Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

Hernando de Soto (HdS) ha recibido una oleada de críticas por su postura presuntamente equidistante de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta, y porque ha manifestado que conversó con Pedro Castillo para atenuar sus posiciones radicales y atraerlo a una postura más centrista.

En realidad, a nadie ha debido sorprender lo que ha dicho. En varias oportunidades, antes de ser candidato, él había declarado que había que conversar con partidarios de Sendero Luminoso para tratar de acercarse al sector de la población que supuestamente representan.

Durante la campaña incorporó a Jorge Paredes Terry, un individuo de conocida trayectoria extremista, cercano al Movadef -que es el Sendero Luminoso de Abimael Guzmán con otro nombre-, al antaurismo y cuanto movimiento radical aparezca en el escenario.

Y cuando recibió críticas por hacer participar a Paredes, lo defendió ardorosamente. Hasta el final.

No hay motivo para sorpresa entonces. Ahora Hernando está tratando de hacer lo que siempre ha preconizado.

Algunos lo critican porque, según dicen, con su candidatura impidió que Rafael López Aliaga (RLA) pasara a la segunda vuelta y le ganara a Castillo. Son especulaciones sin fundamento.

No hay ninguna evidencia que si HdS no postulaba esos votos fueran a RLA, sobre todo teniendo en cuenta lo volátil e imprevisible que es el electorado. Tampoco que en caso que fuera así, RLA hubiera tenido más posibilidades que Keiko Fujimori. Nadie lo sabe.

En suma, no hay ninguna sorpresa y no tiene sentido seguir lamentándose sobre lo supuestamente pudo ser y no fue.

El asunto central con Castillo es que él no se va a moderar si es que llega al Gobierno. La gente que lo rodea y muchos de los que han entrado al Congreso son del Movadef o cercanos, y del grupo de Vladimir Cerrón, que es una suerte de representante de los cubanos y venezolanos, de la llamada Coordinadora Bolivariana que integraban las FARC de Colombia, el MRTA, etc. Es decir, los grupos más radicales, que propugnaban o practicaron el terrorismo y que ahora, cuando fueron derrotados, buscan los mismos objetivos por la vía electoral.

Es decir, Castillo no es Ollanta Humala, que trabajaba con los brasileros, interesados en hacer grandes negocios y no en desestabilizar el país y provocar una revolución. Y por gente como Siomi Lerner, un empresario izquierdista, pero empresario al fin.

Por último, el mensaje de Castillo es realmente destructivo, revolucionario y antidemocrático. Mucha gente que lo escucha y lo sigue lo cree. Quiere cerrar el Congreso y el Tribunal Constitucional, convocar una Asamblea Constituyente, liquidar una serie de instituciones como la Defensoría, la ATU, etc. Si él triunfa le van a exigir eso de inmediato y se va a generar una situación caótica.

Un ejemplo es lo que ocurrió en la huelga magisterial de 2017. El Gobierno les hizo muchas concesiones, pero su entorno y sus seguidores no transaban con nada, siempre querían más y, cuando se abría alguna posibilidad de conciliación, lo acusaban de traidor y vendido.

No hay que equivocarse, entonces. Si gana lo que viene será un enfrentamiento que fácilmente derivará en violencia y caos. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

Los tres últimos sondeos a dos semanas de las elecciones, pese a sus diferentes resultados, no pueden esconder algunas tendencias:

• Johny Lescano no ha superado el techo del 15% de votos y ha detenido su crecimiento.
• Rafael López Aliaga asciende en todos los sondeos respecto a su votación anterior.
• Verónica Mendoza se halla muy lejos de su votación del 2016 y, salvo en la encuesta del IEP, no se acerca al 10% de votos.
• Hernando de Soto sube. Keiko Fujimori no supera el 8%
• Pedro Castillo le roba votos a Verónica Mendoza.
• Los candidatos gobiernistas Guzmán, Salaverry y Forsyth pagan el precio de la inepcia gubernamental, inclusive en la encuesta de IPSOS.

La votación por las opciones de derecha es mayoritaria frente a la votación por las opciones de izquierda, siendo este el tema del cual queremos ocuparnos hoy.

Según CIT la suma de la votación por Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori o Hernando de Soto supera los 30 puntos. Según el IEP el 26% y según IPSOS, la encuestadora que mantiene a flote a George Forsyth, 19%.  Salvo lo dicho por IPSSOS, los votos por la derecha se hallan por encima de los votos que suman Lescano, Mendoza y Castillo, los tres principales candidatos de la izquierda, que según CIT llegan al 21%, según IPSOS al 24% y según IEP al 25.3 %

Pese a que la votación es mayoritaria por la derecha, este sector no tiene asegurado su sitio en la segunda vuelta y puede quedarse fuera por su división.

El sitio de López Aliaga no es seguro como no lo es ni el de Lescano. Su viabilidad en segunda vuelta es aún más incierta.

• Por ello, en ¿Es tiempo del Otro sendero?
  https://www.lampadia.com/analisis/politica/es-tiempo-del-otro-sendero expresé mi opción por Hernando de Soto, una candidatura poco entusiasta pero con mejores posibilidades en segunda vuelta.
• En La Hora de Keiko, el valor de una renuncia, exhorté a la declinación de la señora Fujimori para fortalecer una candidatura de derecha con más posibilidades que la suya https://www.lampadia.com/analisis/politica/el-valor-de-una-renuncia y,
• Finalmente, en El Poder del voto, las alianzas y los endoses (Lampadia 26.03.21) https://www.lampadia.com/analisis/politica/el-poder-del-voto-las-alianzas-y-los-endoses analizo los efectos de los alianzas en la fragmentación electoral que vemos, tanto en la derecha como en la izquierda.

Hoy, a menos de dos semanas de las elecciones la suerte va quedando echada, todo lo que se puede decir está dicho y la historia juzgará a quienes, en sus afanes menores, se aferran a sus escasas preferencias y no suman.

¿La historia volverá a mostrarnos como una derecha ciega, al igual que en el 2016, es mayoritaria pero derrotada?

¿Es este su inevitable destino?

Estamos cerca de saberlo. También cerca de actuar y cambiar ese sino tan absurdo. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La encuesta del IEP publicada ayer confirma el ascenso de Yonhy Lescano y coloca a Verónika Mendoza en segundo lugar, aunque prácticamente empatada con los tres que le siguen:

Si estas tendencias se confirman en la encuesta de Ipsos que debe salir el 14, es posible que una parte de quienes pensaban votar por Hernando de Soto u otros candidatos se inclinen al final por Keiko Fujimori o Rafael López  Aliaga (que ha tenido un crecimiento muy veloz) para evitar que la segunda vuelta quede copada por candidatos de izquierda.

Pero hay acá un error de percepción, porque lo que pasa es que muchos no ven a Lescano como un candidato de izquierda. Según esta encuesta, la intención de voto por el candidato de Acción Popular está igualmente distribuida entre quienes se identifican a sí mismos como de izquierda, centro y derecha. Más claro aún, resulta que Lescano recibe una intención de voto proporcionalmente más alta en el sector AB que en C y D/E.

La marca de Acción Popular, asociada al centro político, disfraza el izquierdismo de Lescano. En el sector AB Lescano es conocido como defensor de los consumidores, pero es probable que aún no se conozca la verdadera naturaleza de sus propuestas. Cuando ello ocurra, podría perder votos en el AB (y también en los demás niveles) y entre los que en esta encuesta se auto califican como de derecha. Esos votos podrían ir a López Aliaga –que, además, tiene techo para crecer en sectores populares, aunque su extracción social no le ayude- o a Keiko Fujimori.

De hecho, las contradicciones entre el discurso del candidato presidencial (y el propio plan de gobierno) y el discurso de algunos candidatos al Congreso ya ha aparecido.

• Lescano propone nueva Constitución cambiando el capítulo económico, por ejemplo, para que los recursos mineros extraídos no sean de las empresas mineras sino del Estado. Es decir, la nacionalización a la boliviana de los recursos naturales, el modelo Evo Morales[1] (lo que, por supuesto, alejará toda inversión minera, como ha ocurrido con el gas en Bolivia).
• Y también que el BCR ponga controles o topes a las tasas de interés de los bancos.
• El plan de gobierno, por su parte, propone “desglobalizar la economía”, una suerte de retorno al proteccionismo de los 70, entre otras medidas.  

Pero la candidata al congreso María del Carmen Alva, sobrina de Javier Alva Orlandini, aclaró el sábado en El Comercio[2] que probablemente no haya consenso en la bancada para una nueva constitución y que si bien se requiere modificar la parte política, el capítulo económico no se va a modificar. Agrega, “nosotros estamos de acuerdo con la economía social de mercado, esto no se va a modificar… Y el rol subsidiario del Estado, tampoco”.

El candidato Pedro Morales también ha remarcado que AP cree en el rol subsidiario del Estado y en una economía social de mercado, de modo que no debe cambiarse el capítulo económico de la Constitución.

En cuanto a la nacionalización a la boliviana de la minería, Alva señaló claramente que “esta es una idea debatible, y se verá en el próximo Congreso si tiene consenso. Acción Popular está a favor de la inversión minera, … Nosotros queremos una minería responsable, … Acción Popular no va a presentar ninguna norma que desaliente la inversión privada, de ninguna manera… Acción Popular es un partido de centro, que cree en la inversión privada y extranjera, …”.

Precisó también que “Acción Popular no va a plantear control de precios de ninguna manera…, sino que así como existe Osinergmin y Osiptel, que son reguladores, ver la posibilidad de crear un regulador autónomo del Minsa…, que vea la calidad de las medicinas que se compran y que los precios no se disparen”.

Aquí hay una confusión que sí es común tanto a Lescano como a muchos de sus candidatos. Morales, por ejemplo, sostiene que “la educación, vivienda, salud, sobre todo los servicios básicos, se han convertido en un negocio y el Estado no hace nada”. Pero hacer empresa en educación, vivienda y salud es bueno, no es malo. Ayuda a ampliar y mejorar los servicios. Y no puede haber empresa sin utilidades. Las utilidades no son malas. Son el motor de la inversión. No se puede creer en la economía de mercado y en el principio de subsidiariedad, y proscribir la inversión privada de esos sectores. Es una contradicción. Y la manera de asegurar que no haya precios excesivos, es la competencia.

Más bien quien es muy malo dando esos servicios, es el Estado. Allí está el problema, no en el sector privado. Lo que debe plantearse es una reforma profunda de los servicios públicos, introduciéndoles precisamente elementos de gestión empresarial, meritocracia y gestión por resultados, lo que implicará enfrentarse a grupos de interés enquistados. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Ex presidente de la SNMPE y Perumin 2019
Para Lampadia

Ya he escuchado algunas veces la presentación de “La doctrina de la transformación a través de la propiedad”. Ciertamente el concepto es brillante y sería materia de un libro de texto para que, cualquier “alma blanca” que desee estudiar el complejo fenómeno de la propiedad del suelo y del material del subsuelo, ya que aplicando la teoría de los precios tendríamos el problema resuelto.

Como bien dice nuestro ilustre economista Hernando De Soto, es suficiente títulizar la propiedad en favor de los individuos, con título real, suficiente y que les permita transferir el bien ahí representado, para poder negociarlo libremente en la bolsa.

Bien explica que, cuando va a la comunidad y dice; que lindo el cerdito de la comunidad, le contestan: No, el cerdito es mío. Lo mismo cuando pregunta por el auto o la casita de la comunidad, el comunero le contesta: No, el auto y la casita son míos. Dicho esto, no pasa lo mismo con el terreno.

Hace más de 20 años tratamos en el distrito de Oyón de desarrollar un lindo programa habitacional para los trabajadores mineros, dicho sea de paso, miembros de la comunidad todos. El proyecto consistía en desarrollar una adecuada habilitación urbana, por cuenta de la compañía minera, desarrollar un proyecto arquitectónico adecuado para vivienda permanente, contratar una empresa de construcción que ejecute el proyecto con reducción de costos por economía de escala y financiarlo a largo plazo con la banca, aprovechando un crédito hipotecario. El respaldo de la compañía minera a su trabajador con el uso de la cuenta sueldo reducía el riesgo crediticio lo que minimizaba la tasa de interés.

La única condición para este lindo proyecto era que los terrenos de “propiedad” de la comunidad y ocupado por los distintos comuneros, se transfieran de forma individual a nombre de los miembros de la comunidad que los ocupaba y así hacer del inmueble un bien hipotecable.

El resultado, aunque no me lo crean, fue la negativa de la comunidad para el otorgamiento de la propiedad individual en favor de sus miembros. Si este proceso generado en un área de vivienda, para uso de los miembros de la comunidad y sus familiares dependientes resultó imposible de materializar, ¿se imaginan que pasaría con la propuesta inopinada de transferir los derechos de propiedad de la tierra, en grandes extensiones, a los comuneros?

Una pregunta adicional: ¿Quienes son los miembros de la comunidad? ¿Los que están inscritos? ¿Los que nacieron en ella? ¿Los que viven en ella? ¿Los cónyuges de los que nacieron en la comunidad y están empadronados? ¿Los que se han ido sumando por invitación de los dirigentes de la comunidad a cambio de alguna prebenda? ¿Los herederos de los que habiendo nacido en ella migraron a Lima y tienen más de una generación nacida fuera, pero retornan cada vez que hay un posible interés económico en ciernes? ¿Los “parajinos” que pastan su ganado en distintas zonas de las que aprovechan sus pastos cuando los hay?

Con los antecedentes mencionados no quiero ni imaginar lo que significaría pretender dar títulos de propiedad a quienes ni siquiera se reconocerían entre ellos como “miembros firmes” de la comunidad. Recordemos que en el Perú y especialmente en el Perú andino, no eres nadie si no tienes un litigio en el poder judicial, lo que explica el número inimaginable de abogados con los que contamos.

El “autor de la idea” gusta de referirse al propietario del terreno superficial, como “dueño de la tapa de la botella”, sin cuyo permiso es imposible retirar (explotar) los recursos naturales ahí disponibles, valorándole la propiedad del subsuelo y el reconocimiento que se le debiera por ello en la superficie.

El problema es que mucha gente piensa (muchos periodistas y “opinólogos” incluidos) que cuando el Estado le otorga a una persona una concesión, prácticamente le entrega la llave de una vitrina llena de metales que empezará a retirar a su gusto y sin costo ni riesgo. No tienen ni idea que se debe de iniciar un proceso de exploración largo, costoso y de alto riesgo. El Viceministro de Minas en conferencia reciente informaba que de cada mil iniciativas de exploración, probablemente una se convierta en un proyecto y operación minera exitosa. Pocos saben que, la exploración es ni más ni menos que la investigación científica de las entrañas de la tierra y que luego de años de inversión y estudio se podría alcanzar a definir un proyecto técnicamente viable, económicamente factible, ambientalmente amigable y socialmente aceptado. Y ahora resulta que al final, el propietario de la superficie te reclama el valor de tu investigación y desarrollo. Casi, casi como que después de años de investigación de laboratorio identifiques una fórmula, con un principio activo que cura una enfermedad y cuando quieras patentar el descubrimiento y producto desarrollado, te digan que no hay patente y que debes compartirlo gratuitamente. Así, nadie invertiría en investigación químico-farmacéutica, como que, cada vez se invierte menos en exploración en el Perú.

Para completar el cuadro, resulta que ahora, ya no son sólo los “dueños de la tapa”, esto es los que viven en la superficie del área explotable, sino todos aquellos por donde se va a transportar el concentrado o producto final, incluso a cientos de kilómetros de distancia, hasta llegar al puerto, tal como ocurre en el sur del Perú.

Pues bien, esta extensión de la idea a lo largo de la carretera, es la misma que se debe aplicar a TODO EL TERRITORIO NACIONAL. Esto es que, los recursos naturales pertenecen a la Nación y el fruto de cerca de la mitad del valor creado en su explotación beneficia a la población más necesitada para brindarles salud, educación, agua y desagüe, seguridad, justicia y pensión digna para los ancianos e infraestructura básica. Impedir su desarrollo y explotación es un robo imperdonable a los más pobres del país.

¿Qué privilegio tiene el que está en un poblado del Cusco respecto al que está en Tumbes (donde producen muchos alimentos y combustible que consumen en Apurímac) con relación a un recurso mineral explotado en Apurímac?

Cuando ponemos las cosas bajo esta óptica, me provoca repetirle al autor de la brillante teoría lo que decía el buen Cantinflas: Ahí está el detalle joven. Lampadia