Con la venia del gobierno
Jaime de Althaus
Para Lampadia

El ataque a las empresas mineras no cesa. Al incendio de Apumayo y las paralizaciones de Breapampa, La Inmaculada y Antamina hace pocas semanas, se suman el bloqueo a Las Bambas que ya lleva 27 días, la interrupción de la vía de acceso a la mina Cerro Lindo en Ica que lleva ya más de una semana y que ha determinado la suspensión de sus operaciones, y el bloqueo a Minas Justa. Lo que está ocurriendo es que, ante la inacción del gobierno, las dirigencias y activistas locales perciben que tienen luz verde de parte de las autoridades nacionales para bloquear y extorsionar a las empresas, y que eventualmente van a recibir el apoyo de los funcionarios gubernamentales. 

Eso fue lo que ocurrió en Chumbivilcas, donde, como informamos la semana pasada, los delegados del ministerio de Energía y Minas se pusieron abiertamente del lado del Frente de Defensa contra la empresa. Es decir, convalidaron el bloqueo y se sumaron a la extorsión. Por ello la PCM los retiró del escenario y envió al viceministro de Gobernanza territorial, que, sin embargo, tampoco ha resuelto el problema. Antes bien, ante la propuesta de la mina de que las comunidades, que están fuera del área de influencia y están situadas a 100 y 200 km de la operación, participaran con 14 camiones y otros servicios, han respondido que no aceptan menos de 25 camiones y otros trabajos adicionales, reiterando el chantaje de que si no se acepta esas condiciones, mantienen el bloqueo. 

Mientras tanto, el día de hoy Las Bambas entrará ya en paralización total de actividades, con grave perjuicio para las municipalidades, la población, la región y la economía nacional. La imagen de un país en el que impera la ley de la selva es aun más dañina para el futuro de todos nosotros. 

Es sorprendente como se ha institucionalizado la extorsión a las empresas. Se ha vuelto un negocio en el que prosperan políticos, asesores y ONGs. En el corredor minero no hay una demanda ambiental ni social. No se pide el cierre de brechas sociales por ejemplo. Cuando Las Bambas ofreció, a inicios de este gobierno, luego de un bloqueo, un plan integral de desarrollo productivo y servicios de salud y educación al Frente de Defensa de Chumbivilcas, la oferta fue rechazada y lo único que se pide es dinero y contratos. Es la extorsión. 

En gobiernos anteriores se exigía el levantamiento de la medida de fuerza como condición para el diálogo, o se establecía el estado de emergencia. Se desplegaba la fuerza armada y los bloqueos, que son ejecutados por muy pocas personas, se disolvían automáticamente, sin violencia de ningún tipo. Pero, en realidad, ni siquiera es necesario decretar estado de emergencia, porque basta con aplicar el decreto supremo N° 106-2017-PCM que establece que las carreteras son activos críticos que deben ser protegidos. 

Pero ahora ni los fiscales actúan, ante delitos flagrantes. Por eso, si el gobierno no es capaz de imponer el principio de autoridad y restablecer orden público, el congreso o la sociedad civil deberían denunciar por infracción constitucional al Presidente y a los ministros responsables. 

El artículo 118 de la Constitución reza: 

Artículo 118.- Atribuciones del Presidente de la República 

Corresponde al Presidente de la República:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales.

Es claro que el presidente y los ministros competentes, particularmente el de Interior y el de Energía y Minas, no están cumpliendo su primera función constitucional: cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Al contrario, convalidan su violación. 

Para comenzar, están obligados a hacer cumplir el inciso 11 del artículo 2 de la Constitución establece como uno de los derechos fundamentales de la persona:

11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.

Además, el presidente y los ministros están obligados a cumplir y hacer cumplir el código penal, que prohíbe y castiga los bloqueos de carreteras y, además, la extorsión. El artículo 200 del Código penal establece: 

Artículo 200. – Extorsión 

El que mediante violencia, amenaza o manteniendo en rehén a una persona, obliga a ésta o a otra a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de treinta años.

Esto es exactamente lo que ocurre en las situaciones que estamos comentando. Es hora entonces de denunciar por infracción constitucional y eventualmente por complicidad a los ministros que no cumplen con su función constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes. Lampadia

En los últimos días, diversas voces provenientes del plano político y mediático han destacado -sin un pleno conocimiento de causa y sin brindar serias explicaciones al respecto – una serie de manifestaciones violentas – cuya duración se ha prolongado por más de 60 días – por parte de la comunidad de Fuerabamba en contra de la operación del proyecto minero de cobre, Las Bambas, considerado el segundo más importante del país.

Conforme se han ido esclareciendo los hechos del presente conflicto, tales manifestaciones han terminado por ilustrar los privilegios, egoísmos y extorsiones replicados por la comunidad, elementos que han pintado de cuerpo entero las verdaderas motivaciones detrás de sus revueltas. Veamos.

Los Privilegios:

• Una casa de 3 pisos con 7 habitaciones para cada familia de la comunidad con todos los servicios, habilitada para servicios de hotelería.
• Una planta de agua potable y tratamiento de sólidos.
• Un colegio cuya inversión ascendió a US$ 16 millones, equipado con un centro de cómputo, y en el que enseñan los mejores profesores de Apurímac.
• Un hospital cuya inversión ascendió a US$ 6 millones, equipado con equipos de alta tecnología.
• El pago de más de S/. 1 millón para cada familia de la comunidad y S/.1.8 millón para su presidente, Gregorio Rojas. 
• El fundo Yavi Yavi de 3,650 hectáreas sobre el cual se extienden 38 hectáreas de carretera, con reserva de derecho de paso.

Los Egoísmos:

• Los fuerabambinos no permiten que los hijos de los comuneros vecinos utilicen el colegio, ni que puedan beneficiarse de sus instalaciones. Actualmente, la ocupación es de apenas el 25%.
• Los fuerabambinos tampoco permiten que los hijos de los comuneros vecinos utilicen el hospital, generando también capacidad ociosa. La ocupación también es cercana al 25%.

Las Extorsiones:

La comunidad, dirigida por Gregorio Rojas, en colaboración con los Hermanos Chávez Sotelo, vienen extorsionando a la empresa Las Bambas y al Estado peruano para recibir prebendas y demás compensaciones improcedentes por el uso de la carretera que pasa por el fundo Yavi Yavi, la cual tiene un derecho de paso que incluye la ampliación sin pago alguno inscrito en el momento que ese terreno fue cedido por Las Bambas a la comunidad.  Debido a que no se han accedido a estos requerimientos, la comunidad ha bloqueado el paso de la vía pública por más de 60 días, paralizando las operaciones del proyecto minero y la exportación de cobre, ahuyentando la inversión privada, y comprometiendo el desarrollo de la región así como los futuros prospectos de crecimiento de nuestra economía.

Dicho sea de paso, fuentes informadas recuerdan que Fuerabamba era, décadas atrás, una comunidad de abigeos, razón que explicaría su relativo aislamiento de las demás comunidades.

En este sentido, el conflicto generado por la comunidad de Fuerabamba en las Bambas no persigue otra cosa que una búsqueda constante de rentas en espacios en donde el imperio de la ley no se hace presente. No podemos seguir permitiendo que el desarrollo de nuestro país se vea paralizado por tales pretensiones, peor aún, en un sector que es responsable de que el crecimiento económico efectivamente llegue a las regiones al interior del país.

El peor problema de la toma de la carretera no es la pérdida de 1% del PBI. El verdadero problema es la pérdida de confianza del país como lugar privilegiado para inversiones de largo plazo. Lampadia

Como sabemos, en el Perú, la distancia de la letra y la realidad es sideral. Nos sobran leyes que no se cumplen. Muchos delitos contra la propiedad pública y privada, e incluso contra la vida, quedan impunes en la maraña de un sistema judicial que al final termina consagrando la ilegalidad.

El Ministro del Interior está produciendo normas muy ambiciosas para enfrentar la delincuencia. Como indicamos con ocasión del primer paquete de medidas  (ver La gran apuesta del gobierno contra la corrupción policial), sus logros tienen ciertos requisitos. En este caso, como en el anterior, se necesita lograr un sustancial apoyo por parte de la clase política y de los altos mandos de la Policía Nacional.  

Esperamos que en medio de los barullos políticos que estos días toman toda la atención de la sociedad, se puedan focalizar estos esfuerzos con la prioridad que merecen. Lampadia 

Fuente:  laotravozdigital.com

Victimización por delincuencia, homicidios y extorsiones

Por primera vez tenemos metas concretas en reducción de delincuencia: ¿son alcanzables?

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Debe resaltarse un hecho sin precedentes: el ministerio del Interior ha anunciado unas metas de reducción de la delincuencia a fines del 2018, y el ministro ha asegurado que si no se cumplen, él renuncia. La más importante de ellas es la reducción de la victimización por delincuencia de 31.1% a 24% (ver gráfico):

Como sabemos, en el Perú el principal problema es la victimización por delincuencia, es decir, el delito común, la inseguridad ciudadana en las calles y las casas, que es la más alta en las Américas según el Barómetro de las Américas. La tasa de homicidios, sin embargo, es relativamente baja (7.2 por 100 mil versus un 21.2 en América Latina según la OEA), pero hay cinco ciudades en el Perú que sobrepasan ese promedio latinoamericano y hay 14 que tienen una tasa superior a 10 por 100 mil (ver siguiente gráfico). Por eso el ministerio se ha propuesto como meta a fines del 2018 reducir a la mitad el número de ciudades con tasas de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Lo que tenemos en esas ciudades, de la costa norte y central principalmente, es el avance preocupante del crimen organizado, el sicariato, la extorsión, etc. Son mafias dedicas a la usurpación de inmuebles y terrenos, a la extorsión de obras y negocios, al control de grandes empresas azucareras con fines delincuenciales, etc., y que suelen operar en conexión con policías, fiscales y jueces. Por eso, allí el tema es cualitativamente muy grave. El ministerio se ha propuesto reducir de 6 a 0 el número de capitales de región con una tasa de extorsión de empresas superior al 25%, que sigue siendo inaceptablemente alto. (ver siguiente gráfico) Hay varias ciudades en el Perú donde más del 50% de las empresas están siendo extorsionadas. Es insoportable.

Ahora bien, ¿podrá el gobierno alcanzar estas metas a fines del 2018? Comencemos con la relativa a bajar la tasa de victimización a un 24%. Sería  una reducción de 7 puntos en dos años, aunque sólo nos serviría para pasar del puesto 1 en victimización al puesto 5 de un total de 25 países encuestados. De todos modos, es un primer paso importante.

Para eso se necesita más policías en las calles, mas patrullaje, mejor integración con los serenazgos, mejor coordinación entre comisarías repotenciadas, la municipalidad y la comunidad,  incluso para desarrollar la “inteligencia comunitaria”[1]. Y acciones preventivas.

El Ministerio, en efecto, ha comenzado por dar el decreto legislativo 1253, que les permitirá a las municipalidades recaudar los arbitrios para financiar el serenazgo por medio de los recibos de luz, con un monto mensual máximo de 3.50 soles por vivienda. Esta medida entraña un facilismo, pues exonera a las municipalidades de la tarea de recaudar ellas mismas, que es uno de los déficit estructurales en el país, pero asegura los recursos necesarios para que las municipalidades urbanas pobres puedan comprar y gestionar vehículos de serenazgo, cerrando en alguna medida la brecha de recursos para combatir la inseguridad con las municipalidades de distritos más acomodados.

Al mismo tiempo, el Ministerio ha dispuesto implementar el “Patrullaje Integrado” en el 90% de los vehículos de los municipios. Y, sobre todo, ha reforzado de manera consistente la relación entre la Policía, las municipalidades y la comunidad, para cuyo efecto ha dado el decreto legislativo 1316, que modifica la ley nº 27933, ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

La disposición principal de este decreto legislativo (art. 13) es la que establece una sanción de suspensión de sus funciones por el plazo de treinta días calendario al gobernador regional, alcalde provincial o alcalde distrital que no instale el comité de seguridad ciudadana en el plazo legal, o que no lo convoque para sesionar, o que no disponga la formulación del plan de seguridad ciudadana. (Ver en Lampadia: Los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana).

Como se sabe, estos Comités Regionales, Provinciales o Distritales de seguridad ciudadana formulan y evalúan los planes y directivas de seguridad ciudadana ejecutados en sus jurisdicciones. La norma establece que los Comités Regionales se reúnen trimestralmente de forma ordinaria y los Comités Provinciales y Distritales se reúnen una vez al mes. Sus presidentes son el gobernador regional o el alcalde respectivos, y son responsables de implementar los respectivos planes de seguridad ciudadana.

Además, el Decreto precisa que así como la Policía Nacional brinda el apoyo requerido por la municipalidad, el efectivo policial a cargo puede solicitar apoyo o participación del personal de serenazgo, bajo su dirección. La Policía, a su vez, organiza  el patrullaje integrado.

La Comisaría también está obligada a integrar la información con las municipalidades sobre los lugares de su jurisdicción donde se concentran focos de comisión de delitos, actualizando el mapa del delito, y proponiendo las acciones que correspondan en materia de prevención social. Y, a solicitud de las municipalidades, debe programar capacitaciones al personal de serenazgo incluso “en el uso de armas no letales, menos letales o potencialmente letales o de otros implementos”.

Es decir, el decreto mejora claramente la ley de Seguridad Ciudadana precisando los roles y las obligaciones respectivas entre Policía y Municipalidades. Y sanciona el no funcionamiento de los Comités de Seguridad Ciudadana. La coordinación entre Policía y Municipalidad para prevenir el delito y organizar el patrullaje integrado resulta ahora obligatoria.

Ahora bien, fuera de esto, el Ministro ha anunciado varias políticas complementarias: los Comisarios serán elegidos mediante concurso y serán capacitados, se fortalece las Oficinas de Participación Ciudadana en comisarías, que son las encargadas de relacionarse con las juntas vecinales, rondas campesinas y otras organizaciones locales para organizar rondas, actividades preventivas y facilitar la “inteligencia comunitaria”. Las Comisarías tendrán una estrategia de “servicio al cliente”. Además, se ha lanzado, el programa Barrio Seguro o “Pa’barrio, yo”, que consiste en una intervención integral en barrios críticos, con participación de varios sectores (Educación, Salud, Ambiente, Cultura, etc.).  Este programa se aplicará en los  100 barrios más peligrosos del país, ya hay 5 pilotos lanzados: La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora en Trujillo, Chocoy en Barranca y San Agustín en Chincha. Recientemente se han incorporado tres más en Ica. Y está en proceso un crédito y asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo para este fin.

Dentro de la meta general de reducir a 24% la victimización, se ha fijado la de bajar de 14.8% a 10.5% la victimización por robo (ver siguiente gráfico). A este fin ayudará considerablemente el Decreto Legislativo 1338 que crea el Registro Nacional De Equipos Terminales Móviles y en buena cuenta haría que un celular robado ya no se pueda usar. En la medida en que el robo de celulares es el de mas alta prevalencia, su disminución influirá en la caída de dicha tasa.

Y habrá también un  sistema de comandos de control, comunicación y cómputo para lo cual se está negociando un crédito con el BID también.

Ahora bien, para alcanzar las metas de reducción de la tasa de homicidios y de los porcentajes de extorsión en las ciudades, el Ministerio ha puesto en práctica varias estrategias. Una es el Programa Nacional de Recompensas, con la idea de llegar a no menos de 6,000 requisitoriados con recompensas, con 1,500 de ellos detenidos. La segunda es la ejecución de no menos de 150 mega operativos contra la organizaciones criminales en toda la costa, y la ejecución de no menos de 300 operaciones cerrojo contra portadores de armas ilegales, que tienen ahora pena de cárcel.  Además, por supuesto, el Ministerio se propone el fortalecimiento de la investigación criminal como tal, reclutando y especializando investigadores, intensificando el uso de tecnología, modernización los laboratorios de criminalística y formando equipos especiales para el seguimiento y solución de casos complejos.

Lo que hace pensar que este conjunto de metas podría alcanzarse, es no solo la consistencia de las políticas propuestas, sino el conjunto de reformas que se está introduciendo para la lucha contra la corrupción interna (ver en Lampadia: La gran apuesta del gobierno contra la corrupción policial) y para mejorar y modernizar la gestión de los recursos materiales y humanos, lo que le daría soporte a las políticas de línea. Al respecto se está planteando tercerizar los servicios de mantenimiento de locales y vehículos, geo-referenciar los vehículos para asegurar que se esté patrullando según los recorridos establecidos y que no haya robo de gasolina, y modernizar los sistemas de compras y adquisiciones.

Estaremos atentos a la evolución de los indicadores para ver el avance hacia la consecución de las metas. Es que por primera vez tenemos efectivamente unas metas concretas que podemos monitorear y exigir. Eso solo ya es un gran avance. Lampadia

28.9% de las empresas sufrieron  robos o extorsiones,
y sólo en el 2.2% de los casos se detuvo a los delincuentes

El INEI ha dado a conocer el informe “Perú: la victimización en las empresas, 2015”. Es interesante porque revela que la tasa de victimización de las empresas –es decir, el porcentaje de las empresas fueron víctimas de algún hecho delictivo que atentó contra su seguridad durante el año 2014, que fue de 28,9%- es similar aunque ligeramente menor que la tasa de victimización de las personas, y que si bien el porcentaje de empresas que denuncia los delitos sufridos es mayor, los resultados de tales denuncias son prácticamente nulos: la policía no encuentra a los culpables o no recupera lo robado o extorsionado.

El asunto, entonces, es preocupante. En ciertas regiones del país puede afectar seriamente el crecimiento del PBI o el desarrollo de ciertas actividades.

La delincuencia atacó en mayor proporción a las actividades de transporte y almacenamiento (47.7%), información y comunicaciones (37.1%)[1], comercio y reparación de vehículos automotores (30.4%), y enseñanza privada (28.6%).

Y las regiones con mayor tasa de victimización en las empresas son Ica (48.4%), Arequipa (45.4%), Puno (41.4%) y Lima Provincias (40.1%). Siempre el año 2014. En el siguiente gráfico podemos ver en qué medida la delincuencia afecta a todas las regiones del país:

La proporción más alta de delitos que sufren las empresas son el robo o hurto (66.4%). La extorsión está en el tercer lugar con un 15%, pero a esa categoría habría que aumentar las “amenazas” (10.7%). La estafa viene luego con un 11.5%. Es lo que vemos en el siguiente cuadro:

Ahora bien, si desagregamos territorialmente el delito de extorsión a las empresas, vemos que este es muy alto como proporción de los delitos cometidos en las empresas en La Libertad (55.8% de los delitos), Lima Provincias (50.4%), Tumbes (42%) y Piura (41.9). En el cuadro siguiente podemos ver, efectivamente, como la extorsión está concentrada en la costa centro y norte del país:

Además, constatamos que la actividad más extorsionada de lejos es la construcción, pero también el comercio y los talleres de autos, industrias, pesca, etc.  En el siguiente cuadro lo podemos ver:

Ahora bien, de todas las empresas que sufrieron algún tipo de delito, lo denunciaron el 56.2%, pero verdaderamente preocupante es que solo en 2.2% de los casos se detuvo a los delincuentes y solo en el 1.7% la empresa recuperó sus bienes. No queda claro si ese 11.8% que se encuentra en proceso judicial supone que se detuvo o identificó a los delincuentes también. Veamos el siguiente cuadro:

Como fuere, lo que queda claro es que la policía y el sistema judicial están fallando clamorosamente. Ni capturan a los delincuentes ni reponen lo robado o extorsionado. No cabe duda, entonces, que la delincuencia, común u organizada, está afectando el desarrollo de las empresas en algunas regiones del país y está recortando el crecimiento del PBI, y que, por lo menos hasta el 2014, no había manera de contenerla.

De hecho, ante la inacción policial, además de sufrir robos,  extorsiones o estafas, las empresas tienen que efectuar gastos relativamente importantes en seguridad. En el siguiente cuadro vemos el porcentaje de empresas que invirtió en diversos tipos de medidas de seguridad:

Y en los siguientes cuadros podemos ver el porcentaje de empresas que contratan a terceros para tareas de seguridad, por departamentos y la incidencia en sus gastos globales.

Todo lo cual finalmente se expresa en gastos de seguridad que, según la encuesta realizada, representan porcentajes variables respecto del total de gastos de la empresa (ver cuadro anterior) pero que, sin duda, en muchos casos pueden borrar las utilidades de las empresas.

Si a esto sumamos los costos de la formalidad en el Perú –los costos tributarios, la tramitopatía y los costos de la legalidad laboral-, podemos entender las razones por las que una proporción altísima de las empresas y del trabajo subsiste en la informalidad.

Como consecuencia de esta situación, la impunidad ha ido reduciendo efectivamente el ‘costo’ del crimen, lo cual establece un incentivo perverso para su propagación.

En resumen, la emergencia de las empresas en el Perú como un motor de crecimiento, supone atacar no solo las causas de la informalidad tributaria, regulatoria y laboral, sino también la inseguridad que las afecta de manera sensible. Es indispensable avanzar en la reforma policial y judicial para empezar a contener el avance del crimen organizado y reducir la victimización por delincuencia común en general. Lampadia

Cada vez son más las evidencias que el modelo económico que el Perú ha aplicado en el último cuarto de siglo ha traído beneficios inimaginables para nuestros ciudadanos y en especial para los más pobres, sobretodo ahora que hemos perdido la bonanza. (Ver en Lampadia :¡Qué calatos… ni ocho cuartos!). Un reciente informe titulado “América Latina después de Pisa elaborado por Axel Rivas, investigador principal del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) y profesor de la Universidad Pedagógica de Buenos Aires sostiene que “Perú dio un gran salto de acceso y calidad educativa [2000-2011] desde un punto de partida muy bajo. Es un caso excepcional que parece explicarse más por la gran mejora social y económica que por las políticas propiamente educativas. Sí parece haber contribuido el tener bases más dignas de la oferta escolar y libros de texto gratuitos masivos. Sin embargo, un aspecto crítico del caso de Perú es que logró mejoras ampliando las desigualdades de aprendizajes de los alumnos, en paralelo a un progresivo pasaje al sector privado”. Y este defecto se debe básicamente a que el sector público no ha mejorado lo suficiente, mientras que el privado ha generado un salto cualitativo.

Rivas asegura que esta mejora se debe a nuestro crecimiento económico que nos ha permitido elevar nuestros índices sociales a pesar que a comienzos de siglo estaban muy por debajo de los niveles latinoamericanos: “La evolución social de Perú fue la más notable de las estudiadas. Partiendo de indicadores que colocaban al país claramente por debajo de los restantes siete en la mayoría de las dimensiones(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay), Perú terminó el período analizado mucho más cerca del promedio de la región, así como México fue en la vía contraria en muchos aspectos. No es casual que Perú sea el país con más crecimiento económico tuvo entre los siete analizados, con mayor reducción de la pobreza y de la informalidad laboral, con mayor ampliación de la cobertura de salud y mayor reducción de la mortalidad y desnutrición infantil”.

Una prueba adicional, no solo de las ventajas del modelo, sino de la eficiencia del sector privado. De hecho, un dato relevante que arroja este exhaustivo estudio, es que en una década se ha duplicado el número de alumnos que asisten a las escuelas privadas. Si en el 2000 solo llegaban al 14% en el 2011, superaban el 25% de la población escolar.

La cifra revela dos cosas importantes: las sustanciales mejoras en los ingresos de peruanos lo que determina la emergencia de una clase media sólida (ver en Lampadia: El libro blanco de la clase media) y, la preferencia de los padres por la educación privada.

Así lo confirma el especialista en temas educativos y actual presidente del Consejo Nacional para la Educación, Hugo Días, al comentar los resultados del estudio: “Por un lado, se debe a que los ingresos de la población han aumentado y hay más personas que tienen poder de compra y de gasto en la educación. Otra razón es que ha habido un desencanto en la escuela pública“.

Que el Perú tenga un sector educativo privado tan dinámico se debe a que, a diferencia de los otros países estudiados por Rivas, en Perú la legislación permite mayores facilidades para abrir escuelas. Esto puede generar problemas como “una amplia oferta, muy heterogénea, de servicios de baja calidad, intermedios y de élite”, señala Rivas, pero finalmente son los padres los que terminan exigiendo mejores y mayores niveles de calidad, algo que es más difícil de conseguir en el sector público.

Lo cierto es que el Perú lidera en la región el índice de satisfacción de los alumnos con su escuela.El 94% de los estudiantes peruanos dice sentirse felices en sus colegios, algo impensable décadas atrás. Por otra parte, como revela el estudio, al igual que en toda la región, en esta última década “aumentó su tasa de escolarización del nivel secundario, al mismo tiempo que logró la mayor mejora del puntaje promedio en las pruebas PISA (véase Gráfico 1)y la mayor reducción de la desigualdad en los aprendizajes entre el cuartil de mayor y menor nivel socioeconómico.  El dato más notable: los alumnos del cuartil de menor nivel socioeconómico de América Latina fueron los que más mejoraron sus aprendizajes (en especial en matemática) de todas las regiones que tienen países representados en PISA de todos los cuartiles de nivel socioeconómico. Esto indica que la región tiene pisos más dignos de escolarización: la mejora social y la inversión educativa tuvieron un impacto constatable”.

El gran objetivo del Acuerdo Nacional es que el presupuesto de educación llegue al 6% del PBI. Cuando se fijó, a principios de la década pasada, la educación privada no tenía mayor presencia, hoy esta supera el 3% del PBI. Por lo tanto, sumando la educación pública y privada ya hemos superado la meta del Acuerdo. Curiosamente, el gobierno, desde el Ministro de Educación para abajo, nunca se refieren a la educación privada, ni al millón de alumnos que ha captado durante los últimos años, solo mencionan a este segmento de la educación para repetir una y otra vez que hay colegios privados de mala calidad. ¡! (Ver:Cómo el Estado sabotea la educación privada).

Además del ninguneo, la educación privada es hoy uno de los objetivos privilegiados de las bandas de extorsionadores. Y una vez más el Estado es el responsable. El boom de la educación privada ha generado un grave problema: se han convertido en blanco de delincuentes. Los directores y los dueños de colegios son extorsionados.

De acuerdo a informes policiales, bandas “que se dedican a la extorsión en las obras de construcción civil han ampliado los márgenes de sus actividades criminales a los propietarios y directores de escuelas particulares. A la fecha, los atentados se suceden contra los establecimientos escolares y ya fue asesinado Sabel Evangelista De Paz, director de la escuela privada María Montessori, de San Juan de Lurigancho”.

El presidente de Asociación Nacional de Promotores de Instituciones Educativas Privadas (Anpiep), Alfonso Briceño, ha reiterado su preocupación y pedido de apoyo a las autoridades estatales. En La Anpiep se hallan inscritos 350 colegios de distintos distritos de Lima (San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Comas, Carabayllo, Santa Rosa, Ancón y Puente Piedra). Edgardo Palomino, presidente Colegios Privados de Lima (Acopril), Edgardo Palomino Huamanchumo, una asociación de 700 colegios de los distintos distritos de Lima Metropolitana, se sumó a este pedido.

Como señala la policía muchas de las bandas que extorsionan las obras de construcción ahora están haciéndolo con colegios. De hecho, en los distritos donde más se producen los delitos vinculados a la construcción, es que ahora se empiezan a producir las extorsiones a colegios.

Está experiencia nos lleva a la siguiente reflexión. Está claro, que la iniciativa privada en el sector educación ha sido enormemente provechosa y que ha permitido que el Perú mejore su nivel educativo, que los estudiantes estén más contentos con sus escuelas y que el país vea el futuro con cierto optimismo (a pesar de que aún es necesario un salto cuántico en educación). Esto se logró porque el Estado dio facilidades a este sector, pero ahora debiera cumplir con su rol fundamental de dar protección a los ciudadanos para que puedan continuar con sus actividades sin temor a ser asesinados o tener que pagar por protección.

El Estado, pues debe concentrarse en estas actividades, facilitar las cosas al sector privado y evitar los devaneos estatistas que cada día parecen incrementarse. Lampadia