Luis Fernández Pérez, Gerente General de Gas Energy Latin America Peru SAC
Para Lampadia

En el año 2014, se inició una crisis de la industria del petróleo por la caída brusca del precio internacional, que estaba alrededor de los 100 dólares de enero a julio y cayó progresivamente hasta un promedio de 30 dólares en diciembre del 2015.

Esta situación llevó a todos los países de la región a tomar medidas correctivas (normas) que permitan sostener los niveles de su producción petrolera, y otras medidas promotoras para mantener el interés internacional de invertir en sus países. En el Perú, hasta el día de hoy no se hizo nada, y como consecuencia de ello, hoy tenemos el nivel de producción petrolera más baja de los últimos 40 años (Figura 1), y en los últimos 3 años se han resuelto de manera anticipada 27 contratos porque no pudieron superar los problemas sociales y ambientales para realizar los trabajos de exploración y/o porque no era económicamente viable continuar con la inversión en las condiciones pactadas.

Esta situación está originando una sensible reducción de los montos de canon y sobre canon que reciben las regiones productoras. La figura 2, muestra el comportamiento de los montos recibidos por este concepto en las regiones de Piura y Tumbes en los últimos 10 años y claramente se observa que, ante la caída de los precios, la única salida es incrementar la producción.

Por esta razón se ha planteado modificaciones a la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) como primer paso a la recuperación del sector. El proyecto de ley propuesto, tiene algunos cuestionamientos con poco o ningún sustento, y peor aún, se hacen sin acompañar alternativas que logren los objetivos de incrementar la producción y atraer nuevas inversiones en el sector.

Lo primero que tienen que entender los políticos y la población en general, es que el Perú compite con todos los países de la región para atraer empresas petroleras importantes para explorar los campos con potencial, y en esa carrera estamos retrasados. El Perú sigue siendo uno de los países más atractivos para invertir en la región, con niveles de inflación bajos, con estabilidad económica, con respeto a los contratos y las inversiones; llegan inversionistas y empresarios de todos los sectores, sin embargo, las empresas del sector hidrocarburos son la excepción. El Perú es el único país de la región en el que no tienen actividad las denominadas empresas “majors”; Shell, Exxon Mobil, Conoco Philips, Total, Statoil, entre otras; que, si operan en Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, etc.; la razón principal, el Perú no tiene condiciones competitivas comparadas con estos países en términos de regalías, problemática social, gobernabilidad y exigencias ambientales.

Los cambios propuestos a la LOH son sólo el primer paso para recuperar la industria petrolera y gasífera del País, y están enfocadas en incrementar la producción petrolera en corto plazo con las empresas que hoy vienen operando en Perú, sin embargo, no son suficientes para atraer inversiones en exploración que permitan reponer las reservas que se han consumido en los últimos años.

Los problemas de sector hidrocarburos son muy profundos y una nueva ley no es suficiente para resolverlos, se requiere dar un golpe de timón muy fuerte y tomar algunas medidas complementarias, las cuales pasamos a enumerar:

1. Se requiere que el impulso al desarrollo de la industria sea una política de Estado. Esto significa que, como en el caso de México, Colombia, Argentina, Bolivia y otros, sea el Presidente de la República quien lidere los cambios necesarios, promoviendo acuerdos entre las autoridades del MINEM, MINAM, Congreso de la Republica, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales respecto a la importancia de la industria para el país y la región, desde la perspectiva de generación de empleo directo e indirecto, regalías, canon y bienestar de la población.

2. Se requiere repotenciar a Perupetro, bajo el mismo nombre o el propuesto por el proyecto de ley en discusión, que la denomina Agencia Nacional de Hidrocarburos. Independientemente del nombre, lo importante es la independencia que requiere para negociar contratos y desarrollar funciones de estímulo, acompañamiento y supervisión mas cercanos a las empresas concesionarias. También requiere autonomía para contratar funcionarios de primer nivel con salarios acordes al mercado petrolero.

3. Se requiere diferenciar las exigencias ambientales en las diferentes etapas del proceso de exploración. Las actividades de superficie, tiene un impacto leve sobre la zona de trabajo, mientras que la perforación de los pozos exploratorios tiene un impacto mayor. Si el pozo exploratorio es exitoso, el desarrollo del campo tiene otro impacto mayor y, por lo tanto, en cada caso la exigencia debe responder a esos riesgos. El Perú necesita impulsar mucho trabajo de superficie, incluido estudios de sísmica, con exigencias ambientales acordes con su impacto potencial, para tener información útil y actualizada de los campos que permitan interesar a las empresas a invertir en el País.

4. Se requiere elaborar una línea base ambiental para las diferentes cuencas y etapas de las zonas a explorar. Esto es, una línea base para lotes offshore, una línea base para lotes en tierra (costa) y una línea ambiental para lotes en selva. De esta forma, se reducirán los tiempos de elaboración de los estudios de impacto ambiental que suelen tomar varios años, y es uno de las principales desventajas que tenemos frente a los demás países de la región.

5. Se requiere un trabajo conjunto entre autoridades, Perupetro y las empresas para trabajar con las poblaciones aledañas a las operaciones, la elaboración de programas de desarrollo e inclusión de sus pueblos para alcanzar acuerdos de convivencia y mutuo beneficio.

6. Se requiere que haya un proceso permanente de supervisión en el cumplimiento de los compromisos asumidos, por las empresas, por las poblaciones y por las autoridades bajo el liderazgo de Perupetro, Osinergmin, OEFA y Contraloría de la Republica, según corresponda en cada caso.

Las acciones sugeridas no significan retroceso alguno a las normas ambientales ni a los derechos de las poblaciones indígenas; sino que lo que buscan es colocar al Perú como un país competitivo para atraer inversiones en exploración y explotación petrolera dentro de un marco de respeto al medio ambiente y de convivencia pacífica y de beneficio mutuo con las comunidades aledañas a sus operaciones.  En definitiva, la búsqueda de una actividad rentable, eficiente y respetuosa con su entorno, que comparta con una población mejor informada y orientada, los beneficios que esta industria genera. Lampadia

Todos hablan ahora de cómo podemos beneficiarnos por el aumento de los precios de los metales como el Cobre y el Zinc. Con ello se generan mayores ingresos por exportaciones, mayores recursos fiscales y disminuye el déficit fiscal.

Pero si no desarrollamos nuestros proyectos, y solo nos contentamos con los mejores precios de la producción actual, estamos perdiendo una gran oportunidad de generar riqueza. Este es el momento de iniciar inversiones. Pero para lograrlo, se requiere que el gobierno y el gremio minero, le expliquen a la población los grandes beneficios que podemos obtener y comprometer el apoyo de la población para contrarrestar las asonadas anti-mineras de quienes promueven las ideologías de la pobreza y viven del conflicto.

Como sabemos, los buenos precios no son eternos. No aprovechar estos momentos e impulsar las inversiones mineras es un acto de irresponsabilidad supina.

Veamos en qué estamos:

La mirada desde Chile

Las ilusiones oficialistas

Las inversiones mineras en el Perú se expandirían 20% este año y superarían los US$ 5,000 millones, afirmó el MEM recientemente, resaltando que este crecimiento se debe mayormente a los cambios normativos como la simplificación administrativa y la creación de condiciones sociales en los entornos mineros para que los proyectos puedan desarrollarse y seguir las operaciones.

Además, el Perú recientemente presentó una cartera de inversiones en minería proyectada para los próximos 10 años, tanto en exploración, explotación y ampliaciones, que supera los US$ 58,000 millones en la Feria Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) 2018. También promocionó los proyectos Colca y Jalaoca, cuya convocatoria a concurso se abrió el viernes pasado. Nótese que en la relación presentada no figura Tía María.

La cartera estimada de los proyectos mineros es descentralizada y se ubica en regiones como Cusco, Cajamarca, Moquegua, Tacna, Ica, Lima, Arequipa, Junín, Piura, Áncash, Huancavelica y Lambayeque.

Aterrizando

Según el Mercurio de Chile, el Banco Central de Reserva del Perú, en uno de sus últimos informes, calculó que la inversión minera llegaría a US$ 6.529 millones durante los años 2018 y 2019. Por su lado, según estimaciones que han realizado el Consejo Minero y la Sonami, la industria minera chilena invertirá US$ 7 mil millones en el 2018. El doble de inversión que el Perú.

Además, según el último estudio de 2017 del Instituto Fraser, el Perú fue desplazado del primer puesto de América Latina por Chile como “jurisdicción favorita para invertir en minería”. El estudio se basa en una encuesta que evalúa cómo las dotaciones mineras y los factores de política pública (impuestos e incertidumbre regulatoria) afectan la inversión en exploración minera.

Entre las razones del salto chileno, el Instituto Fraser destaca “una disminución en la preocupación por el sistema legal de Chile (-16 puntos), régimen impositivo (-14 puntos) y base de datos geológicos (-13 puntos).

A pesar de las bondades objetivas del proyecto minero que está más cerca de efectivizar inversiones, Tía María, y de una importante campaña de Southern Copper para generar el apoyo de la población del valle de Cocachacra, en Arequipa, que aclara todas las dudas y mitos sembrados alrededor del proyecto, los representantes del gobierno, tanto en su momento, Cayetana Aljovín como ministra de Energía y Minas, como la actual ministra, Ángela Grossheim, siguen omitiendo toda referencia al proyecto, dando la impresión de que estuviera vetado (por pura y llana cobardía).

¿Qué debemos hacer?

Recordemos que, al contrario de los mitos anti-mineros, el Perú ha mejorado a pasos agigantados gracias al crecimiento de este sector. La inversión privada, liderada por la minería, ha permitido un crecimiento sostenido del PBI, durante más de quince años, permitiéndonos reducir la pobreza, la desigualdad, la desnutrición y la mortalidad infantil.

Lamentablemente, en el 2011, como hemos destacado anteriormente, el 2011 se dio el punto de inflexión, coincidiendo con el inicio del ‘gobierno de la inclusión’, tanto en aspectos sociales como económicos. Ver en Lampadia: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo.

Para poder retomar recuperar el crecimiento económico, el principal camino para la reducción de la pobreza, la generación de empleo y mejoras sociales, es necesario poner en valor nuestros proyectos y situarnos como uno de los principales exportadores mineros del mundo. Nos guste o no, la inversión minera es el mejor y más rápido camino para que podamos cerrar nuestras brechas económicas y sociales.

Contamos con un sector que aporta un gran valor agregado a la economía (superior a 65%), generando miles de millones de dólares de exportaciones. Ver en Lampadia Conflictividad y debilidad política impiden desarrollo minero

Pongamos en valor los recursos mineros que tenemos el privilegio de tener y actuemos en pro del desarrollo integral, duradero y sostenible, sin que los mitos y las mentiras nos aparten del camino de la reducción de la pobreza. 

Para que estas palabras no sean una simple ficción, solo falta un liderazgo asertivo, valiente y consecuente con el reto de superar la pobreza, como primera prioridad de gobierno. Lampadia

El reciente escándalo de Oxfam es un aviso urgente para apreciar las limitaciones de muchas organizaciones benéficas, que por sus ‘fines altruistas’, se asumen poseedoras de la verdad absoluta y, en nombre de ella, pretenden imponer sus ideas de cualquier manera, incluso manipulando y mintiendo.

Muchas de estas ONG, como es el caso de Oxfam, tienen planteamientos ideológicos, de las ideas de las izquierdas que hace rato fueron superadas en sus países de origen, pero pretenden imponer en los países menos desarrollados. Por otro lado, como buena parte de sus soportes financieros vienen de entidades que representan la antítesis de esas ideas, se incrementa, aún más, esa falsa autoridad moral que detentan, que los lleva a caer en esa trampa moral de ‘el fin justifica los medios’.

En esta ocasión el comportamiento de personal de mando de Oxfam en Haití, y los intentos de ocultamiento de sus líderes, ha dejado a Oxfam completamente desnuda. Sus líderes han destruido sus halos morales, al ser acusados de tratar de ocultar el comportamiento de algunos de sus altos funcionarios desplegados en Haití después del devastador terremoto de 2010 que causó la muerte de entre 200,000 y 300,000 personas.

Sus trabajadores humanitarios, incluido el director nacional de Oxfam en ese momento, Roland van Hauwermeiren, fueron acusados de convertir una villa (utilizada por la organización) en un prostíbulo improvisado, con prostitutas que solo usaban polos de Oxfam, intimidar a los conductores que colaboraban con Oxfam a conseguir sexoservidoras y realizar “fiestas sexuales” en las casas donde se hospedaban los trabajadores del grupo.

Ahora, el escándalo sexual que envuelve las operaciones de Oxfam parece haberse extendido a sus tiendas benéficas en el Reino Unido. Una empleada, Helen Evans, dijo a Channel 4 News (del Reino Unido) que en el lapso de un mes su equipo recibió tres denuncias de abuso infantil en sus tiendas de retail. Luego salió también a la luz que había sucedido lo mismo en Chad en 2006 y que el mismo director, Roland van Hauwermeiren, estuvo a cargo de la misión en ambos países.

“Altos funcionarios de Oxfam pagaron por sexo, a los sobrevivientes de Haití”, The Times

Quizás lo más triste es que ésta no sea la única agencia benéfica donde sucede esto. En tan solo unos días, la noticia sobre Oxfam se ha convertido en un escándalo mucho mayor respecto a la explotación por parte de trabajadores humanitarios en muchas partes del mundo y de las organizaciones civiles y de gobierno que los han protegido. En el fin de semana, el Sunday Times de Londres también reportó que otros grupos humanitarios británicos habían hecho auditorías internas que mostraban que más de 120 trabajadores fueron acusados de abuso sexual en un solo año.

¿Qué pasará ahora?

La Secretaria de Desarrollo Internacional, Penny Mordaunt, advirtió que Oxfam podría perder millones de libras en fondos públicos debido al escándalo. Oxfam recibió aproximadamente £ 32 millones (alrededor de US$ 44 millones) del gobierno británico el año pasado, según los registros públicos. En un comunicado, Mordaunt dijo que la organización se disculpó por “el comportamiento espantoso de algunos de sus empleados en Haití en 2011”. Por su lado, la vicepresidenta ejecutiva de Oxfam, Penny Lawrence, renunció admitiendo que está “avergonzada” de que sucediera el escándalo de la prostitución bajo su supervisión.

Estas acciones punitivas no son suficientes. Recordemos quién es Oxfam. Es una de las organizaciones de ayuda más grandes y destacadas del Reino Unido, que opera programas de desarrollo en más de 90 países de todo el mundo. La agencia también ofrece asistencia a personas en todo el mundo después de emergencias y desastres.

Por lo tanto, el poder de Oxfam se basa en su capacidad para recaudar dinero mediante un vínculo de confianza, un vínculo respaldado por la suposición de que su personal está guiado por el altruismo.

Ya en anteriores ocasiones hemos demostrado que Oxfam (y sus aliados ambientalistas en el Perú), no actúan por principios o bajo criterios técnicos. Lo hacen movidos por mera y pura ideología y como asalariados de estas cadres internacionales. Están en contra de nuestro modelo de desarrollo, de las actividades extractivas y del crecimiento, sin conocer el Perú y nuestras particularidades y necesidades.

Lo mismo dijimos en 2016 con respecto a la alarmante noticia de Oxfam que afirmaba que el 1% de la población tenía tanta riqueza como el restante 99%. Nuevamente, buscaban simplemente una manipulación embustera y que desmentimos tajantemente en: La gran farsa de Oxfam sobre la desigualdad. Tiempo antes, en Lampadia hemos venido reportado su mal comportamiento, ver: Oxfam no tiene autoridad moral,  publicado el 25 de julio 2014.

Las ONG globales deben proporcionar liderazgo moral tanto dentro de sus organizaciones, como con la gente que dicen apoyar, deben ser ejemplos y modelos a seguir para los países en los que trabajan. Los políticos británicos y los representantes de Oxfam se han apresurado a disculparse, pero las disculpas no son suficientes. Este evento ha desnudado la verdadera naturaleza de una organización que se autoproclamaba como representante del bien.

Aldo Mariátegui en su columna de opinión afirma que Oxfam “ha quedado absolutamente descalificada”, y que “corresponde a la APCI cancelar su inscripción en nuestro país”. En Lampadia nos sumamos a esa sugerencia. Pero, además, creemos que una organización que ha mantenido ese tipo de comportamientos, durante largo tiempo y en muchos lugares, en ocasiones de terribles tragedias humanas, no debe seguir existiendo. ¡Oxfam debe ser liquidado desde el Reino Unido!   

Muchas ONG internacionales, y agencias de cooperación desarrollan actividades en el Perú, que contradicen la declaración de sus fines, se alían con grupos de presión locales de orientación antisistema, y pretenden defender a los pobres, manteniéndolos en un país sin inversión ni empleo. No sigamos siendo tan complacientes con estos vehículos disfuncionales. Lampadia

Nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo sigue creciendo semana a semana con las contribuciones del Centro Wiñaq. Estas contribuciones al debate nacional, tal como esperábamos, están generando diversas reacciones en las redes sociales. Algunas, por supuesto, basadas en lecturas interesadas y, otras, en defensa de las ideologías que sustentan buena parte de la acción de los grupos anti-mineros. Ideología que pretendemos combatir con información y análisis que empodere a nuestros lectores con los mejores elementos posibles para que cada uno pueda desarrollar su propio criterio.

En esta ocasión, el siguiente artículo describe las diferencias conceptuales y de acciones entre el ambientalismo no-ideologizado y el ambientalismo ideologizado.  

La historia de una corriente que llegó tarde a la historia

Los anti-mineros peruanos se presentan a la sociedad como ambientalistas, pero sus motivaciones predominantes son políticas e ideológicas.

Como no pueden decir abiertamente sus ideas anti-sistema, ellos presentan los componentes ambientalistas de su pensamiento como su identidad ética. En la práctica, el ambientalismo de los anti-mineros les sirve como escudo moral para justificar su accionar conflictivo.

La tragedia intelectual de los anti-mineros es que ellos llegaron tarde al ambientalismo. Llegaron cuando el movimiento ya se había institucionalizado, cuando la mayoría de los temas ambientales ya se canalizaban vía instituciones y empresas, y se acercaron a los rezagados, a los más ideologizados dentro de las corrientes internacionales.

Lo que pasó es que después de la victoria moral del ambientalismo, ante la opinión pública en el primer mundo, en los 80 y 90, los reclamos principales del movimiento ambientalista original se institucionalizaron, quedando los grupos anti-sistema como los más visibles.

La afinidad de los anti-mineros es con las corrientes, que usan el ambientalismo como sustitución del marxismo. Si estuviéramos en 1970 ó 1980, ellos serían marxistas. Pero en 2016, ellos son anti-sistema con escudo moral ambientalista.

Los dos tipos de Ambientalismo

El ambientalismo es un movimiento que se origina a fines del siglo 19, en los países desarrollados, como una respuesta crítica a la revolución industrial, pero que llega a adquirir gran fuerza a partir de 1970.[1]

Entre los ambientalistas, ha habido siempre una gran diversidad de posturas filosóficas sobre la naturaleza y sobre la relación entre el hombre y su entorno. A pesar de la divergencia de filosofías, es posible clasificar a los ambientalistas en dos grandes tendencias, los no-ideologizados y los ideologizados.

Para los ambientalistas no-ideologizados el problema era la destrucción del ambiente. Ellos eran, principalmente, ambientalistas, y su foco estaba en modificar las leyes, prácticas humanas y prácticas empresariales para asegurar la protección del ambiente: prohibición del uso del DDT, paralizar la fabricación de CFC, procesamiento de desperdicios, reclamación de estudios de impacto ambiental en los proyectos económicos, etc. En el Perú, Antonio Brack Egg, ex Ministro del Ambiente, fue una muy respetable expresión de ese ambientalismo no-ideologizado.

Para los ambientalistas ideologizados, los problemas ambientales son manifestaciones de cuestiones políticas, sociales, filosóficas, económicas y culturales, y no pueden ser resueltos sin la realización de cambios radicales en la sociedad. Para ellos las actividades empresariales, el libre mercado, la familia patriarcal, el antropocentrismo, etc., son los verdaderos problemas, y su foco es el cambio del sistema socio-político. Uno de sus lemas en la reunión reciente del Banco Mundial en Lima (2015) fue: “No cambiemos el clima, ¡cambiemos el sistema!”. Cien años atrás el objetivo de las corrientes ideologizadas era muy similar, cambiar el sistema socio-político (capitalista), aunque la justificación era la injusticia en las relaciones laborales, y las simpatías ideológicas estaban con el marxismo.

La institucionalización del ambientalismo (El ambientalismo no-ideologizado)

En sus inicios (en los años 70 y 80), los ambientalistas no-ideologizados ganaron el liderazgo del movimiento, y sus ideas fueron gradualmente ganando influencia en la opinión pública e incidiendo en los hacedores de política.[2] En los 80s, la gran mayoría de las personas en los países desarrollados ya estaban a favor de la protección del ambiente, y los líderes del ambientalismo, como Rachel Carson, habían ganado un gran prestigio.[3]

El movimiento ambientalista no-ideologizado fue incidiendo en los organismos internacionales y, en 1987 una comisión de la ONU especializada en ambiente y desarrollo elaboró el informe “Nuestro Futuro Común”[4] que incorporó las ideas centrales del ambientalismo, superando el conservacionismo puro,[5] y compatibilizaron las ideas de desarrollo y protección ambiental.[6] Ese informe de la ONU plasmó el concepto de “Desarrollo Sostenible” como un tipo de desarrollo que atiende las necesidades de la actual generación sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades. Ese informe no se opone a las actividades económicas: minería, agricultura, o pecuaria; ni a la explotación de los recursos naturales. El informe defiende la explotación de los recursos naturales, considerando las necesidades futuras, y sí se opone a la contaminación del ambiente y a la depredación de dichos recursos.

El informe afirma:

“En esencia, desarrollo sostenible es un proceso en el cual la exploración de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico; y el cambio institucional están todos en armonía y expanden el potencial actual y el futuro [del ambiente y de las tecnologías] para atender las necesidades y aspiraciones humanas” (capítulo 2, párrafo 15).[7]

El concepto de desarrollo sostenible no se refiere a ideologías, ni a sistemas económicos o políticos. Se refiere sí a la relación entre las actividades humanas, los recursos naturales y las condiciones ambientales, y reclama que las actividades de hoy respeten las aspiraciones y necesidades de las generaciones del mañana. Al no estar ligada a ninguna ideología radical o revolucionaria, la idea de desarrollo sostenible se irradió globalmente, más allá de las diferencias socio-políticas de los países. Sin embargo, ese hecho ha sido considerado un gran defecto por parte de las corrientes ideologizadas.[8]

Una vez que las ideas centrales del ambientalismo (no-ideologizado) fueron aceptadas, sus principios fueron transformados en políticas públicas, leyes, prácticas empresariales, instituciones, y en currículos universitarios, y los antiguos activistas ambientalistas fueron incorporados como profesores, gerentes de empresas o ministros de Estado.

Como lo explica Coglianese (2001),[9] investigador de Harvard University, pasado el período transformacional de los 70s, el movimiento ambientalista (no-ideologizado) logró institucionalizarse, generándose los canales para resolver los problemas ambientales a través de instancias públicas, procesos políticos y medios de comunicación. Habiéndose institucionalizado, el movimiento ambientalista (no-ideologizado) incrementó su capacidad de lobby e incidencia política, y por ello su presencia en las calles se redujo notablemente.

Ya en los 90s, el ambientalismo había sido asimilado por la sociedad moderna, y se hizo parte de la cultura de nuestras sociedades. Ello constituyó una gran victoria de los ambientalistas (no-ideologizados), resultado de su coraje y rigor científico.

No es que todos los problemas ambientales se hubieran resuelto (calentamiento global, destrucción de bosques y selvas, contaminación de ríos, lagos y mares, especies en peligro de extinción, derrames de petróleo, pesca de ballenas, pruebas nucleares, etc.); es que hoy su abordaje se da, principalmente, vía instituciones dedicadas a ello, y su denuncia ocurre vía los medios. Hoy, por ejemplo, empresas que tenían prácticas contaminantes se han visto obligadas por la opinión pública mundial a corregir y a adoptar el estándar ambiental ISO 14,000. Además, existen abundantes organizaciones ambientalistas que están fiscalizando las prácticas de las empresas, cumpliendo una labor muy positiva como una especie de auditoría ambiental de la sociedad civil.

El ambientalismo ideologizado

La historia del ambientalismo ideologizado es distinta, y no es de logros científicos, ni éticos, ni institucionales. Su desarrollo se dio ligado al éxito del ambientalismo no-ideologizado, pero su motivación central no era el ambiente sino sus ideologías anti-sistema. Con el colapso del marxismo (1989-91), parte de los grupos disconformes con la sociedad moderna habían quedado huérfanos de una teoría integradora y optaron por organizar sus ideas alrededor de alguna variante del ambientalismo.

Actualmente existen muchas decenas de grupos ambientalistas ideologizados: Deep Ecology, Earthfirst!, Social Ecology, Anarcho-Primitivism, Animal Liberationists, Green anarchists, Ecofeminism, Anti-globalization, Anti-Capitalists, Green Politics, Evangelical Environmentalism, Ecodefense, Eco-socialism, Simple Living, Green Peace, Partido Verde Alemán,[10] y muchos más.

Para esos grupos lo más importante es el término que viene junto a la palabra “Ambiental” pues ahí se define su ideología. Ellos pueden ser anarquistas, socialistas, primitivistas, tribalistas, localistas, cooperativistas, marxistas, ex-marxistas, anti-patriarcales, anti-capitalistas, evangélicos, católicos, budistas, anti-corporaciones, anti-mercado o simplemente rebeldes en busca de una causa ‘social’. La diversidad de ideologías en esos ambientalismos es tan grande como es ideológicamente diversa la sociedad moderna. Igual que en la izquierda tradicional, en las corrientes ideologizadas todos creen ser dueños de la verdad, los únicos correctos, y todos son críticos severos de todos los demás.

En el ambientalismo ideologizado el ambientalismo es la justificación y la ideología es lo fundamental.

Este ambientalismo funciona como una especie de escudo moral para los grupos ideologizados. Y es el rostro con el que prefieren mostrarse frente a la opinión pública en general.

Siendo que la defensa del ambiente es socialmente valorada, el nombre Ambientalista sirve para justificar muchos actos.[11] Todo lo que hacen, la violencia que promueven, es en nombre de la protección del ambiente.

La tragedia intelectual de los anti-mineros peruanos

Los anti-mineros peruanos llegaron tarde a la historia. Llegaron cuando el movimiento ambiental ya se había institucionalizado (Coglianese, 2001), y había dejado de ser un movimiento social dinámico.

Los anti-mineros llegaron con impulsos anti-sistema cuando el sistema ya había asimilado e incorporado el ambientalismo. El sistema ya lo había hecho antes con las patentes, el libre comercio, la democracia, el voto femenino, el rechazo a la segregación racial, los derechos de los niños, etc., y va a seguir haciendo con otros derechos en el futuro.

Llegaron cuando las sociedades y las empresas ya habían creado instancias para tratar los problemas ambientales. Llegaron con motivación conflictiva cuando lo más efectivo, para un ambientalista, ya es mejorar el funcionamiento de las instituciones que supervisan el cumplimiento de las normas ambientales.

Llegaron cuando las ideologías ya predominaban en amplios sectores del movimiento ambientalista internacional y eran esas corrientes ideologizadas las que financiaban a las ONGs en los países en desarrollo. Llegaron para dejarse adoctrinar por corrientes radicales ideologizadas, corrientes que, en sus propios países, ya se estaban volviendo marginales.

Ellos se imaginan a sí mismos reproduciendo la fase heroica del ambientalismo de los 60s. Se imaginan siendo Rachel Carson. Pero entre lo que se imaginan y lo que son hay un gran abismo. Capturados por ideologías anti-sistema y motivados por ambiciones políticas personales, todo lo que logran hacer en la práctica es bloquear actividades productivas, dificultando el progreso de las poblaciones pobres del país, sin hacer nada efectivo para mejorar las instituciones ni las prácticas ambientales de las empresas.

En un análisis de las propuestas programáticas de los anti-mineros peruanos, Ferreira y Olcese (2015)[12] encontraron que el foco de sus propuestas no estaban en la protección ambiental ni en el desarrollo institucional para el cuidado ambiental, estaban sí en la creación de condiciones y incentivos para incrementar la conflictividad social. Además, su propuesta se basa en el supuesto de que la minería moderna, aún con regulaciones ambientales, alta tecnología y aplicando estándares ambientales internacionales, no tiene futuro.[13]

La conclusión de Ferreira y Olcese (2015) fue que: “la etiqueta de ‘anti-mineros’ que reciben estas organizaciones corresponde a la realidad puesto que sus propuestas llevarían en el corto plazo al incremento de la conflictividad y paralización de las inversiones, y en el largo plazo, a la desaparición del sector minero en el Perú” (p. 9).

Los anti-mineros peruanos fueron adoctrinados por las corrientes ideologizadas del ambientalismo (europeas y americanas) que fueron fortaleciéndose después que el ambientalismo se institucionalizó.

Los anti-mineros están sometidos a un sistema de incentivos negativo. Tienen que pensar como piensan quienes los financian, y tienen que hacer lo que a ellos les agrade.

La dependencia financiera e intelectual de los anti-mineros respecto a las corrientes ideologizadas los limita profundamente en su capacidad de hacer algo positivo para mejorar la sostenibilidad de las actividades productivas del país. Lampadia

Comentado por Lampadia:

En la siguiente publicación, Henry Luna, especialista en los temas vinculados a los recursos naturales, nos presenta un análisis debidamente sustentado sobre las informaciones propaladas por las ONG anti-mineras.

Durante las últimas semanas hemos publicado una serie de artículos de Luna con el propósito de compartir todos los aspectos que determinan la verdadera situación del sector minero en el país. Ver en Lampadia: Minería al alcance de todos los peruanos – V.

 

 

Como hemos informado innumerables veces, en el Perú se ha desarrollado una campaña para llevarnos a rechazar el desarrollo del sector minero. A esta han contribuido, efectivamente, una serie de ONGs, pero también algunos académicos despistados y muchos políticos, incluyendo a representantes del gobierno de Ollanta Humala. 

A diferencia de lo que sucede en Canadá y Australia, seguimos hablado de primarización de la economía, de exportación de “piedras sin procesar” y de que la inversión minera no tiene futuro por las condiciones de los precios de los commodities (que siguen siendo buenos) y por la desaceleración de la China.

No se quiere entender que innecesariamente estamos tirando por la borda una riqueza que ha producido muchos beneficios económicos y sociales y que, aún hoy, con las condiciones de los mercados internacionales, puede crear mucha riqueza adicional. Esta es esencial para generar los recursos que nos permitan superar nuestras brechas sociales y económicas y, sobre todo, para que ante la revolución tecnológica en ciernes podamos nivelarnos con los países más desarrollados en el más corto plazo posible.

Ver en Lampadia los siguientes informes:

         1. La minería tiene un alto valor agregado

         2. Parar y retrasar los proyectos de cobre es inmoral

         3. La minería: generó un ciclo virtuoso de crecimiento

Esperamos que nuestra terquedad en difundir información rigurosa sobre este importantísimo sector, especialmente en cuanto a nuestra  obligación moral de superar la pobreza, pueda ayudar a que reflexionemos sobre el error histórico que se está cometiendo en el país. 

 

TRANSPARENCIA EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS , ESTADO Y  SOCIEDAD CIVIL EN EL PERÚ

Análisis de publicaciones que no informan adecuadamente a la población

 

 

Por: Henry Luna Córdova

Catedrático de la Universidad Católica del Perú

Lima, 10 de Julio de 2015

 

 

 

PRESENTACION

En el Perú existen muchas organizaciones no gubernamentales que han asumido como agenda los derechos de comunidades y  temas ambientales relacionados con zonas de influencia de los principales centros mineros en el país como: COOPERACCION, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Asociación Civil Labor, Oxfam, CARE Perú, CEPES, CEAS, FEDEPAZ, GRUFIDES, Grupo Propuesta Ciu­dadana; Centro de Cultura Popular Labor (Pasco), entre otras.

Estas organizaciones no gubernamentales trabajan de manera integrada y conforman redes con presencia en zonas donde generalmente se ubican los campamentos y operaciones mineras y energéticas principalmente de gran impacto económico para el Perú.

Para sus campañas comparten los planos, informes, videos, entre otras publicaciones generadas por COOPERACCION con apoyo de cooperantes internacionales. También realizan informes de investigación que encargan a profesionales y organizaciones de otros países como: Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña para analizar los estudios presentados por los proyectos minero – energéticos con la finalidad de vincularlos con temas ambientales, agua, ordenamiento territorial, consulta previa, OIT,  derechos humanos, entre otros.

En la década pasada las movilizaciones fueron lideradas por la  Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) conformada en 1999, luego SERVINDI, Red Muqui  y recientemente una de las ONGs ha dado origen al partido político Tierra y Libertad con importante presencia en zonas mineras en Cajamarca y Arequipa.

Estas organizaciones también han creado un OBSERVATORIO DE CONFLICTOS en el que sustentan o promueven campañas contra las inversiones mineras y energéticas sobre las que enfocan sus críticas.

Felizmente, no todas las ONGs participan directa o indirectamente en campañas violentas. Una organización de la sociedad civil que mantiene una posición neutral es el GRUPO PROPUESTA CIUDADANA, que está promoviendo de manera civilizada la transparencia en las industrias extractivas en el Perú tanto de las empresas mineras y energéticas como del Estado, asimismo, está vigilando el proceso de descentralización en el Perú. Lo único que habría que corregir es diferenciar que un sistema de cuadrículas de derechos mineros no es lo mismo que un catastro de concesiones mineras que cuentan con autorización para ejercer la actividad de EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN y BENEFICIO DE MINERALES.

Las Industrias Extractivas Mineras y Energéticas no se realizan sobre solicitudes en trámite o concesiones que no cuentan con la autorización y permisos correspondientes para ejercer la actividad minera.  

 

 

Otra buena práctica que debe replicarse y extenderse en el Perú es MIM Perú (Mejorando la Inversión Municipal). Se trata de una iniciativa que reúne a instituciones de la sociedad civil para promover el Buen Gobierno Municipal en los gobiernos locales que reciben recursos significativos de canon y sobrecanon, los mismos que se espera se destinen a mejorar la calidad de vida de la población. La iniciativa promueve también el diálogo informado entre la ciudadanía y sus autoridades locales para contribuir a mejorar el impacto de la inversión pública en el desarrollo local.

MIM Perú se implementa en 31 municipalidades y cuenta con la participación de cerca de 50 instituciones de la sociedad civil de 8 regiones del país. Recibe el apoyo de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, y del Departamento de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá.

 

 

Así como la ONG COOPERACCIÓN usa LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CATASTRAL MINERA DEL INGEMMET para elaborar los planos que se usan en las campañas contra la inversión minera y energética, también usan la información estadística del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS en su Revista ACTUALIDAD MINERA. De igual manera el OBSERVATORIO DE CONFLICTOS usa la información de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y LOS PLANOS Y ESTADÍSTICAS GENERADOS POR LA ONG COOPERACCION para sustentar sus reclamos.

Es importante hacer un llamado de atención a las ONGs y REDES opuestas a la actividad minera y energética para que no tergiversen la información generada de manera transparente por el Estado y  colaboren en usar sus conocimientos en proyectos de desarrollo en los centros poblados y comunidades vecinas a los centros mineros y  energéticos de todo el país incluyendo las zonas donde actualmente predomina la minería informal e ilegal. El rol de las empresas formales es generar impacto económico y de las empresas informales e ilegales con la finalidad de mejorar el nivel de vida en todo el Perú.

ACTIVIDAD MINERA EN EL PERÚ

La minería es una actividad económica que se desarrolla en un pequeño porcentaje del territorio nacional que corresponde al área donde se ubican los tajos abiertos o las labores subterráneas conocidas comúnmente  como mina o unidad minera.

El título de una concesión minera no autoriza a los titulares mineros a ejercer la actividad de exploración o explotación si no se cuenta con los permisos y autorizaciones exigidos en la legislación minera y ambiental vigente.

LAS CONCESIONES MINERAS EN ETAPA DE OPERACIÓN OCUPAN SOLAMENTE EL 0.9% DEL TERRITORIO NACIONAL

El área ocupada por las unidades mineras en operación es muy pequeña a pesar de que el Perú es considerado  un país minero. El área de las concesiones en operación es inferior al 1% del territorio nacional (0.9 % del área de concesiones mineras tituladas que cuentan con las autorizaciones para el ejercicio de la actividad minera).

En el Perú existen regiones donde no hay actividad minera de  mediana o gran escala: Tumbes, Lambayeque, San Martín, Amazonas, entre otras regiones.

Existen regiones como Piura y Junín donde predominan las operaciones mineras por sustancias no metálicas. En el desierto de Sechura en Piura se ubica el yacimiento de fosfatos más importante del Perú.  En el caso de Junín también hay fosfatos pero se encuentran en etapa de investigación. Los fosfatos se usan para la agricultura. Piura y  Junín también tienen un gran potencial de minerales para la construcción y la industria petrolera (baritina y bentonita). Una  fortaleza de Junín es la presencia de rocas ornamentales (principalmente mármol).

El sur del Perú destaca como zona cuprífera (Tacna, Moquegua, Arequipa y Cusco), en esta zona se ubican las principales unidades mineras productoras de cobre a gran escala: Toquepala, Cuajone, Cerro Verde, Tintaya y las nuevas operaciones de Antapacay y Constancia. En el norte del Perú la principal productora de cobre es la unidad minera Antamina. En el centro del Perú destaca la nueva operación cuprífera de Toromocho. El Perú comparte el segundo lugar en la producción  mundial de cobre conjuntamente con China y Estados Unidos. El primer lugar es ocupado por Chile.

En el caso de Puno la principal unidad minera es MINSUR. Es la única productora de estaño en el Perú, sin embargo, gracias a esta operación el Perú es el tercer productor mundial de este metal. También tiene un importante potencial de oro desarrollado en minas subterráneas de pequeña escala y métodos aluviales.

Las principales productoras de oro a gran escala se ubican en el norte del Perú. Cajamarca, La Libertad y Ancash. En estas regiones se ubican las minas Pierina, Alto Chicama y Yanacocha. El Perú es el quinto productor mundial de oro.

La región Ica destaca por ser la principal productora de hierro en el Perú. La explotación está a cargo de Shougan Hierro Perú. También existen minas subterráneas de cobre y oro en pequeña y mediana escala.

El centro del Perú destaca por su producción minera polimetálica. La principal productora es la empresa minera Volcan ubicada en Pasco.

A nivel nacional existen muchas minas subterráneas del estrato de la mediana minería que extraen oro, plata, plomo, zinc, cobre, molibdeno, manganeso, tungsteno, entre otros metales. Estas operaciones se ubican principalmente en las regiones de Pasco, Lima, Huancavelica, Puno, Arequipa, Ica, Ancash, la Libertad, Cajamarca.

LAS CONCESIONES MINERAS EN ETAPA DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN OCUPAN SOLAMENTE EL 0.3% DEL TERRITORIO NACIONAL

En el Perú actualmente también contamos con una importante cartera de inversiones que supera los US$ 60,000 millones de dólares que se encuentra en la etapa de exploración y un pequeño número de proyectos en etapa de construcción.

Entre los principales proyectos cupríferos de la gran minería en etapa de construcción destaca el proyecto “Las Bambas” en Apurímac y “Tía María” en Arequipa.

PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL PERÚ

A pesar de la importancia es una actividad ancestral y es la principal actividad económica del Perú  se observa que los ciudadanos peruanos desconocen su importancia.

Se requiere que el Ministerio de educación mejore la curricular educativa, asimismo, que los gobiernos locales, regionales  y el gobierno central promuevan el conocimiento de la actividad minera en todos sus estratos a fin de lograr que se pongan en operación los proyectos mineros en etapa de exploración y construcción.

La mayoría de operaciones mineras en marcha superan el medio siglo de operación y algunas como el caso de “Tintaya” en el Cusco y “Pierina” en Ancash se encuentran en la etapa de cierre. Otras han tenido que iniciar trámites para ampliar sus operaciones como ha ocurrido con Cerro Verde y Toquepala por ejemplo.

Los gobiernos locales, regionales  y el gobierno central, así como, Comunidades Campesinas y Nativas, Universidades Nacionales e Institutos Tecnológicos Superiores ubicados en las regiones donde se desarrollan actividades mineras a mediana y gran escala gozan de los beneficios económicos que genera la minería principalmente de canon minero y de regalías mineras.

Existen muchos dirigentes de Comunidades Campesinas y Nativas que tienen mucho interés de que se pongan en marcha nuevas operaciones en sus jurisdicciones para implementar programas de desarrollo en sus  respectivas jurisdicciones, lamentablemente existen pocos yacimientos de valor económico en el Perú por haberse detenido muchos programas de investigación en etapa de exploración.

PROBLEMÁTICA DE LA ACTIVIDAD MINERA

Las principales unidades mineras en marcha y proyectos en exploración actualmente vienen atravesando problemas económicos debido a la baja internacional del precio de los metales y sobre todo por los problemas sociales promovidos por organizaciones que promueven conflictos en lugar de promover el uso adecuado de los fondos mineros en programas de desarrollo en las comunidades campesinas y nativas y centros poblados en zonas muy alejadas del país donde muchas veces no llega o ha llegado el Estado.

La información catastral minera y estadística generada por el estado ha sido tergiversada por organizaciones no gubernamentales

Desde 1992 el Sector Energía y Minas han realizado una fuerte inversión con la finalidad de difundir de manera transparente los procedimientos para el otorgamiento de concesiones mineras, beneficio, labor general y transporte minero, asimismo, para generar estadísticas mineras, planos catastrales de carácter oficial y otras publicaciones divulgativas.

Paralelamente a la actividad del Sector Energía y Minas, la ONG COOPERACCION constituida en 1997, genera un Boletín informativo en el que incluye la INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MENSUAL DE PRODUCCIÓN, INVERSIONES Y EXPORTACIONES MINERAS del Ministerio de Energía y Minas, adicionalmente, usa la INFORMACIÓN CATASTRAL Y ESTADÍSTICA DE CONCESIONES MINERAS a cargo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico y generan informes anuales sobre concesiones mineras e informes de las regiones donde se ubican las principales operaciones mineras y proyectos en marcha y la  difunden a través de su página web: http://cooperaccion.org.pe/main/mapas

Entre los donantes que financian o han financiado proyectos de la ONG COOPERACCION destacan: ICCO, ICO-LOXANET, CHIRSTIAN AID, OXFAM GB, OXFAM AMERICA, IBIS DINAMARCA, ENTRE PUEBLOS, DIPUTACION DE BURGOS, DIAKONIA, 11.11.11., ACSUR-SEGOVIAS, CATAPA, entre otras organizaciones. Casi todas las organizaciones no gubernamentales financian sus actividades con donaciones.

La información generada por COOPERACCION es utilizada por ONGs como GRUFIDES y redes de ONGs como CONACAMI y RED MUQUI, asimismo, por movimientos políticos locales y regionales para iniciar campañas o críticas contra operaciones y proyectos minero energéticos principalmente de gran impacto económico.

En el caso de los planos usados para campañas contra las inversiones mineras grafican en un color rojo intenso áreas ocupadas por derechos mineros y adjuntan cuadros estadísticos en los que los porcentajes de manera exagerada superan el 100% de los linderos de los distritos o provincias lo cual es ilógico.

Lamentablemente muchos pobladores del interior del Perú han creído el mensaje de las ONGSs y repiten sus argumentos en  movilizaciones ecologistas radicales en contra de proyectos mineros que han logrado paralizar con acciones que incluyen violencia como destrucción de campamentos e incluso muertes de trabajadores mineros, policías y humildes campesinos que creyeron su mensaje: Tambogrande, Río Blanco, Cerro Quilish, Conga, Tía María, entre otros, que han malogrado la buena imagen del Perú.

Para afrontar este problema es necesario que los estudiantes, autoridades, parlamentarios y ciudadanos en general conozcan de manera transparente ¿en que consiste la actividad minera?, ¿cuál es su importancia?, ¿cuál es el área real que ocupan las operaciones mineras?, ¿cuál es la tecnología que se usa para extraer los minerales de valor económico?, ¿cuáles son los permisos y autorizaciones requeridos?, ¿en qué consisten los programas de gestión ambiental y de seguridad?, ¿quién fiscaliza las operaciones mineras y proyectos en marcha? y sobretodo que conozcan el impacto económico de la minería para la economía nacional.

Para seguir creciendo se requiere que el Estado, las empresas y las organizaciones no gubernamentales actúen de manera transparente.

Con la finalidad de sustentar las apreciaciones contenidas en este artículo es importante que accedamos a las páginas web de las ONGs y sus redes respectivas. A continuación se analiza el contenido de la información difundida por la ONG COOPERACCION en su página web:

 

 

En esta primera imagen se puede observar que las donaciones recaudadas de la cooperación internacional se invierte en elaborar: boletines, informes, videos y libros principalmente. Esta información se comparte electrónicamente a las redes  de organizaciones no gubernamentales afines. También se observa que la información que generan es usada en un “Observatorio  de Conflictos Mineros” que toma como referencia informes elaborados por la Defensoría del Pueblo y la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM.

En la presentación de su informe cartográfico sobre concesiones mineras, muestran información estadística sobre la evolución de las concesiones al que consideran erróneamente como un indicador del crecimiento de la actividad de exploración minera en el país.

Decimos erróneamente porque las solicitudes de concesión minera definen áreas en forma de cuadrículas de las cuáles solamente el 0.3% A NIVEL NACIONAL CORRESPONDEN A PROYECTOS MINEROS EN ETAPA DE EXPLORACIÓN Y 0.9% EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN.

Si COOPERACCION realmente quiere hacer seguimiento a las EXPLORACIONES debería cruzar la información catastral del INGEMMET con la información del ESTAMIN del Ministerio de Energía y Minas que corresponde a las declaraciones de  titulares mineros que se encuentran en etapa de exploración, explotación, paralización o sin actividad minera.

También debería hacer un cruce de la información catastral minera con la información cartográfica de otros sectores o recursos naturales.

Además debe aclarar que el Catastro Minero muestra derechos mineros que forman parte de un Sistema de Cuadrículas Oficial exclusivo para el sector minero.

 

 

Finalmente debe diferenciar la diferencia entre un derecho minero y el terreno superficial que pertenece al Estado (SBN o Gobiernos Regionales), predios agrícolas, predios rurales o títulos comunales.

Segú informa la ONG COOPERACCIÓN esta información la distribuyen a la totalidad de gobiernos regionales y municipalidades provinciales, en especial aquellas zonas donde la actividad minera tiene una presencia importante.

COOPERACCION indica en la presentación de sus informes que la existencia de concesiones mineras no significa necesariamente que vaya a desarrollarse actividad de extracción, pero si es una evidencia de las distintas presiones que se comienzan a ejercer en determinados territorios y que pueden terminar por modificar el acceso y el control de determinados recursos naturales.

A partir de este mensaje final las organizaciones no gubernamentales y movimientos políticos opuestos a la actividad minera comienzan a tergiversar conceptos claramente establecidos en la legislación minera a los que tienen que adecuarse todas las personas naturales y jurídicas para el ejercicio formal de la actividad minera. De igual manera, confunden de manera mal intencionada el concepto de “Derecho minero” con el de “propiedad del terreno superficial”  que ya fue aclarado en los artículos anteriores.

En la siguiente publicación, por ejemplo, usan como título el siguiente nombre: “Concesiones proyectos y conflictos mineros”. En la explicación indican: “A continuación presentamos el mapa de superposición de concesiones mineras en territorio de comunidades campesinas, que presentan 48.6% de sus territorios bajo concesión, mientras que el 1.52% del territorio de comunidades nativas tiene concesiones mineras”. 

 

 

 

En otros casos, las ONGs opuestas a la actividad minera y energética se dan el trabajo de superponer en un solo plano la información catastral del INGEMMET con los lotes de gas y petróleo administrados por PERUPETRO para hacer creer a la población que en el Perú los mineros y los petroleros se han dividido el territorio nacional. Lo cual también es totalmente falso.

 

Las estadísticas y mapas catastrales muestran de manera transparente el número de derechos mineros clasificados según el tipo de sustancia: metálicos y no metálicos; ubicación; titular; estado (trámite, titulados, extinguidos); áreas restringidas a la actividad minera y evolución de la distribución de derecho de vigencia y penalidad a las municipalidades distritales donde se ubican que reciben el 75% de los fondos recaudados.

Es necesario que el Sector Energía y Minas haga realidad el “Sistema de Información Básica” he integre informáticamente la información que administra a fin de generar información oficial en el que se muestren las áreas efectivas en etapa de exploración, explotación y beneficio de recursos naturales minerales, de gas y de petróleo.,

Con la finalidad de prevenir conflictos contra los proyectos mineros y energéticos se debe difundir de manera transparente y sencilla  esta información a todas las entidades públicas, educativas, empresariales e integrantes de la sociedad civil.

Se debe apoyar los esfuerzos de programas de la Sociedad Civil como: MIM Perú, Propuesta Ciudadana, Ciudadanos al día, entre otros, que están promoviendo la TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN en el estado, Empresas y Sociedad Civil para mejorar la gestión del Estado.

Es necesario que la Presidencia del Consejo de Ministros, el Sector Energía y Minas y los gremios de este importante Sector de la economía nacional enfrenten esta situación e inicien una campaña a nivel nacional con la finalidad de aclarar a las comunidades campesinas y nativas y los titulares de predios agrícolas, rurales y urbanos de que el título de una concesión minera no autoriza al titular minero a iniciar una actividad de exploración o explotación, sin previamente, haber llegado a un acuerdo por el uso del terreno superficial.

También debemos enseñar que así como hay un catastro minero y un catastro de lotes petroleros y de gas existen otros tipos de catastro de propiedades o de recursos naturales y patrimonio cultural de la nación que están a cargo de diferentes sectores: bosques, concesiones forestales, áreas naturales protegidas, áreas de conservación regional, zonas arqueológicas, zonas urbanas, etc. que se consideran en los programas de ordenamiento territorial y de zonificación ecológica y económica.

 

 

Se debería estudiar la posibilidad de convertir el “Ministerio del Ambiente” en un Ministerio de “Desarrollo Sostenible” que integre las tres variables del desarrollo (social, ambiental y económico) o en un “Ministerio de Recursos Naturales” como lo tienen países desarrollados como Canadá y Estados Unidos con resultados muy positivos.

El objetivo es lograr que la legislación ambiental y su fiscalización se haga de manera equitativa con todos los sectores productivos; de igual manera; que se difundan de manera integrada la importancia de todos los recursos naturales (suelo, biodiversidad, gas, petróleo, minerales, geotérmicos, etc.) y que se generen polos de desarrollo regionales que integren los recursos naturales.

En el aspecto estadístico y cartográfico permitir que se integre la información de todos los sectores productivos con la información cartográfica especializada generada por otras instituciones especializadas del Estado que tienen a su cargo programas de investigación científica (INIA, INGEMMET, SENAMI, IGP, etc.).

El Estado tiene que fortalecer e integrar el Instituto Geográfico Nacional con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) con la finalidad de que el Perú cuente con cartografía básica a escala 1/25,000 o 1/10,000 y 1/1000 (para el catastro urbano, rural, bienes nacionales y de centros poblados)

Los ciudadanos tienen que diferenciar un catastro de recursos naturales con el de propiedades o terrenos superficiales para uso urbano o agrícola. Se requiere que el país encargue a una institución nacional la responsabilidad de hacer realidad el Catastro de Predios Integrado al Registro, un proyecto que actualmente lidera la SUNARP y COFOPRI y se conoce como “Sistema Nacional de Catastro de Predios Integrado al Registro – SNCP”.  

Finalmente, recordar que el 0.9% de concesiones en explotación y el 0.3% de concesiones en exploración contribuyen con el Estado peruano mediante el impuesto a la renta (50% se convierte en canon minero), regalías mineras, impuesto especial y gravamen minero, adicionalmente, con el derecho de vigencia y penalidad que se distribuye a las municipalidades.

Estos aportes benefician a todos los peruanos y los distritos de las regiones y comunidades donde existen proyectos y operaciones minero energéticas de mediana y gran escala.

 

 

El Perú puede seguir creciendo, diversificándose  y mejorando el nivel de vida de su población si todos los ciudadanos actuamos de manera transparente y desarrollamos todas las potenciales o dones que nos ofrecen los recursos naturales que dios nos ha dado.

 

 

 

Aunque llegaron al gobierno asumiendo una falsa defensa del medioambiente y denostando a las empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales, los presidentes de Bolivia y Ecuador, Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente han tenido que cambiar de parecer. Conscientes de que el sostenimiento de las arcas fiscales dependen de las inversiones en este sector, han optado por un cambio radicalde sus posturas y se han lanzado a defender y promover el ‘extractivismo’.

Semanas atrás dábamos cuenta en Lampadia que “Correa empezó su gobierno pegado a la prédica chavista antimperialista y anti-inversión. Incluso trató de crear un esquema ambiental por el que quería recibir dinero del exterior, por no tocar sus bosques en actividades petroleras. Parece que ante el fracaso de esos intentos poco ortodoxos de nutrir sus finanzas y dados los regalos del Perú que ahuyenta las inversiones, Correa ha encontrado el camino para atraer inversión por el lado de la ortodoxia”. (Ver en Lampadia: Gobierno ecuatoriano promueve inversiones que el Perú rechaza y desprecia).

Ya anteriormente Correa había declarado en contra de los anti-mineros: “Nos están engañando. Si no quieren minería moderna, díganle eso al país. Preséntense a las elecciones, ojalá que ganen, cierren todas las minas, cierran la cerámica de Cuenca, dejen de importar hierro y todo lo demás que viene de la minería porque no pueden ser inconsecuentes si decimos no a la minería. Y regresamos así a la Edad de Piedra y entonces las casas van a ser como las de los Picapiedra, y los automóviles también, como los de los Picapiedra, porque no se puede concebir la vida moderna sin minería.”

 

 

Ahora el Presidente Boliviano ha ido mucho más lejos. Como informaba El País de España hace unos días: “El Gobierno de Evo Morales ha aprobado recientemente un decreto que autoriza la exploración petrolera en todas las áreas que Bolivia protege por razones ambientales. La medida ha generado el respaldo del sector petrolero y la crítica de varias organizaciones ambientalistas. Morales replicó a estas últimas con un discurso durísimo, pronunciado al pie de un pozo recién inaugurado, en el que amenazó con expulsar del país a las organizaciones no gubernamentales que se opongan a la expansión de la industria de los hidrocarburos, el motor de la economía nacional, y afirmó que los bolivianos no se convertirán, como estas organismos quieren, en los ‘guardabosques’ de los países desarrollados. Morales aseguró también que ‘las reservas forestales han sido creadas desde el imperio norteamericano’, el cual quiere territorios ‘intocables, intangibles’ en el tercer mundo para compensar sus propios crímenes contra el ambiente. En contraposición, afirmó, ‘tenemos la obligación de explorar cuanto tenemos’”.

Ambos mandatarios se han alejado de las tesis chavistas y no se les ocurre ni en sueños promover el pos-extractivismo. Probablemente, porque la cruda realidad les ha enseñado que sin inversión privada en estos sectores las arcas públicas adelgazarán rápidamente y sus regimenes altamente populistas no tendrán los recursos para sostener sus‘vitalicias’ reelecciones.

Con esta actitud parecen dar a entender que comprendieron las lecciones de la calamitosa situación venezolana.

Cabe recordar que PDVSA, la empresa petrolera estatal venezolana, después de su estatización ha sido destruida: Ha perdido a todo su personal capacitado, más de un tercio de su capacidad de producción; subsidia el precio del petróleo en Venezuela y en Petrocaribe. Genera pérdidas, por US$12,500 millones al año. La planilla  aumentó de 42,000 a 140,000. Ha comprometido importantes despachos futuros para el repago de deudas contraídas con China, para cubrir sus déficits de balanza de pagos. Últimamente, acaba de celebrar otro contrato de futuro con Rusia. Además, está vinculada a buena parte de los escándalosde corrupción del chavismo.

Tal como han resultado las cosas en la región, Correa y Morales han mostrado tener más cintura que Ollanta Humala, que hasta ahora no ha sabido reaccionar con un discurso sentido sobre la necesidad de invertir en nuestros recursos naturales. No esperaríamos, que cometa la misma barbaridad que Evo Morales, abriendo las áreas protegidas o reservadas sin resquemor alguno.

Mientras en Ecuador y Bolivia, sus líderes izquierdistas transitan hacia la explotación de recursos naturales, la izquierda peruana, en su conjunto, acoge las trasnochadas propuestas del pos-extractivismo, cuyo fin último sería recrear la Edad Media bajo la tutela de señores feudales como Arana, Santos, Lerner, Francke, Moreno, Huamán y otros despistados (Ver en Lampadia: Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento).

Como parece que en el Perú, ni el gobierno, ni la izquierda van a atreverse a izar las banderas de la sensatez, tendremos que confiar en una reacción ciudadana que acorrale con sus acciones cívicas a aquellos que pretenden mantenernos como inquilinos de la pobreza. Lampadia

 

Como explicamos anteriormente, en esta sección estamos publicando una serie de artículos que nos permitan entender los elementos que describen correctamente la minería peruana. En esta quinta entrega, se describe lo que es un catastro y se presentan los distintos catastros que tenemos en el Perú, así como un análisis de la información que se incluye en un plano catastral. Ver entregas anteriores en: Parte I,  Parte II, Parte III y Parte IV . 

 

EL CATASTRO MINERO EN EL PERÚ

 

Por: Henry Luna Córdova

Especialista en Recursos Naturales

Catedrático de la Universidad Católica del Perú

 

 

Presentación

El Perú tiene una gran variedad de recursos naturales que están a cargo de diversos sectores del Estado, es así como el recurso natural suelo, forestal  y agua están a cargo del Sector Agricultura quién los administra en coordinación con las regiones y otras entidades.

El Sector Agricultura tiene a su cargo el Catastro de Predios Rurales Agrícolas, asimismo, el Catastro de Comunidades Campesinas y Nativas, además, administra un Catastro de Concesiones Forestales.

Otro actor vinculado con la administración del recursos suelo son las municipales distritales y provinciales que administran y tienen a su cargo un Catastro de Predios Urbanos.

El Perú tiene un extenso territorio ocupado por la Cordillera de los Andes, el desierto y sus playas que son del Estado. La administración de estos recursos es compartida entre la Superintendencia de Bienes Nacionales y los gobiernos regionales.   

El recurso natural mineral está a cargo del Sector Energía y Minas, quién encarga al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico la administración del “Catastro Minero Nacional”.

Finalmente, para tratar de integrar el catastro de predios agrícolas y urbano se ha creado el “Sistema Nacional de Catastro de Predios Integrado al Registro” – SNCP que actualmente es presidido por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP y la Secretaría Técnica es liderada por la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI. 

También integran el SNCP, el Instituto Geográfico Nacional – IGN, INGEMMET, Instituto Catastral de Lima – ICL, Gobiernos Regionales y Municipalidades. En un futuro cercano se integrarán al SNCP el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Cultura.

EL CATASTRO EN EL PERÚ

Definición de Catastro

La “Real Academia Española” en su diccionario de habla hispana, define el Catastro de la siguiente manera:

1. (Cf.cf. it. catasto, fr. cadastre. ) m. Contribución real que pagaban nobles y plebeyos, y se imponía sobre todas las rentas fijas y posesiones que producían frutos anuales, fijos o eventuales; como censos, hierbas, bellotas, molinos, casas, ganados, etc.
2. Censo y padrón estadístico de las fincas rústicas y urbanas.

La palabra Catastro también se define como un banco de datos físicos, jurídicos y económicos de todos los inmuebles de una jurisdicción específica.

Tipos de Catastro

En el Perú existen diferentes tipos de Catastro:

Catastro Rural:

Etimológicamente la palabra Rural proviene del latín ruralis, de rus, ruris, campo y se define como perteneciente o relativo al campo y a las labores de él.

De la definición etimológica se deduce que el Catastro Rural es el inventario de la propiedad inmueble rural. La entidad encargada de normar el uso de la tierra agrícola es el Ministerio de Agricultura.

El Catastro Rural comprende varias etapas: identificación geográfica del predio, su ubicación en un plano actualizado, documentación de los derechos de posesión o de propiedad e inscripción en las secciones especiales de predios rurales de los Registros Públicos a nivel nacional y el Registro Predial Urbano.

El “Predio Rural” es la superficie de terreno con continuidad física, dedicada a la explotación agrícola y/o pecuaria de propiedad de una persona natural o jurídica. El derecho de propiedad incluye los aires, el casco y las instalaciones y plantaciones que se encuentran sobre él. Se excluye el subsuelo propiedad del Estado.

 

 

Actualmente la Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del MINAGRI tiene a su cargo un programa de Saneamiento y Titulación de la Propiedad Agraria en el Perú, incluyendo las comunidades campesinas y nativas.

 

 

 

Catastro Urbano

La palabra “Urbano”, etimológicamente proviene del latín urbanus y se define como perteneciente o relativo a la ciudad.

El Catastro Urbano es un elemento básico en la administración municipal de una ciudad en sus diversos aspectos, tanto tributario como de infraestructura urbana y se define como el “inventario de los bienes inmuebles de la ciudad pertenecientes al Estado y a los particulares (debidamente actualizado y clasificado), con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica”.

 

 

El objetivo del Catastro Urbano es realizar el levantamiento, actualización, conservación y operación del catastro municipal, asimismo, determinación física – jurídica de los límites de la propiedad inmueble en beneficio de los propietarios o poseedores, de la comunidad y del Estado y la elaboración de planos catastrales, temáticos, valorizaciones, padrones catastrales, cuadros estadísticos, entre otra información.

Catastro de Bienes Inmuebles Estatales

La Superintendencia de Bienes Nacionales tiene a su cargo el  Inventario Mobiliario Institucional (SIMI) y el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABIP).

Este Catastro ha sido concebido como un instrumento que identifica los principales aspectos y características de los bienes inmuebles estatales, cuyo objetivo apunta a servir de apoyo a la función de administración de los mismos.

Contiene información técnica y legal de los predios y edificaciones del Estado a nivel nacional y actualmente se utiliza como un Sistema de Información inmobiliario; es decir, una herramienta de tipo registral, administrativa e incluso económica para la Toma de Decisiones en los procedimientos a cargo de la SBN.

 

 

EL CATASTRO MINERO EN EL PERÚ

La Real Academia Española define “Minero” como: perteneciente a la minería, además, el que las beneficia por su cuenta o especula en ella; criadero de minerales o excavación que se hace para extraer los minerales. Relacionando este término a la definición de “Catastro”, se puede deducir  que el “Catastro Minero” es un “inventario físico y actualizado en el tiempo de los derechos mineros de un país, consistente en la identificación física y superficial de sus linderos en coordenadas oficiales del Sistema Geográfico Nacional”.

El reconocido especialista en Derecho Minero, Dr. Enrique Lastres, definía el Catastro Minero como “el inventario único de concesiones otorgadas por el Estado a particulares, identificándolas de manera definitiva y definitoria en el espacio territorial que se les hubiera asignado según sus títulos “.

En conclusión, el “Catastro Minero” muestra únicamente la ubicación gráfica de los derechos mineros otorgados en el Perú bajo el régimen de concesiones mineras.

Evolución del Catastro Minero

La actividad minera es una actividad que se ha llevado  a  cabo en todas las etapas de nuestra historia comenzando por la etapa Pre Inca e Inca.

En la época colonial la actividad minera se centró fundamentalmente en la plata, el oro y el mercurio, denominado “azogue”. Otros metales no preciosos como el cobre, se extrajeron en muy poca escala, y otros, como el hierro, no se explotaron.

Los primeros yacimientos conocidos en el antiguo Perú fueron el de Potosí (1545) hoy situado en Bolivia, Castrovirreyna (1590) en el actual departamento de Huancavelica, Oruro (1608) en la actual Bolivia, Cailloma (1608) en Arequipa, Laicatoca (1619) en Puno, Lucanas y Parinacoicha en Ayacucho, y Canta (en Lima), estás  tres últimas hacia 1630. Por otro lado, las obras en las minas de Pasco datan de 1567, pero su producción se volvió importante sólo en el siglo XVIII.

Los primeros antecedentes legales relacionados con la administración de los  derechos mineros en el Perú provienen del sistema pre-hispánico regulado a través de  las “Ordenanzas del Virrey don Francisco de Toledo de 1574” y las “Ordenanzas de Minería de Nueva España”, aplicadas al Perú a partir de 1783.

 

 

A partir del año1900, se inicia el ordenamiento de los derechos mineros en el país y se dictan normas técnicas para ejecutar operaciones topográficas,  planos catastrales y se designan  organismos competentes:

Primer Código de Minería (1900 –  1950)

Se encomienda al Cuerpo de Ingenieros de Minas  la función de elaborar los primeros planos catastrales de los derechos mineros ubicados en las  zonas de: Huayllay, Atacocha, Vinchos, Morococha, Pacococha, etc.

Código de Minería de 1950 (1950 – 1971)

Se crea el Instituto Nacional de Investigación y Fomento Minero y se le otorga entre otras atribuciones la función de registrar y archivar las concesiones mineras de ese entonces y, además, organizar y levantar el Catastro Minero Nacional, desarrollándose durante este periodo los siguientes planos catastrales: Toquepala, Quellaveco, Cuajone, Matucana, San Mateo y Viso, etc.

Con relación a éstos planos catastrales el artículo 2°, inciso b) de la Ley N° 26615 que creó el Catastro Minero Nacional en mayo de 1996,  dispone que el Registro Público de Minería – RPM (hoy Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET) debe otorgar coordenadas UTM a los derechos mineros vigentes que conforman los Catastros Mineros Regionales aprobados por Resolución Suprema (Código de Minería de 1950),  recogiéndose así el trabajo realizado.

Los planos catastrales regionales realizados fueron aprobados por Resolución Suprema y/o Decreto Supremo:

 

 

1. Por Resolución Suprema N° 13 del 08.09.54 se aprueba el Catastro Regional de las regiones mineras de: Carahuacra, San Cristobal, Chumpe, Andaychagua y Ancapampa.
2. Por Resolución Suprema N° 1,  del 01.03.55 se aprueba el Catastro Regional de la región minera de Huachocolpa.
3. Por Resolución Suprema N° 2,  del 01.07.59 se aprueba el Catastro Regional de la región minera de Tamboras. 
4. Por Resolución Suprema N° 3,  del 01.07.59 se aprueba el Catastro Regional de la región minera de Toquepala (ilustración Nº 47). 
5. Por Resolución Suprema S/N°, del 24.10.60 se aprueba el Catastro Regional de la región minera de Pasto Bueno.
6. Por Resolución Suprema  S/N°, del 24.10.60 se aprueba el Catastro Regional de las regiones mineras de: Atacocha, Mashcan y San Miguel.

Decreto Legislativo N° 109 (1980 -1991)

La comisión Sectorial de fusión de los Institutos de Investigación: INCITEMI e INGEOMIN recomendó  la elaboración del Catastro Minero; proyecto que fue considerado en la nueva estructura orgánica del INGEMMET, a fin de agilizar y acelerar su implementación, asimismo, por R.M. Nº 0739-79/EM/OGA del 24 de octubre de 1979, se crea una Comisión Sectorial encargada de estudiar y proponer la factibilidad de la implementación del Catastro Minero Nacional en el Perú.

El 06 de abril de 1982, el Proyecto “Catastro Minero Nacional”, pasó a la administración directa del Ministerio de Energía y Minas hasta el año 1992 en que se integra a la  Dirección General de Catastro del Registro Público de Minería.

 

 

El Proyecto “Catastro Minero Nacional”, se puede considerar que fue la base para la modernización del catastro que tenemos actualmente debido a que durante su gestión se estableció una metodología para identificar los derechos mineros en coordenadas UTM (PSAD56) y permitió enlazar el punto de partida (PP), punto de referencia (PR) y vértices de cuadratura de un promedio de 5,000 derechos mineros, con los cuáles se inició la formación de una base de datos alfanumérica y gráfica; asimismo, dio origen al primer “Catastro Minero Digital” que fue la base para advertir superposiciones entre derechos mineros e integrar por primera vez en el Perú un “Catastro Minero Nacional”.

 

 

 

Decreto Legislativo Nº 708 (1991 – 2006)

El  Decreto Legislativo N° 708 conocido como “Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero”,  vigente desde el 14 de noviembre de 1991, declaró de interés nacional la promoción de inversiones en la actividad minera.

El Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (TUO) compilando las normas no derogadas del Decreto Legislativo Nº 109 y con el Decreto Legislativo Nº 798, dispone que el otorgamiento de concesiones mineras se establece a través de una jurisdicción nacional descentralizada a cargo del RPM, el mismo que tiene la función de administrar un “Sistema de Cuadrículas” de cien hectáreas cada una que divide el territorio nacional con arreglo a las coordenadas UTM, con la finalidad de incorporar en dichas cuadrículas los petitorios que se vayan formulando, con los criterios referenciales adicionales que hubiese señalado el peticionario al tiempo de presentar su solicitud.

El objetivo de esta nueva norma fue evitar la posibilidad de que se produzcan superposiciones, eliminando por lo tanto la fuente que originaba los miles de procesos  administrativos de oposiciones existentes.

Si bien es cierto esta norma cambió las reglas de juego para la solicitud de petitorios mineros también se preocupó de establecer procedimientos claros y transparentes para identificar con coordenadas UTM (PSAD56) a todos los derechos mineros solicitados con regímenes anteriores a esta Ley.

 

 

Ley  N° 26615 – Catastro Minero Nacional

Esta Ley crea el Catastro Minero Nacional en el Registro Público de Minería y tiene como objetivo principal lograr que todos los derechos mineros, concesiones mineras, concesiones de beneficio, concesiones de labor general y de transporte minero se identifiquen con coordenadas UTM referidas al Datum PSAD56.

Establece un procedimiento para la incorporación en el Catastro Minero Nacional, con el carácter de definitivas, las coordenadas UTM de los vértices de las cuadraturas de las concesiones mineras vigentes en función al origen de sus coordenadas.

Uno de los aspectos más importantes de esta Ley es el que contempla que las coordenadas UTM definitivas, determinan la ubicación de la concesión respectiva para todos los efectos jurídicos.

LA LEY DE CATASTRO MINERO NACIONAL OTORGA SEGURIDAD JURÍDICA EN EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES MINERAS

La Ley de Catastro Minero Nacional, nació como un clamor general de las diferentes instituciones vinculadas al Sector Minero, después de un amplio debate que se llevó a cabo para obtener un acuerdo prácticamente unánime en la aprobación de la Ley N° 26615 y su posterior aplicación a cargo del Registro Público de Minería hoy INGEMMET.

En cuanto a los derechos mineros, la Ley de Catastro Minero Nacional otorga la seguridad jurídica que necesitaban las concesiones mineras, concesiones de beneficio, concesiones de labor general y concesiones de transporte minero.

En el último párrafo del artículo 8º de la Ley del Catastro Minero Nacional se dispone lo siguiente:

“… las coordenadas UTM definitivas determinarán la ubicación de la concesión respectiva para todos los efectos jurídicos”.

Esto significa, que cuando una concesión obtiene coordenadas UTM definitivas la información topográfica contenida en la solicitud original y diligencia pericial que determinó su ubicación y sustentó el título en el caso de derechos formulados antes del D.L. 708 pasa a ser únicamente referencial, se concluye por lo tanto, que las coordenadas UTM definitivas no son modificables y, además, se constituyen en la base material de la SEGURIDAD JURIDICA que otorga la Ley.

La certeza en la ubicación de un derecho minero y su carácter inmodificables origina otras ventajas:

• Realizar estudios geológicos, trabajos de prospección, estudios de factibilidad, empezar los trabajos de desarrollo, iniciar la producción minera, etc. incentivando la producción de bienes y servicios de manera eficiente, en el área de interés geológico.
• Planificar el negocio minero a largo plazo, sin los retrasos  o apresuramientos que genera la incertidumbre de la ubicación, es decir, permite asegurar que el trabajo sea el óptimo necesario, con lo cual no se desperdician recursos.
• Mejoramiento de las operaciones mineras, puesto que  desapareció la incertidumbre que había en el pasado de la ubicación de los derechos mineros, incentivando el mantenimiento y mejoramiento de sus instalaciones así como las relaciones entre titulares de concesiones vecinas al haberse descartado problemas de superposición.
• Mejoras en el tratamiento contractual pudiendo ser objeto de transacciones comerciales, tales como transferencias, cesiones, joint venture, hipotecas, etc., puesto que, la información sobre las coordenadas definitivas es incorporada en la partida registral de las concesiones, permitiendo además información sobre titularidad.

En la Primera Disposición Transitoria de la Ley de Catastro Minero Nacional se dispuso que el área registral del Registro Público de Minería sólo podrá ser incorporada a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, una vez que se haya cumplido con la integración definitiva de las concesiones al Catastro Minero Nacional, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, además, establece que esta incorporación deberá efectuarse dentro de un plazo no mayor de cuatro años a partir de la vigencia de la presente ley.

En el año 2000 se transfirió el Área Registral del Registro Público de Minería a la SUNARP y se cambió de nombre al RPM, pasando a denominarse Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero – INACC. En el año 2007 se produce la fusión del INACC con el  INGEMMET, pasando la competencia del “Catastro Minero Nacional” y del otorgamiento de concesiones mineras al INGEMMET.

El “Catastro Minero Nacional” es un ejemplo en la administración de los derechos mineros y ha sido tomado como modelo para replicarlo en diferentes países del mundo. 

 

ANÁLISIS GRÁFICO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL MINERA

Las minas también conocidas como Unidades Mineras en Producción o Explotación ocupan el 0.90% de las áreas de concesiones mineras que forman parte del Catastro Minero Nacional, mientras que los proyectos en Exploración ocupan el 0.3% de dicho Catastro, sin embargo, el área real ocupada por los tajos en explotación es mucho menor como se observa en las siguientes  imágenes.

 

 

 

EL ÁREA DE UNA CONCESIÓN MINERA EN ETAPA DE EXPLORACIÓN O EXPLOTACIÓN ES DIFERENTE AL ÁREA DE UN TAJO MINERO

Las “Minas” conocidas como “Unidades Mineras en Producción o Explotación” ocupan el 0.90% de las áreas de concesiones mineras que han sido autorizadas para ejercer la actividad minera y forman parte del “Sistema de Cuadrículas Minero”, mientras que los proyectos en Exploración ocupan el 0.3% de dicho Sistema, sin embargo, el área real ocupada por los tajos es mucho menor como se puede observar en la siguiente secuencia de imágenes.

 

 

 

 

 

 

Hace mucho tiempo que Enrique Ghersi plantea la necesidad de que los dueños del suelo sean también dueños del subsuelo, como sucede en muchos países, como por ejemplo en Estados Unidos.

Enrique reitera estos conceptos en una reciente entrevista que le hizo Juan José Garrido para Perú21, el 10 de mayo 2015: “la derecha puede tener en la propiedad privada el gran motor para abandonar el espíritu elitista y convertirse en una derecha liberal moderna con un raigambre popular democrático que es la difusión universal de la propiedad. En el Perú, hay temas que no se le pueden dejar a la izquierda. La derecha tiene que levantar claramente la bandera de que la propiedad de los recursos naturales tiene que ser de los peruanos y que la propiedad del subsuelo debe corresponder a los propietarios del suelo. Si hay una comunidad indígena o una familia encima de la mina, ellos deben ser los dueños de esos recursos”.

 

 

Por su lado, Ian Vásquez, del Instituto Cato, recoge el planteamiento de Ghersi en su artículo: Propuesta a los mineros, publicado en El Comercio el pasado 25 de abril.

“No debemos esperar una mejora sustancial o sostenible de esta situación [los conflictos sociales]. A menos que, como propone el abogado y profesor de derecho Enrique Ghersi, se resuelva el problema de fondo: la definición deficiente del derecho de propiedad. Una pregunta que Ghersi hace en clase es: ‘¿Cuál es la diferencia entre encontrar petróleo en tu jardín, en Talara o en Houston? La respuesta es que si lo encuentras en Houston, eres rico, porque el petróleo es tuyo; mientras que si lo encuentras en Talara, eres pobre porque es del gobierno’”.

“En el Perú, el propietario del subsuelo es el Estado. Los campesinos, comunidades e individuos que viven y trabajan sobre los grandes recursos naturales que están debajo de la tierra no tienen derecho a los mismos, solo a la superficie. El Estado otorga concesiones a las empresas mineras. Lo que reciben los campesinos, que se consideran los verdaderos dueños de esta riqueza, es una parte inferior de las rentas que los burócratas y las empresas deciden gastar en ellos. Para Ghersi, esta asignación de derechos viene a ser una expropiación del subsuelo de los pobres y produce resentimiento y desconfianza”.

“Establecer derechos de propiedad privada al subsuelo sería una reforma social de largo alcance, beneficiaría directamente a los campesinos propietarios, los responsabilizaría por las decisiones sobre su propiedad, y reduciría la violencia social. (…) Con una mejor asignación de derechos, los lugareños propietarios de minerales tendrían un incentivo poderoso para desmentir acusaciones infundadas que suelen hacerse hoy con facilidad en contra de los proyectos mineros”.

Como este planteamiento requeriría un cambio constitucional, Vásquez propone que las empresas otorguen acciones a los ciudadanos y miembros de las comunidades. Otros hablan de compartir utilidades. Ambos esquemas ya se han aplicado en el Perú, en algunos pocos casos.

La base argumental del eventual derecho de propiedad del subsuelo es impecable, pero es muy importante contrastarla con la realidad de las estructuras de propiedad del país.

Número uno, los programas de titulación han quedado truncos, especialmente en las áreas rurales de la sierra y la selva.

En segundo lugar, en las comunidades de la sierra coexisten dos tipos de propiedad, pero ninguna está debidamente registrada. En las comunidades, se supone que la propiedad es de la comunidad, pero las familias individuales poseen una suerte de propiedad privada de las áreas que trabajan. Estas áreas individuales se heredan, informalmente, y pueden crecer si extienden sus áreas de labores, por ejemplo, en las laderas.

En tercer lugar, no hay un registro formal de la propiedad de cada comunidad y menos catastros que delimiten las tierras de cada una.

En cuarto lugar, las directivas de las comunidades no están inscritas en los Registros Públicos, como sucede con cualquier empresa e institución. Por lo tanto, sus actos sociales de venta, renta o cualquier otra transacción relacionada a sus derechos, tampoco son registrados. Por eso es que muchas veces las comunidades no respetan sus acuerdos societarios vinculados a la propiedad del suelo. Basta cambiar de directiva para desconocer los actos previos y llevar las cosas a base cero. Así es como algunas empresas mineras han tenido que comprar o alquilar varias veces las mismas tierras.

En consecuencia, antes de pensar en otorgar derechos sobre el subsuelo, es menester desarrollar una serie de procesos complejos que requieren plazos muy largos para culminarse, una vez que se tomen las eventuales decisiones políticas que permitan iniciarlos.

Mientras tanto, los peruanos debemos vivir y respetar nuestro ordenamiento legal, defender el Estado de Derecho y luchar contra la IMPUNIDAD cuando se cometan delitos como los acontecidos en Arequipa.

Para ello, debemos defender a la Policía Nacional y exigir al Ministerio Público y al Poder Judicial que cumplan con sus funciones. Esto, por supuesto, no exime al Poder Ejecutivo de actuar en aplicación de la Ley, con sus capacidades ordinarias o de emergencia. Lampadia

La situación en el Medio Oriente, el conflicto en Ucrania y Ebola tocando las puertas de Nigeria hacían pensar que el precio del petróleo se dispararía. Incluso, el Fondo Monetario Internacional, efectuó estimaciones de cómo afectaría un petróleo alto a la economía mundial en un momento en que el avance del ISIS se convertía en una amenaza global. De acuerdo a esta proyecciones, según The Economist: “El PBI mundial se reduciría en un 0.5 a 1.5%; las bolsas de los países ricos caerían en 3.7% y la inflación sería al menos medio punto más alta. Nada de está ocurriendo, el crudo ha bajado en más de 25%. “Se desplomó  desde 115 dólares el barril al que se cotizó en junio pasado, a menos de 85 dólares a mediados de octubre, antes de recuperarse un poco”. Hoy (29 de octubre, 12:07) está en US$ 82.54.

El precio del  petróleo sigue siendo fundamental para el rumbo de la economía mundial todavía afectada por la crisis y, también para la geopolítica, la cual se halla en una fase de escalamiento muy riesgoso. Por lo pronto, el brusco descenso del precio del petróleo es una buena noticia para la salud financiera. “Un cambio del 10% en su precio genera un impacto de 0,2% del PBI mundial, dice Tom Helbling del FMI. Una caída de los precios normalmente aumenta el PBI (…). Una demostración de ello es lo ocurrido recientemente en los Estados Unidos, donde el gas de esquisto [shale gas] bajó los precios de la energía e impulsó las exportaciones de manufacturas en un 6%”.

Lo cierto es que la caída del precio del petróleo se debe a que la demanda es menor por la debilidad de la economía (Europa y Japón están demandando menos combustible) y a que hoy existe una oferta más amplia. De hecho la última caída (a US$ 80 el barril), se debió al aumento de las reservas norteamericanas, influidas por el shale.

Aunque algunos señalaban que la caída del precio del crudo afectaría la producción de shale gas debido a que los altos costos de extracción de este hidrocarburo harían insostenible su explotación, un reciente informe del Financial Times (FT) desmintió categóricamente este supuesto. Según este, los costos [de producción] ya han caído drásticamente, y podrían caer aun más. En promedio de explotación de esquisto en EEUU requiere un precio del crudo de US$57 por barril para ser rentable hoy en día, en comparación con US$70 por barril en el verano del año pasado, según IHS, la compañía de investigación (…)”.

Los costos podrían reducirse aún más según el FT: “Se cree que el costo promedio de un pozo de esquisto estadounidense podría bajar 60% adicional mediante un mejor manejo de factores tales como planificación, logística y relaciones con los proveedores. David Vaucher del IHS dice que todo indica que la productividad por pozo sigue mejorando” debido a los avances  de la tecnología, lo cual permitirá que este hidrocarburo sea más rentable cada día.  

Para The Economist, de mantenerse el nivel actual, la economía mundial podría crecer en un 0.5% adicional. “El mundo produce algo más de 90 millones de barriles al año. A un precio de US$ 115 por barril se generan aproximadamente US$ 3,800 billones al año; y a 85, sólo US$ 2,800 billones”. Esta diferencia de 1,000 billones equivales cinco veces el PBI del Perú.

De esta forma economías como China, Japón, India y Europa entre otras muchas, obtendrán importantes beneficios. Incluso, China tendrá mayores posibilidades de iniciar su programa de limpieza del aire contaminado en sus ciudades.  Para Europa en cambio, la reducción puede tener un efecto negativo. Esto podría terminar de impulsarla a la deflación, el gran enemigo de su salud económica y de sus posibilidades de recuperación.

Los países afectados serán sin duda los productores, pero en mayor afectado será sin dudas Venezuela. Rusia e Irán también serán afectados fuertemente. Venezuela, producto de la manipulación política de PDVSA, ya perdió más de un tercio de su producción, otra buena parte la tiene comprometida para para sus deudas a China y seguir apoyando a sus socios cubanos, por lo tanto se puede estimar, razonablemente, un eventual colapso del chavismo. Tanto los venezolanos como los rusos han comenzado a hablar de un complot de EEUU y sus aliados para golpear sus economías.

El caso de Brasil puede ser al final una historia para el estudio en las universidades. Petrobras descubrió inmensas reservas de petróleo debajo de una capa de sal de 5 kilómetros de profundidad. Luego del yacimiento, Lula manipuló las cosas para que los inversionistas privados de Petrobras no se beneficiaran con el descubrimiento. Sin embargo, con el desastroso manejo económico de Lula-Rousseff, hasta hoy no han podido hacer nada. Por lo tanto, se puede estimar que a los nuevos precios, ese petróleo quedará en los libros de “Amado”.

Finalmente, se puede decir que al ser el Perú un importador neto de hidrocarburos se beneficiará con un crudo barato, disminuirá el déficit de cuenta corriente, pero inhibirá la inversión petrolera, que en el Perú es más cara, regulada y complicada políticamente. Lampadia