El proyecto de ley del congresista Mauricio Mulder (proyecto de ley N° 2133), que prohibiría a entidades del Estado contratar publicidad en medios privados, ha traído al debate las relaciones del Estado con los medios de comunicación. Esta iniciativa busca eliminar el uso de la herramienta publicitaria de manos del Estado, así sea para fines informativos. Una propuesta fuera de lugar, pero que permite revisar algunos procesos que sí pueden ser negativos para la salud de la democracia.

Para analizar este tema, debemos distinguir: por un lado, la publicidad y la comunicación del Estado, y la necesidad de evitar usos indebidos de la publicidad estatal, cómo el aprovechamiento político, patrimonialismo, y venta de sapos por culebras. Y por otro, la cooptación de periodistas y medios en las regiones con recursos del Estado.

Fuente: blogspot.com

Publicidad y comunicación

El objetivo del proyecto Mulder es prohibir “toda la publicidad en medios privados” y que, de hacerlo, “será considerada delito de malversación”. ¿Debe el Estado hacer publicidad? Para esto, debemos hacer una diferencia entre la publicidad y la comunicación en los medios de comunicación.

El Perú adolece de una gran falta de comunicación desde el Estado a la población en aspectos tan importantes como, iniciativas legislativas que tomen cierta posibilidad de transitar a convertirse en normas, o las razones que expliquen las iniciativas legislativas del Ejecutivo, etc.

El Estado debe usar sus medios de comunicación para comunicar a la opinión pública, las políticas y los avances que permitan tener ciudadanos bien informados.

El Estado, ya sea a través del gobierno nacional o de los gobiernos regionales y municipales, no debe privilegiar a determinados medios a cambio de favores políticos. Sin embargo, tampoco se le puede impedir al Estado que utilice los medios de información para hacer algo de publicidad, y, sobre todo, comunicación informativa.

Lo que no se debe hacer es utilizar publicidad pagada para encubrir a instituciones ineficientes, como las recientes campañas de Sedapal, EsSalud y el SUNEDU.

Algo que si debe prohibirse es el uso de trolls para atacar a opositores o crear líneas de opinión pública. Esta es una forma de interacción perversa con los ciudadanos, que no puede justificarse en ningún caso. Esto se refiere a aquellas personas dedicadas a emitir falsedades y a manipular los contenidos de las redes sociales, con el propósito de obstaculizar, bloquear, desvirtuar y opacar a personas o hechos; así como tergiversar el ambiente digital con información ambigua y no verificada con el fin de manipular a los ciudadanos según designios políticos.

Cooptación mediática

El peso del gasto que realiza el Estado y los gobiernos regionales y/o municipales en comunicación a través de medios impresos, radiales o televisivos en las regiones es aúnmás preponderante, por lo que debieran mejorarse los procesos de rendición de cuentas.

Además, hay que tomar en cuenta el uso de mecanismos escondidos de influencia en los medios, vía la contratación de servicios personales de periodistas y otros profesionales, que conllevan compromisos y acciones mediáticas subterráneas.

Regulación

No obstante, somos conscientes que no se puede esperar que la autorregulación funcione, y menos aun dentro del Estado mismo. Consiguientemente es necesario colocar frenos en la conducta del Estado para evitar excesos.

Para lograrlo, se debe establecer un tope para restringir la cantidad de publicidad que puede hacer el Estado con el presupuesto público y no debería sobrepasar un porcentaje determinado del pliego presupuestal correspondiente. Y tampoco, debería superar un cierto porcentaje de los ingresos un medio de comunicación en particular. Además, el gobierno podría hacer más transparente sus gastos de publicidad estatal (al igual que los medios podrían ser más transparentes con sus ingresos), para así dejarle la libertad a la población de usar su propio criterio sobre la validez de la información brindada. Lo mismo debería suceder con las asesorías y consultorías, como el número de asesorías de la PUCP en el MINEDU, entre otros ejemplos.

Sin embargo, el método más efectivo (y el más difícil de lograr) para evitar caer en estas manipulaciones es educar al público. Los medios tienen la obligación de ayudar al público a convertirse en consumidores más críticos de la información. La manipulación de los medios es uno de los mayores riesgos para todos nosotros, y nuestra labor es evitar que interfieran en la neutralidad de los espacios mediáticos. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es lamentable que los buenos esfuerzos no se continúen cuando se cambia de gobierno. Pero lo que es incomprensible es que una administración integrada por profesionales modernos y calificados como la presente, haya casi descontinuado una reforma fundamental para la instauración de la meritocracia en el Estado peruano: la contenida en la Ley de Servicio Civil (30057), promulgada en junio del 2013. 

Esa ley buscaba incorporar a los empleados públicos que están bajo el régimen CAS (Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios), que carece de beneficios, y a los que están en otros regímenes[1], a un nuevo sistema con beneficios sociales que establece una carrera universal en el Estado –es posible pasar de una institución a otra- basada en evaluaciones de desempeño (con salida a la tercera desaprobación) y que supone que cada institución realiza un mapeo de puestos y de procesos e identifica los perfiles profesionales que requiere en función a un análisis de los objetivos de la institución, luego de lo cual convoca a concursos a los cuales se puede presentar el personal de la entidad y de fuera. Uno de los efectos es que, en la nueva estructura de personal, las escalas medio-superiores tendrían una remuneración mayor que la actual con la finalidad de atraer talento que, como sabemos, se ha ido alejando del Estado luego de los límites absurdos que estableció el gobierno de García.

Se trata de una reforma de la máxima trascendencia, que permitiría redefinir y ajustar el número y calidad del personal de cada entidad a su naturaleza y objetivos, y establecer un régimen meritocrático que permita alcanzar un Estado profesional en el cual las entidades puedan establecer y cumplir metas fiscalizables. Es la reforma ‘weberiana’ por excelencia.

Pues bien, resulta que ni el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ni -menos aun- el Congreso se percataron claramente de que esta reforma estaba en curso. A los pocos meses de iniciado el gobierno el Congreso debatió y finalmente aprobó una ley que pasaba los CAS de Essalud al régimen del DL 728, que da beneficios y estabilidad absoluta a cambio de nada. El régimen del Servicio Civil, en cambio, ofrece los mismos beneficios sociales que la 728, pero a cambio de meritocracia, de evaluaciones de desempeño y dentro de una estructura bien pensada y eficiente, orientada a metas. El gobierno no reaccionó y dejó pasar esa ley, que fue aprobada. Ahora los trabajadores administrativos del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Congreso han presentado proyectos de ley para exonerarse de la ley de servicio civil por temor, por supuesto, a la meritocracia.

Es inaceptable que la clase política no tenga convicción acerca de la necesidad de ir hacia un Estado profesional. Y que un gobierno tecnocrático no le dé prioridad a una reforma tan importante como esta. La decisión política de llevarla a cabo es indispensable, además, porque su aplicación no solo es difícil por compleja, sino que engendra todas las resistencias imaginables del statu quo, y por lo tanto requiere de la máxima voluntad y convicción políticas. Ojalá Mercedes Araoz la adopte.

Avances

Pese a todo, ha habido algunos avances. Es cuestión de darle impulso al proceso. En la actualidad son 334 las entidades del Estado que han iniciado el proceso de transición. Ellas implican a 100 mil servidores civiles, alos 19 Ministerios, a varios organismos públicos y a 39 de 47 universidades.

Fuente: “Proceso de Tránsito al nuevo Régimen”, Servir

Pero, como podemos ver en el siguiente gráfico, ninguna entidad ha llegado aún a la etapa de realizar concursos. De los 19 ministerios, 11 han realizado su mapeo de puestos, mapeo de procesos y han identificado, según eso, sus áreas de mejoras y han terminado, entonces, el informe respectivo. Pero ninguno tiene todavía aprobada su nueva dotación de personal –estructura de puestos- y los perfiles respectivos. Es algo que deben presentar y discutir con Servir, y es el paso inmediato a la realización de los concursos para llenar esos puestos.

Fuente: “Proceso de Tránsito al nuevo Régimen”, Servir

De las 334 entidades que han comenzado el proceso, hasta el momento solo 41 tienen “resolución de inicio”, que significa que ya completaron los mapeos. Estas comprenden a 31,700 servidores públicos de los cuales un 62% está en el régimen CAS, 16% son locadores de servicios, un 9% está en el régimen del DL 276, un 8% en el del DL 728 y 5% en otros.

Según Cortez, la ONP, el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria), el gobierno regional de Piura y curiosamente el Despacho Presidencial, son las entidades más avanzadas. Como anécdota, el jefe del SENASA “encerró” a los responsables para que se dediquen solo a esa tarea hasta terminarla, y puso a sus segundos a cargo de sus funciones de línea mientras terminaban.  Y ya hicieron cambios que se desprendieron del análisis.

Estas 41 entidades son las que aparecen en el siguiente cuadro:

Sinceramiento institucional y resistencias

Lo interesante es que, en este proceso, las entidades descubren sus deficiencias y problemas. Descubren, al hacer su mapeo de procesos, que no están ordenadas precisamente por procesos o que estos no son lineales y simples sino complicados y confusos. Improductivos, en suma. Un proceso es la cadena de actos administrativos necesaria para entregar un servicio. Según el jefe de Servir, Juan Carlos Cortez, a algunas entidades les cuesta mucho el ordenamiento de sus procesos.  Lo común es que cada empleado se focaliza solo en su tarea y carece de una visión de conjunto y menos de una solidaridad con el resultado. Pero el mapeo de puestos y procesos es una mirada al espejo: le permite a la entidad saber a ciencia cierta cuánta gente tiene, qué hace cada uno, si se está duplicando funciones, si tiene sentido lo que se está haciendo. La institución, así, se sincera consigo misma y se ordena.

Para llevar adelante esto se forma una “Comisión de Tránsito”, integrada por el secretario general, el jefe de presupuesto, de recursos humanos y un representante del Ministro. Dicha comisión realiza el mapeo de puestos y de procesos e identifica mejoras en esos aspectos y cuanta gente se requiere para cada proceso. De allí sale la dotación de puestos y luego el perfil de cada puesto, para que el concurso sea transparente. 

Además, la dotación o estructura de puestos debe responder a los objetivos de la institución, lo cual supone una discusión acerca de estos objetivos. Se trata, en suma, de un proceso muy interesante y muy desafiante que, por eso mismo, encuentra resistencias en los sindicatos -por lo general opuestos a las evaluaciones meritocráticas y a definir procesos que impliquen mediciones claras de resultados y cumplimiento de metas-, pero no solo en los sindicatos. También frecuentemente en los propios jefes, que confían más en personas de su confianza que en aquellos que puedan ser escogidos meritocráticamente, y que no están acostumbrados a un trabajo orientado al cumplimiento de metas.

Por eso mismo es indispensable que el gabinete Araoz forme una voluntad política clara de llevar adelante la instauración del régimen de la ley de Servicio Civil, porque se trata de un esfuerzo complejo con resistencias de modo que sin empuje político no va a llegar a destino.

Sinergia con Análisis de Calidad Regulatoria

Por lo demás, una reforma como esta en las entidades estatales, hace sinergia perfecta con las reformas de simplificación administrativa dispuestas en los decretos legislativos del año pasado. Se viene simplificando y eliminando trámites en varios sectores y ya se inició el Análisis de Calidad Regulatoria sector por sector, que debe culminar en octubre del 2018. Este análisis, que lleva a simplificar o eliminar todo trámite o procedimiento inútil, costoso o innecesario, no se puede hacer si no se identifica el proceso del que forma parte, si no se hace el mapa del proceso. Entonces, si de simplificar esfuerzos se trata, lo lógico sería hacer las dos reformas a la vez, porque una supone parte de la otra.

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 6 de octubre de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

Muchos exigen – a los gobernantes – hacer obras. Obras como hospitales, escuelas, carreteras, etc. Pero el Presupuesto Público está más orientado al gasto corriente – o sea, a la gestión de los servicios públicos – que a la inversión en obras de infraestructura.

Ahora bien, detrás de las obras suele estar escondida la corrupción. Por lo que esas exigencias no – siempre – son por amor al chancho, sino por amor a los chicharrones. 

En fin… el hecho es que la ciudadanía – numerosa y silenciosa – merece mejores servicios públicos. Aparte de una buena educación, la población requiere deporte, cultura y ciencia. Los pacientes detestan la crueldad de las colas – y el maltrato – en los centros de salud. Y ¡qué sentirán cuando tienen que pagar – por lo bajo – por un servicio gratuito!

Las licencias de conducir deben entregarse en el acto – sin coimas de por medio – a quienes hayan cumplido los requisitos de ley. Es decir, a quienes hayan aprobado los exámenes médicos, de conocimientos, y de manejo. No a una damita – hija de un congresista – que jamás rindió ningún examen… por el solo hecho de ser hija de papá.

Vamos… hay que desenmascarar a los corruptos. Y si son poderosos… con mayor razón. Y si son trabajadores del Gobierno Regional… sancionarlos como corresponde. Sin abusos ni arbitrariedades. Más sí, con todo el rigor de la ley.

No hay que quejarnos del Gobierno Central – o del MEF – por falta de presupuesto para inversión. Más bien, los gobernantes debemos mejorar los servicios de nuestras jurisdicciones, con el – mucho o poco – presupuesto que tengamos.

En el Gobierno Regional de Ica – por ejemplo – nuestro presupuesto es más o menos S/. 700 millones anuales; de los cuales S/. 640 millones son para gastos corrientes y – apenas – S/. 60 millones para inversiones. Nos guste o no, así es el tema en la Región… y en el resto del país.

Por tanto, la lectura de la situación es así… dedícate a gestionar bien tu presupuesto. Concéntrate en mejorar los servicios de salud, educación, transportes, etc. Prioriza las obras de infraestructura porque solo vas a poder hacer unas cuantas. O mejor dicho… unas pocas. Y dale su merecido a los corruptos.

Pues bien, en eso estamos… mejorando nuestros servicios públicos. Padres de familia, escolares, pacientes, y público en general… poco a poco, cada vez más ciudadanos reconocen las mejoras que estamos logrando en todas nuestras direcciones regionales.

Nuestros críticos saben – aunque jamás lo van a reconocer públicamente – que hemos reducido al mínimo las colas en los hospitales de Nasca, Regional Ica, Socorro Ica, y Pisco; y para fin de año habremos logrado lo mismo en nuestros hospitales de Palpa y Chincha. Es decir, nuestro compromiso de “cero colas” en los seis hospitales de la Región, está a la vuelta de la esquina.

Más consultas externas. Menos tiempos de espera. Más y mejores intervenciones quirúrgicas. Mejor trato a los pacientes. Sanción a los cobradores coimeros. Transparencia y meritocracia en los concursos públicos. Eso está ocurriendo en nuestros hospitales.

Y lo mismo está sucediendo en nuestras demás dependencias… en todas. Incluidos los Centros de Servicios Subregionales, donde la población es atendida en sus respectivas provincias, sin tener que movilizarse hasta la sede del Gobierno Regional en Ica.

Al mismo tiempo, los corruptos están saliendo a la luz… como tenía que ser. Lo lamento por ellos. Pero las personas corruptas – aparte de estar podridas por dentro – suelen maltratar a los ciudadanos. Por ello – precisamente – está mejorando la atención del Gobierno Regional… porque cada vez quedan menos funcionarios corruptos en la institución.

Reitero lo dicho en ocasiones anteriores. Mientras haya corrupción… habrá confrontación. Y nos está yendo bien. Los corruptos – y los periodistas que los apañan – están profundamente perturbados… histéricos. Sus denuncias no tienen ni pies ni cabeza. ¡Buena señal! Eso significa que estamos pisando callos. Lampadia

La reforma del sistema de salud es una tarea pendiente que ya no puede ser ignorada. La calidad de los servicios de salud  en ESSALUD no cumple con estándares mínimos de servicio para citas, operaciones quirúrgicas y procesos médicos. El sector está en crisis; tienen que trabajar en condiciones precarias, con gran parte de los equipos malogrados y con escasez de medicinas esenciales. Sin embargo, ya existe en el Perú una solución que ha probado brindar una gran mejoraría en la calidad del servicio de salud: un modelo de concesión de salud vía APPs que incluye el diseño de los hospitales, su construcción, equipamiento y servicios médicos en la modalidad ‘bata blanca’.

Esta estrategia de servicios de salud, le permite al Estado fijar las características y estándares de todas las infraestructuras (locales, y equipamiento), y de los estándares  operativos (plazos de atención y niveles de satisfacción). Todo, previos concursos internacionales públicos, y la especialización del Estado en la supervisión del cumplimiento de la metas de salud fijadas, a costos, hasta mejores que los asumidos por el Estado en sus operaciones directas.

Este sistema, desde su adopción en los hospitales de ESSALUD en el Callao y Villa María del Triunfo, ha sido resistido por el staff de ESSALUD y sobre todo por los médicos, que lo califican como “la privatización de los servicios de salud”, para desdibujarlo y meterlo en el callejón de la política que hace décadas destruyó la calidad de los servicios públicos. La verdad es otra:

• “Nunca se pierde el carácter público del servicio”
• En la operación de los hospitales de ‘bata blanca’, el personal, médicos, enfermeras y técnicos, son peruanos, mejor capacitados y equipados para brindar un mejor servicio
• Cada hospital del sistema recibe una asignación nominativa de asegurados, lo que induce a la muy importante tarea de desarrollar un servicio de prevención

Como en todos los demás casos de servicios públicos, cuando el Estado da el servicio, nadie controla su calidad ni sus costos, pero en el sistema de APP+BATA BLANCA, el Estado fija los estándares, supervisa y controla.

No es aceptable que, teniendo una experiencia de APP+BATA BLANCA muy exitosa en el tema más sensible a las necesidades sociales: la salud, ni por eso, nos hemos volcado a multiplicarla. En Lampadia ya hemos analizado dos ejemplos muy exitosos de las APP que milagrosamente lograron pasar las vallas de la mentalidad estatista, los hospitales de ‘Bata Blanca’ de ESSALUD, Alberto Leopoldo Barton Thompson y Guillermo Kaelin de la Fuente. Ver en Lampadia: APPs en salud: Poniendo a la población por delante y Las APP han generado servicios de salud de alta calidad. Estos son los mejores hospitales del Estado (y probablemente también, del sector privado) que se hayan construido en nuestra historia.

El esquema central en ambos hospitales es que se han desarrollado creando incentivos muy positivos que determinan un modelo “Ganar-Ganar”. El contrato establece una asignación o pago fijo al operador por cada asegurado sin importar el número o tipo de atenciones. De esta manera se crea la necesidad de que el operador promueva que su población (de clientes) sea lo más sana posible, pues a mejor salud de su población, habrá menos asistencias y por lo tanto mayores ingresos para el operador. Un esquema brillante: muy positivo para la población, pues recibirán atención de salud preventiva y de buena calidad; positiva para el operador, pues podrá generar mayores márgenes con una mejor salud y satisfacción de sus clientes; y muy positivo para ESSALUD (que se debate en una gravísima crisis de servicio), pues con un costo fijo puede generar una gran calidad de servicio sin correr el riesgo de los sobrecostos que generan la imprevisión, la ineficiencia y/o la corrupción.   

El esquema funciona porque se evalúan distintas métricas constantemente, a diferencia de otros hospitales públicos. Si se revisa el contrato (ver contrato), las exigencias requeridas se basan en los siguientes indicadores (solo mostramos los principales):

Además, el contrato fija objetivos absolutmente inalcansables en el servicio público. La base de analisis se basa en los siguientes indicadores:

• Máximo 8 días para una resolver una queja resuelta satisfactoriamente
• Meta de 30 días de espera para una operaciones quirúrgicas.
• No más de 7 días para el reingreso de un paciente

Tan solo hay que darle una mirada al cuadro inferior (que es parte de un Informe del operador, titulado ‘GESTIONANDO LA SALUD DE LAS PERSONAS: Modelo APP en Salud Integral’), que se presentó en el III Congreso Internacional de Infraestructuras que integra a más peruanos, organizado por AFIN, para ver la diferencia entre un hospital con APP sin gestión clínica (bata gris) y uno con gestión clínica (bata blanca). Claramente, el nivel de éxito entre ambos, en cualquiera de sus indicadores (equipos, servicios, tecnología, atención, etc.) es abismal y no queda duda de cuál sistema funciona mejor.

Pero, ¿ha aprovechado esta experiencia el gobierno para difundirla como ejemplo de lo que significa una APP para la población? No, en verdad está muy escondida de la opinión pública. Lo que es más, el propio ESSALUD no pretende replicar el éxito en los nuevos hospitales, que está desarrollando en la modalidad de ‘Bata Gris’ (que excluyen los servicios médicos).

Lamentablemente, esta iniciativa ha desatado la tradicional resistencia: El Sindicato Nacional de Médicos afirmó que “los hospitales APP de Villa María del Triunfo y Barton del Callao nos cuestan S/. 300 millones al año y no han solucionado problemas de pacientes.” Esto es una mentira ya que, según cálculos realizados por Essalud en el año 2015, el costo operativo de los Hospitales APP es menor al costo que asumiría la Institución de gestionar y administrar un modelo similar. Esto genera ahorros para Essalud, con una muy mejor calidad de atención:

Otro de los grandes mitos es que se perdería el carácter público del servicio. Esto es parte del gran miedo de la ´privatización’, que todavía aterroriza a gran parte de la población. La verdad es que bajo el esquema de contratos (bata blanca), nunca se pierde el carácter público del servicio.

En realidad, solo se trata de contratar la operación, la gestión, del establecimiento, a cambio del cumplimiento de metas fiscalizables. Es la manera de servir mejor al ciudadano. La acusación de “privatización” esconde el temor a perder las prebendas que una gerencia privada desterraría, o a tener que incorporarse a un régimen de trabajo más disciplinado y exigente, o quién sabe si al aprovechamiento de mafias (según reiteradas denuncias), que se perennizan por la ausencia de controles  De hecho, por ejemplo, se reducirían las posibilidades de vender servicios por lo bajo o de desviar pacientes hacia la práctica privada (que significa que la privatización ya existe; pero es la privatización para el usufructo de los médicos).

Por ejemplo, en los casos de los Hospitales Kaelin y Barton, construidos y administrados por consorcios privados, tienen un sistema de incentivo correcto: reciben un pago capitado (por cada persona del área asignada al hospital), de modo que les conviene hacer prevención a fin de que la gente no se enferme y de esa manera incrementar las utilidades. Utilidades y salud se complementan, se refuerzan mutuamente. Pero los ospitales son del Estado y de lo que se trata es sólo de una concesión temporal.

En realidad, los hospitales y establecimientos, e incluso las redes, deberían ser administrados por empresas privadas contratadas para ese fin por medio de contratos de gerencia. De esa manera los huecos se cerrarían y habría más recursos para pagar mejor a los médicos. Y habría más eficiencia, más productividad y mucha mejor atención al usuario, que es lo que en realidad interesa. Esto se puede observar claramente en los cuadros inferiores.

Cabe recalcar que los Hospitales Kaelin y Barton son los que lideran la encuesta de satisfacción con mayor porcentaje de mejoras percibidas por los asegurados. De acuerdo al cuadro líneas abajo, el Hospital Kaelin ocupó el primer puesto de Implementación de estándares para mejorar la atención de los asegurados.

Es lamentable que, a pesar de las indudables ventajas del modelo, aún existen fuertes resistencias al uso de APP+BATA BLANCA para la atención de salud que, en realidad, es una alternativa efectiva para proveer infraestructura, equipamiento y servicios de calidad en el sector salud. Se debiera estar multiplicando el esquema.

Los peruanos no podemos seguir aceptando malos servicios de salud, teniendo la posibilidad de mejorarlos sustancialmente con la colaboración de esquemas más efectivos que pueden ofrecerse despolitizando los servicios públicos. Con APP+BATA BLANCA se pueden fijar metas de cobertura, calidad, tiempos de atención y todos los indicadores de servicio, que son imposibles de lograr con los servicios estatales, penetrados por mafias que debemos desterrar a la brevedad, como una obligación moral. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Si el nuevo gabinete que preside Mercedes Araoz quiere afianzar la gobernabilidad y realizar las reformas que el país necesita para salir de la trampa de los ingresos medios, tiene que empezar por acercarse a los sectores menos conectados al mercado y al mundo de la formalidad. Tiene que establecer puentes con los sectores menos integrados, con el pueblo. Tiene que cambiar el signo del gobierno y a percepción que existe acerca de él.

Fuente: martarepupilli.com

En el campo

Desarrollo rural integral, Sierra Productiva y reconversión de Juntos

Lo primero es enganchar con el vasto número de familias campesinas andinas, para apoyar decididamente sus esfuerzos de incorporación económica y cerrar de una vez por todas la vieja herida colonial. Para ello necesitamos una política de desarrollo rural integral agresiva. Eso significa:

• Masificar los reservorios familiares
• Multiplicar el riego por aspersión
• Desarrollar pastos cultivados
• Y otras tecnologías de Sierra Productiva en las familias campesinas (comenzando con 100 mil familias)
• Reconvertir Juntos de manera gradual en un programa productivo para que las familias pasen de recibir dinero a generarlo -elevando su dignidad
• Integrar estas políticas con las de vivienda y saneamiento rural, con los programas de lucha contra la desnutrición y la anemia, con la transformación de las escuelas rurales en escuelas productivas y con los Institutos Viales Provinciales.

Todo esto articulado desde la PCM como programa integral prioritario.

Titulación

Al mismo tiempo, empoderar a las comunidades y familias con la titulación de la propiedad comunal y también individual o familiar al interior de las comunidades que lo pidan, para ponerlas en igualdad jurídica con el resto de la nación, permitirlesuna relación más horizontal con las empresas mineras y que puedan firmar contratos para la siembra de plantaciones forestales maderables en sus tierras, con empresas forestales modernas. Esto mismo en la Selva, donde, además, hay 300 mil familias que producen 450 mil has. de café que podrían triplicar sus rendimientos si hubiese una política de mejora de la productividad.

Alianza con los pequeños mineros

Cesar el acoso legal contra los mineros informales derogando los decretos legislativos que establecen requisitos que no se pueden cumplir, y pasar a una política de formalización y de apoyo tecnológico a los pequeños mineros a partir de la fiscalización de las plantas procesadoras.

En las ciudades

Incorporación masiva a Essalud y pensiones

En las ciudades el gobierno podría avanzar rápidamente con la incorporación de la gran cantidad de independientes e informales a Essalud y al sistema de pensiones permitiendo que parte del IGV que pagan en las compras que hacen puedan aportarlo a esas instituciones, tal como lo ha propuesto Lampadia. Esto, de paso, ayudará a la formalización y a una mayor recaudación, facilitadas también por la masificación de los comprobantes de pago electrónicos que podrían ser emitidos desde cualquier celular. El ministerio de la Producción deberá convertirse en una gran agencia de desarrollo de los pequeños negocios. 

CLAS en postas y escuelas

Lo ideal sería restablecer los Comités Locales de Administración de salud (Clas), donde las comunidades locales conforman un directorio que gestiona las postas médicas. Y hacer lo mismo con los colegios, devolviéndoles autonomía, y transferir los mejores colegios a sus profesores dentro de un sistema de vouchers o cupones, como propuso en su momento Pablo Bustamante.

Simplificación y anti corrupción

La presidenta del Consejo de Ministros debería, además, desplegar un liderazgo activo en las políticas de simplificación administrativa, eliminación de procedimientos que no pasen el análisis de calidad regulatoria, la aplicación de tupas estandarizados y la digitalización del Estado, haciendo ver como eso facilita la vida al ciudadano y al empresario.

Estas reformas deben venir acompañadas de una fuerte campaña contra la corrupción movilizando denuncias de la gente. Hay que generar una cruzada anti corrupción.Y exigir el ISO Anti-soborno a todos los estudios de abogados y empresas constructoras que contraten con el Estado.

Meritocracia

Pero un Estado al servicio de la gente supone un Estado profesional y meritocrático. La meritocracia debe convertirse en una gran causa. Al respecto, lo primero es ponerle voluntad política a la implementación del régimen de la ley de Servicio Civil, que no parece estar en el radar del gobierno, en todo el Estado, incluyendo los gobiernos sub nacionales donde el patrimonialismo cunde. Complementariamente, la PCM podría crear una comisión para diseñar la reforma de la descentralización, a fin de recuperar la eficiencia de la gestión estatal.

Atención primaria de la justicia penal

Además, en las ciudades es necesario atacar de manera efectiva la inseguridad y la impunidad, que afectan más a los que menos tienen. Se trata de ponerle más fuerza a las políticas basadas en la colaboración municipal-policial y al programa de Barrio Seguro, yendo a una policía comunitaria. Pero, para frenar la desalentadora sensación de impunidad que se manifiesta cuando se libera a pequeños delincuentes y raqueteros, es necesario juntar en locales municipales a la Policía, un fiscal, un juez y una carceleta, de modo de poder condenar a penas de días o semanas a dichos pequeños delincuentes, juzgándolos en flagrancia de ser posible. Es decir, establecer una política de atención primaria de la justicia penal. El Acuerdo Nacional por la Justicia debería servir para coordinar y expandir esta política, que contaría con la facilidad de que los locales serían proporcionados por las municipalidades distritales.

La gran inclusión laboral

Una vez que el gobierno ha establecido una alianza clara con los sectores populares rurales y urbanos a través de estas distintas políticas y programas, entonces puede plantearse buscar un diálogo profundo con la CGTP, la CTP y las fuerzas políticas para buscar una legislación laboral inclusiva, que permita que esos mismos sectores populares, que no tienen derechos laborales, empiecen a tenerlos. Esta sería la revolución inclusiva más importante de las últimas décadas. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 25 de agosto de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

“¡Oh envidia, raíz de infinitos males y carcoma de virtudes! Todos los vicios, Sancho, traen un no sé qué de deleite consigo, pero el de la envidia no trae sino disgustos, rencores y rabias”. En mi opinión… no hay descripción más sabia y acertada de la envidia que la del genial Don Miguel de Cervantes.

Si bien las aventuras del ingenioso hidalgo ocurrieron en un lugar de la Mancha de cuyo nombre – el autor – no quiso acordarse, las connotaciones morales de Don Quijote – la colosal novela cervantina – tienen alcance universal. Y – con mayor razón – alcanza también a la moral colectiva en nuestro país.

A ese respecto, jamás – como en estos días – había visto tanta gente disgustada, tantos políticos rencorosos, y tantos periodistas rabiosos. Hoy – más que nunca – la calle está plagada de gente iracunda. Las redes sociales vomitan agresividad. Y los periódicos, radios y TV – salvo honrosas excepciones – calumnian, insultan, y mienten con total desparpajo. Entonces… atando cabos – y basándome en la célebre tertulia entre Don Quijote y Sancho – habría que concluir que la envidia – cual peste bubónica – se ha enquistado en las almas de muchos compatriotas.

Pesimismo… he ahí el principal problema de nuestro país, actualmente. Y la corrupción está a la par… codo a codo con el desánimo colectivo. La negatividad domina muchísimas opiniones emitidas por políticos, periodistas, académicos, dirigentes, y ciudadanos en general.

Resulta frustrante ver cómo – para estos pesimistas recalcitrantes – nada está bien en nuestro país. Y si se tratara del Gobierno… peor aún. Todo está mal. Nada bueno cabe en las conciencias acomplejadas de estos personajes perturbados.

Sin embargo, yo tengo otra impresión de la coyuntura. El país no está parado. Los precios de los metales han vuelto a subir. Y ya sabemos cómo responde nuestra economía – sobre todo la Sierra – cuando la minería agarra viada. Este año, el café volverá a ser el principal cultivo de exportación… superando a la uva y al espárrago. Y eso es bienestar – a la vena – para nuestra Amazonía. Por último – como hacía tiempo que no ocurría – el año viene buenísimo para la pesca. Y así por el estilo; la agroindustria, el turismo, la energía… ¡no estamos parados!

Inclusive… en el ámbito gubernamental – aunque los pesimistas no lo quieran reconocer – la educación pública también ha mejorado. Las pruebas PISA (Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) y ECE (Evaluación Censal de Estudiantes) son contundentes a ese respecto. Pero nadie habla de tales logros. El tema dominante – y abrumador – de debate público es la huelga magisterial, la cual – como ha quedado demostrada – tiene mucho de política, y poco – o muy poco – de reivindicativa.

En el ámbito iqueño, la salud pública ha mejorado en nuestra región. ¡No hay colas! ¡El abastecimiento de medicamentos es adecuado! ¡Nuestra infraestructura hospitalaria es buena! Claro que tenemos deficiencias y cosas que mejorar. Pero – para nada – estamos frente al caos que pregonan ciertos congresistas y periodistas pesimistas, que hablan por la herida.

Ahora bien – para estos menesteres – había que poner orden en nuestros hospitales. Y ¡vaya que lo estamos logrando! aunque – es verdad – con algunos heridos y contusos de por medio. Pero ¿qué esperaban los médicos corruptos que abandonaban sus guardias, y cobraban como si hubieran laborado normalmente? ¿Y los que sustentaban viáticos con facturas falsas? ¿Qué creyeron los congresistas y consejeros que pretendieron imponernos la contratación de sus allegados? ¿Qué – mansamente – les íbamos a hacer caso? ¡Qué ingenuos!

Está claro… muchos pesimistas no nos creyeron cuando advertimos que íbamos a luchar – de verdad – contra la corrupción y el clientelismo político. En el fondo, creyeron que íbamos a ser más de lo mismo. O sea, “no a la corrupción” pero de la boca para afuera. Pues bien… se equivocaron.

Para terminar. Un consejo… hasta de un conejo. Aléjense de los pesimistas. ¡Contagian! Lampadia

Frenazo de la economía, caída de los ingresos del Estado, reclamos salariales, la educación es prioritaria, la salud también, ¿y los policías?, las infraestructuras ¿? ¡HELP!

Del cuero salen las correas
Necesitamos generar más recursos para poder cubrir todas las necesidades. Si nos quedamos con una ‘torta’ pequeña, una economía sin crecimiento no alcanzará. Pero todos los demandantes hablan de porcentajes. Yo quiero 6%, y yo 5%, pero ya se va el 40%, la suma supera el 100%. ¿Cómo hacemos?

(Alfredo) Más cuero
Pero Alfredo no tiene ni arroz, y ya se fue. 
Zavalita, ¡Qué no nos jodan otra vez!

Los criollos dicen, cuando nos regalan una marinera: “No hay primera sin segunda”. Con la economía tenemos que hacer lo mismo, generar una segunda ola de crecimiento.

Vamos por el siete. 7% de crecimiento por año, la magia del interés compuesto permite que se multiplique:

7 X 10 = 70,            pero 7¹⁰ = 100        ¡BINGO!

Tenemos que crecer al 7% por año y duplicar nuestros ingresos en 10 años.

Ojo, no es lo único que tenemos que hacer, pero por ahí empieza. Sin recursos nos arrancharíamos lo que queda y no avanzaríamos como todos esperamos.

¿Podemos crecer alto y sostenido?

Veamos algunos ejemplos del potencial productivo del Perú:

• Agro-exportaciones
  En 180,000 hectáreas producimos el mismo valor que otros países en 2’500,000; nosotros en uvas, arándano, mango, capsicum, maracuyá, mandarina, espárragos, alcachofas, palta y cebollas; ellos en soya, trigo, maíz amarillo, azúcar y arroz. Ver: Gráfico de Comercio Exterior Agropecuario 2016. Evidentemente, podemos multiplicar nuestra producción varias veces.

• Productos forestales
  Nosotros exportamos menos de 200 millones de dólares por año, Chile exporta más de 8,000 millones de dólares. Nuestro potencial es por lo menos cinco veces el de Chile. Solo en madera podemos exportar US$ 40,000 millones anuales.

• Minería
  Tenemos parados muchos proyectos. Los cálculos de la cartera de proyectos llegan a US$ 46,996 millones. Podemos multiplicar nuestra producción por tres y más. Además, el Perú es básicamente resiliente a los ciclos de precios, pues nuestros costos de producción son de los más bajos del mundo y producimos una canasta diversificada de productos minerales, metales básicos y metales preciosos. Absolutamente ideal.

• Energía
  Otra vez, nuestro potencial productivo es muchas veces lo que producimos actualmente y lo que podemos consumir. Podemos ser el principal centro de producción de energía de América del Sur, con el desarrollo de hidroeléctricas en la vertiente oriental de los Andes, gas, petróleo, geotermia, energía solar, etc.

• Turismo
  Sólo recibimos al 1.7% del turismo mundial. Póngale la cifra a nuestro potencial y calcule su impacto…

Si desarrollamos nuestro potencial productivo, podemos generar los recursos fiscales para cubrir todas las necesidades en educación, salud, infraestructuras, etc.

Si nuestros gobernantes y nuestros líderes les mostraran a nuestros ciudadanos lo que podemos hacer, lo que podemos conseguir, cómo podemos mejorar nuestro nivel de vida, cómo podemos superar la pobreza; cómo podemos ser uno de los países más ricos del mundo y gozar de nuestra geografía, nuestra diversidad, nuestros colores y nuestros sabores, ¿quién se atrevería a parar el desarrollo?, ¿quién se atrevería a detener las inversiones?, ¿podrían los burócratas seguir dificultando las gestiones de los ciudadanos y empresas?, ¿podrían los malos periodistas seguir petardeando todo lo que se mueve?, ¿podrían los pocos peruanos híper-politizados, continuar saboteando nuestro bienestar con impunidad?

Crecer no es lo único que necesitamos, pero en el contexto de nuestros retos de desarrollo, podemos afirmar sin ambages:

¡Solo el crecimiento salvará al Perú!

• Si entendemos el potencial de nuestro país, estamos seguros que no dejaríamos que nadie interrumpa nuestro destino de grandeza para todos los peruanos.
• Le cantaríamos la cartilla a nuestros limitados gobernantes.
• Como ciudadanos responsables con el destino de sus hijos, y nietos, pasaríamos a la acción cívica, a opinar, a proponer y poner el hombro para terminar la gesta de nuestro desarrollo integral en lo económico, social e institucional.

No podemos llegar a nuestras efemérides con las manos vacías.

• En 2021, el Bicentenario de la Independencia debemos estar claramente encaminados al bienestar general.
• En 2024, el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho y de la Independencia de nuestra América, debemos hacer una ‘gran fiesta latinoamericana en Huamanga’ y celebrar: ‘Ayacucho sin Pobreza’.

¡Empecemos a parar a los enemigos de nuestras realizaciones!

¡Empecemos a poner el hombro por nuestro destino!

¡Empecemos a invertir y crecer y cubrir nuestras necesidades sin arrancharnos nada entre nosotros!

¡Acción Ahora! Lampadia

En el último CADE, la Ministro de Salud, Patricia García (MPH, PhD) hizo una vibrante presentación del sector salud que queremos destacar porque  a diferencia de las presentaciones de otros ministros, no hubo auto-bombo, fue transparente y descarnada, y mostró el desastre que hemos acumulado en un sector fundamental para la calidad de vida de los peruanos, del que conocíamos poco y se nos habían vendido muchas mentiras. No nos olvidemos cómo, hasta hace poco, se enseñoreaban los funcionarios del sector en los medios, blandiendo datos falsos (tanto del sector como de ESSALUD).

Pues bien, nuestros indicadores son de horror, veamos algunos datos:  

Lo peor es que esto se da en medio de la ‘cuarta revolución industrial’ un espacio de la historia en que la tecnología está permitiendo un salto cualitativo en las condiciones de salud de los seres humanos. Pero, para que los peruanos podamos beneficiarnos de estos desarrollos, necesitamos tener una mejor base de salud, tanto en cobertura como en nivel de servicios. Pues bien, en los últimos lustros, en que hemos tenido importantes recursos económicos, no solo hemos perdido la posibilidad de hacer mejoras, inclusive hemos retrocedido y hemos permitido que buena parte de esos recursos se los lleve la corrupción.

Se vienen nuevos tiempos para los que tenemos que estar a la altura por una exigencia moral con nuestra población. Este será un mundo donde la prevención será muy importante y la mejora en la calidad de vida marcará un antes y un después de la tecnologización de la salud, y los peruanos debemos ser parte de este gran salto.

Fuente:  dexon.org

Por otro lado, como mostró la ministro, el cambio de perfil etario de nuestra población, con el aumento de poblaciones mayores, nos pone más exigencias. Veamos:

La ministro García, propone una agenda de transformación del sector en las siguientes líneas:

Ver la presentación de Patricia García: PDF Salud para Todos, en nuestra sección Documentos de Lampadia.

Ver su presentación en el CADE:

Desde un punto de vista de estrategia de desarrollo y de responsabilidad moral, deberíamos declarar en emergencia todo el sector de salud, incluyendo ESSALUD.

No es admisible, por ejemplo, que la Federación Médica se de el lujo de hacer huelgas inhumanas. O que las mafias de médicos se opongan a las APP de ‘bata blanca’, para mantener sus privilegios. O que las enfermeras y técnicos sigan usufructuando medias jornadas de labores. O que los horarios de atención de la salud se acomoden a los trabajadores y  o a los pacientes. O que los peruanos tengan que esperar largos meses para atenciones médicas urgentes e importantes. O que la corrupción se pasee en uno de los servicios públicos más importantes.

Apoyemos a Patricia García, la flamante Ministro de Salud, a emprender una revolución en el sector de salud pública. En otra ocasión revisaremos la salud privada, donde se están produciendo algunos procesos delicados con los aumento de costos de la atención en clínicas, el consiguiente aumento de las primas de seguros médicos y la eventual pérdida de protección de los ciudadanos mayores. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Congreso se ha confabulado contra la meritocracia. La semana pasada aprobó, casi por unanimidad, con la sola abstención –ni siquiera voto en contra- de la bancada de PPK, el proyecto de ley que faculta el traslado de los cerca de 12 mil empleados CAS de ESSALUD al régimen del Decreto Legislativo 728.

Fuente:  www.youtube.com

No es que defendamos la permanencia de los trabajadores en el precario régimen CAS. Por el contrario, de lo que se trata es que pasen a un régimen con más derechos pero también con más obligaciones, meritocrático, con evaluaciones de desempeño y cumplimiento de metas.

Y ese régimen existe. Fue creado en julio del 2013 mediante la ley N° 30057. Es la ley del Servicio Civil. Esa norma se aplica a ESSALUD, que debió haber iniciado ya su tránsito al nuevo régimen del Servicio Civil de modo tal que  todos los servidores de ESSALUD, entre ellos los CAS, se incorporasen a él meritocráticamente, es decir, por concurso. Hubo charlas y avances, pero es probable que algunos sindicatos se opusiesen pese a que, cuando menos para los del CAS, las ventajas del nuevo régimen eran evidentes. 

La Comisión de Trabajo y el Pleno del Congreso sabían perfectamente que la ley de Servicio Civil está vigente y que ese es el régimen al que debía incorporarse el personal de ESSALUD. Pero puniblemente, y por razones políticas, atendiendo al pedido de sectores laborales interesados en liquidar la reforma del Servicio Civil, optó por regalar el nombramiento en la 728, perforando una ley fundamental para la modernización y profesionalización de nuestro Estado.

Una reforma tan importante como la del Servicio Civil no es fácil de ser ejecutada, no solo por su complejidad sino por las resistencias naturales que genera, pues establece un régimen promocional pero a la vez exigente. Por lo tanto, requiere del consenso y del apoyo de todas las fuerzas políticas y no el sabotaje deliberado de parte de ellas.

La ley de Servicio Civil establece varios pasos. El primero consiste en que la entidad defina bien sus objetivos y en función de eso establezca qué puestos requiere y qué perfiles laborales para cada puesto. Ese es un trabajo difícil de hacer pero indispensable si queremos entidades públicas que sirvan para algo   y no paquidermos inútiles. Acto seguido, convoca a un concurso público para llenar las plazas así definidas. Se presentan voluntariamente los trabajadores CAS y los de otros regímenes que deseen. El atractivo para los CAS es que pasan a un régimen con beneficios sociales: 15 sueldos (12 sueldos anuales, dos gratificaciones y CTS), vacaciones de 30 días pagadas, libertad para formación de sindicatos y negociación colectiva de condiciones de trabajo. Es decir, todo.

Pero, a cambio de eso, y como es lógico, se establecen obligaciones. Los servidores deberán pasar evaluaciones de desempeño anuales relacionadas a las funciones de su cargo, con metodologías previamente divulgadas. Los que aprueben, pueden ascender. Los que desaprueben se capacitan y vuelven a ser evaluados al año siguiente. Si desaprueban por segunda vez, incurren en causal de cese.

Esto es lo que necesitamos para construir un Estado eficiente que sirva realmente a la gente y no desperdicie ni se apropie sin utilidad alguna para la sociedad de los recursos que todos le damos vía nuestros impuestos.

Hay que decir que ni siquiera el gobierno dio la batalla. Entregó el bastión sin lucha alguna, como si no hubiera sido consciente de lo que se estaba jugando. Lamentablemente el gobierno no parece haber priorizado el avance de la reforma del Servicio Civil. Una de las razones sería su costo: alrededor de 500 millones de soles anuales precisamente para financiar los beneficios sociales de quienes se pasaran al nuevo régimen. Pero ahora los 12 mil empleados de ESSALUD van a pasar a la 728 con un costo también alto para el presupuesto de esa entidad, y sin nada a cambio.

No es posible que el país no pueda mantener un esfuerzo de cambio estructural por más de dos años. Es imperdonable, por añadidura, que esta ley del Congreso se haya hecho con los CAS, que son los más proclives a postular al régimen del Servicio Civil. Debemos exigirle a nuestros partidos políticos un poco más de templanza frente a las tentaciones populistas. Esta ley debe ser observada por el Ejecutivo y el Congreso no debería insistir en ella. Por el bien del país.

Lampadia

El escándalo de corrupción del asesor presidencial, cirujano Carlos Moreno Chacón y la declaración de emergencia del sector salud (aunque no oficializada) han dejado a la luz la gran problemática que existe en nuestro país en el sector de la salud pública. En los audios, se oye a Carlos Moreno hablar de un ‘negociazo’ para beneficiarse económicamente de convenios entre el Sistema Integral de Salud (SIS), clínicas privadas con convenios con el Arzobispado de Lima e influencias indebidas en ESSALUD.

Este ‘negociazo’, según los audios, beneficiaría a Aldo Peirano, gerente del citado centro, con lo recaudado en los exámenes médicos, operaciones quirúrgicas y medicinas, debido a la mayor cantidad de pacientes y las tarifas complementarias del hospital Loayza. El ex asesor Carlos Moreno sería socio (en la sombra) de esa entidad.  El ex -asesor de PPK incluyó frases como “El SIS paga muy bien, vas a ganar plata” y “Esto es para hacer una millonada”.

Fuente: archivo.eltoque.com

Este caso de corrupción no es el único y solo es una ventana que muestra una de las tantas deficiencias en el sector. La calidad de los servicios de salud dejan mucho que desear. Como ya hemos informado múltiples veces en Lampadia, la calidad y acceso a la salud constituyen una de las grandes brechas sociales acumuladas desde las nefastas décadas perdidas entre los años 60 y 80. Desde la gran reforma de la economía con la Constitución de 1993, en que se permitió el retorno de la inversión privada, hemos progresado muchísimo, pero no hemos podido ponernos al nivel de nuestro desarrollo potencial.

En el cuadro inferior se puede observar claramente que la demora y el maltrato en la atención hospitalaria son solo algunos de los problemas reportados. Esto es imperdonable y debe ser solucionado lo antes posible.

Lamentablemente el sector público sigue siendo muy resistente a promover la participación del sector privado moderno en los servicios de salud. Esto también se ve en ESSALUD, donde a pesar de haber tenido un tremendo éxito en sus dos hospitales con APPs de ‘bata blanca’, ha descontinuado el proceso y está retrocediendo a esquemas de ‘bata gris’. Ver en Lampadia: Asociaciones Público Privadas: Una solución efectiva ‘HOY’.

El problema es que todo lo que se nomina como concesiones y APPs es tildado peyorativamente como “privatización”. Pero en realidad solo se trata de contratar la inversión, operación, la gestión, del establecimiento, a cambio del cumplimiento de metas preestablecidas y claramente fiscalizables por parte del Estado. En cambio, cuando los servicios se mantienen en manos del Estado, nadie supervisa, no hay estándares ni metas establecidas, no hay rendición de cuentas ni transparencia.

Estas objeciones a que se priorice el servicio a los ciudadanos antes que los resabios es producto de la ‘lluvia ácida’ socialistoide que hemos sufrido por décadas y, que se agravó sustancialmente en el gobierno del nacionalismo, que entendía al sector privado como una suerte de fuerza de ocupación extranjera y sembró funcionarios y procesos resistentes a su participación.  

Las APP son la mejor manera de servir mejor al ciudadano. La acusación de “privatización” esconde el temor a perder las prebendas que una gerencia privada desterraría, o a tener que incorporarse a un régimen de trabajo más disciplinado y exigente. De hecho, por ejemplo, se reducirían las posibilidades de vender servicios por lo bajo o de desviar pacientes hacia la práctica privada. Lo que se ha desarrollado es una forma de privatización de segundo nivel, sin concursos ni transparencia, y con operadores de cuestionable capacidad. Ver en Lampadia: No habrá ‘revolución social’ sin una verdadera reforma de salud.

El mejor ejemplo de lo adecuado que pueden ser las APP en el sector de la salud, que accidentalmente lograron pasar las vallas de la mentalidad estatista, son los hospitales de ‘Bata Blanca’ de ESSALUD: Alberto Leopoldo Barton Thompson y Guillermo Kaelin de la Fuente. (Ambos iniciados en el gobierno de García). Ver en Lampadia: APPs en salud: Poniendo a la población por delante y Las APP han generado servicios de salud de alta calidad. Estos son los mejores hospitales del Estado (y probablemente también, del sector privado) que se hayan construido en toda nuestra historia. Pero, ¿ha aprovechado esta experiencia el gobierno para difundirla como ejemplo de lo que significa una APP para la población? No, en verdad está muy escondida de la opinión pública. Lo que es más, el propio ESSALUD no pretende replicar el éxito en los nuevos hospitales, que está desarrollando en la modalidad de ‘Bata Gris’ (que excluyen los servicios médicos y un servicio integral).

El mayor aporte de los hospitales basados en APPs de ‘bata blanca’ para la calidad de la salud, es que al mismo costo por asegurado de la operación directa de Essalud, se logran estándares inmensamente mejores y verificables. Por ejemplo: solo pueden demorarse cinco días en dar la primera cita a un paciente, diez como máximo para la segunda cita y solo demorar 30 días en realizar una intervención quirúrgica en caso que esta sea necesaria.

Essalud está de retroceso con operaciones directas y concesiones de ‘bata gris’, para dar gusto a sus médicos que pretenden mantener su clamoroso nivel de servicio en todos los espacios posibles, y el Ministerio de Salud no  ha logrado recuperar el control y manejo en la aplicación de las políticas sectoriales en los gobiernos descentralizados, uno de los objetivos del Seguro Integral de Salud (SIS). Por lo tanto, ¿cómo queda el sistema público de Salud?

Fuente: cdne.ojo.pe

El SIS ya está en crisis. Miguel Palacios Celi, decano del Colegio Médico del Perú, afirmó que el número de afiliados aumentó de 12 millones en 2011 a 17 millones a junio del 2016. Sin embargo, en paralelo, el presupuesto otorgado ha venido de caída año tras año. Según el Colegio Médico del Perú, el SIS apenas destina S/. 24 anuales por cada asegurado a los hospitales.

Por otro lado, no podemos dejar de mirar la evolución de los servicios de salud en el mundo y su performance. Lo que nos permite mirar que adémas de nuestros problemas internaos, estamos muy lejos de  estándares racionales. Ver el ránking mundial de eficiencia en el sector salud elaborado por Bloomberg al final del artículo. 

Esperamos que tras este escándalo de corrupción, la reorganización anunciada por el Ministerio de Salud incluya una alianza con el sector privado moderno para lograr una verdadera revolución en el sector salud, que los peruanos  necesitamos a gritos. ¡La salud está antes que los atavismos, la ideología y los prejuicios! Lampadia

Al igual que en el caso de la educación, uno de los graves efectos secundarios del gran apagón nacional con el que perdimos 30 años (60s, 70s y 80s), fue la destrucción de los ingresos de los servidores públicos de salud (médicos enfermeros y técnicos) por la erosión creada por la hiperinflación. Estos servidores sociales tenían ingresos fijos que fueron licuados por la inflación. Ante ello, se fueron produciendo una serie de comportamientos disfuncionales como, la disminución de las horas de servicio para que los trabajadores puedan tener ingresos adicionales fuera del Estado y; entre otros, las agremiaciones de corte sindical que tenían que asumir actitudes de fuerza para conseguir mejoras a costas de otros, pues vivíamos en un sistema de ‘suma cero’. Así fue que el Estado fue convalidando estas instituciones y en muchos casos dotándolas de privilegios inconvenientes, como franquicias para asociaciones monopólicas y obligatorias.

Pues hasta nuestros días, el enfoque de las dirigencias gremiales y sindicales sigue siendo reivindicativo y la acción del Estado concesiva. Hoy vivimos en un país diferente, lleno de oportunidades, en un sistema de ‘suma positiva’, pero lamentablemente, ante la falta de visión y liderazgo de nuestros gobernantes, no se puede avanzar con presteza ni claridad en las indispensables reformas. Veamos las resistencias en el sector salud: 

La resistencia a las reformas en Salud

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski debería aprovechar su ascendiente con los médicos para sumarlos a la causa de la reforma. Porque lo que hemos visto hasta ahora ha sido una resistencia de los gremios médicos a los avances de la modernización en el sector, mezclada con entendibles demandas de incrementos de sueldos. No cabe duda que la remuneración de los médicos tiene que subir, pero eso tiene que darse el marco de un nuevo sistema que asegure mucho más productividad en los establecimientos y en el sistema. Porque lo que interesa es la salud de la gente.

No olvidemos que Cesar Palomino Colina, quien anteriormente fue el Presidente de la Federación Médica, desde la cual promovió y dirigió huelgas médicas inhumanas que deberían haber supuesto su expulsión del gremio médico, pasó luego a ser el Decano Nacional del Colegio Médico, para luego postular al Congreso en la lista de Alianza para el Progreso de Cesar Acuña. Con esos dirigentes en la profesión médica, solo queda emprender una reforma completa del sistema en la que se privilegie el compromiso humanitario de la profesión.

La modernización del sector supone varios cambios. En todos o casi todos ellos ha habido resistencia u oposición. Veamos.

Resistencia a la separación de roles

La reforma madre en el sector Salud se expresa en el concepto de separación de roles o funciones. En Essalud esto supone la separación entre el financiamiento y las prestaciones, es decir, entre el fondo (IAFAS) y los establecimientos (IPRESS). El Fondo contrata a los establecimientos o a redes de establecimientos con arreglo a determinadas metas. En el Sector, el Ministerio y las direcciones regionales de Salud desempeñan un rol rector, y los establecimientos ejecutan, brindan el servicio. Esta relación puede regularse mediante presupuestos por resultados, o, en el caso del Seguro Integral de Salud (SIS), mediante contratos de gestión con los establecimientos en los que se entrega el dinero por tramos según el cumplimiento de metas trimestrales. La idea sería que todo el presupuesto del sector salud sea gestionado por el SIS.

Pues bien, hay una resistencia ideológica este cambio. La explicación podría estar en el mayor nivel de exigencia que supone, pues en este marco los establecimientos tienen que cumplir metas de atención y resultados. Y, en la medida en que también se puede contratar establecimientos privados (aunque solo de manera complementaria, lo que sigue siendo una forma de proteccionismo), aparece el fantasma de una posible competencia.

Veamos el caso del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS) de Lima. Este se creó para gestionar los hospitales de Lima, que dependen del Ministerio. Siempre dentro del concepto de separación de funciones, si el Ministerio asume el rol rector ya no puede gestionar directamente los hospitales. Entonces creó el IGSS para que maneje los establecimientos de salud de Lima. Hasta antes del IGSS los hospitales de Lima dependían directamente del MINSA, pero en la práctica se gobernaban solos. El MINSA designaba Directores y después cada hospital se manejaba por sí mismo porque no existía un área, oficina o Dirección en el MINSA que se encargara, por ejemplo, de organizar la oferta de servicios con una lógica de niveles de atención ni de complementariedad especializada ni de ahorro de recursos. Lo que se tenía eran feudos de gestión independiente en los que no se aprovechaba economías de escala para las compras, los servicios, etc. Y en los que era más fácil sucumbir a presiones de grupos internos de interés, como los de la Federación Médica y otros sindicatos, que eventualmente condicionaban al director del Hospital para mantener el statu quo: desvío de pacientes a la práctica privada, no cumplimiento de horarios, manejo patrimonialista de los servicios (hay médicos que tienen la llave de “sus” consultorios, por ejemplo).

La idea, entonces, era que el IGSS tomara el control de las compras de todos los hospitales y centros de salud, de la gestión de los servicios, dentro de una lógica de red y de sistema (como lo hacen los holding privados: San Pablo, por ejemplo, tiene cinco clínicas, pero una sola gerencia administrativa y médica). Pues bien, el IGSS se creó, pero no ha podido asumir sus funciones sencillamente porque la Federación Médica se ha resistido. No quiere depender de una gerencia de operaciones que tenga la capacidad de corregir el desorden, en el que medran intereses de todo tipo. Lo que hay allí, en el fondo, es la defensa de un statu quo patrimonialista e ineficiente al servicio, en última instancia, de la práctica privada de los médicos.

Resistencia a las Asociaciones Público Privadas

En teoría, la separación entre el fondo financiero y la prestación de los servicios implica que, en teoría, el fondo (sea el de Essalud, del SIS o del MINSA) pueda comprar servicios a quien mejor los provea, sean establecimientos públicos o privados. Precisamente la idea es establecer una competencia a favor de los usuarios, que son la razón de ser del servicio. Pero en nuestro país se concibe contratar redes o establecimientos privados solo de manera complementaria, en la medida en que el Estado no tenga la capacidad de brindar el servicio. Es decir, la subsidiariedad al revés. La Constitución al revés. Así, al limitarse la competencia, se limita la calidad del servicio.

Un consecuencia lógica del sistema sería convertir los hospitales públicos en APPs. De esa manera serían más eficientes. Pero todo lo que sean APPs es tildado por la Federación Médica como “privatización”. Cuando en realidad solo se trata de contratar la operación, la gestión, del establecimiento, a cambio del cumplimiento de metas fiscalizables. Es la manera de servir mejor al ciudadano. La acusación de “privatización” esconde el temor a perder las prebendas que una gerencia privada desterraría, o a tener que incorporarse a un régimen de trabajo más disciplinado y exigente. De hecho, por ejemplo, se reducirían las posibilidades de vender servicios por lo bajo o de desviar pacientes hacia la práctica privada (que significa que la privatización ya existe; pero es la privatización de los pacientes).

Un avance muy importante han sido los Hospitales Kaelin y Barton, construidos y administrados por consorcios privados incluso en la llamada ‘bata blanca’ (gestión médica). Funcionan muy bien y tienen el incentivo correcto: reciben un pago capitado (por cada persona del área asignada al hospital), de modo que les conviene hacer prevención a fin de que la gente no se enferme y de esa manera incrementar las utilidades. Utilidades y salud se complementan, se refuerzan mutuamente. Pero los hospitales son del Estado y de lo que se trata es sólo de una concesión temporal. Sin embargo, la Federación Médica se opuso desde el principio a estos proyectos acusándolos de ser “privatizaciones”, y movilizaron a pacientes contra su operación.

El mayor aporte de los hospitales basados en APPs de ‘bata blanca’ para la calidad de la salud, es que al mismo costo por asegurado de la operación directa de Essalud, se logran estándares inmensamente mejores. Por ejemplo: solo pueden demorarse cinco días en dar la primera cita a un paciente, diez como máximo para la segunda cita y solo demorar 30 días en realizar una intervención quirúrgica en caso que esta sea necesaria. No mencionamos los equivalentes de la operación directa de Essalud, para no deprimir a nuestros lectores y porque todos saben como es. 

Incluso la propia Essalud habría caído en esas presiones, pues Lampadia reveló que había empezado a cambiar la relación de las poblaciones asignadas a cada hospital debilitando así la labor de prevención ver: Las APP han generado servicios de salud de alta calidad. La presidente Ejecutiva de Essalud, Virginia Baffigo, asegura que no hay intencionalidad alguna en esos cambios de poblaciones sino que ello obedece a la volatilidad de la población asegurada. Según ella, “La adscripción de los asegurados se realiza de manera estricta mediante el Sistema de Acreditación de Derecho de los Asegurados. Este sistema registra Altas y Bajas y se alimenta de información que nos envía la SUNAT. Las personas que están afiliadas en los entes llamados conos de la ciudad son trabajadores con alta volatilidad, por ejemplo trabajadores de construcción civil u otras ramas muy sensibles a los vaivenes de la economía. Hemos asistido a fluctuaciones de hasta casi el 20 por ciento de altas y bajas. De los 250 mil afiliados, al inicio cada mes cambiaban 20 mil, personas que entraban  y salian del sistema. Al parecer en este momento existe más estabilidad. Esto es habitual en el régimen contributivo. Digamos que “así es el negocio”. Nadie les mueve la población de manera intencional”.

El hecho es que para las tres nuevas APP en proyecto (en Piura, Chimbote y el Instituto de Niños y Adolescentes en Lima), sólo se ha solicitado “bata gris”, no bata blanca. Esto significa que la APP brinda sólo equipamiento y servicios administrativos de soporte, pero no la gestión de los servicios médicos propiamente dichos. Según la presidenta Ejecutiva de Essalud, Virginia Baffigo, se pide bata gris y no bata blanca porque estos hospitales van a reemplazar a otros que ya existen (el hospital Cayetano Heredia de Piura y el Hospital de Nuevo Chimbote) y “por eso no podría ser bata blanca porque ya disponemos de personal que tiene estabilidad laboral”. Pero la verdadera razón es evitar el conflicto con los sindicatos, que se oponen a cualquier régimen que pudiera representar un cambio del statu quo que lleve a mayor eficiencia.  

Como hemos relatado en informe pasado, el caso más dramático e indignante fue el del convenio de Essalud con los hospitales de Solidaridad (SISOL), que fuera denunciado ante la Contraloría con acusaciones infundadas que hicieron que el Sindicato de Médicos del Seguro Social lo denunciara a la Comisión de Salud del Congreso, donde el congresista Tapia, vinculado a los médicos de Essalud, denunció a su vez fiscalmente a Midori De Habich, Susana Villarán y a Virginia Baffigo. Mientras tanto el convenio fue boicoteado por los médicos, que no enviaban pacientes a los hospitales de Solidaridad. Finalmente fue resuelto y la experiencia abortó. La Federación ganó la batalla, pero los pacientes perdieron.

Resistencia a SUSALUD

También hay resistencia a las supervisiones de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), institución creada en la reciente reforma para supervisar la calidad de la atención de los servicios públicos y privados, con capacidad sancionadora. También supervisa que las acreditaciones se hagan bien.

SUSALUD es la bestia negra para algunos médicos. Lo que argumentan es que no se puede supervisar y sancionar si primero no se cierran las brechas de infraestructura y equipamiento. Sin embargo, la mayor parte de las quejas no tienen que ver con esas eventuales carencias, sino con deficiencias en la atención, demoras, poca información, cobros indebidos, desvío de pacientes a la práctica privada etc. Se entenderá la razón de la oposición del Colegio Médico y a la Federación Médica.

Pago por desempeño

Una de las reformas que introdujo la ministra Midori de Habich, fue el pago por desempeño. Dicho pago es anual y equivale a un sueldo. Lo reciben todos los trabajadores de una Unidad Productora de Servicios (puede ser un servicio dentro de un hospital o una red de primer nivel) si dicha Unidad alcanza el cumplimiento de un conjunto de indicadores (tiempo de espera, satisfacción, cobertura de controles, etc.). 

Es problema es que el pago por desempeño desató una presión para que todos reciban el bono, para lo cual el sindicato demandó que se bajen las metas o se retiren algunos indicadores a fin de que todos puedan “cumplir”. Pero si todos reciben el bono, este pierde su capacidad estimulante del rendimiento. El Ministerio tuvo que ceder en algo para evitar una huelga, pero felizmente no en todo, aun.

Redes e intercambio prestacional

Un elemento fundamental de la reforma es la organización de los establecimientos y servicios en redes, de modo que los médicos especializados, por ejemplo, puedan salir del hospital y atender temporalmente en zonas o establecimientos periféricos que carecen de esos médicos. Supone la posibilidad de programar la demanda y que funcione bien el sistema de niveles de atención.

Aquí el problema es con los médicos nombrados, que argumentan que fueron nombrados en el establecimiento tal o cual y no tienen por qué visitar otros sitios. Hay, sin duda, un problema con las normas, que deben ser modificadas para que permitan la gestión de todos los recursos en Red. Hoy son de cada “establecimiento”.

Esto también se aplica al mejor uso de  la misma capacidad instalada. Hay, por ejemplo, hospitales cerrados en la tarde. Pese a que una norma ahora lo establece, en la práctica casi no hay intercambio prestacional. Un asegurado del SIS debería poder atenderse en un hospital de Essalud, por ejemplo, si es de más fácil acceso. De la misma manera, un cirujano de Essalud debería poder operar en un hospital del MINSA. En la práctica tales intercambios son muy engorrosos. La Contraloría obliga a procedimientos cada vez más complicados y los médicos terminan con procesos abiertos.  

Meritocracia en las Regiones

Otro problema es el nombramiento de los directores regionales y otros cargos regionales. Hay resistencia de los gobernadores regionales a contratarlos  por concurso. El Ministerio trabaja con SERVIR trabajamos en el desarrollo de Gerentes Públicos en Salud con la esperanza de que las regiones los pidan, pero prefieren trabajar con gente de confianza.

En suma, la nueva administración debe tener un panorama claro de los intereses creados que se oponen a las reformas, y de las razones por las cuales lo hacen, a fin de diseñar estrategias que permitan incorporar esos intereses de manera funcional a los cambios indispensables para dar un salto en los servicios de salud, en beneficio de todos los ciudadanos. 

Lampadia

Continuando con las destructoras ‘reformas’ del Sistema Privado de Pensiones (SPP), el miércoles pasado la Comisión de Economía del Congreso aprobó, sin análisis y sin debate, al carpetazo, el proyecto de Ley 30425 que permite que los afiliados al sistema de AFP puedan retirar el 25% de sus fondos para la compra de su primera vivienda.

Esto parecería una medida destinada a favorecer al sector inmobiliario que termina prácticamente de aniquilar la protección previsional en el país. Hoy en día existe una oferta de 16 mil departamentos en Lima pero solo se venden 700 al mes, cifra que podría aumentar si las personas pueden cubrir la cuota inicial con parte de su fondo previsional. El requisito para esto es simple: el afiliado tendría que tener como mínimo S/. 50 mil acumulados en su fondo para poder usar el 25% como cuota inicial, explica Francisco Dumler, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que se ha apurado a comentar la norma sin pudor alguno.

Además, se aprobó otro proyecto de ley que indica que el 4.5 % de la Cuenta Individual de Capitalización de los afiliados a las AFP sea derivado a EsSalud si es que los afiliados deciden retirar hasta el 95.5 % de sus fondos. Otra medida apurada y contraproducente que toman los congresistas sobre dinero ajeno. El esquema anterior establecía que el 4% de las pensiones fueran a EsSalud para solventar el seguro de salud. La situación de esta institución es tan grave que ha suspendido la afiliación de independientes por falta de fondos. 

Con todas estas nuevas medidas se terminará eliminando el SPP, como se advirtió con la primera norma. En un Editorial de Lampadia, explicamos porqué es que estas reformas implican la muerte del sistema privado de pensiones. Tres razones fundamentales:

1. Primero, porque la esencia del sistema es lograr pensiones decentes y seguras para los peruanos y, si ya no habrán pensiones, al retirarse los fondos, no hace ningún sentido mantener el ahorro forzoso.
2. Segundo, porque al no haber fondos de largo plazo, basados en las pensiones que tienen ese mismo horizonte, los fondos privados ya no podrán utilizarse en algunas inversiones de largo plazo, como las referidas a las inversiones en infraestructuras, tan importante para todos los peruanos.
3. Tercero, porque con este eventual dispositivo, terminaremos recreando un sistema de reparto en el cual los trabajadores peruanos tendrán las mismas pensiones miserables e injustas del sistema público de la ONP.

Los beneficios del sistema de aportes a cuentas privadas han probado largamente ser una de las reformas más importante de la seguridad social en el mundo y su reforma no puede tomarse a la ligera. Los sistemas de acumulación privados generan una mejor esperanza de contar con una pensión razonable.

Para empezar el SPP, no exige aportes de 20 años para efectivizar las pensiones, todos los montos aportados los recibe el afiliado junto con su respectivo interés. La protección individual para alguien que entre al sistema de joven y se mantenga en él durante su vida laboral, que es muy importante. Además, el SPP genera otros beneficios como la formación de ahorro nacional, el desarrollo del mercado de capitales y la capacidad de movilizar inversiones locales de largo plazo, en consonancia con la naturaleza de las pensiones.

En Lampadia publicamos, según cálculos de la Asociación de AFPs, una simulación de la posible pensión de alguien que durante toda su vida gane solo el salario mínimo vital (anterior) de S/. 750.00 constantes, a lo largo de 40 años, que debería ser el período normal de trabajo. El resultado muestra que con un aporte constante de S/. 750.00 se puede obtener una pensión de S/. 1,371. Ver en Lampadia: El Sistema Privado de Pensiones (SPP) es para los pobres.

Si se deja que se consolide el sistema y ampliamos su cobertura, podríamos ofrecer un gran beneficio a las familias peruanas. Solo un acto de máxima irresponsabilidad podría desaparecer el SPP, habiendo mejores alternativas.

Actualmente, el mayor problema para universalizar las afiliaciones es la composición laboral de los peruanos, donde prima la informalidad y el trabajo independiente. Está claramente probado que es sumamente difícil, si no imposible, incorporar a esta población al sistema tal como estaba establecido.

Con esto en mente, en Lampadia planteamos la posibilidad de canjear parte del IGV gastado por cada trabajador por aportes a su fondo individual de pensiones, a diferencia de la propuesta de Levi (BID) que lo plantea como aporte a un pozo común para un sistema de reparto tradicional. La idea es IGV por aportes individuales. (Ver: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo). Este mecanismo combatiría la informalidad al poseer fuertes incentivos para la formalización, al mismo tiempo que estimularía una mayor recaudación; así, el Estado solo “devolvería” una porción del IGV en cuentas que cada nuevo afiliado mantenga en el SPP.

El daño hecho al país con los recientes cambios al SPP, son, como se verá con toda nitidez más adelante, sumamente graves. 

Es importante que los ciudadanos tengamos claramente identificados a los responsables de semejante barbaridad. En este caso encabezan la lista los congresistas Delgado, Lezcano y García, a quienes hay que sumar al Presidente del Congreso, Luis Iberico, que conociendo las consecuencias de estas normas, no ha tenido la capacidad política para orientar mejor los debates e incorporar a los ciudadanos en sus ponderaciones.

Tal vez el argumento más claro que hemos presentado en Lampadia para tratar de evitar esta situación es aquel con el que planteamos que a quién se debía preguntar sobre el SPP era a los hijos de los pensionistas, que en un país sin pensiones, tendrán que apuntalar las condiciones de vida de sus padres. Ver: ¿Quieres que tu papá tenga una pensión?. 

Las reformas aprobadas por la Comisión de Economía del Congreso son ejemplo de una lucha de intereses ajenos al mejoramiento del sistema y más bien una manipulación populista y cortoplacista que debe ser reprochada. Pensemos en nuestro futuro antes de tomar tales decisiones. Lampadia