Alejandra Benavides
Para Lampadia

Cuando pensamos que nuestros gobernantes no podían ser más corruptos, Pedro Castillo y sus cómplices se esmeran en demostrarnos lo contrario. Y es que además del fondo, las formas de corrupción son cada vez más bajas y burdas. Los organismos independientes, ya sea por falta de recursos y competencias o por complicidad, no han puesto candados necesarios para evitar que la corrupción campee.

La aceptación de fondo y de forma de la corrupción hace que nuestro país cada vez más parezca una película de gánsteres, quienes en sus barrios hacen alarde de su poder y de su reputación de “despiadados delincuentes” para controlar las calles. Aquellos que miramos desde los balcones, estamos permitiendo que nuestros estándares caigan a niveles patéticos, con complacencia y sumisión absoluta, esperando que “alguien” haga “algo”, ya que la batalla parece demasiado cuesta arriba y nos sentimos absolutamente desamparados.

En 1979, Khaneman y Tversky publicaron su paper de Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk. En este paper desarrollaron la teoría sobre cómo los seres humanos tomamos decisiones en función a nuestras percepciones de riesgo, y cómo estas percepciones van ancladas a un punto de referencia (reference dependence). Es así que el ser humano evalúa el resultado de una situación, no en función a hechos aislados sino en función a cambios sobre ese punto de referencia (ejemplo, para alguien que tiene $1,000, perder $500 da un resultado neto de $500, percibido como algo negativo, mientras que para alguien que tiene $0, ganar $500 es percibido como positivo – por más de que el resultado en ambos casos es $500).

Esta teoría podría explicar por qué nos vamos acostumbrando a tolerar la corrupción y el mal (o delictivo) actuar de nuestros gobernantes. Sumado a esto, la falta de consecuencia gracias a la complicidad de las autoridades que debieran impartir justicia, es el ecosistema perfecto para que el hampa siga haciendo de las suyas. Lampadia

https://www.behavioraleconomics.com/resources/mini-encyclopedia-of-be/reference-dependence/

Alejandra Benavides
Para Lampadia

Las últimas elecciones han dejado en evidencia la precariedad de nuestro sistema electoral, y las distintas formas en que se presta a la manipulación de la voluntad de los ciudadanos. Desde la figura de personeros – que juegan más a la ofensiva que a la defensiva, hasta el copamiento de mesas por miembros de los partidos. Todo está armado para premiar al más “astuto”, sin importar la decisión del votante. Además, hemos visto el uso indebido de material electoral, anulaciones direccionadas de las actas, adulteraciones, sustitución de identidad, así como irregularidades de digitación en sistema ONPE, resoluciones de los JEE sin sustento legal y sin considerar la intencionalidad de cantidad de votos impugnados.

Sin embargo, las elecciones son sólo el reflejo de la democracia artificial en la que vivimos desde hace muchos años, producto de una infiltración sistemática de nuestras instituciones por funcionarios con agenda propia. Ellos juegan en complicidad, para mantener su poder (e impunidad) y son conscientes de que aferrarse a sus cargos en el Estado es clave para su supervivencia. Las instituciones no se deben a los ciudadanos, sino que se han vuelto armas para los gobernantes, quienes las manosean y manipulan a su antojo, concentrando el poder absoluto.

En los años más recientes, esto es lo que ha sucedido con Martín Vizcarra, quien, no contento con hacer de Moquegua su propio reinado, creó uno en Lima, previendo lo que vendría.

Sólo en los últimos dos años hemos sido testigos de eventos anormales, que serían parte de una misma jugada.

• Hemos participado de un referéndum convocado por Vizcarra, donde se aceptó reemplazar el Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que tiene en su poder la evaluación, designación, ratificación, y la diversidad de procesos administrativos respecto a jueces y fiscales.
• También vimos la renuncia del ex Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, incitada por el mismo Martín Vizcarra. Con eso, se logró que la fiscal suprema Zoraida Ávalos ocupe dicho cargo, a pesar de serios cuestionamientos sobre cómo fue beneficiada por 4 resoluciones de José Peláez Bardales, para alcanzar el puntaje requerido en sus evaluaciones. De tal forma, Ávalos conformó la Comisión Especial que elegiría a quienes hoy ocupan la JNJ.
• A raíz de la creación de la JNJ y del caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto” – aún un misterio sin resolver, el candidato menos voceado inicialmente para Presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), resultó siendo elegido para el cargo. Esas elecciones se dieron sólo 2 días después de la vacancia de Martín Vizcarra. Suerte para Salas Arenas, las pugnas internas del CAL impidieron la designación de su representante en el Pleno del JNE, con lo que a Salas Arenas le corresponden 2 votos en vez de 1 – es decir, cuenta con el voto dirimente. Además, en dicho Pleno está Jovián Sanjinez, de quien existen serios cuestionamientos sobre su complicidad con César Álvarez, ex gobernador Regional de Áncash. Gracias a los votos de Salas Arenas, Sanjinez y Rodríguez, es que el “lagarto” Vizcarra pudo participar de las elecciones congresales de 2021.

Por otro lado, a dos semanas de la segunda vuelta presidencial, renunciaron 3 miembros del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, aduciendo, tímidamente, a que no se habían dado las condiciones para desempeñar sus cargos.

En estos dos años también fuimos testigos del cierre “fáctico” del congreso, para evitar la designación de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, a pesar de que llevan más de 2 años con mandato vencido.

Parece que recién ahora podemos poner en perspectiva todo lo que hemos presenciado y la magnitud de la podredumbre. Y hoy, nos sentimos absolutamente desamparados, pues no existe ni una institución a la que podamos recurrir. Es así, que debemos unirnos para defender lo mínimo que exige una democracia, que es el derecho de voto y de escoger a nuestros gobernantes. Lampadia

Referencias

https://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Ver/176/page/Que-es-el-JNE

https://www.altavoz.pe/politica/presidente-del-jne-jorge-luis-salas-arenas-ha-sido-abogado-defensor-de-terroristas-revelo-beto-a-saber/

https://gestion.pe/peru/politica/accion-popular-presenta-mocion-para-que-el-congreso-exija-la-renuncia-del-presidente-del-jne-elecciones-2021-jorge-luis-salas-arenas-nndc-noticia/

https://peru21.pe/politica/se-desata-fuego-cruzado-en-el-colegio-de-abogados-de-lima-colegio-de-abogados-de-lima-cal-javier-villa-stein-noticia/

https://andina.pe/agencia/noticia-jne-jovian-sanjinez-salazar-se-incorporo-como-miembro-del-pleno-este-organismo-814698.aspx

https://gestion.pe/peru/politica/elecciones-2021-lo-que-implica-la-convocatoria-realizada-por-el-presidente-martin-vizcarra-nczg-noticia/

https://elfoco.pe/informes/el-ascenso-y-las-condecoraciones-de-la-fiscal-de-la-nacion/

https://rpp.pe/politica/judiciales/zoraida-avalos-el-perfil-de-la-fiscal-de-la-nacion-interina-tras-la-renuncia-de-pedro-chavarry-noticia-1173964

https://peru21.pe/politica/juez-salas-arenas-se-perfila-para-ser-el-nuevo-presidente-del-jne-noticia/

Rafael Venegas
Director Independiente de Empresas; Senior Advisor Spencer Stuart
Para Lampadia

Es un derroche de amor, el suelo mío y es que es el hijo del sol, el Perú mío. Es un gigante al que arrullan sus anhelos. Bello durmiente que sueña frente al cielo. Este, su sueño, comparten tres amadas. Desnuda costa, ilusionada. Exuberante, la selva apasionada y una tímida sierra enamorada.

¡Te amo, PERÚ!

Estos versos que son parte de la letra de la genial canción ¨Bello Durmiente¨ de Chabuca Granda, grafican poéticamente lo espectacular que es nuestro país. Rico en recursos y bellezas naturales. Mientras que su título nos recuerda que estamos adormilados y no aprovechamos las enormes riquezas que poseemos a lo largo y ancho de nuestras tres regiones, costa, sierra y selva, a las que le agregaría el extenso y acaudalado mar.

Chabuca nos evoca lo mismo que hace mas de siglo y medio expresó Antonio Raimondi en su famosa frase, ¨El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro¨. Ambos nos llaman la atención por no ser capaces de unirnos y aprovechar las extraordinarias riquezas que poseemos como país, en favor de todos los peruanos. Esta realidad es la lamentable historia de nuestra vida republicana, que en unos meses mas cumplirá dos siglos de existencia.

Pero Chabuca y Raimondi no descubrieron nada nuevo ya que todos los peruanos sabemos perfectamente que esto es cierto y que, en mayor o menor medida es culpa de nosotros mismos.

Somos nosotros los que elegimos a gobernantes de mediocres para abajo, éstos a su vez generan las absurdas e irresponsables normas y la burocracia que son causa directa de la nefasta corrupción y de todo tipo de delitos, que no son sancionados debidamente por una ¨flexible¨ justicia y una reinante impunidad al servicio de la corrupción. Si a estos males les sumamos el tremendo deterioro de la ética y la falta de valores a todo nivel, mas la cada vez peor educación de nuestra niñez y juventud, tenemos el círculo vicioso perfecto.

Dado este terrible y desolador escenario nos preguntamos: ¿Existe alguna forma de despertar al Bello Durmiente? La respuesta obvia sería no, pero si hacemos un tremendo esfuerzo de optimismo, podríamos al menos soñar que si la hay.

De hecho, siempre hay soluciones posibles para los problemas, así estos sean gigantes. En este caso también la hay, pero está claro que su implementación sería tremendamente complicada. Esto debido a que este enorme problema esta enquistado en nuestro país. Es nuestro modus vivendi. Sin embargo, siguiendo un terco y fantasioso optimismo, veamos que se podría hacer.

Toda solución a un problema grande comienza por un análisis y reconocimiento de las causas y de los que las generaron (los culpables). Luego del mea culpa se debe sancionar adecuadamente, hacer un franco propósito de enmienda y generar las medidas de control y los candados para que no vuelva a suceder. Luego se acuerda y firma un nuevo compromiso con todas las partes involucradas y finalmente se procede a la implementación del nuevo plan (Basado en un Análisis FORD del Perú, tal como lo comentamos en artículos pasados publicados en Lampadia).

Hago énfasis en el tema del reconocimiento (mea culpa) y de las sanciones (castigos), porque la ausencia de estos elementos es la causa principal del fracaso y el caos, mientras que su firme presencia es la principal causa del éxito.

En el caso que nos ocupa, las causas las conocemos perfectamente y fueron descritas en un párrafo anterior. En cuanto a los culpables, todos sabemos quienes son los ¨activos¨, pero nunca consideramos a los ¨pasivos¨.

Culpables no son solo los que delinquen conscientemente como los corruptos, los traficantes de influencias, los funcionarios públicos irresponsables, los que negocian con su poder, los que roban o lucran con bienes públicos, los que toman decisiones públicas en provecho propio, etc. Estos son en su gran mayoría funcionarios o servidores públicos, pero también hay algunos empresarios. Ellos son los ¨culpables activos¨.

Pero también son culpables los que permiten que esto suceda y los que se dedican solo a criticar y siguen egoístamente con sus actividades lucrativas sin importarles el resto. Estos son los ¨culpables pasivos¨ y todos nosotros, en alguna medida lo somos por estar dormidos y no hacer nada al respecto.

Hace solo unos días Michael Porter, profesor emérito de la Universidad de Harvard y consultor experto en competitividad de los estados, dictó una conferencia virtual para ejecutivos y empresarios del foro Perú Sostenible 2020. Porter que conoce bien al Perú, sostuvo que la marcha de un gobierno, así como su éxito o fracaso, no es sólo tarea del Estado sino de una combinación Estado-Empresa. También afirmó que esto que él llama ¨Valor Compartido¨, es una clara característica de los países que vienen consiguiendo mayor bienestar y crecimiento en el mundo.

Porter argumentó que la Empresa puede satisfacer necesidades sociales muchísimo mejor que el gobierno, pues tiene mejores capacidades estratégicas y mayor talento. Aseveró que creer que la empresa se dedica solo a sus negocios y que el estado hace todo lo demás, es una visión muy simplista e ineficiente. Su consejo es que dado los problemas por los que atraviesa actualmente el país, es absolutamente necesario que el empresariado de una vez por todas se involucre y aporte sus competencias para complementar el trabajo del estado.

Esto, que mas que un consejo fue una llamada de atención, es una clara alusión a uno de los grupos mas relevantes de los ¨culpables pasivos¨: el empresariado. Pero el consejo no fue sólo para las empresas, lo fue también para el gobierno, para que sea este quien genere la nueva relación Estado-Empresa y también para la población en general, para que de una u otra forma participe en la solución.

Hay muchas cosas por hacer y el camino es muy largo y difícil, pero si no damos los primeros pasos cada uno desde sus respectivas trincheras, nuestro bello y rico país seguirá durmiendo y seguiremos siendo un mendigo sentado en un banco de oro. Podemos empezar eligiendo a mejores gobernantes en las próximas elecciones. Para esto debemos informarnos adecuadamente exigiendo a las autoridades electorales que sean muy estrictos en el filtro de candidatos y a estos demandarles que presenten detalladamente sus planes y los equipos técnicos que los acompañaran. Por su parte las empresas deben hacer propósito de enmienda e iniciar una participación mucho mas efectiva, a través de gremios profesionales y mucho mas activos en el desarrollo del valor compartido Estado-Empresa.

¡Propiciemos el despertar del Bello Durmiente, aunque sea pasito a paso!  Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Si bien es cierto al Perú ya se le está agotando el bono de juventud, dando paso a una estructura poblacional que va transformando la pirámide tradicional, en un rombo que tendrá múltiples efectos. También es cierto que la inclinación vocacional de los jóvenes está reorientándose hacia actividades y educación más moderna, con una alta dosis de digitalización, que en apariencia no conectan con la actividad económica tradicional.

El Perú tiene entre sus fortalezas, actividades económicas como; la agroindustria moderna, la industria minera con la ejecución de sus proyectos, el desarrollo de la infraestructura de todo tipo y que tanta falta nos hace, la actividad pesquera y de piscicultura, la industria energética, cada vez más limpia, moderna y eficiente y una multiplicidad de industrias de transformación, donde aún tenemos amplios márgenes para el crecimiento y la eficiencia. Todo lo dicho, va amarrado a nuestra educación y formación técnica y profesional.

Este tema educativo, es un aspecto fundamental que debemos afrontar con mucha seriedad. Yo que tengo un espíritu burlón, no he podido contener ácidos comentarios, al ver algunos catedráticos con algún libro entre manos, antiguo y amarillo por el tiempo, preparándose para entrar a clase. La pregunta recurrente es, ¿estamos formando profesionales para los próximos 50 años o para el siglo pasado?

Los de la generación que se inició en las aulas universitarias con una Regla de Cálculo, pero que evolucionó pasando; primero a la calculadora mecánica, luego eléctrica , para llegar a la calculadora electrónica y finalmente saltar a la computadora personal con sus hojas de cálculo,  sabemos que ese fue un desafío generacional y que, a pesar de hacer nuestro mejor esfuerzo, nuestros hijos y nietos nos llevan en eso, gran ventaja.

Mirarnos en ese espejo, puede permitir una gran oportunidad para la juventud, pero que a su vez, es un gran desafío para los gobernantes, los maestros y autoridades académicas. Esta lamentable pandemia ha forzado al mundo académico, de todas las latitudes, a repensar todos sus planes, programas y sistemas de enseñanza. Se ha tenido que recurrir a la enseñanza no presencial y a desarrollar cursos completos, de distintas disciplinas, para un formato de esta naturaleza.

Me pongo a pensar en la oportunidad que se abre, si pudiéramos repensar nuestra educación universitaria, adquirir material académico de las mejores universidades, institutos técnicos y colegios del mundo. Estos, a su vez, podrían diluir el costo para sus instituciones educativas, si universalizan su enseñanza, comercializando sus cursos completos (enlatados) a nivel mundial, en lugar de destinarlo a unas pocas decenas o centenas de alumnos. ¿Se imaginan, que nuestros estudiantes, de todas las universidades peruanas, pudieran recibir sus clases, directamente de profesores; por ejemplo, de MIT, ¿Stanford, Harvard u Oxford? ¿Que los mejores profesores del mundo pudieran enseñar a nuestros estudiantes?

Hoy que la enseñanza se ha transformado en virtual, podríamos adecuar nuestras normas, formas, procedimientos y todo lo que haga falta, para poner lo mejor del mundo a disposición de nuestros estudiantes. ¿Nuestras autoridades serían capaces de imaginar ese “salto cualitativo”? ¿De facilitar y promover ese proceso? ¿Nuestros catedráticos serían capaces de cambiar su rol, para convertirse en facilitadores de una educación del más alto nivel? ¿Nuestros estudiantes serán capaces de asumir el desafío de internacionalizar su educación e ir al más alto nivel de exigencia académica?

Como se puede ver, podemos y debemos sacar las mejores oportunidades creadas a partir de una crisis universal, tal como el COVID-19. Muchas personas y empresas, lejos de amilanarse ante esta crisis, se han reintentado y han logrado un “salto cualitativo” de creación de valor.

En el Perú tenemos más de 140 universidades, entre buenas, regulares, malas y muy malas. Por supuesto que ninguna excelente, capaz de aparecer en un ranking universal, pero nuestros congresistas (altamente mediocres mentales y de espíritu) quieren, por un lado tumbarse el esfuerzo de la SUNEDU por hacerlas cumplir un estándar mínimo aceptable y por otro, aprovechando su ventana de oportunidades de año y medio para aparecer en una foto, crear 14 universidades más.

Cuando uno piensa en clases virtuales, deja de ser necesario tener más de un puñado de universidades, separadas sólo en función de las profesiones afines a gestionar. Una para medicina y ramas afines, otra para las ingenierías, otra para ciencias económicas, administrativas y contables, otra para derecho, ciencias sociales y políticas, una más para ciencias de la tierra y tal vez una última para tecnología de la información y comunicaciones. Ya con eso tendríamos un número suficiente, con educación estandarizada y calidad asegurada, no importa en qué lugar del planeta se encuentren, podrán educarse con los mejores profesores y sistemas del mundo.

Reduciríamos el costo de la burocracia universitaria, podríamos invertir esos recursos en laboratorios especializados de calidad, bajaría notoriamente el costo de una carrera y no habría profesionales “bamba”, aquellos que lograron un cartón, pero no aprendieron nada…

Los invito a pensar y debatir la idea, pues esa será la única oportunidad, para que nuestra juventud pueda ponerse en condiciones de competir en el mundo globalizado del siglo XXI. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para LAMPADIA

Robarles a los ciudadanos el producto de su trabajo siempre fue uno de los mayores placeres de los gobernantes. A este robo le llamaron tributo. La conquista más importante de la sociedad moderna, hace ya varios siglos, fue quitar ese privilegio a los poderosos y entregarle la facultad de cobrar tributos al pueblo, para que lo haga en función de la necesidad y el interés del pueblo y no en función de la necesidad y el interés arbitrario de quien lo va a gastar. Allí el tributo dejo de ser un robo.

En el Perú actual, con el dinero que aportan los tributos se sostiene el Estado de 1.5 millones de empleados públicos, se pagan policías, enfermeras, médicos, maestros y se construyen carreteras y hospitales, se otorgan subsidios, créditos de reactivación y se financian bonos  a ciudadanos vulnerables; sin embargo, con esos tributos también se paga al amigo del presidente (Richard Swing), se pagan gastos de instalación por 15,600 soles a congresistas que viven en Lima[i] y se alquilan patrulleros a 126,000 soles cada uno, cuando comprarlos costaría ¼ parte aproximadamente. De los tributos que nos cobran también salieron los 768 millones de soles que perdió la Región Cusco por “actos de corrupción” el año 2019[ii], que son parte necesidades o cuando las supera. De esta Constitución (como de la anterior o la de cualquier otro país civilizado) derivan, entre otras, las reglas que dicen:de los 23,297 millones de soles que el Estado perdió por corrupción durante el año anterior.

Por lo anterior, los tributos no pueden definirse por el tamaño de lo que el Estado dice que necesita gastar, sino en función de la necesidad y el interés del pueblo que contribuye, ya que para quienes gastan nunca será suficiente lo que contribuyamos ciudadanos y empresas.

La Constitución y las leyes surgen entonces como el límite a ese poder del Estado. Son el equilibrio, el fiel de la balanza que determina hasta donde un tributo responde a ellas.

• Que los tributos los crea el pueblo a través de sus representantes y no los funcionarios de la Sunat que reciben premios por acotar tributos así no sean ciertos o estén prescritos.
• Que la delegación de esta facultad de crear y regular tributos es excepcional y por lo tanto, sus alcances deben interpretarse de manera restrictiva, es decir no se puede suponer que se otorgan facultades para lo que no está expresamente autorizado. La delegación no puede estar sujeta a la necesidad de la SUNAT de “corregir el error de interpretación del Tribunal Fiscal”.
• Que las normas sobre tributos, como sobre cualquier materia (salvo la excepción penal favorable al reo) rigen para el futuro, para adelante, no son retroactivas.
• Que los tributos deben respetar el principio de igualdad, respetar los derechos fundamentales y que no pueden ser confiscatorios.
• Que los tributos que violen las normas de la Constitución no surten efectos, es decir no los tendríamos porque pagar.

Esta semana, hemos visto como se ha destruido esta regla básica. Este presupuesto esencial de la tributación. Hemos visto, en transmisión en vivo como los tributos no se definen en función de la Constitución, las leyes y el derecho, sino en base al apetito de gasto de quien lo va a gastar. Hemos visto como la necesidad de recursos de quien lo dispendia, comunicada por “periodicazos” y titulares de los mismos medios que han recibido 77 millones de soles de nuestros tributos[iii], deciden la suerte de las controversias constitucionales sobre tributos, antes que los principios, las reglas y las opiniones autorizadas.

Con el aplauso cándido de muchos de ustedes apreciados lectores, hemos visto como, de aquí en más, los tributos, quienes deben pagarlo, lo que está afecto o no (hecho imponible le dicen los tributaristas), el plazo para cobrarlos, el derecho a que prescriba la facultad de “determinar” tributos que tiene la SUNAT, entre otros temas, ya no se definirán desde la óptica de la Constitución, sino desde la necesidad inacabable de gasto del Estado, necesidad que no se saciará ni siquiera cobrándole 9,000 millones a 158 empresas como se publicitó  para presionar al Tribunal Constitucional frente a la demanda de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1421, porque solamente el año 2019, el mismo Estado perdió casi tres veces estos recursos “en actos de corrupción”.

Quienes han aplaudido esta decisión, probablemente lo han hecho porque creen que afectará al señor Benavides y su empresa minera, a los chilenos de Latam, a los españoles de Telefónica, a los bancos o a las mineras. Olvidan esos envidiosos aplausos que los primeros en caer en la red son siempre los peces gordos, pero que la pesca indiscriminada, no solo atrapa a los grandes, sino a todos.

• No se quejen los que aplauden cuando el descuento en su recibo de honorarios profesionales por una instalación eléctrica ya no sea del 8% sino del 20%. El Estado tiene necesidades y es en función de ellas se crearán los tributo, no de su capacidad de contribución, ni del esfuerzo y sudor que le costó ganar ese dinero.
• No se queje el bodeguero cuando al ver la televisión se felicite de tener una presidenta del Tribunal Constitucional que le dice a los medios “las grandes empresas deben pagar al igual que todos”. El RUS también puede desaparecer si el argumento es que el gobierno necesita más recursos y todos debemos tributar por igual, no con regímenes especiales.
• No se queje el mediano empresario que cree que hay justicia en esta decisión cuando su pedido de prescripción de la multa arbitraria que le impusieron o la acotación indebida sea desestimada. Ahora lo que importa no es la justicia del cobro, sino que hay que “despejar el camino para la acción de la SUNAT”.
• No se queje el estudiante cuando tenga que pagar impuestos por acceder a Spotify, la ama de casa cuando debe pagar por ver una película en Netflix o el obrero por descargar la música de YouTube desde su celular mientras trabaja, si el Estado necesita cobrarle, habrá siempre quien desde los tribunales le despeje el camino y haga que usted pague.

Condicionar la discusión constitucional sobre tributos a la necesidad presupuestal del gobierno de turno, por más afín que nos resulte, es un grave precedente que pesará en el hombro de quienes lo han construido. Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos el siguiente video sobre la perspectiva de la economía y si hay luz al final del túnel.

Participan Elmer Cuba, invitado, director de Macroconsult, Jaime de Althaus, Aldo Defilippi y Gonzalo Prialé

Las opiniones vertidas en este programa no necesariamente representan la opinión institucional de IIG sobre los temas tratados.

Algunas frases de Cuba:

Yo no espero mucho de la inversión pública. El 90% del déficit fiscal tiene que ver con la caída de los ingresos. Por lo tanto el próximo año hemos dilapidado las reservas fiscales que tomaron 30 años. Todo para salvar vidas, pero no lo hemos logrado.

La mejor manera de reactivar es dejando que la gente trabaje, por supuesto con los protocolos adecuados. Pero mientras tanto hay que focalizar bien los bonos, hacer un manejo inteligente. El bono universal es mucho para los que tienen trabajo y muy poco para los que lo necesitan de verdad.

En lugar de aprovechar esta crisis para hacer reformas y mejorar, con lo que hace el Congreso se está tomando para empeorar.

Lampadia

David Belaunde Matossian
Para Lampadia

Pese a haber decretado relativamente temprano una de las cuarentenas más restrictivas, el Perú ocupaba al 12 de mayo el puesto 14 en el mundo en número de infectados, con más de 68mil casos.

Sin embargo, como el número absoluto de casos confirmados depende mucho del número de pruebas realizadas, es más relevante analizar la tendencia en el porcentaje de pruebas que dan positivo. En el Perú, ese porcentaje está en aumento, y eso es preocupante.

Como ya lo dijimos antes, el exceso de restricciones es muy probablemente directamente culpable de esto, al generar aglomeraciones en los momentos menos restringidos. Esto se sabe desde hace varias semanas, habiendo recibido amplia cobertura con ocasión de la brillantemente pensada “alternancia de género” y otras medidas absurdas.

La pregunta es: ante un manejo tan defectuoso, y mal conocedor de las diversas realidades sociales, ¿cómo es posible que el gobierno siga teniendo altas tasas de aprobación? Parte de ello es un efecto óptico (se “actuó” rápido) y de psicología social (la popularidad del líder en situaciones de amenaza común tienda a elevarse). Pero parte también se debe a que no hay cuestionamiento en vivo que desnude, a vista de todos, las debilidades del gobierno.

Mientras otros líderes mundiales deben rendir cuentas a una prensa independiente y a veces hostil, cara a cara, día a día, el nuestro parece intocable detrás del formato de preguntas leídas, o entrevistas a cargo de periodistas complacientes. Esto puede ser cómodo para el gobierno, pero es peligroso, ya que le permite a este evolucionar en una burbuja, en la que se juntan perfiles teóricos e ideólogos cuyas acciones son poco efectivas y a veces totalmente contraproducentes.

Con mayor cuestionamiento, tal vez se verían forzados a adaptar sus políticas a distintas realidades locales, a escuchar más al sector privado, diversificar los expertos, etc. A fin de cuentas, cambiar ese “chip” que huye de la crítica por uno que la utiliza para generar mejores procesos de decisión no sólo beneficiará a la población: hará también que la historia juzgue a estos gobernantes con mayor benevolencia. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

El tema único del Sr. Vizcarra es la lucha contra la corrupción y no podemos estar más de acuerdo que, ese es un tema central en el Perú.

Dicho esto, es importante revisar qué encierra el concepto corrupción, pues pareciera que “ponerse del lado de los buenos” es la posición a la que aspira el señor presidente y me parece que ahí, hay mucha tela para cortar…

En términos generales, la corrupción es planteada como dos caras de una misma moneda; una activa, la del corruptor y la pasiva, la del corrompido por ese corruptor. Ese es un enfoque muy usado en la narrativa de los políticos que plantean el tema de la corrupción y fundamentalmente en la relación entre el sector público y el sector privado.

Con frecuencia se describe a un empresario que busca tomar ventajas en su relación con el sector público, corrompiendo a un funcionario para que le facilite los resultados por él esperados. Es cierto que esa dimensión de la corrupción existe, pero mucho más frecuente es aquella que el político y el burócrata, haciendo uso de su poder circunstancial, fuerza las condiciones para hacer inminente la “necesidad” de generar una “contraprestación” (coima) para otorgar la buena pro de una licitación o dar simplemente trámite a una autorización o permiso, de esos que en los últimos años han proliferado, para ejecutar algún proyecto o tan simple como obtener un brevete o certificado médico. No quiero aquí levantar el caso de las mafias organizadas de médicos que no cumplen sus labores correctamente, ni atienden a todos los pacientes que debieran atender. Tampoco el de los médicos que otorgan certificados médicos fraudulentos para generar indemnizaciones y pensiones por “enfermedades profesionales” inexistentes y estafar así al sistema de seguros de actividad de riesgo (SCTR).

Detesto levantar el caso de malos policías que, lejos de perseguir el crimen y otorgar seguridad a los ciudadanos, están en los patrulleros a la caza de algún incauto que pueda tener alguna condición vulnerable para sacar ventaja económica de ella y así hacer su guardia y lograr ingresos económicos que largamente excederán su remuneración. Más detestable aún los casos de generales de las FFAA y PNP que tomaron ventaja de su rango y posición, para robar los bienes (combustible, por ejemplo) que debieran haber sido usados para el servicio o robar los recursos otorgados para la alimentación de su tropa. Estos casos se hacen públicos y los levanta la prensa, pero nadie se refiere a la forma como alcaldes y gobernadores regionales incurren en las mismas prácticas para el robo de los recursos del Estado.

Pero más allá de estos casos de corrupción evidentes a los ojos de la población, tenemos el caso más nocivo de corrupción, más impactante y dañino, pero silencioso y este es el de la asquerosa pasividad (una resistencia pasiva a trabajar) de los gobernantes y burócratas que, llenos de parafernalias, prebendas y “honores”, pasan los días sin cumplir la misión que la Nación les encomendó y, por su omisión de función, han logrado paralizar al país, hacer que la inversión privada se retraiga, que los proyectos privados se posterguen y que la inversión pública no llegue sino a la mitad de lo previsto y presupuestado.

Viajar sin propósito no es gobernar, repetir discursos de plazuela como disco rayado tampoco lo es. No haber trazado un plan de gobierno ni una reforma adecuada del Estado, ni convocar a gente idónea para ejecutar el reclamado plan, es peor. Eso es CORRUPCIÓN, aunque por lo solapada que es, nadie se percate.

Cuando hay niños anémicos y desnutridos, subsiste la carencia de hospitales y colegios, no se ejecuta la reconstrucción con cambios del norte del país, después de tres años de la tragedia y no haber llegado ni a la mitad de la meta (¿un tercio tal vez?), no avanzar en la educación escolar a niveles que nos permita insertarnos y competir en el mundo moderno, haber lanzado una “reforma política” inconclusa y dañina, al igual que una reforma judicial peor ejecutada, al punto que se haya llegado a una guerra interna tanto en el poder judicial, como en la fiscalía, sin que nadie pueda ser capaz de poner orden…

Todo lo anterior, por acción u omisión es CORRUPCIÓN y no lo debemos permitir. Lampadia

En los últimos meses, el Perú ha sido víctima de dos grandes escándalos de corrupción que han puesto en evidencia la precariedad de sus instituciones públicas y el comportamiento antiético de sus gobernantes en todos los niveles de Gobierno, llámese nacional, regional y municipal.

El primero, bautizado como el “Caso Lava Jato” por la jurisdicción brasilera, es considerado como el mayor escándalo de corrupción de América Latina, organizado y dirigido por el gobierno de Lula en Brasil y sus socias empresariales corruptas. Según la Corte de Justicia de Estados Unidos, en el Perú, involucró el pago de sobornos por parte de la empresa brasilera Odebrecht a funcionarios públicos por 29 millones de dólares entre el período 2005 y 2014. Asimismo, según el reciente informe de la Comisión Lava Jato del Congreso, se habrían estimado sobreprecios en las obras adjudicadas por más de 3 mil millones de dólares.

Peor aún, desde que se destapó el escándalo en diciembre del 2016, los esfuerzos desde el Gobierno y el Congreso para lidiar con la situación, a través del DU 003 y el PL 1410, agravaron aún más el problema, ya que paralizaron innecesariamente el sector construcción y múltiples obras de infraestructura. En vez del caos con que el gobierno enfrentó el tema, Lampadia propuso designar interventores en las empresas y obras, [Ver: DS 003 y PL 1410, despropósitos y pasiones]. Lamentablemente el gobierno no quiso hacer caso y terminamos siendo el único país que paralizó su sector construcción. Fue tal el impacto en la economía peruana por la paralización de dichas obras, que el MEF tuvo que reducir su proyección de crecimiento en el año 2017 en un punto porcentual, reducción que está asociada a 140,000 empleos perdidos y que 320,000 peruanos no hayan salido de la pobreza, según Apoyo Consultoría.

Por otra parte, se tiene el escándalo de los audios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) o más conocidos como los audios de la “vergüenza”, difundidos desde julio del presente año. En ellos, se dejan entrever conversaciones de jueces y miembros del CNM en el que se revelarían presuntos ofrecimientos de rebajas de penas, pedidos y agradecimientos de favores o negociaciones de ascensos de funcionarios. Tal difusión puso en tela de juicio la institucionalidad de uno de los más importantes brazos del Estado encargados de velar por los derechos fundamentales de los peruanos, el Poder Judicial.

En esta línea, hubo consenso de que una reforma judicial era necesaria y por tanto, se propusieron diversas líneas normativas desde el Congreso y, recientemente, se instaló como una de las propuestas del referéndum del pasado 9 de diciembre.

Es aquí donde vale la pena preguntarse, ¿Cuál es el status actual de las reformas que permitirán prevenir hechos de similar magnitud en un futuro cercano?

Curiosamente, la atención del Caso Lava Jato en el Perú se ha desviado por completo hacia la investigación de los aportes a los partidos políticos, en particular, la Campaña de Fuerza Popular 2011. Este hecho se ha mediatizado de tal manera que se ha vuelto el centro de gravedad de las preocupaciones del país, con fiscales y jueces dictando prisiones preventivas de manera completamente arbitraria sin considerar el debido proceso y la presunción de inocencia de los implicados, aún cuando ya hay sentencias del Tribunal Constitucional que advierten acerca de los excesos de estas prácticas.

Estamos terminando en una ‘justicia plebiscitaria’, que se expresa con lo expuesto por César Hildebrandt en una reciente entrevista con Patricia del Río en RPP en la que indica que “la lucha contra la corrupción no puede ceder en nombre de un garantismo  formalista”, es decir, basta con que el repudio popular sea tal que no importa que no se sigan los procedimientos judiciales habituales, la sentencia de culpabilidad será justa porque será justa “socialmente”. Adiós Constitución y leyes.

Y este punto es vital ya que nos lleva al tema de la reforma judicial, cuyos avances lamentablemente han sido prácticamente inexistentes, justamente porque la atención pública se encuentra empecinada en exigir prisión a la oposición. No es coincidencia que se hayan abandonado las 7 líneas normativas de la reforma judicial que fueron pre-dictaminadas en el Congreso en octubre del presente año. Por otra parte, aún con los escándalos de los audios del CNM, no se ha hecho un proceso de escrutinio de la realidad del Poder Judicial que llevaría hacia la limpieza de los cuadros corruptos. De esta manera, algunas personas empiezan a ver el caso Lava Jato, con todos sus excesos, como una distracción que nos está haciendo olvidar de algo sumamente importante que, a diferencia del escándalo brasilero, es de naturaleza estructural: una débil institucionalidad de nuestro sistema de justicia.

En este sentido, consideramos que un buen primer paso estaba contenido en la primera pregunta del referéndum y por ello sostuvimos una posición del SÍ en ella [ver: Mi voto en el referéndum]. Tal como se puede deducir del escándalo de los CNM audios, consideramos que dicho consejo debe desaparecer, y la nueva Junta Nacional de Justicia, cuya base será la meritocracia en la selección de los jueces y fiscales, permitirá tener mejores capacidades de fiscalización y control de la labor judicial. Sin embargo, ello no es suficiente. El Congreso debe acelerar la promulgación de las 7 líneas normativas que aún están pendientes ya que permitirán tener un sistema judicial más eficiente, transparente y con una mejor labor de cara a los peruanos. La reforma judicial no puede esperar.

En enero próximo el Congreso debería convocar a legislatura extraordinaria para aprobar la ley orgánica de la nueva Junta Nacional de Justicia y los 7 proyectos de ley ya dictaminados, porque sin eso no se puede convocar al concurso para elegir a los miembros de la Junta, y esta no puede dilatar tanto el inicio de sus funciones. Lampadia

Álvaro Díaz Castro, Abogado en Derecho de la Empresa y Minería
Para Lampadia

“¿A quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos?”
Groucho Marx

Así suenan muchos de los mensajes políticos en el Perú, volviendo realidad la ironía que expresa el gran comediante Groucho Marx.

Dicen muchos padres de la patria, candidatos a puestos públicos, gobernantes de turno: “¿A quién va usted a creer? ¿A las estadísticas, a los informes técnico-económicos, al benchmarking elaborado por entidades multilaterales del mundo, o a mí?, ¿A la ciencia, la lógica, a la matemática o a mí?, insisten.

Se imaginan así mismos como si actuaran con decisión y valentía al presentarse con expresión seria y actitud firme para sustentar propuestas que, por lo general, son descabelladas, además de dañinas en el corto, mediano y largo plazo para la mayoría de los peruanos. Ideas y sustentos que pretenden negar lo que la evidencia muestra, en insistir en aquello que está probado no funciona en lugar alguno sea país, estado o región.

Por ejemplo, aunque se conoce con certeza que en la década 2001 – 2011 se haya acumulado más de un 70% de crecimiento económico, debe señalarse que ello fue impulsado por el dinamismo de exportaciones (minera, industrial y agroexportadora) y a su vez activado el motor del dinamismo económico interno, iniciándose un verdadero proceso de inclusión (más que en cualquier otra época republicana del Perú), lo cual parece intrascendente para tales ojos.

Las noticias internacionales al respecto eran como la siguiente: “La economía de Perú fue la de mejor desempeño relativo en América Latina con un incremento promedio de seis por ciento entre los años 2001 y 2011, destacó la consultora Ecolatina de Buenos Aires… Perú no sólo fue el país que más creció de Sudamérica, sino el que enfrentó una menor inflación conformando un milagro económico…” (RPP – 12 de agosto del 2012 – Informe de Ecolatina)

En el otro carril, también están los que opinan en tonos triunfalistas; dicen que no importa Conga, que ya tuvimos suficiente de la minería, que no significa nada descender varios puestos en el ranking del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), del Doing Business (haciendo negocios) o del Instituto Fraser. Que el Perú podía prosperar ignorando tales análisis y advertencias, que la exuberante, enredada y mal aplicada normatividad peruana no impactará al afamado “caso Perú”. Así, afirman alegremente que las inversiones extranjeras tendrán como primera elección a nuestras tierras Incas, haciendo una extraña interpretación que contradice todas las luces rojas y alarmas que consignan las evaluaciones internacionales.

A estas personas les resulta complicado detenerse a meditar el por qué en todo país, que tenga un Índice de Desarrollo Humano alto (como aún no es nuestro querido Perú), se fortalece la democracia y gobernabilidad centrada en la institucionalidad, el estado de derecho y el “enforcement” (respaldo efectivo para la aplicación de las normas), y no sólo en recurrir a las formas y normas (en nuestro país cada vez más enredadas o intrascendentes dado que se aplican y se aplican mal sólo al pequeño sector formal existente).   Prefieren ignorar que, si bien es importante, no es suficiente la buena campaña “Marca Perú” y el “Perú Day” en la Bolsa de Nueva York y de Londres, se debe aplicar en la realidad todo lo que allí se dice, que se cree en el mercado, en la predictibilidad y respeto de las normas, en la no discriminación, en la innovación y desarrollo, en el emprendimiento y la formalidad.

El citado sostenido crecimiento económico entre el 2001 y 2011 conllevó la reducción de la pobreza del 54.8% al 27.8%, y la pobreza extrema de 24.4% al 6.3% en el mismo periodo, con una reducción importante del índice GINI (la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan). No podemos negarlo ni dejar que otros lo desconozcan como el mejor antecedente de desarrollo y oportunidades para todos en Perú.

Pero tampoco es bueno no ser críticos y reconocer que, con mejores políticas y menos estigmas a la inversión nacional y extranjera, hubiera sido posible optimizar más los beneficios para el país y sus familias en ese periodo, y no estar ahora en el freno de estos últimos siete a ocho años.

SUNAT, SUNAFIL, OEFA y muchas otras entidades deben dejar de ver, en muchos casos ocurre, como enemigo y con presunción de culpabilidad a toda empresa. No puede darse el discurso hacia afuera que en Perú se está promoviendo la inversión y simplificando los procesos cuando ocurre lo diametralmente opuesto. El BCR explicó que en cortos siete años aumentó en más de quinientos por ciento la legislación para el sector minero, y ello no ha parado a la fecha.

Las enormes deficiencias en infraestructura (sobrepasando los US $ 80,000 millones de necesaria inversión), la baja credibilidad en el poder judicial, congreso y policía, el estigma que pesa sobre la clase empresarial a todo nivel, la bajísima calidad educativa, la carencia de incentivos para promover la investigación y el desarrollo, la inseguridad jurídica, la desnutrición real (no sólo la que se mide hasta los cuatro años y se cree combatir con vasos de leche) y los servicios de salud saturados cuando no inexistentes, representa un panorama complicado para las mejores intenciones del gobierno. Las cifras indican que estaremos en un aproximado 4% de crecimiento anual. Deberíamos proyectarnos cuando menos al 7% y aún a varios puntos encima. Tener los fondos no garantiza el éxito de un país, pero bien administrados lo facilita en gran medida.  De allí viene que la administración y ejecución de los mismos sea eficiente, adecuada, debidamente priorizada.

Por ello, es indispensable basar las decisiones de Estado y de gobierno en el sudor de lo acreditado, probado o investigado y no en discursos trasnochados o populistas, cumplir con lo establecido y no generar tantas interpretaciones auténticas según se quiera aparentar frente a las tribunas, apuntar a futuro aún con medidas que probablemente no den réditos inmediatos. Actuar pisando suelo, pero mirando bien alto, haría que seamos la consecuencia positiva de nuestros actos y decisiones y evitar seguir perdiendo el tren de oportunidades o desembarcarnos en el medio del camino.

Julio Luque (presidente de IPAE) nos recuerda el estudio de McKinsey Global Institute: “…nada más importante para un país que la productividad, ya que esta determina su capacidad de competir con otros países y al mismo tiempo define el nivel de ingresos de sus ciudadanos”.

En tal entorno, creo que podemos responderle a Groucho Marx que sí. Que vamos a creer en nuestros ojos de un Estado técnico y desburocratizado, en los brazos de la justicia y de una policía instruidas y amables como justas y firmes, en empresarios éticos y responsables, en un cambio del slogan cepalino de “consuma lo que el Perú produce” por el “produzca lo que el Perú y el mundo consume”, en un avalar las ventajas competitivas que Dios regaló y nuestros antepasados conocieron y en hacerle caso a Raimondi que en sus largas caminatas nos pidió y repitió: “… dar a conocer el Perú a los peruanos, sobre todo a los jóvenes, hacerles comprender sus riquezas naturales tan variadas”. Con tal afán hacía un llamado a la juventud en su obra El Perú, diciendo: «Jóvenes, os pido vuestro concurso, ¡ayudadme! Dad tregua a la política y consagraos a conocer vuestro país y los inmensos recursos que tiene». ¡Qué vigentes sigue su invocación hoy día! (1)

Probablemente pronto escucharemos ¿a quién va usted a creer a Raimondi o a mí? Lampadia

1. Raimondi estudio la geología (minerales) así como investigó diversos recursos, representados en sus colecciones: 708 ejemplares de rocas; 2,000 ejemplares de fósiles; 20,000 ejemplares de plantas; 500 ejemplares de semilla, cortezas, gomas, resinas, cascarillas y maderas; 2,000 ejemplares de moluscos; 4,000 ejemplares de insectos; 1,265 ejemplares de aves: 72 ejemplares de cráneos y 300 ejemplares de estudios etnográficos.

Natale Amprimo
Para Lampadia 

La Constitución Política es una norma de ordenación del poder. Una suerte de protocolo de convivencia política, que fija los límites de los diversos actores que participan en la vida pública.

En el derecho público, a diferencia de lo que ocurre en el privado, lo no permitido es prohibido; ahí no juega la libertad de acción que tenemos las personas en nuestra vida cotidiana, y que se resume en el viejo aforismo “lo no prohibido es permitido”.

La Constitución establece los límites de la representación que el pueblo otorga a las autoridades que ejercen el poder de manera temporal.  Los elegidos no pueden salirse de ese corsé; pues ello sería como que un apoderado, autorizado solo para alquilar la casa de su representado, decidiese venderla, porque el precio ofrecido es muy bueno.

Lamentablemente, muchas veces los gobernantes no entienden esos límites, y en aras de lo que consideran el bien de la Nación, transgreden los topes que, a su representación, le fija la Constitución.

Cuando a Víctor Andrés Belaúnde, el maestro socialcristiano, le pidieron que describa el “poder”, dicen que lo hizo comparándolo con una orgía, pero sin orgasmo, porque el gobernante nunca se daba por satisfecho. 

Hay que recordar que Belaúnde, ya en 1931, en su obra “La Realidad Nacional”, señaló que el síntoma típico de nuestra crisis ha sido el “absolutismo presidencial”. Incluso, al día de hoy, como lo recuerdan César Ochoa y Baldo Kresalja, se ha exacerbado el presidencialismo de la Constitución histórica del Perú al extremo de llegar a un “presidencialismo hipertrófico”, que se caracteriza por una concentración de poderes legislativos proactivos y reactivos del Presidente de la República.[1]

Sobre el particular, Torres Arancibia lo desarrolla con nitidez, cuando señala: “Si el autoritarismo en el Perú ha encontrado campo fértil se debe en buena medida al absolutismo presidencial. En este punto no debe confundirse absolutismo presidencial con régimen dictatorial. El segundo es, como se sabe, un régimen de facto, cuyo origen espurio y principalmente por la fuerza, lo vuelve ilegítimo. El primero, por su parte –y para el caso peruano– está sustentado en la propia legislación. En otras palabras, en el Perú, la historia jurídica republicana ha fomentado siempre una figura presidencial fuerte, con mucho poder, casi omnímoda. Tal circunstancia llevó a decir a Víctor Andrés Belaunde en un célebre discurso dado en la Universidad de San Marcos en 1914 que ‘el presidente de la República es un virrey sin Monarca, sin Consejo de Indias, sin oidores y sin juicio de residencia’. Pero la afirmación de Belaunde se quedaba corta: ningún virrey del Perú tuvo tanto poder como un presidente peruano actual”.[2]

Lowenstein, el famoso constitucionalista alemán, en 1957 desarrollo la teoría de la “enigmática triada”, según la cual el hombre tiene tres incentivos fundamentales que dominan su vida en sociedad y rigen la totalidad de las relaciones humanas, y que de una manera misteriosa están unidos y entrelazados: el amor, la fe y el poder.

La historia, dice Lowenstein, muestra cómo el amor y la fe han contribuido a la felicidad del hombre, y cómo el poder a su miseria; y añade: hay algo común en estas tres fuerzas: el hombre puede sentirlas y experimentarlas, así como apreciar su efecto por sí mismo y su medio ambiente; pero lo que no llega es a conocer su íntima realidad, pues toda preparación lógica es insuficiente para penetrar en su esencia.  Por ello, el intento humano de querer comprender el amor, la fe y el poder tiene que quedar reducido a constatar y valorar sus manifestaciones, sus efectos y resultados.  Se podrá conocer cómo estas fuerzas operan, pero no se podrá captar lo que ellas son realmente”.[3]

Hago estas reflexiones previas pues, como lo he referido en algunas entrevistas brindadas a diversos medios de comunicación, percibo un panorama de confrontación que, penosamente, me recuerda el que vivimos –y pocos combatimos- previo al 5 de abril de 1992; en el que, todos los días, veíamos al presidente de entonces confrontando con el Congreso para capitalizar el descontento popular.

La única forma seria de salir adelante como país es fortaleciendo nuestras instituciones; y ello solo se logra si, más allá de nuestras conveniencias coyunturales, nos damos una suerte de “baño de legalidad”, o de “constitucionalidad” mejor dicho; lo que implica que se actúe respetando, y haciendo respetar ese código de convivencia y buenas costumbres que es la Constitución, aunque esa tarea sea a veces ingrata, dada lo encendidas que están las pasiones.

Es fácil caer en la tentación de hacer eco a los cánticos de la barra, inclusive más fácil aún es dirigir a un rebaño desorientado sobre la base de decirle lo que quiere escuchar, pero eso, más temprano que tarde, generará una nueva desilusión. De ahí mi crítica a lo que veo actualmente: una vez más pareciera que se sirve la mesa para que los radicalismos nos gobiernen. Se destruye lo construido, con todo el esfuerzo y sacrificio que ello significó, en aras de seguir acentuando el odio y la contradicción.

Veamos: Se plantea bicameralidad, sobre la base que el proceso legislativo requiere una mayor reflexión y pausa, y a la vez se levanta la voz porque no se aprueban las reformas en 40 días; o, se levanta como bandera la lucha contra la corrupción, pero en el proyecto de modificación se propone que para habilitar la acusación constitucional contra altos funcionarios se requerirá 2/3 de los votos del futuro Senado; entre otras contradicciones.

En el fondo, acaso no nos damos cuenta que lo que hay detrás de algunos, es generar el precedente para, vía un futuro proceso de reforma fast track, variar el régimen económico y volver a un Estado interventor de la economía, como el que teníamos antes de la Constitución de 1993.

Estamos notificados. Lampadia

En febrero pasado publicamos en Lampadia ‘Fundamentos de una democracia efectiva’, comentando la republicación de The Economist de un ensayo de Karl Popper de 1988: ‘Karl Popper sobre la democracia’, en el que entre otras cosas abogaba por el bipartidismo.

Los peruanos deberemos abordar un profundo debate sobre cómo reformar nuestra institucionalidad política que evidentemente ha hecho agua durante el último proceso electoral. Las reformas planteadas por la sociedad con anticipación a las elecciones, no se vieron o se normaron tarde y mal en el Congreso.

Tal como comenta Jaime de Althaus en el siguiente artículo sobre las reformas chilenas, nuestros vecinos estarían regresionando a instituciones que Popper considera inadecuadas para el desarrollo de una democracia sana. 

Con el apoyo de Jaime de Althaus, luego de instalado el nuevo gobierno, insistiremos en fomentar la discusión de los aportes más valiosos para las reformas que deberemos afrontar y seguiremos alimentando nuestra biblioteca virtual:  Estado del Siglo XXI. Adelantándonos a esa línea de acción, queremos recordar algunos de los consejos de Popper para juzgar la reforma chilena en un contexto adecuado.

Las ideas fuerza más importantes de Popper son:

• Gobiernan los gobernantes y desafortunadamente los burócratas, nuestros servidores civiles o nuestros ‘amos inciviles’, como los llamaba Winston Churchill, a quienes es difícil, si no imposible, hacer responsables de sus actos.
• La representación proporcional abre una brecha entre los intereses de los ciudadanos y los de los parlamentarios que responden a los partidos que representan, antes que a la gente.
• Cada distrito electoral debe tener su representante directo y ser responsable de sus actos ante su base electoral.
• La representación proporcional lleva a la multiplicación del número de partidos y, así, los gobiernos de coaliciones se hacen inevitables.
• Un gobierno de coalición implica que los partidos pequeños ejerzan una influencia  desproporcionadamente grande y con frecuencia decisiva. Significa la dilución de las responsabilidades.
• Por lo tanto, se pierde la fuerza redentora del “día de elecciones como el Día del Juicio [político]”.
• Popper defiende el bipartidismo como un sistema que impulsa, de mejor manera, un proceso continuo de autocrítica. Dice que hay que luchar por el bipartidismo. “En la práctica, el bipartidismo promueve partidos más sensitivos, constantemente alertas y flexibles que el multipartidismo”.  

¿La política chilena se peruaniza?

Jaime de Althaus, para Lampadia

Como sabemos, una de las fortalezas de la democracia chilena ha sido un sistema de partidos basado en dos grandes alianzas estables, una de centroizquierda integrada por los partidos que se enfrentaron a Pinochet en el referéndum constitucional de 1988, y que luego gobernó Chile durante 20 años, hasta el 2010, donde destacaban principalmente la Democracia Cristiana y el partido Socialista; y la otra conformada por los dos partidos de derecha o centro derecha: Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente (UDI), heredera esta última de Pinochet, y que gobernó entre 2010 y 2014. En suma, una suerte de bipartidismo, la envidia de muchos países latinoamericanos.

Cuando parecía que comenzaba a instalarse un juego de alternancias entre estas dos agrupaciones, he aquí que la presidenta Bachelet plantea y logra aprobar una modificación constitucional para cambiar el sistema electoral binominal por uno plurinominal. Al parecer, las movilizaciones estudiantiles de los últimos años contra el sistema educativo, que remecieron a la clase política chilena, le hizo pensar que el sistema bipartidista era demasiado rígido y se requería abrirlo para que pudieran participaran otras agrupaciones (esto pese a que el Partido Comunista, que estaba fuera de la Concertación y que por eso no alcanzaba participación, se incorporó a ésta –que pasó a llamarse “Nueva Mayoría”- en la última elección, en la que ganó Bachelet).

En ese sentido, en la medida en que el sistema binominal –donde se elegía a dos diputados por circunscripción- tendía a excluir a terceras agrupaciones pequeñas pues era muy difícil que un partido chico lograra ganar en distritos electorales en los que solo se elige a dos representantes, no se les ocurrió mejor idea a los reformadores chilenos que reducir el número de circunscripciones de 60 a 28 y crear así distritos electorales más grandes en los que se elige de 3 hasta 8 diputados. Y elegir, a su vez, entre 2 y 5 senadores en cada una de las 15 regiones del país. Es decir, un sistema parecido al peruano, con la diferencia de que en Chile hay Senado y Santiago está dividido en distritos que tienen entre 7 y 8 representantes.

Inconcebiblemente, los chilenos están cansados del bipartidismo y quieren ir al multipartidismo. Les aburre la gobernabilidad. Quieren un poco mas de sorpresa y emoción, a la peruana.

En esa misma línea acaban de aprobar una nueva ley de partidos que facilita la inscripción de nuevas organizaciones partidarias, pues reduce el porcentaje de electores para formar una colectividad de un 0,5% al 0,25% del total (comparémoslo con el 5% peruano), pero establece al mismo tiempo una valla del 5% -como en el Perú- para acceder al congreso y mantener la inscripción partidaria. También se establece que el órgano electoral participa como “ministro de fe” en las elecciones internas de los partidos, con el fin de garantizar procesos que den cuenta de la voluntad real de sus afiliados.

De modo que es más fácil formar partidos pero hay que demostrar funcionamiento, democracia interna y votación congresal de 5% para que subsistan. Esto es algo que se ha propuesto también para el Perú: facilidad de entrada pero dificultad de permanencia. Así debería ser. Nuestros legisladores, en cambio, han hecho lo contrario: subieron el porcentaje de firmas para inscribir un partido del 4% al 5% de los electores. Y permitieron que el candidato presidencial pueda renunciar hasta un día antes de la elección para no perder la inscripción de su partido. Todo al revés.

La otra novedad de la nueva ley chilena es que incrementa el financiamiento público a los partidos de manera apreciable y disminuye el límite para los aportes privados, que ahora solo pueden ser de personas naturales y ya no jurídicas. Y la publicidad solo se puede poner en determinados lugares señalados. La idea es que el poder económico influya lo menos posible en las elecciones y que todos los partidos tengan un piso financiero similar. Esto, por supuesto, también será un incentivo para formar partidos.

Lo más probable es que en unos diez o veinte años el bipartidismo en el país austral habrá sido cosa del pasado, y si la política chilena no se llega a peruanizar del todo, ello se habrá debido a las otras normas recientemente aprobadas que parecen asegurar un mínimo de funcionamiento partidario real. Veremos. 

Lampadia