,000 piezas individuales de escombros a velocidades de más de 27,000 kilómetros por hora.

Tales incertidumbres magnifican un peligroso riesgo: el uso de la fuerza en el espacio. La capacidad sin paralelo de Estados Unidos para proyectar su fuerza en la Tierra depende de su amplia gama de satélites. Otras naciones, sabiendo esto, han construido armas contra satélites, como Estados Unidos lo ha hecho. Y la actividad militar en el espacio no tiene protocolos ni reglas de combate bien probados.

Estados Unidos, China e India están aumentando rápidamente sus capacidades destructivas: cegando satélites militares con láseres, bloqueando sus señales a la Tierra o incluso haciéndolos explotar, causando que los escombros se dispersen por todo el cosmos. También están convirtiendo a sus fuerzas armadas hacia el espacio. Trump planea establecer una Fuerza Espacial, la primera nueva rama de las fuerzas armadas desde que se creó la fuerza aérea en 1947. En la víspera del desfile militar anual del Día de la Bastilla, el 14 de julio, Emmanuel Macron, presidente de Francia, también anunció la formación. de un nuevo comando del espacio.

En el cielo como en la tierra

Es un error promover el espacio como un salvaje oeste romántico, una frontera anárquica donde la humanidad puede deshacerse de sus cadenas y redescubrir su destino. Para que el espacio cumpla su promesa se requiere gobernanza. En un momento en que el mundo no puede ponerse de acuerdo sobre las reglas para el comercio terrestre de barras de acero y soja que pueden parecer una gran pregunta. Pero sin él, el potencial de todo lo que se encuentra más allá de la Tierra, en el mejor de los casos, esperará otros 50 años para cumplirse. En el peor de los casos, el espacio podría sumarse a los problemas de la Tierra. Lampadia

La lucha por la hegemonía global de China – potenciada en los últimos años por la guerra comercial que disputa con EEUU (ver Lampadia: La Guerra contra Huawei, EEUU vs. China: ¿Una Nueva Guerra Fría?, Se agrava la guerra comercial EEUU – China) – incluye iniciativas estatales que abarcan diversos campos como el tecnológico, con iniciativas como “Made in China 2025”, y el campo de la seguridad y defensa como los convenios de armas nucleares firmados con Rusia recientemente, por destacar algunos.

En el campo de la inversión en infraestructura, se destaca la “Belt and Road Initiative” (en adelante, BRI), que consiste en brindar financiamiento para la construcción de grandes proyectos en varios países, a través de inversiones o la toma de deuda con China, constituyéndose como una importante herramienta de política que ha permitido al gigante asiático canalizar sus excedentes recursos financieros.

¿Cuál es la naturaleza del BRI, cuyo origen se remonta al 2014, y cuáles son sus prospectos a futuro? ¿Podría potenciar la inversión en infraestructura de nuestro país si formásemos parte de dicha iniciativa?

Un reciente artículo escrito por Yasheng Huang – Profesor del Programa Internacional en Economía y Negocios Chinos y Profesor de Economía Internacional y Gestión en la MIT Sloan School of Management – y publicado por Project Syndicate (ver artículo líneas abajo), destaca al BRI como un fondo dedicado a proyectos de infraestructura en países con poco potencial económico e inclusive con regímenes autoritarios y con un stock de capital humano de baja calidad. Sin embargo, es esta misma característica la que refleja el alto riesgo del que son capaces de asumir los acreedores chinos, además del carácter de muy largo plazo sobre el cual realizan sus inversiones.

Y es esta misma característica también la que nuestro país puede aprovechar para potenciar su inversión en infraestructura.

¿En qué sentido?

Los grandes proyectos en infraestructura de largo plazo en nuestro país lamentablemente han sido desechados en el pasado. Un ejemplo emblemático de ello fue el Tren China-Brasil-Perú (ver Lampadia: Perú impide desarrollo ferrocarrilero con China y Brasil), un proyecto ferroviario con un impacto ambiental mínimo, a cero costo para el Perú y que hubiera creado una vía eficiente de transporte para el emporio selvático peruano del Valle del Huallaga, la zona minera del norte y los fosfatos de Bayovar, hacia Brasil. Lamentablemente el proyecto del tren – que podría haber consolidado nuestra relación económica y de inversiones con el gigante asiático por su interés en apoyarlo – fue saboteado por el gobierno de PPK-Vizcarra, lo cual habría beneficiado a EEUU al limitar el avance de China en nuestro país para potenciar el crecimiento.

En ese sentido y ante la falta de decisión de otras naciones extranjeras para contribuir con el financiamiento de este tipo de inversiones en nuestro país, urge pues retomar nuestra relación con China; y una vía podría ser a través del BRI, lo cual impulsaría los proyectos de infraestructura de largo plazo – como el Tren Perú-Brasil-China – que tanta falta hacen en nuestro país, y no estar jugando a favorecer los proyectos bolivianos. Lampadia

¿Puede el Belt and Road convertirse en una trampa para China?

Yasheng Huang
Project Syndicate
22 de mayo, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

A través de su Iniciativa Belt and Road (BRI por sus siglas en inglés), China está estableciendo vínculos con algunos de los países más autoritarios, económicamente opacos y económicamente atrasados. En lugar de exponerse a riesgos políticos, económicos y de impago masivos, los responsables políticos chinos deberían buscar reparar las relaciones con Occidente.

Los críticos a menudo afirman que China está utilizando su masiva “Iniciativa Belt and Road”(en adelante, BRI) como una forma de “diplomacia de trampa de deuda” para ejercer el control sobre los países que se unen a su esquema de inversión transnacional en infraestructura. Este riesgo, como señaló recientemente Deborah Brautigam de la Universidad John Hopkins, es a menudo exagerado por los medios de comunicación. De hecho, el BRI puede tener un tipo de riesgo diferente, para la propia China.

En la reciente cumbre del BRI en Beijing, el presidente chino Xi Jinping pareció reconocer la crítica de la “trampa de la deuda”. En su discurso, Xi dijo que “construir una infraestructura de alta calidad, sostenible, resistente a los riesgos, de precio razonable e inclusiva ayudará a los países a utilizar plenamente sus dotaciones de recursos”.

Esta es una señal alentadora, ya que muestra que China se ha vuelto más consciente de las implicaciones de la deuda del BRI. Un estudio realizado por el Centro para el Desarrollo Global concluyó que ocho de los 63 países que participan en el BRI están en riesgo de “problemas de deuda”.

Pero como John Maynard Keynes lo expresó de manera memorable: “Si le debes a tu banco cien libras, tienes un problema. Pero si usted le debe a su banco un millón de libras, él lo tiene”. En el contexto del BRI, China puede convertirse en el banquero a quien se le debe un millón de libras.

En particular, China puede ser víctima del “modelo de negociación obsolescente”, que establece que un inversor extranjero pierde poder de negociación a medida que invierte más en un país anfitrión. Los proyectos de infraestructura como los del BRI son un ejemplo clásico, porque son voluminosos, están atornillados al suelo y tienen un valor económico cero si se dejan incompletos.

Como era de esperar, algunos países socios del BRI ahora exigen renegociar los términos, y generalmente después de que los proyectos han comenzado. China puede verse obligada a ofrecer concesiones cada vez más favorables para mantener los proyectos en marcha. A mediados de abril, por ejemplo, Malasia anunció que un importante proyecto ferroviario BRI, suspendido por el gobierno después de las elecciones del año pasado, ahora se llevaría a cabo “después de la renegociación”. Es probable que otros países BRI también soliciten el perdón de la deuda y las cancelaciones, cuyos costos serán en última instancia a cargo de los ahorradores chinos.

El BRI puede tener costos ocultos adicionales para China en el futuro. Para empezar, es extraordinariamente difícil ganar dinero en proyectos de infraestructura. Existe la creencia generalizada de que la inversión en infraestructura potencia el crecimiento económico, pero la evidencia de esto es débil. De hecho, la propia China construyó gran parte de su infraestructura actual después de que su crecimiento hubiera despegado. En los años 80 y 90, por ejemplo, China creció mucho más rápido que India a pesar de tener una red ferroviaria más corta. Según el Banco Mundial, en 1996 China tenía 56,678 kilómetros (35,218 millas) de líneas ferroviarias, e India tenía 62,915 kilómetros. El crecimiento chino no fue impulsado por la infraestructura, sino por reformas e inversiones de capital humano. Si el crecimiento no se materializa en los países BRI, las empresas chinas pueden terminar soportando los costos.

Además, muchos de los países socios del BRI de China son riesgosos, incluido Pakistán, uno de los principales receptores de inversiones en el marco del plan. Además de sus altos riesgos políticos, económicos y de incumplimiento, el país también puntúa mal en los indicadores de educación. Según un informe, Pakistán ocupó el puesto 180 entre los 221 países en alfabetización. Esta es una bandera roja potencial para las inversiones chinas en Pakistán, porque la investigación sugiere que las inversiones en infraestructura física promueven el crecimiento solo en países con altos niveles de capital humano. La propia China se benefició de sus inversiones en infraestructura porque también había invertido mucho en educación.

Tampoco debe compararse el BRI con el Plan Marshall, el programa de ayuda de EEUU para ayudar a reconstruir Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial, como un ejemplo de cómo los proyectos de inversión a gran escala pueden impulsar el crecimiento. El Plan Marshall fue tan exitoso – y a una fracción del costo del BRI – porque ayudó a los países generalmente bien gobernados que habían sido interrumpidos temporalmente por la guerra. La ayuda actuó como un estímulo que desencadenó el crecimiento. Varios de los países BRI, por el contrario, están plagados de problemas económicos y de gobernabilidad y carecen de requisitos básicos para el crecimiento. Solo construir su infraestructura no será suficiente.

Finalmente, el BRI probablemente fortalecerá aún más el sector estatal de China, aumentando así una de las amenazas a largo plazo para su economía. Según un estudio realizado por el American Enterprise Institute, las empresas privadas representaron solo el 28% de las inversiones del BRI en el primer semestre de 2018 (últimos datos disponibles), un 12% menos que en el mismo período de 2017.

La escala masiva del BRI, junto con la falta de rentabilidad del sector estatal de China, significa que los proyectos bajo el esquema pueden necesitar un apoyo sustancial de los bancos chinos. Las inversiones del BRI inevitablemente competirían por los fondos, y por los cada vez más valiosos recursos de divisas, con el sector privado nacional de China, que ya enfrenta una alta carga fiscal y las tensiones de la guerra comercial con EEUU.

Además, las empresas occidentales, un componente importante del sector privado de China, se están retirando del país. Varias compañías estadounidenses, entre ellas Amazon, Oracle, Seagate y Uber, así como Samsung y SK Hynix de Corea del Sur, y Toshiba, Mitsubishi y Sony de Japón, han reducido sus operaciones en China o han decidido retirarse por completo. En parte como resultado, la inversión extranjera directa de EEUU en China en 2017 fue de US$ 2,600 millones, en comparación con US$ 5,400 millones en 2002.

Este es un desarrollo preocupante. A través del BRI, China está estableciendo vínculos con algunos de los países más autoritarios, opacos financieramente y económicamente atrasados. Al mismo tiempo, una guerra comercial, un sector estatal cada vez más fuerte y el proteccionismo están alejando a China de Occidente.

China ha crecido y desarrollado la capacidad para emprender proyectos BRI precisamente porque abrió su economía a la globalización, a la tecnología y los conocimientos occidentales. En comparación con sus compromisos con Occidente, el BRI puede conllevar riesgos e incertidumbres que podrían llegar a ser problemáticos para la economía china. A medida que la economía china se desacelera y sus perspectivas de exportación están cada vez más nubladas por factores geopolíticos, vale la pena repensar el ritmo, el alcance y la escala del BRI. Lampadia

Yasheng Huang es Profesor del Programa Internacional en Economía y Negocios Chinos y Profesor de Economía Internacional y Gestión en la MIT Sloan School of Management.

¿Estamos hablando de un delito o de algo de común ocurrencia en obras públicas y privadas?

Raúl Delgado Sayán
11.04.2019
Para Lampadia

Quizás una de las palabras más vilipendiadas en el lenguaje común de los últimos dos años y utilizada en forma incorrecta por personas ajenas a la profesión de la ingeniería con una connotación muy equivocada es la palabra Sobrecosto. Si realizamos una investigación muy sencilla con el buscador Google o uno similar y simplemente escribimos la palabra Sobrecosto, vamos a encontrar la siguiente definición: “Un sobrecosto, también conocido como un incremento de costo o sobrepasar el presupuesto, es un costo inesperado que se incurre por sobre una cantidad presupuestada debido a una subestimación del costo real durante el proceso de cálculo del presupuesto” [sic]. También agrega lo siguiente: “Un sobrecosto es algo común en los proyectos de infraestructura, construcción de edificios y tecnología” (sic).

“Un comprensivo estudio de los sobrecostos publicado en el Journal of the American Planning Association en el año 2002 encontró que 9 de 10 proyectos de construcción habían subestimados los costos. Sobrecostos de 50% a 100% fueron muy comunes. La subestimación de costos fue encontrada en cada una de las 20 naciones y 5 continentes cubiertos por el estudio, y la subestimación de los costos no ha disminuido en los 70 años para los cuales había disponible datos” [sic]. Más adelante se muestra una lista de proyectos emblemáticos de la ingeniería mundial de todo tipo que han incurrido en importantes sobrecostos y una frondosa bibliografía de investigadores muy prestigiados, entre ellos los profesores Bent Flyvbjerg de la Universidad de Oxford, Mette Skamris Holm y Søren Buhl, así como Martin Wachs de la Universidad de California, Los Ángeles, e igualmente instituciones multilaterales de financiamiento de obras que coinciden con esta definición. Las publicaciones de Bent Flyvbjerg, Mette Skamris Holm, y Søren Buhl muestran interesantes datos de sobrecosto en infraestructura de 258 proyectos de transporte valorizados en US$90,000 millones, estudio que concluye lo siguiente:

1. Los costos están subestimados en 9 de cada 10 proyectos. Para un proyecto seleccionado aleatoriamente, la probabilidad de que los costos reales sean mayores que los costos estimados inicialmente es del 86%, %. La probabilidad de que los costos reales sean menores o iguales a los costos estimados es del 14%.
2. Los costos reales son en promedio 28% más altos que los costos estimados, aunque varían desde 44.7% para Metros y ferrocarriles; 33.8% para Puertos y túneles y 20.4% para Obras viales de carretera.

Inexactitud de las estimaciones de costo del proyecto de transporte por tipo de proyecto (precios fijos)

También una segunda tabla a continuación muestra el mismo detalle para los tipos de obras de infraestructura de transporte, pero de acuerdo a la ubicación geográfica desglosado entre Europa, América del Norte y Otras Áreas Geográficas, y en cada uno de ellos se señala la muestra analizada que le corresponde y el aumento de costo promedio. Si bien es cierto la muestra es integral, los de mayores incrementos en la muestra corresponden a ferrocarriles urbanos (metros) y de alta velocidad. Lo expresado como enlace fijo son elementos de conexión como puentes y túneles, y en la parte vial fundamentalmente a carreteras de todo tipo.

Inexactitud de las estimaciones de costos de proyectos de transporte por ubicación geográfica (precios fijos)

Ciertamente invito a los lectores realmente interesados en saber la verdad de los Sobrecostos a que examinen esta fuente de información que tiene una frondosa bibliografía de estudios y casuística muy seria a nivel mundial y con altos niveles de análisis y precisión, incluso utilizando teorías de probabilidad para hacer lo que se conoce como la técnica de “overshooting”, que es el realizar estimados previos sobre una determinada probabilidad de sobrecostos antes de iniciar las obras para fines de previsión presupuestal, sin que ello necesariamente implique la posibilidad de la no existencia de un sobrecosto final.

El Sobrecosto, por tanto, no es otra cosa que la diferencia existente entre el costo final de la inversión necesaria para realizar un proyecto versus el estimado inicial del mismo con el cual se firma el contrato y que corresponderá a un estudio previo cuyo nivel será de perfil; factibilidad o estudio constructivo que será contrastado con la realidad en el momento de la ejecución de las obras.

No olvidemos que la tendencia de construcción en obras privadas y obras públicas bajo cualquier modalidad, incluyendo APPs, está requiriendo de procesos “Fast Track”, que partiendo de un nivel bajo de estudios (Perfil, Ingeniería Básica o Factibilidad) contratan el desarrollo de los Expedientes Técnicos de Construcción en forma paralela y con un muy ligero desfase de las operaciones de construcción. El nivel de precisión de estos estudios con los cuales se contrata es por tanto bajo en comparación con la realidad.

El lector que ha realizado proyectos de inversión bastante sencillos como por ejemplo la construcción de su propia vivienda e inversiones en su negocio de cualquier tipo: agricultura, industria, minería, hidrocarburo, o actividades comerciales incluyendo adquisición de maquinaria y equipo, sabe que el costo final de su inversión siempre sobrepasa su estimado inicial, y si ello ocurre en proyectos más comunes como no va a ocurrir en megaproyectos y proyectos de mayor complejidad.

Cuando en el sector privado se prioriza el no sobrepasar una determinada cifra meta presupuestal, el cliente por lo general contrata a una empresa gerente para que supervise sus obras y lo empodera para que ante aumento de costos inesperados que generen adicionales, aplicando una ingeniería de riesgos, redimensione el proyecto generando a su vez deductivos que se posterguen para más adelante y así balancean la cifra presupuestada. En el sector público, este procedimiento no es permitido puesto que una vez preparado y aprobado el Expediente Técnico con los alcances señalados en el contrato, no se permite aplicar ingeniería valorativa de riesgos que redimensionen las metas y que dejen de ejecutar una parte de los alcances contratados; salvo que existan muy contadas excepciones como casos que aplicando otras legislaciones foráneas facultan el uso de Gerencias de Proyecto PMOs o similares que permitan la realización de este balance. Un caso notorio reciente es el de los Juegos Panamericanos, donde según expresiones de su Director Ejecutivo, los aumentos inesperados en parte de sus edificaciones principales han sido ajustados en base a ahorros realizados con la utilización de infraestructura deportiva existente y/o cambios de ubicación de otras.

Conforme lo antes descrito, el lector: ingeniero o no ingeniero, podrá darse cuenta que los sobrecostos de ingeniería existen inevitablemente en todas partes del mundo y para cualquier tipo de inversión, y de ninguna manera constituyen delito si es que están justificados e incorporados en las obras para beneficio y seguridad del propietario y de los usuarios del servicio que brindan, y por consiguiente deberán correr a cargo del dueño o propietario del bien, salvo que se hayan generado por una negligencia punible de quién diseña que no garanticen las condiciones de funcionalidad, resistencia, durabilidad y seguridad, o que no hayan sido incorporados al proyecto, esto último sí sería sin lugar a dudas un delito.

La normatividad peruana aplicable a la ingeniería desde tiempos inmemoriales ha reconocido la existencia de los sobrecostos y los tiene perfectamente normados en la Ley y en el Reglamento de Contrataciones en muchos artículos, y es más se establece como garantía de la correcta ejecución, además de las opiniones de los muchos ingenieros de las distintas especialidades que intervienen en el control de las obras, que aquellos sobrecostos que sobrepasen el 15% del valor de contratación deberán ser previamente a su ejecución y aprobación, revisados y aprobados por la Contraloría General de la República (CGR) y eso conlleva por cierto una mayoría de obras públicas, siendo que estas auditorías de la CGR no se refieren únicamente a la contabilidad de costos, sino también a la evaluación de todo lo invertido en la obra y no solo el exceso sobre el 15%. La formalización de estos sobrecostos o adicionales y su incorporación al contrato se realiza a través de una Adenda que contiene el presupuesto adicional suscrito y acordado por ambas partes, utilizando para ello los análisis de costos de partidas presupuestales que existen en el contrato o de nuevas en caso de no existir.

Tanto de la lectura de lo anteriormente expresado vinculado a sobrecostos disponibles en la web como en el artículo titulado: “Adendas y adicionales: Separando la paja del trigo” publicado en la revista institucional del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, Edición # 84 de Marzo 2018, muestran una lista de varios proyectos emblemáticos de la ingeniería mundial como: la Opera de Sidney (Australia); el Burj Khalifa (Edificio más alto del mundo en Emiratos Árabes Unidos); el Aeropuerto Internacional de Hong Kong; Presa de las 3 Gargantas (China); Túnel Ferroviario de San Gotardo (Suiza); la Gran Excavación de Boston (EE.UU.); el Euro túnel; el Plan Delta (Holanda), indicando en cada caso el costo inicial del año de inicio de la obra y el costo final del año de culminación de la obra y puesta en operación.

En conclusión, los sobrecostos existen en todas las obras de ingeniería puesto que provienen de caracterizaciones aproximadas de los proyectos antes del inicio de los mismos versus la realidad del terreno, el entorno y los factores de diverso tipo que se presentan durante la ejecución y si ellos son necesarios y están incorporados en la obra no constituyen delito. Las obras realmente ejecutadas pueden ser verificadas numéricamente y con todo detalle confrontando la liquidación final de la obra versus lo realmente ejecutado en el terreno; y de otro lado, existen los mecanismos de control a través de comparaciones con “benchmarks” internacionales de obras semejantes ejecutadas en terrenos similares o peritajes de auditorías técnicas que puedan realizarse luego de concluidas las obras.

El no darle el verdadero sentido a la palabra Sobrecosto y el generalizado estigma generado sobre los instrumentos de su formalización contractual reconocida por ley, se están constituyendo en uno de los principales elementos de traba de los proyectos de inversión, puesto que quienes participan en ellos con honestidad y profesionalismo no quieren correr el riesgo en un futuro de verse perjudicados por actos correctos efectuados en el ejercicio de su profesión. Lo incorrecto y delictivo que haya ocurrido en la obra debe sancionarse, pero solo cuando existan las pruebas fehacientes de dolo y negligencia y no son objeto de sanción cuando obedezcan a opiniones profesionales serias basadas en: conocimientos, experiencia y criterio profesional para garantizar la inversión y la vida de los usuarios, respetando los principios de funcionalidad, resistencia, durabilidad y seguridad que mandatoria y éticamente debe garantizar el ejercicio profesional de la ingeniería.

Una nota final sobre la materia de los Sobrecostos. Si bien es cierto existen los Sobrecostos productivos que generan beneficios y seguridad necesarias en los proyectos y sobre lo cual he tratado en extenso en el presente artículo, también existen Sobrecostos improductivos –y hay que evitarlos- que son aquellos que ocurren como consecuencia de la pérdida de tiempo y trabas por no tomar decisiones. Los Sobrecostos improductivos solo ocurren en obras públicas y no en las privadas por obvias razones. Si consideramos que los costos de construcción escalan naturalmente entre 3.5% a 4.5% anualmente, una postergación o demora de 3 años, que no es infrecuente implica un escalamiento de costos del orden del 11% al 12% sobre la inversión, amén de los costos y perjuicios por no disponer de la infraestructura ni contar con el servicio que prestan durante todo este lapso de tiempo perdido. Ese si es un Sobrecosto improductivo que en el sector público debería sancionarse como se hace en el sector privado.

Hace muy bien la Contraloría General de la República en haber llamado la atención recientemente sobre el inmenso número de proyectos que están trabados y generando este perjuicio grave al Estado y a los ciudadanos, y proponiendo medidas de excepción para reactivar y concluir proyectos de inversión que hayan avanzado más del 80% y que estén trabados para que se culminen. Particularmente pienso que el umbral debía ser menor y aplicarse a partir del 66% (2/3 ejecutado), y por cierto también hacer un trato especial a aquellos proyectos de gran impacto que no alcancen estas cifras y cuyo no destrabe resulte siendo muy crítico para el país. Lampadia

Casos de Adendas y Adicionales; Comparación con Benchmarks Nacionales e Internacionales y Control de la Contraloría

Raúl Delgado Sayán
11.04.2019
Para Lampadia

En las dos notas anteriores de esta serie hemos definido a la ingeniería como la profesión que utiliza instrumentos de la ciencia para la preparación de sus proyectos; que plantea soluciones a sus proyectos inicialmente en base a información primaria y muestral, que no es precisa hasta que se contrasta con la realidad del terreno y del entorno en el momento de su ejecución y que está basada en 3 atributos de sus profesionales que son: a) sus conocimientos; b) experiencia; y c) criterio profesional.

Es una profesión que se expresa de manera objetiva; numérica y está totalmente documentada. Que inicialmente sus proyectos, con información preliminar, buscan caracterizar obras que cumplan adecuadamente con los requerimientos de: funcionalidad; resistencia; durabilidad y seguridad, y que sobretodo protejan la inversión frente a los requerimientos que le plantean los usos y abusos durante la vida útil del proyecto y garanticen la seguridad y vida de los usuarios. En síntesis, proyectos que inicialmente reflejen la información que se posee según niveles de estudios con los cuales se contrata (Perfil, Factibilidad y Diseño Constructivo), y que tendrán que sufrir modificaciones al contrastarlos con la realidad del terreno durante su ejecución, tanto en obras públicas como en privadas bajo cualquier modalidad y que finalmente estas modificaciones se materialicen en los denominados adicionales y/o deductivos, formalizados a través de adendas u órdenes de cambio, según sean requeridas.

Pues bien, si esto ocurre en normalmente todas las obras públicas y privadas, ¿qué mecanismos de control tienen las entidades y/o clientes para tener la plena certeza de que lo que invierten en las obras finalmente sea lo correcto? En primer lugar, debemos partir de la premisa que estas modificaciones cumplan con las siguientes condiciones:

• Que sean imprescindibles para corregir y/o complementar lo establecido inicialmente en el proyecto para lograr que la obra cumpla adecuadamente en su servicio con los fines previstos para toda su vida útil.
• Que el adicional, en caso de producirse, haya sido verdaderamente incorporado en la obra física en todos sus componentes con la calidad y procedimientos constructivos que se requieren para estas obras (lo cual es muy fácil de constatar), y
• Que el monto que significa el Adicional haya sido calculado correctamente en costos y en tiempo.

Si se cumple estas tres premisas anteriormente anunciadas, el Adicional y/o deductivo está plenamente justificado y el Cliente se beneficiará con la modificación que motivó el Adicional.

¿Qué elementos de control existen para la verificación correcta de los Adicionales y/o Deductivos?

En el caso de las inversiones privadas, normalmente los clientes en proyectos de importancia contratan bajo la modalidad EPCM (“Engineering, Procurement, Construction Management”) o PMO (“Project Management Office”), ambas por sus siglas en inglés, y bajo tercerización a una empresa privada especializada que vele por sus intereses y a quienes en idioma inglés se les conoce como Owner’s Representative (Representante del propietario).

En el caso de las obras públicas, la Entidad contratante retiene para si el control a través de sus funcionarios de las áreas especializadas, quienes tienen la decisión definitiva y emiten los resolutivos de aprobación, y quienes a su vez, a través de concursos públicos, eligen a una empresa supervisora de consultoría de obras para un apoyo y control más detallado, quedando también como instancia auditora por parte del Estado las propias oficinas de control en las entidades adscritas a la Contraloría General de la República (CGR), y/o finalmente a la propia CGR en sus funciones de realizar acciones de control concurrentes simultáneas y acciones de control posterior de cumplimiento.

Cabe mencionar que de acuerdo a nuestra legislación, para el caso de obras públicas, cuando el monto de los adicionales supera el 15% de la suma inicialmente contratada, lo cual ocurre en la gran mayoría de las obras, se requiere de manera obligada el informe previo de aprobación de la CGR antes de su ejecución, siendo que la revisión del máximo órgano de control del Estado no se centra únicamente por la suma en exceso del 15%, sino es de carácter integral para toda la obra a ejecutar. Cuando se trata de una inversión de obra pública considerada como de gran envergadura o de mucho interés público, la CGR audita de oficio aun cuando no se haya pasado la meta del 15%.

¿Cómo se podría tener un indicio sobre si una obra es sospechosa de incurrir en sobrecostos sin justificación o en exceso?

Evidentemente no existen dos obras que sean idénticas en todos sus parámetros para que puedan ser comparables entre sí con mucho nivel de precisión; pero sí existen indicadores (Benchmarks) tanto nacionales como internacionales, que de manera aproximada nos pueden dar indicios sobre si los valores por parámetros del tipo de construcción proyectada; las condiciones geológicas o del entorno (costa, sierra o selva); condiciones naturales o de riesgo ante fenómenos extremos (sismos, lluvias, huracanes, etc.), y descontando elementos que puedan incidir en los costos y que no estén vinculados a la naturaleza constructiva como por ejemplo financiamiento; modelo de contrato (Obra pública tradicional o concesión APPs), o cargas tributarias directas en caso de benchmarks internacionales, haga posible comparar los parámetros por costo unitario. Con esto quiero decir que si se trata de una obra de edificación ya sea para oficinas, viviendas, uso industrial o el que fuera, el parámetro de comparación sería el costo por m². Si se trata de obras extendidas como por ejemplo una carretera, o una obra de irrigación con canales madre y secundarios, o un tren o metro, o un puente o túnel, o una línea de transmisión de alta tensión, entre otros, tendremos como parámetros el costo/km; si se trata de teatros, coliseos deportivos, tendremos un costo por butaca; si se trata de obras de saneamiento (agua y desagüe) tendremos costos por m3; en el caso de centrales hidroeléctricas costo por kW de generación eléctrica, y así sucesivamente. Cada entidad o cliente que realice este tipo de inversión tiene su propia estadística o acceso a ellas para saber si el rango de sus costos está dentro de estos parámetros indiciarios correctos que le permitan tener una primera apreciación antes de hacer las verificaciones detalladas correspondientes.

Si como resultado de efectuar una comparación con parámetros obtenidos de otras obras similares en entornos y realidades muy parecidas no se diera la satisfacción o confianza del caso, se puede pasar a la siguiente etapa, la de realización de un peritaje técnico sobre la obra ejecutada, peritaje por cierto que solo podría ser realizado por peritos especializados y preferible institucionalmente, vale decir realizado por personas que además tengan una vasta experiencia en la ejecución de proyectos similares; respetando a su vez la racional discrecionalidad de las opiniones profesionales de aquellos ingenieros que diseñaron y construyeron las obras y si ellas tenían justificación, puesto que solamente serán ellos  -quienes diseñaron y construyeron- quienes tengan la total responsabilidad de lo diseñado y construido, teniendo en cuenta su criterio profesional y el cumplimiento de los requerimientos de funcionalidad, resistencia, durabilidad y seguridad antes mencionados.

Es menester finalmente señalar que no se pueden emitir juicios de valor sin contar previamente con opiniones y peritajes serios realizados por especialistas de ingeniería en la materia, tal y conforme lo estable la Ley 16053 de febrero de 1966 y la Ley Complementaria 28858 de julio de 2006 y sus Reglamentos, que autorizan a los Colegios de Arquitectos y al Colegio de Ingenieros del Perú para normar el ejercicio de la ingeniería en el Perú y supervisar la práctica y actividades de los profesionales de arquitectura e ingeniería en toda la República, señalando expresamente que solo tendrán validez aquellos informes, documentos técnicos y peritajes, entre otros, realizados por profesionales especialistas hábiles para ejercerlo. Lampadia

De un tiempo a esta parte hemos multiplicado nuestras publicaciones sobre temas que recogemos del quehacer global, que si bien consideramos encierran mensajes importantes para nosotros los peruanos, también pretenden mejorar la cobertura mediática nacional.

En Lampadia nos resistimos a caer en la mediocridad de los medios locales en sus distintos formatos, que lamentablemente no salen de la pequeña política, del seguimiento de escándalos y de sembrar intrigas. La crisis política que nos abruma ya hace un par de años, ha terminado por llevar a la gran mayoría de medios de comunicación a una trampa de medianía.

Por ejemplo, en los programas políticos se ha vuelto común agredir a los entrevistados que tienen puntos de vista independientes, no se permite que los ciudadanos reciban los mensajes de líderes de opinión independientes sin interferencias, ya sea porque los ignoran o los interfieren. Curiosamente, esta tarea de demolición de los entrevistados independientes, ha sido encomendada mayormente a mujeres, desaprovechando sus grandes cualidades.

Es cierto que los medios viven de la coyuntura, pero se dejan llevar por los aspectos más frívolos o perversos de ella en lugar de aclarar los problemas de fondo que la explican. El Perú necesita salidas, no pantanos. 

En el Perú tenemos agendas pendientes muy importantes en temas de educación, salud, infraestructuras, reducción de la pobreza, generación de empleo, inversión, crecimiento y muchos otros. Pero nuestros medios siguen enfocados en la batalla política entre gobierno y oposición; siguen limitando el tema de la lucha contra la corrupción a la batalla entre cúpulas, olvidando que se debe reformar todo el Sistema Judicial; siguen atrapados en las culpas del pasado en lugar de mirar hacia adelante; siguen mostrando sesgos partidistas y/o pro gobierno; y encumbrando como referentes nacionales a personajes que en cualquier otro momento solo hubieran representado posiciones extremas.

En los temas de corrupción, es lamentable como la política ha terminado por sesgar el quehacer periodístico. No importa si las denuncias judiciales rebotadas por los medios tienen o no sustento jurídico. Se trata de alentar la ‘prisión preventiva’ como castigo a posiciones políticas. En lugar de concentrar las investigaciones y denuncias en las coimas vinculadas a las obras públicas, el centro de gravedad mediático gira en torno a los aportes a las campañas políticas, que en principio no son delito, así como al llamado pitufeo.

En el tema de salud, más allá de nuestro nivel de atraso general, en los últimos años hemos tenido un fracaso estrepitoso en el tema de la anemia infantil. Pero este tema, que es verdaderamente escandaloso, solo merece en los medios una menor presencia. Por ejemplo, ¿se ha aclarado como el deterioro de la desnutrición empezó el 2011, como producto de una decisión de gobierno? Pues así es, el gobierno de Humala, desde el Ministerio de Inclusión Social (Carolina Trivelli), suspendió el uso de chispitas para reemplazarlas por algo más ‘sofisticado’ que nunca se hizo presente. Veamos cómo el 2011 se produjo la reversión de los avances contra la anemia:

¿Por qué simplemente no regresamos a la política exitosa que se cortó el 2011? Este tema debería seguirse diariamente, hasta estar seguros de estar en el camino correcto, hacia una drástica reducción de la anemia infantil.

Para un mayor análisis, ver el informe de Macroconsult: La anemia infantil, un enemigo silencioso.

En el tema económico, seguimos frenando el crecimiento que necesitamos y podemos lograr, por enfocarnos más en la política y dejando de tomar decisiones que promuevan y cautelen la inversión en grandes proyectos. Llámese, Tía María, Majes Siguas, Chavimochic III, Conga, Oleoducto Nor-peruano, etc. El objetivo de gobierno parece ser cuidar la popularidad y no arriesgar enfrentamientos, así sean contra mafias o grupos de interés extremistas. Ver en Lampadia: Aterrizaje en la Mediocridad.

Así no vamos a ninguna parte. Seguimos esperando una reacción de parte del gobierno, pero también esperamos un cambio de actitud en los medios nacionales. Las cosas no están como para perder más tiempo teniendo al frente tamaños desafíos como la anemia infantil, la inversión y el crecimiento económico. Lampadia