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Democracia pelotuda

Democracia pelotuda

Fernando Cillóniz B.
CÍLLONIZ.PE
Ica, 27 de agosto de 2021
Para Lampadia

Jamás hubiera calificado a nuestra democracia de pelotuda, de no ser por el inefable Guillermo Bermejo – Congresista de Perú Libre – quien en su momento dijo que si llegaban al poder no lo soltarían jamás. Y que su partido – el partido de Vladimir Cerrón – no creía en pelotudeces democráticas. 

Por eso me pregunto, ¿qué sentido tuvo que Pedro Castillo – candidato de Perú Libre, en ese entonces – firmara la llamada “Proclama Ciudadana” en la que se comprometía, entre otras cosas, a respetar la Constitución y las instituciones democráticas, ¿y a dejar el poder cuando concluya su mandato en el 2026? 

No hay nada que hacer. Para muchos militantes de Perú Libre, jurar es igual que tirarse un chancho. Es decir, eructar.

  • Hablan de unidad, pero lo único que hacen es confrontar y dividir. 

  • Proponen un gabinete ministerial idóneo y de ancha base, y arman uno que más parece una célula senderista. 

  • Saben que la Constitución no prevé la figura del referéndum para una Asamblea Constituyente, pero pretenden convocarla a la bruta. 

Sí pues. Bermejo estaba en lo cierto. Tenemos una democracia pelotuda. Tanto que el Poder Judicial no fue capaz de sentenciarlo por terrorismo, por delitos cometidos años atrás, por más pruebas flagrantes que existan en su contra. Tan pelotuda es nuestra democracia, que estamos llenos de delincuentes en los más altos cargos gubernamentales, todos escudados cínicamente detrás de la presunción de inocencia.

Tan pelotuda es nuestra democracia que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y su compinche la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) permitieron candidatear a tremendos delincuentes convictos y confesos – Martín Vizcarra, incluido – pero excluyeron de la contienda a ciudadanos decentes, por errores de forma absolutamente irrelevantes.

Y ¿qué me dicen de los congresistas pelotudos que le dieron su voto de confianza al Gabinete Bellido? Un gabinete plagado de prontuariados por terrorismo, violencia familiar, feminicidio, corrupción, falsedad genérica, corrupción, clientelismo político, y todo lo demás. Claro que tenemos una democracia pelotuda.

Y cierro con casi todos los funcionarios de alto rango del Gobierno Central – empezando por el propio Presidente Castillo – que jamás han hecho nada por la vida… excepto gritar a voz en cuello, destruir patrimonios ajenos, y – eso sí – alzar el puño bien en alto. Aquellos que no tienen moral, y – por ende – no están calificados para gobernar.

Efectivamente, tenemos un Gobierno Central tan pelotudo que pretende transferir más recursos a los Gobernadores Regionales. Es decir, a aquellos funcionarios mayoritariamente corruptos y mafiosos. Aquellos personajes hechos a la medida de la coima y el chantaje… tipo Vladimir Cerrón, amo y señor de Perú Libre. 

El tema es ¿qué hacer frente a este panorama tan grave para los peruanos? Pues luchar. Como lo planteé en un artículo anterior en Lampadialuchar desde la ciudadanía. Defender nuestros derechos a la libertad de expresión y opinión. Defender a los periodistas de medios televisivos, radiales y escritos que también están librando la batalla contra la corrupción en el Gobierno. 

Colaborar con el Ministerio Público – y apoyarlo moralmente – en el proceso de investigación contra la Organización Criminal Los Dinámicos del Centro. Ahí están todos metidos en la colada: Cerrón, Boluarte, casi todos los ministros, varios congresistas de Perú Libre… y hasta el propio Castillo. Investigar y desenmascarar las irregularidades cometidas en los nombramientos de funcionarios de alto rango del Gobierno. 

Apoyar en la recolección de firmas para evitar la inconstitucional “Asamblea Constituyente Plurinacional”. Reivindicar a nuestras Fuerzas Armadas y Policiales ante las frecuentes humillaciones recibidas de parte del Gobierno. Respaldar a los congresistas que planteen censuras ministeriales, sobre todo a los que planteen la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. 

Luchar contra la democracia pelotuda… ¡eso es lo que tenemos que hacer! Lampadia




¿Sedicioso o pelele?

¿Sedicioso o pelele?

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 30 de julio de 2021
Para Lampadia

Pedro Castillo se hizo conocido a raíz de la huelga magisterial del 2017. En ese entonces, Castillo era el presidente del Comité de Lucha de dicha huelga. En lo que a mí respecta – aún sin haberlo tratado cara a cara – conocí a un personaje despiadado, súper violento, intratable y cínico. ¡Cómo olvidar la finta de tirarse al suelo para aparentar una agresión policial inexistente!

Aparte de provocar la pérdida del año escolar de un millón y medio de niños y jóvenes estudiantes, los peruanos fuimos testigos de los más brutales actos vandálicos, ocasionados por maestros que más parecían jaurías de perros rabiosos: daños a aeropuertos, bloqueos de carreteras, daños a vehículos particulares, toma de estaciones de energía eléctrica, y – como ocurrió en Ica – agresiones a mansalva contra maestros y escolares que no se plegaban a la huelga.

Por ello, la Procuradoría Especializada en Delitos Contra el Orden Público del Ministerio del Interior – entonces a cargo del Ministro Carlos Basombrío – denunció a Castillo Terrones y a otros facinerosos por los delitos de extorsión y otros ilícitos penales. La referida denuncia se presentó ante la Fiscalía Superior Contra el Crimen Organizado, donde Castillo y sus secuaces figuran como cabecillas, mandos medios, y ejecutores de la Organización Criminal “Los Protestantes del Sur”.

En cuanto a la protesta en sí, el Ministerio de Educación – entonces a cargo de la ministra Marilú Martens – hizo todo lo posible para atender las demandas salariales de los maestros. El presidente Pedro Pablo Kuczynski, el Primer Ministro Fernando Zavala… todo el Gobierno Central se puso del lado del magisterio. Yo puedo dar fe de ello.

En aquel entonces yo era Gobernador Regional de Ica, y todos los Gobernadores Regionales coordinábamos con el Gobierno Central la solución a la huelga. Sin embargo, las negociaciones fracasaron porque los huelguistas se oponían a la evaluación de los docentes, mientras que el Ministerio de Educación – acertadamente – exigía la meritocracia en la carrera magisterial.

El hecho es que – a raíz de los acontecimientos de aquella infausta huelga – salieron dos versiones acerca del carácter y personalidad de Pedro Castillo Terrones… la cara más visible y representativa de la protesta magisterial. A decir del Ministerio del Interior – y con muchas pruebas inobjetables de por medio – Castillo resultó ser un sedicioso más, íntimamente ligado al MOVADEF y a CONARE SUTEP, ambos brazos políticos de Sendero Luminoso.

Sin embargo, para el Ministerio de Educación, Pedro Castillo era más bien un buen tipo… pero débil de carácter. Tanto que no pudo contener las arremetidas de los sediciosos infiltrados en los sindicatos de la educación peruana que propiciaron – y prolongaron a la bruta – la huelga magisterial del 2017. En otras palabras – según el Ministerio de Educación – Pedro Castillo sería un pelele… una persona de poco carácter que se dejaba manejar por los demás, muy fácilmente.

Bueno pues, en honor a la verdad – y a la luz de los acontecimientos recientes – yo no sabría cómo calificar a Pedro Castillo… flamante Presidente de la República. ¿Un sedicioso o un pelele dominado por sediciosos? Veamos porqué.

Si fuera el propio Presidente Castillo quien hubiera decidido la designación del inefable Guido Bellido como Primer Ministro – a pesar de estar inmerso en un proceso penal por apología al terrorismo, y además de su clara actitud machista, homofóbica, misógina, clasista, subversiva, y todo lo demás – estaríamos ante un Presidente sedicioso… convicto y confeso. Y más aún, con el agravante de haber conformado un Gabinete Ministerial de apertura, donde varios de sus miembros – aparte de no tener ninguna experiencia en gestión pública – cuentan con antecedentes de terrorismo, corrupción y sanciones de todo tipo.

En cambio, si la designación de Bellido se debiera a una imposición del también inefable sedicioso Vladimir Cerrón – un sentenciado por corrupción, Castrista y Chavista hasta la médula, y escandalosamente involucrado en la Organización Criminal los Dinámicos del Centro – estaríamos ante la faceta pelele del Presidente Castillo.

El problema es que cualquiera sea el caso, tampoco sabría decir qué es peor: ¿un Presidente sedicioso, o un Presidente pelele dominado por sediciosos? Más bien, lo que sí sé, es que cualquiera sea el carácter y personalidad del Presidente – sedicioso o pelele – estamos mal. ¡Muy mal!

¿Qué hacer? Pues protestar en alta voz contra el terrorismo. Desenmascarar a los corruptos. Exigir transparencia e idoneidad en el Estado. Respaldar y proteger a la valiente Fiscal Bonnie Bautista que está investigando a la mafia de Vladimir Cerrón. Apoyar a los congresistas que planteen la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Y – por supuesto – respaldar y agradecer a los peruanos valientes y honestos que están por todo el país… en el Estado y en la Sociedad Civil. Lampadia




Índice de Competitividad Regional

Índice de Competitividad Regional

Como podemos apreciar en los cuadros del Índice de Competitividad Regional, la disparidad de performance entre el sector público y privado, ha devenido en un país que pudo crecer y disminuir la pobreza, con el gran impulso de la inversión privada; pero no pudo lograr que el Estado, gobierno central, y gobiernos regionales, entendieran que su rol es promover el desarrollo integral, la inversión y el empleo, antes que el juego de poder y los afanes presupuestívoros.

Es difícil encontrar un gobierno regional que entienda que el sector privado es su socio en el desarrollo y que promueva la inversión privada. Solo les interesa incrementar sus presupuestos, sobre los que no rinden cuentas, ni a la población, ni a la estructura estatal.

La revisión de la estructura del Estado y el proceso de descentralización, deben ser una de las reformas más importantes para permitir el desarrollo integral y sostenido.

Veamos los resultados del Incore 2021:

INCORE
Índice de Competitividad Regional

IPE – Instituto Peruano de Economía
Editado y comentado por Lampadia

“El Instituto Peruano de Economía (IPE) presenta por noveno año consecutivo el Índice de Competitividad Regional –INCORE 2021– como parte de su esfuerzo por analizar y dar a conocer los avances en el desarrollo económico y social de las regiones del Perú. La compresión y el estudio comparativo de las dinámicas económicas y sociales de las regiones permite identificar su nivel de competitividad relativo y los factores que la determinan. Ello resulta fundamental para la discusión y la toma de decisiones de políticas públicas que impulsen el desarrollo a nivel regional, más aún en un contexto particularmente adverso a raíz de la crisis sanitaria a nivel mundial.

El INCORE cuantifica la posición relativa de las 25 regiones a través de seis pilares de competitividad: Entorno Económico, Infraestructura, Salud, Educación, Laboral e Instituciones. Los seis pilares comprenden un total de 40 indicadores, los cuales se construyen a partir de los últimos datos disponibles de las fuentes oficiales. A partir de la edición 2018, se presenta información desagregada para Lima* (comprende a Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao) y Lima Provincias.

El INCORE intenta replicar, en la medida de lo posible, la metodología usada por el Foro Económico Mundial para la elaboración del Índice de Competitividad Global. Con dicha metodología, se calcula la dinámica de la región y la diferencia respecto a otras regiones, lo cual permite determinar su nivel de competitividad relativo.

De esta manera, el índice constituye una fuente de información oportuna que permite analizar las condiciones económicas y sociales de cada región e identificar sus principales fortalezas y debilidades. Con ello, se pueden centrar los esfuerzos e implementar políticas públicas adecuadas que generen un mayor impacto sobre su desarrollo”. IPE

Como podemos ver en el siguiente gráfico, las regiones más competitivas, aparte de Lima, son las que tienen un buen desarrollo minero, como Arequipa, Moquegua y Tacna, más Ica, con el desarrollo de las agroexportaciones.

Minería y agroexportaciones, los mejores motores del crecimiento y generación de empleo de calidad, son los sectores más atacados por nuestras izquierdas retrogradas. ¿Casualidad o urgencia política de cortarle las piernas al desarrollo peruano?

El siguiente gráfico muestra el PBI de cada región. En el que destacan Arequipa, La Libertad, Cusco, Ancash y Piura.

Aprovechamos para dar una información que se viene distorsionando. El PBI informal es solo el 18%. No confundir con el empleo informal que supera el 75%.

Esta diferencia se da por las diferencias de productividad laboral de las múltiples empresas pequeñas, que es muy baja, versus la alta productividad de las empresas más grandes. Es importante tener claridad sobre estas cifras, pues hay gente interesada en crear confusión y desaliento.

En 1950, la esperanza de vida en el Perú era de solo 43 años. Ahora, la región menos desarrollada tiene una esperanza de vida mayor a 74 años. Este índice muestra que en las últimas décadas hemos tenido un importante desarrollo social. Contrario al destructivo verbo de los enemigos de la economía social de mercado, que es el vehículo de la prosperidad que de continuar generando bienestar, dejaría sin discurso político a las izquierdas, que solo buscan acceder al poder político, olvidándose del bienestar de la población.

 

El siguiente indicador también muestra que las regiones que han recibido más renta del sector minero, han generado mejores niveles de educación.

Vale recordar que la educación privada ha mejorado sustancialmente. Lamentablemente, el Estado, en vez de asociarse a ese desarrollo, pretende destruirlo y aplanar a todos hacia abajo. Vean la comparación de la calidad educativa del sector público y privado, con relación a la región latinoamericana:

En empleo adecuado, Ica destaca sobre todos los demás. Como dice Fernando Cillóniz, ex gobernador de Ica:

¿A qué conclusiones llega el INCORE 2021 con respecto a Ica en el ámbito laboral? Pues que Ica es la región mejor rankeada en materia de empleo adecuado. Incluso, mejor que Lima, Arequipa, Tacna, Piura… mejor que todas. Entonces cabe la pregunta ¿a qué se debieron las violentas protestas laborales de diciembre pasado? ¿Por qué no protestaron los trabajadores de las regiones peor rankeadas? ¿Por qué Ica fue el centro de atención a nivel nacional por supuestos maltratos laborales? ¿Acaso no somos la región que lidera el empleo adecuado en todo el país?

Al pan, pan; y al vino, vino. Las protestas de diciembre pasado en Ica fueron un farsa política – ideológica donde primó la mentira, la demagogia y el vandalismo.

En cuanto a calidad de la gestión pública, todas las regiones están jaladas. Sin embargo, parece que no hay conciencia sobre esto, pues no se llega a entender que desde la equivocada descentralización, los servicios de salud y educación dependen en gran medida de los gobiernos regionales y ya no del gobierno central.

El siguiente indicador es tal vez el que debiera llevarnos a concluir que es una barbaridad que en el Perú, la ideología y la política estén por encima del bienestar de la población. Por ambas razones es que tenemos pésimos servicios sanitarios de agua y desagüe. Trampas políticas que en vez de superarlas se profundizan cada vez más. Por ejemplo, el cuadro muestra que ninguna región tiene continuidad en la provisión de agua. O sea, 24 horas de servicio ininterrumpido, como debe ser. Por ejemplo, Piura, Ica, Tumbes y Loreto, tienen menos de 10 horas diarias de agua. Un escándalo, que muestra con claridad que para nuestros políticos, la población vale menos que el poder político.

 

Ver el portal de INCORE en: https://incoreperu.pe/portal/

Saludamos el trabajo del IPE, y esperamos que otras instituciones y gremios hagan y difundan más análisis al respecto. Lampadia




¿Queremos hacernos de algún problema nuevo?

¿Queremos hacernos de algún problema nuevo?

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Ha quedado meridianamente demostrado, que el Estado peruano no tiene la más mínima capacidad de manejo y control de sus actividades básicas, tales como; proporcionar salud, educación, justicia y seguridad. Que lo poco que hace, o lo hace mal o lo ejecuta con un altísimo nivel de corrupción, a pesar del floro del “experimentado” Martin Vizcarra (potencial candidato a su denostado Congreso de la República).

Durante la última década, hemos visto crecer el número de “trabajadores” y el monto de las planillas del Estado, tanto en el gobierno central, como en los regionales y municipales, para que brinden cada vez un peor servicio. Como pruebas recientes podemos mostrar el manejo de la pandemia, las compras realizadas para estos efectos, el manejo logístico de hospitales y postas médicas (falta de oxígeno, camas y medicinas), la entrega de bonos a la población, el manejo de la entrega de canastas de alimentos, al igual que el catastrófico resultado sanitario, medido en términos de contagios y fallecidos, no sólo de la población, sino también, entre el personal de las fuerzas que dieron seguridad, particularmente la PNP. Y menciono sólo esto, para no irritarnos con la vergüenza que ha significado el manejo de la inversión pública, incluida la reconstrucción con cambios, entre otras perlas…

Es clarísimo, que el Estado tampoco es eficiente en la gestión de plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales, al igual que las correspondientes redes de agua potable y residual. Otro tanto podemos decir de los servicios de distribución de energía a lo largo y ancho del país, ahí donde aún el Estado está involucrado.  Es evidente que no es un tema de dinero, el gobierno central ha transferido “plata como cancha” para que hagan veredas, parchen huecos en las pistas, entre otras obras menores. ¿Resultado? Bajísima ejecución y altísima corrupción, a pesar que se le advirtió a Vizcarra, pero tal parece que ese era su objetivo; que puedan robar mucho para contar con el apoyo masivo de estos y aumentar así su popularidad.

Por su lado, empresas emblemáticas como Petroperú, tienen también resultados económicos y societarios muy malos. Ya Guayo Paredes, en su libro “La tragedia de las empresas sin dueño”, explica cómo estas empresas, que no responden a unos accionistas interesados en el negocio, sin una clara identificación de su visión y misión, medición de resultados e incentivos de la gerencia alineados con los de sus “stakeholders”, pero sujetas a injerencia política, es claro que no deben continuar, aunque no lo afirma categóricamente. Lo dicho es también aplicable a Electroperú y a cualquier otra empresa pública peruana (DISTRILUZ, SEAL, ADINELSA, etc.).

A pesar de estos antecedentes, algunos congresistas ahora insisten en la creación de una “línea aérea de bandera”, de bajo costo y en la que el Estado cuente con una participación del 20%. ¿Para qué queremos un problema nuevo? La verdad, resulta inexplicable, a menos que añoren poder tener más injerencia en más instituciones públicas, al margen de su creación o destrucción de valor para la sociedad. Y la pregunta natural es: ¿por qué no se ocupan primero de que lo que tienen bajo su responsabilidad funcione bien? ¿que el ciudadano se sienta bien servido y atendido en salud, educación, seguridad y justicia?

Si tuviéramos un Estado minimalista, concentrado en sus tareas esenciales y comprometido con una rendición de cuentas claras y públicas de manera trimestral (como cualquier empresa listada en bolsa), habríamos dado un gran salto cualitativo y confirmaríamos que menos, es más.  Insisto en lo dicho ya tantas veces en artículos previos, y ya que, pareciera que el presidente cree como yo, de que SERVIR debe dotar a las instituciones públicas de los profesionales que las gestionen, debería iniciar esa tarea partiendo por los gobiernos municipales y regionales. Debería, además, eliminar las burocracias no capacitadas para el cargo y que llegaron al puesto por pago de favores políticos (por ejemplo: lograr un puesto en Petroperú, según se explica, es casi como ganarse la lotería. Sueldos superiores a los de mercado, dirigentes sindicales recibiendo “viáticos por negociación colectiva” de 365 días al año por 30 años sin haber trabajado un solo día. Con razón no se jubilan sino hasta los 70 años).

En esencia, si queremos que el Estado mejore su eficiencia y eficacia, debemos quitarle todo aquello que no sea parte de su rol fundamental y asegurarnos que cumpla como reloj con sus tareas básicas, que esté dotado del personal idóneo para la tarea y que rinda cuentas, transparentemente, de su gestión y progresos.

Como dicen los gringos: KISS (“keep it simple stupid”)
[no lo compliques].
Lampadia




¿Quién entiende a los políticos de izquierda?

¿Quién entiende a los políticos de izquierda?

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

He pasado medio siglo de mi vida involucrado en el sector minero, lo que me ha permitido conocer más a mi país y aprender de una industria, amada por muchos como yo, pero vilipendiada por tantos otros, que no conocen su trayectoria y evolución, ni los niveles de exigencia al que se le somete, pero que supera con mucho éxito.

Los críticos y muchos que no conocen, creen que cuando a los mineros  se les otorga una concesión, “se les ha dado la llave de un almacén de lingotes de oro u otros metales” y que, “seguro” el Estado les ha otorgado esos derechos por algún acto cercano a la corrupción. Ellos nunca han pensado en el esfuerzo exploratorio (investigación científica de las entrañas de la tierra) que esto significa, las grandes inversiones de riesgo que se realiza durante años, el número de fracasos exploratorios y los años de sacrificio para tratar de identificar, con muy baja probabilidad de éxito, un yacimiento con potencial.

No pretendo explicar todo el proceso seguido hasta lograr un proyecto con recursos suficientemente valiosos (en volumen y calidad) que, luego de resolver los desafíos técnico-económicos de método de explotación acorde al comportamiento geomecánico del depósito, ley del mineral (contenido metálico por tonelada de roca), identificación del procesamiento metalúrgico optimo, calidad del concentrado resultante y términos comerciales acorde a sus características, costos de; minado, tratamiento y comercialización, incluyendo los riesgos de precios de mercado, que se agregan a los de cada aspecto mencionado, sólo por dar una pincelada de los riesgos.

En paralelo, pero desde antes de iniciar exploración alguna, se debe cumplir, no sólo con la obvia coordinación y gestión de autorización de las comunidades posecionarias de los terrenos a explorar, sino también, pasar por las gestiones burocráticas que luego de más de un año, finalmente permitan la autorización para explorar. Por supuesto que, desde antes de iniciar los trámites oficiales para esta actividad, la comunidad ya hizo sus primeros pedidos y exigió compromisos. Nadie sabe aún si el Estado te autorizará explorar, pero ya “vas pasando por caja”, cuando menos un año antes de empezar.

Obviamente, a los miembros de la comunidad se les explica qué queremos hacer y, con tanto desconocimiento como el que tiene quien aún no ha explorado, se tiene que explicar y socializar las posibilidades de un éxito o fracaso respecto a esa tarea. Paralelamente, ya tenemos la discusión de la “consulta previa” a cargo del Estado y el asecho permanente de las ONGs, que siembran las dudas e insidias, diciendo: “no se dejen engañar que ustedes son los dueños del oro que se quieren llevar”. No importa si se va a explorar por cobre, plomo, zinc, plata u oro y si se tendrá resultado positivo.

Lo más probable es que, desde ese momento inicial hasta la eventualidad de un hallazgo, transcurran 10 años o muchos más. Por supuesto que, a nadie le preocupa que en muchos casos haya transcurrido entre 20 y 50 años (caso de Antamina), para estar en condiciones de construir un proyecto; técnicamente viable, económicamente factible, socialmente aceptable y ambientalmente amigable, a pesar de las exigencias y demandas de la población, nunca satisfechas, y permanentemente estimuladas por las ONGs para exigir más.

En lo ambiental, nadie quiere reconocer que la industria minera del siglo XXI, está sujeta a los más altos estándares de la ingeniería, mínimo consumo de agua, alta recirculación y reutilización de esta, mínimo vertimiento de aguas tratadas y con calidad para uso industrial y agrícola, presas de relaves y depósitos de material estéril debidamente estabilizados y controlados. Que el control y manejo de residuos sólidos es ejemplar y que las normas de seguridad y sanitarias, ahora por el COVID-19, también son del más alto nivel. Todos estos parámetros son parte esencial de la cultura de la industria minera, pero, por si fuera poco, para asegurar el cumplimiento, tiene la supervisión y posibilidad de procesos sancionadores y multas de OSINERGMIN, OEFA, ANA, SUNAFIL, entre otras entidades que interactúan cotidianamente con las operaciones y exploraciones.

Ya dejando los temas técnicos de lado, a la industria minera siempre se le saca en cara que, “tras tantos años de actividad, los pueblos que los rodean siguen en la miseria, que no se ha trabajado en su desarrollo y que el crecimiento económico del país, no significa nada si ellos están tan pobres como siempre”. Otros vociferan que, “el Estado es el dueño y no cobra lo que debiera, que los dueños de la tierra deben recibir toda la riqueza del subsuelo, pero siguen mendigando y protestando”.

Nadie quiere entender que los recursos naturales son propiedad de la Nación (esto es, de todos los peruanos) y que el Estado los otorga en concesión para su explotación. Lo que significa, es que el Estado ha fijado soberanamente el porcentaje de la renta o ganancias que se le debe entregar en compensación, para redistribuirla a nivel nacional, hacer obras y beneficiar a todos los peruanos y vía canon y regalías, a las poblaciones de las localidades de donde se extrae el mineral. Obviamente, para poder atraer al Perú algunas inversiones, el Estado ha debido identificar de manera comparada con otros países, cuál es la carga tributaria máxima que puede exigir para ser competitivos (“government take”), que en el Perú es el 47% de la renta. Como parte del proceso compensación a las localidades de donde se extrae el mineral, se estableció el concepto del Canon Minero que es el 50% del impuesto a la renta, que junto con el 100% de las regalías, se destinan directamente a las regiones, provincias y distritos mineros.

Lo anterior significa que el Perú es un socio al 47% de cualquier proyecto que se construya y de cualquier operación minera en marcha, sin asumir ningún riesgo de inversión, de la naturaleza, de mercado o “acto de Dios”. Consecuentemente, a todos los peruanos nos afecta y especialmente a las poblaciones cercanas, la demora en la ejecución de los proyectos. Si contamos con buenas autoridades elegidas, la pronta ejecución permitirá resolver los problemas de salud, educación y seguridad, más rápidamente.

Por estos canon y regalías se ha distribuido S/.40,000’000,000 en los últimos 10 años. Lamentablemente y con la aquiescencia del más alto nivel de gobierno, se ha perforado la ley, permitiendo que algo que se constituyó para construir infraestructura y ejecutar proyectos de desarrollo sostenible, se desnaturalice. Los gobiernos centrales, cediendo a presiones populistas, ya han permitido que cerca del 35% de esos fondos se utilice en gasto corriente, como consultorías y “estudios diversos”, pero a pesar de eso, sólo se ha ejecutado en promedio el 66% de los fondos. Léase solo 31% en obras y vaya usted a ver qué obras; edificios de gobierno con lunas de espejo, toboganes gigantes de concreto (hoy clausurados por haber cobrado vidas de niños), monumentos horrorosos, hasta una piscina olímpica en Cusco, comparable a la más grande del Perú, pero de agua helada (no se puede usar). Y para cerrar con broche de oro, sólo se ejecutó el 48% del presupuesto del 2019, lo que en obras significa sólo un 13%.

Todo lo mencionado hasta aquí, no incluye los fondos de fideicomiso sujetos a “Convenios Marco” para proyectos de desarrollo sostenible, como el de Espinar, Candarave, Michiquillay, entre otros, que se han constituido con fondos de aportes de las empresas, distintos a impuestos y regalías y para fines de desarrollo sostenible. Dicho esto, debemos compartir con mucha pena, que los sucesivos gobiernos, pero estos tres últimos en particular, no han hecho cumplir las  normas establecidas y han cohonestado por “presiones populares”, promovidas por activistas de izquierda infiltrados, una permanente malversación de los fondos creados para el loable propósito de ejecutar proyectos de desarrollo sostenible.

El Estado, con el apoyo del BID, ha venido trabajando por años el diseño de buenas prácticas para el desarrollo de las comunidades, mediante la adecuada aplicación de los recursos aportados por la industria minera para el cumplimiento de estos fines.  Lamentablemente, las ONGs, quienes debieran ser las más celosas guardianas del respeto de ese objetivo y ejecución de los proyectos sostenibles, se han puesto de perfil ante presiones inaceptables de las propias poblaciones, para que se distribuya los fondos existentes en efectivo, como un bono en favor de los miembros de la comunidad.

La pregunta es; ¿por qué el Estado mediante el MIDIS no entregó el bono a los pobladores de Espinar? ¿por qué desde el Estado no se hizo respetar el propósito del fondo de desarrollo de Espinar? ¿por qué han permitido generar este mal precedente que, ahora van a querer replicar en todo el Perú? Pasarán los años y la izquierda, de la mano de la ONGs, serán las primeras en reclamar, que la minería no ha resuelto el problema de falta de desarrollo de esos pueblos, a pesar de los años de actividad minera.

¿Cómo quieren que las poblaciones alto andinas se desarrollen, si se permite el robo permanente en los gobiernos subnacionales, se fomenta la malversación de los fondos del canon y regalías, seguido de obras inadecuadas y ahora, por si fuera poco, la repartija del dinero con presiones inaceptables, promovidas por activistas de izquierda, pero avaladas por el gobierno central?

¿Quien entiende a los políticos de izquierda o están tratando de exacerbar las contradicciones? Lampadia




La descentralización falla ante los desastres naturales

La descentralización falla ante los desastres naturales

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Una vez más la noticia son los huaicos, derrumbes e inundaciones. Pero esa noticia ha venido junto con otra, que se vuelve criminal ante tanta catástrofe: que se dejaron de gastar 1,072 millones de soles en prevención de desastres el 2019. Y fueron los gobiernos regionales los que menos ejecutaron en el programa denominado “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”. De los 883 millones de soles asignados, gastaron solo 472 millones, apenas el 54%. Del presupuesto total, incluyendo los tres niveles de gobierno, se ejecutó un 67%.

Esta defección nos sirve para llamar la atención sobre una falla clara del régimen descentralizado en el Perú. Y es que el gobierno central no tiene vías claras para intervenir y hacerse cargo cuando un gobierno subnacional no es capaz de ejecutar un programa prioritario o de brindar de manera adecuada un servicio social vital. 

La Constitución establece que el gobierno es unitario y descentralizado, pero no indica que pueda intervenir en el caso de que un gobierno subnacional esté fallando en sus responsabilidades con riesgo económico o social. José Escaffi y Roberto Abusada, sin embargo, argumentan que el ordenamiento legal sí establece claramente una función rectora del Poder Ejecutivo, que éste sencillamente no asume.

En efecto, el artículo artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) establece que es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo:

  1. “Diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno”.

Y luego, en el artículo 22.2°, se indica que:

“Los Ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas”

El problema es que también se indica que ello se logrará mediante “mecanismos de coordinación” que, siendo claramente insuficientes, por lo general ni siquiera están bien montados. No obstante, el artículo 23.1 de la LOPE va más allá de la labor meramente coordinadora al establecer que es función de los ministerios, entre otras:

“…Cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado con su ámbito de competencia, ejerciendo la potestad sancionadora correspondiente”

Pero no se ha regulado cómo un ministerio sanciona a un gobierno o autoridad subnacional que no cumpla o deje de ejecutar parcial o totalmente una política nacional o sectorial. En las leyes de organización y funciones de los ministerios –los pocos que las tienen- no se especifica facultad sancionadora alguna. De fecho, no ha existido sanción jamás.

La medida que sí ha sido aplicada en un par de ocasiones, es la suspensión de entrega de fondos por parte del MEF, según lo dispuesto en el artículo 53° de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley 30115 que a la letra señala:

“53.1 La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) procede a la suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de aquellas unidades ejecutoras o dependencias equivalente en las entidades en donde surjan situaciones de conocimiento público que pongan en riesgo el adecuado uso de los fondos públicos asignados, a la sola solicitud del titular de los siguientes organismos: Contraloría General de la República, Ministerio de Justicia o Ministerio del Interior”.

El abogado Jorge Danós nos recuerda que dentro de este marco legal “la Contraloría solicitó al MEF, el 31 de marzo del 2014, la suspensión temporal de operaciones de las cuentas bancarias del Gobierno Regional de Ancash y, el 22 de abril, de las cuentas bancarias del Gobierno regional de Tumbes”.

Pero esa es una disposición que no viene acompañado de la posibilidad de intervenir directamente en la administración sub-nacional asumiendo temporalmente la gestión sea del manejo económico o de los servicios. Eso es lo que está faltando.

No obstante, José Escaffi discrepa. El considera que el Ejecutivo sí puede intervenir, en aplicación de la siguiente modificatoria de la Ley N° 27867 Orgánica de Gobiernos Regionales:

“Artículo 90-A.- Situaciones extraordinarias y sostenibilidad fiscal. Se dictan medidas temporales y extraordinarias en materia económica y financiera, conforme al inciso 19 del artículo 118 de la Constitución, cuando los indicadores de desempeño financiero y/o presupuestario de los Gobiernos Regionales comprometan los estándares de gestión previamente establecidos y exista grave riesgo de la economía nacional y del proceso de descentralización. El Congreso tomará conocimiento de dichas medidas y adoptará las decisiones que le correspondan, de acuerdo a la Constitución y la Ley.”

El inciso 19 del artículo 118 de la Constitución dice que corresponde al Presidente de la República:

“Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso…”

Podríamos conceder que al amparo del artículo 90-A de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sería posible que el gobierno central asuma directamente el programa de prevención de desastres naturales que es motivo de esta nota, porque dicho artículo lo permitiría “cuando los indicadores de desempeño financiero y/o presupuestario de los Gobiernos Regionales comprometan los estándares de gestión previamente establecidos”. Hasta allí está claro, y se podría aplicar incluso a cualquier servicio, pero a continuación el texto del artículo agrega otra causal concurrente: “y exista grave riesgo de la economía nacional y del proceso de descentralización”. Causal muy difícil de satisfacer, que prácticamente mata el artículo.

Siempre es posible dar un decreto de urgencia, sin embargo. Pero el propio inciso 19 del artículo 118 de la Constitución restringe los decretos de urgencia a “materia económica y financiera”. Escaffi, no obstante, insiste en que eso cubre también cualquier servicio o función deficitarios, porque las normas presupuestales, que son materia económica y financiera, se refieren a niveles de servicio y a estándares de desempeño y resultados, por más que estemos en un sector de servicios. Ese artículo sí habilitaría al gobierno central a intervenir en un gobierno regional cuando hubiese una notoria falencia en el desempeño de alguna función.

Nunca ha ocurrido, sin embargo. Acaso porque la norma no es suficientemente clara. O por temor de las autoridades nacionales a asumir el papel que les corresponde.

Quizá esta deba ser materia de la agenda legislativa del congreso complementario. Si le alcanza el tiempo. Lampadia




¡Ampay me salvo!

¡Ampay me salvo!

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

El 28 de enero el “Presidente Ingeniero” viajó a Tumbes, dentro de sus acostumbrados e inconducentes viajes al interior del país. Uno de sus propósitos en esta oportunidad era inaugurar las obras de rehabilitación de la Avenida Mariscal Castilla. Cuál no sería su sorpresa cuando al llegar al lugar encontró a una población indignada por la inundación sufrida en la zona “rehabilitada” ante el colapso de las instalaciones de desagüe recientemente construidas.

Lo más gracioso fue que, el “Presidente Ingeniero” no tuvo mejor ocurrencia que recomendar al Gobernador Regional que tenga mucho cuidado en la recepción de obras de la reconstrucción con cambios, haciendo hincapié que el Gobierno Central transfiere los recursos financieros y es la autoridad regional la responsable de que “cumpla con la correcta calidad y honesta ejecución de las obras, pues eso es fundamental” … ¡Plop!!!   ¡Ampay me salvo!!

Es claro y reconocido que los Gobiernos Regionales y Municipales, NO SÓLO no tienen capacidad técnica para diseñar, revisar, ejecutar y supervisar obras, sino que además son la fuente máxima de corrupción del poder ejecutivo. Por esto hemos insistido tanto en el debido uso de SERVIR para la gerencia descentralizada.

¿No sabe el “Presidente Ingeniero” que lo esencial de una obra o proyecto, público o privado, ¿es la Ingeniería de ese proyecto? ¿Que sin una buena ingeniería no hay forma de tener un buen resultado? ¿Que, en particular, el buen funcionamiento de las obras hidráulicas es altamente sensibles al diseño e ingeniería de estas? La mirada técnica de esos proyectos es esencial, no solo para que funcionen bien, sino para que perduren en el tiempo, pues no es cosa de habilidades artesanales y soluciones a la criolla, solo para la foto inaugural.

Aunque sé que estoy “lloviendo sobre mojado”, repito lo dicho en una serie de artículos previos, donde hemos mencionado que, para la obra pública, no se trata de “transferir más dinero”, “más rápido” y hacer seguimiento de “cronogramas de ejecución” desde el MEF para reportar más avances de la Inversión Pública, sino un buen diseño de obra, una adecuada selección de materiales, adecuada selección del contratista, adecuada calidad de concreto, y muchos otros etcéteras técnicos.

Señor “Presidente Ingeniero”, lo insto a dar prioridad a la aplicación de la mentalidad y capacidades que le inculcaron en la universidad durante su proceso de formación profesional, pues la obra pública necesita más técnica y menos discurso. Lampadia




¡No al Estado desintegrado, elefantiásico, inoperante… y corrupto!

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 11 de octubre de 2019
Para Lampadia

El Estado peruano ha crecido descontroladamente. El sistema de contrataciones de servicios personales se ha desnaturalizado por completo. Los contratos administrativos de servicios (CAS), los servicios de terceros, y las consultorías – entre otras formas de contratación de servicios personales – han crecido… y siguen creciendo sin control.

Las duplicidades de funciones están en todos los niveles del Estado. Los ministerios realizan funciones redundantes con las de los gobiernos regionales. En vez de descentralizar, la regionalización ha replicado la burocracia del Gobierno Central, en las 25 regiones del país. Y la articulación entre las múltiples dependencias del Estado es casi nula.

Tenemos alrededor de 1,800 distritos en todo el país. Somos uno de los países con más distritos per cápita a nivel mundial. Y todos los años se crean más distritos. Hasta antes de su reciente disolución, el Congreso estaba tramitando la creación de 120 nuevos distritos. Eso significa más alcaldes, más regidores, más burocracia, más plata… y “todo lo demás”.

Tenemos 19 ministerios que ocupan instalaciones enormes, muchas de ellas alquiladas en las zonas más lujosas de la Capital. Gastan una millonada… innecesariamente. Los ministerios – a su vez – tienen diversos Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s), los cuales – también – cuentan con oficinas, dependencias, burocracia… y “todo lo demás”. A todo ello se suman decenas de Programas Sociales, los cuales – una vez más – tienen locales, dependencias, burocracia… y “todo lo demás”.

El problema es que ese “todo lo demás” se traduce – casi siempre – en maltrato a la ciudadanía… y corrupción. ¡Cómo no va a haber maltrato y corrupción! si la mayor parte de esa burocracia inoperante proviene – básicamente – del enfermizo clientelismo político que se ha enquistado en casi todas las instituciones del Estado.

La situación es de extrema gravedad. Una gran cantidad de burócratas están donde están porque – en su momento – militaron en los partidos de los gobiernos de turno, o porque fueron amigos o familiares de padrinos como congresistas, ministros, alcaldes, gobernadores, periodistas, regidores, etc. Ningún mérito académico o laboral los ampara. Incluso, muchos – ¡sabe Dios cuántos! – sustentaron sus hojas de vida con títulos académicos falsos. Y por ahí que muchos certificados de trabajo también son truchos. O sea, muchos funcionarios públicos no tienen ni los estudios ni la experiencia que dicen tener. ¡Son unos viles estafadores! Así las cosas ¡cómo no va a haber maltrato y corrupción en el Estado!

Depuremos al Estado de tantas burocracias – ineptas y corruptas – que nos cuestan un montón de plata a los peruanos. Eliminemos las duplicidades funcionales en el Estado. Si descentralizamos, eliminemos las burocracias ministeriales. Pero no nos quedemos con las burocracias ministeriales y regionales… ambas haciendo lo mismo.

Digitalicemos – al máximo – los procesos de compras y contrataciones del Estado. Digitalicemos – también – las emisiones de licencias y certificados. No hay derecho que nos hagan perder tanto tiempo y dinero – en colas interminables – por servicios que bien pueden gestionarse de manera virtual, a través de Internet.

Y a la corrupción… ¡démosle de alma! Y dado que los órganos de control no funcionan como debieran, la ciudadanía empoderada – con el apoyo de la prensa – debemos desenmascarar a los corruptos. Caiga quien caiga.

¡No al Estado desintegrado, elefantiásico, inoperante… y corrupto! ¡Sí al Estado unitario, eficiente, solidario… y honesto! Lampadia




Sí hay voluntad política para aplicar el Análisis de Impacto Regulatorio (RIA)

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En el análisis que publicáramos ayer (La simplificación administrativa avanza) sobre los avances en simplificación administrativa y eliminación de normas costosas y contraproducentes, algo fundamental para permitir la reactivación de la inversión privada y la formalización económica, concluimos que si bien había avances notorios en el llamado Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), que terminará eliminando algo menos del 30% de los trámites en el gobierno central antes de junio del 2019, percibíamos que no había la misma voluntad política en la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) que se implementará a partir del próximo año en 8 sectores, sin que nos quedara claro si se aplicaría ex ante, es decir, a la normas nuevas, o solo al stock de normas.

Sara Arobes, Sub Secretaria de la Secretaría de Gestión Pública, nos aclara que “sí existe tal voluntad política; la prueba es que en el pasado setiembre se aprobó el DL 1448 que establece el RIA y también el gobierno aprobó el préstamo con el BID en el que se dispone los recursos para implementar el RIA”.

Nos precisa, además, que se ejecutará ambos tipos de RIA, el ex ante y el ex post. Es decir, tanto para las normas nuevas como para el stock de normas. Y que esto se va a detallar en el reglamento que se apruebe en marzo del 2019.

Faltaría que se aplique en los gobiernos sub-nacionales y en el Congreso

Nos alegra. El RIA es fundamental para aligerar la carga regulatoria que asfixia a las empresas peruanas de todo tamaño. La limitación es que se aplicará solo en las entidades del gobierno central, pero no en los gobiernos regionales y locales. Y tampoco en el Congreso. El RIA es algo que debería aplicarse a toda norma, emita donde se emita.

En el caso del Congreso, es hora de crear justamente una Oficina de Análisis de Impacto Regulatorio y Económico. Si tal cosa existiera, el país se habría ahorra muchas leyes que terminan frenando el desarrollo nacional e imponiendo costos absurdos a las distintas actividades. Mencionemos, por ejemplo, la ley que se ha aprobado para regular los taxis por aplicativo, un servicio que funciona bien y es más eficiente, seguro e incluso más barato que el de los taxis comunes. El resultado de esa ley va a ser, sin duda, el encarecimiento de ese servicio. Y todo por compulsión regulatoria o para para buscar el voto clientelista de los taxis sin aplicativo. Estamos seguro que un RIA habría descartado dicha ley. Lampadia




La simplificación administrativa avanza

La simplificación administrativa avanza

Pero aún no hay Análisis de Impacto Regulatorio

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En la Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, 10 personas trabajan febrilmente revisando, observando y devolviendo los Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) enviados por los sectores respecto de las normas que contienen procedimientos o trámites que el público debe llevar a cabo, para ver si cumplen con los estándares de calidad que corresponden o si deben ser eliminados o simplificados. Se trata del ACR que debe hacerse a todas las normas existentes y aquellas por crearse que contengan procedimientos o trámites.

Pero el Análisis de Impacto Regulatorio (RIA), que sirve para eliminar regulaciones costosas o contraproducentes, todavía no empieza, como veremos, y, tal como se está planteando, tendría un alcance limitado, lo que es lamentable.

Análisis de Calidad Regulatoria

El trabajo de los ACR comenzó en agosto del 2017. ¿Está dentro del cronograma aprobado? Pues, increíblemente, sí. El último de los seis grupos de sectores (Defensa, Interior y Economía y Finanzas) debía entregar a la Sub Secretaría el ACR de sus normas para que sea revisado, y cumplió con el plazo. El proceso es complejo. Sara Arobes, jefa de esa Subsecretaría, nos explica que cada ministerio hace su propio ACR de todas sus normas con procedimientos y envía las fichas correspondientes a la Subsecretaría. Esta las revisa, les hace las observaciones necesarias y las devuelve para el levantamiento de las observaciones por parte del ministerio, y así tres veces. En ocasiones los ministerios no levantan las observaciones y entonces los responsables son citados para revisarlas en conjunto. Ya se han llevado a cabo más de 5 mil revisiones.

En la actualidad, todos los sectores, todos los ministerios y sus organismos públicos, ya iniciaron ese proceso, y tres de ellos ya lo culminaron. Son la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del Ambiente y el ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y todos los organismos adscritos a ellos. Se revisaron 319 procedimientos o trámites en total, de los cuales fueron eliminados un 25% y un 8% fue simplificado.  

El segundo paquete de tres sectores (Trabajo y Promoción del Empleo, Agricultura y Riego y Cultura) suma más de 500 procedimientos, de los cuales ya se prevé será eliminado un 30%.  Debe estar saliendo a fines de noviembre.

Todo el proceso, incluyendo a todos los sectores del gobierno central, culmina en junio del 2019. Eran alrededor de 4000 procedimientos los que serían revisados, pero al final esa cifra se ha reducido a 3,165 porque algunos sectores no han esperado su turno y ya han simplificado o eliminado trámites por su cuenta. Por ejemplo, Transportes y Comunicaciones y el Mincetur.

Al terminar, en junio del 2019, se tendrá el catálogo de trámites del ejecutivo. Salen del ACR y entran al TUPA. Con proyecto BID, que apoya en estas tareas, se identificará los 100 más costosos para someterlos a una nueva revisión a fin de reducir los tiempos. Arobes nos informa que hasta el cuarto grupo de sectores, donde ya ha habido una primera revisión, se habría reducido en 216 millones de soles las cargas administrativas para los usuarios.

Hay que decir que pasa obligatoriamente por el ACR no solo todo el stock de normas con trámites existente, sino además toda nueva norma que establezca un trámite o procedimiento. De lo contrario carece de validez. El decreto legislativo 1310 establece que todo procedimiento que no es ratificado, se elimina. Alrededor de 50 de estas normas nuevas han pasado el ACR.

Gobiernos regionales y locales

Ahora bien, todo esto se refiere al Gobierno Central o Nacional pero, ¿qué pasa con los gobiernos regionales y locales? Sara Arobes nos informa que para ellos se establecerá procedimientos estandarizados, obligatorios según la ley de procedimientos administrativos.

Los dos principales, para los gobiernos locales, son la licencia de funcionamiento y la de construcción. La Sub Secretaría está trabajando en el diseño de tupas estandarizados más simples y de aplicación obligatoria para ambas licencias. En el caso de la de funcionamiento, se ha venido demorando porque el diseño final depende de un insumo clave que es el reglamento de inspecciones técnicas en seguridad que el Ministerio de Vivienda está reformulando con la idea de graduar la evaluación de seguridad según el nivel de riesgo. Es decir, que si típicamente no hay riesgo, la licencia es automática. La gran mayoría de los negocios pequeños quedaría clasificada en riesgo bajo.

En cuanto a la licencia de construcción, Vivienda ya terminó su revisión y simplificación. Consta de 159 procedimientos, una cantidad que parece muy alta a primera vista pero que según Sara Arrobes es lo mínimo indispensable. Antes de fin de año deberá salir el decreto supremo aprobando ambos tupas estandarizados. Las ventajas de los tupas estandarizados son obvias: menos discrecionalidad, menos corrupción, menores costos y menor tiempo.

Se tiene previsto sacar 300 procedimientos estandarizados más para los gobiernos regionales y locales. Sobre todo, para los regionales, y en sectores tales como minería, turismo, trabajo y transportes. Lo que el 
Mincetur elimine o simplifique, por ejemplo, se aplicará en los gobiernos regionales.

Este trabajo comenzará a hacerse a inicios del próximo año y Sara Arobes calcula que estará implantado hacia fines del 2020. No debería de pasar de esa fecha pues de lo contrario ya será difícil de aplicar. No es claro si esto funcionará en los gobiernos sub-nacionales.  

RIA

Lo que aún no ha empezado a aplicarse, es el Análisis de Impacto Regulatorio (RIA), que se aplica ya no solo a las normas que establecen trámites sino a todas las normas en general, con la finalidad de establecer si la norma tiene sentido, si resuelve o no un problema, qué costo impone al ciudadano, etc.

El potencial de este instrumento es muy grande porque permitirá eliminar normas inútiles, onerosas o mercantilistas. Ayudaría a podar la sobre regulación.

Se tiene previsto, con financiamiento del BID, realizar Análisis de Impacto Regulatorio ex post en ocho sectores, que aún no han sido definidos, a partir del próximo año. Para ello tendría que contratarse a una empresa especialista. Lo que no está claro aún es si se aplicará el RIA a las nuevas normas que salgan en todos los sectores. Esto es algo fundamental, para que la maraña no comience a crecer. Se requiere decisión política y más determinación.

Resumen

En resumen, el trabajo de Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) está avanzando de acuerdo a lo programado y se espera que a mediados del próximo año, cuando culmine, se habrá reducido cerca del 30% de los trámites que tienen que hacer los ciudadanos y empresas ante el gobierno central. Y todas las nuevas normas que crean trámites deben pasar su ACR. En lo que no hay determinación ni decisión política claras, es en implantar un sistema fuerte de Análisis de Impacto Regulatorio (RIA), para reducir el peso regulatorio sobre la actividad económica en el Perú. Esto es fundamental. Lampadia




Acerca de ciertos vicios que – ojalá – no vuelvan jamás

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 12 de octubre de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

¿Qué es gobernar, sino servir bien a la población? ¿Qué es gobernar, sino combatir con fuerza a la corrupción? Pero de verdad… no de la boca para afuera como ocurre con muchas autoridades. Además, si hubiera presupuesto regional, gobernar sería – también – hacer grandes obras de infraestructura. Pero no… ese no es el caso de los gobiernos sub-nacionales. Las grandes obras de infraestructura las hace el Gobierno Central… no los Gobiernos Regionales o Municipales.  

He ahí un error muy generalizado. Mucha gente cree que los Gobiernos Regionales y los Municipios son los responsables de las grandes obras: carreteras, puertos, reservorios, hospitales, etc. ¡Error! Las grandes obras de infraestructura – incluso la reconstrucción de la infraestructura dañada por El Niño pasado – las hace el Gobierno Central.

Entonces… reitero. Gobernar es tratar bien a la población. Y para ello hay que confrontar – y sancionar – a la corrupción. Eso es gobernar.

Pues bien, cuando asumimos la gestión del Gobierno Regional – en enero del 2015 – encontramos la siguiente situación:

  • Colas de amanecida en todos nuestros hospitales.
  • Crueldad y maltrato descarado a los pacientes.
  • El temible Dengue aparecía en toda la región. Renombrados epidemiólogos vaticinaron lo peor respecto a la propagación de la enfermedad.
  • Había coimas por doquier – y maltrato a más no poder – en el otorgamiento de licencias de conducir.
  • Huacachina – el emblema de Ica – se había convertido en un charco agonizante, y los areneros se habían apoderado del balneario. ¡Huacachina daba lástima!
  • La presencia iqueña en el medallero olímpico escolar – a nivel nacional – era exigua y desmoralizante.
  • La relación con Huancavelica – por el tema del agua – era confrontacional e inconducente.
  • En los últimos 70 años no se había construido ni un solo reservorio en las cabezadas de nuestras cuencas.
  • La corrupción y la impunidad campeaban a lo largo y ancho del Gobierno Regional.
  • Y varios etcéteras más. Así era el Gobierno Regional de Ica en enero del 2015.

Bueno pues, Ica ha cambiado en los últimos años. Mejor dicho, ha mejorado.

  • Ya no hay colas en nuestros hospitales a pesar de haberse triplicado las atenciones.
  • El Dengue está totalmente controlado.
  • La Hermandad del Agua entre Ica y Huancavelica es una hermosa realidad.
  • Hemos triplicado el medallero olímpico escolar.
  • Y Huacachina está preciosa… los areneros ya no circulan por el balneario.
  • Las mafias de los brevetes han sido eliminadas y sancionadas como corresponde. Las licencias de conducir se entregan en el día – una vez aprobados los exámenes de manejo – sin coimas de por medio.
  • Y en cuanto a la corrupción – si bien no hemos terminado con ella – hemos destituido o suspendido a cerca de 300 funcionarios – léase… corruptos – que cometieron faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

Ciertamente, hemos cometido errores que hubiéramos querido evitar. También estamos conscientes de que – para lograr el nivel de bienestar que merecen los iqueños – aún queda un largo camino por recorrer. Pero que hemos mejorado… hemos mejorado. Aunque nunca faltan los amargados de siempre que dicen que no hemos hecho nada. En fin… ¿para qué hacerles caso?

Ahora – con Javier Gallegos de Gobernador Regional – sigamos hacia adelante. Pero siempre vigilantes para que los vicios del pasado no vuelvan – jamás – al Gobierno Regional de Ica. Lampadia




La Reconstrucción: ¿Será posible en el 2018?

La Reconstrucción: ¿Será posible en el 2018?

Leopoldo Monzón Ugarriza
Proesmin SAC
Para Lampadia

En enero y febrero del 2017 cuando arreciaron las lluvias en el Perú, advertimos que esto era algo que sucedía año tras año y que en la última década había dejado más de S/ 50,000 Millones en pérdidas. Entonces recomendamos de urgencia elaborar un plan y ejecutarlo de inmediato. El mismo que debía tener acciones de prevención, de reconstrucción y de construcción de un nuevo país más ordenado, en base al cuidado y protección de los ciudadanos.

Fuente: Diario El Correo /febrero 2017

Estas recomendaciones, muy a nuestro pesar, no fueron escuchadas por el ejecutivo y solo la Provincia de Lima y la Municipalidad de Lurigancho se decidieron a desarrollar planes integrales, que se concluyeron en agosto del 2017 con la entrega del documento correspondiente por parte del alcalde la Lima a la autoridad de reconstrucción con cambios. Este documento detallaba las obras de prevención y reconstrucción, y de construcción de la nueva Lima en las cuencas del Rímac, Chillón y Lurín. Increíblemente, todo terminó en algún archivo, y solo se hizo un informe y se programó un muy exiguo presupuesto, que no soluciona ni el 5% de lo planeado.

Modelo de intervención en Cerro AAHH José3 Carlos Mariátegui, San Juan de Lurigancho.
Imagen 33: situación actual, cerros de Lima, invasión de laderas y
construcción de viviendas sin planificación, en zonas de riego

Fuente: Proesmin S.A.C. agosto 2017 / imágenes de Informe

La semana pasada, el caudal del Rio Rímac creció causando algunos daños en diferentes quebradas de las zonas de Chosica y Chaclacayo, ante esto apareció el alcalde de Lurigancho-Chosica, con diversos estudios entregados a la autoridad de la reconstrucción actual, la respuesta de la autoridad de reconstrucción con cambios fue que el estudio carecía de la información requerida, la cual era indispensable. Ante ello, la conclusión es que no se ha avanzado nada y peor aún, todo el esfuerzo realizado se ha perdido.

Fuente: Diario La República enero 2018

Durante la misma semana, un equipo de profesionales de PROESMIN visitó la zona de Sechura, en Piura, encontrando que la población aún no ha visto ningún resultado de la reconstrucción y que el 90% de los daños continúan en el mismo estado. Peor aún, no existe una hoja de ruta y menos un plan estructurado para revertir lo sucedido.

Fuente: Proesmin S.A.C. enero 2018 / Sechura – Piura

Ante lo expresado nos rehusamos a dejar las cosas como están. Es el momento en que el Gobierno Central, Autoridades Locales y Consultores, se sienten en una mesa a resolver los problemas. Por lo pronto, para Lima, Ica, Chosica, Sechura, Corredor Sur de Antamina, etc. Ya existen propuestas y proyectos y, si hubiera que hacer correcciones, se hacen de inmediato. En menos de 15 días se tendrían los resultados y las obras podrían empezar en 60 días, con lo que se podría resolver lo más álgido. Por otro lado, para el resto del país, afectado por los desastres, en 60 días se podría tener un modelo ajustado a la realidad.

Por ello señores es necesario poner manos a la obra. ¿Quién asumirá las responsabilidades de no hacer nada? ¡Ya se acabaron las excusas! Lampadia