Jaime de Althaus
Para Lampadia

El crecimiento económico que hemos tenido en el Perú en los últimos 30 años logró muchos avances, pero ha encontrado también limitaciones y ha empezado a debilitarse. Por eso, como veremos, el modelo económico debe ser repotenciado y mejorado.  

Luego de la profunda crisis económica en la que nos sumió el estatismo proteccionista de los 70 y 80, la apertura de la economía y la privatización de la mayor parte de las empresas previamente estatizadas a partir de los 90, le permitió al Perú crecer de manera sostenida y a tasas relativamente altas, con estabilidad macroeconómica.

• Por primera vez en la historia, gracias a los fondos privados de pensiones, el Perú logró acumular un ahorro nacional sustantivo que permitió y permite financiar la inversión pública y privada.
• Y se avanzó hacia una estructura tributaria progresiva y redistributiva, en la que la participación de los impuestos directos ha sido y es bastante mayor a la que existía en la época del estatismo proteccionista, supuestamente redistributivo.
• Al mismo tiempo, el modelo regeneró también la estructura productiva reorientándola en cierta medida hacia el interior.
• Los campesinos recuperaron su mercado interno y apareció una nueva industria mucho más competitiva y exportadora, más articulada a nuestros recursos.
• Las exportaciones no tradicionales crecieron más en volumen que las tradicionales.

Como consecuencia de estos cambios, la pobreza se redujo extraordinariamente de un 60% a un 20% -aunque haya aumentado el 2020 a un 27% a consecuencia de la pandemia-, el ingreso del interior del país y del sector rural creció proporcionalmente más que el ingreso de Lima y se redujo también la desigualdad social medida por el índice de Gini. Surgió una nueva clase media emergente que debería ser el fundamento de una democracia de ciudadanos plenos. 

Sin embargo, el crecimiento económico que hemos tenido no ha logrado reducir la informalidad de manera apreciable. El empleo adecuado se más que dobló, pero esto no se tradujo en la formalización de esos empleos. La informalidad laboral, que expresa una exclusión de beneficios y palancas para el crecimiento, solo se redujo de un 79% a un 72%.

De otro lado, el propio crecimiento se ha ralentizado en los últimos 8 o 9 años, y se observa que sectores industriales y algunas exportaciones no tradicionales han empezado a perder competitividad y terreno en ese mismo periodo.

Esos dos fenómenos tienen una causa común: el peso regulatorio del Estado. No es la única causa, por supuesto, pero es la más importante. Según el índice de competitividad del Foro Económico Global, el Perú está en el puesto 128 entre 141 países en peso de la regulación gubernamental. Los emprendimientos –sobre todo los pequeños y medianos- no pueden soportar el peso de las excesivas regulaciones, y por eso operan en la informalidad o contratan personal informalmente. Y eso les resta competitividad a sectores sensibles a la competencia externa. Por eso han dejado de crecer.

La causa última es el Estado patrimonialista, capturado por grupos o gremios que lo usan para poner peajes a la producción y a los servicios y beneficiarse con poder y con pagos necesarios para acelerar los trámites. Y justificado con la ideología de la protección de los trabajadores, que encubre privilegios e impide una gestión basada en el mérito, y que sirve también de justificación a las leyes de corte clientelista que aprueban los políticos en el Congreso.

Esta es también la causa de otra debilidad estructural que nuestro crecimiento no ha logrado resolver: la mala calidad de los servicios públicos. No ha habido un problema de falta de recursos. El presupuesto del sector salud, por ejemplo, se multiplicó por 7 en términos reales –en soles constantes- en los últimos 20 años, pero el servicio mejoró relativamente poco. Con frecuencia los recursos fueron desviados a bolsillos particulares por una gestión patrimonialista organizada en redes de corrupción.

En todo esto, el empresariado no ha jugado tampoco el rol fiscalizador y propositivo que debió jugar. Al fin y al cabo, el sector privado transfiere al Estado todos los años un capital muy grande que es malgastado. Es responsabilidad del sector privado exigir resultados y formular propuestas de reforma a partir de su propia experiencia empresarial.

La conclusión es que el modelo necesita ser repotenciado y mejorado. Para ello se requiere adoptar las siguientes medidas:

• Podar la maraña normativa mediante un programa intensivo a Análisis de Impacto Regulatorio de las normas existentes y de las que vayan a salir.
• Digitalización del Estado
• “Combo formalizador”: reemplazar los regímenes especiales tributarios y laborales por una escala gradual y progresiva en cada caso.
• Formalización perfeccionada de la propiedad, catastro y reforma del saneamiento legal.
• Restablecer la indemnización como compensación a la desvinculación laboral.
• Colaboración público-privada en Mesas Ejecutivas para relanzar sectores estancados y sacar adelante nuevos motores de la economía, y para profundizar un cluster minero-industrial potente.
• Empoderamiento tecnológico de las mypes y difusión masiva de las tecnologías de Sierra productiva en la economía campesina
• Implantar la meritocracia en el Estado: servicio civil. Reforma meritocrática y de gestión de rendimiento en Salud y Educación.  APPs en la gestión de servicios públicos.
• Impulso a la ciencia y tecnología
• Reforma de la ley de contrataciones y de la gestión en infraestructura
• Reforma de la descentralización
• Gobernanza minera

El Plan de Gobierno de Fuerza Popular contiene un diagnóstico que coincide en términos generales con el que hemos formulado en este artículo, y plantea como eje central facilitar la recuperación y formalización de los pequeños simplificando regulaciones, titulando y concentrando la acción de apoyo al desarrollo de las mypes e introduciendo APP en la gestión de algunos servicios públicos. Se plantea una reforma tributaria para formalizar, pero no una reforma laboral.

Si Keiko Fujimori llega a la presidencia, necesitará una coalición parlamentaria que respalde estas y otras medidas, lo que supone convicción y decisión política de las bancadas.

Y para que este camino sea sostenible, se requerirá una reforma política que le de gobernabilidad a la democracia peruana. Y una reforma Judicial y policial que instale el imperio de la ley.

Un eventual gobierno de Castillo, en cambio, iría en muchos casos en el sentido contrario de las medidas enumeradas, agravando los problemas y terminando de destruir la capacidad de crecimiento del país. Lampadia

Rafael Venegas
Director Independiente de Empresas
Para Lampadia

No escribo este artículo para echar mas leña al fuego. Lo hago para que la población tenga el parte médico de un paciente cercano que se encuentra en estado grave, con patología múltiple, en el pasillo de un hospital y sin acceso a oxigeno, ni a cama UCI. Ese paciente es nuestro Perú.

Este informe incluye la historia médica del paciente, una radiografía y diagnóstico de sus males actuales y el planteo de un tratamiento para la cura y recuperación al paciente. Todo esto nos servirá como guía para hacerle un seguimiento detallado y fiscalización al nuevo equipo médico que se encargará de este paciente a partir del 28 de julio próximo.

Nosotros (la población) somos la familia del paciente y esta vez, dada su gravedad, no podemos quedarnos callados. Tenemos que alzar la voz y hacer valer nuestro poder de fiscalización y de protesta desde el primer momento. ¡Desde el 29 de julio debemos estar vigilantes!

La historia clínica del Perú muestra que el paciente, en sus doscientos años de vida, ha tenido varias enfermedades graves, las cuales logró superar con muchos esfuerzos de su sufrida familia. Incluso, a comienzos de los años 90, estuvo al borde de la muerte por una infección generalizada de un virus rojo maligno llamado sendero luminoso.

La recuperación después del virus fue estupenda y entre los años 1994 y 2010 gozó de muy buena salud. Pero a partir del 2011 comenzó a sentir los síntomas de la enfermedad del populismo nacionalista y la parálisis, un mal que ya había sufrido antes y que había logrado superar después de mucho esfuerzo.

Felizmente la enfermedad fue mas o menos mitigada en ese lustro, porque el sistema inmunológico del paciente se encontraba muy fuerte después de dos décadas de inversión, crecimiento ininterrumpido, solidez financiera, paz social y disminución de la pobreza. Estos signos vitales positivos atenuaron el avance de la peligrosa enfermedad.

La población se dio cuenta del riesgo y en las elecciones del 2016 decidió tomar medidas de prevención. Así es que en primera vuelta eligió dos alternativas similares para vacunarnos contra el mal. Ambas nos aseguraban cinco años de inmunidad contra la enfermedad. ¡Parecía que estábamos bien cubiertos!

Sin embargo, como todos sabemos, esto no sucedió debido a la irresponsabilidad y arrogancia de los dueños de ambos laboratorios. Ellos prefirieron privilegiar sus egos por encima del bienestar del país. Ninguno de los dos puso sus vacunas a disposición del paciente y sin ellas se contagió de inmediato. La enfermedad de la crisis política postró al paciente en cama gracias a estos dos infames personajes.

Sólo unos meses después, en un chequeo médico de rutina, le diagnosticaron una grave enfermedad: sufría de corrupción generalizada. Un mal que lo aquejaba hacía varios años, pero que se había soslayado irresponsablemente a pesar de los claros síntomas. Este es el verdadero cáncer de nuestro país que lamentablemente recién se ha diagnosticado cuando se encuentra en un estado bastante avanzado (grado 3, casi 4).

Dada la gravedad, la única alternativa para intentar curarlo es con un tratamiento agresivo, que se tiene que aplicar con mucha firmeza y sin miramientos. Extirpar la tumoración de raíz y quimioterapia agresiva. Este tratamiento se inició y en pleno proceso se le presentó una infección muy seria: la pandemia del Covid-19.

Lamentablemente los médicos emergenciólogos de turno actuaron improvisadamente, con ineptitud y arrogancia, en un ambiente viciado por la mentira y la corrupción. Estos malos peruanos aplicaron tratamientos equivocados que no consiguieron estabilizar al paciente y mas bien le causaron otra complicación: una crisis económica, con fuerte desempleo y quiebra masiva de negocios.

La gravedad del paciente hizo necesaria su urgente hospitalización y como se podrán imaginar, esto no fue nada fácil por la saturación del sistema hospitalario. Por eso hoy se encuentra en el pasillo, sin oxigeno y sin acceso a cama UCI.

A estas alturas, ya no le sirven las vacunas. Lo que necesita es encontrar las facilidades hospitalarias y al médico idóneo para que le aplique a tiempo el tratamiento correcto. ¿Y quien elegirá al médico? Nosotros mismos, el próximo domingo.

Ese día, aparte del médico, escogeremos también el tratamiento que se le aplicará para salvarlo (el plan de gobierno). Esta claro que la gravedad del cuadro clínico no permite que nos equivoquemos, porque el enfermo no podrá resistir cinco años mas en esta condición. Nuestra decisión es muy importante.

Como se imaginarán, esto no será nada fácil porque en la lista de médicos y tratamientos disponibles no existe ninguna alternativa idónea y por ende tendremos que escoger al médico ¨menos malo¨.

Hay varias opciones que no califican ni remotamente, otras que son viejas y obsoletas, algunas que ya se han probado y han fracasado rotundamente y unas pocas que son experimentales y que no sabemos como funcionarán.
¡No tenemos mas opciones!

Lo único que nos queda es la esperanza de encontrar oxigeno y cama UCI y que el médico que hayamos escogido ¨se ilumine¨, se rodeé de un buen equipo de profesionales y aplique el tratamiento eficaz, que logre curar al paciente.

Como esta ¨iluminación¨ tiene muy pocas posibilidades de éxito, la familia tendrá que estar muy atenta y participar activamente con mucha firmeza, exigiendo, presionando, fiscalizando, alzando la voz y protestando para que el nuevo médico y su equipo consigan el objetivo.

Como la patología del paciente es múltiple y muy complicada, se requerirán tratamientos de corto, mediano y largo plazo al mismo tiempo. En los de mediano y largo plazo, el tema es aún mas complejo, ya que se requerirán acuerdos a nivel ley que trasciendan a mas de dos equipos médicos consecutivos.

Aquí planteo una alternativa resumida de los tratamientos necesarios para que podamos hacer el seguimiento activo a los médicos:

TRATAMIENTOS DE CORTO PLAZO

• Controlar la pandemia (Sentido de urgencia; Gestión; Inteligencia; Empresa Privada)
• Shock de Inversión (Minería; Agro; Pesquería; Turismo. Simplificación. Empleo masivo)
• Plan Nacional de Infraestructura (Transparencia y control. Participación internacional. Empleo masivo)
• Seguridad y orden público (Reivindicación; Potenciación; Digitalización; Tolerancia 0)
• Recuperación y ordenamiento del sector informal (Salvamento financiero; simplificación para formalización)

TRATAMIENTOS DE MEDIANO / LARGO PLAZO:

• Lucha frontal contra la corrupción (Concluir casos emblemáticos. Tolerancia 0; Impunidad 0; Pena doble para servidores públicos)
• Gobierno Digital (Red nacional potente. Estado; Educación; Salud; Justicia; Policía; Interconectividad)
• Reforma del Estado. (Cero burocracia. Digitalización y Simplificación. Meritocracia).
• Reforma de la Educación. (Nivel nacional; Sistema educativo y magisterio. Equipamiento y facilidades para educación remota; Meritocracia. Cero contenidos ideológicos).
• Reforma de la Salud. (Integración y modernización total del sistema de salud pública a nivel nacional. Gestión profesional).
• Reforma Judicial. (A todo nivel. Fuera mafias y corrupción. Doble pena para los que delinquen abusando de su cargo. Coordinación eficaz policía-fiscalía-justicia. JNJ mas efectiva y diligente).
• Reforma Electoral y Política. (Autoridades transparentes e independientes. Partidos políticos profesionales. Dos cámaras. Congreso elegido por tercios).

Como ven el tratamiento no es fácil y tomará bastante tiempo debido al estado calamitoso y grave en que se encuentra el paciente. Sin embargo, si es factible, es cuestión de liderazgo, gestión, disciplina, transparencia y esfuerzo, pero principalmente de la participación muy activa de la familia apoyando, presionando y fiscalizando permanentemente.

Ya es hora de que todos nosotros, individual o colectivamente, participemos activa y firmemente para sacar a nuestro país del caos y asegurarnos que no vuelva a resbalar. Sabemos que lo podemos hacer, porque ya lo hemos hecho antes.

Tenemos un gran país con muchas riquezas y fortalezas que no las sabemos explotar bien en nuestro beneficio. No permitamos que otra vez una minoría de malos peruanos conformada por la clase política, los populistas, los ideólogos fracasados y sus ONGs, los corruptos y hasta algunos malos empresarios, nos priven a nosotros, que somos la gran mayoría, del bienestar y progreso que nos merecemos.

Votemos inteligentemente y luego participemos activamente todos apoyando, fiscalizando y exigiendo permanente al nuevo gobierno.

Nosotros somos la población del Perú. ¡El poder mas importante del país! Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Lima, 2 de abril de 2021
Para Lampadia

El entrecomillado se debe a que la expresión proviene de algunos funcionarios estatales, muchos en realidad – sobre todo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) – respecto al uso de fondos del presupuesto público de nuestro país. Es decir, de los – aproximadamente – S/. 180,000 millones que el Sector Público gastó el año pasado. Presupuesto que – dicho sea de paso – ha venido creciendo alrededor de 5% por año, durante los últimos varios años. Y que representa más o menos el 20% del Producto Bruto Interno (PBI). O sea, estamos hablando de plata grande.

A lo que quiero llegar es que una cosa es el gasto público en sí, y otra cosa la calidad del gasto. Para entendernos mejor… una cosa es gastar en consultorías tipo Richard Swing, y otra cosa es gastar en mejorar las remuneraciones de los buenos maestros, jueces y médicos del Estado. Por sólo citar un ejemplo.

Bueno pues, el problema es que nuestro Estado es más de gastar en lo que sea, en vez de gastar bien. – “Gasten… gasten en lo que sea” – así opera el Estado. De allí vienen las consultorías – tipo Richard Swing – que incrementan enormemente el gasto público, pero que no sirven para nada.

Es más, dada la coyuntura de inestabilidad política y cercanía a las elecciones presidenciales y congresales, y a consecuencia de la perniciosa costumbre de cambiar ministros y funcionarios a cada rato, el Estado ha paralizado muchos programas de educación, salud, agua y saneamiento, apoyo alimentario, pistas y veredas, formalización de pequeños empresarios, etc. – tanto a nivel central, como a nivel regional y local – excepto las consultorías. Peor aún, éstas han venido creciendo – en vez de decrecer – durante los últimos varios años. Incluso, durante este fugaz gobierno. De allí mi sugerencia de denominar a este Gobierno como “Gobierno de Flotación e Inoperancia” en vez de “Gobierno de Transición y Emergencia”.

A este respecto, la prensa – casi toda la prensa – ha jugado en pared con los propulsores del “gastar en lo que sea”. Efectivamente, muchos periodistas sólo se fijan en los gastos de las diversas dependencias del Estado, más no en la calidad del gasto. Las famosas expresiones “no han gastado lo presupuestado”, o peor aún “han devuelto parte del presupuesto” los pintan de cuerpo entero.

Gastar menos de lo presupuestado debería ser – en algunos casos – un mérito, en vez de un demérito. Todo depende de la calidad del servicio prestado. Si un funcionario público brinda un mejor servicio con menos gasto, debería merecer un reconocimiento, no una crítica. En este caso, el ahorro es una buena palabra… una palabra que denota eficiencia, austeridad, responsabilidad y capacidad de gestión.

Pero en el Estado – y en casi toda la prensa – la cosa es al revés. El que gasta más – aunque sea en consultorías – está bien. Y el que gasta menos – aunque brinde buenos servicios, y haya sido capaz de ahorrar – está mal. ¡Absurdo!

Tan absurdo que hacia el final de cada año, las dependencias estatales entran a una vorágine de gasto – sin sentido y a la loca – precisamente para salir bien en la foto del gasto público.

Es hora valorar la calidad del gasto y el ahorro. Es hora de parar las consultorías inútiles en el Estado. Es hora de parar el pernicioso “Gasten… gasten en lo que sea”. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Lima, 12 de marzo de 2021
Para Lampadia

El Estado se jactaba: estamos dialogando con los transportistas. Pero las carreteras estaban bloqueadas. Lima estaba bloqueada por el norte, centro y sur. O sea, era cuestión de pocos días para que la Capital quedara desabastecida. Y lo mismo pasaba en las principales ciudades del país. Así no actúan los transportistas civilizados; por más razones que tengan para protestar. Así actúan los vándalos. Dejar a Lima y demás ciudades desabastecidas de todo – alimentos, medicinas, oxígeno, combustibles, etc. – es un acto vandálico.

Sin embargo, los bloqueos de carreteras – y las agresiones que suelen acompañarlos – están tipificados como delitos en varios artículos del Código Penal Peruano. Un mamotreto jurídico que no sirve para nada… al menos para nuestros gobernantes de los últimos varios años. El hecho es que durante toda la semana pasada el Estado… dale que dale con que estamos dialogando con los transportistas, mientras las carreteras permanecían bloqueadas.

Con delincuentes no se dialoga… digo yo. Pero el Estado piensa diferente. ¿Para quién gobierna el Estado? Ciertamente, este Estado no gobierna para la ciudadanía. Los delincuentes que bloquean carreteras lo saben. Tiran piedras, revientan llantas, incendian vehículos, agreden a policías. Incluso, algunos cobran cupos para dejar pasar vehículos. Los delincuentes saben que nada les va a pasar. ¡Qué debilidad!

¡Claro que el Gobierno tiene dictar medidas en favor de la formalización del transporte! ¡Claro que hay que eliminar ese absurdo Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles! Incluso, hay que bajar el Impuesto General a las Ventas (IGV). Ese 18% jamás va a formalizar a los informales. ¡Claro que hay que eliminar las mafias del Ministerio de Transportes y – sobre todo – de las Municipalidades y Gobiernos Regionales que chantajean descaradamente a los transportistas! En ese sentido hay que respaldar a los transportistas. Pero a los delincuentes, no. Las carreteras tienen que permanecer libres… llueva, truene o relampaguee.

La prensa – cierta prensa, casi toda la prensa – ya sabemos; esa prensa está del lado de los vándalos. En vez de desenmascarar a los delincuentes, y exigir la intervención forzosa e inmediata del Estado para reestablecer el libre tránsito, la prensa informa: no llega oxígeno a hospitales, suben precios de alimentos, suministro de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo (GLP) restringido, madre camina 4 horas con sus hijos para llegar a destino. ¡Patético!

Por ello me pregunto ¿a quién se le ocurrió eso de Gobierno de Transición y Emergencia? Nada que ver. Este Gobierno es de flotación e inoperancia. De flotación, porque flota sobre las corrientes de la delincuencia, la opinión de la prensa y la politiquería. Y de inoperancia, porque a la hora de la hora – cuando las papas queman – no hace nada, no opera: no compra vacunas ni deja que nadie compre, no produce oxígeno y pone mil trabas a quienes quieren donar oxígeno, no mantiene el orden público, no sanciona a los delincuentes, ni siquiera los denuncia… no hace nada, ni deja hacer.

¡Cuarentena radical en febrero! ¡Cuarentena radical en Semana Santa! Para eso sí son buenos. Cuarentena, cuarentena, cuarentena. ¿Responsabilidad ciudadana? ¡A quién se le ocurre semejante propuesta! Lo único que se les ocurre es: cuarentena aquí, cuarentena allá. Cuarentenas que no sirven para nada en materia sanitaria, excepto para empobrecer – aún más – a los peruanos. Además… el Estado, sólo el Estado, y nadie más que el Estado es capaz de controlar la pandemia. ¡Así piensan – y actúan – muchos de nuestros gobernantes estatistas que no saben dónde están parados, ni cómo llegaron a donde están!

El hecho es que para mala suerte de los peruanos que estamos vivos y conscientes en este 2021… es lo que hay. ¿Qué hacer al respecto? Pues hacer desde la ciudadanía lo que el Estado debiera hacer, y no hace. ¡Denunciar a los vándalos que bloquean carreteras! ¡Denunciar a los delincuentes que agreden a la policía! ¡Denunciar a los funcionarios corruptos… coimeros, chantajistas, abusivos, a los que no hacen nada!

Aprovechemos las ventajas de la tecnología. Grabemos, filmemos, acopiemos pruebas… sustentemos todas nuestras denuncias con videos, fotos, grabaciones y documentos que permitan formular denuncias irrefutables ante el Ministerio Público. El Gobierno no lo va a hacer. Peor aún, el Gobierno claramente ha renunciado al ejercicio del poder.

En esto de los bloqueos de carreteras, el Estado está en nada. Por ello, frente a los vándalos que bloquean carreteras, nosotros – la ciudadanía – nosotros mismos somos. Lampadia

Alejandra Benavides
Para Lampadia

Hoy, ser empresario formal en el Perú es ser un idiota. Mientras la informalidad campea alegremente en nuestro país, moviéndose por debajo del radar del Estado y evadiendo el pago de impuestos y cargas laborales, hay un pequeño porcentaje de empresarios formales que deben pagar impuestos, por lo menos una renta mínima vital (RMV) y beneficios sociales a sus empleados. Además, se exponen al acoso de entidades supervisoras y la SUNAT. Básicamente, cargando en sus hombros la responsabilidad de llenar las arcas del Estado.

En el último ranking Doing Business, quedó demostrado que somos un país que pone trabas a la formalización. El Perú es el país Nº133 de 190 países en dificultad para abrir un negocio – toma casi 30 días en registrar un nuevo negocio y más de 8 procedimientos. Demora 140 días en conseguir una licencia de construcción y 19 procedimientos, así como casi 70 días en poder contar con electricidad y 6 procedimientos adicionales.

Además de la tortura de formalizar un negocio y la carga administrativa que esto genera, los empresarios deben cumplir con el pago de impuestos y obligaciones laborales. En el régimen general, las empresas deben pagar 29.5% de impuesto a la renta, que se paga de manera adelantada con pagos a cuenta mensuales, correspondientes a 1% en promedio de las ventas mensuales (cálculo de un coeficiente de renta/ventas del año anterior) – independientemente de si al cierre de año tenga pérdidas o no, además de 18% de IGV. Los costos laborales (sobre las remuneraciones) para el empleador en este régimen llega a 45%, mientras que para una MYPE llega a 27%.

Bajo el régimen especial agrario, las empresas formales pagan 15% de impuesto a la renta. La remuneración mínima diaria (RD) es s/.39.19 (corresponde a la RMV en términos diarios), un incremento de 8% sobre la RD del 2019. El costo que asume el empleador bajo este régimen corresponde a 35% sobre la RD – incluye asignación familiar, dominical (si trabajan de lunes a sábado corresponde el pago de un día adicional), ESSALUD y vacaciones. Dicho costo se va a ir incrementando paulatinamente con el incremento correspondiente a ESSALUD, que ya pasó de 4% a 6% en 2020, conforme a la modificación de la extensión de este régimen por 11 años adicionales hasta el 2031, y deberá situarse en 9% a partir de 2029.

A la fecha, casi el 80% del Perú vive en la informalidad. Sin embargo, un régimen más ad hoc como el agrario ha permitido mayor desarrollo en el país y en especial, en las regiones donde opera. Mientras que el promedio de informalidad en el país es 80%, en las regiones con mayor actividad agroexportadora la informalidad se ubica alrededor del 60% (Ica 50%) y la remuneración promedio en ese sector es 50% más que una RMV. Asimismo, en dichas regiones la pobreza se ha reducido en 60% entre 2004 y 2017, siendo Ica la región con menor pobreza en todo el Perú con alrededor de 3%. Además, es un sector altamente supervisado, no sólo por SUNAFIL sino también por las certificadoras, que a través de sus certificaciones (SMETA, GlobalG.A.P, entre otras) permiten que los productos de estas empresas sean aceptados en los mercados internacionales.

Con estos indicadores objetivos, en vez de cambiar lo que sabemos que funciona ¿No sería más inteligente cuestionar el régimen general y MYPE? Deberíamos impulsar la creación de más empresas y dejar de exprimir a los pocos formales, para dinamizar la economía y el mercado laboral – resultando en mayor demanda de empleos y por lo tanto presionando los sueldos al alza. De paso, se ampliaría la base tributaria, eventualmente dando más dinero al fisco – eso que les encanta a nuestras correctísimas autoridades.

Referencias:

https://agraria.pe/noticias/se-redujo-la-informalidad-del-sector-agricola-en-la-ultima-d-20631

https://gestion.pe/economia/sectores-acuicola-y-forestal-pagaran-menos-impuesto-a-la-renta-con-nueva-ley-de-promocion-agraria-noticia/?ref=gesr

https://elcomercio.pe/economia/peru/agricultura-se-redujo-la-informalidad-del-sector-en-la-ultima-decada-regimen-agrario-ministerio-de-trabajo-ministerio-de-agricultura-laboral-noticia/?ref=ecr

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/p/peru/PER.pdf

https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/peru-cuenta-con-un-nuevo-regimen-laboral-agrario-desde-el-1-de-enero-de-2020

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2018/junio/ri-junio-2018-recuadro-1.pdf

Gunther Hernán Gonzales Barrón
Doctor en Derecho Cum Laude. Universidad de Castilla-
La Mancha (Toledo, España). Ex Juez Superior Lima
Para Lampadia

PREMISAS ERRADAS

Las políticas públicas aspiran a modificar un sector de la realidad social, y, con ese fin, como primer paso, se requiere contar con información fiable, aunque ello, parece que no ocurre en el sistema registral, que maneja una data altamente dudosa, sino errada:

1. ¿Cuál es el porcentaje de predios inscritos, privados o públicos, en relación con la superficie aprovechable del país? El PEI 2016-2018 de SUNARP señala que en 2015 el porcentaje de predios inscritos era 87%, mientras en 2020 llegaría a 92%[1], basándose en el libro ENAPRES (INEI), cuya información se obtuvo por vía muestral, a través de 44,000 consultas a ocupantes de viviendas, que se cierra con una conclusión sospechosamente tajante: “para el año 2016, de las viviendas con título de propiedad, el 88.8% están registrados”[2], pues no señala sustento alguno; sin embargo, los posteriores Planes de SUNARP han omitido de esta cifra, probablemente, porque la encuesta nacional INEI 2017 (no muestra), con preguntas a los ocupantes de predios, arroja un resultado muy distinto: 2’900,000 cuentan con título (38.5%) y 2’800,00 no tenerlo (37.5%), con diferencia en el ámbito urbano (falta título: 29%) y rural (66%).

2. ¿Qué indicador se utiliza actualmente para medir la formalización registral? El PEI 2019-2023 de SUNARP[3] utiliza el “porcentaje de incremento anual de predios inscritos”, que define como “partidas registrales nuevas”, lo que constituye un dato superfluo, por tanto, nada útil, pues, un sector ya formal, por ejemplo, de terrenos urbanizados e inscritos, puede a su vez ser objeto de desmembración, edificación e independización sucesiva, con el consiguiente “incremento de partidas”, pero sin ningún aumento en la formalidad, pues, ya desde el inicio, se trataba de sectores registrados. Esta situación, de lejos, sería la más usual.

3. ¿Qué porcentaje de documentos, que llega al registro, se inscribe, y cuál no? Las cifras de SUNARP son engañosas, pues suman todos los documentos, incluso los de registros sencillos, por tanto, en primer lugar, sería necesario discriminar los títulos destinados exclusivamente al registro de predios, pero, además, en segundo lugar, el tema más importante no está medido: ¿cuántos documentos ni siquiera llegan a la mesa de partes porque los ciudadanos abandonan el intento antes por las trabas del sistema?

El porcentaje más razonable de formalización registral plena no debe superar el 30% de los predios, no solo por la encuesta INEI 2017, concordante con la inacabada titulación de los organismos estatales, que demuestra el elevado desfase entre la realidad y registro, sino, además, porque una cifra como la señalada coincide con el promedio general del Banco Mundial[4]. Por tanto, el “92% de propiedad registrada” es fantasiosa, y no sirve para construir políticas públicas, como tampoco “el incremento de partidas”.

PROPUESTAS

Un catálogo de propuestas, desde una información más realista, puede resumirse así:

1. Reubicación sectorial: La SUNARP pertenece al Sector Justicia, pero en los últimos veinte años -para no retroceder más-, ningún ministro ha tenido interés en el tema, y, lamentablemente, sin voluntad política es difícil avanzar. Por ello, el sistema registral debería reubicarse en el MEF (como en Francia)[5], o Vivienda, mucho más interesados en la formalidad y en el impacto económico de la propiedad.

2. Proactividad: El sistema solo actúa desde el momento de ingreso del documento en la oficina registral, sin embargo, el problema de la formalización comienza mucho antes, por lo que se hace necesario actuar en esa etapa previa: a) Mesa permanente pública-privada de eliminación de barreras burocráticas; b) Informes vinculantes de regularización; c) Potestades oficiosas, y vinculantes, por ejemplo, en cierre de partidas; d) Unidad de catastro con tolerancias realistas.

3. Reforma normativa: La vigente Ley 26366 tiene 26 años de antigüedad, y, hasta en la terminología se encuentra desfasada, por lo que se necesita una norma que la sustituya, complementada con nuevos reglamentos que deberán simplificar los requisitos de inscripción, lo que es imprescindible ante la jungla legalista.

4. Simplificación de acceso: La escritura pública social con alcance general es posible, como ocurre con las constituciones de sociedades, a un costo de S/. 50 soles. Pero, en los casos en que el problema sea más complejo, la Ley General deberá permitir un procedimiento extrajudicial de saneamiento de la propiedad y la edificación (siempre que no agravie estándares mínimos de seguridad y urbanísticos). Por otro lado, la consulta de una sola hoja en el registro no puede seguir costando S/. 6 soles.

5. Flexibilizar evaluación legal: Los títulos están sometidos a una previa evaluación de funcionarios especializados, pero su principal característica es la rigurosidad. Los cambios son imprescindibles: (i) simplificación administrativa; (ii) registrador alterno (reconsideración); (iii) tribunal registral de sala única con nueva tónica y conformación; (iv) eliminación de duplicidades evaluación; (v) lineamientos, “salvo más simplicidad”.

CONCLUSIÓN

El sistema registral no puede analizarse de modo aislado (¿partidas nuevas?), sino como una parte del engranaje de la propiedad, por lo que se necesita proactividad, simplificación y flexibilidad para lograr formalización predial. Lampadia

Pero MEF tiene que resolver problema de comercialización y formar Mesa Ejecutiva

El Perú exporta algo más de 100 millones de dólares en joyas de oro, pero podría exportar 1,000 millones. De paso formalizaría a parte importante de los mineros informales de oro, que serían los abastecedores naturales de la joyería de exportación. Para eso, sin embargo, se requiere la conformación de una Mesa Ejecutiva en el MEF, que junte a todas las partes, y resolver un problema con la comercialización interna del oro que impide que las empresas mineras le vendan oro a la joyería peruana de modo que se da el absurdo aberrante de que ésta debe importar oro para fabricar joyas, siendo el Perú el sexto productor mundial de oro. Eso también depende del MEF. 

Germán Lora
Abogado especialista en Derecho Laboral
Para Lampadia

Cuando a mediados del mes de abril, y luego de casi 30 días de una obligada e inmodificable licencia con goce de haber (compensables), el Gobierno creó un nuevo procedimiento de suspensión perfecta en la búsqueda de otorgar un respiro a las entidades empleadoras, todos pensamos que allí podría estar la posibilidad de mantener los puestos de trabajo. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo se ha encargado de regresarnos a la realidad a través de sus resoluciones denegatorias. Entonces ¿ahora qué hacemos?

Las medidas adoptadas por el Gobierno, desde la declaración del Estado de Emergencia Nacional, se plantearon como excepcionales y temporales. Lamentablemente, con el pasar de los días y semanas, nos hemos dado cuenta de que esta coyuntura en la que nos encontramos no será temporal y se convertirá en una nueva normalidad que tomará varios meses más. Han pasado más de tres meses desde que el país se encuentra casi totalmente paralizado, por lo cual es necesario tomar medidas radicales que permitan reactivar la economía, con el objetivo de recuperar los puestos de trabajo perdidos, flexibilizando la contratación de trabajadores en el sector privado. Aproximadamente 2.3 millones de personas se quedaron sin trabajo entre los meses de marzo y mayo, según el INEI.

Frente a situaciones complicadas, debemos tomar medidas extremas. No podemos seguir como estamos. Una de las medidas que planteamos está referida a la “contratación libre” sin la necesidad de justificar una contratación a plazo fijo – es decir por tiempo determinado – con una causa objetiva. En esa línea de ideas, el Ministerio de Trabajo podría elaborar un Decreto Supremo que le otorgue un contenido ad hoc al denominado contrato de emergencia regulado en el artículo 62 del TUO del Decreto Legislativo 728 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el que simplemente lo define como “aquel que se celebra para cubrir las necesidades promovidas por caso fortuito o fuerza mayor coincidiendo su duración con la de la emergencia”. Sería una gran oportunidad.

Es importante recordar que el reglamento del TUO del Decreto Legislativo 728 solo establece lo siguiente con relación al contrato de emergencia: “El caso fortuito o la fuerza mayor en el contrato de emergencia, se configura por su carácter inevitable, imprevisible e irresistible”. Es decir, existe una gran posibilidad en que el Gobierno modifique el reglamento mencionado para poder “crear” un contrato de trabajo temporal necesario para esta emergencia, en la búsqueda de una simplificación – temporal – de la contratación, que converse con la reactivación económica planteada por el Gobierno.

Lo que planteamos es diferente, y necesario desde nuestra perspectiva. Un contrato a plazo determinado, que podría ser utilizado hasta que acabe el 2021, siempre evaluando como va evolucionando la pandemia, en donde el empleador pueda contratar a trabajadores “sin justificar” el contrato con una causa objetiva, como lo exige de forma muy estricta nuestra legislación y nuestros jueces laborales. Introducir este contrato temporal, permitirá no solo que se elimine la incertidumbre antes planteada, sino que, además, al flexibilizar la contratación, los empleadores se verán más dispuestos a contratar, reactivando la economía y beneficiando a miles – o millones – de desempleados, pues además se tratan de relaciones laborales formales.

De una vez por todas nos debemos dar cuenta que la formalización de las relaciones laborales y de los trabajadores, mas que pasar por mayores beneficios laborales, debe representar la protección de la seguridad social (pensiones, salud, desempleo) que hemos extrañado durante la pandemia.

Estos planteamientos, si bien alejan del proteccionismo del Gobierno que ha tenido durante toda la pandemia en favor de los trabajadores y la estabilidad laboral absoluta que venimos padeciendo desde hace más de 20 años, son necesarios para que el empleo se reactive. Si no se da un respiro a los empleadores, con normas que ayuden y no entorpezcan, es muy probable que la tasa de desempleo siga en aumento. Las medidas radicales necesitan llevarse a cabo en una situación tan radical como la es la pandemia del COVID-19. Flexibilizar las normas laborales creemos que es la solución, las cuales no deben entenderse como una desprotección del trabajador, sino como una nivelación de la balanza, permitiendo a los empleadores poder reactivar sus actividades y estabilizarse en una nueva normalidad. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 12 de junio de 2020
Para Lampadia

Proponer – como proponen muchos – que “hay que formalizar a los informales” es una verdad de Perogrullo. Una tautología. En otras palabras… una estupidez. ¡Claro que hay que formalizar a los informales! La cuestión es ¿cómo?

Espero que no lo tomen a mal, pero proponer “formalizar a los informales” es como aquel letrero colgado en la puerta una tienda de Palencia – España que dice: “Abrimos cuando llegamos, cerramos cuando nos vamos, y si vienes y no estamos, es que no coincidimos”. Así son las perogrulladas.

Bromas aparte… más allá de las implicancias tributarias y laborales, la informalidad hizo fracasar la cuarentena. Obvio. La informalidad – por definición – opera al margen de la legalidad. No acata las disposiciones del Estado. Por ello fracasó la cuarentena. Por otro lado, el programa Reactiva Perú fracasó porque el financiamiento no llegó a los informales. Y así por el estilo.

El problema de la informalidad es muy grave. De su solución depende el bienestar y progreso de millones de peruanos. Por ello hay que tomar al toro por las astas, y resolver este tremendo problema nacional.

Entonces ¡vamos a eso! En primer lugar, hay que simplificar – y digitalizar – muchos trámites burocráticos en todos los estamentos del Estado… municipalidades, ministerios, poder judicial, etc. Incluso, en muchos casos hay que eliminar trámites inútiles. Efectivamente, hay muchos trámites que sólo sirven para que funcionarios corruptos chantajeen a los informales.

Segundo. Hay que bajar la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV). El 18% vigente es muy alto para formalizar a los informales. Un IGV de 10% facilitaría mucho el proceso de formalización. Y no me vengan con que caería la recaudación tributaria. ¡Falso! En economía hemos estudiado – hasta la saciedad – que cuando bajan las tasas tributarias, aumenta la actividad económica, se formaliza la economía, y al final se recauda igual – o incluso más – que con altos niveles de impuestos.

Simultáneamente, hay que reducir – mejor dicho, eliminar – los gastos estatales innecesarios. Al pan, pan; y al vino, vino. El Estado está atiborrado de Richard Swings que cuestan un montón de plata, y lo único que hacen es maltratar y chantajear a la ciudadanía. Y particularmente a los informales.

Tercero. ¡Hay que flexibilizar la legislación laboral! Pongamos en práctica el clamor de miles de pequeños empresarios… incluso de millones de trabajadores; sobre todo jóvenes. Seamos objetivos y pragmáticos… además de sinceros. La Ley General del Trabajo es un fracaso. Si no ¿cómo explicar el 70% – y más – de informalidad laboral en nuestro país? Y todo por las rigideces absurdas de la ley de marras.

¡No a la estabilidad laboral absoluta! La flexibilidad laboral formaliza el empleo, lo multiplica, y mejora las condiciones laborales y remunerativas en favor de los trabajadores. El Régimen Laboral Agrario es una muestra de ello.

Cuarto. Hay que propiciar la bancarización del sector informal mediante líneas de financiamiento a plazos y tasas competitivas. ¿Cómo? Abriendo el mercado local a empresas financieras internacionales especializadas en microfinanzas. Las tasas de interés que cobran los bancos locales a los pequeños empresarios son muy altas. Sobre todo, las tasas por el uso de tarjetas de crédito. Sin embargo, cabe aclarar… ¡Dios nos libre de una ley que ponga topes a las tasas de interés bancarias! Eso sería lo peor. Las tasas bancarias deben bajar como producto de una mucho mayor competencia entre la banca local con instituciones financieras del exterior.

Quinto. Capacitación. El Estado debería propiciar la capacitación técnica y administrativa a todo nivel, a través de instituciones de excelencia como SENATI, TECSUP, y otras similares. Capacitación en todo tipo de disciplinas productivas, comerciales, contables, financieras, informáticas, etc. En síntesis, capacitación en administración de negocios.

Por último – o sea, sexto – disponer de una fracción del IGV como fuente de aportes individuales para las pensiones de los respectivos compradores. En realidad, se trata de una propuesta de Lampadia, y de algunos especialistas en sistemas pensionarios que merece ser implementada. Una propuesta innovadora, justa, súper inclusiva, y claramente formalizadora.

Además de todo lo anterior, el Estado debe propiciar un vasto programa de inversiones en todos los ámbitos de la economía peruana – recursos naturales, industrias manufacturas, servicios y turismo, innovación y creatividad, infraestructura, salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, etc. – para generar millones de puestos de trabajo… y mercados formales para pequeños y microempresarios.

¿Cómo formalizar a los informales? Pues ahí está mi propuesta. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Una vez más, la política y la economía marchan por caminos divergentes. Mientras en la política se multiplican las ofertas populistas e intervencionistas, la economía requeriría de la mayor libertad económica posible para recuperarse. El fenómeno se agrava porque el proceso de recuperación económica correrá paralelo al proceso electoral.

La tentación política inmediata es ofrecer subsidios, controles de precios, suspensiones de pagos e intervenciones contra el capital, con la idea de brindar un alivio temporal, una droga que luego tendrá consecuencias peores.  Pero en la población angustiada y desempleada no solo hay una demanda por recibir ayudas -que se justifican si son alivios temporales fiscalmente atendibles-, sino que también y sobre todo hay una demanda por empleo, por progreso, por libertades y medios para crecer. Por una formalidad accesible y atractiva.

Sería extraordinario un populismo de las libertades, no de los regalos con dinero ajeno. Un populismo de las palancas para crecer. Uno que lleve a una nueva formalidad, inclusiva, con menos barreras, que permita a los informales acceder al crédito formal (más barato que el informal) y a las empresas en general invertir con menos regulaciones improductivas y contratar trabajadores en un mercado laboral con reglas mucho más flexibles.

La velocidad de la recuperación dependerá de eso. De la medida en que quitemos amarras a la economía, a la iniciativa individual, a los emprendimientos. Y los dejemos volar.

La recuperación, para que sea más rápida, deberá ser, en ese sentido, una “recuperación con cambios”. Es decir, una recuperación con reglas más simples, con formalización.

Se desaprovechó entrega de bonos para bancarizar

La propia pandemia tiene el potencial para acelerar algunas tendencias que van en ese sentido. La entrega de bonos, por ejemplo, era una oportunidad para dar un salto en inclusión financiera. Lamentablemente esa oportunidad se ha perdido por el momento. En efecto, al 2 de junio se había entregado el bono de 760 soles -que incluye a los dos primeros bonos de 380 soles y el bono independiente- a 4,726,228 hogares, distribuidos en las siguientes modalidades de pago:

Como vemos, solo el 1.4% ha sido otorgado vía billetera electrónica y no se ha abierto cuentas básicas en los bancos para dar los bonos, pese a que el DU 056-2020 permitió que bancos y empresas emisoras de dinero electrónico pudieran abrir cuentas a nombre de beneficiarios de bonos. ¿Por qué no se usó? A un 53% de los beneficiarios se les ha entregado vía banca celular (una clave en el celular para ir a un cajero y cobrar), pero eso no bancariza. Los depósitos en cuenta se hacen en cuentas que los beneficiarios -sobre todo de los programas sociales como Juntos- ya tenían abiertas.

En billetera electrónica se usó la aplicación Tunki de Interbank, que tiene una cobertura limitada. Yape del BCP tiene 2.5 millones de usuarios y, según Luis Alfonso Carrera, se espera llegar a 5 millones de usuarios a fin de año con Yape Card, que tiene la ventaja facilitadora de que no está atada a una cuenta bancaria. En la actualidad, 200 mil negocios aceptan pagos con Yape. Quieren llegar a 500 mil a fin de año. También 70 mil taxis y 15 mil bodegas. Planean llegar a 30 mil bodegas en diciembre. El foco ahora está puesto en puestos de mercado y mototaxis. Lo interesante, además, es que pronto se ofrecerá microcréditos por medio de esta aplicación.

Es claro, entonces, el potencial. Todavía queda la esperanza de que, si vamos a un segundo bono universal, pues se use exclusivamente billetera electrónica y cuentas básicas.

Esto es muy importante. Muchos informales trabajan sin crédito o con crédito informal, muy caro. Acceder al crédito formal, más barato, es acceder a una palanca que puede levantar y modernizar los negocios populares. Pero recibir crédito del sistema financiero implica algún grado de formalidad. De poco servirá acceder al crédito y crecer si acceder y mantenerse en la formalidad resulta muy oneroso y complicado. La formalidad tiene que permitir el crecimiento de los emprendimientos.

Avances en simplificación administrativa y digitalización del Estado

En ese sentido ha habido avances en algunos temas y en otros no. Por ejemplo, existe ahora un Tupa estandarizado para la licencia de funcionamiento que las municipalidades deberían aplicar. Esa tupa se ha simplificado recientemente aún más. Por ejemplo, la licencia de funcionamiento es ahora automática para locales de riesgo bajo y medio. Para julio, en 20 municipalidades de Lima se podrá a realizar ese trámite on line.

Otra buena noticia es que la pandemia ha llevado a adelantar la digitalización del Estado. Para el 31 de diciembre, todos los trámites de los ciudadanos y empresas ante el Estado deberán ser on line. Esto ha sido dispuesto por el DL 1497. Es interesante notar que los trámites que se están digitalizando son los que sobrevivieron al proceso de Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), que hace unos meses terminó de reducir en un 30% los procedimientos administrativos del Ejecutivo.

Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) sin prioridad

Pero no se trata de avanzar solo en simplificación administrativa. Más importante aun es la eliminación de normas que regulan la actividad y que imponen más costos que beneficios. Es decir, aligerar la sobre regulación que ahoga a las empresas, reducir ese intervencionismo de baja intensidad que se ha reimplantado en el Perú desde hace una década. Para eso hay un programa en la PCM financiado por el BID que debe aplicar un Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) a todo el stock de normas regulatorias en ocho sectores del Ejecutivo, para derogar las que crean más problemas que los que resuelven.  La impresión, sin embargo, es que no tiene la prioridad política ni el impulso necesario considerando las circunstancias. Hace meses que viene elaborando una metodología que estará lista recién el último trimestre de este año. A este programa debe ponérsele mucha mas potencia.

Simplificación tributaria y laboral

Por supuesto, tan o mas importante que lo anterior es un sistema tributario y laboral que permita el crecimiento de los emprendimientos y el aumento de su productividad. Y eso no ocurre. Es una barrera casi imposible de saltar para todo aquel que quiere formalizarse o que habiéndose formalizado quiere crecer.  

Macroconsult (Elmer Cuba y Claudia Cooper) propusieron hace unos meses un “combo formalizador” que consistía básicamente el eliminar los regímenes especiales tributarios y laborales y reemplazarlos por una escala única gradual y progresiva, de modo que la empresa que crece no sufra un castigo cuanto logra más utilidades o tiene mas trabajadores. Es decir, un sistema que elimina los saltos mortales que desalientan el crecimiento y fomentan el enanismo y la informalización.  

Ya es hora de poner esta propuesta en el debate y aprobarla en el Congreso o vía delegación de facultades. Por supuesto, resulta indispensable resolver el problema de la estabilidad laboral absoluta creado por el Tribunal Constitucional en su sentencia del 2001. El Congreso debe apresurarse en reemplazar a 6 de los 7 miembros del Tribunal cuyo mandato ya lleva alrededor de un año de vencido.  

Pensiones y seguridad social

La reforma del sistema de pensiones es también una vía para la inclusión formal de todos si adoptamos la propuesta de Lampadia de que todo ciudadano a partir de los 18 años pueda contribuir a su cuenta pensionaria individual con una parte del IGV que paga cuando compra algo. Todos querrán pedir factura. Si desatamos el aporte pensionario y la seguridad social de la condición de empleado, entonces las empresas tendrán menos costos no salariales y podrán contratar más personal.    

Si hacemos todo esto, no solo la recuperación económica será mucho más rápida, sino que resolveremos, de paso, el problema estructural fundamental de nuestra sociedad: el dualismo económico, la informalidad, la exclusión del Estado legal, que se manifestó en esta crisis como el impedimento principal para aplicar estrategias efectivas de combate al virus. Lampadia

David Belaunde Matossian
Para Lampadia

O la casi imposible (y tal vez no siempre deseable) transición a la formalidad

Cada cierto tiempo, el tema de la informalidad parece recobrar importancia. En el 2016 se hablaba de reducirla para crear una economía más productiva. Luego pasó de moda – al igual que el hablar de cualquier tema económico. Últimamente ha vuelto a ser un tema de conversación pues, según parece, es la causa por la cual no hemos tenido un estallido social como en Chile – para gran decepción de muchos periodistas.

De hecho, estamos viendo cada vez más historias en la prensa (por ejemplo, en Gestión) de cómo el Estado está no sólo incrementando el número de normas sino también poniendo más músculo tras su implementación (en los ámbitos tributarios, laborales, etc.). Y, aunque muchas de estas acciones terminan simplemente agobiando aún más al sector formal, la lucha – “a la mala” es decir por la fuerza – contra la informalidad es su principal justificación. ¿Pero es este, realmente, un objetivo que debería ser prioritario?

Vivimos en un país ampliamente informal, no cabe duda –sexto en el mundo, hasta hace poco. Según el INEI, la economía informal concierne 56% de los empleos en el país y 20% del PBI. En realidad, el empleo informal es aún mayor (~73%) considerando los negocios “formales” que también emplean trabajadores fuera de normas laborales.

La persistencia de la informalidad no es simplemente un tema de mentalidades. La principal dificultad en luchar contra este fenómeno está en lo que implica pasar de la situación actual a la estructura económica “ideal”. Hoy resulta prácticamente imposible para un negocio “chicha” pasar a la formalidad. Considerando el impacto del IGV, de los mayores costos laborales, de costos de estructura más elevados ligados a regulaciones diversas, calculo que un negocio comercial informal con, digamos, 1 millón de soles de ventas y 100 mil soles de margen neto, pasaría, si se volviera formal de la noche a la mañana, a una pérdida de ~250 mil soles.

Claro, pero, dirán, pasar a la formalidad permitirá al empresario vender más. ¿Pero cuánto más tendría que vender para volver al mismo nivel de utilidades? Respuesta: se necesitaría un incremento “de la noche a la mañana” de entre 60% y 100%, según los escenarios.

En realidad, es mucho peor que eso, puesto que el aumento en ventas, aunque se diera, no sería inmediato. Hasta llegar al punto de equilibrio, la empresa acumularía pérdidas y, por ende, deuda. Esta, a su vez, vendría con tasas prohibitivas, acentuando a su vez las pérdidas, y requiriendo un aumento aún mayor de ventas para equilibrar las cuentas. Supongamos que el negocio consiga crecer, no obstante, un 20% anual ininterrumpidamente. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que nuestro comerciante volviese a ganar 100 mil al año? El siguiente gráfico ilustra lo que podría pasar:

El resultado neto sería negativo hasta el año 6, y recuperaría su nivel pre- formalización entre los años 7 y 8. Para entonces, las ventas se habrían, según este escenario optimista de crecimiento, triplicado. Uf, papayita. Por su lado, la deuda se dispararía hasta alcanzar un múltiple de resultado operativo de… 9 veces. Por la forma del gráfico, podríamos decir que este camino a la formalidad sería como un valle – de lágrimas. Excelente para las ventas de ansiolíticos.

Lo más probable, por supuesto, es que los bancos dejarían de prestar al comerciante, este se endeudaría a tasas aún más altas con prestamistas chicha, nunca llegaría al punto de equilibrio, y terminaría quebrando. Y ni que hablar de las multas acumuladas. Por ende, debemos darle otro título al gráfico: ya no es el valle de lágrimas, sino el valle de la muerte.

Volviendo a la cuestión inicial, entonces, ¿cuán necesaria es una intervención para reducir la informalidad? ¿Y en qué consistiría esta?

El argumento de quienes más lamentan la persistencia de la informalidad es que la economía chicha es improductiva, y “captura” recursos que podrían estar mejor utilizados. De hecho, si retomamos las cifras de INEI, la producción por trabajador en el sector informal parece ser 5 veces inferior a la del formal. Pero hay que matizar esto, ya que:

• La economía informal abarca, no exclusivamente, pero sí en buena medida, sectores que son intrínsecamente menos productivos (sean o no informales) como comercio de proximidad, entretenimiento, etc.
• En teoría la consolidación que produciría la formalización (con consecuente pérdida de empleo) generaría utilidades adicionales en los “ganadores” que se reinvertirían en otras actividades económicas, absorbiendo a la mano de obra liberada. En la práctica, las utilidades incrementales se diluirían (parte fuera del país, parte en activos especulativos), y la mano de obra no sería absorbida para actividades más productivas por no tener la formación necesaria y por ser excesivamente cara y poco flexible bajo un esquema formal. 

También está el argumento de la baja recaudación tributaria. Si extrapolamos linealmente, en teoría, la formalización a 100% de nuestra economía agregaría más de 3.5 puntos porcentuales de PBI de recaudación tributaria para el gobierno central. En la realidad, las quiebras y pérdidas de empleo (no recicladas en un proceso de “destrucción creativa”, como descrito arriba) resultantes de la formalización generarían mayores necesidades de asistencia social. Los ingresos aumentarían, pero los egresos probablemente aún más.

En cierto modo, el que se permita (más por incapacidad estatal que a propósito) la existencia del sector informal ya es una forma de subsidio: en vez de percibir impuestos para redistribuir a quien no tiene, se deja de percibir para que quien no sería competitivo dentro del marco formal pueda seguir operando. El “valle de la muerte” es también una especie de barrera protectora contra incursiones posibles de la gran empresa en una parte de la economía.

Esto, a mi parecer, es mejor que un estado de bienestar con poco asidero y notoriamente ineficiente, puesto que, en lugar de crear una clase de asistidos destinados a la insatisfacción permanente (terreno fértil para manipulación ideológica), se fomenta indirectamente una cultura del emprendimiento y de la autosuficiencia. Como ya lo ha señalado Rolando Arellano, somos un país de emprendedores, y es algo de lo que debemos estar orgullosos.

¿Quiere decir esto que deberíamos abandonar el objetivo de general una mayor formalidad en la economía? No por completo. En primer lugar, se debería priorizar el cumplimiento de normas mínimas de seguridad, cuando está en juego la integridad física de las personas. En segundo lugar, nos parece indispensable que se permita que las empresas informales más exitosas, en todo caso en ciertos sectores, crezcan y se conviertan en medianas o grandes. Esto por dos razones, principalmente:

1. Como ya lo mencionamos, tenemos una amplia base de emprendedores, un “pool de talento emprendedor”, por así decirlo, que no debe ser desperdiciado. Es necesario dar a los mejores la posibilidad de crecer y contribuir al máximo de sus potencialidades.
2. Hay ciertos sectores en los cuales se necesita generar una oferta de mejor calidad, pero asequible. Por ejemplo, en materia de transporte, hoy las empresas que desean hacer llegar sus productos al mercado deben elegir entre dos ofertas diametralmente opuestas: por un lado, el gran operador logístico que cumple con todas las normas y, por su escala, tiene los medios organizacionales y tecnológicos para ofrecer un servicio moderno, pero con tarifas relativamente altas y, por otro lado, pequeños operadores poco eficientes pero baratos. Falta, sin duda, actores intermedios que ofrezcan una combinación de calidad / precio razonable. Esto también abarca el transporte de pasajeros.

Dado que crecer significa para un informal “aparecer en el radar” de diferentes entidades fiscalizadoras, y luego tener que atravesar el “valle de la muerte”, lo que se necesita es un marco normativo que permita una adecuada transición, por ejemplo, uno que relaje significativamente regulaciones de tipo laboral, promulgue amnistías, reduzca los trámites, y simplifique las normas y procedimientos tributarios. Otros mecanismos de inspiración no necesariamente liberal – como apoyos a la formación del personal, o la generación de clusters empresariales, podrían igualmente ser usados.

Es decir, se debería construir, para determinados sectores, una suerte de “puente” que permita a una parte de este dinámico empresariado informal, cruzar el valle de la muerte, y contribuir a la renovación, dinamismo y crecimiento del sector económico formal. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La explicación más fuerte acerca de las razones por las cuales es poco probable que en el Perú se produzca una explosión social a la chilena radica en la alta informalidad peruana. En Chile la empresa y el trabajo son formales, y entonces la gente está sometida a los rigores de la formalidad que, en circunstancias en las que los ingresos se estancan o bajan y las deudas se acrecientan, pueden ser insoportables, sobre todo cuando los servicios sociales no funcionan bien o no son enteramente gratuitos. Hay un reclamo por un Estado más redistributivo.

En el Perú son pocos los que pagan impuesto a la renta y los que reciben pensiones, por ejemplo. Se pensaría entonces que no hay nada que reclamar. El modelo no ha hecho ninguna promesa. No es posible agregar intereses para una movilización general porque no hay demandas comunes contra el Estado porque no hay una relación con él.

Esa situación, sin embargo, no es una bendición. La informalidad es la respuesta al alto costo de la formalidad y a la baja productividad de muchas actividades. Pero es una manera de condenarse a no crecer más allá de cierto punto, aquel en el que ya es indispensable formalizarse si se quiere seguir creciendo. Es, entonces, un tapón al progreso de los sectores emergentes.

Deberíamos tener entonces movilizaciones de los informales por reducir los costos de la formalidad. Pero eso no ocurre, en primer lugar, porque nadie se moviliza para pagar impuestos, por ejemplo, por más bajos que estos se vuelvan, o para pagarle beneficios sociales a sus trabajadores, por más reducidos que estos sean. Ni los trabajadores informales se movilizan para convertir parte de su salario líquido en aportaciones, ni para tener Essalud si ya tienen el SIS, aunque en teoría sí podrían hacerlo para recibir el salario mínimo pues la mayor parte gana por debajo de él. Y, en esa medida, podrían ayudar a demandar una formalidad menos onerosa.

Sin embargo, aquellos micro y pequeños empresarios que ya han tenido que ingresar, aunque sea parcialmente, a la formalidad, sí apreciarían esas facilidades. Lo que resulta prohibitivo para muchos es el salto a los regímenes tributario y laboral generales. Habría que enfocar la protesta contra esos regímenes y contra el exceso de regulaciones laborales y sectoriales existentes que sobrecargan los costos empresariales.

Pero esas son demandas de carácter difuso o abstracto que tendrían que ser enarboladas por un sector también difuso, no organizado. Es tarea política fundamental construir desde abajo, desde los mismos actores, una propuesta con demandas concretas de abatimiento de las barreras que impiden el crecimiento de los emprendimientos, y organizar el sector para que sea capaz de movilizarse. Es la única manera de alcanzar un resultado.

El gobierno, por ejemplo, incorporó en el Plan Nacional de Competitividad la simplificación y unificación de los regímenes tributarios, para evitar los saltos mortales de un régimen a otro –aunque aún no se aprueba por Decreto de Urgencia respectivo-, pero no se atrevió a incorporar una propuesta similar y correspondiente para simplificar y eliminar los regímenes laborales y construir una escala gradual basada en los ingresos del trabajador y no en el número de empleados de la empresa. Ambas propuestas son complementarias. Una sin la otra pierde efecto.

Ahora bien, en el supuesto de que se logre una formalidad más accesible y al mismo tiempo se consiga incrementar en alguna medida la productividad de esos sectores emergentes, de modo que un porcentaje apreciable logra transitar a la formalidad, ingresamos entonces a un escenario más parecido al chileno, correspondiente a una etapa de desarrollo en la cual no es posible escapar a los pagos y obligaciones de la formalidad.

En un escenario como ese hay tranquilidad social si es que la economía está creciendo a tasas suficientes para que la mayor parte de las familias gocen de una sensación de progreso, y si los servicios públicos funcionan lo suficientemente bien como para atender con eficiencia y solvencia necesidades excepcionales tales como gastos en salud, y como para prevenir y resolver situaciones de inseguridad ciudadana o jurídica.

El país tiene entonces un margen de tiempo para avanzar hacia la reforma de los servicios públicos, mientras de alguna manera intenta incorporar a las mayorías a la formalidad. El nuevo Congreso debería tener entre sus tareas la de vigilar que lo que se está haciendo en Salud, por ejemplo, lleve a una mejora sustancial del servicio. Se ha incorporado a 4 millones de personas al SIS, pero éste no se ha reformado. Se ha obligado a las farmacias a vender genéricos puros, pero los que existen no son equivalentes a los originales y la DIGEMID no procesa las solicitudes, y la mayor parte del problema está en que pacientes que van a los establecimientos públicos de Salud no reciben todos los medicamentos gratis, existiendo recursos. Para mejorar esto se quiere potencial y modernizar un operador logístico centralizado, pero no se piensa en tercerizarlo, que sería lo indicado. Y para fortalecer el sistema de salud a fin de atender a todos como se pretende, se ha contratado un préstamo de 1,000 millones de soles con el BID y el Banco Mundial, pero es solo para Lima y un par de regiones. ¿Lo que se pretende hacer con ese préstamo está bien enfocado?

Es hora, por lo demás, de integrar soluciones. Lo que se haga en regímenes tributarios y laborales para facilitar la formalización y el crecimiento de la empresa, debería estar atado a Essalud, Salud y pensiones. Pero ese es tema de otro artículo. Lampadia