Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia

Todas las ciudades tienen cadáveres urbanos que yacen en medio de ellas, inertes, mudos testigos de la inepcia estatal, de la angurria privada, de la corrupción o simplemente de la estupidez.

La ciudad del Cusco, no es la excepción. Al contrario, debe ser una de las ciudades que más cadáveres urbanos tiene y que, año a año agrega más a su larga lista.

• En la década de los 80´s el grupo León Rupp adquirió una céntrica propiedad, a tres cuadras de la Plaza de Armas, para instalar un hotel más de su cadena. La quiebra de ese grupo y la desgracia de León Rupp convirtieron esa instalación en el primer cadáver urbano del Cusco. Hoy, 40 años después, la edificación a medio construir y los fierros corroídos siguen ahí yacentes, en manos de otro grupo económico, afeando el paisaje urbano.
• A finales de los 90s, la Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco concesionó el Hotel de Turistas del Cusco, la mejor instalación hotelera de la ciudad a una subsidiaria del grupo Consettur, el monopolio que controla el ascenso vehicular a Machupicchu. Más de dos décadas después ese hotel no existe, sus instalaciones han sido destruidas y sus ambientes del primer nivel, en el mejor de los casos sirven para fiestas informales o ferias de poca monta. La ambición de empresarios sin conocimientos hoteleros de alta gama y la incapacidad de funcionarios locales y alcaldes, exhiben este otro cadáver urbano a una cuadra de la Plaza de Armas.

Este siglo, dos proyectos se vislumbraban como señales alentadoras de las inversiones en la ciudad. Un hotel que iba a ser operado bajo la marca de la cadena Sheraton, en la Calle Saphy y un Centro Comercial del grupo Aventura Mall en las áreas no utilizadas de la Estación Ferroviaria de Wanchaq, en el borde sur del Centro Histórico de la ciudad. La impericia de los constructores del primer proyecto los llevó a un entredicho con las autoridades culturales y municipales, que no se resuelve hasta el día de hoy, ni modificando el proyecto, ni demoliendo lo edificado. La construcción, a medias, yace cubierta por arpilleras a dos cuadras de la Plaza de Armas de la ciudad.

Durante el Gobierno de Ollanta Humala, el primer abanderado de la izquierda nacional de este Siglo, se demolió el centenario Hospital Antonio Lorena, para edificar en su lugar uno nuevo. La obra fue encomendada a una de las empresas patrocinadas por Lula desde el Cartel de Sao Paolo, la Constructora OAS, cuyos ejecutivos han declarado ante los jueces que pagaron coimas a las autoridades del partido de Humala para recibir la obra. La construcción quedó a medias desde el 2015 y hoy es un esperpento urbano que ninguno de los gobernadores regionales que han sucedido ha tenido la capacidad de resolver. Los pacientes de ese hospital, llamado “Hospital de los Pobres”, se atienden en unas barracas provisionales, esperando que algún día el Hospital vuelva a atender.

En las últimas gestiones descentralizadas, la Municipalidad del Cusco, sin razón ni sentido de prioridad, desmanteló la centenaria Avenida Pardo para remodelarla. El alcalde Boluarte, apreciado amigo, pero mal gestor, ya se fue y dejó la obra inconclusa, estrangulando la circulación en el centro de la ciudad que tenía a esa Avenida como un paso obligado.

El Gobernador Regional Benavente, tan cercano a Vizcarra, Sagasti y Castillo, rápido en felicitar la elección del corrupto sindicalista de Chota, terminó su gestión dejando paralizada, ralentizada por lo menos, la Vía Expresa que conduce al Aeropuerto de la ciudad. Dejó el cadáver urbano en la entrada de la ciudad, para que los visitantes y turistas sean testigos de la inepcia estatal regional.

Lamentablemente, no son los únicos cadáveres que exhibe el Cusco.

El antiguo local del Festival de la Cerveza Cusqueña, tal vez el terreno más grande del centro de la ciudad, yace también allí inerte. Una mitad fue adquirida con visión y buen criterio por Ricardo Ruiz Caro para edificar el Museo del Tahuantinsuyo. Sus sucesores, encarpetaron el proyecto y el local está abandonado, para usos marginales. La otra mitad fue adquirida por una de las empresas del minero cusqueño Guido Del Castillo Echegaray. A su muerte, es un terreno más sin uso ni destino.

Machupicchu, la joya del turismo nacional, si sus autoridades, la burocracia cultural y los ciudadanos no cambian de actitud, puede ser el próximo cadáver regional, asesinado por mano propia. (Ver La muerte de Machupicchu en Lampadia).

Felizmente la Maravilla del Mundo se resiste a morir. Su majestuosidad aún opaca las vicisitudes que el turista pasa para llegar a visitarla, pero cada vez es más difícil esconder un modelo de gestión deficiente y un entorno que se precariza a diario.

El Aeropuerto Velasco Astete será el próximo cadáver urbano si se permite su cierre para entregar todo el monopolio del acceso aéreo a un solo operador en el nuevo Aeropuerto de Chinchero, que no tiene nuevas vías de acceso a la ciudad. Dejará de ser una alternativa para conectar el Cusco al mundo y será, como los otros cadáveres urbanos, un bodrio urbano lleno de locales públicos, testigo de la voracidad de burócratas y empresarios que lotizarán en mil pedazos el actual aeropuerto, dejarán algunas macetas para hacernos creer que lo convirtieron en un parque y desconectarán el Cusco del mundo, a vista y paciencia de todos.

Una ciudad que fabrica cadáveres urbanos no es un imperio (como creen muchos políticos e intelectuales cusqueños), es una ciudad sin futuro. Puede estar orgullosa hasta el hartazgo de su pasado, pero es una ciudad sin futuro e incluso, sin presente.

Felizmente, a diferencia de los cadáveres humanos que no resucitan, los cadáveres urbanos pueden convertirse en obras, oportunidades, empleos, inversiones, progreso y futuro si las autoridades no cobran coimas para resucitarlos, si los agitadores no los convierten en blanco de sus protestas y si los empresarios ven en ellas oportunidades para hacer negocios y generar oportunidades y no para el saqueo mercantilista que asfixia nuestro país, de Tacna a Tumbes.

El Cusco, mejor dicho, los cusqueños, que están prestos a celebrar su día jubilar, en lugar de entonar himnos y consignas, en lugar de danzar y beber, en lugar de protestar y oponerse, deberíamos reflexionar cómo es que nos estamos convirtiendo en el más grande cementerio urbano del país y qué debemos hacer para cambiar. Este me parece el mejor homenaje a la ciudad. Lampadia

Por: Consejo Privado de Competitividad
Perú21, 8 de Junio del 2023

Perú necesita acelerar el cierre de brechas de acceso y calidad de servicios, según informe de CPC. Aseguran que se ha reducido el número de adjudicaciones bajo Asociaciones Público Privada.

Si bien en el Perú el 89% de hogares cuenta con el servicio de agua (con datos al año 2022), solo un 51.6% lo tiene durante las 24 horas del día, reveló el Informe de Competitividad 2023 – 2024 publicado por el Consejo Privado de la Competitividad (CPC).

En ese sentido, explicó que para alcanzar a los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “se requiere invertir 24.2% más que la inversión estimada para infraestructura de acceso básico de agua y saneamiento”.

“Hay necesidad de acelerar el cierre de brechas de acceso y calidad de servicios públicos de forma integral. No obstante, el desembolso público no muestra un crecimiento elevado que se esperaría frente a las amplias brechas existentes”, se lee en el documento.

El informe también reveló que se observa que se ha ralentizado la adjudicación de Asociaciones Público Privadas (APP). Por este motivo, entre 2007 y 2011 el promedio de licitaciones bajo esta modalidad alcanzó los US$1,601 millones, pero entre 2018 y 2022 apenas fue de US$145 millones. “De hecho, el total de proyectos adjudicados también se redujo en ambos periodos pasando de 35 a solo 10″, añadió.

Por otro lado, precisó que, “entre los múltiples desafíos a los que actualmente se enfrenta el gobierno destaca la conflictividad social, que viene registrando una tendencia creciente en los últimos años”.

Este aumento, precisó, es consecuencia de la “deficiente” gestión y manejo de estos problemas.

“Las regiones con menores niveles de servicios en aspectos relacionados con conectividad, salud, educación e instituciones se asocian con un mayor nivel de conflictividad social”, resaltó y destacó la necesidad de que el Estado cumpla un rol efectivo en la prevención.

Tenga en cuenta

Según el CPC, la productividad de una microempresa es el 5% de una gran empresa. En países con regímenes tributarios especiales es de 55.2%.

Asimismo, precisó que la situación económica se agrava con la crisis política que atraviesa el país.

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 5 de junio de 2023
Para Lampadia

¿Qué hicimos con las aguas sobrantes de la temporada de lluvias que acaba de pasar? Las dejamos correr y perderse en el mar. Eso es lo que hicimos. O sea, no hicimos nada. Las aguas de lluvias cayeron, discurrieron por quebradas y cauces, formaron huaicos que destruyeron pueblos y caminos, murieron personas y animales… Incluso, en marzo tuvimos el Ciclón Yaku. Un diluvio cayó sobre la Costa Norte.

Ahora… ya no llueve. En nuestro país, en junio nunca llueve. Estamos a inicios del estiaje 2023. Y no lloverá hasta diciembre, cuando empiecen nuevamente las lluvias de verano. Algo lloverá en octubre y noviembre, pero poco. Las escasas lluvias de primavera serán absorbidas íntegramente por los suelos resecos de la Sierra.

No obstante, a pesar de las lluvias abundantes que acabamos de tener, no guardamos ni una gota de agua para el estiaje. La Sierra y la Selva sufrirán mucho por los friajes y la falta de agua para riego. Y la Costa esperará sedienta y angustiada la bajada del agua nueva. Así es la naturaleza en nuestro país. Así es… todos los años, desde toda la vida. Sólo los que tenemos pozos o reservorios tendremos agua en el estiaje.

Aunque algunos digan lo contrario, nuestro balance hídrico es positivo. Pero, eso sí, estacional. Tenemos mucha agua en unos meses del año, y muy poca agua – o nada – en otros.

Sin embargo, la cantidad de agua de lluvias que Dios nos regala todos los años, supera con creces las necesidades de agua de la población para todo el año, más la demanda de agua de todas las actividades agropecuarias, productivas, urbanas, ambientales, y demás.

Tenemos agua, mucha agua, agua de sobra. El Perú es uno de los países con más agua a nivel mundial. En materia hídrica, somos un prodigio de la naturaleza.

Sin embargo, muchos agricultores y ganaderos sufren mucho por falta de agua en los estiajes. Y millones de compatriotas no tienen agua potable en sus viviendas.

La pregunta entonces es: ¿si llueve tanto en los veranos, por qué no construimos reservorios en la Sierra – y plantamos bosques y pastizales – para guardar parte de esas aguas abundantes, y disponer de ellas en los estiajes? Y de paso, evitamos huaicos e inundaciones.

Más aún

¿por qué no infiltramos los acuíferos con las aguas sobrantes de las avenidas?
¿Por qué no tratamos las aguas servidas de los pueblos – me refiero a los desagües – y las volvemos aptas para su reutilización, al menos en la agricultura?

En síntesis, el problema del agua en nuestro país es un problema de gestión del recurso. No es un problema de falta de agua.

Bueno pues, en vez de identificar la verdadera causa del problema, hay personas ideologizadas – políticos, académicos, periodistas, dirigentes, etc. – que atribuyen la falta de agua a las empresas agrarias “que se la llevan toda, y dejan sedienta a la población”.

¿Por qué no mencionan palabra alguna acerca del fracaso estrepitoso de las empresas municipales de agua y saneamiento, ni de la corrupción e inoperancia de estas? Su silencio los delata. Claramente, hay muchos opinólogos – que fungen de adalides del agua – que no se atreven a desenmascarar al Estado por su pésima gestión del agua.

Incluso, de parte del Estado hay una obsesión recurrente por declarar en emergencia todo lo que tenga que ver con el agua, tanto por exceso como por defecto. Emergencias por lluvias y emergencias por sequía. Pero, eso sí, no se hace nada al respecto, más allá de las declaratorias de emergencia publicadas en el diario oficial El Peruano. ¡Cómo si un papel con tinta fuera a resolver un problema hídrico!

Seamos sinceros. Nuestro país tiene bastante agua dulce, y muchas veces, demasiada. El problema es que nuestro Estado es inoperante. Y para graficar mejor la inoperancia del Estado en cuanto a la gestión del agua para uso poblacional

¿acaso nuestros hermanos charapas en Iquitos, no padecen de falta de agua potable en sus viviendas, a pesar de estar rodeados de agua dulce por todos lados?

Repito y concluyo. En el Perú tenemos mucha agua… gracias a Dios. Lamentablemente, también tenemos muchos opinólogos ideologizados que no se atreven a decir que tenemos un Estado deshonesto e inoperante, que no sabe cómo gestionar bien el agua que tenemos. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Si me preguntaran cuáles fueron los principales errores económicos del gobierno de Alberto Fujimori, yo diría inmediatamente:

1. No haber privatizado PetroPerú y 
2. No haber privatizado la gestión de los servicios de agua y desagüe a nivel nacional.

Nos ocuparemos del primero.

La explicación salta a la vista, más allá de lo narrado tan claramente por Carlos Paredes Lanatta, en su libro La tragedia de las empresas sin dueño. Hoy, tres años después del término de su gestión, encontramos que se continúan profundizando los errores, las “metidas de pata” y muchas “metidas de mano”, especialmente durante el período de 16 meses de Castillo en la presidencia.

Lo inevitable viene siendo soportar no solo la pesada carga de una mala gestión, sino de una muy mala inversión, tal como el “proyecto de modernización de la refinaría de Talara”, así llamado por el gobierno de Humala y promovido por Humberto Campodónico, para engañar a toda la ciudadanía del Perú.

Un proyecto que ha demandado US$6 mil millones, pues claramente se trató de una nueva refinería y no de una modernización para desulfurar los combustibles, tal como se hizo en la refinería de La Pampilla con una inversión de US$800 millones.

Los resultados de la mala gestión del Estado en las empresas públicas, saltan a la vista. Tras los retrasos y sobrecostos de un proyecto a todas luces innecesario y no rentable, hoy tenemos una empresa pública descapitalizada, a pesar que ha sido necesario que el fisco le inyecte S/ 4,000 millones de capital y le preste US$ 500 millones. No obstante, sigue con dificultades financieras, y sus problemas de liquidez y solvencia, sólo se superan porque los que pagamos impuestos debemos sufragar los errores de sus gestores. Debemos recordar, que hemos construido una refinería en un país que no tiene reservas de petróleo y no ha fomentado las exploraciones requeridas para alimentar la refinería.

Debemos recordar también, que PetroPerú tiene a su cargo el Oleoducto Norperuano (ONP), infraestructura crítica para justificar exploraciones en la selva, y que a lo largo de más de medio siglo de existencia, no ha recibido el mantenimiento adecuado, no se han hecho las mejoras tecnológicas que permitan un ONP eficiente a costos competitivos, y que es permanentemente atacado por los moradores de las zonas que recorre.

Dicho eso, debemos tener presente que PetroPerú tendrá que invertir aproximadamente US$ 1,500 millones en mantener el ONP y modernizarlo.

En su defecto, deberá ejecutar el plan de cierre de su operación, lo que significa un monto similar, esto es US$ 1,500 millones para desmontar y remediar completamente las áreas impactadas que hoy ocupa, eliminando cualquier pasivo ambiental, incluyendo los residuos de los derrames producidos por propios o extraños. Eso sí, si se opta por esta última alternativa, ya no habrá forma de convocar nuevas inversiones en exploración en la región.

No debemos olvidar, que PetroPerú es una empresa sobreendeudada por construir un elefante blanco como Talara, al que se le está permitiendo operar por 18 meses sin contar con todos los permisos (como a ninguna empresa en el mundo). Que tiene una gran deuda que honrar, y que enfrenta el dilema de modernizar o retirar el ONP y, en estas circunstancias, hay en el país quienes quieren cargarle más problemas.

Ahora resulta que un grupo de iluminados de Perú Libre y Bloque Magisterial (gente que por supuesto jamás ha hecho empresa, ni ha asumido responsabilidades empresariales), quiere que PetroPerú entre a un proceso de “integración vertical”, y para eso se está entrometiendo en la gestión de Perupetro y los procesos de licitación de los lotes cuyos contratos están venciendo.

Independientemente de que, este es un cambio de rumbo estatizante de la actividad petrolera, operar campos petroleros es una actividad de riesgo que requiere experiencia profesional de técnicos y organización, con los que PetroPerú no cuenta desde hace décadas. No los tiene para los lotes de la selva, mucho menos para explotar pozos en plataformas marinas. Es seguro, que PetroPerú requerirá de nuestros impuestos para solventar los déficits que se seguirán generando. Lo más grave, es que el Estado peruano, lejos de destinar nuestros impuestos a cumplir su rol fundamental de atender a las poblaciones más necesitadas en educación, salud y seguridad, los “licuará” en una aventura empresarial de riesgo, claramente no controlado.

La evidencia empírica nos muestra que el Estado, además de estar infiltrado por la corrupción, actúa con gran ineficiencia, y por eso los resultados económicos que reportan sus empresas, han traído como consecuencia una seria rebaja de su calificación de riesgo, a pesar de contar con el respaldo implícito del Estado peruano.

Lo que preocupa más, es que la gente pensante del gobierno (técnicos del MEF), entiende que PetroPerú no debe embarcarse en esta mala aventura, pero hay gente en otro sector del ejecutivo que, en contra de la opinión del MEF, está “empujando” la idea de tal integración vertical. No sólo eso, sino que, en el Congreso, particularmente algunos niños de AP (cuya bancada preside la Comisión de Energía y Minas), está jugando todas sus cartas para lograr este despropósito, y nadie lo está deteniendo.

Ya nos “pasaron por la huacha” la elección del Defensor del Pueblo (ahora le han puesto la puntería al Procurador General del Estado), han negociado a nuestras espaldas dejar sin efecto la censura de cuatro “niños” de Acción Popular (coincidentemente impulsores del despropósito petrolero), están destruyendo el mercado energético manipulando la ley de electricidad, y ahora, quieren embarcarnos en un tremendo despropósito empresarial en PetroPerú.

Me parece que aquí hay un juego peligroso entre el ejecutivo y el congreso, y que debemos levantar nuestra voz de protesta para detenerlo. Si esto continúa así, no habrá forma de financiar sanamente las tareas fundamentales del Estado, y los más pobres sufrirán las consecuencias, pues mientras tanto, seguiremos generando un déficit fiscal muy difícil de controlar y que compromete nuestra estabilidad futura y el control de la inflación, que es el impuesto a los más pobres.

Estamos advertidos, gallina que come huevo, aunque le quemen el pico. Lampadia

POR CONSUMOS DE PERSONAS NATURALES

El estudio de Juan Carlos Odar que presentamos líneas abajo, analiza y sustenta el impacto previsional y fiscal de la eventual devolución de parte de los pagos por IGV que efectúan los ciudadanos por sus consumos, según la propuesta que Lampadia ha venido difundiendo.

El estudio muestra que una devolución uniforme a todos los segmentos de la población no favorece tasas de reemplazo adecuadas para los informales de menores recursos y conlleva un costo fiscal que dificultaría su adopción.

Pero, si se establecen mayores porcentajes de devolución del IGV para dichos segmentos y menores devoluciones a los trabajadores formales, que ya tienen mecanismos de acumulación de aportes pensionarios, se logran mejores tasas de reemplazo y hasta una mayor recaudación fiscal.

Pablo Bustamante Pardo,
Director de Lampadia

Juan Carlos Odar Zagaceta
Economista y director de Phase Consultores
Para Lampadia

La presente nota evalúa el impacto de asignar una fracción de las cargas por IGV que enfrentan las personas naturales como parte del precio que pagan por los bienes y servicios adquiridos a un fondo individual que opere de manera similar a los fondos administrados por las AFP, y les sea devuelta bajo la forma de pensiones mensuales después de cumplir 65 años, incluyendo la rentabilidad generada. El análisis se realizará por quintiles para el año 2019 debido a que es el año más reciente no distorsionado por la pandemia.

Cruzando información de distintas fuentes, como Banco Mundial, INEI y Grade, calculamos los montos de IGV que paga un consumidor representativo según quintil de ingreso y condición de informalidad, lo que se presenta en el Cuadro 1.

Cuadro 1.
IGV Mensual Estimado según Quintil de Ingreso y Condición de Informalidad (S/)

Fuente: Estimaciones propias sobre reporte de Banco Mundial INEI y Grade

A continuación, se ha supuesto que del IGV aportado mensualmente, se destina 5/18 con fin previsional a un fondo administrado de manera similar a los fondos previsionales actualmente gestionados por las AFP. Se ha supuesto además que la gestión genera una rentabilidad anual promedio del 5% y que la misma se mantiene a lo largo de distintos horizontes, los que dependerán de la edad actual del trabajador. Para facilitar la comparación intertemporal, se ha considerado todo el ejercicio en términos reales (en soles de 2019).

Según lo estimado, las tasas de reemplazo más altas corresponden, como era previsible, al sector formal. Dentro de este grupo, las más altas serían las de los trabajadores de menores ingresos y podrían alcanzar, tras 50 años de aporte a este sistema, una tasa de reemplazo superior al 160% por los 5 puntos del IGV asignado con fines previsionales, tal como se aprecia en el Gráfico 1. Para las personas en el mayor quintil de ingresos formales, su tasa de reemplazo por los 5 puntos de IGV en el mismo horizonte apenas bordearía el 53%.

Sin embargo, las tasas de reemplazo para las personas en condición de informalidad son sustancialmente menores independientemente de en qué quintil se ubiquen. Además, en este caso se encuentra que las tasas de reemplazo correspondientes al quintil de menor ingreso son las menores de todas: bordean el 20% por cada 5 puntos de IGV tras 50 años de contribución al fondo financiado con IGV (ver Gráfico 2). Cabe destacar que el quintil informal de mayor ingreso termina en una situación ligeramente superior, mientras que los segmentos más favorecidos son el tercer y el cuarto quintil.

Gráfico 1. Tasa de Reemplazo Estimada por 5 Puntos de IGV, Trabajadores Formales
(% del Ingreso en cada caso)

Fuente: Estimaciones Propias

Gráfico 2. Tasa de Reemplazo Estimada por 5 Puntos de IGV, Trabajadores Informales (% del Ingreso en cada caso)

Fuente: Estimaciones Propias

Consideremos ahora que la propuesta que se planteará busca mejorar la situación en la vejez de las personas que en la actualidad están iniciando o están por iniciar su vida laboral ya que ése es el grupo que podría verse más favorecido por las devoluciones de parte del IGV aplicado a sus consumos. De esa manera, centraremos el análisis en el grupo de personas que podrían aportar por 50 años, iniciando este esquema de ahorro al momento en que cumplen 18 años.

Los trabajadores formales del Quintil 1 podrían obtener, con una rentabilidad promedio de 5% anual, una tasa de reemplazo equivalente a casi 165% de su ingreso por cada 5 puntos del IGV de sus compras utilizados con fines previsionales. Esta tasa de reemplazo sería decreciente con el nivel de ingreso hasta llegar a 52.9% para las personas en situación formal que se ubiquen en el quintil superior.

En el caso de las personas en condición de informalidad, la tasa de reemplazo por 5 puntos de IGV en el mismo horizonte de 50 años bordea el 20% en los quintiles 1 y 5, con resultados algo superiores al 30% para las personas que se encuentren en la parte media de la distribución (ver Gráfico 3).

Gráfico 3. Tasa de Reemplazo Estimada por 5 Puntos de IGV para Aportantes por 50 Años
(% del Ingreso en cada caso)

Fuente: Estimaciones Propias

De lo anterior se concluye que la propuesta puede ayudar a construir pensiones para quienes se ubiquen en el sector formal, favoreciendo sobre todo a quienes en este segmento cuenten con menores ingresos. Ésta es una conclusión importante que muestra el potente efecto que la formalización puede tener para la construcción de ahorro previsional. Por supuesto, éste sería el efecto máximo, ya que las personas que ya han empezado su vida laboral o han superado los 18 años de edad no alcanzarían las tasas estimadas.

Gráfico 4. Tasa de Reemplazo Estimada Tras Efecto Formalización para Aportantes por 50 Años
con rentabilidad de 5% anual (Por cada 5/18 del IGV pagado, % del Ingreso en cada caso)

Fuente: Estimaciones Propias

Sin embargo, este análisis no considera el impacto de los incentivos. En particular, asumamos que el atractivo para formalizarse es creciente con el nivel de ingreso, lo que nos lleva a establecer el supuesto de que mientras en el quintil 1 solo una de cada diez personas encuentra incentivo a pedir boleta por sus consumos, en el quintil 1 esta proporción llega a una de cada dos. ¿Cómo afectan los incentivos a las estimaciones anteriores de tasa de reemplazo? Como se aprecia en el Gráfico 4, que toma el caso de los aportantes por 50 años, las tasas de reemplazo aumentarían de manera significativa para el quintil de menor ingreso que salte del sector informal al formal, lo que evidencia el doble impacto positivo en la economía de esta medida: promoción de la formalización y mejora de la situación previsional para las personas de menores ingresos, especialmente en los jóvenes.

De lo visto anteriormente, los informales de menores ingresos mantienen -a pesar de la mejora- una tasa de reemplazo particularmente baja, de manera que una propuesta que apunte a mejorar la provisión de pensiones para las personas de menores ingresos no puede basarse en un esquema de redistribución homogéneo, sino que el mismo debe establecerse de manera focalizada. Así, plantearemos -considerando que el quintil de mayores ingresos formal cuenta ya mayoritariamente con ahorro previsional- que con fines previsionales se destinen los siguientes montos de sus pagos por IGV:

– 10/18 a los informales del quintil 1.
– 8/18 al resto de informales.
– 3/18 a quienes se ubican en el quintil 1 y formalizan sus consumos debido a que pasan a solicitar comprobantes de pago.
– 2/18 a las personas que se formalizan y se ubican en otros quintiles.
– 1/18 a los formales de todos los quintiles.

Cuadro 2. Comparación de la Tasa de Reemplazo asignando 5 puntos del IGV de manera generalizada frente a alternativa usando tasas diferenciadas

Fuente: Estimaciones propias

Los resultados de dicha asignación se presentan en el Cuadro 2. En el esquema diferenciado propuesto, lo que se busca es obtener tasas de reemplazo similares entre quienes ya se encuentren actualmente en situación de formalidad y quienes pasen a dicha situación como consecuencia de la implementación de esta propuesta. Asimismo, si bien se obtienen tasas de reemplazo comparativamente bajas entre las personas que se ubican en el quintil de mayores ingresos, justamente ellas tienen una mayor probabilidad de tener otras fuentes de ahorro, incluso si se mantienen en situación de informalidad.

Cuadro 3. Comparación de los costos fiscales de asignar parte del IGV con fines previsionales
(Millones de Soles)

Fuente: Estimaciones propias

En esta propuesta, ¿cuál sería el costo fiscal? Para ello, debemos indicar que hay un efecto indirecto sobre la recaudación que hasta ahora no hemos considerado, que se refiere a que una mejora en la recaudación del IGV puede llevar a una mejora en la recaudación del impuesto a la renta de tercera categoría al generar una mayor presión para que las empresas formalicen sus ventas.

Nuestra estimación es que por S/ 1 adicional de IGV se puede recaudar adicionalmente S/ 0.30 por concepto de impuesto a la renta.

Considerando que la formalización generará una mejora en la recaudación tanto de IGV como de Impuesto a la Renta y que focalizar la transferencia sobre todo en el sector informal reducirá el costo de la medida al tiempo que la hará progresiva, mostramos en el Cuadro 3 una comparación de los costos aplicando la devolución de manera generalizada (panel superior) frente a la del esquema presentado en el Cuadro 2 (panel inferior).

En este último esquema, la reforma no solo es financiada por todos los demás quintiles en favor del quintil 1 sino que adicionalmente deja un saldo fiscal anual positivo de alrededor de S/ 637 millones. Este superávit incluso resulta mayor si se considera que más de 600,000 personas que forman parte de los informales en el quintil 1 ya son actualmente beneficiarios del programa Pensión 65, por lo que la estimación de la tasa de reemplazo para este segmento debería considerar que la devolución de los pagos por IGV sería menor a la aquí presentada ya que solamente sería complementaria a la pensión que aquellas personas reciban por dicho programa.

Asimismo, en la medida que la economía crezca y la tasa de formalización aumente a nivel nacional, la capacidad de consumo tendería a crecer, lo que incrementaría los aportes mensuales, que rentabilizados aumentarían la tasa de reemplazo aquí calculada. Por otro lado, es posible que haya negocios que actualmente sean formales, pero realicen sub-declaraciones de sus ingresos, lo que tendería a reducirse conforme sea más generalizada la práctica de solicitar boleta o comprobante de pago.

Presentado todo lo anterior, el análisis se puede afinar en varios sentidos. Por ejemplo, se ha supuesto que:

• El perfil de gasto se mantiene a lo largo de todo el horizonte de vida a pesar de que típicamente los trabajadores tienen un perfil de ingreso que mejora consistentemente hasta alrededor de la mitad de la vida laboral, momento desde el cual empieza a decrecer. Este inconveniente se puede salvar si se tiene en cuenta que el consumo suele ser más estable a lo largo del tiempo que el ingreso y que el IGV es finalmente una proporción del consumo.
• Asimismo, supone que los precios y los niveles de informalidad son similares en todo el país; por no ser así, es probable que el perfil resultante aplicando una corrección en este sentido lleve a una mejora mayor para las personas de más altos ingresos en las ciudades más grandes del país, quienes probablemente a la fecha ya estén realizando ahorros con fin previsional.

Pese a ello, las cifras presentadas dan inicio a una primera discusión sobre el tema planteado incluyendo efectos redistributivos intertemporales.

Finalmente, consideremos que volver a una tasa universal de IGV aumentaría el potencial recaudador. Si bien esto generaría un salto inicial en el nivel de precios, sobre todo de alimentos, para compensarlo la medida debería ser complementada con un bono para las personas de menor ingreso. Acotando este bono solo para quienes trabajen de manera formal, se alinearían los incentivos para mejorar tanto la recaudación como el ahorro con fin previsional. Lampadia

Con estructuras rígidas

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Maite Vizcarra cita en El Comercio (25/05/23) una investigación titulada “Desigualdad de generación en generación, Estados Unidos en comparación” por Miles Corak de la Universidad de Ottawa e IZA, que revela que “en las antípodas de la inequidad intergeneracional están, en un extremo –el del mejor resultado– países nórdicos como Noruega; mientras que, en el otro extremo –es decir, el país en el que es más difícil avanzar de forma intergeneracional– está, tristemente, el Perú”.

Lo que quiere decir que “mientras que en Noruega una persona que nació en un hogar con determinadas características sociales puede moverse en bienestar a otros niveles sociales con una gran facilidad, en el Perú sí está condenada a seguir el derrotero de sus predecesores generacionales”. Según esto, en el Perú “los niños ricos están predestinados a crecer y convertirse en adultos privilegiados y los niños pobres a ser adultos con restricciones económicas”.

Habría que conocer la profundidad temporal del estudio, porque, a primera vista, no estaría reflejando el proceso de crecimiento acelerado de la clase media ocurrido en nuestro país en las últimas tres décadas, aunque interrumpido relativamente, es verdad, ya desde algunos años.

Precisamente un reciente informe de The Economist, “¿Qué tan bien provee su país a sus ciudadanos?”, basado en un índice global publicado el 24 de mayo por Social Progress Imperative, coloca al Perú en el puesto 60 de 170 en un ranking que mide cómo la prosperidad se traduce en bienestar, qué ciudadanos de qué países están prosperando y cuáles languidecen, dónde están progresando las personas y dónde están retrocediendo, entre los años 1990 y 2020.

Es claro, sin embargo, que, pese a que hemos tenido un crecimiento importante de una clase media emergente, ese ascenso tiene un límite. Y ese límite está dado efectivamente por unas “estructuras sociales rígidas” que impiden progresar más allá de cierto punto.

Las más importantes son dos.

• La primera es el enorme costo de la formalidad, que condena al 76% de los peruanos a la informalidad, que es una escalera que se queda sin peldaños rápidamente porque no es posible crecer más allá cierto punto en la informalidad, salvo que se pase a la ilegalidad, a la criminalidad organizada. Hace falta una reforma profunda de la formalidad, pero nadie toma el toro por las astas por temores políticos. El tema es un tabú.

Una prueba clarísima de esta situación es la estructura del tamaño de las empresas según número de trabajadores. Debería ser una pirámide: más trabajadores en las empresas chicas, un número algo menor en las medianas y la menor cantidad de trabajadores en las empresas más grandes, que son relativamente pocas. Pero, como podemos ver en el siguiente cuadro, lo que tenemos en nuestro país no es una pirámide sino un reloj de arena: gran cantidad de personas en la micro y pequeña empresa, y la menor cantidad en la mediana empresa. Lo que significa que a las micro y pequeñas empresas les es muy difícil crecer. Se quedan en ese tamaño. Hay muy poca mediana empresa en el Perú.

• Y la segunda estructura rígida es, por supuesto, la pésima calidad de los servicios públicos, particularmente de la educación y la salud. No tenemos que abundar en esto. Los aprendizajes fueron mejorando en alguna medida, pero luego de la pandemia se vinieron abajo. El porcentaje de alumnos que comprenden lo que leen o pueden resolver problemas matemáticos, es muy bajo. Así la movilidad intergeneracional se dificulta.

Aquí hay dos problemas.

El primero, la ofensiva de algunos sectores magisteriales para anular la carrera magisterial, que debe ser meritocrática, y la tendencia de los gobiernos a dar aumentos generales -no meritocráticos- en lugar de que se obtengan por ascenso en la carrera.

Y, el segundo, la gestión de los gobiernos regionales, que no ha funcionado.

Es hora de pensar en una autoridad nacional autónoma conformada por profesionales altamente calificados y protegidos de los vaivenes de la política, que se haga cargo de la educación nacional. Lampadia

Jaime Spak
Para Lampadia

En el año 1952 el genial artista mexicano Mario Moreno “Cantinflas“ protagonizó una hilarante película que se titulaba “Si yo Fuera Diputado”.

En esta película hace el papel de un peluquero de barrio que se preocupa por los problemas de su vecindario y es tan hábil para defender varios casos de gente modesta que al final se lanza y sale elegido diputado.

No tenía estudios universitarios, pero si una gran emoción social. Al fin y al cabo, era una ficción.

Haciendo una comparación con el título de este artículo, nos preguntamos:

¿Por qué tantos peruanos quieren ser presidentes?

En el año 1963 hubo solo 4 candidatos, y de allí fueron aumentando, hasta que en el año 2021 se presentaron 18 candidatos.

¿Que tendrán en su mente los que desean ser presidentes?

Lo primero que deben de entender es que son elegidos para administrar el país.

Un primer prerrequisito debería ser experiencia en administrar la cosa privada o pública.

Un buen presidente es el que logra que su equipo trabaje de manera sostenida y el tenga la capacidad de supervisar el trabajo.

Para ser presidente el candidato debe contar en su equipo unas 500 personas honestas para puestos de confianza.

El problema más álgido de los que salen elegidos es que se suben al coche personas inadecuadas, que en su gran mayoría acaban siendo acusados de corrupción.

Entre el año 2006 al 2021 se postularon para presidente 58 personas.

En la última elección salió elegido un candidato totalmente incompetente.

Para colmo, una vez elegido Castillo dijo en una entrevista: “estoy empezando a aprender como gobernar”.

Ya con esa afirmación presagiábamos que su gobierno iba a ser desastroso.

¿Como es posible que una persona que no tiene idea de gobernar un país se lance de candidato?

Vuelvo a preguntar: ¿para qué quieren ser presidentes?

Es una función muy complicada que requiere un trabajo 24/7.

Pero si además de ser un inútil para la cosa pública, se dedica a saquear el erario con ayuda de su esposa, hijos, cuñados, amigotes y hasta delincuentes, entonces el peligro de un gobierno catastrófico es inminente.

Que deberíamos de exigir a los próximos candidatos que se lancen a la presidencia.

• Por lo menos un CV donde indique su experiencia en administración.
• Un plan de gobierno claro, en donde haga énfasis en su propuesta de crecimiento económico y lucha contra la pobreza.
• Que nos demuestre como hará para lograr un crecimiento de al menos 7% del PBI y una reducción de la pobreza de varios puntos anuales.
• Un examen de IQ.

Obviamente un IQ alto no nos garantiza un gobierno exitoso, basta ver los casos de Alan García en su primer gobierno y PPK en su corto gobierno.

El primero nos llevó a la hiperinflación y el segundo fue el autor pasivo de lo que vino después.

• Algo utópico sería un examen psicológico para ver sus fortalezas y debilidades, si es una persona equilibrada o si sufre de alguna patología que ponga en peligro la gobernabilidad.
• Si bien la edad mínima es 35 años, nunca deberíamos de elegir a una persona menor de 50 años, edad en la que ya puede dar un testimonio de vida y saber cómo se ha comportado frente a la sociedad.
• Una declaración jurada de lo que se propone.

El único candidato que dijo la verdad en su campaña fue Mario Vargas Llosa y fue aniquilado por la propaganda aprista en su contra.

Al salir elegido Fujimori, sin gente que lo respalde lo que hizo fue seguir la política que iba a implementar MVLL y obtuvo muchos logros en sus dos periodos.

¿Pero vuelvo a preguntar para que quieren ser presidentes?

Tendríamos que discernir entre quienes están deseosos del tremendo sacrificio que significa llevarnos por el camino de la prosperidad a los 33 millones de peruanos o seguir el camino de la prosperidad propia y de sus allegados.

Tenemos la urgencia de elegir en el año 2026 a un nuevo presidente y para ello debemos de ser muy exigentes.

No es posible que el Perú tenga el lamentable récord de tres presidentes encarcelados.

Hay otros tres que están en procesos judiciales y por lo menos dos más serán sentenciados.

El poder más importante que tenemos en la actualidad es la prensa y la misión de ella es informar de la manera más objetiva todos los detalles de la vida de las personas que van a postular.

Un país que crece es un país con instituciones independientes y sólidas.

Es urgente que los partidos políticos se consoliden.

No más caudillos que se crean Cantinflas.

Hagamos de la política una palabra que no esté relacionada con la corrupción, sino con el deber de trabajar por los demás.

Seamos muy severos con los próximos candidatos.

Necesitamos menos pobres en un país rico. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 30 de mayo de 2023
Para Lampadia

Ica – mi región – es de contrastes extremos. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) somos la región más próspera del Perú.

Lo acaba de dar a conocer en un informe muy comentado, acerca de la pobreza actual en nuestro país. Efectivamente, tenemos los menores niveles de pobreza. De acuerdo a los indicadores sociales del INEI, apenas el 5% de nuestra población es pobre. Además, somos la única región con pleno empleo.

Incluso, según el Índice de Competitividad Regional (INCORE) del Instituto Peruano de Economía (IPE), Ica lidera el ranking nacional en cuanto a empleo adecuado. O sea, no sólo no tenemos desempleo, sino que los empleos en Ica son los mejores, en cuanto a niveles salariales y condiciones laborales.

Por supuesto que en Ica existen los envidiosos de siempre que se niegan a reconocer dichos logros socioeconómicos. Por supuesto que también tenemos renegados como los anti mineros, y los que se refieren a las empresas agrarias como “agro explotadoras”, y los periodistas chantajistas que se venden para tapar corruptelas… Pero de esa gente no me voy a ocupar en el presente artículo. ¡Para qué gastar pólvora en gallinazos!

El tema del presente artículo es la verdadera pobreza de Ica. Esa pobreza que contrasta cruelmente – e injustificadamente – con la riqueza y prosperidad de la región.

Pues bien, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CNC) del Ministerio de Salud (MINSA), en lo que va del 2023, Ica registra el mayor número de muertes por Dengue a nivel nacional. ¡Una desgracia… propia de una región de pobreza extrema!

Ojo… en el 2018, prácticamente habíamos erradicado el Dengue en Ica. De 4,384 casos registrados en el 2017, bajamos a 127 casos en el 2018, y a 51 en el 2019, casi todos migrantes de otras regiones. Durante el 2018 y 2019 no tuvimos ninguna muerte por Dengue.

¿Qué pasó? ¿Cómo así pudimos erradicar una epidemia tan agresiva? Bueno pues, los 250 mil escolares del Ica lograron la hazaña. Lo que no se pudo lograr desde el Sector Salud, se logró con la extraordinaria participación del Sector Educación.

Una nota previa. Las consabidas fumigaciones casa por casa no funcionan. Pues resulta que no todas las casas se pueden fumigar. En primer lugar, porque la fumigación implica evacuar las viviendas por un lapso de 2 horas o más. El insecticida que se utiliza es altamente tóxico para los humanos. Hay viviendas donde puede haber recién nacidos, ancianos o personas discapacitadas que no pueden salir a la intemperie para dar paso a los fumigadores. Sobre todo, porque las fumigaciones suelen hacerse en horas de la madrugada. Consecuentemente, había que ir por otra vía… la de los escolares.

En aquel 2018, los escolares de Ica – niños y adolescentes de entre 4 y 17 años – fueron entrenados y motivados para ir a sus casas, y a las casas de sus vecinos, y tapar y raspar todos los recipientes de agua donde los zancudos trasmisores del Dengue pudieran poner sus huevos y reproducirse. Incluso, debían recoger todas las tapas de botellas y envases que estuvieran boca arriba, todas las llantas y bandejas viejas donde se pudiera acumular agua de lluvias, etc.

En el caso de los floreros, debían cambiar el agua por arena húmeda. Y así – ahí sí – casa por casa, tienda por tienda, empresa por empresa, mercado por mercado, parque por parque, y cementerio por cementerio – gracias al heroico trabajo de 250 mil soldaditos escolares extraordinarios – no quedó un solo recipiente con agua destapado en todo Ica. Chau zancudos… chau Dengue. ¡Lo logramos! ¡Extraordinario!

¡Qué linda experiencia la que vivimos aquel extraordinario 2018 en Ica!

Para la campaña, los niños hicieron poesía, música, danza, teatro, cuentos, marchas, disfraces, slogans… todo alusivo a la lucha contra el Dengue. ¡Una fiesta! ¡Y eliminaron el Dengue! Ica le debe mucho a esos niños y adolescentes extraordinarios. ¡Héroes de verdad!

El problema es que todo lo logrado se vino abajo con la llegada de Javier Gallegos al Gobierno Regional, en enero de 2019.

En vez de insistir y persistir en la lucha contra el Dengue con el apoyo de los escolares, Gallegos destituyó a todos los directores de la gestión regional anterior, y se puso a vender los puestos directivos – al mejor postor – en todas las dependencias del gobierno regional, incluidas las de salud y educación.

Hoy – repito – gracias a la inoperancia de un ex gobernador regional corrupto e indolente, Ica está infestada nuevamente de Dengue. Al extremo que ostenta el mayor número de muertes por dicha enfermedad a nivel nacional. ¡Oh corrupción… cuánta crueldad, cuánto sufrimiento, cuánta muerte has traído a Ica!

El contraste extremo que existe entre la riqueza y pobreza de Ica es el mismo que existe entre la integridad y esfuerzo de nuestra población civil, y la corrupción y bajeza moral de nuestros funcionarios públicos… salvo muy contadas y honrosísimas excepciones.

¿Cómo así, una región que se precia de ser la más próspera en materia económica y laboral, puede llegar a ser la peor en materia de salud pública y corrupción estatal? ¡Ese es el contraste extremo de Ica!

Sin embargo, nada podrá borrar la heroica gesta de los escolares iqueños en la lucha contra el Dengue en aquel entonces. Efectivamente, el Dengue en Ica fue cosa de niños… de niños extraordinarios. Lampadia

Por: César Campos Rodríguez
Expreso, 28 de Mayo del 2023

Como todo incidente que afecta la vida cotidiana de cualquier persona, el hundimiento del terreno donde se ubica el centro poblado de Peralvillo, Huaral (a 80 km norte de Lima), el cual provocó daños de consideración a 18 viviendas, conmueve y genera pedidos de explicaciones.

En principio, la responsabilidad ha sido atribuida a la empresa de mayoritario capital chino Qosqo Chipping Port, quien tiene a su cargo la construcción del megapuerto de Chancay y desarrolla trabajos de excavación en la zona. De inmediato, esa compañía tomó a su cargo la atención de las familias afectadas y las reubicó en edificios aledaños con una infraestructura ciertamente superior a la de las casas que habitaban, dotándolas también de los recursos necesarios para su subsistencia.

Sin embargo, valga decir que el origen de lo ocurrido no tiene aún confirmación. Voceros de QChP señalan que han solicitado un informe a peritos del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros. Buscan determinar con certeza si la ejecución de obras eludió cumplir los protocolos previstos o si la peculiar geología del área acarreó tan funesta consecuencia. Una solicitud válida en un país donde la gran mayoría de centros poblados y asentamientos humanos nacen de espaldas al más elemental de los estudios de suelo y bajo el amparo de nuestra arraigada informalidad.

El punto resulta esencial porque -era de esperarse- voces contrarias a la construcción del megapuerto se alzan estentóreas pretendiendo el eco suficiente para detenerla. Muy difícil lograrlo cuando el avance ya tiene indicadores significativos y su inauguración está prevista para el segundo semestre del próximo año.

Dichas voces tienen signos de interés de diversa índole. El que más resalta sin duda alguna se gesta en Chile, país cuya clase política y empresarial mira con preocupación nuestro lento, desordenado pero efectivo desarrollo en rubros donde solía ganarnos por varios cuerpos. La minería y en particular la producción cuprífera, es un ejemplo. El otro son precisamente los puertos.

Personalidades relevantes de nuestro vecino sureño hace tiempo vienen anticipando cómo afectará Chancay el flujo comercial de su nación y en especial los costos del transporte marítimo. El senador de Antofagasta Sebastián Velásquez, el presidente de la Liga Marítima de Chile Miguel Ángel Vergara, el gerente general del puerto Mapocho de San Antonio y otros, se han pronunciado con legítima angustia sobre el impacto que recae nuestra unidad portuaria en su esquema de desarrollo.

Mucho ojo peruano a ello. Chancay vuela y foráneos quieren cortarle las alas.

Por: Iván Arenas
Perú21, 26 de Mayo del 2023

“Además de la conflictividad político-ideológica desarrollada por un sector minoritario pero potente de peruanos que se oponen a la industria minera moderna, la permisología es el primer enemigo de las operaciones y proyectos mineros”.

Semanas atrás, en Canadá, en el marco del PDAC (encuentro más importante de países mineros), el ministro de Economía, Alex Contreras, sostuvo que su cartera preparaba un “shock para eliminar la “permisología minera”. No obstante de las buenas intenciones en el anuncio del titular del MEF, hasta el momento el Gobierno en pleno no ha presentado una propuesta al sector para eliminar o —en todo caso— reducir la enorme permisología que existe alrededor de la minería moderna.

Hoy, sin temor a equivocarme, además de la conflictividad político-ideológica desarrollada por un sector minoritario pero potente de peruanos que se oponen a la industria minera moderna, la permisología es el primer enemigo de las operaciones y proyectos mineros. No hay empresa minera que haya recibido algún permiso o licencia de acuerdo a los plazos que se establecen en la normativa nacional.

Por ejemplo, los grandes proyectos mineros greenfield en el Perú (proyectos desarrollados desde cero) necesitaron casi ¡500 permisos! amén que, como les decía líneas arriba, no se otorgan los permisos dentro del plazo establecido. En el caso de las exploraciones, vitales para el desarrollo de la industria, el plazo de entrega de un permiso o licencia es de ¡dos años en promedio y esto es! (pedir EIA para exploración es una reverenda exageración).

Ahora bien, eso no implica relajar en ningún momento los estándares ambientales, sociales o laborales tal como ya empezaron a decir los opositores a la minería moderna, sino todo lo contrario.

El Perú es todavía un país competitivo en minería debido entre otras cosas a los costos operacionales y a la bendita geología. Se estima que en Chile los costos operativos son 30% más que en nuestro país y la recuperación de inversión en el Perú tarda entre 5 a 6 años mientras que a nivel global es en promedio 28 años.

¿Eliminar o reducir la permisología es solo una necesidad económica? No, en absoluto. Es sobre todo una urgencia social en un país donde la pobreza y pobreza extrema han aumentado, sin embargo, no así en las zonas aledañas a las operaciones y proyectos mineros. En todo caso, la data oficial lo corrobora. De allí que el Gobierno, PCM y MEF deben presentar con urgencia medidas para reducir o eliminar de una vez por todas los permisos y trámites que hacen pesada a una industria que cumple todos los estándares globales a nivel social, laboral y ambiental.

Por: Anthony Laub
Perú21, 26 de Mayo del 2023

“El sector eléctrico ha funcionado bien desde que se liberalizó en 1992, basado en un modelo en el que los generadores de electricidad compiten por clientes ofreciendo un servicio confiable y competitivo. Pasamos de ser un país deficitario con un nivel de cobertura del 48% a un 95%. Brutal”.

No hay lonche gratis, pues siempre alguien paga la cuenta.

El sector eléctrico ha funcionado bien desde que se liberalizó en 1992, basado en un modelo en el que los generadores de electricidad compiten por clientes ofreciendo un servicio confiable y competitivo. Pasamos de ser un país deficitario con un nivel de cobertura del 48% a un 95%. Brutal.

Ese logro obedeció a inversiones de riesgo que realizó el sector privado y que se dinamizó con el gas de Camisea. El Perú tiene un parque generador excedentario (70% de reserva) con un mix de energía muy limpia: agua y gas natural. Del total de emisiones del país, solo el 6% lo produce la generación de electricidad. Casi impoluto.

Pese a ello, los promotores internacionales y nacionales de las energías renovables (solar y eólica), consiguieron que el Estado promueva esas tecnologías y les otorgó groseros subsidios que pagamos los usuarios y que exceden los S/6,000 millones. Ese dinero no está más en las manos de 30 millones de peruanos sino en los bolsillos de un puñado de “inversionistas”.

Esos promotores, luego dijeron que las renovables ya no requerían de ningún tipo de subsidio ni ayuda, pues hoy “son competitivas”.

Si esto es así, merecemos nos expliquen por qué entonces la Comisión de Energía del Congreso de la República acaba de aprobar un proyecto de Ley (impulsado por esos promotores y avalado por el Ministerio de Energía y Minas) que, justamente hace lo que nos dijeron que ya no era necesario: nuevos subsidios y privilegios que otras tecnologías (mejores) no tienen y que pagaremos los 30 millones que consumimos electricidad.

Unos pocos disfrutan del bufet, pero la cuenta la pagamos todos los demás que no.

Por: José Dextre Chacón
El Comercio, 23 de Mayo del 2023

“Diversas investigaciones validan que la experiencia del voucher educativo contribuyó a generar una cultura de la calidad”.

Es usual que en políticas de Estado nuestros referentes den sus opiniones a las innovaciones propuestas según la ubicación ideológica del proponente; es decir, si “está a la izquierda o a la derecha”, sin siquiera ofrecer la posibilidad de un diálogo. Esto está sucediendo con la propuesta del “voucher educativo”, ante la que voceros de uno u otro sector han salido a enfrentarse en función a la posición política del proponente y no después de analizar la propuesta, como debiera ser.

El proyecto del “voucher educativo” es aquel que propone que el Estado cumpla con la obligación de dar educación gratuita a los ciudadanos no ofertando por sí mismo el servicio, como es usual ahora, sino trasladando esa tarea a un privado. Es decir, el Estado asume el pago de la pensión del estudiante en un colegio privado, un colegio que el ciudadano elige para la educación de su hijo, y deja de ser gestor del servicio completo: el que pone la infraestructura, gestiona docentes y ofrece la programación de clases.

Para ir más allá del prejuicio ideológico, analicemos la propuesta misma. ¿Por qué hacer esta innovación en nuestro país, tal y como se ha hecho en otros? Acaso porque el Estado ofrece colegios cuya infraestructura es deplorable desde hace décadas, o porque sus docentes, según investigaciones elaboradas incluso por exmiembros del Consejo Nacional de Educación, presentan gravísimas deficiencias en formación, compromiso y exigencia.

Los opositores al voucher afirman que ha fracasado en Suecia y que allí, como en otros países ricos, los colegios públicos constituyen el 90% de la oferta. Sin embargo, diversas investigaciones validan que la experiencia contribuyó a generar una cultura de la calidad que gozó del apoyo del docente sueco, pese a que sufrió la férrea oposición de la izquierda (Bote, 2007). Por otro lado, las investigaciones afirman que la implementación del voucher educativo ha contribuido a mejorar hasta en un 60% el aprendizaje de escolares en países como Liberia (Romero et al, 2020). Del mismo modo, en Chile demuestran efectos positivos con relación al logro de competencias en el proceso educativo (Contreras et al, 2005), y en otras recientes se señalan los éxitos del voucher en Chile, EE.UU., Holanda y Suecia (Zablotsky, 2019).

A los críticos no les interesa el perjuicio social que la mala calidad de los colegios públicos ocasiona en casi siete millones de niños y adolescentes que estudian en ellos, el 75% de la población estudiantil. Privilegian el paradigma que rechaza la inversión privada, pese a que la educación universitaria ha demostrado que el 70% de las universidades en el ránking de excelencia de la Sunedu son privadas y, dentro de ellas, casi la mitad son societarias (con fines de lucro). Dicen que se quitarán recursos a la educación pública sin pensar en los ahorros y mejoras en la gestión docente y administrativa que la implementación del voucher traería, al trasladar la ineficiente supervisión actual de la calidad de las UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) a un promotor-director de colegio privado que pondrá su mayor esmero en demostrar calidad a los padres de familia.

El voucher implica que cada familia es dueña del dinero que financiará su educación. El Estado puede (debe, desde mi opinión) definir un tope a la pensión a pagar que debería ser similar al costo real que el Estado asume para ofrecer la misma educación. El Estado puede definir dónde aplicarlo, como en zonas de pobreza con deficiente educación pública, y seleccionar a los ofertantes (colegios privados locales que cumplan con las condiciones básicas de calidad, por ejemplo). Se promueve así la competencia por la calidad y, en esa línea, se debería premiar al colegio público que incrementará su matrícula demostrando que es mejor que el privado.

No hay verdades únicas. Dialoguemos para lograr mejoras que transformen la educación y, por ende, la cultura de nuestra sociedad, con análisis profesionales y documentados. Sabemos que la educación pública es deficiente, y que su infraestructura y calidad docente maltrata a sus alumnos, generando resentimientos sociales. Atrevámonos a dialogar para innovar y mejorar nuestra sociedad.