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Un país grande con una puerta muy chica

Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia

El cierre por tres días del Aeropuerto Jorge Chávez de Lima (Perú), a raíz de un penoso accidente donde fallecieron 2 bomberos y pudieron morir cientos de personas, nos deja varias lecciones. Una de ellas es que el Perú es un país con una puerta muy chica.

A diferencia de nuestros vecinos como Colombia, Ecuador o Brasil, el Perú concentra todo el tráfico aéreo internacional (y por ende la llegada del turismo receptivo) en un aeropuerto y en una pista de aterrizaje.

Los esporádicos vuelos internacionales que había a los aeropuertos del Cusco, Arequipa, Iquitos o Trujillo han desaparecido por la pandemia y aun cuando existían, eran marginales en el volumen de accesos y salidas a nuestro país. El aeropuerto Jorge Chávez y su única pista operativa hasta el día de hoy, luego de dos décadas de concesión privada, son la puerta chica por donde tenemos que salir al exterior y por donde entran los turistas que nos visitan.

Por ello, lo ocurrido la semana pasada es sólo el epílogo de una historia de concentración, saturación y sobre explotación de un terminal que exhibe premios internacionales pero que también exhibe algunas de estas perlas:

  • 45 minutos de demora entre la puerta de acceso y el descenso del taxi, en horas punta, lo cual obliga a tomar los taxis que tienen acceso exclusivo.
  • 2 a 3 horas para pasar migraciones y recabar maletas en arribos a medianoche, más de la mitad del tiempo del vuelo internacional en el que se arriba.
  • En muchas ocasiones, 20, 30 o 45 minutos de espera para despegar por congestión en la pista de aterrizaje.
  • En frecuentes ocasiones 20, 30 o 60 minutos de espera en los aeropuertos de partida en Tacna o Cusco, para citar dos ejemplos vividos, por falta de capacidad en la pista de aterrizaje del Jorge Chavez.
  • En muchas ocasiones 10, 15 o 25 minutos de espera para desembarcar por falta de mangas de aterrizaje o buses de traslado al terminal.

Debe haber muchas razones técnicas que explican estas deficiencias. Seguramente muchas de ellas escapan a la responsabilidad del concesionario privado del terminal y son responsabilidad de nuestro paquidérmico Estado, a cuyos burócratas sólo les interesa extraer ingresos del Jorge Chavez y no resolver los problemas del ciudadano, del turista o de las empresas involucradas en este terminal. Sin embargo, la principal razón de todo esto es que, tal como lo hemos hecho en muchas otras actividades y sectores en el país, hemos concentrado en un solo lugar y en una sola mano la actividad aérea comercial del país.

Por ello, para que el Perú no siga siendo ese país grande que todos creemos que es, pero que tiene una puerta chica de acceso, tenemos que:

  • Establecer como prioridad nacional la tarea de crear las condiciones de infraestructura, tributos, costos administrativos e incentivos fiscales inclusive, que permitan crear nuevas puertas de acceso al Perú en Trujillo, Arequipa, Iquitos, Chiclayo y otras ciudades. Gastemos el dinero del país en eso, generemos empleo y no lo dilapidemos en bonos para pedir votos a cambio.
  • Crearle otra puerta de acceso a Lima en la Base Aérea de Las Palmas que le sirve de nada al país guardando municiones que se roban o aviones de guerra que se caen, así esto implique modificar un contrato de concesión en el Jorge Chávez que no puede imponer el monopolio como presupuesto de rentabilidad.
  • Concluir el Aeropuerto Internacional de Chinchero en el Cusco, que descargará una buena parte del flujo turístico del país.
  • No cerrar el Aeropuerto Velasco Astete del Cusco y repotenciarlo para que deje de ser el galpón que es y se convierta en un terminal a la altura de los pingües ingresos que le reporta a la estatal CORPAC, no sólo para evitar que sus terrenos sean dispuestos entre sus amigos por las burocracias locales, sino especialmente para impedir que el Cusco se quede sin acceso en las horas, épocas y circunstancias que, por condiciones climáticas o político sociales, el aeropuerto de Chinchero no pueda operar, lo cual pondría en jaque el turismo en el Cusco y el Perú.

Tener un solo aeropuerto para acceder al Perú era una mala decisión como país. No abrir más puertas o impedir que estas se abran, como ha sucedido con los lobbies y las campañas contra el Aeropuerto de Chinchero era un grave error. Sin embargo, en las actuales circunstancias, cerrar aeropuertos como el Velasco Astete ubicado en la ciudad del Cusco, sería un crimen que es necesario advertir. Lampadia




Crisis Energética

Por: Alfonso Bustamante Canny
Perú21, 14 de Setiembre del 2022

“Estimo que el apoyo de la UE a Ucrania en el conflicto bélico con Rusia se debilitará sustancialmente cuando llegue el invierno, cuando sus gobernantes intenten explicar a los ciudadanos la ausencia de calefacción y electricidad”.

Estamos a punto de ser testigos de una situación paradójica en la cual los países más ricos experimentarán un racionamiento energético a tal escala que sus familias pasarán frío este invierno y su sector productivo no podrá operar a plena capacidad.

Esta situación, a la que inevitablemente se dirige la Unión Europea, se debe a malas decisiones de sus gobiernos, quienes apresurando un cambio en la matriz energética, forzaron el despacho de las energías verdes interrumpibles en desmedro de las fuentes convencionales. Sin embargo, el gobierno de Angela Merkel fue más allá y ordenó el cierre de todas las plantas de energía nuclear de su país, las cuales proveían a Alemania de energía confiable, continua y segura, ocasionando que casi toda la Unión Europea se volviera dependiente del gas soviético. Estimo que el apoyo de la UE a Ucrania en el conflicto bélico con Rusia se debilitará sustancialmente cuando llegue el invierno, cuando sus gobernantes intenten explicar a los ciudadanos la ausencia de calefacción y electricidad. Sin duda los más veteranos de la UE rememorarán las crisis derivadas de las grandes guerras, mientras que para los jóvenes será algo inaudito, ya que vivieron toda su vida en la abundancia y bajo el paraguas protector de una economía desarrollada.

Para los peruanos debe ser una advertencia. No se puede jugar con la regulación energética. Tarde o temprano nos pasará la factura. Hasta hace poco tiempo hemos vivido una situación irracional, donde el sistema eléctrico no valoraba el gas natural y le asignaba un valor cero para su despacho eléctrico. Esto no solo constituyó un atentado contra nuestras reservas de gas natural, sino que impidió por casi 20 años el desarrollo de nuevas centrales de generación eficientes. Las excepciones fueron las centrales donde las empresas estatales garantizaron contratos de compra a largo plazo a precios 5 veces más altos que el del mercado spot de los últimos 20 años.

Esta irregular situación sucedió porque un grupo de generadores a gas que controlaba el costo marginal del sistema eléctrico vendía energía a grandes consumidores a un valor muy por debajo de su costo de producción, transfiriendo sus altos costos a las familias peruanas. Esto acabó cuando el Poder Judicial sentenció su ilegalidad. De ahí que no basta con tener organismos reguladores, como lo indica nuestra Constitución, sino que estos deben ser eficientes.

Una vez más, el problema es de gestión pública, no de cambio de modelo ni de Constitución.




Nuestro futuro energético

Nuestro futuro energético

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

De tanto tropezar con la idiotez cotidiana, me pareció importante “levantarnos la visera” y pensar en el legado que debemos dejar en favor de las generaciones de nuestros hijos y nietos. Ciertamente, debemos crear las condiciones y levantar las restricciones para el crecimiento económico y desarrollo humano integral del Perú, de forma tal, que podamos retomar la senda de la reducción de la pobreza, hasta su completa extinción.

Uno de los factores centrales para que tal cosa suceda, es aumentar considerablemente los niveles de inversión, particularmente en infraestructura que mejore el estándar de vida de nuestra población y nuestra competitividad productiva. Para eso, debemos contar con energía suficiente y de calidad, adecuadas.

Desde antaño, la característica peruana ha sido el “corto placismo”, carreteras limitadas, sistemas de agua y desagüe, hospitales y colegios sub dimensionados. Lo mismo se ha aplicado en líneas de transmisión e inversiones en generación eléctrica y esto ahora se replica en conectividad digital.

El Perú tiene pendiente el desarrollo de un importantísimo portafolio de proyectos mineros, el desarrollo de un moderno sistema de transporte ferrocarrilero nacional, el reemplazo de su obsoleto parque automotor público y privado, que ya deberíamos plantear su conversión a eléctrico, concluir la electrificación rural y de la selva, para estar en condiciones de ofrecer energía suficiente para la industria y el comercio, y por qué no, trabajar la propuesta de exportar energía eléctrica.

Acometer esa tarea, se convertiría en un desafío formidable de mejora, al cabo del cual, no sólo por la magnitud de las inversiones requeridas, los puestos de trabajo generados, la mejor calidad y tecnificación de la demanda laboral que estos proyectos requieren, significaría un “salir de perdedores”, de una vez y para siempre. Obviamente, esto significa poner por delante un nuevo paradigma nacional de calidad, hacer las cosas bien y con estándares internacionales.

El Perú cuenta a la fecha con 13,248 MW instalados, de los cuales 39% son centrales hidroeléctricas, 56% con termoeléctricas y 5% renovables, entre eólicas y fotovoltáicas. Recordemos, que estamos comprometidos con minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que, ciertamente, para las hidroeléctricas es mínimo (24 gCO2eq/KWh*), pero que en el caso de las térmicas a gas son mucho menos eficientes (490 gCO2eq/KWh*), ni qué decir de las de co-combustión de biomasa (740 gCO2eq/KWh*). Hasta la fecha, hemos podido atender la creciente demanda con centrales hidroeléctricas y térmicas a gas, pero, debemos tener presente que, de un lado se nos van agotando las fuentes hidroeléctricas que no impliquen inundaciones de extensiones de bosques, mientras que de otro, debiéramos considerar mejores usos económicos del gas para petroquímica básica de amoniaco y nitrato de amonio, para derivar en fertilizantes y explosivos, dejar de quemar gas natural, reduciendo así el nivel de emisiones por efectos de la generación termoeléctrica.

Ciertamente, debemos tener presente fuentes alternativas de generación, tales como eólica y solar, que hoy aportan 5% de la potencia instalada y algo menos de la energía generada, pero cuyas emisiones son menores (entre 11 y 12 gCO2eq/KWh*). Debemos resaltar, que estas fuentes de energía también tienen sus bemoles, pues si quisiéramos depender de ellas, demandan el uso de grandes extensiones de terrenos con los correspondientes impactos ambientales en flora y fauna – normalmente no mencionados por sus promotores- sin mencionar el impacto de sus desechos al fin de su vida útil o la necesidad de contar con fuentes de potencia y energía base, que las acompañe.

En este punto, quisiera invitar a que en el Perú consideremos el desarrollo de centrales nucleares (CN), cosa nunca antes contemplada, pero que resuelve con uso de pequeñas extensiones de terreno y muy bajas emisiones de gases de efecto invernadero (12 gCO2eq/KWh*), una ampliación a futuro de nuestra capacidad de generación de energía nuclear (EN). Esto se convertirá en un desafío tremendo, cuando nuestro transporte industrial y de pasajeros, público y privado, sea con vehículos eléctricos y aumentemos la diversificación productiva. Recordemos que, si bien el Perú no es uno de los principales generadores de GEI, en Lima, las emisiones sobrepasan largamente los límites máximos permisibles y, en ciertas áreas de la ciudad, ni de lejos se cumple con los estándares de calidad de aire. Sólo recordemos el cambio del color de nuestros cielos, cuando se decretó una cuarentena absoluta por COVID.

Estoy seguro que ya aparecerán los opositores a las centrales nucleares, pero los invito a que se ilustren sobre el tema antes de oponerse. Siempre me llamó la atención esta opción energética y me preguntaba, por qué teniendo en el mundo países desarrollados que se sustentan en energía nuclear (X% de abastecimiento e Y# Centrales Nucleares) como: USA (19.3% y 96 CN), Rusia (17.9% y 38 CN), China (4.2% y 47 CN), Francia (71.7% y 58 CN), Suecia (40.3% y 7 CN), Suiza (37.7% y 4 CN), Ucrania (53% y 15 CN) y Finlandia (32.5% y 4 CN), entre otros, sólo por mencionar algunos que se alimentan de forma importante de energía nuclear, no hemos previsto ni una CN en el Perú. No porque no hayamos contado con otras fuentes de energía, sino por la posibilidad de optimizar el “costo de oportunidad” de nuestros recursos naturales, minimizando las emisiones.

Según información tomada de Alfredo García, Operador Nuclear, en su libro “La energía nuclear salvará al mundo”, cuya fuente es el International Atomic Energy Agency Power Reactor Information System (PRIS) y el World Nuclear Association (WNA), en el mundo hay 442 centrales nucleares en operación, 53 en construcción, 110 planeadas y 330 propuestas, y en el Perú no hemos siquiera pensado en la posibilidad. Recordemos que, ante la crisis energética provocada recientemente por Rusia, países como Alemania, que dependían del gas ruso, hoy están entrando en grave crisis económica y regresando al carbón, mientras Finlandia, país cuyo Partido Verde lo orientaba a las renovables, hoy reconoce el imperativo de usar CNs y estaría pasando de 4 CN a 6CN en el corto plazo.

Como el autor del libro comenta, muchos piensan en Chernóbil y Fukushima, pero ninguno se ha dado el trabajo de revisar las condiciones constructivas de estas CN, sus sistemas de operación, los errores de diseño en los procedimientos aceptados en el pasado y no permitidos hoy, las condiciones de seguridad impuestas en la operación de las centrales, ni las características y manipulación del “combustible” usado hoy en día y las diferencias respecto a ellas.

El Perú tiene, no sólo la oportunidad, sino la necesidad de crecer económicamente y, por lo tanto, la imperiosa necesidad de optimizar sus fuentes de energía, considerando que es muy poco probable pasar y sostenerse rápidamente con sólo energía renovable.

¡Planifiquemos, aunque sea por una vez en la historia! Lampadia

*Fuente: “La energía nuclear salvará al mundo”, Alfredo García.




INFORME MÉDICO: PACIENTE PERÚ

INFORME MÉDICO: PACIENTE PERÚ

Rafael Venegas
Director Independiente de Empresas
Para Lampadia

No escribo este artículo para echar mas leña al fuego. Lo hago para que la población tenga el parte médico de un paciente cercano que se encuentra en estado grave, con patología múltiple, en el pasillo de un hospital y sin acceso a oxigeno, ni a cama UCI. Ese paciente es nuestro Perú.

Este informe incluye la historia médica del paciente, una radiografía y diagnóstico de sus males actuales y el planteo de un tratamiento para la cura y recuperación al paciente. Todo esto nos servirá como guía para hacerle un seguimiento detallado y fiscalización al nuevo equipo médico que se encargará de este paciente a partir del 28 de julio próximo.

Nosotros (la población) somos la familia del paciente y esta vez, dada su gravedad, no podemos quedarnos callados. Tenemos que alzar la voz y hacer valer nuestro poder de fiscalización y de protesta desde el primer momento. ¡Desde el 29 de julio debemos estar vigilantes!

La historia clínica del Perú muestra que el paciente, en sus doscientos años de vida, ha tenido varias enfermedades graves, las cuales logró superar con muchos esfuerzos de su sufrida familia. Incluso, a comienzos de los años 90, estuvo al borde de la muerte por una infección generalizada de un virus rojo maligno llamado sendero luminoso.

La recuperación después del virus fue estupenda y entre los años 1994 y 2010 gozó de muy buena salud. Pero a partir del 2011 comenzó a sentir los síntomas de la enfermedad del populismo nacionalista y la parálisis, un mal que ya había sufrido antes y que había logrado superar después de mucho esfuerzo.

Felizmente la enfermedad fue mas o menos mitigada en ese lustro, porque el sistema inmunológico del paciente se encontraba muy fuerte después de dos décadas de inversión, crecimiento ininterrumpido, solidez financiera, paz social y disminución de la pobreza. Estos signos vitales positivos atenuaron el avance de la peligrosa enfermedad.

La población se dio cuenta del riesgo y en las elecciones del 2016 decidió tomar medidas de prevención. Así es que en primera vuelta eligió dos alternativas similares para vacunarnos contra el mal. Ambas nos aseguraban cinco años de inmunidad contra la enfermedad. ¡Parecía que estábamos bien cubiertos!

Sin embargo, como todos sabemos, esto no sucedió debido a la irresponsabilidad y arrogancia de los dueños de ambos laboratorios. Ellos prefirieron privilegiar sus egos por encima del bienestar del país. Ninguno de los dos puso sus vacunas a disposición del paciente y sin ellas se contagió de inmediato. La enfermedad de la crisis política postró al paciente en cama gracias a estos dos infames personajes.

Sólo unos meses después, en un chequeo médico de rutina, le diagnosticaron una grave enfermedad: sufría de corrupción generalizada. Un mal que lo aquejaba hacía varios años, pero que se había soslayado irresponsablemente a pesar de los claros síntomas. Este es el verdadero cáncer de nuestro país que lamentablemente recién se ha diagnosticado cuando se encuentra en un estado bastante avanzado (grado 3, casi 4).

Dada la gravedad, la única alternativa para intentar curarlo es con un tratamiento agresivo, que se tiene que aplicar con mucha firmeza y sin miramientos. Extirpar la tumoración de raíz y quimioterapia agresiva. Este tratamiento se inició y en pleno proceso se le presentó una infección muy seria: la pandemia del Covid-19.

Lamentablemente los médicos emergenciólogos de turno actuaron improvisadamente, con ineptitud y arrogancia, en un ambiente viciado por la mentira y la corrupción. Estos malos peruanos aplicaron tratamientos equivocados que no consiguieron estabilizar al paciente y mas bien le causaron otra complicación: una crisis económica, con fuerte desempleo y quiebra masiva de negocios.

La gravedad del paciente hizo necesaria su urgente hospitalización y como se podrán imaginar, esto no fue nada fácil por la saturación del sistema hospitalario. Por eso hoy se encuentra en el pasillo, sin oxigeno y sin acceso a cama UCI.

A estas alturas, ya no le sirven las vacunas. Lo que necesita es encontrar las facilidades hospitalarias y al médico idóneo para que le aplique a tiempo el tratamiento correcto. ¿Y quien elegirá al médico? Nosotros mismos, el próximo domingo.

Ese día, aparte del médico, escogeremos también el tratamiento que se le aplicará para salvarlo (el plan de gobierno). Esta claro que la gravedad del cuadro clínico no permite que nos equivoquemos, porque el enfermo no podrá resistir cinco años mas en esta condición. Nuestra decisión es muy importante.

Como se imaginarán, esto no será nada fácil porque en la lista de médicos y tratamientos disponibles no existe ninguna alternativa idónea y por ende tendremos que escoger al médico ¨menos malo¨.

Hay varias opciones que no califican ni remotamente, otras que son viejas y obsoletas, algunas que ya se han probado y han fracasado rotundamente y unas pocas que son experimentales y que no sabemos como funcionarán.
¡No tenemos mas opciones!

Lo único que nos queda es la esperanza de encontrar oxigeno y cama UCI y que el médico que hayamos escogido ¨se ilumine¨, se rodeé de un buen equipo de profesionales y aplique el tratamiento eficaz, que logre curar al paciente.

Como esta ¨iluminación¨ tiene muy pocas posibilidades de éxito, la familia tendrá que estar muy atenta y participar activamente con mucha firmeza, exigiendo, presionando, fiscalizando, alzando la voz y protestando para que el nuevo médico y su equipo consigan el objetivo.

Como la patología del paciente es múltiple y muy complicada, se requerirán tratamientos de corto, mediano y largo plazo al mismo tiempo. En los de mediano y largo plazo, el tema es aún mas complejo, ya que se requerirán acuerdos a nivel ley que trasciendan a mas de dos equipos médicos consecutivos.

Aquí planteo una alternativa resumida de los tratamientos necesarios para que podamos hacer el seguimiento activo a los médicos:

TRATAMIENTOS DE CORTO PLAZO

  • Controlar la pandemia (Sentido de urgencia; Gestión; Inteligencia; Empresa Privada)
  • Shock de Inversión (Minería; Agro; Pesquería; Turismo. Simplificación. Empleo masivo)
  • Plan Nacional de Infraestructura (Transparencia y control. Participación internacional. Empleo masivo)
  • Seguridad y orden público (Reivindicación; Potenciación; Digitalización; Tolerancia 0)
  • Recuperación y ordenamiento del sector informal (Salvamento financiero; simplificación para formalización)

TRATAMIENTOS DE MEDIANO / LARGO PLAZO:

  • Lucha frontal contra la corrupción (Concluir casos emblemáticos. Tolerancia 0; Impunidad 0; Pena doble para servidores públicos)
  • Gobierno Digital (Red nacional potente. Estado; Educación; Salud; Justicia; Policía; Interconectividad)
  • Reforma del Estado. (Cero burocracia. Digitalización y Simplificación. Meritocracia).
  • Reforma de la Educación. (Nivel nacional; Sistema educativo y magisterio. Equipamiento y facilidades para educación remota; Meritocracia. Cero contenidos ideológicos).
  • Reforma de la Salud. (Integración y modernización total del sistema de salud pública a nivel nacional. Gestión profesional).
  • Reforma Judicial. (A todo nivel. Fuera mafias y corrupción. Doble pena para los que delinquen abusando de su cargo. Coordinación eficaz policía-fiscalía-justicia. JNJ mas efectiva y diligente).
  • Reforma Electoral y Política. (Autoridades transparentes e independientes. Partidos políticos profesionales. Dos cámaras. Congreso elegido por tercios).

Como ven el tratamiento no es fácil y tomará bastante tiempo debido al estado calamitoso y grave en que se encuentra el paciente. Sin embargo, si es factible, es cuestión de liderazgo, gestión, disciplina, transparencia y esfuerzo, pero principalmente de la participación muy activa de la familia apoyando, presionando y fiscalizando permanentemente.

Ya es hora de que todos nosotros, individual o colectivamente, participemos activa y firmemente para sacar a nuestro país del caos y asegurarnos que no vuelva a resbalar. Sabemos que lo podemos hacer, porque ya lo hemos hecho antes.

Tenemos un gran país con muchas riquezas y fortalezas que no las sabemos explotar bien en nuestro beneficio. No permitamos que otra vez una minoría de malos peruanos conformada por la clase política, los populistas, los ideólogos fracasados y sus ONGs, los corruptos y hasta algunos malos empresarios, nos priven a nosotros, que somos la gran mayoría, del bienestar y progreso que nos merecemos.

Votemos inteligentemente y luego participemos activamente todos apoyando, fiscalizando y exigiendo permanente al nuevo gobierno.

Nosotros somos la población del Perú. ¡El poder mas importante del país! Lampadia




¿Qué obras hace bien el Estado peruano?

¿Qué obras hace bien el Estado peruano?

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Lima, 26 de marzo de 2021
Para Lampadia

La noticia es positiva. Súper positiva. Después de una eternidad – por fin – tendremos una Carretera Central de cuatro vías, que nos permitirá viajar entre El Callao y La Oroya, en apenas hora y media. ¡Parece un sueño! Sin embargo, la noticia es un tanto curiosa: El gobierno francés – no el Estado peruano – construirá la carretera.

Entonces, la pregunta del millón es ¿qué hace el Estado peruano que tiene que recurrir a un gobierno extranjero para construir una carretera en nuestro país? ¿Qué hacen los organismos estatales creados ex profesamente para construir obras de infraestructura como la Carretera Central, pero que en más de 20 años no construyeron ni un mísero metro de dicha vía?

La inversión es lo de menos… S/. 11,571 millones. Tampoco importa que el Gobierno francés gane lo que tenga que ganar… aunque sea un montón de plata. ¿Cuánto nos ha costado no tener una buena Carretera Central? Estoy seguro que sólo en tiempo y accidentes hemos perdido más de cien veces esa cifra… sin contar las millonarias pérdidas de frutas y verduras de la Sierra y Selva Central, que se pudrieron en el camino en cada interrupción de la vía, las cuales – dicho sea de paso – ocurren a cada rato.

A lo que quiero llegar es que si estamos optando por gobiernos extranjeros para construir carreteras, hospitales, líneas de metro, recintos deportivos como los Juegos Panamericanos Lima 2019, y otros ¿qué sentido tiene mantener instituciones burocráticas estatales – encargadas de construir obras públicas – que además de inoperantes y corruptas, cuestan un ojo de la cara? ¡Para qué gastar pólvora en gallinazo!

Me refiero a PROINVERSION, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y sus derivadas… PROVIAS Nacional y PROVIAS Descentralizado. Entre paréntesis ¿alguien me podría explicar para qué tenemos dos estructuras burocráticas idénticas como PROVIAS Nacional y PROVIAS Descentralizado? ¿Acaso ambas no hacen lo mismo… carreteras? ¡Oh política estatista y populista, cuánto daño nos haces a los peruanos!

Si – por otro lado – estamos recurriendo a gobiernos extranjeros para terminar de construir hospitales como el Antonio Lorena del Cusco, hay que cerrar el PRONIS que supuestamente desarrolla el Programa Nacional de Inversiones en Salud. También habría que cerrar el PRONIED que se encarga – supuestamente – del Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Incluso, habría que cerrar las Direcciones Regionales de Infraestructura de los Gobiernos Regionales y Municipales. ¿Para qué seguimos con la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) si hemos contratado al Gobierno de Corea para la construcción del aeropuerto de Chinchero en Cusco?

Seamos sinceros y prácticos. El Estado peruano no sirve para construir obras de infraestructura. No sirve para construir una buena Carretera Central. Tampoco sirve para construir hospitales, escuelas, líneas de metro, o aeropuertos. El Estado peruano no sirve para construir nada. El tiempo y la vida así lo han demostrado.

Efectivamente, los convenios de Gobierno a Gobierno constituyen un reconocimiento fáctico – del propio Gobierno – respecto de su propia inoperancia para la construcción de obras de infraestructura pública.

Entonces… a confesión de parte, relevo de prueba. Cerremos todos los organismos estatales que no hacen nada, más allá de las consabidas corruptelas y coimas de por medio. Destinemos ese dinero a mejorar las remuneraciones de los maestros, médicos y enfermeras, policías y militares, y jueces y fiscales.

Reitero – entonces – la pregunta del millón ¿qué obras hace bien el Estado peruano? Quedo a la espera de tu respuesta. Lampadia




Relanzar la infraestructura

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por Infraestructura Institucionalidad y Gestión – IIG, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos el siguiente video sobre relanzar la infraestructura.

Participa como invitado Iván Alonso, economista, junto con Gonzalo Prialé, Aldo Defilippi y Félix Jiménez, asociados de IIG.

Las opiniones vertidas no necesariamente representan la opinión institucional de IIG sobre los temas tratados.




La infraestructura logística que Ica podría tener… pero no

La infraestructura logística que Ica podría tener… pero no

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 23 de octubre de 2020
Para Lampadia

Ica podría tener una infraestructura logística equiparable a las mejores del mundo. Efectivamente, Ica es accesible por aire, mar y tierra; y nada debería impedirnos tener lo mejor de lo mejor en materia vial, ferroviaria, portuaria; e incluso, aeroportuaria.

Veamos. Por tierra tenemos la Concesión Red Vial 6. Es decir, la súper transitada Carretera Panamericana Sur, la cual consta de una Autopista de doble calzada entre Lima y Pisco, y una carretera simple entre Pisco y Nasca.

El problema se presenta en Ica provincia. Concretamente, en el tramo entre Guadalupe y Ocucaje. Miles de personas viven – todos los días – el martirio de tener que pasar por esa tripa larga atiborrada de peatones, bicicletas, motos, carretillas, mototaxis, autos, combis, camiones, ómnibus, y todo lo demás.

¿Cuántas propuestas de inversión privada ha recibido el Gobierno para construir una vía de evitamiento entre Guadalupe y Ocucaje? Yo sé de dos. ¿Qué dice el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) al respecto? Que ellos la van a hacer. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nunca tendremos vía de evitamiento en Ica.

Incluso, hay obras complementarias – intercambios viales, pasos a desnivel, pasos peatonales, ampliaciones de vías, etc. – en la propia concesión Red Vial 6, que están a la espera de autorizaciones y permisos absurdos por parte del MTC, los cuales no tienen cuándo salir. ¿Para qué sirve el MTC?

En cuanto a nuestra conectividad con la Sierra, Ica tiene dos muy buenas carreteras de penetración: la Carretera Los Libertadores que sale de Pisco, y la Carretera Interoceánica que sale de Nasca. Aparte de ellas, Chincha, Ica y Palpa también tienen vías de penetración hacia la Sierra que permiten una adecuada conectividad con nuestros hermanos de agua: Huancavelica y Ayacucho.

En materia ferrocarrilera tenemos el anuncio con bombos y platillos del Tren de Cercanía entre Lima e Ica. El problema es que todo quedó en eso… bombos y platillos. ¿Y el tren? ¿Qué tren? Manan kanchu.

Por otro lado, está el proyecto ferroviario entre Apurímac y Marcona, el cual fue propuesto por un grupo de empresas mineras de la zona, pero que – al igual que todas las demás propuestas de inversión privadas – fue ninguneada por el Estado por motivos que nadie entiende.

Por aire tenemos el súper aeropuerto de Pisco, el cual puede atender vuelos internacionales y aviones de gran tamaño. El problema es que para llegar y salir del aeropuerto hay que transitar por el infame tráfico de San Andrés y Pisco. Por ello – precisamente – el aeropuerto de Pisco está prácticamente inoperativo. Mismo elefante blanco.

Luego tenemos el aeropuerto de Marcona en Nasca, que también puede atender a aviones comerciales. Incluso, sería muy fácil ampliarlo para atender aviones de gran capacidad. ¿Cuántas propuestas de inversión privada ha recibido el Gobierno para ampliar el aeropuerto de Marcona y operarlo como Dios Manda? Varias. El hecho es que de parte del Gobierno… no se oye padre.

Por mar tenemos el Puerto General San Martín de Pisco… súper moderno y eficiente, pero – al igual que el aeropuerto – con malos accesos viales. ¿Cuántas propuestas de inversión privada ha recibido el Gobierno para construir carreteras alternas al aeropuerto, y para el transporte de carga hacia – y desde – el puerto? Por lo menos tres. ¿Pero qué dice el MTC al respecto? Pues que ellos lo van a hacer. ¿Cuándo? He ahí el problema… nunca.

Después tenemos la infraestructura portuaria de Marcona, por donde se embarca el mineral de hierro de la zona. A este respecto, soy testigo de una propuesta de inversión privada autosostenible – o sea, que no requiere de fondos públicos – para construir en la Bahía de San Juan un mega puerto – el más grande del país – para minerales, contenedores, líquidos, carga en general, y pasajeros. O sea, que podría descongestionar grandemente el Puerto de El Callao. ¿Qué dice el Gobierno al respecto? Nada.

Incluso, si hablamos de conectividad digital, tenemos una súper Red Dorsal de Fibra Óptica que no está operativa. Cientos de millones invertidos por el Estado que – hasta ahora – no sirven para nada. ¡Ay Perú, pobre Perú!

Conclusión. El mayor obstáculo para el progreso del país es el Estado. La mayor traba para el bienestar de los peruanos es el Estado. El peor enemigo de Ica – y del Perú – es el Estado. Lampadia




El Perú y el acuerdo de Escazú

El Perú y el acuerdo de Escazú

Carlos E, Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para
Lampadia

El Perú suscribió el acuerdo de Escazú en setiembre de 2018 y ahora, nos encontramos a muy pocos días de la probable ratificación del mismo por parte del Congreso de la República. Aunque lego, me he decidido a escribir este artículo, dado el altísimo nivel de desinformación de la ciudadanía peruana, puesto que, a pesar que han transcurrido dos años desde la firma, no se ha hecho el menor esfuerzo de difusión ni explicación de su alcance e impacto.

Efectivamente, es sólo desde que se empezaron a levantar algunas voces de protesta, ante la inminencia de la ratificación por el congreso peruano, que ciudadanos de Loreto, instituciones representativas de oficiales en situación de retiro de las Fuerzas Armadas, así como algunos colegios profesionales y otras organizaciones, que se van interesando en el tema y comenzado a discutirlo en diversos foros.

La primera pregunta es; ¿por qué no se ha actuado con la transparencia debida y se ha suscrito este acuerdo casi subrepticiamente? ¿Por que el Estado peruano no divulgó con toda amplitud y en diferentes foros, antes de setiembre 2018, el contenido, alcances e implicancias futuras del acuerdo? Este acuerdo tendrá un gran impacto respecto a las acciones y proyectos productivos y de infraestructura a desarrollarse en todo el territorio nacional, pues cubre desde el litoral hasta la selva, pasando por la costa y la sierra.

Haciendo un poco de historia, el nombre “Acuerdo de Escazú”, es en honor a la ciudad de Costa Rica, donde se adoptó el mismo, el 4 de marzo de 2018, abriéndose a la firma el 27 de setiembre del mismo año. No obstante, tiene su origen en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible que se celebró en Río de Janeiro (Brasil) en junio de 2012, en lo que también se llama “Río+20”, pues la primera ocasión en que se propuso el tema fue en Río en 1992, poco tiempo después de la caída del muro de Berlín, a sólo dos años del Foro de São Paulo. Y, en “Río+20”, 10 gobiernos de América Latina y el Caribe reafirmaron su compromiso con los tres temas; “acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”. El proceso de diseño del acuerdo ha requerido 9 reuniones auspiciadas por la CEPAL, habiendo sido la primera en Santiago de Chile, en Chile el 2015, durante la presidencia de Michelle Bachelet.

Historias aparte, lo serio de este acuerdo, consiste en lo siguiente; el acuerdo junta el derecho ambiental con los derechos humanos, es un acuerdo al que el país se somete sin reservas, que contempla el “principio de no regresión” y tiene progresividad, a lo que hay que agregar, que tiene supremacía sobre las leyes nacionales.

Consecuentemente, un país no se adhiere a un cuerpo legal conocido, sino que de antemano se somete a las variaciones sucesivas e inciertas en el tiempo.

Se crea la categoría de ciudadanos defensores del medio ambiente, que están por encima de la autoridad nacional. Con esto se destruye el principio constitucional de igualdad ciudadana ante la ley. Las ONGs tienen atribución de denunciar ante “posibles alteraciones ambientales”, sin necesidad de demostración científica y pueden aplicar derecho precautorio, esto es que, se invierte la carga de la prueba. No es necesario demostrar en la denuncia el posible daño ambiental, sino que ante la suposición de un daño, el denunciado debe demostrar que tal riesgo no existe.

Escuchando a los defensores peruanos de la ratificación del acuerdo, uno puede encontrar en internet a la exministra del ambiente y firmante del acuerdo, Fabiola Muñoz, resaltando, que la adhesión del Perú al acuerdo, abre el camino para nuestra incorporación a la OCDE, aunque lo curioso es que ningún país miembro de la OCDE es suscriptor de este acuerdo. Seguro me dirán que muchos de esos países se han adherido al Tratado de Aarhus, pero si bien ese tratado es el antecedente de éste, no tiene las características draconianas de Escazú.

Entonces la pregunta es; ¿qué problema nos resuelve Escazú? ¿No cuenta el Perú con legislación ambiental de última generación? ¿No tiene el Perú legislación de protección a los derechos humanos y sometimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Se está poniendo en duda la legislación de defensa de derechos y seguridad? Si ese es el punto, debiéramos ya declararnos un Estado fallido y tercericemos de una vez por todas; sus funciones legales, judiciales, policiales, ambientales y de protección a los derechos humanos, puesto que, a la sola demanda de una persona, nuestras diferencias deberán ser definidas en un tribunal internacional. Es más, tendremos que ir adecuando nuestro cuerpo legal a las disposiciones de los miembros del Acuerdo de Escazú.

Un país con tantos recursos naturales en todo su territorio y extensión marítima, que además tiene aún pendiente la construcción y desarrollo de infraestructura; carreteras, puentes, puertos, sistemas de agua, eléctricos, red de transmisión de datos, aeropuertos, sólo por mencionar algunos distintos a los temas agrícolas, ganaderos, mineros o pesqueros, ¿puede darse el lujo de quedar paralizado, ante cualquier demanda por plazos y criterios fuera de nuestro control?

Para poner las cosas en contexto, sólo mencionar que Chile, uno de los promotores iniciales del acuerdo y miembro de la OCDE, no lo ha suscrito, al igual que nuestros otros dos socios en la Alianza del Pacífico; México y Colombia. Tampoco Brasil, Paraguay y Uruguay. Sólo países cómo; Antigua y Barbados, San Cristóbal y Nieves, San Vicente, Granadinas, Guyana, El Salvador, Nicaragua, Bolivia y Panamá lo han ratificado y, en mi humilde opinión, el potencial del Perú no es comparable con el de los nueve mencionados, ni podríamos comparar las amenazas a nuestro desarrollo futuro con el de estos países.

Uno de nuestros competidores cercanos para atraer inversiones y generar prosperidad es Chile, país que luego de evaluar los términos del acuerdo, ha optado por no ratificarlo, bajo los siguientes argumentos:

“(i) El acuerdo introduce una serie de principios no definidos que condicionarán nuestra legislación ambiental.

(ii) El acuerdo podría implicar cambios inciertos en nuestra legislación, dada su autoejecutabilidad, generando incertidumbre jurídica.

(iii) El acuerdo introduce obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas, que dificultan su cumplimiento.

(iv) El acuerdo expone a Chile a controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas”.

Siguiendo básicamente estos cuatro criterios, ninguno de los miembros de la Alianza del Pacífico lo ha ratificado y, tal como ha sido mencionado, ningún país importante, medido en términos de su desarrollo y potencial económico, población, así como necesidad de competir por atraer inversiones para relanzar su economía, lo ha ratificado tampoco.

Dicho esto, ¿cuál sería la razón para que el Perú ratifique este acuerdo?

Señores congresistas y miembros del gobierno, si algún amor les queda por el Perú y preocupación por las generaciones futuras, los invoco a no ratificar Escazú en el Perú. Lampadia




La falta de conexión digital pasa factura

La falta de conexión digital pasa factura

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

Hace muchos años que sabemos la magnitud del déficit de infraestructura que tiene nuestro país. Conocemos la cantidad de carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, hospitales, escuelas, conexiones de agua, desagüe, luz, telefonía, internet y alcantarillas que nos hacen falta.  Esta es la “Brecha de Infraestructura”.

En junio de 2019, la agencia Bloomberg destacó que el ministro de Economía Oliva anunciara un plan de inversión en infraestructura (PNIC) de 5 años por 27,000 millones de dólares para “mejorar una de las peores infraestructuras de América Latina”, luego de que este tipo de inversiones se “descarrilaran” por el escándalo Odebrecht en el 2017.

A esa fecha, según cifras del MEF el déficit era de S/. 480,000 millones (USD 145,000 millones) para el corto y largo plazo. Según AFIN, la Asociación de Fomento a la Inversión Privada, el déficit de infraestructura era mayor y llegaba a US$ 160,000 millones, de manera que el plan anunciado, por cierto no concretado un año después, implicaba una posibilidad de avance de apenas el 17% de lo necesario.

Dentro de este gigantesco y creciente déficit de infraestructura (que en el año 2008 era solamente de US$ 37,760.00 según el estudio del Instituto Peruano de Economía – IPE), el déficit en telecomunicaciones es decir la falta de conexiones de telefonía fija, celular e internet hace 12 años era de 5,446 millones de dólares, que representaban el 14.42% del déficit total. En el 2019, el déficit en telefonía móvil y banda ancha en el corto y largo plazo llegaba a 32,528 millones de soles, es decir cerca de US$ 10,000 millones de dólares, casi el doble de lo requerido en el año 2008, aunque bastante menos en términos porcentuales (sólo 6.7% del déficit total). Hubo cierto progreso.

Estas cifras dejan dos evidencias concretas e inobjetables en medio de esta crisis:

1.- El déficit total de infraestructura crece cada año y se va tornando inalcanzable para nuestro país.

2.- El déficit de telecomunicaciones también creció, sin embargo, redujo su participación porcentual en el déficit total, señal de que se tuvo inversión y hubo cierto avance. No es casual que esto se de en el único sector de infraestructura donde existe competencia entre los agentes involucrados, a diferencia del agua, el desagüe, la luz, los puertos o los aeropuertos donde existen monopolios estatales, algunos monopolios privados y en el mejor de los casos, oligopolios.

En condiciones normales ya es grave que no logremos avanzar en la reducción de estas brechas. Sin embargo, en medio de una Pandemia como la que estamos viviendo,  el déficit de conexiones telefónicas, líneas celulares, accesos a internet  y banda ancha deja de ser un tema de interés de economistas, analistas, políticos y líderes empresariales y se convierte en un tema crucial, urgente, cotidiano en la vida de los ciudadanos del país, especialmente de los ciudadanos que viven en las periferias del país, en el interior, en las zonas urbano marginales y en el Perú rural, donde el nivel de la brecha es mayor y la inconexión, la constante.

Antes de esta crisis, probablemente escuchar hablar de este tema era intrascendente para el menor que va a la secundaria, la maestra que enseña en la escuela, el joven de estudiar en la universidad o el profesional que atiende a sus clientes. Sin embargo, después de 5 meses de crisis sanitaria, donde más de tres meses los hemos pasado en cuarentena obligada, el tema dejó de ser un “tema de especialistas” y se convirtió en el problema de los padres de familia que  ven a sus hijos perder sus clases por falta de conexión, de los ciudadanos que no pueden tramitar on line el cambio de un plan tarifario de telefonía o de los ciudadanos que no pueden acceder al sitio web de una municipalidad o un ministerio y se ven obligados a salir a la calle, tomando el riesgo de contagiarse. Ni que decir de los empresarios para quienes el acceso a las mesas de partes virtuales es un verdadero vía crucis, los contadores que tienen dificultades para declarar o pagar tributos o los abogados que no pueden presentar escritos en plataformas digitales ya de por sí limitadas, qué con la poca conectividad, se vuelven utópicas.

¿Que hacer frente a esta realidad?

Hay dos caminos.

  • El camino de siempre. Esperar que el Estado cierre las brechas. Que lo haga mediante obra pública, licitación (con coima incluida), concesión o en ciertos casos mediante Asociaciones Público Privadas. Según las cifras de inversión pública del 2019 necesitaríamos cerca de 40 años para cubrir la brecha actual. Según AFIN harían falta hasta 60 años. Sin embargo, como la brecha crece cada año por los cambios tecnológicos ni siquiera en 60 años la cerraríamos si no vamos a un ritmo mayor que su crecimiento.
  • El otro camino, el que siguen los países que nos llevan la delantera. No esperar que lo haga el Estado. Dejar que los privados lo hagan en un escenario de competencia, estabilidad de reglas y respeto a su inversión.

Si seguimos por el primer camino, tal vez los nietos de nuestros hijos puedan ver que hay banda ancha en las provincias y distritos alejados, sin embargo, cuando ello suceda, en el mundo de las telecomunicaciones el internet ya no se proveerá con torres o fibra, sino desde la estratosfera y estaremos en la tecnología 6 G.

Si vamos por el segundo camino, nada garantiza que superemos la brecha, el capital en el mundo post cuarentena será escaso y disputado, nuestras condiciones para atraerla son deficientes y las seguridades que ofrecemos a la inversión son inversamente proporcionales al grado de populismo de nuestros políticos. Pese a ello, como es un dato cierto que en el sector de telecomunicaciones las inversiones si se han producido en la última década debido a la competencia entre los operadores y su proceso de decisión es más rápido que la inversión pública, es lógico que este camino permitiría avanzar en el cierre de esta brecha, de mejor modo que siguiendo el camino tradicional.

¿Es esta una dicotomía?  ¿Tenemos que optar por un solo camino? ¿No cabe una solución donde ambos caminos sean factibles para disminuir esa brecha y que los niños en Chachuar  (Urubamba) puedan acceder a sus clases escolares de la misma forma que sus contemporáneos de Magdalena (Lima) o que el profesor en Contamana (Loreto) pueda dictar sus clases de igual forma que el profesor en Cayma ( Arequipa)?

No lo es. 

Solo se trata de tener claro que el sector privado puede entrar más rápido y eficientemente, y que el Estado, puede concentrar sus energías para aquellos sectores en los cuales el tamaño del mercado no haga rentable y sostenible el esfuerzo privado. Eso se llama subsidiariedad y solo se trata de ponerla en marcha, para que la conectividad mejore para todos, no solo en las grandes ciudades y se cierre la brecha.

Esa es la salida. No caben los fundamentalismos. Ni aquellos que por su aversión ideológica al lucro de los privados renieguen de la participación privada y aboguen por la gestión pública de esto, ni aquellos que crean que el Estado no debe ingresar ni siquiera en los lugares donde la inversión y la cobertura privada no pueden llegar. El primer fundamentalismo hará que esperemos un siglo para tener mejores conexiones. El segundo dejaría a muchos ámbitos sin conexión.

Muchas vidas se hubieran podido salvar si nuestros conciudadanos hubieran podido resolver sus compras, trámites, pagos o reclamos en forma remota, por teléfono o por internet, sin tener que salir de sus casas donde se contagiaron y murieron. La brecha de infraestructura nos está pasando una tremenda factura. Es hora de entender la importancia que tiene, especialmente para los más pobres, tener infraestructura de calidad. Oponerse a la inversión privada en telecomunicaciones y en general en todo tipo de infraestructura es por lo tanto una actitud criminal. Como vemos, ha empujado a la muerte a muchos. Lampadia




Inversiones “4 x 4” para salir de la crisis

Inversiones “4 x 4” para salir de la crisis

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 24 de julio de 2020
Para Lampadia

Para salir de la brutal crisis económica en la que nos encontramos hay que pensar… para luego actuar. Bueno pues – pensándolo bien – un programa masivo de construcción de viviendas dignas podría ayudar a generar millones de puestos de trabajo – precisamente – para contrarrestar la desesperanza de igual número de compatriotas que han perdido sus empleos como consecuencia de la pandemia del COVID 19.

Ciertamente, no se trata de la única salida. Las inversiones en minería y energía pueden – y deben – ayudar significativamente para retomar el dinamismo económico perdido. Las inversiones requeridas para el cierre de brechas en infraestructura – también – son vitales para los fines del caso. En realidad, todo lo que signifique inversión debe ser bienvenido para salir del hoyo en el que nos encontramos.

En el fondo – desde un punto de vista conceptual – nada ha cambiado con respecto a los tiempos anteriores a la pandemia. La única manera de generar empleo, riqueza, y bienestar – aquí y en la Conchinchina – es mediante inversiones. Inversiones públicas y privadas… pero sobre todo privadas.

Y en nuestro caso, los tres frentes antes mencionados – vivienda, minería, e infraestructura – no es que hayan aparecido de buenas a primeras a raíz de la pandemia. Nada que ver. En realidad, desde hace décadas que debimos haber promovido las inversiones en dichos sectores.

Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no fuimos capaces de tener más viviendas dignas para más familias peruanas? O más minería como Conga, Tía María y otros grandes proyectos mineros. O más y mejores carreteras, ferrovías, puertos, hospitales, instituciones educativas, entre otras. ¿Por qué cayeron las inversiones privadas – repito, desde antes de la pandemia – propiciando así la informalidad y la falta de empleo en el país? ¿Por qué?

Las respuestas a esas interrogantes son harta conocidas. El brutal déficit de viviendas – o mejor dicho, la enorme cantidad de peruanos que viven peor que animales – se debe a la proliferación de mafias de traficantes de tierras, en las que están involucrados muchos alcaldes y regidores municipales distritales… también mafiosos. La falta de inversiones en minería se debe a la pusilanimidad gubernamental frente a los movimientos anti mineros que – a pesar de ser minoritarios – hacen bastante ruido. Recordemos la debilísima posición del presidente de la República – y su equipo ministerial – en el manejo del frustrado proyecto minero Tía María en Arequipa.

Y la falta de inversiones en infraestructura se debe a la inmensa y enrevesada institucionalidad burocrática que – como dice Roberto Abusada – ha hecho metástasis. Institucionalidad que – dicho sea de paso – es también la causante de la creciente informalidad y desempleo en nuestro país.

En conclusión, lo que hay que cambiar son las instituciones estatales y sus procedimientos administrativos. Las oportunidades de inversión son las mismas.

A continuación, suelto algunas propuestas al respecto.

  • Eliminar miles de burocracias municipales distritales corruptas y mafiosas, y concentrar las funciones de ordenamiento urbano en las municipalidades provinciales.
  • Imponer la ley y el orden en la explotación de nuestros recursos naturales.
  • Simplificar – al máximo – la institucionalidad y tramitología estatal a todo nivel.
  • Fusionar – o eliminar – instituciones públicas redundantes.
  • Digitalizar los servicios del Estado.
  • Incluso, eliminar cualquier cantidad de trámites innecesarios.
  • Y – lo más importante de todo – salir de los miles de Richard Swing´s que han atiborrado el aparato estatal. ¡No al clientelismo político en el Estado!

Invertir US$ 40,000 millones para construir 2´000,000 viviendas dignas para igual número de familias peruanas. Invertir US$ 40,000 millones en proyectos mineros que están a la espera de permisos burocráticos absurdos. Invertir US$ 40,000 millones en obras de infraestructura como carreteras, ferrovías, puertos, reservorios, etc. Y – como dirían los contadores – invertir US$ 40,000 millones en “otros sectores”, como industria, turismo, agricultura, forestería, pesca, innovación, servicios, etc.

Recapitulemos: (1) Vivienda, (2) Minería, (3) Infraestructura, y (4) Otros. Mucha inversión privada, complementada por inversión pública… allí donde lo privado no llegue. He ahí las inversiones “4 x 4” que – con tracción en las cuatro ruedas – podrían sacarnos de la crisis mucho antes de lo que muchos imaginan. Lampadia




Los paquetes de emergencia en la región

Los paquetes de emergencia en la región

Las cifras de contagio y defunciones por coronavirus en América Latina siguen creciendo a pasos acelerados. Inclusive Chile, un país que había logrado desacelerar considerablemente las infecciones, recientemente ha sufrido un fuerte rebrote provocando el retorno a la cuarentena en su ciudad capital.

Por su parte, el estado peruano ha extendido el estado de emergencia hasta fines de junio por el poco avance que se ha tenido en la contención del virus. Si bien prevalece la cuarentena, se ha dispuesto la liberación de varias actividades económicas arraigadas a los servicios además de la reactivación de numerosos proyectos de minería, vivienda e infraestructura productiva.

Sin duda estas acciones de política reflejan la imposibilidad de inducir el aislamiento social a una población, cuya proporción de trabajadores es mayoritariamente informal y sobre la que, tras dos meses de estricto bloqueo, resultaba imposible acatar con una cuarentena que no considerase su alta vulnerabilidad económica.

Resultó obvio pues que los bonos entregados por el gobierno y el paquete Reactiva Perú resultaron poco eficaces para paliar el batacazo que recibió la economía de los hogares en las últimas semanas. El primero por la no disponibilidad de padrones certeros para la adecuada identificación de la población pobre, además de las complicaciones logísticas que entrañó la baja bancarización de la población informal. El segundo porque no se llegó a entregar la ayuda a las empresas a las que se debía principalmente atender, esto es, el segmento de las MYPE. Muchas de ellas ya deben haber quebrado, relegando al desempleo a todos sus trabajadores.

¿Cómo han respondido a estos paquetes de ingresos de emergencia otros países de la región con menor solidez macroeconómica como México, Brasil o Colombia? ¿Qué medidas de política económica o más bien de búsqueda de financiamiento deben emprenderse para seguir propendiendo liquidez a las poblaciones más necesitadas?

Un reciente artículo de The Economist que compartimos líneas abajo ilustra esta situación y da algunos lineamientos de política que podrían explorarse al respecto para conseguir mayor financiamiento. Como sugiere el popular medio británico, de seguir prolongando la cuarentena o de retormarla cada cierto tiempo en los próximos meses, como es de esperar puesto que los rebrotes siempre son un riesgo (ver Lampadia: El mundo está parado), los países deberán acudir a los mercados financieros para tomar más deuda y  paliar su impacto negativo en los hogares. Aquí el Perú y Chile tienen una ostentosa posición puesto que pueden acceder a tasas menores producto de su buena calificación crediticia.

Sin embargo, debemos alertar que la mayor provisión de paquetes de ayuda deben estar limitados a cómo responderá la actividad económica en los próximos meses, ahora que se ha pasado a una etapa más de convivencia social con el virus y en el que el trabajo en varios sectores es posible con los cuidados sanitarios respectivos. Lampadia

La situación económica de América Latina está empeorando

Los gobiernos tienen un poder de fuego limitado para lidiar con el covid-19

The Economist
23 de mayo, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

En São Paulo, el 91% de las camas de cuidados intensivos en los hospitales están ocupadas, no obstante, los casos de covid-19 se disparan. La ciudad ha declarado un feriado público de cuatro días para reducir los viajes. En las partes más pobres de Brasil, como Fortaleza y Manaus, los hospitales están aún más llenos. Lo mismo ocurre con Perú y México. En Chile, que parecía haber estado controlando el coronavirus, un aumento brusco de casos y muertes provocó que el gobierno encerrara a la gran Santiago y dejó al ministro de salud “muy preocupado”. Ante un aumento récord de casos esta semana, Argentina extendió su bloqueo. A medida que la pandemia se desacelera en Europa, está aumentando en las Américas.

Para América Latina, eso es decepcionante y preocupante. Advertidos, muchos países se apresuraron a imponer bloqueos hace dos meses. En una región donde un trabajador de cada dos está en la economía informal, estos son difíciles de mantener. Muchos países también han organizado pagos de emergencia para grandes segmentos de la población y otorgado garantías de crédito a las empresas. Pero los gobiernos latinoamericanos carecen del poder de fuego fiscal, así como de las instituciones efectivas, de sus contrapartes en Europa o EEUU. Como resultado, en lugar de tener una recuperación rápida, como algunos esperaban, la región corre el riesgo de ingresar a un valle oscuro en el que tanto la salud pública como los medios de vida sufren durante muchos meses. Los efectos ya están exacerbando la desigualdad en una región desigual.

Comience con la salud pública. Los bloqueos redujeron la propagación de la infección en abril, según Jarbas Barbosa, de la Organización Panamericana de la Salud (PAHO). Pero las presiones económicas, y en Brasil y México mensajes mixtos de los presidentes, han llevado a muchas personas a ignorar los bloqueos. El tráfico en los países más grandes de la región ha vuelto a casi la mitad de lo normal, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los mercados callejeros son una fuente de contagio: en un mercado mayorista de frutas en Lima, casi el 80% de los vendedores dieron positivo por el coronavirus. La PAHO advierte que los pobres urbanos, muchos de los cuales viven en zonas densas, los pueblos indígenas de la Amazonía y los migrantes y prisioneros son especialmente vulnerables.

Varios países más pequeños, como Paraguay, Costa Rica y Jamaica, tienen tasas bajas de infección, al igual que Colombia. Algunos otros gobiernos simplemente han declarado la victoria y están abriendo sus economías nuevamente. Incluyen a México, cuyo presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirma que su país ha “domesticado” el virus. Pero incluso los datos oficiales especialmente sospechosos de México muestran que los casos siguen aumentando. “La mayoría de los países no pueden abrirse”, dice el Dr. Barbosa. “Sería una receta para el desastre”. Él piensa que si el distanciamiento social se adopta adecuadamente, los casos podrían comenzar a caer en la región en la primera quincena de junio.

Aunque los bloqueos son populares, conllevan un gran costo socioeconómico. Una encuesta de 17 países para el BID en abril sugirió que el 57% de las pequeñas empresas han cerrado temporalmente, mientras que casi el 45% de los encuestados dijo que un miembro del hogar había perdido un trabajo. Países como Brasil, Chile y Perú han implementado esquemas de ingresos de emergencia de tres meses. Pero llevar el dinero a los trabajadores informales es difícil (y a veces ha provocado que las multitudes propaguen infecciones fuera de los bancos).

Si se va a contener el virus, dichas políticas deberán continuar por más tiempo. También lo harán las garantías crediticias y la liquidez de emergencia para las empresas, si quieren impulsar la recuperación económica. Los gobiernos lucharán por encontrar el dinero. “No vivimos en una región ‘lo que sea necesario'”, dice Mauricio Cárdenas, un ex ministro de finanzas colombiano, refiriéndose a la postura del Banco Central Europeo. “Podemos hacer lo que podamos”, dijo en un seminario del Banco Mundial esta semana.

Solo los países financieramente más fuertes, como Perú y Chile, tienen ahorros públicos a los que recurrir. Muchos países latinoamericanos aún pueden recaudar dinero en los mercados financieros, pero ¿por cuánto tiempo? Intentar reprogramar las deudas, como lo está haciendo Argentina, lleva tiempo y conlleva costos. Y en lugar de limitar las salidas de capital a través de la condonación de la deuda, América Latina necesita entradas adicionales. Desde marzo, una docena de países de América Latina y el Caribe han recibido un total de US$ 4,000 millones en financiamiento de emergencia del FMI. Pero la demanda de su dinero excederá la oferta.

Cárdenas sugiere que el FMI debería establecer un fondo que emitiría bonos para que los bancos centrales de los países ricos los compren, con el dinero utilizado para ayudar a América Latina a capear la crisis. Eso puede ser un alto orden político. Pero la alternativa puede ser años de postración económica e inestabilidad política. Lampadia




De la concentración a la desconcentración

De la concentración a la desconcentración

Juan Infante Alosilla
Para Lampadia

Pensemos en los próximos 24 meses.

Con el virus rondando por todas las ciudades. ¿Creen ustedes que los mercados de abastos tienen condiciones para garantizar los requerimientos de bioseguridad necesarios para evitar el contagio?

Yo no.

La infraestructura de la mayoría de los mercados de abastos no permite implementar las medidas básicas sugeridas por las autoridades de salud. Pretender hacer pequeños cambios en los mercados, es jugar con la salud de comerciantes y vecinos de las ciudades y, sobre todo, condenar al país a avances y retrocesos en el control del contagio.

En este artículo señalo por qué.

Para garantizar las medidas de seguridad hay que desconcentrar el comercio. Hay que pasar del conglomerado comercial a la desconcentración. No tenemos opción. Vienen 24 meses distintos. Las necesidades de consumo no han cambiado, son las mismas de siempre, siendo así, debemos desarrollar una logística e infraestructura que se adecúe a los requerimientos de bioseguridad para el comercio mayorista y minorista de productos.

Las actividades esenciales

El gobierno autorizó -desde el inicio de la cuarentena- unas cuantas actividades económicas, considerándolas esenciales, lo que permitió que funcionen algunos centros de salud, todas las agencias bancarias, los mercados de abastos, supermercados, bodegas y farmacias.

Al pasar de los días, parte de los espacios donde se desarrollaban estas actividades esenciales fueron considerados centros de contaminación y contagio de la Covid-19. La frase del presidente Vizcarra: “uno va al mercado a comprar y de paso se lleva el virus”, grafica esta situación.

En esa línea, pudo decir también: “uno va al hospital y de paso se lleva el virus”, “uno va a las agencias bancarias en ciudades y distritos donde hay muy pocas y de paso se lleva el virus”. Pero no sucede lo mismo con las bodegas y farmacias. Uno no se contagia ahí, aunque quizás, el bodeguero y el farmacéutico puedan haber cogido el virus.

El contagio tampoco ocurre en las agencias de los bancos si vives en una zona donde hay muchas y, además, tienes cajeros distribuidos en los grifos y buena conectividad de internet, es decir, en unos cuantos distritos de Lima.

¿Cuál es la lección? La desconcentración evita el contagio, miles de farmacias y bodegas no son centros de transmisión del virus porque permiten el respeto de la distancia entre una y otra persona. Pero ahí donde hay aglomeración de personas eso se torna imposible.

Las medidas de bioseguridad

Las medidas de bioseguridad no son muchas, ni complicadas de respetar, si uno tiene las condiciones para hacerlo. Nos piden a todos:

  • Guardar más de un metro de distancia entre una y otra persona.
  • Lavarnos las manos con frecuencia.
  • Usar mascarillas.
  • No agruparnos con otras personas.

Si cumplimos con estas simples medidas, difícilmente nos contagiaremos.

Los mercados mayoristas

La actividad y la infraestructura de los mercados mayoristas, tal como están planteadas, no permiten cumplir con las simples medidas de bioseguridad que detienen el contagio. Hay que aceptar esta realidad.

Todas las regiones del país, dependen de sus mercados mayoristas para abastecer no solo a la población de la ciudad donde están instalados, sino a sus provincias y distritos. Además, en Lima, los mercados mayoristas se convierten en centros de redistribución con alcance nacional y en algunas otras ciudades del país hay mercados con influencia macro-regional.

En los mayoristas el flujo de comercio es muy intenso y se da, principalmente de madrugada.

Centenares de choferes de los camiones que ingresan la mercadería que abastece a los mayoristas se reúnen, miles de trabajadores entre estibadores (las personas que descargan la mercadería de los camiones), cargadores manuales (las personas que trasladan la mercadería en las carretillas) y ayudantes en los puestos laboran chocándose unos con otros, apretujados entre los camiones y en los pasadizos de los mercados mayoristas de fruta y lo mismo ocurre en el más espacioso mercado de Santa Anita. La realidad en los terminales pesqueros, con sus variantes, es parecida.

El tamaño de los puestos no permite el distanciamiento entre quienes están trabajando en ellos. Entre cajas y sacos, queda muy poco espacio para las tres o cuatro personas que trabajan en cada puesto. Además, hay nula distancia entre puesto y puesto. Y no hay manera de que los clientes hagan una cola ordenada, respetando la distancia requerida.

Súmenle la muchedumbre de comerciantes minoristas que van a comprar. Sus transportes de ida y de vuelta. La congestión en los estacionamientos. Los negocios colaterales que aprovechan la concentración de gente para vender alimentos preparados a la multitud laboriosa.

Esta es la realidad que tenemos que aceptar:

  • No hay manera de tener distancia social. La muchedumbre es un río caudaloso. Los comerciantes minoristas presionan y demandan velocidad. Tienen que llevar la mercadería a sus respectivas tiendas. Todos se aglomeran y topan unos con otros.
  • No hay caños para lavarse las manos en los puestos. Los baños son muy pocos y están lejos de los comerciantes y trabajadores. Además, cobran por el ingreso a los servicios higiénicos. Todo está hecho para que no vayas al baño y no te puedas lavar las manos.
  • En la prisa, no hay –lamentablemente- disciplina para llevar la mascarilla y no tocarse la cara.
  • Todo es en efectivo. El intercambio de dinero es constante. Fluye de una mano a otra. Con guantes o sin guantes, te vas a agarrar la cara, la nariz, los anteojos, los ojos.

La solución es desconcentrar esos mercados. Dividirlos en unidades más pequeñas que se muevan a otros espacios con estructura apropiada para cobijarlos en los próximos 24 meses. Pasar del gran conglomerado al mini conglomerado de venta al por mayor.

Esto permitirá repartir el flujo de camiones con mercadería que llegan de las provincias, estibadores, cargadores, comerciantes mayoristas, ayudantes, comerciantes minoristas, camionetas, combis y station wagons de carga, en muchos más puntos.

Repartiendo el comercio mayorista, se reduce el aforo que hoy se ve en cada uno de los actuales conglomerados mayoristas, y, por tanto, se baja la velocidad requerida para las transacciones, lo que permite respetar las normas de distanciamiento e higiene básicas.

¿Qué se requiere para desconcentrar los mercados mayoristas en Lima?

Veinte terrenos amplios ubicados en lugares donde no se forme un embudo de entrada ni de salida de camiones y vehículos menores. Tienen que ser espacios donde se puedan instalar entre 100 y 150 comerciantes mayoristas, con puestos dos o tres veces más grandes que los que tienen ahora, cada uno con un sistema de agua y desagüe (es fácil y rápido hacer una infraestructura temporal que lo permita).

Esto no es difícil y en menos de una semana podemos montar este esquema si aceptamos la tarea.

Los mercados de abastos (minoristas)

La gran mayoría de los mercados de abastos tampoco pueden cumplir con las medidas de bioseguridad exigidas. Además, buena parte de los puestos de cada mercado minorista está cerrada porque su actividad no es la venta de alimentos. Esos comerciantes están desesperados y presionando porque también los dejen funcionar.

Los pasadizos en la mayoría de estos mercados son estrechos, es difícil que los clientes hagan cola dentro del mercado, delante de cada puesto y respetando el distanciamiento social. Los puestos son pequeños, generalmente tienen la mercadería amontonada y por lo menos dos personas los atienden, siendo imposible que guarden la distancia adecuada. No hay caños para lavarse las manos. Los comerciantes y sus ayudantes están usando un par de guantes para toda la jornada laboral y las transacciones son solamente con dinero en efectivo.

Un mercado es hoy un espacio cerrado con una sola puerta de acceso, para entrar hay que hacer cola y esto desespera, lo que puede llevar a un descuido y un relajamiento en el cumplimiento de las pautas de bioseguridad que cada persona está llamada a respetar.

Mi conclusión es que la gran mayoría de mercados minoristas, no están ni estarán en condiciones de cumplir con las normas de bioseguridad y si pensamos que los riesgos de contagio se extenderán por los 24 siguientes meses, conviene de una buena vez plantearse un sistema de comercio minorista barrial distinto.

¿Qué se puede hacer con los mercados minoristas?

En el caso de los mercados minoristas hay dos salidas complementarias que pueden funcionar en paralelo. Las dos estrategias implican “dividir” el mercado en unidades más pequeñas, repartidas en el distrito y que permitan a los vecinos caminar menos para abastecerse.

La primera estrategia es habilitar espacios temporales (no itinerantes) con infraestructura apropiada proyectada para resistir 24 meses. Infraestructura de calidad. Donde cada puesto tenga mayor espacio y cuente con un caño con agua y desagüe donde el comerciante y sus ayudantes se puedan lavar las manos (repito, esta infraestructura es fácil de montar).

La segunda, permitir a los vecinos habilitar pronto espacios para alquilar (garajes o espacios con puerta a la calle) a los comerciantes de los mercados minoristas. A todos los rubros, no solo los de comida. Espacios que cuenten con caño y lavatorio para lavarse las manos, ventilación y de tamaño apropiado para un aforo de cuatro personas con el distanciamiento apropiado entre una y otra.

A estas alturas necesitamos todos los productos y servicios que se vendían en los mercados antes de la cuarentena.

UNA OPORTUNIDAD PARA MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS MERCADOS DE ABASTOS A NIVEL NACIONAL

Esta podría ser una oportunidad de oro para modernizar los mercados de abastos en todo el Perú.

Si comprendemos que la inmensa mayoría de ellos no está en condiciones de operar con las medidas de bioseguridad requeridas para no ser focos de contagio, si se integra a la solución a los comerciantes de todos los rubros presentes en cada mercado, si se montan espacios adecuados para que ellos puedan desarrollar su actividad por los próximos 24 meses, se puede dar paso a un programa de renovación de la infraestructura de estos centros de comercio.

Lo merecen los barrios y lo merecen los comerciantes. El Perú puede iniciar un gran programa de renovación de su infraestructura comercial barrial. Veinticuatro meses son suficientes para que emerja en el espacio físico de cada uno de esos mercados, un espacio comercial que se convierta en eje de desarrollo económico local.

Decidido este programa, dotado de fondos para que los comerciantes accedan a un financiamiento con intereses y plazos razonables, será el momento de los arquitectos y luego de las empresas, los ingenieros y los obreros de construcción.

Qué oportunidad hermosa para hacer mercados adecuados, con puestos de tamaño suficiente, con agua para el lavado de las manos, con tanques cisternas, con mejor infraestructura de baños, con pasadizos amplios y buena ventilación, con dos pisos de comercio y espacios para almacenes, talleres y oficinas en el tercer y cuarto piso, con escaleras y ascensores de tamaño apropiado.

Vamos a necesitar reactivar la economía, pongamos en paralelo fondos de crédito por 20 mil millones de soles en manos de los comerciantes propietarios de los mercados. Démosles la oportunidad que crezcan, que inviertan en su desarrollo, que, con su esfuerzo, ayuden a la reactivación económica de sus barrios. Pero que haya una institución que fije los parámetros y que estos no dependan de la discrecionalidad de cada municipio local.

Imaginemos los mercados del Bicentenario. Lampadia