La lamentable muerte de un comunero por una herida de bala en la cabeza disparada probablemente como una acción defensiva por un policía atacado por una turba en Las Bambas, así como las heridas sufridas por 20 policías, uno de ellos con daños considerables, son una pésima noticia en todos los sentidos posibles, tanto por la tragedia familiar que involucra el deceso de Quintino Cereceda, que nos duele a todos, como por la exacerbación del enfrentamiento desatado que ya ha paralizado los envíos de cobre, que era sin duda lo que algunos buscaban.
Pero la tragedia hay que medirla también en términos de los recursos que el país dejaría de percibir si una operación como esta y muchos otros proyectos se vuelven inviables. Es decir, en términos de la cantidad de niños que no sacaremos de la desnutrición y la anemia, de la cantidad de jóvenes que no recibirán una buena educación, del número de personas que no serán atendidas en los servicios de salud.
Por eso, la tragedia más grave es la incapacidad del Estado, de la empresa y de la sociedad civil para desarrollar una conversación y una estrategia que permita el crecimiento de todos en un mínimo de armonía, la lenidad con la que se cede terreno a los interesados en anular la inversión minera o sencillamente en medrar con las oportunidades de extorsión creadas por una inversión minera gigantesca que tiene muchos impactos positivos y algunos negativos, que podrían remediarse, en medio de comunidades pobres y atrasadas.
La explicación del ministro del Interior Carlos Basombrío es que esto se originó en una decisión inconsulta del mando local que se tomó sin “orden de operaciones” y sin plan de inteligencia. Una acción precipitada, en suma, que no previó la reacción de las comunidades, e innecesaria en ese momento porque había un diálogo en marcha y la mina estaba sacando el mineral por una ruta alterna.
Falta de previsión y estrategia
Por supuesto, es inexcusable que una operación policial de este tipo se pueda dar de esa manera. Pero la pregunta entonces es cómo es posible que, conociendo la situación explosiva de la zona, el ministerio y el comando de la Policía Nacional no se hayan preocupado de poner al mando de la policía de Apurímac y del contingente mismo de Las Bambas, a oficiales de primer nivel y permanentemente comunicados con Lima, y no se haya montado un equipo especial de inteligencia y diálogo para manejar el tema. Esto configura, por lo menos, una responsabilidad, por omisión, del ministro.
Hace tiempo que sabemos que Las Bambas es un polvorín por problemas vinculados a la evolución del proyecto a pesar de los notorios esfuerzos de la empresa por acercarse a la población y por errores que no supieron evitar, mal previstos por la empresa y los que fueron bien aprovechados por terceros para montar una industria de extorsión, aprovechando los incumplimientos clamorosos del Estado y la falta de una estrategia clara de desarrollo rural, y por haberse convertido en un blanco para las fuerzas radicales de todo tipo, alimentadas por una ideología pos-extractivista que hemos denunciado en Lampadia innumerables veces.
El objetivo de esas fuerzas es paralizar Las Bambas, impedirla. Y, por lo menos desde el lunes 17, con la ayuda de la torpeza policial, lo han logrado. El primer aviso, mortal, fue el ataque a la mina que terminó en tres campesinos fallecidos el 15 de setiembre del año pasado. Y se sabía que, desde entonces, la situación era muy complicada. Las mesas de diálogo que se establecieron tuvieron dificultades para instalarse. Cuando lo hicieron se firmaron compromisos que el Estado no se han cumplido, que se suman a compromisos anteriores que tampoco se habían cumplido. Obviamente la gente se siente burlada.
Circunstancias complejas aprovechas por terceros
Pero era complicada por otras dos circunstancias. La primera, el fin de la etapa de construcción de la mina, alrededor de noviembre del año pasado, que dejó de contratar a alrededor de 16 mil personas de la zona y de fuera de la zona. Lo que a su vez repercutió en los negocios de comida, alojamiento y otros servicios de Chalhuahuacho, cuya población se había multiplicado varias veces los últimos años y había invertido en establecimientos. Se produjo súbitamente un vacío, que sin duda ha sido aprovechado por los buscadores de rentas económicas y políticas.
Esa situación se vio potenciada por otra circunstancia: la mina tuvo que trasladar toda una población a Fuerabamba, una ciudad construida íntegramente desde cero con diseño urbanístico y casas modelo. Pero los campesinos trasladados no solo recibieron una casa como nunca la habían tenido (con ocho habitaciones), sino además una compensación cuantiosa. Pues ocurre que las comunidades que se movilizan ahora son las que no se beneficiaron con ese traslado, que encuentran en la decisión de sacar el mineral ya no por un minero-ducto sino por la carretera, sin previo estudio de impacto ambiental sino solo con un informe técnico, que cumple con la legislación pertinente, y con consecuencias como el polvo que se levanta y afectaría los campos, el motivo para exigir compensaciones elevadas. A lo que se suman demandas maximalistas tales como la recompra de tierras a precios mucho mayores, la participación en el 50% del accionariado de la empresa y en el 8% de las utilidades, que el 50% de los servicios que usa la empresa sean contratados con las comunidades, etc.
Los pedidos sobre la carretera
En el caso concreto de las cuatro comunidades que abrieron zanjas profundas para evitar el paso de los camiones, ellas exigían el pago de peajes de 5 mil soles por camión y 6 millones de dólares por daños y perjuicios y servidumbre (ver documentación líneas abajo).
El ministro argumenta que estaba en marcha un proceso de diálogo con esas comunidades, y que el despeje de la vía no era urgente porque la mina estaba sacando el mineral por una ruta alterna. Pasa por alto el hecho de que el bloqueo de una carretera y más aun por medio de la excavación de zanjas es un delito frente al cual debe actuarse, más aun cuando ese viernes 14 en que la Policía intervino ya habían pasado 6 días desde que las zanjas fueron cavadas. El ministro responde que se iba a actuar de todas maneras el día lunes 17, fecha para la cual se tenía previsto un diálogo.
El ministro sugirió implícitamente que las comunidades podían tener hasta cierto punto razón porque la mencionada carretera fue construida por ellos y luego ampliada por la mina, y por eso se sentirían con derecho a recibir una contraprestación. Es más, dijo que sorpresivamente el 27 de julio, último día del gobierno anterior, su publicó un decreto supremo clasificando esta vía cono “nacional”, dando a entender que esa sería una manera de descalificar el reclamo comunal. Pero esto no es cierto. El anexo del Decreto Supremo 011-2016-MTC clasifica la Ruta Nº AP -954 como vecinal (pag. 594682). De modo que no hay ninguna conspiración en ese sentido. Incluso en el acta de la mesa de diálogo sobre medio ambiente realizada el 6 de octubre se consigna, como pedido de parte, lo siguiente: “El Gobierno Regional de Apurímac y las organizaciones sociales, solicitan la reclasificación de la vía que sale del proyecto minero Las Bambas desde Huancuire hasta el puente Sayhua, como vía nacional”. Es decir, al revés de lo que dice el Ministro: la ruta es vecinal y quieren que sea nacional, precisamente para que el MTC se encargue de pavimentarla. Algo que la empresa va a hacer en 83 km., un kilómetro antes y después de cada centro poblado, para evitar la generación de polvo.
Ahora bien, el hecho es que, aun siendo vecinal, se trata de una vía pública, y nadie que no sea el Estado tiene derecho a cobrar peaje y menos aun a interrumpirla. Según la empresa, la ampliación de la trocha original fue un pedido hecho por las propias comunidades el año 2010. Luego, el 2011 la empresa presenta el expediente técnico a la municipalidad de Chalhuahuacho. El 2014 la municipalidad provincial de Tambobamba incorpora la carretera como ruta vecinal, y solicita al Ministerio de Transportes que se incorpore al clasificador de rutas, cosa que ocurre el 27 de julio reciente. Como vecinal.
Al ampliarse la trocha, la empresa pagó indemnizaciones por daños y perjuicios a los campesinos cuyos terrenos o pircas se hubiesen visto afectados. Para ello celebró convenios con las comunidades. Lo que tenemos ahora es una segunda ronda de demandas de indemnizaciones, por 6 millones de dólares como hemos visto, y establecimiento de peajes, asesorada por personajes externos como los que vemos en la foto. Pero es una ruta que transita a 4,100 metros sobre el nivel del mar. El polvo que pudiera levantarse, luego de que las propias comunidades riegan la carretera con camiones cisternas propios contratados por la mina, no afecta cultivos, que prácticamente no los hay. No sabemos si los pastizales quedan afectados.
El uso legítimo de las armas
Fue efectivamente una temeridad que la policía hubiera actuado sin “orden de operaciones”, sin un trabajo de inteligencia previo y sin consulta al nivel correspondiente. Pero el hecho de que no hubiese inteligencia habla del descuido general del gobierno respecto de lo que está ocurriendo en la zona. Por lo demás, una vez producido el ataque de los comuneros a los policías que estaban rellenando las zanjas con ayuda de las máquinas de la empresa, algo que pudo efectivamente preverse, no es de extrañar que algún policía haya hecho uso de su arma de fuego. Los comuneros atacaron con piedras y huaracas dejando 20 policías heridos y uno de ellos de gravedad. El decreto legislativo 1186, que regula uso de la fuerza por parte de la PNP, define en su artículo 7 el uso de “fuerza letal” de la siguiente manera: “Es el uso de armas de fuego por el personal de la policía nacional, contra quién realiza una acción que representa un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves, con el objetivo de controlarlo y defender la vida propia o de otras personas. Y el decreto supremo Nº 012-2016-IN, que reglamentó el D. Leg. 1186, establece en su artículo 11, que se hace uso excepcional de la fuerza letal, “cuando se genere un peligro real o inminente de muerte del personal policial u otra persona, por la acción de quien participa de una reunión tumultuaria violenta. El uso de la fuerza letal en esta situación solo se justifica ante un acto evidente, manifiesto e inmediato, generado por quien empleando violencia con objetos o armas, puede causar lesiones graves o muerte”. Y este parece ser claramente el caso en cuestión, como implica el ministro. Por lo tanto, sería grave que se acusara al policía que disparó. No sería aceptable.
No hay desarrollo compartido
Pero jamás debió llegarse a esta situación. Puede haber responsabilidad de las jefaturas policiales de Abancay, como señalan el Ministro y el alto comando de la Policía. Pero hay responsabilidad mayor en el gobierno por haber descuidado la estrategia frente a las situaciones creadas y cantadas en un proyecto tan importante para el país. Y, más allá de esto, hay responsabilidad compartida entre el Estado y la empresa no solo por no haber cumplido compromisos (sobre todo en el caso del Estado) sino principalmente por no haber puesto en práctica un plan de desarrollo rural integral en toda la zona de influencia y más allá de ella, que convirtiera a los campesinos en verdaderos empresarios auto dependientes a tiempo completo de modo que no se conviertan en presa fácil de los traficantes de pedidos a la empresa. La única manera en que la mina no sea vista como un botín al que hay que pedirle compensaciones de todo tipo, es que ella ayude a introducir los cambios tecnológicos necesarios en las actividades agropecuarias a fin de incrementar la productividad y los ingresos autogenerados de los campesinos. Es lo que un programa como Sierra Productiva, que llenaría el espacio rural de micro reservorios y riego por aspersión, podría lograr.
Lampadia
Acta de Quehuira demandando indemnización por 6 millones de dólares
Bloqueo de carretera – ruta N° AP-954
Los señores Frank y Jorge Chávez Sotelo son dos hermanos de la ciudad de Abancay, que asesoran a la comunidad de Quehuira, siendo ambos abogados de profesión.
Ambos hermanos han estado buscando intervenir en la zona, asesorando a distintas comunidades.
Existe un acta de fecha 22 de marzo de 2016, a través de la cual, la comunidad de Quehuira, asesorada por los hermanos Chávez, solicita a Las Bambas 6 millones de dólares por concepto de uso de una vía pública.
Debido a que la empresa no accedió a dicho pago por no corresponder, la comunidad decide bloquear la carretera. El bloqueo de la misma es considerado un delito.
