Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 2 de octubre de 2023
Para Lampadia

Según la Real Academia Española (RAE), parásito significa organismo… que vive a costa de otro… alimentándose de él y pauperizándolo, sin llegar a matarlo. Parásito también significa piojo. O sea, insecto que vive parásito en el hombre… alimentándose de su sangre. En pocas palabras, parásito significa lo peor.

Bueno pues, en el caso del agro peruano, claramente, EsSalud es un parásito. Es decir, una calamidad grande que aflige a una población. Un infortunio que recae pesadamente sobre las empresas agrarias y – más aún – sobre los trabajadores del campo.

Veamos porqué.

En el agro – en general – son muy comunes los trabajos temporales. Trabajos que pueden durar una semana, dos semanas, y así. Las personas trabajan unos días en un campo, otros días en otro, y así van rotando de campo en campo – y de empresa en empresa – realizando trabajos de corta duración como siembras, podas, raleos, deshojes, cosechas, etc.

En ese sentido, los trabajadores que son contratados por períodos menores a un mes ganan el equivalente al salario diario, más bonos y otras remuneraciones, multiplicado por los días trabajados. O sea, como no podía ser de otra forma, ganan por el trabajo efectivamente realizado. Es decir, ganan lo justo… lo lógico.

Dicho sea de paso, la mayoría de los trabajadores de las empresas agroexportadoras ganan muy por encima de la Remuneración Mínima Legal. La gran demanda de mano de obra genera tal situación. ¡Bien por los trabajadores y sus familiares!

Repito, los trabajadores del campo trabajan permanentemente, pero en más de una empresa. Ese es el caso de Ica, por ejemplo, donde tenemos pleno empleo y la mayor formalidad laboral a nivel nacional. Incluso, según el Índice de Competitividad Regional (INCORE), del Instituto Peruano de Economía (IPE), Ica ostenta el mejor índice de “Empleo Adecuado” en todo el país.

Así – a pesar de la alta rotación laboral – la agricultura empresarial ha generado cerca de un millón de empleos formales, en los últimos años.

Cientos de miles de jóvenes de la Sierra y Selva han migrado a la Costa para trabajar en las empresas agroexportadoras. Las remuneraciones y condiciones laborales han mejorado… y seguirán mejorando. Y en regiones como Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura, y otras, la construcción de nuevas viviendas, el comercio en sus diversas manifestaciones, y una amplia gama de servicios como transporte, alimentación, banca, educación, recreación, y demás, muestran un gran dinamismo, producto de la gran capacidad empleadora de nuestra agricultura. Sobre todo, la agricultura frutícola y hortícola de exportación.

Hasta aquí… todo bien. Mejor dicho, muy bien. Sin embargo, lo que no está bien – por no tener ninguna lógica que lo justifique – es que la base imponible mínima para calcular el aporte a EsSalud de los trabajadores del agro equivale a la remuneración de un mes completo, aún si el trabajador laborara menos días. En el extremo, un trabajador que trabaje tan sólo un día en el campo, generaría un aporte a EsSalud equivalente un mes de trabajo. O sea, EsSalud cobra por trabajos no realizados. Cobra por remuneraciones no percibidas. O sea, un sinsentido absoluto.

Pero eso no es todo. ¡Bueno fuera que EsSalud brindara un servicio oportuno y de buena calidad! Pero… ¡nada que ver! ¡Tan malo es el servicio de EsSalud, que los trabajadores del campo prefieren no utilizar sus servicios, y recurren – forzosamente – a clínicas y centros de salud privados, gastando más de la cuenta, injustamente.

Peor aún, la perniciosa disposición de tener que pagar mes completo por trabajos de menor duración, cuesta mucho dinero, lo cual está propiciando más informalidad – más de la que hay – en el sector agrario. Las planillas han subido significativamente – e injustificadamente – a favor de EsSalud, sin ningún beneficio para los trabajadores.

O sea, el Estado – en este caso EsSalud – en vez de propiciar la formalización de los trabajadores del campo, está precarizando el empleo en el sector. ¿Resultado? Muchas empresas pequeñas y medianas están abandonando la formalidad, para pasar a la informalidad laboral. O sea, ahora tenemos más trabajadores mal remunerados, sin ningún seguro de salud, ni ningún beneficio social como pagos por vacaciones, gratificaciones, pensiones, y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). ¡Increíble!

Recapitulemos. Parásito: organismo que vive a costa de otro, alimentándose de él y pauperizándolo, sin llegar a matarlo. ¡Eso es EsSalud! Piojo: insecto que vive parásito en el hombre, alimentándose de su sangre. ¡Eso es EsSalud! Calamidad grande que aflige a una población. ¡Eso es EsSalud! Infortunio que recae pesadamente sobre las empresas agrarias y – más aún – sobre los trabajadores del campo. ¡Eso es EsSalud!

Ay EsSalud maltratadora, indolente, inoperante, corrupta y – por si fuera poco – parásita… ¡cuánta plata te estás metiendo al bolsillo, injustificadamente, a costa los trabajadores del campo! Lampadia

Dr. Marco Almerí
Cardiólogo Clínico
Experto en Salud Pública
Para Lampadia

En su reciente Mensaje a la Nación la presidenta Boluarte anunció una INVERSION HISTÓRICA EN SALUD para la construcción (no dijo equipamiento) de 6 Hospitales al costo de 7,000 millones de soles.

Es decir, cada Hospital a un monto promedio de 1,166 millones de soles, CIFRA ASTRONÓMICA toda vez que tenemos experiencias en Perú, de construcción de Hospitales a precios muy inferiores.

El Barton es un Hospital Modelo, con más de 200 camas para hospitalización, interconectado digitalmente, con Historia Clínica digital, el laboratorio más moderno de Sudamérica y 8 Salas de Operaciones, UCI, UCIN, Sala de Hemodiálisis, EMG Pediátrica, EMG de adultos con 50 camas y 60 consultorios externos, toda esta construcción demoró 2 años (2012 – 2014)

CONSTRUIR y EQUIPAR el Barton tuvo un costo de 150 millones de soles.

El Barton está muy bien equipada y atiende exitosamente a 250,000 peruanos.

Es decir que, con 7,000 millones de soles podríamos CONSTRUIR, pero además EQUIPAR: 46 Hospitales como el Barton y la Presidenta dice que sólo se harán 6 hospitales con esta multimillonaria inversión a la que ha llamado HISTÓRICA.

Ciertamente es histórica porque nunca nos costó tanto construir un hospital.

IMPORTANTE: Estos Hospitales se construirán en: Piura, Trujillo, Apurímac, Andahuaylas, Arequipa y Puno, lugares donde ya existen Hospitales pero que requieren renovación de equipos, mantenimiento y más personal de salud.

Barton es una APP (Asociación Pública Privada) modo Bata Blanca.

ESSALUD paga al Barton por TODO CONCEPTO un pago único de 350 dólares al año por cada asegurado (sistema capitado), este dinero bien gestionado sirve para dar una atención de mucha calidad a todos los pacientes.

El Hospital Angamos de ESSALUD gasta en promedio por cada asegurado 400 dólares al año.

¿Cómo ESSALUD supervisa al Hospital Barton?

En el contrato se estableció 41 CRITERIOS DE EVALUACION que de no cumplirse se impone PENALIDADES económicas a la empresa, aquí algunos ejemplos:

• Cada 3 meses se realiza una encuesta entre los asegurados para medir la satisfacción y debe estar por encima del 90%, la empresa contratada por ESSALUD para esto, es la empresa encuestadora ARELLANO.
• Los pacientes nuevos no pueden esperar más de 5 días para obtener una cita y los sucesivos no más de 10 días.
• Todos los procedimientos médicos: tomografías, radiografías, ecografías, laboratorio y demás deben hacerse en un plazo máximo de 10 días.
• La Farmacia debe tener al menos el 99% de todos los medicamentos del petitorio.

No llega a ser perfecto, pero se acerca, siempre hay problemas por resolver, pero estoy seguro que funciona bien.

DATO IMPORTANTE: Aquí no existe trabajador CAS, Todos los colaboradores están en planilla con contrato indefinido.

POR PRIMERA VEZ en el Perú y América Latina este hospital, el 2024 RENOVARÁ todos sus equipos e instrumentales médicos, para actualizar la tecnología, seguir a la vanguardia y atender mucho mejor aún a los pacientes. Lampadia

Alonso Rey Bustamante
Para Lampadia

Se ha escrito mucho sobre los beneficios que ha tenido la Ley de Promoción Agraria publicada en octubre del 2000 y los abusos que ha tenido esta norma contra los trabajadores por los beneficios sociales no otorgados, contra las empresas por los beneficios tributarios y otros beneficios recibidos como por ejemplo el pago de la contribución de Essalud. Creemos que es necesario hacer un poco de historia para ver si aprendemos de nuestros errores del pasado.

1.- En los años 60´s solo exportábamos pocos productos agrícolas y ellos eran azúcar, algodón y café los más representativos; y, Perú era conocido por su alta calidad de algodón.

2.- Vino la reforma agraria y empezaron a cambiar lo que funcionaba bien que era la agricultura, para ello expropiaron las tierras a los propietarios y se las entregaron a cooperativas y campesinos que ellos si trabajaban las tierras, según su falso discurso. Resultado un fracaso absoluto, tanto así que terminamos importando azúcar por las ineficientes cooperativas. Además, estas cooperativas y muchos campesinos dejaron de pagar impuestos y se robaron hasta lo que no tenían.

Por ejemplo, en azúcar se producía 8,050 TM en el año 1970 y en el año 1980 producíamos 5,600 TM. En el caso del algodón se exportaba 113,892 TM en el año 1966 y en el 1977 exportamos 21,482 TM, tenemos que ser estúpidos para cambiar lo que funciona, y de esos ejemplos muchos como las empresas públicas.

3.- En los 80 recuperamos la democracia, pero no se hizo nada por la agricultura, por el contrario, se permitió el avance del terrorismo y la población campesina se vio obligada a migrar a las ciudades para escapar del terrorismo. En consecuencia, se abandono el agro por completo.

4.- En los 90 no se desarrolló ni se promovió la agricultura como debió hacerse. Sin embargo, se combatió al terrorismo que permitió el regreso a las tierras por los agricultores.

5.- En el 2020 se promulga la Ley hoy derogada con muchos beneficios que no sólo los agricultores la conocen, sino los trabajadores y proveedores que trabajan o prestan servicios para ellas. Pero nadie ha salido a defender a las mujeres que son las mayores beneficiadas con un trabajo digno y no dependientes de sus maridos o convivientes, es mas lograron su independencia económica. Más del 50% de las labores manuales la realizan las mujeres. Ahora ellas eligen el mejor lugar para trabajar.

En el 2019 se produjo 10,929 TM de azúcar, imagínense como se hubiera desarrollado el agro sino realizábamos los cambios absurdos que se hicieron en los últimos 40 años del siglo XX.

Algunos autores se rasgan las vestiduras por los beneficios otorgados a la agricultura y regañan de los principios del MEF al aceptar beneficios tributarios al sector agrícola, que de por sí es un sector que genera trabajo descentralizado y rural. Pero veamos para los economistas las cifras que ha generado el empleo en el sector agrícola y comparémosla con el sector textil en los mismos años. Ojalá los estúpidos que quieren cambiar cosas cuando funcionan se den cuenta de tamaña estupidez. Luego citaremos a Cipolla, gran economista.

El sector textil entre los años 2004 y 2018 ha generado un incremento de trabajadores del 5.39% en total y en su mejor momento en el año 2008 del 24%, con muchas pérdidas de trabajo durante los últimos12 años. Esto lo pueden apreciar del cuadro abajo (Cuadro I)

Cuadro I

El sector agroindustrial por el contrario entre los años 2004 y 2018 ha generado un incremento de trabajadores del 43% y sobre todo de forma descentralizada en todo el Perú. (Ver Cuadro II abajo).  ¿Por qué, se habrán preguntado?

Cuadro II

En ambos casos, tanto textil como agrícola, son trabajadores formales y tienen los beneficios sociales y el seguro social, que no sirve de nada por que a los trabajadores agrícolas se encuentran tan lejos de un centro de salud de Essalud, que no lo utilizan. Por ello al empleador le resulta mejor prestar el servicio él que el trabajador se enferme y logre llegar a un centro de Essalud. Es decir, los empleadores agroindustriales pagan por un servicio que NO reciben, como muchos otros empleadores.

En el caso textil como ha evolucionado las exportaciones del año 2000 al 2019, como se puede apreciar del Cuadro III las exportaciones se incrementaron en 194% en esos años. Es falso el argumento que el TLC con Estados Unidos haya beneficiado el incremento de las exportaciones. Ello se puede apreciar fácilmente, si bien ayudan a las empresas a colocar sus productos en otros mercados, no son el único incentivo que requieren para exportar más.

Cuadro III

Ahora veamos el sector agrícola que gracias a la Ley de Promoción se ha desarrollado y crecido no sólo por los TLC sino por que la Ley estaba bien concebida en el sentido que se requiere una flexibilización laboral, se requiere menores impuestos, se requiere inversión privada y mucho menos Estado. Como podemos apreciar del Cuadro IV las exportaciones agrícolas crecieron de los años 2000 al 2019, 1,104% es decir se multiplicaron por 11.04 y ello fue por que la Ley fue concebida y dio resultado no por haber suscrito un TLC.

Cuadro IV

Ahora bien, a pesar de los resultados no sólo en generación de trabajo sino en exportaciones, lo que resulta evidente ante cualquier persona (no estúpida), que la actividad agrícola ha sido un ÉXITO y ello no se puede ocultar.  No sólo la agricultura debería tener estos regímenes sino todos los sectores. Porque no lo ampliamos a todos los sectores para ver si tenemos el éxito de la agricultura, por cuanto con los regímenes vigentes ya sabemos que nuestro sistema tributario, laboral y de permisología no funcionan y una muestra de ello es que el sector informal en el Perú es del 60% o más.

Por lo expuesto, nos preguntamos ¿si algo funciona exitosamente y da resultados positivos, una persona NO estúpida se le ocurriría cambiarlo o destruirlo? La respuesta es lógica no se toca por que funciona bien, sin embargo, en el Perú eso no es correcto y allí entra uno de nuestros autores preferidos el economista Carlo Cipolla que dice que existe cuatro tipos de individuos en la sociedad, según el beneficio o el perjuicio que generan para el resto de las personas y para sí mismos. El los define como:

• Inteligentes: benefician a los demás y a sí mismos.

• Incautos: benefician a los demás y se perjudican a sí mismos.

• Bandidos: perjudican a los demás y se benefician a sí mismos.

• Estúpidos: perjudican a los demás y a sí mismos.

Para concluir como calificaría usted lector a nuestros congresistas, de acuerdo a la definición de Cipolla, que han cambiado el régimen que si funcionaba y era exitoso. Para finalizar como es costumbre “Donde termina la razón empieza el Perú”. Que pena. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 26 de junio de 2020
Para Lampadia

Un tema tabú es como un secreto a voces. Todo el mundo lo sabe, pero nadie se atreve a hablar de él públicamente. Lo políticamente correcto – o incorrecto – tiene mucho que ver en el asunto.

Veamos. El fracaso de la Ley General del Trabajo… es un tema tabú. El desmedido crecimiento burocrático del Estado peruano durante los últimos 15 años… también. El fracaso de las empresas municipales de agua y saneamiento. La corrupción en la salud pública. El fracaso de la regionalización. La proliferación de las burocracias distritales en todo el país. Las mafias municipales que promueven las invasiones de tierras. La inoperancia del Estado en materia de administración de justicia. La precariedad del Congreso de la República. La corrupción en el Jurado Nacional de Elecciones. La redundancia institucional en el Estado. El chantaje periodístico en todo el país. La infiltración del narcotráfico en el Estado.

La política peruana está llena de temas tabúes. Sin embargo – en aras del bien y la justicia – es mejor cantar las verdades, aunque resulte políticamente incorrecto. Siempre – por supuesto – proponiendo soluciones para corregir los problemas. Además… ¿no es acaso la ciudadanía la gran perjudicada de los temas en cuestión?

Precisamente por ello – por los trabajadores informales…. jóvenes, sobre todo – hay que flexibilizar la legislación laboral. La Ley General del Trabajo – seamos sinceros – es la madre del cordero de la informalidad laboral en nuestro país. ¡Qué importa que chillen las élites laborales formales! La pregunta es ¿cómo formalizar a 12 millones de peruanos que trabajan en condiciones informales? ¡Ese es el reto!

El tema del agua potable no da para más demagogia. Hay que seguir el ejemplo de las concesiones de otros servicios públicos, supervisados por el Estado; como la telefonía, la electricidad, el gas domiciliario, etc. El objetivo es llevar agua potable a la población, a precios razonables. El objetivo no debe ser – tal como ocurre actualmente – mantener las burocracias enquistadas en las empresas municipales de agua y saneamiento… fallidas. Y lo mismo hay que hacer con el recojo de basura y tratamiento de residuos sólidos.

Por el lado de la salud pública, hay que replicar en todo el país las exitosas experiencias de los hospitales Alberto Barton del Callao, y Guillermo Kaelín de Villa María del Triunfo – de la red de hospitales de EsSalud – donde empresas especializadas se encargaron del diseño, construcción, equipamiento, y operación y mantenimiento de los hospitales. Aquí la palabra final la tienen los pacientes y sus familiares. Y las palabras más recurrentes de parte de los pacientes de estos hospitales son: satisfacción, gratitud, aprecio, y otras por el estilo.

Y termino – por cuestiones de espacio – con las mafias municipales distritales. Me refiero a las que promueven invasiones de tierras para la instalación de asentamientos humanos sin ningún criterio urbanístico. Es decir, viviendas de esteras o de cartón… sin agua, sin luz, sin parques ni áreas de recreación, sin escuelas, sin postas médicas, sin comisarías, etc. En síntesis, la indignidad humana en su máxima expresión.

Ante ello, hay que quitarles a las municipalidades distritales la competencia de otorgar certificados de posesión de terrenos. Simplemente, porque en la mayoría de los casos, son los propios alcaldes – y sus regidores – los promotores de dichas invasiones, para lucrar indebidamente con todo lo que sigue a continuación: ventas de esteras y agua en cisternas, titulación de las propiedades invadidas, servicios de seguridad y vigilancia, y otros negocios de baja estofa.

La solución a este respecto pasa por la creación de una autoridad nacional autónoma cuyo fin único sea el de desarrollar – a nivel nacional – urbanizaciones populares para acoger a cerca de un millón seiscientas mil familias peruanas que carecen viviendas dignas. Demás está decir que el financiamiento de este vasto programa urbanístico no requeriría de fondos públicos por cuanto el mismo dinero que cobran las mafias de las invasiones de tierras, alcanzaría – y sobraría – para financiar el proyecto urbanístico en mención.

En fin… estas son ideas – solo ideas – respecto de ciertos temas tabúes de la política peruana. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Un indicador clave para establecer la eficiencia de un sistema de salud pública y la medida en que proporciona bienestar, es el porcentaje de pacientes que se lleva todos sus medicamentos gratis.

• Según la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud 2014, el 52% de los pacientes del SIS no encontraron los medicamentos recetados, sea porque no había en farmacia pese a que el SIS sí los cubre (35,1%), sea porque el SIS no los cubre (16,8%).
• Según la encuesta de Susalud del 2016, solo un 60% de los pacientes recibió sus medicamentos completos en los establecimientos del MINSA.

La consecuencia es el elevado gasto de bolsillo de los peruanos en la compra de medicinas, que llega al 40% del mercado.

Pero esa elevada brecha de entrega de medicamentos contrasta con los números de Essalud en Lima, donde un 95% de los asegurados se lleva de manera gratuita todos los medicamentos que les recetan.[1]

¿Cuál fue el secreto de Essalud en Lima? Pues haber contratado con una Asociación Público Privada (APP), SALOG, que desde hace 10 años se encarga de la distribución de medicamentos en virtud de un contrato que establece 12 indicadores de funcionamiento y 166 puntos de penalidad. Es decir, si no cumple con las metas e indicadores establecidos, la empresa recibe penalidades económicas. Por ello alcanza altos niveles de satisfacción. Eso, por supuesto, no ocurre con CENARES, la unidad logística del Ministerio de salud encargada de adquirir y distribuir medicamentos. CENARES no recibe ninguna penalidad por incumplimiento de metas e indicadores, que tampoco existen.

Una evaluación externa[2] realizada por Videnza Consultores encontró altos niveles de abastecimiento en los almacenes y farmacias de los hospitales de tres redes de Essalud (ver siguiente cuadro). No se llega al 100% por falta de stock en el almacén central de Essalud, que es la que compra los medicamentos según la demanda señalada por la APP.

¿Alguna evaluación similar se ha hecho a CENARES? Por supuesto que no. La pregunta cae de madura: ¿por qué Essalud no aprovechó la reciente renovación del contrato con SALOG por 10 años más para extender el servicio a provincias? ¿Y por qué el MINSA se propone ahora potenciar CENARES en lugar de optar por una APP que garantice una logística de medicamentos óptima?

Fiorella Molinelli, presidenta de Essalud, me explicó que no se pudo extender el contrato para cubrir provincias “porque se requiere nuevo concurso, pues la concesión es por área geográfica. Mi meta es tener operador logístico para todo el país y allí nada impide que SALOG se presente. El problema es que ProInversión no avanza nada. Estamos viendo cómo podemos hacerlo directamente sin pasar por ellos”.

Hicimos la misma pregunta al ministro de salud, Víctor Zamora, y al viceministro Víctor Bocángel, pero no obtuvimos respuesta.

Las ventajas de una APP no estriban solo en la exigibilidad del servicio bajo pena de multas o rescisión del contrato. Sino en su capacidad tecnológica. Rogerio Marcondes, gerente de SALOG, nos explica que su APP maneja, por ejemplo, una plataforma digital para calzar la demanda con la oferta en tiempo real (“just in time” en lugar de “just in case”), conectando las prescripciones médicas con el consumo efectivo y el stock existente. Es un sistema que optimiza los recursos. A partir de un estudio hecho por la Universidad de Berkeley e Innovations for Poverty Action (IPA) para tres redes de Essalud en Lima,[3] se puede estimar un ahorro de 100 millones de soles de ahorro en medicamentos por año en Lima.

Marcondes nos informa que, además, en la pandemia SALOG ha tenido la capacidad de ampliar la cobertura de algunos servicios. Por ejemplo, darle impulso al programa de atención domiciliaria (PADOMI) llevándoles medicamentos a los asegurados a sus casas, pasando de 22 mil pacientes a 40 mil. Antes esas personas tenían que ir a una farmacia de Essalud, y en ocasiones no podían siquiera desplazarse. Y dado que, con la pandemia, muchos establecimientos de Essalud se cerraron, tuvieron que potenciar el programa Farmacias Vecinas, por el cual los pacientes con enfermedades crónicas que reciben su receta llaman a una central operada por SALOG, que les indica en qué farmacia privada cercana a su casa pueden recoger sus medicinas. SALOG lleva los medicamentos a la farmacia. En un año han pasado de 4 mil a 30 mil pacientes. Tienen 200 puntos de entrega (farmacias) en Lima.

Además “hemos enviado 400 toneladas de medicamentos a provincias, entregándolas debidamente certificadas y embaladas, en el Grupo 8, pese a que esas localidades están fuera de nuestra área de concesión”, indica Marcondes.  

Tenemos que adoptar lo que funciona bien y descartar lo que no funciona. En el tema de la logística de medicamentos, vital para la salud y el bienestar de los peruanos, no se puede improvisar ni insistir en esquemas que han probado su ineficiencia y su alta vulnerabilidad a la corrupción. El Ministerio de salud tiene que concesionar –no la compra de medicamentos- pero si la logística de distribución y entrega a los pacientes. Para que todos se salgan del establecimiento con la receta completa de medicamentos gratis. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Los retos que impone al Estado y a la sociedad la contención del coronavirus podrían ayudarnos a convertir esta crisis en oportunidad si aceleramos los cambios necesarios e incluso damos respuestas creativas y lanzamos cruzadas que rompan los moldes tradicionales.

Reforma del SIS y de la salud

Por supuesto, el virus nos coge con servicios de salud muy deficientes, sin que hayan sido reformados. Lo más importante, claro, son las políticas de distanciamiento social, pero estas se extreman, en parte, por la precariedad de nuestro sistema de salud. Acondicionar en la emergencia los hospitales supone, nos dicen los doctores Patricia García y Moisés Rosas, comprar urgentemente equipos respiradores y equipos de bioseguridad para la protección del personal, y capacitarlo para manejar los protocolos. También ventiladores mecánicos, sistemas de ventilación con extracción.  

Pero esta experiencia debería servir para reformar de una vez el sistema de salud, no solo para estar preparados siempre ante una emergencia, sino para atender a la población en sus problemas corrientes de salud, acaso más letales que el coronavirus. Se supone que el sector se encuentra justamente trabajando un nuevo modelo de gestión y de pago en el SIS no solo para poder atender a los 4 millones de peruanos adicionales que tienen ahora cobertura, sino para atender bien a los asegurados actuales, que en un porcentaje apreciable no se llevan sus medicamentos gratis ni se les resuelve el problema de salud. Es indispensable pasar a un modelo por el cual el SIS pague a los establecimientos no por número de atenciones como es ahora –incentivando el sobregasto y la corrupción- si no por el logro de metas relacionadas esos dos objetivos: porcentaje de pacientes que se llevan todos los medicamentos gratis y que resuelven su problema de salud.

Este es el momento para hacer esa reforma, así como otras vinculadas al intercambio prestacional con Essalud y a la integración de todos los prestadores –incluyendo los privados- en las redes sanitarias. Y concesionar hospitales.

Es el momento para establecer una estrecha colaboración público-privada no solo en la prestación, sino en el abastecimiento de medicamentos e insumos. La reforma de la Digemid, núcleo de trabas y demoras para el otorgamiento de registros sanitarios, cae de madura.

Agua potable, EPS y agua purificada

Otro tema que ha saltado a la vista es el hecho de que más de 7 millones de peruanos no pueden cumplir con la recomendación básica del frecuente lavado de manos con agua y jabón para prevenir el contagio, por la sencilla razón de que carecen de agua potable corriente en sus casas, a los que hay que agregar los millones que solo disponen de agua potable domiciliaria pocas horas al día. Son 2.5 millones en zonas urbanas y 4.8 millones en zonas rurales que consumen agua no potable proveniente de la red pública, según el Instituto de Economía de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima.

Esto ocurre pese a que el Estado gasta 5 mil millones de soles al año en obras de agua y saneamiento, dinero que literalmente se echa al agua porque la mayor parte de las empresas municipales de saneamiento (EPS) están muy mal gestionadas o son corruptas y son incapaces de mantener las redes de agua y plantas de tratamiento. El resultado es que hay obras que no se terminan o se terminan y no se mantienen. Esto es un crimen en un país pobre como el nuestro. Es el momento, entonces, de tomar el toro por las astas y hacer lo que se debe que hay que hacer: intervenir esas empresas, agruparlas quizá por regiones y concesionar algunas de ellas cuando el Estado no tenga la capacidad de gerenciarlas. Lo que interesa es que la gente tenga agua de calidad.

También podría organizarse una cruzada de voluntarios para llevar agua limpia y purificada a las familias rurales y urbano marginales. Existen tecnologías bajo costo para purificar el agua e incluso para extraer agua de la niebla, que aparentemente están fuera del radar del ministerio de Vivienda. Por ejemplo, el nano filtro, que cuesta 300 soles y que se puede instalar a partir de un minireservorio familiar que de agua para la agricultura y también para consumo del hogar, tal como lo hace Sierra Productiva de Carlos Paredes. No se necesita grandes proyectos de plantas de agua potable que cuestan caro luego se abandonan.

Lo mismo se puede hacer en las escuelas rurales, la mayor parte de las cuales carecen de agua potable.

Habría que convocar a expertos para ver qué soluciones podrían aplicarse en los cerros de Lima, por ejemplo.

Por supuesto, la pandemia es la ocasión, también, para instaurar la cultura de la salubridad e higiene en todos los locales públicos y privados, y en las personas.

Teletrabajo y formalización laboral

El tema más inmediato es, como ya saltó, el teletrabajo. Pero, escribe el laboralista Germán Lora (El Comercio, 11-3-20), “nos damos con la ingrata realidad de la poca flexibilidad para la utilización de esta figura, pues además de exigir un acuerdo por escrito, se requiere una capacitación previa y el establecimiento de un monto de compensación económica, entre otros aspectos formales”. Podría darse un decreto de urgencia para facilitar esta figura que, luego, pasada la emergencia, permita acelerar la adopción de una modalidad que ya es tendencia mundial y puede tener impactos muy positivos en el rendimiento laboral y en la vida familiar.

Esto nos lleva al tema de la necesidad de retomar el objetivo de la formalización del trabajo. La informalidad sencillamente no puede practicar el teletrabajo, como es obvio. Un trabajo formal protege mucho más que uno informal, incluso y sobre todo frente a situaciones como la que vivimos. Como señala José Ignacio Beteta de Contribuyentes por Respeto, para eso se deberían reducir cargas a las planillas, que hay varias que son inútiles. “Quitando carga a la planilla, se alivia esta crisis”, escribió. Es hora de pensar en quienes no tienen derechos laborales.

Sistema de pensiones

Hugo Coya (El Comercio 14-3-20) hace notar cómo el avanzado sistema de protección social europeo a los adultos mayores o ancianos, que son las principales víctimas de esta pandemia, no alcanza para protegerlos, y sufren situaciones límite. Pues bien, en el Perú ni siquiera tenemos sistema de pensiones, y lo que tenemos lo estamos destruyendo con leyes como la del 95.5. Mejor dicho, menos de la tercera parte de la población accede o accederá a una pensión, y una parte de ese pequeño porcentaje ni siquiera la tendrá porque la habrá retirado íntegramente al cumplir 65 años o antes.

Urge aprobar una reforma integral del sistema de pensiones, que incluya la propuesta de Lampadia de que todo ciudadano a partir de los 18 años aporte automáticamente a su cuenta individual pensionaria un pequeño porcentaje del IGV que paga cuando compra algo. Esto no solo universalizaría el sistema, sino que llevaría a una mayor formalización porque todos demandarían facturas. Sería una innovación global.

Colaboración público-privada

Todo esto nos debería llevar a institucionalizar la colaboración público privada en general para facilitar la inversión privada en todos los sectores de la economía, como una manera de remontar el golpe que nuestra economía va a sufrir como consecuencia precisamente de las medidas de contención que se están adoptando. Es el momento de unir al país, y parte de la unión es también la que debe haber entre el sector público y el privado. Sería un cambio cultural. No podemos tener ministros o ministras enfrentados a sus sectores productivos. Las mesas ejecutivas son una buena experiencia. Deberían generalizarse.

La magnitud del desafío obliga a pensar fuera de la caja y de los moldes tradicionales de actuación.

Amen.
Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura Institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos nuestro video semanal esta vez sobre los planes y retos de ESSALUD.

Participan Alfredo Barredo, gerente general de ESSALUD, como invitado, y Jaime de Althaus y Gonzalo Prialé.

Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

En la agenda del sector Salud ha emergido un nuevo tema: la conformación de un Fondo para enfermedades de alto costo que asegure la cobertura a pacientes para los cuales el costo puede ser catastrófico.

Fuente: Semana

La propuesta fue presentada por Janice Seinfeld en un Simposio organizado recientemente por Alafarpe, Videnza Consultores y la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Parte de la constatación de que las enfermedades neoplásicas son la primera causa de mortalidad en el Perú, y que los peruanos enfrentamos un mayor riesgo de gasto catastrófico y empobrecedor (9.1% de las personas tiene ese riesgo) que las personas en los otros países de la Región. Es decir, un gasto que lleva a las familias a la pobreza.

Ya existe el llamado Fondo Intangible Solidario en Salud (FISSAL) que cubre siete cánceres (cuello uterino, mama, colon, estómago, próstata, leucemias y linfomas), insuficiencia renal crónica (hemodiálisis y diálisis peritoneal), enfermedades raras y huérfanas y procedimientos de alto costo (Trasplante renal, hepático y de médula ósea), que ha tenido, además, un financiamiento creciente del Tesoro Público. Essalud por su parte ofrece un plan ilimitado.

Pero, en realidad, según Seinfeld lo que ocurre es que la brecha de atención es muy alta. El sistema atiende con 2,000 millones de soles las enfermedades de alto costo, pero, según sus cálculos, queda por financiar una brecha que asciende a 3,506 millones de soles.[1] Y ello se debe en parte a que el gasto del Estado en Salud, si bien ha venido subiendo, es de solo 3.2% del PBI, cuando debería ser 6% según la OMS.

De otro lado, el FISSAL solo atiende a los afiliados al SIS (que son, sin embargo, 18 millones de personas) y no es en realidad un Fondo autónomo propiamente dicho sino una partida presupuestal que carece de un financiamiento garantizado.

Un Fondo público no estatal propiamente dicho podría mancomunar fondos (que pueden venir de distintas fuentes), tendría alcance universal, funcionaría como una entidad autónoma que define claramente un plan de beneficios y una cobertura bien determinada, trabaja con tecnologías de la salud bien seleccionadas y ahorra negociando como comprador único con proveedores de servicios, tecnologías y medicamentos, y contrata prestaciones a establecimientos (IPRESS) especializados.

El Fondo se financiaría con el aporte correspondiente de las distintas entidades y fondos existentes (2,000 millones), pero, ¿cómo financiar esa brecha de 3,500 millones de soles? Seinfeld propone dos fuentes. Una, tomar parte de la recaudación tributaria anual por ISC en bienes distintos a combustibles, que suma S/ 4,294,834,661. Y la otra, restablecer el 9% de contribución por las dos gratificaciones mensuales que fueron exoneradas hace unos años, y tomar parte de eso. 

Sin embargo, somos de la opinión de que como condición para crear este Fondo y agregar más gasto a un sistema que funciona mal, habría que mejorar el sistema de Salud mismo. El SIS requiere una reforma de base que cambie el modelo de pago a las entidades prestadoras, de modo de no seguir premiando el número de atenciones, que multiplica el gasto y engendra corrupción, sino los resultados: personas que resuelven sus problemas y que llevan el íntegro de sus medicamentos gratis. Ese modelo de pago por resultados fue aplicado con éxito por el Dr. Moisés Rosas, y luego abandonado. Consiguió mejorar sustancialmente el servicio con menos recursos, pues no incentiva la proliferación de atenciones y exámenes, sino resolver el problema de salud. De modo que, si se volviera a aplicar, tendríamos dinero sobrante para el Fondo de enfermedades de alto costo que se propone.

También habría que mejorar las capacidades de las entidades que estudian y seleccionan las tecnologías de la salud, o unificarlas. Y reformar la Digemid, para que incorpore medicamentos innovadores de manera oportuna. Sin estos cambios, la creación de un Fondo como el propuesto difícilmente tendrá altos niveles de eficiencia y calidad en un contexto plagado de dispendios y corruptelas. Lampadia

Moisés Rosas
Para Lampadia

Hace ya varias semanas, se ha conocido el porcentaje de niños entre 6 a 36 meses de edad que habrían sufrido anemia en Perú durante el primer semestre del 2019. Es un tema que nos afecta a todos, porque su evolución es un indicador importante de gestión sectorial e intersectorial, así como de efectividad de los programas gubernamentales, entre muchas otras cosas. Sin embargo, parece que la noticia ha sido poco comentada por los expertos y por los medios.

Según el INEI, la prevalencia de anemia infantil en Perú para el primer semestre de 2019 fue 42.2%. Según el propio INEI, en términos estadísticos, comparada con el 43.5% del 2018, se trata de una disminución sin valor estadístico, es decir, probablemente no es real. En términos prácticos, se puede afirmar que la diferencia lograda de ‑1.3% es muy pequeña en relación con el tremendo despliegue que se habría realizado para combatir este flagelo.

A ese ritmo, aun cuando esa pequeña diferencia a la baja fuera real, nos tomaría entre 15 a 25 años disminuir a 20%, cerca de la meta oficial planteada. Casi una generación.

Fuente. Encuesta ENDES 2019-1, INEI.

Es importante tener en cuenta que aún falta la mitad de la muestra de la ENDES correspondiente al segundo semestre del 2019. Pero ello no significa que debemos esperar que el descenso anual sea el doble de ‑1.3%, es decir ‑2.6%. Siempre es posible, aunque por el modesto resultado alcanzado a la fecha, es poco probable.

Sin embargo, algunos resultados son alentadores: la tendencia a la disminución es en el sentido correcto; la mayor diminución ha ocurrido en la selva urbana, en donde ha disminuido ‑6.3% desde 48.0% en el 2018. Asimismo, la disminución en el ámbito del programa Juntos (‑3.1%) y en los niños del programa Juntos (‑3.9%) ha sido más pronunciada que en el promedio nacional, lo que sugiere una administración adecuada a pesar de no haber alcanzado significación estadística, probablemente debido al pequeño tamaño de muestra. Por su lado, el porcentaje de niños entre 6 a 8 meses de edad que consumieron suplemento de hierro en los 7 días antes de la encuesta subió 9.1%: sí señor, casi 10%. Sin embargo, por tratarse de poblaciones pequeñas, estos avances no logran arrastrar el promedio nacional.

Los resultados parecen sugerir que es necesario revisar fundamental y conceptualmente la estrategia, porque pese a los recursos invertidos, no se está avanzando con la velocidad que se esperaría. Recordemos que ya el 2018 la prevalencia de anemia (43.5%) disminuyó solo 0.1% en relación al 2017, que fue 43.6%.

Finalmente, es necesario señalar que estas tendencias son nacionales y no dependen solo del MINSA, sino de todos los subsistemas, sean ESSALUD, las fuerzas armadas y policiales, privados, etc. Se requiere revisar la estrategia y coordinar los esfuerzos sectoriales e intersectoriales. Podríamos consolidar buenos resultados para este fin de año. Fuerza Perú. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Como sabemos, hace unas semanas el presidente Martín Vizcarra inició una campaña en defensa de la salud orientada a que las farmacias vendan una mayor proporción de medicamentos genéricos “para que la población de escasos recursos pueda acceder a los medicamentos”, y envió un proyecto de ley al respecto al Congreso. En su mensaje de 28 de julio insistió: “¡no es posible que los peruanos continuemos pagando los precios más elevados por las medicinas en comparación con otros países! …, los medicamentos forman parte del derecho humano a la salud y no una mercancía”. Ver en Lampadia: Mentira presidencial.

Sin duda, el acceso a medicamentos baratos y de buena calidad es clave para el bienestar de la gente. Y es probable que las cadenas de farmacias puedan vender una proporción algo mayor de genéricos puros en comparación a los de marca, pero, como veremos, el problema central está en los establecimientos públicos que, debido a ineficiencias y corrupción, no tienen los medicamentos en suficiente cantidad.

Digemid se demora demasiado

Como demuestra un estudio de Ipsos realizado en 7 países de América Latina, los medicamentos genéricos en el Perú son, en realidad, los más baratos de la región, pero en parte debido a que no hay estudios de bio equivalencia, es decir, a que no está garantizado que sus efectos sean similares a los originales. Allí está el problema: no en el precio, que es bajo, sino en la calidad. La Digemid recién está haciendo estudios de bioequivalencia para 7 moléculas, cuando en realidad son 1,500.

• Se importa genéricos de países sin alta vigilancia sanitaria, sin calidad comprobada –por eso son baratos-, pero cuando se quiere importar de países de alta vigilancia sanitaria o con certificaciones comprobadas, donde el registro debería ser automático, la DIGEMID se demora meses o años en revisar los expedientes de bioequivalencia para otorgar el registro sanitario.  

Los bajos precios relativos de los medicamentos y genéricos en el Perú han sido comprobados además por un estudio hecho en Chile: “Análisis Comparativo de Precios de Medicamentos en América Latina” realizado por Roberto Álvarez y Aldo González del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, que concluye lo siguiente:

“A nivel agregado y en salida de farmacia, el ranking de país más barato a más caro es el siguiente: 1° Perú, 2° México, 3° Argentina, 4° Chile, 5° Colombia y 6° Brasil. En innovadores, Argentina y luego Perú serían los países con menores precios a público final. En productos similares o genéricos de marca los precios más bajos a público se encuentran en México y Argentina, mientras que para genéricos puros, Perú y luego Chile serían los más baratos”. 

Problema está en los establecimientos públicos

Pero el problema central está, como decíamos, en los establecimientos públicos. La población de “escasos recursos”, como dice el presidente, debe tener acceso a medicamentos no baratos sino gratuitos, y en los establecimientos de Salud del Estado. Y eso no ocurre no por falta de recursos sino por diversas corruptelas que el presidente debería conocer para combatirlas, dándole así un contenido concreto y eficaz a su lucha contra la corrupción.

Según la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud 2014, el 52% de los pacientes del SIS no encontraron los medicamentos recetados, sea porque no había en farmacia pese a que el SIS sí los cubre (35,1%), sea porque el SIS no los cubre (16,8%). Según la encuesta de Susalud del 2016, solo un 60% de los pacientes recibió sus medicamentos completos en los establecimientos del MINSA.

Si consideramos que los afiliados al SIS representan alrededor del 54% de la población peruana, y quienes están en Essalud otro 36%, resulta que cerca del 90% de la población se atiende en principio en establecimientos públicos. Es allí entonces donde debe centrarse la preocupación gubernamental.

Por ejemplo, una empresa proveedora puede ganar una licitación del Ministerio por 100, pero los establecimientos o direcciones regionales emiten órdenes de compra solo por 60 o 70. El resto lo destinan a compras directas al menudeo a mayor precio y con beneficios por lo bajo. Allí hay corrupción, y el presidente podría lanzar una campaña contra ella.

Sin embargo, Fiorella Molinelli nos informa que Essalud está diseñando un sistema informático que, a partir de las historias clínicas electrónicas, podrá atar el inventario de medicamentos e insumos a las recetas entregadas a cada paciente. Así podrá controlar los desvíos y ajustar mejor la demanda. Si funciona, el MINSA debería importar esa tecnología.

Pero en Essalud los tiempos de espera para cirugías siguen siendo mortales.  Aquel software quizá ayude a mejorar eso, pero en general, todo el sistema de salud pública está mal y en el gobierno no hay voluntad para una reforma a fondo.

El SIS no debería pagar a los hospitales por número de atenciones, incentivando la multiplicación (corrupción) del uso de insumos, medicamentos, análisis y consultas. Debería pagar por resultados: número de pacientes que resuelven sus problemas y se llevan todos sus medicamentos gratis, como hizo el Dr. Moisés Rosas en Lima Este el 2006 e intentó replicar a nivel nacional el 2017, hasta que lamentablemente fue retirado. En Lima Este con menos dinero aumentó la provisión de medicamentos y la satisfacción de los usuarios y minimizó corruptelas como el desvío de medicinas y el escape de los médicos.

Los hospitales en APP (Kaeli y Barton) reciben un pago por persona de la red que atienden, y se esmeran en prevenir para no tener que curar enfermedades avanzadas, porque así mejoran sus ingresos.

En suma, si queremos asegurar medicamentos gratuitos y de calidad a los sectores de bajos ingresos, se requiere una reforma del SIS como la que planteó el Dr. Rosas, y aplicar la tecnología informática de Essalud si llega a funcionar. Y para que haya más acceso a genéricos puros de calidad en las farmacias, se requiere afrontar la reforma total de la DIGEMID convirtiéndola en un organismo autónomo y simplificando radicalmente sus procedimientos y normas internas, para que deje de ser un cuello de botella.

A ver si el presidente enfrenta estos temas. Lampadia

En las últimas décadas, desde la vigencia de la Constitución de 1993, hasta el 2011, en que se produce una inflexión hacia la sobre-regulación y la desconfianza en la inversión privada, el Perú aprovechó, como pocos países de la región, uno de los periodos más propicios para el crecimiento de su economía.

Además del crecimiento, esto permitió el aumento de los ingresos y de la inversión (especialmente en las regiones), el crecimiento de la clase media, la reducción de la deuda externa, el incremento de nuestras reservas, el aumento de las exportaciones, y alcanzar el grado de inversión.

Lamentablemente, en 2016, el gobierno de PPK, devolviendo favores a los Humala, le ocultó al país la situación de nuestra economía, en el proceso de transferencia. Este grave error, no permitió que tomáramos debida nota de los cambios y correcciones que debían hacerse, algo fundamental para validar, popular y políticamente, las necesarias reformas que permitieran relanzar la economía hacia la inversión (pública y privada) y el crecimiento. Peor aún, a fines del 2016, el MEF enfrió la economía (el ‘friaje de Thorne’), haciendo bajar el nivel de inversión y la demanda interna.

El 2017 estaba llamado a que enmendemos y avancemos, pero nos agarró el ‘niño costero´ y el escándalo de corrupción, organizado por el imperialismo de la izquierda brasileña y sus empresas constructoras. Pero, además, nos afectó severamente, la falta de acumen del gobierno (agudeza, perspicacia e ingenio –RAE; o la habilidad para entender y juzgar las cosas rápida y claramente –Oxford Dictionary). Hacia fines de año, se sumó a esto, la crisis de la vacancia-indulto, que terminó de paralizar el país.

¿Cómo le fue a la economía en el 2017?

Según un reciente informe del INEI titulado “Informe Técnico Indicador de la Actividad Productiva Departamental” sobre el crecimiento regional del tercer trimestre del 2017, la economía peruana aumentó en 2.5%, en el tercer trimestre, principalmente por el comportamiento positivo de ocho departamentos que fueron Apurímac (9.3%), Arequipa (9.0 %), Loreto (7.0%), Lambayeque (6.1%), Áncash (5.9%), Junín (5.3%), La Libertad (2.6%) y Lima (1.1%), que concentraron el 65.3% de la producción nacional.

Como se aprecia en el informe del INEI sobre el crecimiento de las regiones, no quedan dudas sobre el impacto positivo de la minería en el crecimiento del conjunto de la economía, el empleo y los encadenamientos con otros sectores.

Como hemos explicado anteriormente, la caída del crecimiento de la economía, que ahora todos extrañan, se originó, fundamentalmente, debido a la inflexión producida en la inversión minera por el pésimo manejo político de las inversiones del gobierno de Ollanta Humala. Hoy hemos vuelto a la realidad de la carencia de recursos y déficit fiscal. Los ingresos del Estado ya no son suficientes para cubrir nuestras necesidades de gastos operativos (mayores sueldos) y de inversión pública en requerimientos sociales indispensables.

A estas alturas todos sabemos que al caerse la inversión minera se afectó toda la economía. Esa es una relación causa-efecto que hay que analizar y mostrar para que la población no se vuelva a dejar engañar.

Según el estudio del INEI, el departamento de Apurímac creció en 9.3% sustentado principalmente por el subsector minero debido a la mayor extracción de cobre de la minera Las Bambas, así como, por el aumento de la extracción de plata y oro de la minera Anabi.

Por su lado, Arequipa, la segunda región con mayor crecimiento, presentó un incremento de 9.0% impulsado por el subsector minero, debido a la mayor extracción de molibdeno y cobre por la minera Cerro Verde. Y el departamento de Áncash aumentó en 5.9% influenciado por el subsector minería debido a la mayor extracción de zinc, cobre, plomo y plata reportado por la empresa Antamina; y la producción de oro por la minera Barrick Misquichilca.

Arequipa y Apurímac lideran el crecimiento en el tercer trimestre, así como ocurrió en el 2016. La producción de cobre de Apurímac y Arequipa se incrementó 7.4% y 10%, respectivamente, en el tercer trimestre. El resultado de las dos regiones de mayor caída se debió al desempeño de su sector minero.

Junin y La Libertad también. Junín creció en 5.3% principalmente por el subsector minero debido a la mayor extracción de cobre y molibdeno realizado por la minera Chinalco Perú y La Libertad se incrementó en 2.6% por la mayor extracción de oro en la Compañía Minera Los Andes Peru Gold y la Compañía Minera Poderosa, y plata en la Minera Barrick Misquichilca.

Por su lado, Lima creció solo 1.1% en el tercer trimestre del año, la menor tasa desde el 2009, lo cual evidencia una sostenida desaceleración. El crecimiento trimestral promedio entre el 2011 y el 2013 fue 6.8%. El resultado del tercer trimestre del 2017 se explica, principalmente, por la contracción de los sectores manufactura (-2,5%) y electricidad, gas y agua (-5,8%).

El caso de Cusco es clamoroso. Por algo más de 10 años creció al mismo ritmo que China, alrededor de 10% anual. El 2017, Cusco fue la región de peor desempeño, con una caída de 6.7%. Entre las razones de desempeño, el INEI sugiere que se debe a la menor actividad minera en la extracción de plata y cobre por la Compañía Minera Antapaccay, así como el subsector hidrocarburos por la baja explotación de gas natural y líquidos de gas natural. Además, también decreció el subsector electricidad y los sectores Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería; Construcción y Agropecuario.

Algunas conclusiones

El IPE analizó este informe y llega a la conclusión que “a partir del reporte, se identifican tres tendencias principales: la recuperación de las regiones afectadas por el fenómeno de El Niño costero y de la zona oriente, la moderación del crecimiento de las regiones mineras, y la sostenida desaceleración de la región Lima.”

La situación actual es bastante complicada. La proyección del crecimiento para el 2017 se ha revisado hacia abajo varias veces. El año comenzó con un anuncio del Banco Mundial que proyectaba un crecimiento del PBI del Perú de 4.2%. Para febrero, seis entidades ya habían reducido su previsión de crecimiento a aproximadamente 3.5%. Por su lado Apoyo Consultoría prevé que, en la región sur, la demanda interna fluctúe entre cero y uno por ciento. Esto en un año de elecciones regionales.

Además, en noviembre el PBI creció tan solo 1.78% (se esperaba un 2.4% de crecimiento) y decepcionó al mercado, siendo la minería el mayor motor de crecimiento. Por lo tanto, es prácticamente imposible que alcancemos el 2.8% proyectado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el 2.7% que esperaba el Banco Central de Reserva.

Por su lado, los ahorros del gobierno en el BCR disminuyeron en US$5,716 millones en el 2017, que es equivalente a una reducción del 38% frente al 2016. “Esto [la reducción de los ahorros] es una señal de alerta macroeconómica porque estamos consumiendo ahorros de forma acelerada”, afirmó recientemente Luis Alberto Arias, ex superintendente de la Sunat. Esto es una alerta sobre la salud de la sostenibilidad fiscal, considerando que la suma es equivalente al 2.6% del PBI.

Asimismo, la demanda interna también muestra debilidad, y la inversión pública se mostró más débil de lo previsto en el último mes del año y solo creció 6.3%. Todo esto se ha traducido en una caída en la confianza empresarial, que mostró niveles mínimos de nueve meses en diciembre, influenciada por los problemas políticos de los últimos meses.

La situación es pues, verdaderamente grave, el Perú se ha alejado de su positivo ciclo de inversión y expansión y, en el mejor de los casos, se encamina a un crecimiento mediocre de menos de 4% anual a partir del 2018. Un factor clave para el crecimiento del Perú será el impacto en la confianza y evitar que la inversión pública y privada disminuya, lo cual podría peligrar con la inestabilidad política actual.

A diferencia de inicios de siglo, en que supimos atraer inversión, ahora estamos desperdiciando una excelente oportunidad para crecer. Es cierto que las cotizaciones de los metales ayudan, por ejemplo, un dólar adicional por libra de cobre, significa mayores exportaciones por unos US$ 6,000 millones, de los cuales, el Estado se queda con algo menos del 50%, algo cerca de 1.2% del PBI. Muy importante. Esta situación permite también, inversiones menores en ampliaciones y otras, pero mientras el país no tenga una conducción política con visión y liderazgo, así como consecuente con nuestras necesidades, no se avanzará con los proyectos más grandes, como Tía María, Quellaveco, Michiquillay, etc., que son los proyectos que pueden llevarnos a recuperar buena parte del crecimiento.

La verdad es que los pobres del Perú, debieran estar marchando para reclamar al gobierno su falta de capacidad para permitir que los grandes proyectos se echen a andar, así como reclamando a los anti-mineros por sus acciones anti-inversión.

Como dijimos en Lampadia el 15 de agosto pasado, Solo el crecimiento salvará al Perú. El Perú no puede resignarse a la mediocridad, nuestra tarea por el desarrollo integral y la búsqueda del bienestar general nos exigen algo mejor, máxime, teniendo los recursos y el potencial para emprender una gran revolución productiva.

Pero nuestra mayor preocupación es que ahora solo queda un camino para la recuperación del crecimiento y la armonía social y política (ver en Lampadia: No apuntemos a un crecimiento mediocre):

• Un plan de acción concertado entre el Ejecutivo y el Congreso
• Un programa de comunicación gobierno-ciudadanía sobre la situación, posibilidades de mejora y la necesidad de mantener la paz social y apoyo a los proyectos de inversión
• Un pacto tripartito: Ejecutivo-Congreso-Sistema Judicial (Fiscalía y Poder Judicial) para enfrentar con firmeza los conflictos político-sociales, que permita, por ejemplo, desarraigar de sus localidades a los violentistas que capture la policía y poder procesarlos en Lima.

Tenemos que pensar en grande, un país de múltiples y grandes necesidades, y con infinitas posibilidades de desarrollo productivo, no puede resignarse a la mediocridad ni a la anomia social. Hay que ponerse delante de los problemas, con fuerza de espíritu, sentido de urgencia y confianza en el futuro. Lampadia

Hace pocos meses fuimos testigos de cómo los funcionarios del Estado, reaccionan con gran despliegue mediático y afán de notoriedad, cuando se les presenta la oportunidad de tirarse encima de una empresa privada.

Fuente: desafiocomunicacion.com

Pero si Essalud maltrata a los asegurados, o si Sedapal deja sin servicios sanitarios a los ciudadanos más necesitados, o si la policía permite que los atoros del tránsito se queden a la buena de Dios, los defensores de los consumidores, desde Indecopi a asociaciones mercantilistas que lucran con la persecución de las empresas privadas, hacen mutis.

Veamos algunos casos:

El escándalo de la leche que sí era leche

En junio pasado publicamos en Lampadia: El caso de la leche¿Qué explica los desbordes que nos abruman?

De un tiempo acá, marcadamente en Lima, se viene configurando una suerte de irritación a flor de piel, que ante cualquier evento presentado por la política o por los múltiples canales de información mediática, se desatan reacciones violentas e incontenibles, con ataques destructivos y apurados y arrastrados a estados de alteración lejanos de lo civilizado y lo razonable.

Estamos hablando de alteraciones que se expanden por los espacios de opinión, por los medios (tradicionales y modernos), en los que de pronto se destrozan de mala manera a personas, instituciones y empresas. Estamos hablando de estados de excitación que capturan a la mayoría de políticos y que los lleva a legislar en una suerte de estado de pánico, donde de la noche a la mañana pueden causar daños al conjunto de la sociedad y, curiosamente, a los ciudadanos más pobres.

Así pasó con el escándalo de ‘la leche que no era leche’.​ Ni la ministra ni los funcionarios ni los congresistas leyeron las normas por las que el producto Pura Vida y otros sí pueden y deben llamarse “leche”. Es muy claro: ¡porque sí son leche!

¿Y todo el escándalo? ¿Acaso todos se equivocaron? Sí, todos se equivocaron. Nadie hizo su trabajo. Nadie documentó su posición. Parece que muchos creyeron que no se trataba de leche porque tenía una composición “parcial”. Si pretendiéramos que el 100% de la lata fuera leche, el tarro costaría lo que cuesta el tarro azul.

Quitar del mercado estos productos, sin que haya habido fraude alguno o hallazgo de un tóxico en el contenido, es un atentado brutal contra la economía de la gente.

El escándalo de la salmonela francesa

En los últimos días, ante la alerta sanitaria de las autoridades francesas sobre los productos de la empresa Lactalis, en relación a la posible contaminación de salmonela de algunos de sus productos, fabricados después del 15 de febrero, 2017, las autoridades peruanas (Digesa, Indecopi, et al) armaron un tremendo despliegue mediático, siendo que solo una empresa peruana comercializa productos de Lactalis.

Bastaba una llamada telefónica, a una empresa formal y transparente, para verificar los riesgos. Pero, es pues más sabroso hacerse los machos y pisotear a las empresas privadas.

En este caso, Gloria S.A. ha tenido que publicar un comunicado, explicando que sus productos fueron fabricados con anterioridad a la fecha de la alerta sanitaria de Francia, y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de contaminación (ver comunicado líneas abajo).

Las multas por supuesta publicidad engañosa

Según reporta el Diario Gestión:

Gloria y Nestlé multadas por vender productos lácteos como si fueran leche

El Indecopi informó que ambas empresas deberán pagar S/ 13.7 millones por no consignar en la etiqueta el nombre correcto de los productos Pura Vida, Bonlé y Niños Defense, en el caso de Gloria; y Reina del Campo e Ideal, en el caso de Nestlé.  

“Estos son los primeros casos que concluyen en la primera instancia respecto de las investigaciones iniciadas de parte -es decir, por denuncia de terceros- en el caso de los productos lácteos”, informó el Indecopi.
En el caso de Gloria, la multa llegó a S/ 9.3 millones:

Producto Pura Vida Nutrimax:

Gloria lo llamó “leche evaporada parcialmente descremada” cuando en realidad se trataba de una “mezcla láctea compuesta”, pues en su composición tenía constituyentes no lácteos destinados a sustituir parcialmente la leche.

Producto Niños Defense:

Gloria lo llamó “Leche evaporada” cuando en realidad se trataba de un “Producto lácteo compuesto”.

Producto Bonlé Familiar:

Gloria colocó en su etiquetado el nombre de “Leche evaporada parcialmente descremada” cuando debió llamarlo “Mezcla láctea compuesta”, ya que en su composición tenía ingredientes no lácteos destinados a sustituir parcialmente la leche.

En el caso de Nestlé, la multallega a S/. 4.3 millones.

Producto Ideal Amanecer: la empresa consignó en la etiqueta el nombre de “Leche evaporada parcialmente descremada”.

Producto Reina del Campo: la empresa consignó en la etiqueta de este producto el nombre “Leche evaporada parcialmente descremada”, cuando debió llamarlo “Mezcla láctea compuesta” pues en su composición tenía ingredientes no lácteos destinados a sustituir parcialmente a la leche.

Es importante señalar que, del total de multas impuestas a ambas empresas, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) recibiría el 3%, porque patrocinó la denuncia en representación de sus asociados y por contar con convenio vigente con el Indecopi en su calidad de asociación de consumidores, tal como lo establece la ley. Concluye el despacho de Gestión.

Si el consumidor conoce una denominación de leche, como ‘leche evaporada’, no importa, de lo que se trata es de ir generando normas antojadizas, y persecuciones rentables para los supuestos defensores de los consumidores, como es el ya célebre caso de Aspec.

Esperamos que el Estado, los políticos y los medios dejen esta persecución sin sentido que solo busca crear más mitos y desinformación en contra de empresas privadas y desviar la atención de los verdaderos problemas que aquejan al Estado. Lampadia