Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

La semana pasada en Lima, hemos sido testigos de cómo un delincuente al volante, atropelló a una fiscalizadora de tránsito de la ATU, le pasó las dos llantas de la “combi” sobre el cuerpo, le desfiguró la cara, fracturó huesos y le dañó órganos internos. No sólo eso, sino que luego se dio a la fuga y, cual película de “rápidos y furiosos”, hubo que perseguirlo, pues escapaba persistentemente.

Ciertamente éste es un caso extremo de un conductor, sin licencia, sin escrúpulos, manejando una “combi” con más de 160,000 soles en papeletas, que cometió en pocos minutos múltiples delitos, entre los que se encuentra el intento de homicidio y que sólo pudo ser detenido por efectiva acción de la policía, con varios patrulleros y todo debidamente registrado por cámaras de las autoridades y de la prensa.

Lo curioso es que el delincuente ya se encontraba libre en menos de 48 horas de ocurridos los hechos y su aprehensión. ¿Cómo?  Muy sencillo. La policía detuvo al individuo, tomó las manifestaciones a los partícipes y a los testigos, trató de ingresar la información por el sistema digital de la fiscalía, lamentablemente sin éxito, por fallas en el sistema. Como alternativa, se preparó la información para ingresarla físicamente, lamentablemente tampoco se pudo ejecutar a tiempo. En conclusión, no se alcanzó a cumplir los plazos para detener al delincuente bajo la modalidad de “delito cometido en flagrancia”.

¿Qué dice el fiscal? Pues que, lamentablemente, como no se ingresó por el sistema y no se pudo registrar el delito dentro del plazo que manda la ley, no hay nada que hacer. La funcionaria, aunque no puede ni ir al baño sola, “sólo tiene lesiones leves” y, por lo tanto, al delincuente sólo se le puede dar comparecencia.

En el plano electoral, ocurre algo parecido. Los partidos, algunos más ordenados y diligentes que otros, han tenido fallas diversas. Uno de ellos entró al sistema de inscripciones, pero como en el caso del atropello, por más que hicieron el esfuerzo, no lograron ingresar toda la información en el tiempo requerido y, en consecuencia, no registraron a la mayoría de sus candidatos al congreso.

En otro caso, un candidato que había ejecutado con su personero alterno todo el proceso de registro ante la ONPE, al final y a pesar de haber estado en contacto permanente con las autoridades de la ONPE, no pudo ingresar el registro, porque el “token” se lo entregaron al personero titular, quien, contra los intereses del partido, quería evitar la inscripción. La ONPE, conocedora del caso, no permitió los accesos al sistema al personero alterno, que fue quien había conducido el proceso de inscripción y, consecuentemente, no lo pudo concluir.

En otro caso distinto, un candidato que reportó cerca de una veintena de propiedades inmuebles inscritas en registros públicos, no consignó una que estaba en proceso registral y como consecuencia, ha sido retirado del proceso electoral.

No es necesario extenderse por todos los casos que se han presentado dentro de este proceso de inscripción, para ver a las claras que nuestro sistema judicial, quien es el que maneja las normas, criterios y procedimientos electorales, tiene múltiples taras y que, coincidentemente, son análogas en los casos de denuncias judiciales y en los procesos electorales.

Ya antes hemos analizado y comentado que, en el Perú, estamos llenos de formalismos y letra menuda, que están creados para, aplicando la literalidad de las normas, no se aplique el sentido común, ni la lógica y menos se haga prevalecer el espíritu de la ley y sus fundamentos.

La gran diferencia entre un país desarrollado y uno que nunca lo será, radica en que; los primeros tienen constituciones y leyes que plantean principios, valores y criterios básicos que se defienden. Los segundos, se llenan de constituciones y leyes reglamentarias, orientadas, no a defender criterios de conciencia, sino a crear las vías de escape, para evitar la recta aplicación de los criterios esenciales.

Bien explica Oliver Stark en su libro “Mi Perú”, los sistemas políticos y jurídicos mundiales, básicamente el francés y el anglosajón, el primero es al segundo como la teoría a la realidad. Que el sistema anglosajón, que se basa en el “common law”, dio origen a la separación entre el derecho y la política, aislando desde el principio la ley de la voluntad de los políticos. Los países que acogieron el sistema anglosajón, tienen una sola fundación republicana, una sola constitución, una institucionalidad firme, donde la justicia y los límites del poder están asegurados. En cambio, en Francia y en los países que seguimos su ruta, los han acompañado varias refundaciones republicanas y múltiples constituciones. En el Perú, con la contribución aportada por España, con una tremenda cultura litigiosa, no logramos más que desarrollar una frondosa legislación.

En esencia, en el Perú se cumple a cabalidad eso de “cuanto más corrupta es una sociedad, más leyes y reglamentos tiene”. Al final, todo está diseñado para litigar y no se cumple ningún principio esencial, los jueces no aplican casuística, sino que son funcionarios que aplican códigos, manejan su propia jerga y, con razón, gozan de la más absoluta desconfianza del público. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 10 de mayo de 2019
Para Lampadia

“El personal trabaja en condiciones inhumanas”. “Se gana lo mismo y se trabaja día y noche”. “El Ejecutivo debe entender el sacrificio y esfuerzo que realizan”. “Nosotros estamos afrontando una crisis porque tenemos una insuficiencia de personal fiscal que no puede abastecerse respecto a las necesidades urgentes de los casos que manejamos”. “El Ministerio Público tiene una serie de restricciones dentro del ejercicio de sus tareas”.

Los entrecomillados del párrafo anterior son expresiones del Fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial del caso Lava Jato. Más claro… ni el agua. La situación de la Fiscalía es crítica.

No se trata de echar más leña al fuego. Pero en mi opinión, el Ministerio Público es – en parte – responsable de su propia crisis. En Ica – por ejemplo – cualquiera puede denunciar a cualquiera por cualquier motivo. Y la Fiscalía – permisivamente – tramitará todas las denuncias… tengan o no sustento legal.

El problema es que la mayoría de las denuncias que se presentan ante el Ministerio Público no tienen sustento legal. O peor aún, son denuncias maliciosas. Es decir, denotan mala intención de parte de los denunciantes.

Ese es el caso de varias denuncias en mi contra, y otras parecidas contra otros funcionarios probos que colaboraron en mi gestión como Gobernador Regional. El hecho es que las denuncias se están archivando, una a una. La pregunta es ¿por qué la Fiscalía no sanciona a los denunciantes maliciosos?

Todo el mundo lo sabe. El Ministerio Público está atiborrado de ese tipo de denuncias. Denuncias que congestionan innecesariamente el trabajo de los fiscales, y que – tarde o temprano – se van a archivar. O sea, todo por las puras.

Por un lado, necesitamos un Ministerio Público autónomo que defienda la legalidad y los intereses públicos, sin injerencia de ningún otro poder del Estado. Una Fiscalía que combata la corrupción con eficiencia y firmeza. Sin embargo, por otro lado, gente inescrupulosa – muchas veces corrupta también – sobrecarga maliciosamente al Ministerio Público con denuncias que no tienen sustento alguno.

Insisto. ¿Por qué la Fiscalía no denuncia a los denunciantes maliciosos? Más aún, cuando – según el propio Fiscal Vela – “los fiscales están trabajando en condiciones inhumanas”. ¡Quién entiende a la Fiscalía!

Para aquilatar la gravedad del problema, sería bueno que el Ministerio Público informe acerca del número de denuncias sin sustento que hayan sido archivadas en los últimos años. A ese respecto, estoy seguro de que se trata de una cifra enorme. Pues bien, todas esas denuncias nunca debieron llegar a la Fiscalía. O en todo caso, nunca debieron pasar de la mesa de partes. Pero no. La Fiscalía las acogió. Interrogó a denunciantes y denunciados. Gastó tiempo, papel y tinta. Y nada. Todo terminó en un desgastante “¡archívese!”.

¡No hay derecho! De no ser por esas denuncias, los fiscales habrían tenido más tiempo para atender los casos que sí configuran delitos reales. Y habrían trabajado en mejores condiciones.

Propuesta: Toda denuncia archivada debe merecer un resarcimiento pecuniario. Tanto a la Fiscalía por lo gastado en el proceso, como al denunciado por lo gastado en su defensa.

A ver si así se controla la perversa práctica de denunciar por denunciar. Y – más importante aún – a ver si así se alivia la crisis del Ministerio Público. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

La situación del Perú continúa en un proceso regresivo que nos ha llevado a frenar el crecimiento económico y a sufrir por una escasa inversión, pérdida de empleo, estrechez fiscal, anomia social y una crisis de gobernanza por la falta de visión y sentido de dirección del gobierno.

Solo han pasado 25 años desde que el Perú se levantó como un ‘Ave Fénix’, para remontar décadas de oscuridad que nos alejaron de la historia moderna de progreso económico, social e institucional. Nuestra recuperación fue muy rápida, y en pocos años pasamos de ser un ‘Estado Fallido’ (1990), a una suerte de ‘Estrella Internacional’.

Evidentemente, en tan poco tiempo, no pudimos remontar todo nuestros atraso. El desarrollo integral solo había tomado vuelo. Pero las evidentes agendas pendientes, fueron la disculpa para que los personajes responsables, cómplices o tontos útiles, del gran apagón de 30 años, encontraran en la negación de nuestra creciente prosperidad, su espacio político, su figuración mediática, o su fuente de vida, muchas veces sustentada por ONGs extranjeras y agencias de cooperación.

La debilidad de los partidos políticos y la ausencia de nuestra clase dirigente en el debate nacional, permitieron que el ‘negacionismo’ fuera tomando fuerza en los procesos electorales nacionales y regionales.

Así, el 2011, con el apoyo de todas las izquierdas de las ‘ideas muertas’, de todos los negacionistas y el odio torpe de Mario Vargas Llosa, se llevó a Palacio de Gobierno al proponente de una nueva política nacionalista que traería inclusión. Pero el gobierno de Humala interrumpió el clima de inversión, llevo a la administración pública a desconfiar y hasta denigrar del sector privado, cortó el crecimiento y también la inclusión.

En las elecciones del 2016, los electores dijeron sin medias tintas, que debíamos recuperar el tiempo perdido, rechazar los cantos de sirenas de nuevas constituciones y refundaciones, volver a invertir y crecer. Pero lamentablemente, el ganador de un proceso electoral muy accidentado, PPK, desoyó el llamado de las urnas del 10 de abril, e impulsado por sus peores asesores, se empeñó en ganar como sea. Peor aún, una vez ganador, mantuvo su cercanía con los mismos asesores, con el gobierno de Humala y las izquierdas.

En vez de marcar la diferencia, su vicepresidenta condujo un proceso de transferencia vergonzoso, que solo un año después reconoce las falencias de los cinco años previos. No se les explicó a los ciudadanos los errores que nos habían llevado a interrumpir, el 2011, un proceso virtuoso de crecimiento que se sustentaba en la inversión privada y tenía aún mucho que aportar para el bienestar general. No se marcó la línea que permitiera hacer evidente la doble cara de los llamados conflictos sociales, y en el primero, vinculado a Las Bambas, el Ministro del Interior maltrató a la Policía Nacional, y el vicepresidente Vizcarra, desplegó su manejo político pro-su-candidatura para el 2021, encarnándose en una suerte de ‘Papá Noel’.

Como todos sabemos y resentimos estos días, el gobierno sigue debilitándose en cada ocasión que el destino le regala. En las últimas semanas estamos sufriendo los embates de un sindicalismo politizado y extremista, un gobierno desconcertado y un porvenir que se oscurece aceleradamente. El Presidente desperdició la oportunidad de refrescar su gobierno alrededor de Fiestas Patrias, mostrando un empecinamiento digno de mejores causas, que hace temer sobre su capacidad para medir la realidad.

Forzando un poco la figura, estaríamos en un gobierno que se dibuja como una amalgama de Belaunde III y un Humala II. Y, mientras tanto, como expresa el título de esta columna, lo más representativo de los programas políticos de la televisión nacional, en un momento delicado de nuestra vida nacional se devalúa y se desentiende de la naturaleza de la crisis de gobernanza que se profundiza.

Ejemplo #1: Nuevos referentes nacionales

Durante los meses de mayo, junio y julio, los programas políticos y de análisis de RPP y Canal N, han incrementado la presencia en sus ondas, de personajes como el congresista Arana, el que, junto con otros de perfiles similares, se está convirtiendo en un referente de la política nacional.

Hace dos años, en Perumin, tuve que desenmascarar al ex cura Arana, que se presentó disfrazado de monjita piadosa con respecto a la inversión minera. Ver: Ex cura Arana al descubierto en Perumin. Más adelante, se le acusó de intento de fraude en las elecciones partidarias que perdió ante Verónika Mendoza. Además, habría llegado al Congreso, superando misteriosamente un fraude contra su propio colega partidario, Juan Regalado. Ya en el Congreso, ha destruido su bancada, imponiendo su visión particular de las cosas, y si fuera poco, no tiene la valentía para repudiar a Maduro y el chavismo.

Yo me pregunto:

• ¿Es este un buen referente nacional?
• ¿Qué pasa en RPP y Canal N?
• ¿Quién está a cargo?

Ejemplo #2: Canal N suspende La Hora N con Jaime de Althaus

Canal N, presumiblemente por gestión de la encargada de prensa en América Televisión y Canal N, Clara Elvira Ospina, retira de la pantalla el único programa de la televisión nacional plural y crítico que analizaba y planteaba soluciones para los problemas de fondo del Perú. ¿Qué puede explicar semejante iniciativa?

A mayor deterioro de la gobernanza y menor responsabilidad mediática, se espera una mayor reacción y acción de la clase dirigente. 

Como en la vida no hay casi nada completamente bueno o completamente malo, quiero cerrar este humilde llamado, rescatando de Belaúnde I, una de sus mejores frases, la de Punta del Este: ¡Acción Ahora!

Lampadia

Hablamos mucho de Lava Jato, pero ha llegado el momento de hablar sobre el ‘Pos-Lava Jato’. Así como en el Perú hemos caído en la terrible corrupción venida desde el Brasil, ahora debemos seguir de cerca, no solo el proceso de persecución de los delincuentes, también debemos aquilatar y copiar las estrategias de los jueces y fiscales brasileños para implantar una profunda reforma judicial que vaya a las profundidades del eco-sistema pro corrupción que está instalado en las entrañas del sistema judicial.

Es digno de destacarse la estrategia de validar el proceso de reforma mediante un mandato claro de la opinión pública. Los promotores de ‘Las 10 Medidas’, previamente a llevar su propuesta de reforma, han recabado 2’000,000 de firmas de ciudadanos y han validado así un proceso que no debiera poder ser saboteado por los defensores del statu-quo.

Veamos con mucho cuidado el informe de Sebastiao Mendonca sobre ‘Las 10 Medidas’ contra la corrupción. 

Reforma Anti-Corrupción

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

La corrupción se desarrolla y se institucionaliza en los países en que la legislación lo permite. Es decir, si hay altos niveles de corrupción en las élites políticas es porque la legislación del país, de alguna manera, brinda estabilidad a la corrupción e impunidad a los corruptos. En el caso de Brasil, la operación Lava Jato ha puesto en evidencia los niveles de corrupción existentes y las deficiencias de la actual legislación, y ha puesto a la orden del día la necesidad de una reforma anti-corrupción.

La necesidad de la Reforma Anti-Corrupción

Hace muchos años que la legislación brasileña es tolerante a la corrupción, generando un sofisticado laberinto de leyes que hace casi imposible condenar y castigar a los crímenes de cuello blanco. Ello es verdad para los corruptos en general, y es aún más verdad para aquellos políticos corruptos que cuentan con foro privilegiado: ministros, diputados, senadores, presidentes, altos funcionarios, etc. Las investigaciones de Lava Jato han puesto en evidencia para la opinión pública que la actual legislación brasileña ofrece a los corrutos una serie de mecanismos para lograr la impunidad y para ocultar los resultados del robo.

A pesar de ese marco legal, la Operación Lava Jato ha logrado avanzar. Sin embargo, de no corregirse ese marco legal, puede suceder que Lava Jato resulte siendo un evento efímero en la historia de la sociedad brasileña. Por ello, la asociación de fiscales federales, los líderes de Lava Jato y algunos movimientos sociales liberales están promoviendo una Reforma Anti-Corrupción conocida en Brasil como las 10 Medidas Contra la Corrupción.[i]

Para ayudar a grabar en la opinión pública, los promotores de la reforma anti-corrupción han agrupado los cambios legales alrededor de grupos de medidas, como una analogía a los 10 mandamientos.

La premisa de los promotores de las 10 Medidas Contra la Corrupción es que la corrupción es resultado, en primer lugar, del marco legal e institucional, y no es parte de un destino inevitable de los países.

Antes de presentarlas al Congreso de la República, los promotores de las “10 Medidas” realizaron una campaña nacional, estado por estado, explicando su necesidad y recogiendo firmas, recibiendo el respaldo de más de 2 millones de ciudadanos. Actualmente, ese paquete de normas está en la Cámara de Diputados, siendo objeto de una dura lucha entre los promotores de las medidas, los críticos a algunos de sus elementos y los defensores del actual statu quo legal.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el mundo está inmerso en un monto récord de deuda que llega al 225% del PBI global, 152 millones de millones de dólares (trillones en la nomenclatura de EEUU). Dos terceras partes del total, o unos US$ 100 MM (trillones), corresponde al endeudamiento del sector privado.

La deuda global, tanto pública como privada, alcanzó el 225% de la producción económica global el año pasado, comparado con el 200% en el 2002, señaló el FMI en su nuevo reporte Monitor Fiscal (ver en Lampadia en la sección Documentos).

Aunque los perfiles de deuda varían entre países, el reporte indica que la magnitud del endeudamiento podría establecer el escenario para un desapalancamiento privado sin precedentes que podría frustrar una recuperación económica aún frágil. “El excesivo nivel de endeudamiento privado es un importante obstáculo para la recuperación global y un riesgo para la estabilidad financiera”, dijo en conferencia de prensa el director de asuntos fiscales del FMI, Vitor Gaspar. “Las recesiones de origen financiero son más largas y profundas que las recesiones normales”, agregó.

El informe menciona que mientras Estados Unidos se ha desendeudado desde la crisis financiera 2008-2009, especialmente en el caso de las familias y de las empresas, el crecimiento de la deuda privada en China y Brasil es una preocupación importante, alimentada en parte por una larga época de tasas de interés bajas.

Además, el World Economic Outlook, otro informe publicado recientemente por el FMI, habla de las contradicciones económicas subyacentes que vienen alimentando toda una serie de crisis económicas. Estas incluyen la desaceleración del comercio mundial y el aumento de medidas proteccionistas, la disputa entre EEUU y la Unión Europea (UE) sobre el pago de impuestos por parte de Apple, la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de imponer una multa de US$ 14 mil millones a Deutsche Bank, la ruptura de las conversaciones patrocinadas por EEUU en torno a la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (Transatlantic Trade and Investment Partnership), y las acusaciones de políticos en Berlín de que EEUU está peleando una “guerra económica”.

Por su lado, la directora del FMI, Christine Lagarde, está exhortando a que los gobiernos de los  países que integran el organismo y tienen “espacio fiscal”, es decir la capacidad de prestar y gastar más de manera sostenible, lo hagan para apuntalar un crecimiento persistentemente débil.

El contexto actual presenta retos importantes para las finanzas públicas de las economías de la región, especialmente las exportadoras de materias primas. Ante ello, el FMI recomienda que estas economías continúen implementando ordenadamente la consolidación de sus cuentas fiscales de manera que les permita mantener niveles bajos de deuda y preservar los márgenes de maniobra fiscal ante choques externos adversos, sin comprometer los niveles de inversión pública. Agrega que, en las economías con niveles relativamente bajos de deuda, la prioridad de política debe centrarse en reconstituir el espacio fiscal gradualmente, mientras que para los países más endeudados sugiere profundizar la consolidación fiscal.

El caso del Perú

Cabe señalar que la situación fiscal de la economía peruana es similar a la de los países de la región. El Perú registrará uno de los menores niveles de deuda pública entre economías emergentes y economías con similar calificación crediticia. Nuestra deuda pública bruta se ubicará muy por debajo de la mediana de países con calificación crediticia BBB+/A3 (52.7% del PBI), y de nuestros socios de la Alianza del Pacífico (43.3% del PBI). Por su parte, la deuda neta del Perú (restando los activos financieros) será de 9.2% del PBI este año  y se estima que al 2019 alcanzará el 15% del PBI, lo que refleja la solidez de las finanzas públicas.

En el Perú, tenemos un manejo fiscal prudente pues la deuda pública no supere el 27.0% del PBI al 2021. Para el año 2016, la proyección de la deuda pública alcanzará el 25.6% del PBI y para el periodo 2017-2019, la proyección de la deuda pública se estabilizará en alrededor de 27% del PBI, según el MMM Revisado 2017-2019.

En general, hemos tenido por muchos años un manejo bastante prudente de las cuentas fiscales. Lo que debería preocuparnos, no es tanto el nivel actual de deuda, sino la tendencia de deterioro acelerado del déficit fiscal (durante el primer trimestre se ubicó en 2.9% del PBI, mayor al 2.1 % registrado en 2015) y que a junio pasado llegó a 3.2% reflejando parte de la irresponsable fiesta con la que terminó su gobierno el nacionalismo. A diferencia de lo que esperaba el nuevo gobierno, la restricción fiscal marcará los límites de manejo del MEF, que ya a tenido que establecer normas restrictivas que permitan llegar a un cierre de año con 3% de déficit. En Lampadia hemos hecho un análisis al respecto: El déficit fiscal y la deuda pública regresan al podio.

Más allá del desmanejo del último gobierno, nuestra reducida deuda se debe a los efectos virtuosos de la apertura económica y comercial, la disciplina fiscal, las reformas de primera de generación y el nuevo marco constitucional de 1993, que permitieron el regreso de la inversión privada a todas las áreas de la economía haciendo que nuestro PBI se multiplicara casi siete veces desde 1990, reduciendo así el peso de la deuda. Todo esto se tradujo también en la disminución del servicio de deuda, pasando de 22% al 8% del presupuesto público en los últimos diez años. (Ver: De desahuciados a vigorosos).

El sombrío panorama que presenta el FMI sobre el sobreendeudamiento global plantea un mayor riesgo de nuevas crisis y menor capacidad de enfrentarlas. En este contexto, es altamente relevante preguntarse: ¿qué tan fuerte se encuentra la economía peruana para resistir nuevos shocks internacionales? Según Liliana Rojas-Suarez, “la capacidad de una economía de resistir el impacto de un shock externo adverso (la primera dimensión de fortaleza) depende de su posición externa previa al shock… Perú se encuentra entre los países emergentes más fuertes para enfrentar shocks externos y podrá manejar nuevas turbulencias internacionales sin que se produzca una crisis económica o financiera. Sin embargo, su fortaleza ha venido disminuyendo en los últimos años debido a restricciones internas de la economía y esto debe considerarse como una señal de alerta para las autoridades peruanas.” Ver en Lampadia: La importancia y dificultades de crecer alto y sostenido.

Esto se debe a que, aunque el ratio de deuda externa (pública y privada) ha aumentado, las reservas internacionales vienen funcionando como una ‘muralla’ contra shocks externos. La solidez de la balanza de pagos ante eventos negativos en la economía mundial se puede evaluar considerando la posición de las reservas internacionales en relación al saldo de los adeudados externos de corto plazo o a la suma de estos pasivos con el déficit en cuenta corriente. En estos indicadores, la economía peruana cuenta con niveles de respaldo elevados a nivel de la región que se fueron construyendo de manera preventiva en el periodo de influjos de capitales y de altos precios de commodities. Esto significa que Perú puede satisfacer sus necesidades de financiamiento de corto plazo, aún en situación de crisis, lo que le da solidez a su calificación crediticia. 

Uno de los temas de debate es el referido a la utilización de las reservas fiscales para el impulso de la economía. El Perú tiene colchones fiscales muy importantes que llegan a unos 15 puntos porcentuales sobre el PBI. Además, nuestro nivel de deuda pública es de solo 25.6% del PBI, un nivel sustancialmente bajo en términos históricos y en relación a los indicadores internacionales. Debemos aprovechar este espacio fiscal que tenemos para apuntalar nuestro crecimiento y desarrollo para el beneficio de todos los peruanos, pero esto tiene que hacerse en un escenario de reducción del déficit fiscal y priorizando debidamente la inversión pública. Por ejemplo, es muy lamentable que hoy se tenga que concluir que estamos enganchados en la inversión en la refinería de Talara y que su costo llegará a US$ 6,000 millones (incluyendo IGV). Algo que nunca debió suceder, un proyecto que jamás debió acometerse.

Pero en este análisis no podemos dejar de mencionar que la cura a todas estas restricciones fiscales está en el crecimiento de la economía, que debiera ser la prioridad del gobierno, pues solo con un crecimiento de 7 a 8% anual podemos emprender la tarea de superar la pobreza y darle a nuestra población el estándar de vida que necesitan. Sin embargo, las señales del gobierno en el manejo de la crisis de Las Bambas, no muestran la claridad de objetivos, capacidad de comunicación y el liderazgo político que piden los tiempos y los albores de un gobierno que debería marcar un contraste notorio con la ensalada ideológica que paró la economía peruana en los últimos cinco años. Lampadia

Ver gráficos adicionales:

En las últimas semanas se han escuchado noticias y alarmas sobre el déficit fiscal y la deuda pública, especialmente sobre los niveles del gasto público y su creciente impacto en la deuda pública.

En Lampadia creemos importarte explicar cual es la relación entre el déficit fiscal y la generación de la deuda pública. El déficit fiscal es un flujo monetario que se forma al realizar gastos superiores a los ingresos provenientes de los impuestos y demás ingresos tributarios. La deuda pública se alimenta por el déficit público que se acumula año tras año. Mientras se generen déficits fiscales, por pequeños que sean, la deuda continuará aumentando. Por tanto, no es extraño que en años de bajo crecimiento, cuando merman los ingresos públicos, la deuda aumente.

El debate que se está llevando acabo sobre las declaraciones del actual Ministro de Economía, Alfredo Thorne, quien afirmó en una conferencia de prensa que la última cifra de junio de este año indicaba que el déficit fiscal se encontraba en 3.2% (no en 2.5% como afirmó el ex ministro Alonso Segura) y que se le quería atribuir al nuevo Gobierno dejarlo en 1.8% el 2017, algo que, dadas las circunstancias de un mayor déficit de ‘apertura’, él considera inconveniente, por lo que planteó que esta cifra llegue a 2.5% y así obtener S/. 5.000 millones de gasto adicionales en el presupuesto. 

Fuente: Gestión

¿Cuáles son las proyecciones del BCR? Según el último Reporte de Inflación (Junio 2016), “el proceso gradual de consolidación fiscal proyectado llevaría a aumentar el saldo de deuda bruta de 23.3 % del PBI en 2015 a 28 % del PBI en 2018. En el caso de 2016, el resultado económico proyectado (déficit de 3 % del PBI), y la amortización de deuda generan una necesidad de financiamiento de S/ 27.0 mil millones, equivalente a 4.0 % del PBI (US$ 8,000 millones).” Teniendo en cuenta el déficit de 2016, se prevé un incremento de la deuda pública a 25.5 % del PBI. Veamos el cuadro inferior:

 Fuente: Reporte de Inflación Junio 2016, BCRP

En el Perú, hemos tenido por muchos años un manejo bastante prudente de las cuentas fiscales. Lo que debería preocuparnos, no es tanto el nivel actual de déficit y deuda, sino la tendencia de deterioro acelerado y, sobre todo, el origen de ambos. El aumento del déficit fiscal (durante el primer trimestre se ubicó en 2.9% del PBI, mayor al 2.1 % registrado en 2015) refleja básicamente la disminución de los ingresos fiscales durante este periodo en 0.5 % y el aumento de los gastos corrientes en 0.2 % del producto.

El punto es que el gobierno de Humala, no solo ha cortado los ingresos del Estado por su mal manejo de la inversión privada y pública, también ha incrementado notoriamente el gasto corriente. Un cruce muy peligroso. Los ingresos del Gobierno General crecían en promedio a 16% anual a principios del 2011, sin embargo en junio de este año el crecimiento de los ingresos se redujo a 6% anual y, en el lado del crecimiento del gasto del Gobierno General, este pasó de cero a principios del 2011 a 4% a junio del presente año.

Por lo tanto, ¿cuál es la situación actual de las finanzas públicas? Waldo Mendoza, Presidente del Consejo Fiscal, responde a esta pregunta diciendo que “en general, buena, pero mucho más debilitada que hace unos años. Las cuentas fiscales viraron de un superávit de más de 2% del PBI en el 2013 a un déficit fiscal anualizado por encima del 3% del PBI a mediados de este año. Es el déficit más alto desde el 2000”.

Fuente: BCRP  Elaboración: Lampadia

Empezando un nuevo gobierno, es razonable apuntar a tener algo de flexibilidad en cuanto al déficit, siempre y cuando apuntemos a recobrar un mayor nivel de crecimiento económico y a privilegiar el gasto en inversión más que en planillas. Lamentablemente hasta ahora, el gobierno no da mayores señales de poder recuperar el crecimiento, pues no muestra planes para enfrentar la conflictividad social alrededor de los proyectos de mayor impacto económico.

No solo eso, como hemos publicado en Lampadia, el sector turismo se estaría convirtiendo en un nuevo objetivo de conflictividad, sin que el gobierno reaccione con oportunidad y firmeza. Ver en Lampadia: Buscando las rentas del turismo por medio del conflicto

El Ministro de Economía, Alfredo Thorne plantea condiciones que le permitan invertir en cuatro grandes prioridades; agua y saneamiento, educación, seguridad y salud. En palabras del ministro, “vamos a hacer un fondo para cumplir con la meta del presidente de llevar agua todos los peruanos, porque un tercio no tiene acceso a este recursos. En educación hicimos un compromiso de aumento de los salarios”. También creará un grupo multidisciplinario, que incluirá a varios ministerios, para conseguir que la formalidad de la Población Económicamente Activa (PEA) llegue a 60% en el 2021.

Nosotros ya hemos adelantado algunas observaciones: La causa de los problemas en agua y saneamiento no es la escasez del recurso: como ya hemos mencionado en Lampadia (Ver: Cambiemos los paradigmas sobre el agua), el Perú cuenta con vastos recursos hídricos (somos el octavo país con más agua dulce del planeta). El problema está en el mal manejo que desde hace varios años vienen llevando acabo las empresas públicas prestadoras de servicios de saneamiento (Sedapal y las EPSs). Si somos consecuentes con la realidad de estas empresas, no deberíamos enterrar dinero fresco en Sedapal y las EPSs sin antes asegurar una estructura corporativa sana y el desarrollo de APPs, que nos permitan asegurar que las nuevas inversiones no correrán el mismo destino de las anteriores, costosas, inefectivas y de poquísima duración.

Además, en cuanto a educación, no nos parece una buena idea seguir haciendo aumentos desligados de compromisos ineludibles del magisterio, como que el Sutep se aleje de la ideología comunista (su estatuto sigue proclamando la lucha de clases) ya que no tiene propuestas pedagógicas, se opone a todas las reformas y específicamente a la meritocracia y está controlado políticamente por el Partido Comunista del Perú – Patria Roja, que con la Derrama Magisterial controla un patrimonio de más de 800 millones de dólares. O que se vincule a un gran cambio en la orientación del sistema educativo para traer a nuestros niños una educación para el siglo XXI y alejarnos de los obsoletos paradigmas que hoy nos condenan, en el mejor de los casos, a la mediocridad.

Dicho esto, es verdad que tenemos que invertir en reformas importantes en educación, seguridad e infraestructuras, pero para ello, nos guste o no, nos complique la vida o no, tenemos que generar los recursos fiscales que nos permitan financiarlas y, estos provienen en gran medida del desarrollo de los grandes proyectos de inversión, que están paralizados o que avanzan a paso de tortuga, ya sea por conflictos sociales, tramitología, interferencias de la Contraloría u otras trampas anti crecimiento. Como ya hemos mencionado antes en Lampadia, el costo de oportunidad de ‘aumentar’ un punto el crecimiento es enorme en términos de generación de empleo, impuestos y bienestar. (Ver: Los costos de la desaceleración), o inversamente, de la aceleración.

Julio Velarde, Presidente del Banco Central de Reserva, afirma que con el actual déficit todavía existe espacio discal para avanzar en las reformas establecidas por el actual Gobierno: “A pesar de este déficit hay que reconocer que hay espacio fiscal. Si el dinero se gasta bien en infraestructura, hay margen para endeudarse. Aun así hay necesidad de invocar prudencia siempre. Inversión pública que se justifique, que amplíe potencial productivo.”

Hasta el 2011, el Perú atravesó por un ciclo virtuoso en, prácticamente, todos los aspectos económicos y sociales (exceptuando lo institucional), como inversión, crecimiento, empleo, reducción de la pobreza y la desigualdad, desnutrición infantil y en la reducción de deuda. Esto, como hemos explicado anteriormente, fue interrumpido por lo que llamamos ‘Punto de Inflexión’. Gracias a la administración de Ollanta Humala, el Partido Nacionalista y su gabinete de izquierda, que durante el primer año de gobierno, se sembró la administración pública de funcionarios resistentes al desarrollo de la inversión privada y se alejó al sector público y privado, como si fueran enemigos. Ver en Lampadia: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo. Increíblemente, el gobierno de PPK ha conservado el 39% de vice ministros del gobierno anti inversión privada de Humala (si se pondera por el peso de ciertos vice ministerios, ese porcentaje puede llegar a un equivalente de hasta 45%).

Fuente: Presentación del Minsitro Thorne en Canal N

En nuestra opinión, el potencial de crecimiento del país es mucho mayor del que plantea el ministro Thorne, que se limita a aceptar como límite del crecimiento, el llamado “crecimiento potencial” de 5%. Pero, si se toma en cuenta el potencial productivo del Perú en diversos sectores, como lo hemos explicado en Lampadia, Ver: El enorme Potencial Productivo del Perú, podemos crecer más alto y sostenidamente.  Volveremos en más detalle sobre esto posteriormente. 

La pregunta que debemos hacernos es hasta qué punto el plan de gobierno está incluyendo las reformas y las políticas necesarias para conseguir un crecimiento de mediano plazo que apunte al 6 o 7% anual, con una consiguiente mayor recaudación fiscal, una reducción de gasto no prioritario, priorizando el desarrollo de infraestructuras y consolidando las reformas que requieren un aumento del gasto corriente (gasto versus reforma).

Tenemos que aprovechar al máximo posible los próximos cinco años para recuperar el crecimiento, que es el camino al desarrollo integral. Lampadia

El mundo al revés: Los policías que detienen o abaten a delincuentes se van presos o son sometidos a interminables investigaciones, mientras que ladrones y sicarios son liberados para que continúen generando zozobra en la ciudadanía. Realmente indignante. El último caso en que el Poder Judicial inexplicablemente invierte los roles (apresa a policías y libera criminales) es el de los suboficiales Harold Palomino, Cristian Ramos y Miguel Vásquez. Los dos primeros acaban de salir del penal de Lurigancho en el que pasaron dos meses luego de que el juez, Carlos Nieves, del Noveno Juzgado del Callao ordenara su detención por haber ultimado a un delincuente prontuariado luego de asaltar a una persona en mayo del año pasado. El suboficial Vásquez, aún se halla preso por este injusto fallo. Este hecho ha provocado una campaña ciudadana exigiendo la inmediata absolución de estos efectivos y sobre todo que el PJ empiece a merituar mejor estos incidentes en un momento en que la seguridad ciudadana se deteriora a pasos agigantados y la delincuencia se hace cada vez más violenta y sanguinaria. 

El trato recibido por estos suboficiales es absolutamente vejatorio e, incluso, viola el derecho a la defensa y el principio de inocencia. Como ha relatado el suboficial Ramos en una entrevista a Perú21: “Yo llegué a la audiencia pensando que era algo de rutina. Creí que, como otras veces, solo iba a sustentar cómo había sido la intervención. Sin embargo, triste fue nuestra sorpresa cuando escuchamos al juez. [Carlos Nieves, del Noveno Juzgado del Callao]. En esos momentos sentí gran frustración. Nosotros fuimos para ayudar a un ciudadano y no para abatir a un delincuente, como lo aseguró el fiscal”.

Lo mismo señala el suboficial Palomino: “En mi opinión, considero que no se siguió el debido proceso. El juez no debió firmar esa detención. Nos sentimos agraviados por la forma en que ha procedido el Poder Judicial. Es algo ilógico lo que nos ha pasado. El Ministerio Público, que denunció el caso, nunca nos citó para escuchar nuestros descargos”.

A pesar del maltrato y los malos momentos pasados, no solo por estos policías, sino por sus familiares, ambos mantienen la moral y aseguran que “no dudaría en utilizar nuevamente mi arma. Lo volvería a hacer por un ciudadano. Voy a cumplir con mi función combatiendo a la delincuencia. No tengo temor. Voy a cumplir a cabalidad. Ante todo, soy policía por vocación. Hay que recordar que nuestra labor es de todos los días: intervenir delincuentes, incautar armas, decomisar droga. Es el pan de cada día y siempre voy a estar preparado”, señala Palomino. Valientes declaraciones, lo cierto es que este es un precedente nefasto para los efectivos que tienen que estar en calles cada vez más peligrosas, con delincuentes sumamente avezados y casi todos armados. Lo más probable es que los policías se sientan inseguros de usar sus armas por temor a que jueces y fiscales los encarcelen por usar sus armas de reglamento en una intervención legítima.

Mientras nuestro sistema de justicia les da este tipo de trato a nuestros policías, el 95% de los detenidos por la PNP son liberados (según cifras del Ministerio del Interior) y el mejor de los casos el 91% (de acuerdo al PJ y el y el Ministerio Público) son devueltos a las calles. Un escándalo que explica en parte la seria crisis de inseguridad que vivimos. La cuál se agrava día a día. Como manifiesta un Editorial de El Comercio: “Es pasmoso, sin embargo, comprobar cómo esa situación original, ya bastante mala, se sigue deteriorando y a una velocidad difícil de reportar. La percepción de inseguridad en Lima se ha incrementado en 17% durante los últimos dos meses. Y, según la última encuesta de El Comercio realizada por Ipsos-Perú, nueve de cada diez limeños afirman sentirse inseguros en la ciudad”. 

Los homicidios y el sicariato se han, literalmente disparado. El uso de armas de fuego se ha generalizado entre los delincuentes. No hay casi asalto, atraco o hecho criminal en la que no se amenace a los ciudadanos con armas de fuego. Pero lo que es alarmante es como las extorsiones se expanden a casi todas las actividades económicas. De la construcción, han saltado al transporte público y bodegas. Ahora son extorsionados dueños de colegios, hostales, restaurantes, pequeños comercios. Todos los días se reportan casos de esta naturaleza en la que se dejan granadas en puertas de negocios o se disparan contra fachadas. Esta actividad se ha salido de control por completo y es urgente remediarla pronto.

Al igual que en los casos de lucha contra la delincuencia común, los jueces se ponen de parte de manifestantes violentos y criminales cuando estallan conflictos políticos. Así lo demuestra la actuación de la jueza de Investigación Preparatoria de Mollendo, Janeth Lastra, quien desestimó el pedido de la Fiscalía que solicitó prisión preventiva de nueve meses contra 13 procesados a los que detuvo la policía por bloquear vías públicas y por enfrentarse con las autoridades.

A pesar que la jueza sostuvo que habían suficientes indicios de que estos sujetos habían incurrido delito de entorpecimiento de vías públicas, que tiene como pena mínima cuatro años de prisión, los dejó para se les siga el proceso en libertad y los sometió a reglas de conducta. Y como en el caso de los delincuentes comunes, tampoco consideró que se había probado la existencia de indicios que demostraran que los detenidos lanzaron piedras a los policías para causarles daño, sin considerar los numerosos heridos y  el asesinato de uno de ellos. Es decir nadie defiende a los policías contra los radicales que los amenazaron con violar a sus mujeres. (Ver en Lampadia: No se puede poner a los policías como carne de cañón)

Es hora pues que toda la ciudadanía se una contra la delincuencia y defienda a la policía de ataques en protestas violentas y en su lucha por preservarnos de la delincuencia común. Es imperativo que el Sistema  Justicia esté alineado con este clamor cívico. Lampadia

Comentario de Lampadia

El francés Dominique Strauss-Kahn, ex director general del FMI y previsible presidente de Francia hasta antes de su escándalo sexual en EEUU, está siendo juzgado por el delito de proxenetismo. Para defenderse en esta causa se presenta como una víctima, dejando al descubierto, en realidad  (como puede apreciarse en la siguiente nota de El País de España), que es un cínico y un amoral.

A personas como él, que han tenido la mejor educación, que han ocupado altísimos cargos privados y públicos, es decir, las mejores condiciones en las que puede desarrollarse un ser humano, debemos que juzgarlos con la mayor severidad posible. “Seréis juzgados según los dones recibidos”, señala Jesucristo en una de sus  parábolas. Por ende, para alguien como Strauss-Kahn, la valla debe ser más alta.

(El País, 12 de Febrero de 2015)

El juicio a Dominique Strauss-Kahn, el otrora todopoderoso director general del Fondo Monetario Internacional y hombre a quien todas las quinielas políticas colocaban en la presidencia francesa, se está revelando como un auténtico ejercicio de surrealismo sórdido. Los testimonios que se escuchan ante un tribunal de Lille muestran hasta qué punto un hombre puede justificarse de cualquier barbaridad que haya cometido y trocar la condición de acusado por la de víctima sin pestañear. Strauss-Khan, cuya estrella se apagó de golpe al ser detenido en Nueva York en 2011 por asalto sexual a la camarera de un hotel, está acusado de proxenetismo, un delito que en Francia le puede costar diez años de cárcel. El acusado lo niega, pero al hacerlo se enreda en una maraña de argumentos que llevan al ciudadano medio a llevarse las manos a la cabeza al considerar que personas como Strauss-Khan pueden presidir organismos con gran influencia en el mundo.

La defensa de Strauss-Khan se basa en que no sabía que las mujeres que participaban en las orgías, a las que asistía como invitado de honor, eran prostitutas. Al fin y al cabo él no tenía tiempo para pensar en esos detalles porque estaba “intentando salvar al mundo de la catástrofe”, es decir, de la crisis económica mundial en 2009. Tampoco tenía tiempo para reparar en el nombre de esas mujeres, que para él eran “material”, “regalos de navidad” y “colegas”. ¿Por qué se acostaban con él? Naturalmente porque eran “libertinas” y “por placer”. De hecho, según él mismo aseguró ante el juez, le “horroriza” pagar por tener sexo. Y además considera que el fiscal exagera sobre su apetito sexual porque participaba en “solo cuatro orgías al año”. Queda claro que estos meses de proceso judicial, la pérdida de su carrera política y el riesgo de ir a prisión no han hecho mella en su autoestima.

Pero Strauss-Khan tampoco escuchaba las súplicas de esas “libertinas” ante la brutalidad sexual a las que las sometía, ni los “noes” de numerosas mujeres sobre las que anteriormente se abalanzó y otras que sufrieron sus abusos. El acusado considera que se está hurgando en su vida privada. No reconoce la línea entre el consentimiento y el abuso. Sin duda, está muy ocupado.