Rafael Belaunde Aubry
Para Lampadia

A lo largo de su historia el Perú ha padecido múltiples amputaciones territoriales. Luego de consolidada la independencia, ya sin el Alto Perú, la sufrida como consecuencia de la guerra del Pacífico fue las más traumática. Una vez consolidados e internacionalmente reconocidos los límites actuales, es difícil imaginar amputaciones territoriales adicionales. 

Sin embargo, en un mundo dominado por las grandes potencias y por organizaciones internacionales que responden a intereses foráneos, infligir pérdidas de soberanía no requiere cercenar territorios sino arrebatarles a su titular prerrogativas sobre los mismos.  El eventual tratado de Escazú es un ejemplo de ello. Si no fuera por el maquillaje de su retórica tramposa, ese instrumento de colonización evidenciaría con diáfana transparencia su propósito grotesco.  El objetivo de este artículo es desnudar ese latrocinio en cierne.

Existe un claro antecedente del expolio que se pretende con el tratado de Escazú. Apareció refundido como accesoriamente en un documento de la USAID denominado “Estrategia de la Cooperación de los Estados Unidos para el Desarrollo del Perú, 2012 – 2016”.  En él se sostiene que: “La cuenca Amazónica del Perú, el cuarto bosque tropical más grande del mundo y uno de los que aloja la mayor biodiversidad, constituye un bien público mundial.”  Que yo sepa, ningún funcionario del Estado Peruano ha protestado hasta la fecha.

Remontémonos a un asunto análogo que demuestra cuán pernicioso resulta actuar desaprensivamente frente a la interferencia extranjera, aparentemente inocua, pero en el fondo muy mal intencionada: En 1954, ante la presencia de flotas balleneras en las costas occidentales de Suramérica, el Perú firmó un acuerdo pesquero con Chile en el que se acordó utilizar un paralelo geográfico para diferenciar las áreas marítimas que cada país patrullaría. Décadas después, la corte internacional de La Haya se apoyó en ese convenio para argumentar que el límite marítimo entre ambos países era dicho paralelo. Así, el Perú perdió parte de los derechos marítimos que la recuperación de Tacna implicó en 1929.

La pretensión oculta del acuerdo de Escazú es someter al dominio internacional la Amazonía. Eso explica que Estados Unidos y Canadá, que dicho sea de paso no tolerarían tutela alguna, no formen parte del acuerdo. Eso explica también la proclividad con la que algunas repúblicas caribeñas que, obviamente, no poseen territorios Amazónicos, se hayan constituido en vulgares alabarderos del proyecto. 

Al leer los objetivos del eventual tratado parecería que Estados como el peruano desconocieran una serie de derechos.

• ¿Atenta el, acaso, Perú contra el derecho de sus ciudadanos a acceder a la información ambiental y a la participación pública en los procesos de toma de decisiones?  
• ¿Impide el Estado el acceso a la justicia en asuntos ambientales?
• ¿Desprotege el Estado peruano el derecho de cada persona, o el de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano?
• ¿Es contrario el Perú al desarrollo sostenible?

No, cuatro veces no.

La verdadera finalidad, entonces, no está en la engañosa retórica de los supuestos objetivos del tratado, sino oculto en la sección resolutiva del mismo. A saber:

Primero: Encargar a la tristemente célebre CEPAL, aquella nefasta institución que impulsó las políticas de sustitución de importaciones que tanto entorpecieron nuestro progreso en el pasado, la articulación de la sujeción de los países miembros a la tutela de las organizaciones internacionales. El sólo hecho de su selección desnuda el trasfondo económico del tema: la CEPAL es la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe. Nada tiene que hacer dicha institución con el derecho medioambiental.

Segundo: Obligar a los países que ratifiquen el acuerdo a someterse a los tribunales internacionales, los mismos que se constituirían en última instancia ambiental, por encima de la jurisdicción nacional. El Estado peruano dejaría de tener autonomía, incluso, respecto al futuro de Tía María, Cañariaco, La Granja, Cerro Blanco, el puerto San Martín, o la cuota de captura anual de pesca. Asimismo, una instancia judicial extranjera sería la que finalmente decidiría la pertinencia ambiental de cualquier futuro aprovechamiento energético en la amazonia, de cualquier trasvase trasandino o de cualquier esfuerzo colonizador en la selva alta, etc.

Tercero: Alternativamente, el acuerdo otorgaría poder a los países miembros (Barbuda, Granada, Nicaragua, Haití, Uruguay, etc.) para someter a arbitraje cualquier controversia ambiental que consideren no haber sido adecuadamente resuelta por la justicia peruana.

La figura 1 es el mapa elaborado por Antonio de Herrera en 1601 en el que aparece el meridiano que, en virtud del tratado de Tordesillas de 1494, dividía los territorios de España y Portugal en el nuevo Mundo.

El gráfico de la figura 2 muestra, de derecha a izquierda, cómo se ha ido reduciendo la soberanía peruana desde el siglo XVI hasta el presente. El extremo izquierdo de esta figura muestra cuál sería el resultado ineludible del acuerdo de Escazú en materia de soberanía ambiental en nuestra Amazonía, aunque como se ha adelantado, la injerencia extranjera abarcaría, en realidad, la totalidad de nuestro territorio.

Debe recordarse que muchos hombres de uniforme dieron la vida defendiendo nuestra Amazonía en conflictos como el de Falsa Paquisha, y el Cenepa, para mencionar sólo los más recientes.

Lo grave de este pretendido desmedro de soberanía, de esta desperuanización de nuestra selva radica en que no nos habría sido impuesta por la fuerza como sucedió en las circunstancias anteriores, sino que sería el resultado de la pusilanimidad del endeble gobierno de turno. Es realmente desalentador e indignante constatar el grado de degradación al que se han rebajado algunos funcionarios para perpetrar semejante afrenta al Perú.

¿Enajenaría Chile su discrecionalidad soberana en materia ambiental respecto a Tierra del Fuego? ¿Harían lo propio los Estados Unidos respecto a los Everglades de la Florida o el Canadá respecto a su tundra? ¿Por qué deberíamos ser menos que ellos? ¿Qué complejos aquejan a las actuales autoridades peruanas?

Desde que en marzo de 1922, luego de un siglo de conflictos y escaramuzas, y presionado por los Estado Unidos, el Perú firmó el tratado Salomón-Lozano mediante el cual entregamos vastos territorios a Colombia, no enfrentábamos un revés como el que ahora se cierne sobre nuestra patria. Qué triste terminar perdiendo derechos que tanto sacrificio y tantas vidas costó defender por culpa de la ineptitud de las autoridades peruanas.

Nuestro país, consciente de la gran diversidad ecológica que su Amazonía encierra, de la variedad climática de sus Andes y de la riqueza ictiológica de sus aguas litorales, que compensa la aridez de sus desiertos costeros, tiene la obligación de proteger su territorio y ser cuidadoso respecto a su aprovechamiento. Pero, por eso mismo, también tiene el deber de no enajenar su soberanía. Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura Institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos nuestro video semanal esta vez sobre el eterno problema del gasto en proyectos de inversión. Participan Fernando Cillóniz, Gonzalo Prialé y Jaime de Althaus.

Las opiniones vertidas por los participantes no necesariamente representan la opinión institucional de IIG sobre los temas tratados.

Lampadia

En el siguiente artículo de Ricardo Hausmann en Project Syndicate, se hace un análisis de la formación de las escuelas de políticas públicas, que resulta muy interesante para juzgar la performance de las propias políticas públicas.

Hausmann explica cómo, a diferencia de la formación de los médicos, que incluye prácticas extensivas, previas al ejercicio de la profesión, en las carreras de políticas públicas se llega hasta a evitar las prácticas como elemento formativo.

Interesante análisis que nos lleva a reflexionar sobre el desarrollo de los Estados y sus políticas públicas, sobre la performance de los economistas y la búsqueda del bienestar general.

No culpen a la economía, culpen a la política pública

Project Syndicate
1 de setiembre, 2019
RICARDO HAUSMANN

Hoy es costumbre culpar a la economía o a los economistas por muchos de los males del mundo. Los críticos sostienen que las teorías económicas son responsables de la creciente desigualdad, de la escasez de buenos empleos, de la fragilidad financiera y del bajo crecimiento, entre otras cosas. Pero si bien las críticas pueden impulsar a los economistas a mayores esfuerzos, la arremetida contra la profesión ha desviado involuntariamente la atención de una disciplina que debería asumir una porción mayor de la culpa: la política pública.

La economía y la política pública están estrechamente relacionadas, pero no son lo mismo, y no deberían ser vistas como si lo fueran. La economía es a la política pública lo que la física es a la ingeniería, o la biología a la medicina. Si bien la física es fundamental para el diseño de cohetes que pueden usar energía para desafiar la gravedad, Isaac Newton no fue responsable del desastre de la nave espacial Challenger. Tampoco hay que culpar a la bioquímica por la muerte de Michael Jackson.

La física, la biología y la economía, en tanto ciencias, dan respuesta a preguntas sobre la naturaleza del mundo en el que vivimos, generando lo que el historiador económico Joel Mokyr de la Northwestern University llama conocimiento proposicional. La ingeniería, la medicina y la política pública, por otro lado, responden interrogantes sobre cómo cambiar el mundo de maneras específicas, lo que conduce a lo que Mokyr califica como conocimiento prescriptivo.

Si bien las facultades de ingeniería enseñan física y las facultades de medicina enseñan biología, estas disciplinas profesionales se han desarrollado de forma bastante independiente del desenvolvimiento de sus ciencias básicas. De hecho, al desarrollar sus propios criterios de excelencia, planes de estudio, revistas académicas y carreras profesionales, la ingeniería y la medicina se han convertido en especies distintas.

Las escuelas de política pública, por el contrario, no han sufrido una transformación equivalente. Muchas de ellas ni siquiera contratan a su propio personal docente, sino que utilizan a profesores de ciencias fundacionales como la economía, la psicología, la sociología o la ciencia política. La escuela de política pública de mi propia universidad, Harvard, sí cuenta con un amplio cuerpo docente propio –pero esencialmente contrata doctores recién graduados en las ciencias fundacionales y los promueve sobre la base de sus publicaciones en las principales revistas especializadas de esas ciencias, no en política pública.

A los profesores jóvenes se les desaconseja adquirir experiencia práctica en políticas públicas antes de que alcancen la titularidad (tenure) y no es frecuente que la adquieran. Y hasta los profesores titulares tienen una interacción sorprendentemente limitada con el mundo exterior, debido a las prácticas de contratación prevalecientes y al miedo de que un compromiso externo pueda implicar riesgos para la reputación de la universidad. Para compensar esta carencia, las facultades de política pública contratan a los llamados “profesores de la práctica”, como es mi caso, que han adquirido previamente una experiencia en políticas públicas en otra parte.

Desde el punto de vista de la enseñanza, uno podría pensar que las escuelas de política pública adoptarían una estrategia similar a las facultades de medicina. Después de todo, tanto los médicos como los especialistas en política pública son llamados a resolver problemas y necesitan diagnosticar las causas respectivas. También necesitan entender el conjunto de posibles soluciones y descifrar los pros y los contras de cada una de ellas. Finalmente, tienen que saber cómo implementar la solución que proponen y evaluar si funciona o no.

Sin embargo, las escuelas de política pública ofrecen sólo programas de maestría de uno o dos años, y tienen un pequeño programa de doctorado con una estructura típicamente similar a la que se aplica en las ciencias. Eso se compara desfavorablemente con la manera en que las facultades de medicina capacitan a los médicos e impulsan su disciplina.

Las facultades de medicina (al menos en Estados Unidos) admiten a los alumnos después de que hayan terminado una carrera universitaria de cuatro años en la que hayan tomado un conjunto mínimo de cursos relevantes. Los estudiantes de medicina luego participan en un programa de dos años de enseñanza principalmente en aulas, seguido por dos años en los que rotan por diferentes departamentos en los llamados hospitales escuela, donde aprenden cómo se hacen las cosas en la práctica al acompañar al médico principal y a sus equipos.

Al final de los cuatro años, los médicos jóvenes reciben un diploma. Pero entonces deben empezar una residencia de tres a nueve años (dependiendo de la especialidad) en un hospital escuela, donde acompañan a médicos principales, pero donde se les asignan cada vez más responsabilidades. Después de siete a trece años de estudios de posgrado, finalmente se les permite ejercer la práctica como médicos sin supervisión, aunque algunos hacen pasantías adicionales supervisadas en áreas especializadas.

Por el contrario, las escuelas de política pública esencialmente dejan de enseñarles a los alumnos después de sus dos primeros años de una educación esencialmente en las aulas y (aparte de los programas de doctorado) no ofrecen los muchos años adicionales de formación que brindan las facultades de medicina. Sin embargo, el modelo de hospital escuela podría ser efectivo en política pública también.

Consideremos, por ejemplo, el Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard, que fundé en 2006 después de dos experiencias en políticas públicas sumamente enriquecedores en El Salvador y Sudáfrica. Desde entonces, hemos trabajado en más de tres docenas de países y regiones. En algunos sentidos, el Laboratorio se asemeja un poco a un hospital escuela y de investigación. Se centra tanto en la investigación como en el trabajo clínico de atender “pacientes”, o gobiernos en nuestro caso. Es más, reclutamos PhDs recién graduados (equivalente a los profesionales médicos recién recibidos) y graduados de programas de maestría (como los estudiantes de medicina después de sus dos primeros años de universidad). También contratamos graduados de licenciaturas como asistentes de investigación, o “enfermeros”.

Al abordar los problemas de nuestros “pacientes”, el Laboratorio desarrolla nuevas herramientas de diagnóstico para identificar tanto la naturaleza de las restricciones que enfrentan los países como los métodos terapéuticos para superarlas. Y trabajamos junto con los gobiernos para implementar los cambios propuestos. En verdad, es allí donde más aprendemos. De esa manera, garantizamos que la teoría enriquezca a la práctica, y que los conocimientos obtenidos en la práctica enriquezcan nuestra investigación futura.

Los gobiernos tienden a confiar en el Laboratorio, porque no tenemos un ánimo de lucro, sino más bien el simple deseo de aprender con ellos al ayudarlos a resolver sus problemas. Nuestros “residentes” permanecen con nosotros durante tres a nueve años, como en una facultad de medicina, y suelen asumir puestos de relevancia en los gobiernos de sus propios países cuando nos dejan. En lugar de utilizar nuestra experiencia adquirida para crear “propiedad intelectual”, la hacemos ampliamente disponible a través de publicaciones, herramientas online y cursos. Nuestra recompensa es que otros adopten nuestros métodos.

Esta estructura no fue planeada: simplemente emergió. No fue promovida desde arriba, sino que sencillamente se la dejó evolucionar. Sin embargo, si se abrazara la idea de estos “hospitales escuela”, podría cambiar radicalmente la manera en que la política pública se desarrolla y se enseña, y se la pone al servicio del mundo. Si esto llegara a ocurrir, quizá la gente deje de culpar a los economistas por cosas que nunca debieron haber estado bajo su responsabilidad.

Ricardo Hausmann, ex ministro de planificación de Venezuela y ex economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, es profesor en la Harvard Kennedy School y director del Harvard Growth Lab.

Lampadia

En Lampadia hemos criticado muchas veces a nuestra clase dirigente, a unos por acción, los políticos; y a otros por omisión, las dirigencias gremiales, académicas y sociales.

Hoy nos encontramos en medio de una grave crisis de liderazgo, con el desprestigio generalizado de todos los políticos, y el consecuente vacío de referentes que puedan prender las luces que nos permitan evitar el caos y mantener un sentido de futuro común.

Para reflexionar sobre este tema, hemos rescatado un artículo del 2014, del principal columnista del Financial Times, Martin Wolf, titulado: Las élites fallidas amenazan nuestro futuro.

Wolf sostiene que cuando las elites fracasan son reemplazadas. A diferencia de los estados despóticos en los que este proceso se efectúa de manera sangrienta, en las democracias, las elites políticas son cambiadas de forma “rápida y limpia”. Y a pesar de los controles y los equilibrios de poder, de la prensa libre y otras instituciones, las elites están expuestas a llevar al desastre a los países que conducen.

En el Perú, estamos ad-portas de un segundo voto de vacancia del presidente de la República. El vacío de poder es casi absoluto, y el espectáculo de los miembros del partido de gobierno, con la congresista y primera ministra, Mercedes Aráoz a la cabeza, procurando destruir la figura del primer vicepresidente, Martín Vizcarra, es, por decir lo menos, clamoroso. Con el presidente cuestionado, se ataca al vicepresidente y se profundiza el vacío y la incertidumbre.

En Lampadia hemos opinado que la vacancia es algo que debiera evitarse por traumática y riesgosa. Pero tenemos que reconocer, que como dice Juan de la Puente en una reciente entrevista: “Ya se ha producido una vacancia simbólica en la mente de la gente”. Para la salida de un presidente gravemente cuestionado y debilitado, como es el caso de PPK, sería mucho mejor la renuncia. Pero parece que, por todos los lados, se llevarán las cosas a los extremos.    

La gran debilidad histórica de nuestra sociedad, es la debilidad de nuestra clase dirigente. Algo que denunciaron, Víctor Andrés Belaunde Diez Canseco y Jorge Basadre. En general nuestras elites siempre han estado ausentes, carentes de visión, compromiso cívico y de fallas de liderazgo.

Hoy no hay liderazgo, los políticos se atacan entre sí, la economía está parada, el desprestigio de las instituciones del Estado ha llagado a niveles absurdamente peligrosos, y los ciudadanos están perdiendo su esperanza de un futuro mejor. Pareciera que las cosas ya no pueden empeorar, pero si quienes están en el escenario político, no rescatan mayor cordura, podríamos tener aún mayores costos.

Pero también, este debiera ser el momento en que deben ponerse de pie nuestros mejores ciudadanos, aquellos que están en las reservas, y que pueden compartir sus pensamientos y su visión, para no perder de mira las grandes posibilidades de desarrollo del Perú. Como hemos dicho varias veces, ‘el Perú es infinito’. No nos dejemos amilanar.

Líneas abajo, presentamos el artículo de Martin Wolf, que nos muestra el daño que pueden hacer las malas élites.

Es hora de salir al frente y rescatar nuestros caminos a la prosperidad.  Lampadia

Las élites fallidas amenazan nuestro futuro

No se puede confiar en líderes mediocres y ricamente recompensados cuando las cosas van mal

Martin Wolf
Financial Times
14 de enero, 2014
Traducido y glosado por Lampadia

En el 2014, los europeos conmemoraron el cien aniversario del inicio de la Primera Guerra Mundial. Esta calamidad dio inicio a tres décadas de barbarie y estupidez, y a la destrucción de la mayoría de los aspectos positivos de la civilización europea de principios del siglo XX. Al final, como Churchill predijo en junio de 1940, “el Nuevo Mundo, con todo su poder y fuerza”, tenía que intervenir “para rescatar y liberar al antiguo”.

Los fracasos de las élites políticas, económicas e intelectuales de Europa crearon el desastre que afligió a sus pueblos entre 1914 y 1945. Su ignorancia y prejuicios permitieron la catástrofe: las ideas falsas y los valores equivocados intervinieron. Estos incluían la creencia atávica, no solo de que los imperios eran magníficos y rentables, sino también de que la guerra era algo glorioso y controlable. Era como si una voluntad de suicidio colectivo se habría apoderado de los líderes de las grandes naciones.

Las sociedades complejas dependen de sus élites para guiarlas, y, aunque los resultados no son necesariamente siempre perfectos, por lo menos no serán grotescamente malos. Cuando las élites fracasan, es probable que colapse el orden político, como les sucedió a las potencias derrotadas después de la Primera Guerra Mundial. Los imperios rusos, alemanes y austriacos se desvanecieron, y dieron paso a sucesores débiles y después al despotismo. La Primera Guerra Mundial también destruyó los cimientos de la economía del siglo XIX: el libre comercio y el patrón oro. Los intentos por restaurarlos produjeron más caídas de las élites, esta vez de la estadounidense y de la europea. La Gran Depresión contribuyó en gran parte en la creación de las condiciones políticas que dieron como fruto la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría, el conflicto de las democracias con una dictadura engendrada por la Primera Guerra Mundial, siguió.

Resultados terribles como consecuencia de los fracasos de las élites no son sorprendentes. Existe un acuerdo implícito entre las élites y el pueblo: los primeros obtienen los privilegios y prebendas del poder y la propiedad; los segundos, a cambio, obtienen seguridad y, en los tiempos modernos, un cierto grado de prosperidad. Si las élites fracasan, se exponen a su reemplazo. La sustitución de las élites fracasadas es siempre muy tensa. Pero en una democracia, la sustitución de las élites políticas, al menos, es un proceso rápido y limpio. En un entorno despótico, por lo general será lento y casi siempre sangriento.

Esto no es solo historia. Sigue siendo cierto hoy en día. Si buscamos las lecciones que dejó la Primera Guerra Mundial para nuestro mundo, las encontramos no en la Europa contemporánea, sino en el Oriente Medio, en las fronteras de India y Pakistán, y en las tóxicas relaciones entre una China creciente y sus vecinos. Existen las posibilidades de un error de cálculo letal en todos estos casos a pesar de que las ideologías del militarismo y del imperialismo son, afortunadamente, mucho menos prevalentes de lo que fueron hace un siglo. Hoy en día, los Estados poderosos aceptan la idea de que la paz es más conducente a la prosperidad que los botines ilusorios que deja la guerra. Sin embargo, esto no significa, por desgracia, que el Occidente es inmune a los fallos de sus élites. Por el contrario, vive con ellos. Pero sus fracasos son de una paz mal administrada, no la guerra.

Aquí hay tres fallas visibles.

En primer lugar, las élites económicas, financieras, intelectuales y políticas no comprendieron las consecuencias de la liberalización financiera en general. Arrulladas por fantasías de mercados financieros auto-estabilizantes, no solo permitieron, sino que estimularon una apuesta enorme y, para el sector financiero, sumamente rentable, por la expansión de la deuda. La élite diseñadora de políticas no valoró los incentivos que operaban y, sobre todo, los riesgos de un colapso sistémico. Cuando sucedieron, los frutos de esa ruptura fueron desastrosos en varias dimensiones: las economías se derrumbaron, el desempleo saltó y la deuda pública explotó. La élite hacedora de políticas públicas fue desacreditada por su fracaso en la prevención de desastres. La élite financiera fue desacreditada al necesitar ser rescatada. La élite política fue desacreditada por su voluntad de financiar el rescate. La élite intelectual (los economistas) fue desacreditada por no prever la crisis o ponerse de acuerdo con respecto a lo que debía hacerse cuando sucedió. El rescate era necesario. Pero la creencia de que las clases poderosas sacrificaron a los contribuyentes para ayudar los intereses de los culpables es correcta.

En segundo lugar, en las últimas tres décadas hemos visto el surgimiento de una élite económica y financiera global. Sus miembros se han separado cada vez más de los países que los vieron surgir. En el proceso, el pegamento que une a toda democracia (la noción de ciudadanía) se ha debilitado. La estrecha distribución de los beneficios del crecimiento económico aumenta en gran medida ese fenómeno. Esto, entonces, es cada vez más una plutocracia. Un cierto grado de la plutocracia es inevitable en las democracias construidas, como debe ser, sobre una economía de mercado. Pero siempre es una cuestión de grados. Si el pueblo ve su élite económica tan ricamente recompensada por un desempeño mediocre e interesada solo en sí misma, y esperando el rescate cuando las cosas le salen mal, los lazos se cortan. Podríamos encontrarnos justamente en el comienzo de esta decadencia a largo plazo.

En tercer lugar, al crear el euro, los europeos llevaron su proyecto más allá de lo práctico a algo mucho más importante para la gente: el destino de su dinero. Nada era más probable que las fricciones entre los europeos sobre cómo su dinero se estaba gestionando de manera adecuada o inadecuada. La probablemente inevitable crisis financiera ha dado ahora lugar a una serie de problemas aún no resueltos. Las dificultades económicas de las economías afectadas por la crisis son evidentes: grandes recesiones, una extraordinariamente alta tasa de desempleo, la emigración masiva y el sobreendeudamiento pesado. Todo esto es del saber general. Sin embargo, es el desorden constitucional de la Eurozona lo que menos se resalta. Dentro de la Eurozona, el poder se concentra en manos de los gobiernos de los países acreedores, principalmente Alemania, y de un trío de las burocracias no electas: la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Los pueblos de los países afectados negativamente no tienen ninguna influencia sobre ellos, y tampoco la tienen sus representantes políticos. Este divorcio entre la responsabilidad y el poder afecta directamente el seno de cualquier noción de gobernabilidad democrática. La crisis de la Eurozona no es solo económica. También es constitucional.

Ninguna de estas fallas coincide en modo alguno con las locuras de 1914. Pero son lo suficientemente grandes como para provocar dudas acerca de nuestras élites. El resultado es el nacimiento de un populismo iracundo por todo Occidente, sobre todo el populismo xenófobo de la derecha. Si las élites continúan decepcionando, veremos el surgimiento del populismo rabioso. Las élites tienen que hacer un mejor trabajo. Si no lo hacen, la rabia podría abrumarnos a todos. Lampadia

El Parlamento indio aprobó recientemente la ley sobre la tributación única al valor añadido de bienes y servicios. La votación fue recibida como uno de los pasos más importantes en pos de la unificación de la economía del país, siendo que la normativa simplificará el complejo sistema fiscal vigente en los 29 Estados de la Unión y en los seis Territorios federados. Las proyecciones económicas indican que dicha simplificación permitirá un mayor crecimiento de la economía equivalente a un 1 o 2% del PBI. De suceder esto, dicho resultado provocaría un impetuoso salto adelante para una de las economías más vivaces del mundo.

El GST (Good & Service Tax)  es un impuesto indirecto que se impondrá a todos los bienes y servicios, ya sean producidos en o importados a la India, y sustituirá a la arcaica estructura tributaria de la India en el que los estados y gobiernos centrales imponen impuestos por separado, un intrincado sistema fiscal presente desde 1950, que reglamenta la circulación de bienes entre los diferentes estados.

La aprobación del GST, sobre el cual se ha discutido en la India durante al menos una década, sigue al compromiso adoptado por el gobierno de Narenda Modi, cuando llegó al poder en 2014, para reemplazar el sistema fiscal existente. Fue propuesta por primera vez en el año 2000 por el entonces ministro de finanzas, pero tuvo un empuje decisivo bajo la administración del premier Modi, a quien se le conoce como Modi-fy, por su gran empuje reformador de un país que había llegado a niveles de burocratización ridículos. Modi inició su gobierno poniendo en práctica su lema: “No red tape, only red carpet for investors”. (Ver en Lampadia: El cambio de timón pro-mercado en la India).

En este portal seguimos a Modi desde su campaña política. Consideramos que en muchos aspectos, su gobierno debe ser un ejemplo a evaluar y seguir, por lo menos en la filosofía de su gestión. Como hemos informado anteriormente (El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’) el Perú debe iniciar un proceso ‘agresivo’ de desburocratización, de desregulación, que libere nuestras capacidades indivuduales y empresariales para innovar y crear riqueza, allá donde ningún burócrata podrá siquiera soñar.

No cometamos los mismos errores que Europa y China, quienes están en una equivocada y auto destructiva guerra contra la tecnología. (China ya cometió este error antes cuando, durante la dinastía Quin, el Imperio perdió su capacidad de innovación y hegemonía tecnológica, centralizando todo el poder en sus burócratas, los Mandarines) Y bien puede dejar el continente en un mayor atraso tecnológico del que ya tiene con respecto a EEUU. El exceso de regulación y las grandes multas sólo reforzarán las actitudes proteccionistas que han llevado a Europa a mantenerse alejada de la revolución tecnológica y ahora, la energética. Ver en Lampadia: Un eclipse de la energía solar que desnuda un doble estándar.

El gobierno de PPK ha anunciado ya el compromiso con el desarrollo de varios pilares, pero hasta ahora no vemos el énfasis en la desregulación. Ahora que Fuerza Popular le ha dado el voto de confianza al Gabinete Zavala, sería muy bueno pedirle los detalles de su proyecto de desburocratización llamado ‘Ley del Ocaso’. Así como ‘París bien vale una misa’, liberar al Perú de sus amarras, bien vale una llamada. Lampadia

La economía de la India

Una nación, un impuesto

La reforma tributaria tendrá consecuencias bienvenidas, pero impredecibles

The Economist

06 de agosto de 2016

Traducido y glosado por Lampadia

En vista de los pocos electores que disfrutan pagarlos, los políticos rara vez anuncian la llegada de nuevos impuestos. Pero la instauración de un nuevo Impuesto a los Bienes y Servicios (GST- Goods-and-Services-Tax) por la cámara alta de la India el pasado 3 de agosto es una merecida excepción. Tras más de una década, el nuevo impuesto sobre el valor añadido promete consolidar los gravámenes locales y nacionales de la India en un solo pago, unificando así los 29 estados del país y las 1,300 millones de personas,  por primera vez, en un mercado común. El gobierno de Narendra Modi ha promulgado su reforma más importante hasta la fecha.

Pocos países son más quisquillosos que la India cuando se trata de pagar impuestos; el Banco Mundial los sitúa en el puesto 157 de 189 por simplicidad de pago. Tanto el gobierno central como las legislaturas estatales imponen una increíble variedad de cargas. Debido a que las tasas difieren entre los estados, hacer cosas en uno y venderlo en otro es a menudo más difícil dentro de la India que en los bloques comerciales como el NAFTA o la Unión Europea. Las colas de camiones sin actividad se acumulan en los límites de los estados de la India de la misma manera que lo hacen en las fronteras internacionales.

Eso debería cambiar con el GST, que es esencialmente un acuerdo entre todos los estados para aplicar las mismas tasas de impuestos indirectos (aún por definir). Las empresas están encantadas con la idea de ser capaces de distribuir sus productos desde un solo almacén, dicen, en lugar de replicar las cadenas de suministro en cada estado. Los complicados impuestos, a la venta de carros, por ejemplo, tienen seis tasas  distintas, dependiendo en la longitud del vehículo, el tamaño del motor, etc.) serán reemplazados por un único impuesto tipo IVA o IGV que se aplicará a todos los bienes y servicios.

Mejor aún, el GST será calculado sobre la base del valor añadido. Eso evita que las empresas que sean castigadas con impuestos sobre el valor total de los productos que compran y venden, en lugar de que sea sólo sobre el valor que añaden en la cadena productiva, una situación que a menudo hace que sea más barato importar cosas en lugar de que se produzca a nivel local. Igual de importante es exigir a las empresas documentar los precios a los que compran los insumos y venden los productos (a menos que deseen pagar impuestos más altos), lo que incluirá a vastas zonas de la economía al ámbito de la recaudación de impuestos.

Los economistas y tecnócratas han apoyado durante mucho tiempo la GST, que creen que podría impulsar el PBI en 1 o 2 puntos porcentuales al año. Sus pedidos fueron insuficientes para superar la pequeña política de la India: las propuestas del GST estuvieron estancadas bajo gobiernos de izquierda y derecha, desde que fue planteado por primera vez en el 2000. Modi, principal ministro del estado de Gujarat hasta 2014, ayudó a frustrar los planes de la GST del gobierno anterior y se ha enfrentado a represalias por obstruccionismo desde entonces. Un comité de ministros de Finanzas de varios estados ayudó a convencer a los partidos regionales en la cámara alta, que el Gobierno de Modi no controla y despejar la obstrucción.

Debido a que la reforma tributaria requiere una nueva enmienda a la constitución, y por lo tanto el respaldo de al menos 15 legislaturas estatales, tomará varios meses para promulgarse. Pocos creen que será descarrilada, pero parece improbable que se cumpla a la fecha límite del mes de abril 2017. A pesar de los esfuerzos en diluir el proyecto de ley (por ejemplo, mediante la exención de la gasolina) parecen haber sido superados, el funcionamiento preciso del GST todavía es incierto. Incluso se desconoce la tasa del GST; un estudio del gobierno planteó 17-18%, pero algunos estados (que recibirán el dinero recaudado) les gustaría que sea más alta.

Todos esos detalles serán disputados en el “consejo GST”, una nueva comisión que representará ambas ramas ejecutivas estatales y federales, pero parece que va a ser dominada por los ministros sentados en Nueva Delhi. Arvind Subramanian, el principal asesor económico del gobierno, llama a todo el comité “una puesta en común de la soberanía en nombre del federalismo cooperativo”, tomando prestado libremente del léxico utilizado por los creadores del mercado común de la UE hace una generación. Tales proyectos de vez en cuando se encuentran con episodios de dificultad.

De hecho, el nuevo consejo y el impuesto que administrará van en contra de una tendencia reciente para descentralizar el poder de Nueva Delhi a las distintas capitales de los estados. Potentes principales ministros en las provincias serán más dependientes de los ingresos recaudados por el gobierno federal. El dinero pasará de estados (más ricos) hacia los pobres. El advenimiento de un impuesto único para gobernarlos a todos puede dar forma a la política india con la misma magnitud que afectará a la economía.

Lampadia

Más allá de los esfuerzos de los multimillonarios por enfrentar los problemas de salud de los más pobres, como los programas de la Fundación Melinda y Bill Gates y Pledge to Give, ahora estos personajes se comprometen en el financiamiento de alto riesgo para convertir las prometedoras innovaciones de energías limpias y de recuperación del carbono de la atmósfera. Ver en Lampadia nuestro reporte sobre las acciones sociales en salud de los personajes más ricos del mundo: Más sobre el círculo virtuoso del capitalismo..

Como lo indica Gates, los estados suelen hacer la investigación básica, pero para que sus impactos lleguen a la sociedad, se necesitan desarrollos tecnológicos de tipo comercial que cierran el círculo entre las ideas y su aprovechamiento.

El siguiente informe del Financial Times con ocación del COP 21 en París, recoge la iniciativa altruista de los empresarios multimillonarios de diversas partes del planeta. Lampadia

Diálogos sobre el clima en el COP21 en París:

Los multimillonarios se unen por la energía límpia

Por Barney Jopson, publicado en el Financial Times.

Traducido y glosado por Lampadia

Bill Gates [Microsoft] ha unido fuerzas con Jeff Bezos [Amazon], Jack Ma [Alibaba – China], Mukesh Ambani [Reliance Industries – India] y una gran lista de otros multimillonarios en un esfuerzo común de miles de millones de dólares en una nueva inversión privada y pública para incentivar la “energía limpia”.

La iniciativa incluye US$ 10 mil millones en nuevos compromisos de gasto de 20 gobiernos (entre ellos EE.UU., China, India y Brasil) y se dará a conocer este lunes, en el inicio de las conversaciones en París, para crear el primer nuevo acuerdo climático global en 18 años.

Los multimillonarios han prometido trabajar con la investigación del gobierno con su propio capital, para así poder ayudar a comercializar la tecnología de bajas emisiones, ayudándolos a cruzar lo que llaman un casi infranqueable “valle de la muerte” entre las ideas prometedoras y productos viables comercialmente.

EEUU está advirtiendo que esto es esencial para limitar el aumento de la temperatura global a no más de 2ºC por encima de los niveles preindustriales (una meta a la que no se llegará con las promesas de recorte de gases de efecto invernadero realizadas antes de las conversaciones de París).

“Si bien se han logrado significativos avances en la reducción de costos y del despliegue de tecnologías de energía limpia, el ritmo de la innovación y la escala de la transformación están muy por debajo de lo requerido“, afirmó una hoja informativa de la Casa Blanca el domingo.

La definición de la iniciativa promotora de la energía limpia no sólo incluye a la energía renovable, como la eólica y la solar, sino también a la energía nuclear, la tecnología de redes eléctricas, sistemas de transporte avanzados y distintas formas de captura de carbono producto de la combustión de combustibles fósiles.

Brian Deese, asesor del presidente Barack Obama, dijo que en los próximos cinco años los 20 países habrían acordado duplicar su gasto combinado de US$ 10 mil millones en investigación y desarrollo de energía.

Señaló que además de contener algunos de los mayores emisores de gases de efecto invernadero (aunque Rusia no) el grupo incluía a las economías que dependen de la producción de combustibles fósiles, como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y México.

EEUU representa la mitad del gasto actual en I+D (US$ 5 mil millones) y el gobierno de Obama se enfrenta a una lucha constante con el Congreso (controlado por los replublicanos) intentando conseguir la aprobación de fondos relacionados con el clima.

Ernie Moniz, secretario de Energía de Estados Unidos, le dijo a los periodistas: “No quiero prejuzgar lo que obviamente será una discusión compleja con el Congreso.”

En un video para el grupo del sector privado, llamado la Coalición del Progreso en Energía, Gates, el filántropo y fundador de Microsoft, señaló que muchas tecnologías vitales, incluyendo internet, surgieron de la investigación del gobierno.

“Necesitamos la investigación básica, pero tenemos que emparejar eso con personas que estén dispuestas a financiar a las compañías energéticas innovadoras en proyectos de alto riesgo. Esa fórmula acelerará la innovación a nivel de investigación y acelerará la toma de riesgos “, dijo.

Además de Bezos de Amazon, Ma, quien construyó Alibaba en China, y Ambani, presidente de la India Reliance Industries, la lista de los multimillonarios incluye a Mark Zuckerberg de Facebook, Ray Dalio del grupo de fondos de cobertura Bridgewater y a Richard Branson de Virgin Group.

El sitio web del grupo dice que sus miembros “formarán una red de capital privado” comprometida a tomar riesgos que los inversores normales no aceptarían, buscando, sin embargo, retornos altos a largo plazo.

A principios de este año, Gates afirmó al Financial Times que planea duplicar su inversión personal en tecnologías verdes innovadoras a US$ 2 mil millones en los próximos cinco años en un intento de “doblar la curva” en la lucha contra el cambio climático. L

El camino para alcanzar un acuerdo de paz y desbloquear la situación puede resumirse en 14 palabras: Putin debe retirar sus fuerzas, y Kiev recuperar el control de su frontera oriental.

Por Timothy Garton Ash. Catedrático de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford, donde dirige en la actualidad el proyecto freespeechdebate.com, e investigador titular de la Hoover Institution en la Universidad de Stanford

(El País, 17 de Febrero del 2015)

“¡Nunca más!”, gritaron los europeos tras la Primera Guerra Mundial. Y volvió a suceder. “¡Nunca más!”, gritaron los europeos en 1945; y volvió a ocurrir. “¡Nunca más!”, gritaron los europeos después de Bosnia, en 1995; y ahora ha vuelto a pasar. Espero y dudo, en igual medida, que el acuerdo de alto el fuego de Minsk, logrado gracias a los heroicos esfuerzos de Angela Merkel, permita alcanzar la paz. Pero, aun en el improbable caso de que así sea, vean lo que ya hemos permitido que ocurra.

Otro país europeo desgarrado por la fuerza. Según los cálculos de la ONU, han muerto al menos 5.400 personas, alrededor de 13.000 han resultado heridas y 1,6 millones han tenido que abandonar sus hogares. Rusia se ha anexionado oficialmente Crimea, que formaba parte de un Estado soberano vecino. El acuerdo de alto el fuego de la semana pasada, Minsk 2, establece que Ucrania no recuperará el pleno control de su frontera oriental con Rusia hasta finales de este año, y solo si celebra elecciones en las regiones de Donetsk y Lugansk y les concede un estatus especial constitucional. También dice que el Gobierno de Kiev debe seguir pagando las pensiones, los salarios y los servicios de esas regiones. Imagínense que solo tienen permiso para cerrar la puerta posterior de su casa si ceden el cuarto de estar a una persona que les está apuntando con una pistola a la cabeza, y además deben seguir pagando sus facturas.

Las personas razonables podrán discrepar sobre la mejor forma de defenderse contra una agresión tan descarada, pero, por lo menos, no debemos hacernos ilusiones sobre lo que está sucediendo delante de nuestras narices. Vladímir Putin está retando deliberadamente a la Unión Europea con una manera de hacer política diferente, antigua y peor. La fuerza impone su razón. Lo negro es blanco. La guerra vuelve a mandar, y el derecho se arrastra como puede hasta una zanja, como un refugiado herido.

Todo ello, en un país cuya integridad territorial juraron solemnemente proteger Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña —claro que, ¿a quién le importa lo que diga hoy Gran Bretaña?— de acuerdo con el memorándum de Budapest de 1994, a cambio de que Ucrania, recién independizada, aceptara entregar uno de los mayores arsenales de armas nucleares del mundo. Cito: “La Federación Rusa, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos reafirman su compromiso… de respetar la independencia y la soberanía y las fronteras actuales de Ucrania”. Firmado por Borís Yeltsin, Bill Clinton y John Major. Imaginen la lección que este quebrantamiento de promesa enviará a otras potencias nucleares o que pretenden serlo: hagas lo que hagas, no te creas una palabra de lo que te garanticen y no renuncies a tus armas nucleares.

La ley de la jungla de Moscú contra la jungla de leyes de Bruselas. ¿Quién está ganando? “Rusia”, responde el conocido realista estadounidense John Mearsheimer. ¿Y qué podemos hacer? “Occidente debe intentar que Ucrania sea un Estado neutral que sirva de tapón entre Rusia y la OTAN. Que sea como Austria durante la Guerra Fría. Para ello, Occidente debería abandonar de forma explícita la ampliación de la Unión Europea y la OTAN”. Vale, gracias, profesor realista. ¿Quizá le gustaría encargarse usted de hacerlo? Tenemos el sitio perfecto para que celebre su cumbre de realpolitik: Yalta, donde, en 1945, Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill dieron una ambigua legitimidad a la ocupación soviética del este de Europa. Yalta, en la anexionada Crimea.

¿Qué derecho tenemos a ordenar a unos países independientes y soberanos que sean Estados tapones neutrales? Gary Kaspárov, que conoce Rusia un poco mejor que Mearsheimer, tuiteó recientemente: “Los realistas parecen tan contentos de condenar a millones de ucranios a vivir como prisioneros en un territorio ocupado. En Europa, en pleno siglo XXI”. El otro día hablé con Kaspárov sobre Ucrania. Me dijo que había estado en Kiev para conmemorar el 20º aniversario del memorándum de 1994; su opinión sobre la tragedia es audaz y original, como su forma de jugar al ajedrez. Insiste en que no se trata de un conflicto entre Ucrania y Rusia, sino entre dos Rusias, que equipara, con licencia poética, con el Rus de Kiev y la Horda Dorada.

Aunque las encuestas que muestran la increíble popularidad actual de Putin en Rusia son creíbles, no debemos cometer el error de identificar al político con el país. También Adolf Hitler gozó de enorme popularidad durante un tiempo, igual que Slobodan Milosevic. Los pueblos pueden dejarse llevar por rumbos desastrosos, sobre todo cuando una hábil propaganda sabe explotar los mitos y los agravios nacionales más arraigados. Entonces, unos años después, la gente se despierta y empieza a pagar el precio. Estar en contra de Putin no es estar en contra de Rusia. Es defender el futuro de Rusia a largo plazo y apoyar a los ciudadanos más acosados, que representan la otra Rusia.

Putin está infringiendo precisamente el principio que siempre ha dicho que debía constituir la base de las relaciones internacionales: la soberanía incondicional de los Estados. ¡Pero qué desfachatez —exclamarán—, que unos países que invadieron Irak critiquen a otros por violar la soberanía de un Estado! A lo cual respondo que tienen razón, que la invasión angloamericana de Irak estuvo mal, desde el punto de vista legal, moral y estratégico, pero que eso no es excusa para volver a hacer lo mismo en este caso.

En Siria, dirán quizá otros, tenemos unos campos de exterminio que hacen que Ucrania parezca casi un país pacífico, y la ONU habla nada menos que de 3,8 millones de refugiados. ¿Qué está haciendo Occidente al respecto? ¿Es que las vidas de los árabes valen menos que las de los europeos, las de los musulmanes, menos que las de los cristianos? Cada 15 días me despierto pensando: “¿No debería escribir sobre Siria?”. Pero, aparte de que sé mucho menos sobre Oriente Próximo que sobre Europa, lo que he aprendido de los expertos no indica ninguna forma clara de avanzar. Da la impresión de que hay demasiados grupos sobre el terreno, envueltos en el conflicto, y que cuentan con el respaldo de demasiadas potencias extranjeras (entre ellas Rusia, que apoya a Bachar el Asad).

Aquí, en cambio, a pesar de la complejidad de Ucrania, existe una manera de desbloquear la situación, que se puede resumir en 14 palabras: Putin debe retirar sus fuerzas y Ucrania recuperar el control de su frontera oriental. De modo que, a diferencia de Siria, la clave está en que un actor político cambie de comportamiento. Por supuesto, eso no detendría de la noche a la mañana a los airados separatistas que luchan en nombre de la República Popular de Donetsk. En el este de Ucrania, como en Bosnia y en Siria, la radicalización provocada por la brutalidad de la guerra ha transformado a los vecinos en enemigos. Kiev tendría que demostrar un enorme sentido político y mucha imaginación para reconstruir un Estado verdaderamente federal, en el que los que se identifican como rusos puedan volver a sentirse razonablemente a gusto. Pero el camino para alcanzar cualquier acuerdo de paz comienza con esas 14 palabras.