Una de las trampas que paraliza el desarrollo de la economía peruana e impide la formalización del empleo, es la arbitraria interpretación del Tribunal Constitucional, sobre la compensación con reposición por despido del trabajador.

Por su importancia – en un tema vital para el desarrollo del país y para la formalización de las grandes mayorías informales y excluidas – publicamos a continuación los votos singulares de los magistrados del Tribunal Constitucional José Luis Sardón y Augusto Ferrero, a propósito de un caso de reposición judicial en el trabajo ordenado judicialmente.  Ambos, demuestran que el derecho al trabajo consagrado por el artículo 22 de la Constitución no incluye la reposición y que cuando el artículo 27 de la Constitución de 1993 establece que “la ley otorga al trabajador protección adecuada contra el despido arbitrario”, se refiere solo a obtener una indemnización determinada por la ley.

I. Voto Singular del Magistrado Sardón de Taboada

II. Voto Singular del Magistrado Ferrero Costa

En el caso peruano, dado que la protección al trabajador contra el despido es de configuración legal, resulta pertinente mencionar que el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (D. L. 728), establece una tutela resarcitoria para los despidos incausados o injustificados, mientras que para los despidos nulos prescribe una protección restitutoria o resarcitoria a criterio del demandante.

Así, el D. L. 728, en su artículo 34, prescribe:

El despido del trabajador fundado en causas relacionadas con su conducta o su capacidad no da lugar a indemnización. Si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el Artículo 38, como única reparación por el daño sufrido. […].

Como puede apreciarse, la citada ley laboral señala que el despido arbitrario (“por no haberse expresado causa o no poderse demostrar ésta en juicio”) se resarce con la indemnización; no con la reposición del trabajador.

Por las consideraciones expuestas, voto por declarar IMPROCEDENTE la demanda, de conformidad con el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional.

Es pues muy claro que cualquier análisis serio debería corregir los nefastos precedentes, que no son otra cosa que la búsqueda de espacios políticos sustentados en minorías activistas, que atentan gravemente contra las grandes mayorías. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Quizá el problema estructural más serio del Perú es su altísima informalidad. Esta se expresa, entre otras cosas, en la baja tasa de inclusión financiera. Contrario sensu, si fuera posible acelerar la inclusión financiera o la profundización bancaria en el país, los sectores populares e informales crecerían más rápidamente y podrían aspirar a formalizarse. Eso beneficiaría al país de distintas maneras. En ese sentido, la billetera electrónica (BIM) puede convertirse en un instrumento eficaz de inclusión financiera y formalización. ¿Cuánto ha avanzado? ¿Funciona?

Impacto y necesidad

Comencemos reconociendo la realidad que mencionábamos: solo el 42% de los peruanos tiene cuenta bancaria, y solo el 30% usa tarjetas de crédito. La bancarización ha venido subiendo, como podemos ver en el siguiente gráfico, pero es todavía reducida.

Pero esta penetración es engañosa porque una parte apreciable de quienes tienen cuenta, no la usan, con el agravante de que esa parte ha aumentado, como podemos ver en el siguiente gráfico: aquellos que hicieron cuando menos un depósito en su cuenta, por ejemplo, en los últimos 12 meses, bajaron del 83% al 70%, entre el 2014 y el 2017. 

¿Qué es la billetera electrónica?

La billetera electrónica (BIM) fue parte de un compromiso adoptado por el sector privado financiero en el CADE 2014, presidido por Ricardo Briceño. Prácticamente todas las instituciones financieras peruanas (bancos, cajas municipales, cajas rurales, financieras, Edpymes y empresas emisoras de dinero electrónico) conformaron una empresa, Pagos Digitales Peruanos, para sacar adelante esta iniciativa. Es un caso único en el mundo.

La BIM se abre en el celular, en cualquier celular. No necesita ser un Smart Phone ni tener internet. Se puede cargar dinero en la BIM en cualquier agente bancario, en una bodega que sea agente bancario, por ejemplo. Y se puede retirar dinero también allí. Con la BIM se puede pagar o transferir dinero de celular a celular. La puedo usar para transferirle dinero a un familiar o a cualquier persona o para pagar algún servicio o una compra. Por ejemplo, para comprar minutos de teléfono prepago para mi celular. También hay una aplicación, llamada BIM, que se puede usar.

Crecimiento

Carolina Trivelli nos explica que la billetera electrónica se lanzó el 2016 pero se demoró en adquirir velocidad. Esto porque requiere de una red de agentes bancarios lo suficientemente tupida donde se pueda cargar la billetera y retirar dinero (cash in y cash out). La idea original era que el bodeguero prestara su teléfono para la operación, pero los bodegueros se resistían. La solución fue introducir la función BIM en el POS del bodeguero. Hoy existen 14 mil puntos de “cash in” y “cash Out”.

El hecho es que en los últimos meses el monto total de transacciones con la BIM, sin representar aún una porción importante del mercado, ha crecido aceleradamente. Lo podemos ver en el siguiente gráfico:

No obstante, el número de personas con BIM está alrededor de las 500,000. Trivelli calcula que en dos años debería haber 2 millones de personas cuando menos. Pero 2 millones sigue siendo muy poco. El número de personas mayores de 15 años suma casi 24 millones de personas, de los cuales 16 millones carecen de ningún medio de pago digital, y 14 millones no tiene ninguna relación con el sistema financiero: ni cuenta, ni tarjeta ni dinero electrónico. Cuando se lanzó el BIM, Trivelli estimó 5 millones de usuarios, una muestra de la debilidad del producto.  

Es obvio, entonces, que el esfuerzo de Pagos Digitales Peruanos es claramente insuficiente. En la actualidad realiza pilotos en San Juan de Lurigancho para estudiar las maneras de escalar el número de usuarios y de encontrar nuevos usos. Fuera de las transferencias de persona a persona, un pago frecuente es la recarga del celular. También se puede pagar el RUS a la Sunat. Las caseras podrían pagar con la BIM sus compras en el mercado. Se ha tratado de que los bodegueros paguen con la BIM a las empresas proveedoras, pero aún no se ha logrado debido a usos y costumbres y a procedimientos internos de las propias empresas de distribución. Pero se está haciendo nuevos pilotos para ver cómo viabilizar esta alternativa. Si se unificara el sistema de recaudación del transporte público en Lima, se podría pagar los pasajes con BIM, por ejemplo.

Pero una de las limitaciones del sistema es que el costo de menor transacción era de 0.50 soles (equivalente al precio de dos panes), en vez de como en el África, tener costo cero para promover la inclusión de los más pobres. Ver en Lampadia: La billetera digital llega al Perú – buena iniciativa.

Otra importante observación a la BIM es que al ser un producto del conjunto del sistema financiero, dificultó que los agentes no bancarios, como en otros mercados, tuvieran iniciativas más audaces.

Como fuere. El ritmo es muy lento. Quizá Pagos Digitales Peruanos deba revisar su estrategia, redoblar su inversión, incorporar otra clase de actores y empresas al esfuerzo, y posiblemente se necesite que el Estado se interese y se convierta esto en un gran proyecto público privado. Porque tener a más de la mitad de la población fuera de la formalidad más elemental –como es alguna conexión con el sistema financiero- es un lastre muy pesado para la competitividad del país y una manera de condenar a las mayorías a no salir de niveles de subsistencia. 

El dilema de los bancos: entre la ganancia inmediata y el largo plazo

En este tema las entidades del sistema financiero se enfrentan, en alguna medida, a un dilema: privilegiar las ganancias de corto plazo o destinar recursos a una ampliación del mercado en el largo plazo. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, son una fuente de ingreso importante para los bancos, pero no son aceptadas por las bodegas y otros pequeños negocios –que son la gran mayoría en el Perú- debido no solo a la mayor complicación en el pago sino sobre todo a las elevadas comisiones que tienen que pagar, que pueden llegar al 4 o 5%. Por eso, y por la publicidad negativa de los medios, la penetración de las tarjetas de crédito es muy baja.

De otro lado, en general las entidades y financieras tienden a priorizar los ingresos de corto plazo. Por eso, comprometerse a redoblar una inversión de este tipo exige una política de los directorios de postergar en alguna medida ganancias inmediatas en provecho de una decisión estratégica de largo plazo que apunte a profundizar el sistema financiero y que a la larga deberá beneficiar no solo a las empresas financieras sino al país entero.

Porque, por ejemplo, si bien inicialmente los negocios que reciben pagos con la BIM no pagan comisiones a Pagos Digitales Peruanos, aunque los usuarios si sufren algunos pequeños cargos la billetera electrónica le permite a las entidades financieras tener acceso a los teléfonos de los bodegueros o a los periodiqueros o los puestos de mercado o de los usuarios en general de las BIM, de modo que, vía inteligencia artificial, les será posible a las entidades financieras ir diseñando productos interesantes para convertir a esos usuarios en sujetos de crédito.   

Ahora, algunos bancos empiezan a diseñar aplicaciones nuevas como Tunki (Interbank) y Yape (BCP), que permiten pagar a los comercios sin que éstos tengan que pagar comisiones. Son formas de ampliar el mercado a la larga, aunque en el corto plazo quizá algunos ejecutivos perciban que esos productos compiten contra fuentes de ingreso tan rentables como las tarjetas de crédito. El problema es que las comisiones que cobran esas tarjetas son una barrera de entrada muy alta.

También es cierto que las regulaciones financieras son múltiples y muy pesadas, lo que de alguna manera actúa como un inhibidor de un sistema financiero más dinámico, especialmente para la oferta de productos en los sectores emergentes.

Según Trivelli, Pagos Digitales Peruanos ha invertido hasta la fecha alrededor de 40 millones de soles en el diseño y masificación de la BIM, y calcula que su punto de equilibrio lo alcanzaría el 2021, cuando se alcance unos 3 millones de transacciones al mes. A setiembre del 2018 estaban en 500,000. Pero, como hemos visto, el esfuerzo aun no da la talla.

Conclusión

Más allá del tema regulatorio, es muy importante entonces que las entidades financieras revisen su estrategia de inclusión financiera para darle un impulso mucho más fuerte y avancen en sus propios medios de pago electrónicos o telefónicos que impliquen un costo nulo o mínimo para los comercios pequeños en el país. Deberíamos pasar a una estrategia público-privada que abra el juego a todos los actores posibles y dé las facilidades para avanzar rápidamente en este tema. Pues la inclusión financiera será, a la larga, una de las vías a la formalización de la economía peruana y permitirá potenciar la capacidad de crecimiento de la gran base de micro y pequeñas empresas que tenemos en el Perú. No podemos seguir teniendo a más de la mitad de la población completamente fuera del sistema financiero porque eso la condena a no salir de niveles de subsistencia o a prosperar en la ilegalidad y anula la competitividad del país. Lampadia

Gunther Hernán Gonzales Barrón
Para Lampadia

Situación actual

La economía formal de nuestro país, de una u otra manera, pasa por el registro, tanto la propiedad, los contratos y las empresas, por lo que se hace necesario reformar el sistema registral bajo los principios de simplicidad, eficiencia y seguridad jurídica, con la finalidad que los propietarios, pequeños y medianos empresarios, también puedan acceder a las ventajas de la formalización.

Es necesario entender que los procedimientos simplificados no atentan contra la seguridad, siempre que se identifiquen, y ataquen, los puntos débiles que ahora permiten el fraude o las falsificaciones. Los problemas actuales en el ámbito registral, son cuatro:

1. Los reglamentos del registro no promueven la inscripción, sino que la desalientan;
2. La calificación de los registradores es notoriamente burocrática, y tal exigencia de requisitos no añade valor al título;
3. El fraude inmobiliario no ha sido erradicado, y se mantiene el problema de títulos falsificados;
4. La corrupción del sistema registral, que llegó a su punto máximo con el “Clan Orellana”, aún espera una depuración integral de todos los involucrados.

Sin embargo, el problema no se circunscribe al registro, sino que es transversal, pues la propiedad no es adecuadamente protegida en procesos judiciales interminables, o con deficientes normas sustantivas que alejan la posibilidad de obtener un título seguro, o con procedimientos catastrales, municipales o administrativos carentes de racionalidad. Por tal motivo, no extraña que:

• El 70% de la información registral no sea concordante con la realidad (De Soto, Hernando. El misterio del capital, Grupo Editorial Norma, Lima 2009, p. 90), lo que se ratifica con la encuesta de hogares del INEI, de 2016, en el que se obtiene el resultado de 55% de predios con título de propiedad, pero ello no significa que ese título esté registrado formalmente, por lo que una corrección optimista de 6/10 partes como títulos registrados, entonces lleva a un porcentaje aproximado de 30% de formales: (https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/), lo que coincide con el promedio mundial de 30% de vivienda registrada, según la data el Banco Mundial (https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/derechos-tierra-desarrollo-anna-wellenstein-mahmoud-mohieldin-noticia-548515).
• Apenas el 7% de todas las viviendas se encuentre en situación de alquiler.
• Otro 7% totalmente desocupada u abandonada, con daño a la economía y desperdicio de la riqueza, pero que se explica, obviamente, por la aversión a la morosidad de los inquilinos, y a la desastrosa actuación judicial para recuperar la posesión, que puede demorar entre cinco o seis años, lo que no es aceptable bajo ningún estándar internacional, por más flexible que este sea.

La política pública del Estado Peruano, a tono con los programas del Banco Mundial, debe considerar que “la tierra está en el corazón del desarrollo. Una tenencia de tierras segura es, por ende, vital para construir comunidades inclusivas, resilientes y sostenibles, que impulsarán el progreso económico y social”  https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/derechos-tierra-desarrollo-anna-wellenstein-mahmoud-mohieldin-noticia-548515.                                                                                                                                                      

El marco actual, tanto normativo como institucional, no permite avanzar hacia el objetivo propuesto, por lo que impone una reforma integral del sistema.

Síntesis de la reforma propuesta

La reforma propuesta es de gran magnitud, por lo que se necesitan aprobar leyes, decretos supremos o resoluciones de menor jerarquía. Esta es una síntesis:

1. Regular un proceso judicial de desalojo, de un mes de duración, exclusivamente destinado a recuperar los bienes que ocupan los poseedores temporales. En este caso, se establecerá un procedimiento especial, por cuya virtud, el ciudadano pedirá a través de un notario que requiera la entrega del bien en tres días (con levantamiento de acta en el inmueble para comprobar la situación de los ocupantes, la cual se realizará preferentemente en los días y horas en los que las personas normalmente se encuentran en sus domicilios); en ese plazo, si el poseedor desocupa el bien, entonces concluye el procedimiento, pero si no lo hace, con el escrito de oposición, o sin él, el notario eleva los actuados, junto con un informe, para que el juez de paz resuelva en el plazo de dos días, contado desde la notificación de su avocamiento, ordenándose el lanzamiento, si fuese el caso. La apelación nunca será suspensiva.
2. Derogar el art. 911 del Código Civil, sobre precario, que ha producido una confusa y contradictoria jurisprudencia, agravando así el problema de retardo de los procesos judiciales. En su lugar, la ley deberá prever una disposición que permita otorgar medidas cautelares cuando el actor haya conseguido sentencia favorable de primera instancia en los procesos de reivindicación.
3. Regular un proceso judicial, de trámite sumario, que permita sanear la titulación de los predios, urbanos o rurales, generalmente sin conflicto, con la finalidad de lograr la inscripción registral. La reforma necesita una norma con rango de ley.

   

4. Establecer escrituras públicas sociales, incluso con un registro notarial propio, especialmente de actos relacionados con bienes inmuebles hasta 100 UIT, y constitución de pequeñas y medianas empresas, con un costo de 100 soles.
5. Simplificar el otorgamiento de testamentos mediante escritura pública, siempre con dos testigos para asegurar una máxima certeza, pero sin que el instrumento público sea manuscrito, además, con fines de difusión, se establecerá una tarifa social de 100 soles.
6. Modificar la norma que prohíbe la prescripción adquisitiva entre copropietarios, con el fin de permitirla, lo que constituirá un formidable avance para formalizar un significativo número de predios que se encuentran, hoy por hoy, con ese problema insoluble.
7. Modificar la norma sobre prescripción adquisitiva en predios urbanos, exigiendo que el poseedor haya construido una vivienda, o realizado una actividad productiva, en cuyo caso se reduce el plazo de posesión a cinco años.
8. Modificar la norma sobre prescripción adquisitiva en predios rurales, que se aplicará siempre que el poseedor haya realizado labores de cultivo, ganadería o agroindustrial, manteniéndose el plazo de posesión de cinco años, con el fin de lograr dos propósitos: acceso a la formalidad y fomento de la producción.
9. Perfeccionar el procedimiento de titulación de predios rurales a cargo de los Gobiernos Regionales, y de los predios urbanos a cargo de las Municipalidades Provinciales, a tono con el debido proceso, de tal suerte que se evite la utilización política de estos programas, así como el abuso y arbitrariedad de los funcionarios, para lo cual se necesita garantizar una adecuada notificación, así como aumentar el plazo de oposición, y, finalmente, incorporar un Tribunal Administrativo de Formalización de la Propiedad, dependiente de la PCM o del MINJUS, con autonomía funcional.
10. Exigir que el Poder Judicial cumpla las disposiciones de su propia Ley Orgánica, en el sentido que deben existir juzgados agrarios y tres Salas agrarias de competencia supradistrital (Lima, Chiclayo, Puno), para que resuelvan los conflictos de tierras de los campesinos. Esta medida necesita Resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. En el mismo sentido, el proceso judicial tendría que modificarse para lograr un estándar internacional de plazo razonable, fijado en un año.
11. Establecer normas que aclaren y precisen los principios registrales de inscripción declarativa, fe pública registral y tercería de propiedad.
12. Regular un proceso judicial no contencioso, de trámite breve, con apelación sin efecto suspensivo, que permita convocar inmediatamente la asamblea general o juntas generales, destinada a superar los problemas de acefalía.
13. Regular un procedimiento extrajudicial (notarial) para concatenar el tracto interrumpido en el caso de bienes inmuebles y muebles registrados, con lo cual el propietario actual podrá lograr la inscripción registral.
14. Regular procedimientos extrajudiciales (notariales) para distintas cuestiones que no requieren la intervención de juez, tales como el ofrecimiento de pago y consignación de obligaciones, la inclusión de herederos luego de una sucesión ya concluida, la venta de bienes en caso de partición de copropietarios, la venta de bienes en caso de garantía mobiliaria, la homologación de tutor.
15. Establecer un nuevo Tribunal Administrativo de las Inscripciones (para recordar su función), con sala única que constituye última instancia de alcance nacional, cinco miembros, designados por un exigente y transparente concurso público, para un periodo de cuatro años, con solo un periodo adicional de renovación, y con requisitos de postulación rigurosos (parecidos a los de Vocal de la Corte Suprema), pues se trata de funcionarios que resuelven libertades económicas.
16. Reducir las tasas registrales que exceden el costo del servicio, pues ello constituye una traba a la formalización de la economía.
17. Establecer el sistema de interconexión entre notarios y registros, de tal suerte que el registrador pueda calificar los títulos con plena certeza de su autenticidad.
18. Aprobar nuevos reglamentos de la función registral, así como el de inscripciones de los distintos registros, a través de Decreto Supremo, con el fin de evitar los lobbies que existen cuando los procedimientos quedan a merced de una Resolución de Superintendencia.

Conclusión

El régimen jurídico de la propiedad, en el Perú, es:

• Caótico por el exceso normativo
• Ineficiente, pues no logra el propósito de formalizar
• Excesivamente oneroso por costos no justificables
• Se promueve la corrupción por la maraña de dispositivos y agencias estatales que intervienen

La solución pasa por emprender una reforma integral de amplio espectro, que comprenda los ámbitos judicial, fiscal, registral, administrativo, municipal, catastral y urbanístico; con la meta que el propietario pueda acceder al registro, pero no solo eso, sino que también cuente con una administración pública amigable, y una justicia eficiente que defienda la propiedad en plazos razonables. Lampadia

India sigue siendo la economía grande con mayor crecimiento en el mundo, logrando un crecimiento de 7 % anual, y encaminándose a convertirse en la tercera economía más grande del mundo para 2027. Esto ha convertido a la India en un destino favorito de las empresas más grandes del mundo, pero como explica The Economist, el mercado de eventuales consumidores es muy pequeño, y en esencia, a diferencia de China, adolece de la ausencia de una clase media.

Por lo que su desarrollo es una de los objetivos más importantes del gobierno. El enfoque del gobierno de Narendra Modi es expandir la clase media de la India, para lo cual busca que la economía del país continúe creciendo consistentemente durante las próximas dos décadas, como afirma el artículo de The Economist líneas abajo.

El ministro de Finanzas de la India, Arun Jaitley, en una reunión de líderes e inversionistas empresariales estadounidenses, dijo que “la India tiene una de las economías más abiertas del mundo. Estamos ascendiendo en la clasificación de facilidad de hacer negocios todos los años. Los permisos que solían tomar años ahora son rutinarios, y no es necesario presionarlos”. Jaitley agregó, “Pero también nos damos cuenta de que abrirles la puerta no es suficiente. Tenemos que crear una atmósfera acogedora y eso es lo que está haciendo el gobierno”.

Además, Modi está buscando incentivar a la gente a salir de la informalidad. En este propósito, la India ha tenido tremendos fracasos, como la desmonetización, y aciertos, como la bancarización y digitalización. “Un esquema del gobierno para proporcionar cuentas bancarias a todos los ciudadanos, y tenerlos vinculados a teléfonos móviles e identificaciones nacionales biométricas, y pagos digitales. Los trámites con las autoridades se realizan cada vez más en línea, donde es más difícil hacer sobornos. Eso hace que la perspectiva de ser un negocio formal sea menos aterradora”, según The Economist.

Muy buenas lecciones para el Perú, donde más allá de la retórica, no hemos avanzado ni un milímetro en el objetivo de formalizar la economía, una de las principales promesas de PPK.

En Lampadia seguimos a Narendra Modi desde su postulación a asumir uno de los gobiernos más difíciles y complejos de la tierra. Los mensajes de Modi, después de décadas de un socialismo improductivo, y una pérdida de desarrollo relativo con su inmenso vecino, la China, hacían prever un giro sustancial hacia la economía de mercado y el impulso de la inversión privada, el único sistema económico y político que ha probado crear riqueza y prosperidad. Bastaba ver su lema: “No red tape, only red carpet for investors” (nada de tramitología, solo alfombra roja para los inversionistas). Ver: La visión de país y reformas que el Perú necesita.

A medida que la India consolida el crecimiento de su economía, aumenta su importancia global y se constituye como un balance en el desarrollo geopolítico global.  Especialmente en días en que el escenario geopolítico global ha cambiado para peor, con “una China en dictadura”, Rusia en manos de Putin, y el estilo y acciones de Trump. Ver en Lampadia: Los albores de un nuevo mundo signado por divergencias. Tan es así, que uno de los líderes políticos más comprometidos con la globalización, Emmanuel Macron, de Francia, acaba de firmar un acuerdo de cooperación militar con la India, para cuidar la influencia de China en el océano Índico. 

Lo cierto es que en la India parece estar instalándose una nueva idea de cómo deben hacerse las cosas en el plano económico. Sus repercusiones se sentirán seguramente en todo el mundo, y esperamos que se aquilaten debidamente en el Perú. La aceleración de su ritmo de crecimiento puede ser enormemente favorable para nuestra economía, abriéndose un mercado prácticamente virgen para nuestras exportaciones. Miremos más de cerca de la India y a Modi, también llamado como el ‘modifier’ (modificador). Lampadia

El medio que falta en India

India tiene un vacío donde debería estar su clase media

Algo que debería preocupar al gobierno y a las empresas

The Economist
13 de enero, 2018
Traducido y glosado por Lampadia

¿Dónde después de China? En las últimas dos décadas, el país más poblado del mundo se ha convertido en el objetivo de mercado de casi todas las empresas globales que buscan crecimiento. A medida que su economía se desacelera, las empresas buscan el siguiente grupo de consumidores para continuar su desarrollo.

Para muchos, India se siente como el aparente heredero. Y muchos piensan que su clase media se encuentra en las primeras etapas del camino hacia la prosperidad que creó cientos de millones de consumidores chinos.

Sin embargo, la clase media india apenas existe. Las empresas se dirigen a una parte minúscula de la población.

• El 1% superior de los adultos de la India, un rico enclave de 8 millones de habitantes que gana al menos US$ 20,000 al año, equivale aproximadamente a Hong Kong en términos de población e ingreso promedio.
• El siguiente 9% se asemeja a Europa central, en el medio de la riqueza global.
• El siguiente 40% de la población vive en las condiciones de sus vecinos pobres del sur de Asia, Bangladesh y Pakistán.
• Los quinientos millones restantes, están a la par de las zonas más pobres de África.

Alejándonos del centro

Peor aún, las posibilidades de que India desarrolle una clase media que coincida con la del Reino Medio (China), están cayendo debido a la creciente desigualdad. India ha hecho un buen trabajo al conseguir que los que ganan menos de US$ 2 por día (a paridad de poder adquisitivo) aumenten a US$ 3, pero no ha coincidido con los registros de otros países en conseguir que esos US$ 3 al día suban a US$ 5, y que los que ganan US$ 5 suban a US$ 10, y así sucesivamente. Las personas de ingresos medios en países en la etapa de desarrollo de la India normalmente obtienen más beneficios del crecimiento.

Las razones de este fracaso no son misteriosas. Décadas de intervención estatal significó que cuando algo de liberalización llegó a principios de la década de 1990, solo unos pocos pudieron beneficiarse. La mano de obra es lamentablemente improductiva, lo cual no es sorprendente dado el estado abismal del sistema educativo de la India, que genera millones de adultos equipados solo para el trabajo de mando bajo. Sus graduados continúan trabajando en pequeñas empresas o microempresas, que operan informalmente; estos “emplean” al 93% de todos los indios. El hecho de que apenas una cuarta parte de las mujeres trabaje, una participación que ha experimentado un precipitado declive en la última década, solo empeora las cosas.

Una buena política puede hacer mucho para mejorar las perspectivas. Sin embargo, la esperanza debe ser atemperada por el realismo. La India está bendecida con un sistema democrático profundamente arraigado, pero eso no es un escudo contra las malas decisiones. La repentina y brutal “desmonetización” de la economía en 2016 tenía como objetivo los peces gordos, pero terminó lastimando a todos. Y el camino hacia la prosperidad caminado por China, donde la manufactura produjo los empleos que aumentaron los ingresos, se está reduciendo a medida que la automatización limita las oportunidades para el trabajo en las fábricas.

Todo esto significa que las empresas deben lidiar con la India que existe hoy en lugar de la que desean que surja. Una estrategia es esperar a que los indios desarrollen el gusto por los productos que la clase media mundial disfruta -los automóviles, vacaciones en el extranjero- puede llevar a décadas de frustración.

Gran mercado, menores oportunidades

Las empresas harían mejor en “indianizar” sus negocios, por ejemplo, vendiendo mercancías utilizando los idiomas regionales preferidos por cientos de millones de indios. El precio importa. Los servicios ofrecidos al mismo precio en India que Indiana atraerán a millones, no a mil millones.

Las empresas más inteligentes entienden qué tipo de “habilitadores” permitirán a los indios obtener acceso a nuevos productos. La electrificación impulsa la demanda de refrigeradores. Los datos móviles baratos (India se encuentra en medio de una guerra de precios de datos que ha beneficiado enormemente a los consumidores) son una bendición para los servicios de transmisión. Un aumento en el financiamiento al consumo ha puesto los productos pequeños y deseables al alcance de más indios.

La tarea de crear una clase de consumidores es responsabilidad de los políticos, y los sucesivos gobiernos han fracasado en gran medida. Las empresas que esperan que la clase media de la India les brinde crecimiento no deben ilusionarse, tendrán que trabajar muy duro para convertir el potencial en ganancias.

Más allá de una formalidad

Las lecciones del intento de Modi por formalizar la economía india

La mejor manera de sacar a las empresas de la informalidad es promover el crecimiento económico

The Economist
1 de marzo de 2018
Traducido y glosado por Lampadia

Para la descomunal burocracia, esto es un gesto reflexivo. Cada año, el presidente de la Junta Central de Impuestos Directos de la India envía un “Certificado de Agradecimiento” a cada residente que ha pagado más de 100,000 rupias (US$ 1,500) en impuestos. Incluso hay instrucciones útiles sobre la mejor manera de imprimir este “reconocimiento de su contribución a la construcción de nuestra gran nación”, en caso de que uno quiera enmarcarlo.

En un país de 1,300 millones de personas, menos de 400,000 de estos preciosos certificados fueron otorgados en la última entrega. No muchos indios ganan suficiente como para pagar ese tipo de impuesto y muchos de los que sí lo hacen, no lo pagan. Quizás la mitad de la actividad económica de la India implica eludir los impuestos. Es por eso que Narendra Modi, el primer ministro, se ha propuesto formalizar la economía.

Tener una economía más formal tiene sentido. Los impuestos pagan por los servicios públicos. La desenfrenada informalidad de la India es una de las razones por las cuales su relación entre impuestos y PBI se ha estancado en un mísero 15% durante décadas, lo que obstaculiza la educación y la atención médica. Los empleos formales pagan hasta 20 veces más que los informales, según un cálculo del gobierno, y las empresas formales tienen más probabilidades para innovar, crecer y exportar. Tener a personas y empresas operando al margen de las normas, es una afrenta a la idea de una sociedad justa. 

Pero es fácil equivocarse con la formalidad. Pero plantearlo como un fetiche puede confundir los medios con los fines. Los países tienden a volverse más formales a medida que se hacen más ricos porque las empresas formales se expanden para desplazar a las informales. De hecho, las políticas draconianas para expandir la recaudación de impuestos a menudo obstaculizan el crecimiento que las genera.

La principal política de formalización de Modi fue la “desmonetización” de la mayoría de los billetes en 2016. Su costo: varios trimestres de crecimiento por debajo del promedio. Causó tal dislocación que es difícil ver que otros lo emulen (incluso los planificadores centrales de la pantomima de Venezuela regresaron después de anunciar que eliminarían sus propios billetes). La mayoría de los indios trabajarían en el sector formal si pudieran, pero los empleos son escasos.

Un mejor enfoque es tentar a la gente a salir de la informalización. Un esquema del gobierno para proporcionar cuentas bancarias a todos los ciudadanos, y tenerlos vinculados a teléfonos móviles con identificaciones nacionales biométricas, a multiplicado los pagos digitales, que son más fáciles de rastrear e imponer. Los trámites con las autoridades se realizan cada vez más en línea, donde es más difícil hacer sobornos. Eso hace que la perspectiva de ser un negocio formal sea menos aterradora. Un nuevo impuesto sobre bienes y servicios da derecho a las empresas formales a reembolsos que no están disponibles en la economía informal. El número de empresas registradas ha aumentado en un 50%.

Incentivemos a las personas, no las coaccionemos

Los mejores resultados son aquellos que conducen a la formalización como un subproducto de la elaboración de reglas sensatas. Las pequeñas empresas no se convierten en grandes (generalmente formales) porque cientos de leyes laborales no reformadas hacen que hacer negocios sea legítimamente una pesadilla. Los tribunales en los que confían las empresas formales a menudo no ayudan. Modi tiene razón en que una economía más formal es algo bueno, pero ha pasado por alto las soluciones más efectivas.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Uno de los mayores estropicios del Estado peruano en los últimos años ha sido el fallido intento de formalizar a los mineros informales. El gobierno del ex presidente Humala dio unos decretos legislativos que establecieron unos requisitos imposibles de cumplir, condenando en la práctica a la ilegalidad a cientos de miles de mineros informales con consecuencias que veremos más adelante. Y el gobierno actual ha convertido la llamada minería ilegal en una forma de crimen organizado.

No es de extrañar entonces que se esté preparando un paro nacional de los mineros artesanales, tal como ha informado la Central Nacional de Mineros (Cenami), exigiendo un proyecto de ley que derogue total o parcialmente los decretos legislativos y normas que impiden la formalización de la pequeña minería y la artesanal y que, por el contrario, la convierte en organización criminal. Será el primer conflicto que tenga que enfrentar el nuevo gabinete presidido por Mercedes Araoz.

El antecedente de esas normas es la ley 27651, “Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal”, promulgada el año 2002. Como sabemos, quizá el problema fundamental en todo esto es que la gran mayoría de mineros informales opera en concesiones de terceros, y lo que debería procurarse son contratos de cesión o de alquiler entre el titular y el minero informal. Según Rafael Belaunde, el problema que tenía esta ley, es que co-responsabilizaba al titular de la concesión y al minero artesanal por eventuales pasivos ambientales. Entonces, para el titular de la concesión, los contratos de cesión carecían de incentivo. “Un titular formal prefiere padecer la invasión que asumir la obligación ambiental derivada de la cesión temporal o de un contrato de riesgo compartido. Por ello, no se suscribieron contratos entre titulares y explotadores informales e invasores y la norma no consiguió el objeto perseguido. Demás está señalar que pretender desalojos en lugares como San Luis en Yauca o Secocha en Arequipa, lugares donde se asientan miles de mineros, es imposible”, explica Belaunde.

Decretos legislativos de Humala empeoraron las cosas

Pues bien, a principios del 2012, se promulgaron los Decretos Legislativos 1100 y 1105 para superar las limitaciones de la ley 27651. Pero resultaron peores que la ley que pretendieron mejorar. Los requisitos y trámites para la formalización resultaron tan complicados que para el 2016, “de los 70,000 mineros informales que iniciaron los trámites respectivos, sólo 107 mineros artesanales habían logrado cumplirlos (menos del 0.2%). En palabras de Luis Garrido, dueño de una planta, “le exigen al pequeño minero que produce una tonelada al mes lo mismo que el que produce 500 toneladas. Por ejemplo, debe tener manual de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo y un oficial de cumplimiento con rango gerencial. En Chile, en cambio, los permisos son automáticos hasta 10 mil toneladas al mes de producción”.

Consecuentemente –concluye Belaunde-, “debido a las irracionales exigencias del DL 1105, 69,893 mineros artesanales han sido condenados a la ilegalidad.  Se trata, pues, de una exclusión en masa”. Y, en realidad, son muchos más. Se calcula su número en alrededor de 300 mil.

Pero la cosa no queda allí. Según Belaunde, “una vez ilegalizados los mineros artesanales, es de aplicación el Decreto Legislativo 1100 que regula la interdicción de la minería ilegal. La interdicción consiste en el decomiso y la destrucción de los activos dedicados a ella.  ¿A qué activos se alude?: dragas, equipos portátiles de succión, retroexcavadoras, cargadores frontales, camiones, compresoras, perforadoras, chutes, molinos, motobombas, o cualquier equipo similar, sin importar su tamaño o capacidad”. 

PPK convierte minería ilegal en crimen organizado

Según Luis Garrido, el gobierno de Humala satanizó a los pequeños mineros y los metió a todos en un mismo saco, pues los decretos legislativos mencionados no separan claramente la minería aluvial de la subterránea. En la propia minería aluvial se podría trabajar con tecnologías limpias, que no usan mercurio, pero eso no se promueve. Y los decretos legislativos dados por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, aunque simplifican algo, se mantienen dentro de la misma lógica.Es más, uno de ellos, el DL 1351, incorpora en el Código Penal a minería ilegal – aquella que se realiza en lugares prohibidos y la que pueda afectar el ambiente – como crimen organizado.

Pérdida de recursos fiscales y contrabando a Bolivia

El resultado de esta ilegalización masiva para el Estado peruano ha sido la pérdida de importantes recursos fiscales que se recaudaban en el aeropuerto Jorge Chávez. Según el ex minero artesanal y ex vice ministro de minas Juan Carlos Ramírez, antes del 2012 el oro procedente de la minería artesanal o informal se exportaba por el aeropuerto Jorge Chávez como cualquier otro producto. Salían alrededor de US$ 3 mil millones de dólares al año, que necesariamente estaban controlados y pagaban alrededor de US$ 450 millones de dólares en impuestos, que ahora bien que los necesitaríamos. Pero. “al haberse satanizado toda la minería del oro que no fuera Newmont, Barrick, Poderosa, Horizonte y un par más, con los DL de Humala, este flujo económico (que es el 1.5 % del PBI) se hizo ilegal instantáneamente y comenzó a evadirse de contrabando a Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador. En este momento el oro peruano pasa al Banco Central de Bolivia donde le ponen un sello pagando 5% del valor y lo exportan. Si regresamos a la situación anterior al 2012, cuando empresas que exportaban por el Jorge Chávez le compraban a las plantas procesadoras y estas a pequeños mineros, restableceríamos el flujo económico y armaríamos la base de datos de exportadores nuevamente. Con esa base, podemos ir hacia atrás a las plantas y pequeños mineros que lo producen”.

Liberalizar la cadena y formalizar a partir de las plantas

Lo que propone Ramírez, en suma, es liberalizar por completo toda la cadena e insertar medios de generación de información a partir de la formalización y fiscalización de las plantas de procesamiento, y de allí hacia atrás. “La mejor ley es la que no existe. Cuando tú haces ilegal el alcohol generas a Al Capone, Lucky Luciano y la corrupción; cuando haces ilegal el oro generas a Peter Ferrari y la corrupción”, añade.

Esto se puede hacer incluso en Madre de Dios. Ramírez propone que allí se instale una refinería de oro, que podría ser de la suiza MKS o PAMP (Productos Artísticos Metales Preciosos). Los pequeños mineros tendrían que hacer una separación gravimétrica, sin usar mercurio. Las tecnologías existen.

Antes de estas leyes, las plantas de procesamiento retenían los impuestos que debían pagar los mineros informales y pagaban a nombre de ellos. Restablecer ese sistema permitiría construir información acerca de los informales e ir formalizándolos. El propio plan de Peruanos por el Kambio proponía un esquema similar, pero no lo están ejecutando.

Garrido explica que antes del 9 de octubre del 2014, la planta procesadora, que actuaba como agente de retención, le retenía al pequeño minero el 18% del IGV y el 4% del valor de la venta (a título de impuesto a la renta). Y le emitía una liquidación de compra. Pero a partir de esa fecha obligan a que el pequeño minero facture y emita su guía de remisión. El resultado es que muchos abandonan y ya no venden a las plantas formales porque la Sunat les impone multas, cobranzas coactivas y embargos cuando no han pagado el IGV o el IR.

Sólo 5,000 pueden facturar y formalizarse
Además, sólo alrededor de 5,000 pequeños mineros pueden facturar porque son los únicos que tienen contrato con los titulares de las concesiones en las que operan. Como consecuencia de la obligación de facturar y que solo lo pueden hacer los que tienen contrato con el concesionario, “las plantas formales casi no trabajan o lo hacen a medias. Entonces los propios mineros procesan o aparecen los “molineros” que procesan en pozas usando cianuro, o mercurio con los quimbaletes. Esos sí son destructivos ambientalmente”, explica Garrido.

Es decir, las normas que se dieron para formalizar están produciendo más informalidad y más destrucción ambiental. Parten del principio de que se formaliza sólo el que tiene título o contrato. Pero solo alrededor del 5% lo tiene. Entonces son excluyentes por definición.

Por eso, no se entiende cómo el gobierno va a lograr la meta anunciada por la Premier Araoz de llegar a 55 mil mineros formalizados el 2021, una cifra además, poco ambiciosa considerando un universo de alrededor de 300 mil informales. Es imposible si no se resuelve el principio de que solo se formaliza el que tiene título o contrato con el concesionario.

La Premier ha anunciado también un proyecto de ley para crear el Fondo Minero. Según nos explica la ministra Aljovín, “el Fondo Minero financiará asistencia técnica y capacitación para temas de seguridad y uso de tecnologías limpias para cuidado del medio ambiente. Asimismo, apoyará en asistencia para presentar los requisitos exigidos en el proceso y facilitará acceso a mercados (otorgando certificaciones, por ejemplo). También comprará a precio justo de mercado el oro extraído”. Todo eso está muy bien, pero de nada servirá mientras subsista la restricción mencionada.

La solución
Ahora bien, ¿cómo resolver el problema de los informales precarios en concesiones ajenas? Ramírez recuerda que la Cerro de Pasco trabajaba con pequeños mineros: les daba compresoras, equipo minero en general y les compraba, que es lo que hace Enhami en Chile. Se trata, en buena cuenta, de un contrato de alquiler. Y en caso de encontrarse un yacimiento grande en las zonas trabajadas por los pequeños mineros, estos se obligan, en el contrato que firman a retirarse. ¿Quiénes se oponen a una solución como ésta? Los abogados, con el argumento de que son invasores a los que se les va a dar un derecho. Como dice Ramírez, habría que hablar con los estudios Grau, Echecopar, Muñiz, Rodrigo, etc., para que “cobren por dar soluciones, no problemas”.

Además, según Garrido el 90% de los denuncios de concesiones se efectúan para especular. “El Estado debe mediar e ir resolviendo el problema caso por caso”. Además, hay aquí una labor fina de hacerle comprender al inversionista que el modelo de negocio en minería ya cambió y que para obtener la licencia social es bueno llegar a acuerdos. Refiere que Hudbay en Velille, Cusco, por ejemplo, denuncio 14 mil hectáreas y le dijo a los mineros informales: yo les doy 400 hectáreas y les ayudo en sus permisos, y Uds. me dan la licencia social. “De esa manera todos ganan. Les ha cambiado la vida.  Otras empresas, en cambio, dicen esto “es mío, quiero más”.

En resumen, de lo que se trata es de simplificar drásticamente los requisitos para la formalización (ver anexo preparado por Rafael Belaunde) y actuar a partir de plantas formales de procesamiento hacia atrás, restableciéndoles a dichas plantas la condición de agentes retenedoras de impuestos.

ANEXO
SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA MINERIA ARTESANAL
Rafael Belaunde

Decenas de millares de ciudadanos pobres se dedican a la actividad minera artesanal en zonas del territorio donde no existen posibilidades laborales alternativas. De acuerdo a la Ley General de Minería, el Estado protege y promueve la minería artesanal y la pequeña minería. Sin embargo, los reglamentos no sólo han desvirtuado ese precepto, lo han contravenido.

La minería artesanal es aquella que extrae y procesa un máximo de 25 TM/día. Esta es la categoría a la que pertenecerían la mayoría de mineros informales, si los requisitos para la formalización fueran razonables. Los llamados mineros informales, o son concesionarios artesanales que no pueden cumplir con los agobiantes requisitos legales, o son ilegales que explotan exiguos volúmenes en áreas concedidas a terceros (invadidas), o áreas del Estado.

Se sugiere que la problemática artesanal sea encarda diferencialmente en función al ámbito geográfico y a la existencia o inexistencia de titularidad por parte del minero. Cambios propuestos a la ley y a sus reglamentos:

1. Reducción en costa y sierra de la concesión mínima, de una cuadrícula de 1,000 X 1,000 metros a la cuarta parte (500 X 500 metros), que sería una sub cuadrícula de la actual.
2. Concomitantemente, elevación del Derecho de Vigencia a US$ 5/hectárea/año, excepto para las primeras 1,000 hectáreas que seguirían con el régimen de US$ 3/ha/año y constituirían límite máximo para la categoría. Estas normas desincentivarían el acaparamiento especulativo y liberarían áreas. (Uno de los problemas actuales es la inexistencia de áreas libres donde ubicar informales).
3. Simplificar y reducir los requisitos de la Declaración de Impacto Ambiental haciéndolas compatibles con el insignificante impacto que una operación artesanal genera. Las DIA en áreas desérticas deben ser mucho menos rígidas y engorrosas que para zonas agrícolas o selváticas. El CIRA debería poder ser firmado por cualquier arqueólogo colegiado y tendría categoría de Declaración Jurada.
4. Disponer que el COM (Certificado de Operación Minera) sea documento suficiente para ejercer actividad minera, eliminándose el permiso de inicio de actividades. Antiguamente, el título de la concesión otorgaba automáticamente las prerrogativas que hoy otorga el COM. Otra traba es que el COM puede ser de exploración o de explotación, distingo absurdo para la problemática artesanal.
5. Prohibir el uso de cianuro y de mercurio fuera de plantas autorizadas que cuenten con sistema de retorta para el mercurio y relaveras impermeabilizadas tanto para el cianuro como para el mercurio.
6. Instalar plantas de procesamiento y/o facilitar su instalación en lugares estratégicos para servir y fiscalizar a la minería artesanal y para desincentivar el uso de quimbaletes que, salvo para fines de gravimetría, debiera quedar proscrito en un plazo prefijado.
7. Reducir los límites del área protegida de las Líneas de Nazca a la pampa en donde efectivamente se encuentran, para crear en el área liberada un parque minero artesanal donde ubicar a informales que carecen de concesiones. Repetir el esquema en Puno (en torno a La Rinconada), en la zona de Chala y en las otras zonas de concentración de informales, en base a las áreas que reviertan al Estado como consecuencia del incremento de DV. Es oportuno indicar que la reserva de las Líneas de Nazca ocupan más área que la comprendida entre Ancón y Pucusana, y entre La Punta y Chosica. Es decir, un área mayor a la de las provincias de Lima y Callao juntas. Las líneas en sí, ocupan un fragmento minúsculo de la reserva. De haberse aplicado similar criterio en torno al cerro Baúl en Moquegua (importante sitio arqueológico) Cuajone, Quellaveco y los Calatos estarían dentro de áreas protegidas.
8. Crear un sistema de concesiones particular para el llano amazónico a efectos de reducir aún más el hectareaje mínimo, a 10 hectáreas, incrementando el DV a US$ 20/ ha/año en la amazonia, debido a que el impacto minero en los depósitos aluviales en zonas profusamente vegetadas es muy superior al causado por las explotaciones subterráneas en zonas áridas y poco propicias para la agricultura, a efectos de crear un fondo para la reforestación.
9. Flexibilizar la compra, el transporte, el almacenamiento y el uso de cantidades poco significativas de explosivos.
10. Adecuar las multas por incumplimiento de obligaciones burocráticas (DAC) a niveles no confiscatorios y fijar plazo razonable de prescripción (2 o 3 años) para los procesos de fiscalización. La actual espada de Damocles es un instrumento de amenaza y extorsión de burócratas inescrupulosos.
11. Crear Derechos Especiales sobre ciertos derechos caducos a efectos de permitir que en ellos se permitan actividades mineras por parte de mineros sin concesión, previo empadronamiento, tal como se sugiere en 7.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Si el nuevo gabinete que preside Mercedes Araoz quiere afianzar la gobernabilidad y realizar las reformas que el país necesita para salir de la trampa de los ingresos medios, tiene que empezar por acercarse a los sectores menos conectados al mercado y al mundo de la formalidad. Tiene que establecer puentes con los sectores menos integrados, con el pueblo. Tiene que cambiar el signo del gobierno y a percepción que existe acerca de él.

Fuente: martarepupilli.com

En el campo

Desarrollo rural integral, Sierra Productiva y reconversión de Juntos

Lo primero es enganchar con el vasto número de familias campesinas andinas, para apoyar decididamente sus esfuerzos de incorporación económica y cerrar de una vez por todas la vieja herida colonial. Para ello necesitamos una política de desarrollo rural integral agresiva. Eso significa:

• Masificar los reservorios familiares
• Multiplicar el riego por aspersión
• Desarrollar pastos cultivados
• Y otras tecnologías de Sierra Productiva en las familias campesinas (comenzando con 100 mil familias)
• Reconvertir Juntos de manera gradual en un programa productivo para que las familias pasen de recibir dinero a generarlo -elevando su dignidad
• Integrar estas políticas con las de vivienda y saneamiento rural, con los programas de lucha contra la desnutrición y la anemia, con la transformación de las escuelas rurales en escuelas productivas y con los Institutos Viales Provinciales.

Todo esto articulado desde la PCM como programa integral prioritario.

Titulación

Al mismo tiempo, empoderar a las comunidades y familias con la titulación de la propiedad comunal y también individual o familiar al interior de las comunidades que lo pidan, para ponerlas en igualdad jurídica con el resto de la nación, permitirlesuna relación más horizontal con las empresas mineras y que puedan firmar contratos para la siembra de plantaciones forestales maderables en sus tierras, con empresas forestales modernas. Esto mismo en la Selva, donde, además, hay 300 mil familias que producen 450 mil has. de café que podrían triplicar sus rendimientos si hubiese una política de mejora de la productividad.

Alianza con los pequeños mineros

Cesar el acoso legal contra los mineros informales derogando los decretos legislativos que establecen requisitos que no se pueden cumplir, y pasar a una política de formalización y de apoyo tecnológico a los pequeños mineros a partir de la fiscalización de las plantas procesadoras.

En las ciudades

Incorporación masiva a Essalud y pensiones

En las ciudades el gobierno podría avanzar rápidamente con la incorporación de la gran cantidad de independientes e informales a Essalud y al sistema de pensiones permitiendo que parte del IGV que pagan en las compras que hacen puedan aportarlo a esas instituciones, tal como lo ha propuesto Lampadia. Esto, de paso, ayudará a la formalización y a una mayor recaudación, facilitadas también por la masificación de los comprobantes de pago electrónicos que podrían ser emitidos desde cualquier celular. El ministerio de la Producción deberá convertirse en una gran agencia de desarrollo de los pequeños negocios. 

CLAS en postas y escuelas

Lo ideal sería restablecer los Comités Locales de Administración de salud (Clas), donde las comunidades locales conforman un directorio que gestiona las postas médicas. Y hacer lo mismo con los colegios, devolviéndoles autonomía, y transferir los mejores colegios a sus profesores dentro de un sistema de vouchers o cupones, como propuso en su momento Pablo Bustamante.

Simplificación y anti corrupción

La presidenta del Consejo de Ministros debería, además, desplegar un liderazgo activo en las políticas de simplificación administrativa, eliminación de procedimientos que no pasen el análisis de calidad regulatoria, la aplicación de tupas estandarizados y la digitalización del Estado, haciendo ver como eso facilita la vida al ciudadano y al empresario.

Estas reformas deben venir acompañadas de una fuerte campaña contra la corrupción movilizando denuncias de la gente. Hay que generar una cruzada anti corrupción.Y exigir el ISO Anti-soborno a todos los estudios de abogados y empresas constructoras que contraten con el Estado.

Meritocracia

Pero un Estado al servicio de la gente supone un Estado profesional y meritocrático. La meritocracia debe convertirse en una gran causa. Al respecto, lo primero es ponerle voluntad política a la implementación del régimen de la ley de Servicio Civil, que no parece estar en el radar del gobierno, en todo el Estado, incluyendo los gobiernos sub nacionales donde el patrimonialismo cunde. Complementariamente, la PCM podría crear una comisión para diseñar la reforma de la descentralización, a fin de recuperar la eficiencia de la gestión estatal.

Atención primaria de la justicia penal

Además, en las ciudades es necesario atacar de manera efectiva la inseguridad y la impunidad, que afectan más a los que menos tienen. Se trata de ponerle más fuerza a las políticas basadas en la colaboración municipal-policial y al programa de Barrio Seguro, yendo a una policía comunitaria. Pero, para frenar la desalentadora sensación de impunidad que se manifiesta cuando se libera a pequeños delincuentes y raqueteros, es necesario juntar en locales municipales a la Policía, un fiscal, un juez y una carceleta, de modo de poder condenar a penas de días o semanas a dichos pequeños delincuentes, juzgándolos en flagrancia de ser posible. Es decir, establecer una política de atención primaria de la justicia penal. El Acuerdo Nacional por la Justicia debería servir para coordinar y expandir esta política, que contaría con la facilidad de que los locales serían proporcionados por las municipalidades distritales.

La gran inclusión laboral

Una vez que el gobierno ha establecido una alianza clara con los sectores populares rurales y urbanos a través de estas distintas políticas y programas, entonces puede plantearse buscar un diálogo profundo con la CGTP, la CTP y las fuerzas políticas para buscar una legislación laboral inclusiva, que permita que esos mismos sectores populares, que no tienen derechos laborales, empiecen a tenerlos. Esta sería la revolución inclusiva más importante de las últimas décadas. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La comisión de Constitución del Congreso está dedicada a debatir y aprobar las normas que permitan regular mejor las elecciones municipales y regionales del 2018,[1] pero todavía no aborda las reformas de fondo necesarias para reconstruir un sistema de partidos funcional, asegurar la gobernabilidad y mejorar la representación, ni, como veremos, existe aun consenso sobre ellas.

Fuente:  Blog: Polítika

Entre los congresistas no parece existir conciencia acerca de la necesidad de llevar a cabo una reforma política de verdad o se encuentran cómodos con la manera como llegaron al Congreso y no quisieran cambiar el statu quo. Son producto de la disfunción y por eso no ven la necesidad de remediarla.

Pero basta revisar el último proceso electoral para advertir las características del problema. El libro “Perú, elecciones 2016”, cuyo editor es Fernando Tuesta, contiene ensayos muy ilustrativos al respecto. Varios de ellos dan cuenta de cómo se manifestó en esa elección la naturaleza altamente personalista de la política peruana y la inexistencia de partidos propiamente tales: la gente vota por la persona, y los partidos son meros vehículos para la movilidad política de los candidatos.

Mauricio Zavaleta y Paulo Vilca, por ejemplo, muestran cómo los candidatos al Congreso han postulado antes a cargos sub nacionales por diversas agrupaciones regionales o locales, o al propio Congreso por partidos políticos distintos al que en esta ocasión los postula. Lo que hay es una altísima movilidad. Los partidos no tienen existencia propia. Son meros vehículos, como decíamos. Milagros Campos anota cómo el transfuguismo, es decir, cambiar de partido, es una manera de reelegirse.

Y el problema es que las reglas electorales y las que regulan las organizaciones políticas agravan esta situación. Más específicamente, impiden que los partidos se institucionalicen y socavan la democracia interna o colisionan con las normas que la regulan. Así, Mauricio Zavaleta y Paulo Vilca demuestran cómo los miembros o militantes de los partidos tienen pocas posibilidades de alcanzar las candidaturas congresales, puesto que éstas son obtenidas por políticos regionales (líderes de movimientos regionales) en negociaciones directas con los dirigentes del partido, quienes los escogen porque ya son conocidos y por su capacidad de aportar recursos.

Evidentemente, si las élites partidarias prefieren captar políticos regionales competitivos sin vínculos con la organización,  ¿para qué elecciones internas? Ellas y los Comités Locales se convierten en un problema.

Esta simbiosis entre partidos y movimientos regionales o locales atenta no sólo contra la democracia interna en los partidos sino también contra la propia consolidación de los partidos políticos en el territorio. En cada elección municipal el porcentaje de alcaldes que pertenece a movimientos regionales es mayor, y los partidos tienen cada vez menos presencia, pero eso no es problema a la hora de las elecciones nacionales porque los partidos reclutan precisamente a esos líderes conocidos y acaudalados de movimientos locales.

De lo que se desprende que una reforma necesaria sería eliminar la participación de los movimientos regionales en las elecciones subnacionales o ponerles requisitos más fuertes para inscribirse y participar, u obligarlos a adscribirse a un partido.

Pero allí no queda la cosa. En este contexto, el voto preferencial resulta funcional a las dirigencias partidarias porque incentiva a los candidatos al Congreso a hacer campaña con sus propios recursos, sin necesidad de usar recursos del partido, promoviendo de paso la imagen del candidato presidencial. Pero, claro, esto se hace a costa de una plataforma programática cohesionada y genera una competencia fratriciada entre los candidatos del mismo partido.

En suma, movimientos regionales liderados por políticos locales con recursos,  y voto preferencial, son instituciones que se refuerzas mutuamente, pero a costa de la institucionalización partidaria y de la democracia interna. No tiene sentido exigir formas mas acabadas de democracia interna si no cambiamos la combinación perversa de movimientos regionales con voto preferencial.

La solución acá es pasar a un sistema para elegir congresistas basado en distritos uninominales (o binominales), donde el candidato haría campaña pero contra los candidatos de otros partidos, no del suyo propio, eliminando el  efecto perjudicial de la competencia fratricida y de la destrucción del mensaje programático único. Este sistema tiene además un efecto reductor en el número de partidos y resuelve el problema de la representación porque el elector sabe quién es su representante y puede comunicarse con él. Le da sentido real a la democracia.

Por supuesto, un corolario de la complementariedad entre movimientos regionales y voto preferencial en la elección de los congresistas, es la fragmentación posterior de las bancadas parlamentarias, pues no existe realmente identificación partidaria.

Lamentablemente, no existe entre los congresistas de Fuerza Popular conciencia del efecto de estos mecanismos en la institucionalidad partidaria, y no hay consenso acerca de las reformas necesarias para prevenirlo. Ursula Letona me confesó de manera sincera que “hay mucha reticencia a eliminar el voto preferencial porque somos fruto del voto preferencial”. Pero más grave aun fue el desconocimiento de sus efectos: “creo que el esquema se ha mantenido porque no resulta tan dañino para la democracia, yo creo que más importante es cómo se genera la lista de candidatos, tiene que haber un sistema que le permita también al partido colocar candidatos”. Luego le pregunté:

-¿Pero tú no crees que se pueda eliminar el voto preferencial y canjearlo por un sistema uninominal?

-“De lo que he visto, no. No he visto ningún consenso”, me respondió.

Daniel Salaverry es de la misma opinión: “No hay una decisión de la bancada aún en esos temas, sin embargo mi opinión es que se puede mantener el voto preferencial”.

Si dos importantes representantes de la bancada mayoritaria están en contra de eliminar el voto preferencial, parece claro que esta reforma fundamental no se realizará. Y como tampoco se está planteando nada en el sentido de eliminar la participación de los movimientos regionales o poner requisitos mas fuertes para ella, pues se mantendrá el síndrome destructivo de la institucionalidad partidaria.  

Salaverry quizá se da cuenta de que mantener ese esquema impide la democracia interna, y tal vez por eso se opone a que los organismos electorales organicen las elecciones internas en los partidos. Obvio: las dirigencias tienen que poder reclutar a políticos locales con recursos. Si hay elecciones internas supervisadas, ese margen se achica.

De otro lado, sin embargo, el dictamen del grupo de Patricia Donayre mantenía el requisito para inscribir un partido de reunir un número de firmas equivalente al 4% del padrón electoral. Es una valla muy alta. Si se mantiene, se tiende a consolidar el monopolio de los partidos ya inscritos, lo que obligaría a que se conviertan en verdaderamente democráticos de manera que cualquiera que quiera hacer política y no tenga mas remedio que ingresar a un partido existente, pues tenga las garantías de que se respetará la voluntad de los electores internos si postula a un cargo partidario o a una candidatura.

Pero no hay consenso para que las elecciones internas sean universales –un militante un voto- ni para que los organismos electorales organicen dichas elecciones. Y menos serían éstas congruentes con mantener la nociva diada movimientos regionales-voto preferencial.

De modo que no hay lógica ni reforma por ninguna parte. Eso sí, Ursula Letona está de acuerdo –aunque a título personal- con el restablecimiento de la bicameralidad y con  la elección del Congreso junto con  la segunda vuelta presidencial o después de ella. Pero Fuerza Popular no ha discutido aun estos temas. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Tuvieron que pasar siete años y mucha presión mediática y política para que el Poder Judicial finalmente concluyera que un pasquín del Movadef, que exaltaba a niveles hiperbólicos la figura de Abimael Guzmán, hacía apología del terrorismo. Habría que preguntarse si detrás de esa demora no había algo de temor en los jueces, porque según trascendidos e informes oficiosos del Poder Judicial, el sindicato de Lima del Poder Judicial, el SUTRAPOJ, tendría una importante influencia del Movadef pues, de 14 delegados, 6 pertenecen a esa agrupación.

El hecho de que el Movadef pueda estar enquistado en el Poder Judicial y éste no pueda o no quiera hacer nada al respecto, nos sirve como introducción dramática al tema que queremos plantear: ¿es posible una reforma judicial “desde adentro”, considerando los intereses creados y la inercia del sistema? En realidad, existe un mito en torno a que la reforma judicial no se puede ni se debe realizar desde afuera. En la práctica, como veremos, los principales cambios en el sistema judicial vienen realizándose desde afuera. Y esa es la ruta que hay que profundizar.

Para comenzar, como sabemos, este gobierno ha puesto en marcha el Acuerdo Nacional por la Justicia (ANJ), promovido y coordinado por la Ministra de Justicia Marisol Perez Tello. Es decir, desde afuera, aunque quienes lo integran son los titulares de las entidades que deben reformarse: el presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (que acaba de renunciar en desacuerdo con la iniciativa de reforma de ese organismo) y el presidente de la Academia de la Magistratura. Funciona más como un mecanismo de coordinación –que no existía- entre los integrantes del sistema de justicia y de motivación para la ejecución de mejoras y pequeñas reformas en cada entidad. Se ven temas como la mejora de los protocolos de coordinación en los procesos que se llevan a cabo con el nuevo código procesal penal, o mejoras en los procesos vinculados a casos de familia. También la importantísima reforma del expediente digital. Recientemente se quiere discutir la reforma del CNM, por ejemplo.

Fuente: eljuegodelacorte.

La pregunta es hasta qué punto el ANJ tendrá la decisión de abordar los temas más difíciles, esos que suponen romper el statu quo interno de las instituciones componentes. El Acuerdo se propone, por ejemplo, plantear un modelo de gestión por resultados, basado en procesos eficientes. Veremos hasta donde llega, porque hasta la fecha no ha habido manera de instaurar un sistema de evaluación de desempeño de los jueces que rija sus ascensos y su permanencia. Hay problemas de gestión en los juzgados, las salas y las audiencias. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no funciona. El presidente del Poder Judicial debería serlo por un periodo de 4 años con más poderes ejecutivos y empoderando a la gerencia general. De lo contrario, todo es connivencia en torno al statu quo. La corrupción es grave. Algunos fiscales y jueces están vinculados a mafias o validan acciones de organizaciones criminales dedicadas a la usurpación de terrenos, por ejemplo. La OCMA carece de recursos y capacidades.

No se ve que en el ANJ se aborde esos temas.

Para comenzar, en las instituciones judiciales suele haber complicidad interna y horror a la transparencia. En el 2009 el PNUD donó al Poder Judicial un programa –que se usa en el FBI, por ejemplo- llamado I2, avaluado en 500,000 dólares, que permite descubrir desbalances patrimoniales, detectar robos o sobreprecios en las compras de la institución, etc. Se llegó a introducir en el programa información de la Reniec, de la Sunat, de la Sunarp, acerca de ingresos, bienes patrimoniales y vinculaciones familiares de los Supremos y gerentes en este caso, y también la información relacionada a las licitaciones y compras del Poder Judicial: las empresas que participaron y ganaron, las propuestas que hicieron, quiénes integraban las comisiones de adjudicación, etc. El programa llegó a hacer un informe que detectó desbalances patrimoniales en algunos supremos y descubrió corrupción en la compra de papel, por ejemplo. Con esa información el gerente fue despedido luego de un tiempo. Pero nada se hizo en relación a los Supremos. Más bien lo que ocurrió fue que al poco tiempo el programa sencillamente desapareció. Nadie sabe dónde está y hasta se ha perdido la memoria de su existencia. Un programa como ese sería de enorme utilidad, porque permitiría depurar las instituciones del sistema de justicia.

La misma fuente nos refiere que ese mismo año el Banco Mundial donó 4 equipos Forensic, que leen el espejo de las computadoras, para recuperar la data borrada. Pues bien, en la actualidad solo se ha encontrado uno. No se sabe qué pasó con los otros tres.

De acuerdo a nuestras informaciones, la corrupción en el Poder Judicial no solo es parte casi consustancial a la administración de justicia misma (ver libro de Jaris Mujica, “Micropoliticas de la Corrupción”), sino que sería aún más intensa en la parte administrativa de la judicatura. Las compras son un festín. Los gerentes generales puestos por los presidentes del Poder Judicial, no duran porque no pueden contra las fuerzas internas. Cesar San Martín tuvo dos gerentes públicos puestos por Servir, que tuvieron que salir por la resistencia del statu quo. Enrique Mendoza tuvo también dos gerentes generales, un marino y un gerente público de Servir, que tampoco pudieron cambiar el sistema. El de Ticona renunció en setiembre del año pasado y el cargo quedó vacante hasta la fecha.

Parte del problema estriba en que la mayor parte del personal administrativo está nombrado, de modo que es difícil exigirles nada y menos cesarlo por incompetencia o falta de trabajo. No solo eso, resulta que hay 23,000 trabajadores administrativos (sin contar los auxiliares jurisdiccionales que son unos 4,000) para 3,000 jueces. Una relación ¡de 8 a 1!, cuando debería haber menos administrativos que jueces.

Y ese número se incrementa a razón de 1,000 nuevos empleados por año. Aparentemente la autonomía les sirve para eso. Lo que ya resulta aún más escandaloso es el caso de las notificaciones. Se supone que con las notificaciones electrónicas el personal debía reducirse al mínimo. Pues bien, ¡aumentó! Pasó, en la Corte de Lima, de 183 personas antes, a 196 en la actualidad luego de establecido el sistema electrónico.

Es obvio que esta situación requiere de una intervención radical. Los jueces no se atreven a actuar porque dependen de los administrativos para tener papel, tonner, que funcionen las computadoras, la movilidad, etc. Los sindicatos que agrupan a los administrativos ni siquiera aceptan pasar al régimen de la ley de servicio civil, que les da los mismos o mejores beneficios que tienen ahora, pero a cambio de evaluaciones y de meritocracia. El Poder Judicial está en desacato frente a la ley de Servicio Civil. No la quiere aplicar, por presión de los sindicatos.

Para coronar esta situación resulta que el sindicato de Lima, el SUTRAPOJ, podría estar siendo manejado, en algo medida nada menos que por el Movadef, pues de 14 delegados, 6 tendrían vinculaciones a dicha agrupación. 

Pues bien, ante la resistencia a ingresar al régimen del servicio civil, existe una iniciativa en el Poder Judicial para contratar una consultora internacional que haga un estudio y recomiende la organización y los mecanismos de meritocracia interna que deberían establecerse en la administración. Pero, de acuerdo a nuestras fuentes, quien se opondría es precisamente el gerente general, y ya podemos imaginar por qué. Y tampoco el presidente del Poder Judicial ni el Consejo Ejecutivo muestran una voluntad clara de convocar la licitación correspondiente.

¿Cómo hacer para resolver esos problemas y todos los relativos a la parte jurisdiccional propiamente dicha? ¿Podrá el Acuerdo Nacional por la Justicia transformar organizaciones todavía en alguna medida patrimonialistas gobernadas por redes internas de poder que eventualmente se convierten en redes de corrupción, en organizaciones basadas en un orden interno meritocrático asegurado por evaluaciones de desempeño y orientado al cumplimiento de metas y resultados?

El ANJ es un buen esfuerzo y debería institucionalizarse. Se ha preparado un proyecto de ley para eso. Pero está integrado por las partes interesadas. Ese es su límite. Se necesita más. Y lo primer que hay que despejar es el mito de que la reforma no se puede hacer desde fuera, aunque con la colaboración y la participación de los jueces y fiscales, desde luego. Desde fuera y desde adentro, a la vez.

En efecto, de hecho, tenemos ya el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), una institución externa creada por la propia Constitución. Es decir, la propia Carta Magna señala el camino. Ahora se ha planteado la reforma de esa institución, precisamente porque un CNM de primer nivel ayudará a nombrar mejores jueces y fiscales y destituir a los malos. Es, decir, ayudará a cambiar el sistema judicial. Es una intervención desde fuera.

Pero la composición propuesta en el proyecto del Ejecutivo no es convincente. Mucho mejor a simple vista es la que propone Transparencia: que los miembros del CNM “sean designados por el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, el Banco Central de Reserva y la Corte Suprema. Además, el Jurado Nacional de Elecciones, con el soporte operativo de Servir, seleccionaría a tres miembros adicionales por concurso público de méritos”

Transparencia propone también eliminar el mecanismo de ratificación de jueces cada siete años a cargo del mismo CNM, porque esa intervención sí es nociva porque puede ser arbitraria y hasta corrupta. La alternativa sería transferir al Poder Judicial y al Ministerio Público la función de realizar evaluaciones de desempeño y productividad regulares que determinen los ascensos y, eventualmente, el retiro de los que no alcanzan las aptitudes necesarias, lo que, a su vez, demandará la aprobación de una ley de carrera judicial y fiscal. Esta es tarea del Congreso, otra intervención externa. Quizá un nuevo CNM podría supervisar esos procesos o tener participación en su ejecución. 

También el Ministerio de Justicia puede impulsar cambios en el sistema judicial. De hecho, ya lo ha venido haciendo por medio de la Secretaría Técnica de la Comisión de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, que ha monitoreado, en pared con el MEF, el largo proceso de implementación de ese código que está produciendo un verdadero cambio institucional y cultural en el sistema judicial-policial (aunque se requiere ajustes), pero que aún falta aplicarse en Lima. Otro caso de reforma “desde afuera”, relativamente exitoso, además.

Pues bien, sería bueno ampliarle el mandato a esa Secretaría para que promueva la “oralización” en todos los procesos (civiles y comerciales), la implantación de los sistemas de evaluación de desempeño en el Poder Judicial y el Ministerio Público, la introducción de expediente digital y la interoperabilidad, y lo que hemos llamado la  atención primaria de la justicia penal.[1]Esto en combinación con un sistema de presupuesto por resultados, de modo que se asigne más presupuesto en función del cumplimiento de metas y compromisos.

El Congreso, por su parte, debe intervenir no solo aprobando las leyes de carrera judicial y fiscal y la que amplíe el mandato de la Secretaría mencionada, sino dictando una ley para que el periodo del presidente del Poder Judicial dure cuatro y no dos años, transfiriéndole, además, atribuciones de decisión que ahora tiene la sala Suprema. Es decir, empoderándolo para que pueda hacer las reformas.

Y no nos olvidemos de la Contraloría. Su intervención tiene que ser certera y eficaz para erradicar la cantidad insondable de corruptelas que hay en la administración del Poder Judicial. Aquí no cabe la coartada de la autonomía administrativa. Son recursos de todos los peruanos que deben ser cautelados con rigor. Sí se requeriría probablemente una ley para que el MEF o Servir intervengan para racionalizar y reducir a su justa dimensión la hipertrofiada gerencia administrativa de la judicatura.

Sería bueno que el Acuerdo Nacional por la Justicia se pronuncie sobre estos puntos. La mayor parte de estas decisiones, sin embargo, están en manos del Congreso y del propio Poder Ejecutivo. Dependen de la clase política. No hay tiempo que perder. Ver también la primera entrega de este tema: El avance de las reformas del Estado es desigual. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Del conjunto de reformas que el país requiere para dar el salto que nos permita salir de la trampa del ingreso medio y no recaer en la pobreza, los Poderes del Estado, en el primer año de gestión del gobierno del presidente Kuczynski, han logrado avanzar de manera todavía incipiente y en distintas medidas en lo relacionado a desregulación y simplificación administrativa, digitalización del Estado, formalización tributaria, reforma policial, diseño de un nuevo sistema de inversión pública, reforma electoral y algunas iniciativas limitadas de reforma judicial. Pero todavía está en formulación la propuesta de reforma del sistema de protección social, que incluye la reforma integral de la Salud, de las pensiones y de la protección frente al despido (reforma laboral), no hay prioridad política para la aplicación de la ley de servicio civil y no hay planteamientos acerca de la necesaria reforma de la descentralización ni se están ejecutando aun estrategias para sacar adelante los proyectos mineros.

Comencemos por lo más avanzado y prometedor: lo relativo a un Estado moderno, digital, facilitador y profesional. Es decir, la reforma del Estado, o del Poder Ejecutivo, para ser más precisos. Aunque en esto los avances son desiguales, incluso en lo relativo a simplificación administrativa, que es donde se observa más determinación.

Fuente: zurse.com

Simplificación administrativa y desregulación

La simplificación administrativa no solo le hace la vida más fácil al ciudadano y a las empresas, sino que elimina oportunidades de corrupción. Se aprobó ya el reglamento y la metodología del llamado “análisis de calidad regulatoria” por el que tendrán que pasar cada tres años todos los procesos administrativos o trámites de los distintos ministerios y entidades públicas. De acuerdo al cronograma aprobado, este trabajo tendrá que estar terminado en setiembre del 2018. Las distintas instituciones realizan su propio análisis que es revisado y validado por una oficina central en la PCM. Los procedimientos que no pasen el examen serán derogados. Si esto se hace bien, puede ser una verdadera revolución facilitadora.

El Indecopi ha empezado ya a in-aplicar barreras burocráticas con efecto general, una atribución concedida por uno de los recientes decretos legislativos. Ivo Gagliuffi, presidente de Indecopi, nos informa que hasta la semana pasada se habían presentado 66 casos de inaplicación con efectos generales, todos declarados fundados aunque todavía en apelación o dentro del plazo de apelación. De ellos, uno, relativo a carnets de sanidad, es ya firme (ya no es posible exigir carnets se sanidad salvo para actividades que realmente lo necesiten, como manipulación de alimentos). Si la norma de inaplicación con efecto general hubiese estado vigente el año pasado, cuando se in-aplicaron, pero solo para el caso particular, 710 barreras burocráticas declaradas ilegales o carentes de razonabilidad, el ahorro potencial para el conjunto de ciudadanos y empresas habría sido de 1.17 millones de soles. El ahorro efectivo para las empresas que demandaron fue de  278 millones de soles.[1]      

De otro lado, en las reformas a la Ley del Procedimiento Administrativo General (DL 1272), se abrió la vía legal para que PCM vaya simplificando y uniformizando los textos únicos de procedimientos administrativos (TUPAS), estableciendo procedimientos estandarizados. Este es un trabajo complejo que todavía no ha producido frutos.  

Un tema clave es la simplificación de las licencias de funcionamiento (DL 1200 y DL 1271).Para esto es indispensable aprobar el nuevo reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSEs). Según Pierina Polarrollo, “el  proyecto está listo, y es muy bueno. Se elaboró sobre la base de una propuesta del IFC-Banco Mundial. Busca poner énfasis en las edificaciones que suponen mayor riesgo y simplifica enormemente el trámite para los locales de riesgo bajo (la calificación del riesgo se hace sobre la base de una matriz que contiene criterios muy objetivos). Y abre el camino para tercerizar las inspecciones en manos de empresas como SGS (aunque solo en caso de que las municipalidades lo quieran por el tema de la autonomía municipal)” 

Una mala noticia en este tema fue la ley aprobada recientemente por el Congreso que deroga un decreto del 2014 que eliminaba la obligación de renovar cada dos años las licencias o las inspecciones mencionadas. Un retroceso lamentable, que podría ser parcialmente atenuado con el reglamento arriba mencionado.

Respecto de los brevetes para  conducir, el ministro de Transportes Bruno Giuffra ha anunciado una reforma total al corrupto y kafkiano sistema actual: “Las licencias de conducir particulares durarán 10 años y para renovarlas solo será necesario un examen médico. ¡Vamos a modernizar todo!”, ha declarado. Estamos a la expectativa.

Pero donde no ha habido avance hasta ahora ha sido en la simplificación de las certificaciones ambientales en ningún sector: ni para obras de Vivienda y saneamiento, ni para inversiones en el agro, en minería y energía, obras viales, etc. En muchas ocasiones las exigencias en relación a estudios de impacto ambiental son francamente absurdas. Es algo vital que está pendiente.

Tampoco hay avances en la simplificación de los registros sanitarios para alimentos y medicinas (Digesa, Digemid). Un decreto legislativo que simplificaba el tema fue anulado por el Congreso, lamentablemente.

Digitalización del Estado

En lo que se refiere a digitalización del Estado, que es una reforma fundamental porque no solo trae enorme celeridad sino también transparencia y menor corrupción, por fin se ha empezado un trabajo serio. Durante el gobierno esto quedó librado a la iniciativa de las propias instituciones. La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), ubicada en la PCM, no ataba ni desataba. Desde noviembre del año pasado, sin embargo, el gobierno puso como directora de esa oficina a una ex funcionaria de Microsoft, Lienecke Scholl, que le ha dado un impuso notorio. A julio de este año 50 servicios web estaban ya en la plataforma de interoperabilidad y más de 200 entidades públicas hacían uso de esos servicios. Además, desde el 25 de julio fue posible pagar por internet (pagalo.pe) más de 50 trámites que antes había que pagar físicamente en las agencias del Banco de la Nación. Y el asunto, según parece, está recién comenzando. Se avisora  grandes avances en los próximos meses en este tema.

Además, la Sunat está desarrollando la tecnología para iniciar a partir del 2018 la masificación de los comprobantes de pago electrónicos, de modo que el 2019 el 100% de las transacciones en el país se efectúen de esa manera. Para ello los pequeños comerciantes podrán emitir dichos comprobantes desde sus celulares, incluso desde celulares simples, sin necesidad de que sean Smart Phones. Con ese sistema el pequeño contribuyente ni siquiera tendría que preparar su liquidación de impuestos, sino que esta le vendría preparada automáticamente por la Sunat. No solo eso, a fin de incentivar el uso de comprobantes electrónicos, la idea es que la Sunat pueda descontar también  automáticamente una parte del IGV que pagan los contribuyentes para aportarlo a su AFP o a Essalud, como una manera de generalizar las aportaciones y la cobertura de Essalud y del sistema de pensiones. Una verdadera revolución social y una reducción radical de la informalidad tributaria.

Una novedad que puede traer un cambio también revolucionario en el sistema judicial, es el expediente digital. Se está concretando un préstamo de 200 millones de dólares con el Banco Mundial para implementarlo. El Poder Judicial  tiene el apoyo del MEF en esto. Pero se está dejando la parte penal para el final.

Ley de servicio civil y presupuesto por resultados

Otra reforma crucial que forma parte consustancial de la reforma del Estado es la aplicación de la ley de servicio civil en todas las instituciones del Estado y a todo nivel. Es la implantación masiva de la meritocracia. Esta reforma, sin embargo, no ha merecido una prioridad política por parte del gobierno, algo que sorprende tratándose de un gabinete técnico que debería ser particularmente sensible a la profesionalización del Estado. Esperemos que esa voluntad política se forme en los meses venideros, porque no podemos seguir con una gestión pública de naturaleza patrimonialista, sobre todo en los gobiernos sub nacionales. 

Esta ley obliga a repensar los objetivos de cada institución y a redefinir el cuadro de profesionales que requiere en función de esos objetivos, y luego llama a concurso interno y externo para ocupar las plazas, y establece evaluaciones de desempeño para el ascenso y la permanencia. Además, algo muy importante, paga relativamente bien a los funcionarios de nivel medio y alto, severamente afectados por la reducción de sueldos que decretó de manera demagógica el ex presidente Alan García, debilitando el Estado.

Lo que no tiene sentido es, como lo dispuso una resolución del Tribunal Constitucional, aplicar esta ley al Banco Central de Reserva y a la Superintendencia de Banca y Seguros, que tienen desde hace mucho tiempo un sistema meritocrático y bien remunerado que les ha permitido alcanzar niveles de excelencia. La ley del servicio civil es un instrumento para que el sector atrasado del Estado acceda a niveles profesionales, pero en casos como los mencionados solo serviría para afectar negativamente estándares ya alcanzados. También debe advertirse el sin sentido de que el proyecto de ley del Congreso para excluir a estas dos entidades de la ley Servir, pretenda excluir de paso al personal administrativo del propio Congreso. Inaceptable.

Esa reforma, además, es indispensable para consolidar otra en la que sí hemos registrado avances, que es la de la instauración del presupuesto por resultados. En la actualidad el 71% del presupuesto nacional funciona en el marco de programas por resultados. Esto ha sido un logro del Ministerio de Economía Finanzas, en un proceso que comenzó con Luis Carranza cuando fue ministro de Economía del gobierno de Alan García. Pero, repetimos, no se sostendrá si no tenemos una burocracia profesional y meritocrática, y relativamente bien pagada.

Reforma de las descentralización

Pero en nuestro Estado hay un problema estructural: el proceso de descentralización, que ha transferido la mayor parte de las competencias del gobierno central a los gobiernos sub-nacionales sin que estos tengan las capacidades suficientes y dándoles una autonomía tal que impide al gobierno central intervenir cuando un gobierno sub-nacional desacata o no puede cumplir una disposición, una norma o una política nacional. El resultado es la pérdida de autoridad y rectoría del gobierno central, la imposibilidad de aplicar políticas sectoriales, la afectación severa del principio constitucional del gobierno unitario y la cuasi feudalización del Estado peruano.

Es indispensable una reforma que no solo le devuelva autoridad y capacidad de intervención y control al gobierno central, sino que redistribuya funciones de una manera racional entre los tres niveles de gobierno y recertifique la capacidad de los gobiernos sub-nacionales de asumir las funciones que les correspondan.

Otra falla grave de la descentralización es la referida a las capacidades discrecionales absolutas de gobernadores y alcaldes, la debilidad de la rendición de cuentas a las que están sujetos y la ausencia una segunda instancia en sus decisiones, una institución esencial para el buen funcionamiento de las instituciones democráticas y la protección de ciudadanos y empresas. Ver el Lampadia: Patente de corso para la corrupción

Empresas de saneamiento

Por último, está el tema de las empresas municipales de saneamiento (EPS), cuya gestión es un desastre al punto que los ingentes recursos que el Estado peruano invierte cada año en agua potable y redes se pierde en la corrupción e ineficiencias de estas empresas. No cabe duda que requieren una reestructuración profunda. Aquí la solución debió ser que el Estado capitalizara las ingentes deudas que tienen, sobre todo con el Fonavi, para concesionarlas a asociaciones público privadas (APPs), pero el nivel  primitivo de nuestra ideología económica impide hacerlo. De todos modos el ministerio de Vivienda, a través de la OTASS, ha empezado a intervenirlas para racionalizarlas y modernizarlas, algo que no se había hecho antes. En la actualidad 13 de las 48 EPS están en el régimen de “apoyo transitorio”, gestionado por la OTASS, y el resto ha ingresado a un programa de asistencia técnica. Es posible incluso que se contrate gerencias privadas para manejar algunas de ellas.

Donde sí se estableció por medio de un decreto legislativo la posibilidad de la intervención de APPs fue en la construcción y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua, como si la participación privada solo valiera para los desechos. Actualmente hay alrededor de 200 de esas plantas y ninguna funciona. Lamentablemente, el Congreso derogó el decreto legislativo que establecía esa opción. Sin embargo, uno de los frutos del diálogo entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori fue el acuerdo de enviar al Congreso un proyecto de ley que restableciera dicha solución. Este ya fue remitido y debería ser aprobado.

Este es el balance del avance de las reformas relativas al Estado, más específicamente, de las referidas al Ejecutivo, porque aquí no hemos hablado de la situación de las reformas judicial, policial y del Congreso. Lo dejamos para próximas entregas. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Entre las críticas que se han formulado a la gestión del renunciante ministro de Economía, Alfredo Thorne, está la de que el nuevo Régimen Mype Tributario (RMT) creado por él sólo habría servido para reducir la recaudación. Es, a nuestro juicio, una crítica miope, que no advierte que se trata de una reforma que si bien tiene un pequeño costo fiscal en el corto plazo, aumentaría la recaudación en el mediano y, sobre todo, ayudará a la formalización efectiva de las micro y pequeñas empresas incorporándolas a la cadena tributaria y productiva, reduciendo así el dualismo económico en el país, además de darles un respiro a las que estaban en el régimen general y accedieron al nuevo Régimen Mype.

Lo que pasa es que se trata de una reforma inteligente. La idea central detrás de ella es que el impuesto a la renta se incrementa gradualmente conforme suben los ingresos, de manera que no haya un salto mortal cuando se pase al régimen general, que es lo que lleva a muchas empresas a no crecer o a dividirse para no ingresar a ese régimen, pues si lo hacen perciben menos utilidades que en el nivel anterior.

Eso se resuelve casi totalmente con el nuevo RMT, cuando se establece que las primeras 15 UIT de utilidades solo pagan 10% de impuesto a la renta. El límite superior del nuevo RMT es 1,700 UIT de ventas. Esto representa  6’885,000 soles. Después de eso, ya no se tiene el beneficio de 10% de IR por las primeras 15 UIT. Pero eso significaría pagar 12 mil soles más para el que pasa el límite. Es decir, no es probable que por 12 mil soles vendiendo casi 7 millones de soles, una empresa decida dividirse para no saltar al régimen general.

Claro, lo ideal, como explica Victor Shiguiyama, jefe de la Sunat, sería que se elimine ese límite de las 1,700 UIT. Que no haya límite. De esa manera la gradualidad sería absoluta y casi no se percibiría el aumento de la tasa efectiva.

De la misma manera, debería eliminarse el límite hacia abajo. Esto para incorporar a los microempresarios. Es decir, eliminar el RUS y el RER, que son maneras de escapar de la tributación y de la formalidad con una apariencia de formalidad, porque se paga una cantidad fija pequeña y no se declara nada, no se brinda información ni se paga IGV. Quien está en el RUS está fuera de la cadena tributaria (y de la cadena productiva porque los formales no les compran puesto que no dan factura, acentuando el dualismo de nuestra economía) y fuera de todo control. Es conocido que hasta peluquerías en la Av. Conquistadores de San Isidro están en RUS. Así como cientos de miles de restaurantes que evidentemente venden más que el tope máximo de ese régimen. Los negocios se subdividen para no ingresar al régimen general.

Los negocios que están en las escalas más bajas de ingresos quizá incluso paguen menos en el nuevo régimen Mype que en el RUS, pero tendrían que dar información y la complejidad tributaria para ellos sería mayor. Ello, sin embargo, se resolverá a partir del 2018 cuando empiece a generalizarse el comprobante electrónico, que podrá ser emitido por el comerciante más pequeño desde su celular, sin necesidad de que sea un smart phone. De esa manera la Sunat tendrá el registro de todas las operaciones y podrá hacerle su liquidación de impuestos al microempresario, que ya no tendrá que hacer nada sino pagar. Según Shiguiyama, al 2019 el 100% de las transacciones en el Perú se harán mediante comprobante electrónico. Ese será un avance revolucionario, pero para que realmente lo sea habría que eliminar efectivamente el RUS y el RER de manera que todos ingresen al nuevo RMT, donde la Sunat le dirá a cada quién cuánto le corresponde pagar. 

En ese momento no solo toda la economía será formal desde el punto de vista tributario, sino que la recaudación aumentará por el simple efecto del incremento de la base y porque casi todos pagarán IGV. La evasión de este impuesto se reducirá del 35% actual a un nivel mucho menor. Será otro país.

La eliminación del RUS y del RER y del tope superior del Régime Mype Tributario debería ser materia del segundo diálogo que se produzca entre el presidente Kuczynski y Keiko Fujimori.

En la actualidad la mayor cantidad de contribuyentes que ha pasado al RMT son aquellos que estaban en el régimen general y vendían por debajo de las 1700 UIT. Estos son más de 400 mil empresas (de las cuales declaran 341 mil). Del RUS, respecto del cual se suprimieron las tres escalas superiores (3,4 y 5), han pasado al RMT alrededor de 4 mil microempresas, de un universo de unas 15 mil. El resto se subdividió y bajó a las escalas 1 y 2 del RUS. Wilfredo Albarracín, de la Sunat, nos precisa que delas 21,900 microempresas que estaban en las escalas superiores (3,4 y 5) del RUS, que fueron suprimidas, 7,227 microempresas (33%) pasaron al RUS y 14,235 al RER (un régimen más alto que el RUS). 8,760 (40%), en cambio,  bajaron al RUS 1 y 2.[1]Probablemente se subdividieron.

Un dato interesante acerca de las virtudes del RMT es el que proporciona Carlos Gallardo, asesor de la Sunat, el viernes pasado en Gestión: que las empresas que están ahora en el RMT y que ya existían el 2016, han registrado 67 mil trabajadores más en mayo del 2017 que el mismo mes del año pasado. O han contratado más trabajadores o los han formalizado. Como fuere, considerando la caída del empleo general, este es un buen resultado, que refleja la medida en que el RMT favorece el crecimiento. Las empresas que están en este régimen estarían creciendo más que el resto.    

No solo eso, resulta que el número de RUCs nuevos es mucho mayor en el RMT que en los demás regímenes. En el RER incluso disminuyen.

Claro, estas reformas quedarán incompletas si no simplificamos y flexibilizamos la legislación laboral y no modificamos la interpretación que el Tribunal Constitucional ha hecho acerca del artículo 27º de la Constitución. De lo contrario, será muy difícil que las microempresas pongan a su gente en planilla, con contratos indefinidos.

[1]16% dejaron de presentar declaraciones. Existe un flujo de ingresos y salidas de nuevos contribuyentes por lo que esto está  dentro del margen

Ahora bien, es lógico que si más de 400 mil empresas bajan del régimen general al RTM, la recaudación se reduce en alguna medida en el corto plazo (aunque en el mediano plazo aumente, como vimos). Pero, ¿ha sido esa la causa principal de la reducción de la recaudación estos meses? La gran mayor parte de la recaudación viene de los medianos y grandes contribuyentes, no de los pequeños. Según Shiguiyama, la recaudación neta ha caído 7.4% este año. Esta caída se descompone de la siguiente manera:

• 1,000 millones de soles en  devoluciones de impuestos;
• 1,200 millones menos de ingresos extraordinarios por ventas de grandes empresas;
• 200 millones menos por el impacto del IGV justo;
• 700 millones menos por las prórrogas en el pago de impuestos originadas en el Niño costero, y
• 150 millones menos a junio como consecuencia de la aplicación del RMT.

Eso significa que el impacto del RMT ha sido, hasta junio, de solo 0.3% del PBI. Nada en comparación a los otros efectos. No se le puede echar la culpa, entonces, de la caída en la recaudación.

En resumen, la creación del nuevo Régimen Mype Tributario contribuirá a la formalización de los microempresarios, a su incorporación a la cadena tributaria y productiva, y al incremento de la recaudación en el mediano plazo. Para ello resulta un complemento indispensable la digitalización de los comprobantes de pago, la eliminación del RUS y del RER y la simplificación en un solo sistema que elimine también el límite superior del RMT. Lampadia

Jaime de Althaus

Para Lampadia

El nuevo Régimen Mype Tributario (RMT) busca dos resultados: incorporar a la cadena económica a sectores que hoy están desconectados porque no entregan factura ni pagan IGV, es decir, reducir el dualismo económico; y permitir el crecimiento de las micro y pequeñas empresas no solo vía su incorporación a la cadena, es decir, haciéndoles posible vender a medianos y grandes gracias a que ahora emiten factura, sino sustituyendo el salto brusco del impuesto a la renta (IR) de cero a 30% cuando se pasaba del régimen especial (RUS[1], RER[2]) al régimen general -lo que desalentaba el crecimiento y la formalización porque se perdía plata al pasar al régimen general-, por un incremento gradual hasta llegar a 29.5% a partir de ventas anuales superiores a las 1,700 UIT (6’885,000 soles).

El Presidente del Consejo de Ministros del Perú anunció la aprobación del ‘Paquete Simplificador Administrativo’, cuyo objetivo es eliminar los trámites inútiles que deben realizar los ciudadanos ante la administración pública. Entre los beneficios, se destaca la medida que obliga a entidades a interconectarse y compartir bases de datos para que no pidan más documentos a los ciudadanos.

Fuente:  www.hnworth.com

Fernando Zavala, jefe del Gabinete de Ministros, dio a conocer los trámites eliminados en conferencia de prensa. “Son acciones concretas dentro de las facultades dadas por el Congreso al Ejecutivo para beneficio de los ciudadanos y de las pequeñas empresas”, manifestó. Según explicó, las entidades públicas podrán pedir documentos o información del usuario solo una vez, estas deberán estar interconectadas, y no podrán exigir documentos inútiles, entre otras.

Además afirmó que “¿Por qué hacemos esto? Primero, hay un montón de trámites inútiles en el Estado que afectan al ciudadano y a la micro y pequeña empresa”. En Lampadia felicitamos al Gobierno y celebramos esta gran primera medida de destrabe de tramitología. Hace algunos meses comentamos y presentamos el artículo de José María Ruiz Soroa, abogado español, publicado en El País de España: ¡Dejen de legislar! Ruiz reflexiona sobre la naturaleza del parlamento y los comportamientos disfuncionales de los congresistas en España. Explica que el principal propósito de los parlamentarios es ‘parlamentar’. Su análisis parece escrito para el Perú. Dice que “la vorágine normativa ha devaluado el Estado de derecho”. Ver la nota completa en Lampadia: Selva legislativa asfixia e incapacita al Perú.

Fuente: PCM

La hipótesis de Ruiz Soroa es la siguiente: “La ambición de los políticos, de todos, es hacer y hacer nuevas leyes. Una legislatura se considera un éxito cuando ha añadido a la colección legislativa unos cuantos textos, un fracaso cuando no ha conseguido sacar adelante ningún proyecto. Si una ley no funciona se hace otra más, que tampoco funcionará”.  Eso es lo que ha sucediendo en el Perú. En Lampadia denominas a ese exceso normativo como una ‘urdimbre regulatoria’ (urdimbre = maniobra, intriga, maquinación, enredo, etc.), ver: El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’.

Es por eso que hemos propuesto innumerables veces la necesidad de desenredar las trabas burocráticas y liberar a los ciudadanos y empresas para que sus emprendimientos e inversiones nos traigan un mayor crecimiento económico, reducción de la pobreza y recursos fiscales.

Un ejemplo escandaloso de la tramitología, que no nos cansamos de repetir, es lo ocurrido con el sector minero, veamos:

Entendemos que Fuerza Popular también tenía un plan para liberar al país de su esclavitud legislativa mediante una ley llamada ‘ley del ocaso’. La idea era darle a los ministros, directores de pliegos, jefes de las agencias del Estado, gobernadores, alcaldes, etc., un plazo fijo para sustentar con qué normas debían desarrollar sus actividades. Todas las normas que no se consideraran necesarias en dicho proceso quedarían automáticamente derogadas. (Ver en Lampadia: Desregulemos antes de pensar en nuevas leyes).

Esperamos que este ‘Paquete Simplificador’ sea el inicio de un profundo proceso de desregulación, para liberar a los ciudadanos y empresas de la maraña legislativa que impide el normal desarrollo del país.

Entre las medidas que serán aplicables a todas las entidades de la Administración Pública, están:

Denuncia policial gratuita

Dese ahora, el Estado está obligado a darle al ciudadano la primera copia certificada de su denuncia policial de manera gratuita e inmediata, ya no se pagará por la copia del DNI para hacer las denuncias.

Entidades conectadas: Pedir datos una sola vez en la vida

Para hacer cualquier trámite, se solicitan documentos como por ejemplo el DNI, los certificados de antecedentes policiales o judiciales y otros, que le pueden costar al ciudadano hasta más de 100 soles y muchas horas en colas. Ahora, las entidades de la Administración Pública van a estar interconectadas y compartirán bases de datos actualizadas de los ciudadanos.

Prohibición de pedir documentos inútiles

Ya no se solicitarán documentos que no son relevantes, como la copia del DNI, partida de Nacimiento o la copia de la ficha RUC.

Certificado de supervivencia para adultos mayores

Los adultos mayores ya no tendrán que hacer ningún trámite para demostrar que están vivos y poder continuar recibiendo sus pensiones. El Estado se encargará de hacer las verificaciones y sus cruces de información con el RENIEC.

Certificado de discapacidad

Ahora, los ciudadanos podrán obtener el certificado de discapacidad en cualquier centro de salud, público o privado, siempre que haya un médico.

DNI válido

Desde ahora, a pesar de no haber renovado el DNI, se podrá realizar actos administrativos necesarios.

Formalización. Promovemos la formalización a bajo costo

Actualmente, las micro y pequeñas empresas formales tienen que inscribir los contratos que hacen con sus trabajadores en el Ministerio de Trabajo, al igual que sus programas de capacitación. Sino, son multados. Ahora, estos trámites laborales ya no serán una carga extra para los empleadores, ya que utilizarán planillas electrónicas con las que los entes reguladores podrán fiscalizar sin trasladarle carga de trabajo al empresario.

Veamos el resumen publicado por la PCM:

Todas están medidas son un paso en la dirección correcta hacia la reforma institucional detrás de una visión compartida de desarrollo integral que nos lleve a recuperar la capacidad de ser una sociedad exitosa en el mundo que nos toca vivir. Celebramos esta gran propuesta y esperamos ansiosamente más por venir. Lampadia