Por: Federico Salazar
El Comercio, 28 de Mayo del 2023

“No se debe aceptar la acusación especulativa y sesgada. Tenemos, también, derecho a la verdad”.

Quieren que abandonemos la razón. No quieren que pensemos. Quieren agitación, falsedad y sublevación.

Amnistía Internacional (AI), una ONG de alcance global, ha publicado un informe sobre las protestas y la represión de inicios de año. No es un documento serio.

AI concluye que se usaron “armas letales” y “armas prohibidas para tarea de control del orden público (perdigones)”.

Todas las armas que usan las Fuerzas Armadas son, obviamente, “letales”. La redundancia quiere causar una impresión.

Los mismo sucede con la expresión “armas prohibidas”. AI no informa sobre el contexto en que se recurrió a las Fuerzas Armadas.

Hubo incendios de aeropuertos, de sedes del Ministerio Público y del Poder Judicial, además de empresas, así como vías tomadas y bloqueadas. Todo ello inmovilizó a buena parte del país que quería trabajar.

Las autoridades esperaron a que las cosas se calmaran. Cuando el Gobierno recurrió a las Fuerzas Armadas y Policiales, ya había una situación de vulneración de los derechos de los ciudadanos que quieren vivir en paz.

No es falso que hayan muerto decenas de personas. Culpar al Gobierno de esas muertes es, sin embargo, irrazonable e irresponsable.

Es cierto que hubo efectivos de las fuerzas del orden que persiguieron a manifestantes. Cuando vemos a uno de ellos arrodillarse, apuntar y disparar, estamos ante un asesinato. La pregunta es: ¿obedecía una orden de matar?

Esta es la conclusión del informe de AI. Para ellos, “lejos de tratarse de incidentes aislados de excesos policiales y militares individuales, el uso ilegítimo de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad peruanos apuntaría a una respuesta estatal deliberada y continua”.

¿Apuntaría? ¿Es eso serio? Acusas a alguien de cometer asesinato ¿y le dices “todo apuntaría a que ordenaste”? Eso es de una colosal irresponsabilidad.

La mejor acrobacia argumental de AI se refiere al racismo. Las fuerzas de seguridad actuaron letalmente, dice, en regiones que representan el 13% de la población total. Pero en ese 13%, la mayoría se considera indígena.

El 80% de las muertes ocurrió en esas regiones. Por lo tanto, “hubo una sobrerrepresentación de muertes por fuerza letal en las regiones de pueblos indígenas”. Ergo, ¡fue un ataque racista! Y si es contra una etnia, ¡es genocidio!

Las muertes se “sobrerrepresentan”. Este atentado contra la razón tiene una finalidad. ¡Tener un acusado de genocidio!

AI no nos puede contar lo que vimos. Lo que vimos no fue, en todos los casos, manifestaciones y protestas. Muchas veces vimos delitos, como asaltar e incendiar una empresa o una comisaría o matar y quemar a un policía.

Imaginemos que un grupo protesta en París y toma por asalto y quema un “Comissariat de Police”. ¿No tendrían que acudir las fuerzas del orden con todo su equipamiento?

Esto ya lo vivimos antes. Se cometen delitos muy graves para que la respuesta de las fuerzas del orden sea desmedida. Y entonces viene la acusación no para el que inició la violencia, sino para el que respondió.

Las fuerzas del orden deben actuar bajo la ley. Están facultadas a usar su equipamiento, según lo establecen el decreto legislativo correspondiente y su reglamento. Se debe investigar quiénes infringieron su propia ley.

No se debe aceptar la acusación especulativa y sesgada. Tenemos, también, derecho a la verdad.

Por: Mirko Lauer
Youtube

Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 6 de Mayo del 2023

“El duelo nacional por las muertes que jamás debieron ocurrir requiere de una reflexión mucho más profunda y equilibrada que la que ha producido la CIDH”.

Es evidente que las muertes ocurridas durante las revueltas de diciembre y enero deben ser investigadas con celeridad para determinar si hubo uso excesivo y criminal de la fuerza, pero el informe de la CIDH se funda en narrativas cercanas a los sectores de izquierda, que no ayudan a pacificar el país.

Para comenzar, es muy importante el origen y legitimidad de las protestas para entender su naturaleza. La información que movilizó a muchas comunidades fue un mito: que el expresidente Pedro Castillo, campesino como ellos, había sido derrocado por el Congreso en alianza con los poderes económicos. Les habían robado el voto. La protesta, entonces, era lógica, pero se basaba en una falsedad infundida por la prensa alternativa de izquierda y las dirigencias radicales, fraseada en clave de lucha étnica y de clases. Aún hoy más de la mitad de la población sigue creyendo que el golpe lo dio el Congreso. La comisión debió dar cuenta de esto para tranquilizar a la población falazmente agraviada.

También el informe debió incluir una evaluación de la legitimidad de las demandas. Estas eran claramente inconstitucionales (asamblea constituyente, cierre del Congreso, liberación de Castillo, adelanto de elecciones). Por lo tanto, las revueltas tenían un carácter insurreccional que, en última instancia, buscaba, las primeras semanas, reponer a Castillo. Era importante establecer este carácter insurreccional, porque eso es lo que explica el nivel de violencia extrema que alcanzaron las protestas, con ataques a aeropuertos, comisarías, fiscalías, empresas, etc., impulsados en medida importante por dirigencias radicales de izquierda tales como el Fenate-Movadef –desplazado del gobierno–, cuyo papel el informe no evalúa ni juzga.

Y es en el marco de esa violencia extrema que debe analizarse la reacción de las fuerzas del orden, para ver si hubo o no un exceso injustificado. En el caso de Juliaca el informe sí reconoce que las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedras, palos y fuegos pirotécnicos, como avellanas, pero eso no le impide concluir que allí hubo un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado. ¿Debieron los policías actuar como en Ica, donde se limitaron a recibir piedras, palos y bombardas? ¿No hay responsabilidades compartidas en el doloroso saldo de muertes que aún enluta a las regiones del sur y al país entero?

El informe desdeña el carácter insurreccional de las movilizaciones para poner énfasis –como telón de fondo de las protestas– en condiciones de discriminación y desigualdad generadas por el modelo económico y por el “extractivismo” que destruye el ambiente, asumiendo sin pudor un claro discurso de izquierda. Por supuesto, desconoce que los conflictos con la minería se deben mucho más a reclamos rentistas que ambientales y que fue ese “modelo” económico el que redujo la pobreza del 60% al 20% (antes de la pandemia) y logró que los sectores rurales andinos mejoraran su ingreso en mayor proporción que los demás, como demostró Richard Webb. Lo que ha ocurrido es que esa burguesía rural ve impotente cómo los gobiernos locales y regionales se roban la plata, los servicios no funcionan y las obras se paralizan. Y no puede formalizarse por el costo de las leyes.

Debido a su orientación ideológica, la comisión no registró ni condenó la entronización de verdaderas dictaduras locales regidas por dirigencias radicales que bloquearon carreteras, cerraron mercados y tiendas, acallaron periodistas, incendiaron canales de televisión y locales institucionales, azotaron a autoridades que osaban hablar con el Ejecutivo, entre otras abiertas, flagrantes y continuadas violaciones a los derechos humanos de las personas comunes y corrientes.

El duelo nacional por las muertes que jamás debieron ocurrir requiere de una reflexión mucho más profunda y equilibrada que la que ha producido la CIDH.

Uri Landman
Para Lampadia

Desde muchos años, un grupo cada vez mayor de peruanos, sostenemos que nuestro país debe recobrar su soberanía en términos jurisdiccionales con respecto a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ambos organismos, parte del “Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, han sido tomados por los caviares y lejos de velar por los derechos humanos de todos nosotros, se dedican a defender los “derechos humanos” de terroristas y delincuentes, obteniendo jugosas indemnizaciones, de la mano de las ONG que los defienden, en detrimento de estados soberanos como el Perú.

El informe emitido la semana pasada por la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en el Perú, es un claro ejemplo de por qué debemos salirnos de la competencia de la CIDH lo antes posible. Los caviares dirán que salirnos de la CIDH nos aislará como país, sin embargo, soy de la opinión que ello es falso. Los dos países más importantes y desarrollados de nuestro continente, Estados Unidos y Canadá, no son parte de la CIDH y hasta donde tengo entendido, los demás países no han roto relaciones diplomáticas ni impuesto sanciones.

En dicho informe, se hacen aseveraciones falsas, se omiten hechos reales, se instituye una narrativa distorsionada de la realidad y basada en ella, se llegan a conclusiones y recomendaciones que son ofensivas a nuestra soberanía como país. Analicemos brevemente este vergonzoso informe:

• En uno de los primeros puntos se dice que “tuvieron lugar numerosas y masivas manifestaciones pacíficas en el país”. Nosotros, que hemos sido testigos presenciales de los hechos, sabemos perfectamente que las manifestaciones no fueron pacíficas. Por más que nos quieran hacer creer que es “normal” tirar piedras a la policía, quemar edificios públicos como comisarías, sedes de la fiscalía, del poder judicial y tomar aeropuertos; sabemos perfectamente que todos estos, son actos terroristas.
• El informe minimiza la violencia y llama “vandalismo” a estos actos terroristas. Las personas que cometen estos actos son terroristas. Nada tiene que ver el origen étnico o racial de los manifestantes. Si una persona le tira una piedra a un policía, lanza una bomba molotov a una comisaría o toma un aeropuerto, esa persona es un terrorista, ya sea blanco, negro, amarillo, rojo o azul; no importa si sus raíces son de Ayacucho, Puno, Lima o París, sigue siendo un terrorista.
• Es inaceptable el cuento que nos quiere vender la CIDH que las protestas de diciembre y enero, tienen sus raíces en la discriminación de la clase política de Lima en contra de las poblaciones campesinas del Perú profundo. Hasta donde tengo entendido, Dina Boluarte nació en Apurímac y no en Lima.
• En su análisis mencionan, que en los enfrentamientos entre los terroristas que tomaron el aeropuerto de Ayacucho y la policía, se debería tomar en cuenta el aspecto étnico-racial. ¿Acaso los policías peruanos que defendieron el aeropuerto eran parte de los “marines norteamericanos” y todos ellos eran altos, rubios y de ojos azules y que usaron fuerza excesiva contra los manifestantes porque ellos eran gringos y los manifestantes “cholos”? Absurdo por donde se le mira.
• Más absurdo todavía es la conclusión a la que llegan: que al ser los policías y soldados miembros del estado peruano, “la Comisión concluye en su informe que las muertes ocurridas, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”. Pero allí no terminan. En el colmo de la parcialización afirman “al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”.

Desde esta columna queremos ilustrar a los “insignes comisionados”:

Una masacre es cuando el gobierno Hutu de Ruanda asesina a 500,000 pobladores de la etnia Tutsi.

Una masacre no es cuando las fuerzas armadas de un país defienden a sus ciudadanos en contra de grupos de subversivos que quieren tomar infraestructura estratégica y sembrar el caos.

El informe de la Comisión dedica 9 líneas de sus 110 páginas al asesinato del suboficial de la PNP José Luis Soncco Quispe quien fue quemado vivo por una turba de sediciosos en Puno. Lejos de condenar el hecho de una manera contundente, lo relativizan al incluirlo como una más de las “víctimas” de la violencia.

Por supuesto que no se mencionan a los cientos de policías y soldados que resultaron heridos, muchos ellos de gravedad, durante las protestas. Tampoco se menciona a los seis soldados que murieron al tratar de cruzar el río Ilave para escapar de la turba que los atacaba. Para la Comisión, los soldados y policías no tienen derechos ni son dignos de mención. Una afrenta que no podemos aceptar.

Si todavía quedaba alguna duda sobre el sesgo ideológico de los comisionados, basta leer el punto 32 del informe, en el cual afirman que la economía del Perú, está basada en un modelo extractivista y que las regalías no han contribuido a reducir la pobreza y desigualdad en nuestro país. Para refutar de manera contundente esta mentira, voy a utilizar las cifras del INEI de reducción de la pobreza en el Perú. Desde el año 2004 al año 2019 la pobreza se redujo desde el 58.7% al 20.2% de la población, siendo el área rural donde la disminución fue mayor.

Como dice Nayib Bukele, presidente del El Salvador: “la prioridad de los derechos humanos debe ser enfocada en la población honrada, no en los delincuentes”. Lampadia

Por: Iván Arenas
Perú21, 5 de Mayo del 2023

La minería moderna aportó S/15,848 millones solo en tributación (canon, sobre canon, etcétera)

Acaba de publicarse el informe de la CIDH sobre las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. En el punto 32 del referido informe se indica que nuestra economía “está basada (…) en un modelo extractivista, cuyas regalías no han contribuido a reducir significativamente la desigualdad ni han traído desarrollo a las regiones donde predominan los pueblos indígenas y las comunidades campesinas”. Al margen de las discrepancias con otros puntos del informe, tomo en especial el punto 32.

Antes de continuar, una acotación. El informe intenta en vano —en el punto 32— demostrar que eso llamado modelo económico extractivista es una de las causas estructurales de la irritación ciudadana. Semejante intento de legitimar las protestas no coinciden con la realidad.

Ahora bien. Tomemos a la minería moderna como un ejemplo del “modelo extractivista”. Hoy solo un obtuso ideológico podría negar la enorme contribución de la minería moderna sobre todo en las zonas aledañas y comunidades rurales. La minería moderna no solo es el principal motor de la economía sino además ha generado reducción de pobreza y creación de empleos directos e indirectos.

Cuando la CIDH indica que el “modelo extractivista no ha contribuido a la reducción de desigualdades” nos intenta vender un relato exactamente igual que el opositor antiminero ha fabricado y desarrollado hasta convertirlo en mitos y posverdades.

Ejemplos sobran. En 2022, la minería moderna aportó S/15,848 millones solo en tributación (canon, sobre canon, etcétera) y más de S/10 mil millones fueron destinados a los gobiernos locales y regionales. Áncash, por ejemplo, recibió más de S/2,860 millones. Con respecto a la reducción de la pobreza, ¿cómo se podría explicar semejante bajada de pobreza y pobreza extrema en Espinar, Moquegua, Apurímac, Chumbivilcas y Áncash sin el aporte decisivo de la minería moderna? ¡Imposible! Otro ejemplo: Las provincias mineras se ubican en los primeros lugares de los indices de comprensión lectora.

Decir que la minería moderna (el “modelo extractivista” de acuerdo a la CIDH) no ha reducido la desigualdad es solo propaganda. Finlandia, Canadá, Chile o Australia tienen políticas extractivistas no obstante de Estados más eficientes que cierran brechas sociales históricas, articulan territorialmente el desarrollo y aplican políticas a favor de más inversión minera moderna. Nada tiene que ver la minería moderna en las insurrecciones y protestas contra Boluarte. Habrá que buscarse otro cuento.

Por: María José guerrero
El Comercio, 3 de Mayo del 2023

“Las afinidades que comparte el régimen de Daniel Ortega con Rusia, China e Irán incluyen el autoritarismo, la supresión de los derechos políticos y civiles de su población, la eliminación de la oposición política y su desprecio a los derechos humanos”.

La última filtración de documentos secretos del Pentágono dio a conocer en abril de este año intimidades de las relaciones diplomáticas del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Los reportes de inteligencia sugieren que Rusia, China e Irán han encontrado suelo fértil en el país centroamericano con la intención de ampliar su presencia en el hemisferio occidental a través de canales económicos, políticos y militares. La dictadura orteguista, cada vez más aislada y rechazada profundamente por la comunidad internacional, “expresó su voluntad de comprometerse con países de ideas afines” apuntando a “contrarrestar” la esfera de influencia de Estados Unidos, según los informes.

Desde el 2016, Rusia ha suministrado a Nicaragua equipo militar e infraestructura de monitoreo satelital y, en el 2022, ya en el contexto de la guerra con Ucrania, Ortega renovó la autorización a tropas rusas, aviones militares y buques de guerra para realizar supuestos ejercicios de entrenamiento y ayuda humanitaria en su territorio. Además, la semana pasada, la iniciativa empujada por Ortega para otorgar a dicha nación la condición de país observador del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) fue rechazada por los países miembros. Según el politólogo Carlos Murillo, “Rusia no está en condiciones de integrarse a un mecanismo regional como el SICA, en el que los principios del derecho comunitario, el protocolo de Tegucigalpa y demás acuerdos a los que el organismo está suscrito condenan el uso de la fuerza”.

De acuerdo con el reporte de inteligencia, los Ortega ven a los rusos como sus socios de seguridad más importantes. De hecho, Nicaragua es uno de los pocos países que dio su apoyo abiertamente a la invasión de Ucrania, aunque, desde el inicio del conflicto, las relaciones parecen haberse ralentizado y Nicaragua ha volteado los ojos hacia Beijing.

China y Nicaragua restablecieron relaciones diplomáticas en diciembre del 2021. En una movida precipitada y oportunista, Ortega anunció intempestivamente que su gobierno dejaba de “tener cualquier relación o contacto oficial con Taiwán”, tras 30 años de amistad e inversiones taiwanesas en el país, para sellar, un día después, su adhesión inminente al principio de una sola China. Uno de los reportes de inteligencia al que tuvo acceso el “Miami Herald” señala que ambos países han sostenido negociaciones secretas para la construcción de un puerto de aguas profundas en la costa atlántica nicaragüense. La empresa China Harbor Engineering Company estaría en conversaciones con el régimen desde mediados del 2022 para la realización de estudios de sitio y operaciones futuras, mientras que el Gobierno Nicaragüense “probablemente consideraría ofrecer acceso naval a Beijing a cambio de inversión económica”, evalúa uno de los documentos.

Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, realizó una visita diplomática a Nicaragua en febrero de este año en la que se discutieron acuerdos de cooperación económicos, comerciales y energéticos, pero también, según se filtró en los reportes de inteligencia, posibles colaboraciones militares.

Laureano Ortega Murillo, el siguiente en línea de la dinastía dictatorial de los Ortega Murillo y quien funge como asesor presidencial para inversiones, comercio y cooperación internacional, declaró esta semana que “ahora tenemos ese poderoso frente común que vienen conformando la República Popular China, la Federación de Rusia, India, los países árabes, la República Islámica de Irán y nuestra América Latina y Caribeña”.

Las afinidades que comparte el régimen de Daniel Ortega con Rusia, China e Irán incluyen el autoritarismo, la supresión de los derechos políticos y civiles de su población, la eliminación de la oposición política y su desprecio a los derechos humanos y los valores democráticos. Son, por lo tanto, un llamado a la acción a los países de la región para resistir estas alianzas autocráticas.

Por: Volodimir Zelenski
Diario Correo, 13 de Abril del 2023

Diversas instituciones y autoridades internacionales se han pronunciado tras la difusión de un video en donde se ve a un soldado ucraniano ser decapitado por supuestos militares de las fuerzas rusas. En el video, que dura 1 minuto y 40 segundos, se ve a un hombre con ropa de camuflaje y el rostro tapado cortándole el cuello a otro vestido de uniforme, tendido en el suelo y gritando “¡Esto duele!”.

Al cabo de unos segundos, los gritos cesan y se escucha a un hombre detrás de la cámara incitando en ruso al verdugo a “cortarle la cabeza”. Éste termina la decapitación con un cuchillo y al final, enseña la cabeza a la cámara.

“Hay que meterla en una bolsa y enviársela al comandante”, dice una voz, en ruso. La cámara también enfoca el chaleco de la víctima, que lleva el tridente del escudo ucraniano y una calavera.

Ante ello, el servicio ucraniano de seguridad abrió una investigación sobre el posible crimen de guerra. “Encontraremos a estos monstruos (…) Serán castigados”, aseguró su responsable, Vassyl Maliuk.

REACCIONES. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se pronunció a través de un video de Instagram y condenó el incidente.

“¡Con qué facilidad matan estas bestias! Este video de la ejecución de un prisionero de guerra ucraniano, el mundo debe verlo. Este es un video de Rusia tal y como es”, dijo Zelenski.

Asimismo, la misión para los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania afirmó estar “horrorizada” por el video, y asegura que “este no es un incidente aislado”. La Comisión Europea dijo que carece de información sobre la veracidad del video, pero el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que está “mortificado por el vídeo atroz”.

Por su parte, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, dijo que “para empezar, hay que comprobar la veracidad de las imágenes”

Entrevista a Carolina Ribera Añez
El Comercio, 30 de Marzo del 2023
Por: Victor Reyes Parra

Carolina Ribera Añez, hija de la encarcelada expresidenta de Bolivia Jeanine Añez, visita el Perú para participar en la primera jornada del Foro Madrid, un evento que reúne este miércoles y jueves en Lima a políticos peruanos e iberoamericanos opositores a los gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.

En diálogo con El Comercio, Ribera habló sobre la situación legal de su madre, cuestionó la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su casa, y contó que se reunió con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, para plantearle un pronunciamiento a favor de la liberación de la expresidenta.

—¿Cuál es la situación legal de la expresidenta Jeanine Añez? Ayer una comisión de la CIDH visitó el penal donde está recluida…

Mi madre es una presa política. Fue presidenta constitucional de Bolivia, hoy [es] presa política del régimen del MAS (Movimiento al Socalismo, el partido oficialista en Bolivia). Ha vivido un linchamiento judicial por dos años y dos semanas, más de 750 días que vive este calvario y toda esta persecución política, fiscal y judicial. Lo que están haciendo con ella es procesarla por la vía ordinaria. A ella, como exmandataria, le corresponde juicio de responsabilidades y defenderse en libertad. No hay un juicio justo, no hay independencia de las instituciones, no se respeta el debido proceso. En Bolivia no existe justicia, está totalmente sometida por el gobierno, con jueces y fiscales que se prestan a hacer estas ilegalidades porque les deben su cargo al poder político. No existe el Estado de derecho.

Mi madre ya tiene una sentencia de 10 años. Fue secuestrada y llevada a La Paz para silenciarla por completo, por un supuesto terrorismo que nunca existió. Lo que hubo en Bolivia fue un fraude electoral en el 2019. Evo Morales convulsionó el país y produjo una crisis institucional que después ocasionó enfrentamientos, estuvimos al borde de una guerra civil. Renunció, abandonó el cargo y huyó del país. Igual toda la línea sucesoria que correspondía, que eran de su partido, hasta que llegó a mi madre, Jeanine Añez, como segunda vicepresidenta del Senado. Asumió de manera constitucional la presidencia. Lo que han hecho es criminalizar la sucesión constitucional, que es lo mismo que sucedió en diciembre el Perú: Pedro Castillo quiso generar un golpe de Estado, la presidenta asumió por sucesión constitucional. Lo que pasó en Bolivia deja un precedente dañino, porque la sucesión constitucional es la puerta a la democracia en toda América Latina.

—¿Espera que instancias supranacionales puedan atender su caso?

Hay circunstancias que me indignan muchísimo ante los organismos internacionales, como la CIDH. Cuando Pedro Castillo, un golpista, ocasionó todo esto, ellos en 48 horas estuvieron en Perú visitándolo en la cárcel y tuvieron una reunión con su familia. A mi madre, después de dos años y dos semanas, debido a mi insistencia ante la comunidad internacional, ayer [martes] recién la visitaron en la cárcel para ver la situación en la que estaba y para que ella recién pueda ver a un organismo que supuestamente vela por todos los derechos humanos. Aquí vemos una total discriminación: ¿por qué con Pedro Castillo lo hicieron tan rápido y por qué con Jeanine Añez tardaron más de dos años?

—¿Cuál es el camino con el que busca que su madre pueda ser liberada?

 Vamos a seguir haciendo presión internacional. Ya hay varios informes, incluso del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), que son los mismos comisionados de la CIDH, diciendo que en Bolivia no existe una justicia imparcial, que hay presos políticos, que no hay una justicia que vele por el bienestar del país, sino una justicia tomada por el poder político. También el Comité contra la Tortura, que dice que los delitos de terrorismo por el cual a mi madre secuestraron y metieron presa, son delitos ambiguos e infundados que los utilizan como persecución política. También Naciones Unidas, la Unión Europea manifiesta que hay preocupación por la justicia boliviana. Diego García Sayán, relator por la independencia de jueces y fiscales, también dijo en su visita a Bolivia que es preocupante la justicia boliviana que está tomada por el poder político. El Departamento de Estados de EE.UU. también manifiesta su preocupación por la justicia boliviana y pone de ejemplo el caso de Jeanine Añez.

—Con su visita al Perú, ¿espera que el Estado o el Gobierno peruano pueda hacer algo por el caso de su madre?

Hay muchas similitudes entre lo que ha pasado en Bolivia y en Perú. El Congreso peruano actuó a tiempo y ahora la presidenta Dina Boluarte pasó lo que vivió mi madre en su momento. Pero aún el Perú no está libre, están un proceso y no tienen que dejarse. Porque vuelven como volvieron a Bolivia: con odio, sed de venganza y ganas de meter presos a todo el que piensa diferente o todo al que hace lo que no quieren. Quiero hacer un llamado de conciencia a los peruanos y al actual gobierno…

—¿Se reunió con el presidente del Consejo de Ministros?

Sí. Y tuve una respuesta que me indignó por completo. Al ver tantas similitudes, que han pasado y han sufrido por lo mismo, no puede ser que me diga que quieren guardar las relaciones diplomáticas con un gobierno de dictadores, de tiranos, que también lo ha sufrido el Perú.

—¿Qué le planteaste en específico?

Le pedí que haga una resolución oficial como gobierno y pidan la libertad de Jeanine Añez y todos los presos políticos de Bolivia. Lamentablemente, tuve una respuesta que me indignó muchísimo. No puede ser que quieran guardar las relaciones diplomáticas con gobierno que son tiranos, dictaduras. Así como me dan asco los gobiernos que son narcodictaduras, también me dan asco los gobiernos que dicen ser democráticos y que resultan que son cómplices. Aquí hay un doble discurso.

—¿Cuál fue su respuesta concreta?

Que no lo van a hacer, no van a dar ese pronunciamiento porque tienen que trabajarlo debido a las relaciones diplomáticas. También pedí al Congreso peruano, donde tuve una respuesta inmediata de que lo van a hacer, emitir una resolución pidiendo la libertad de Jeanine Añez y todos los presos políticos de mi país.

—¿Cree que el gobierno peruano debería romper relaciones diplomáticas con el de Bolivia?

No digo que tengan que romper relaciones diplomáticas, sino que aquí tenemos que velar por los derechos humanos. Yo soy respetuosa de la soberanía de cada país, no voy a hacer lo que hizo Evo Morales, pero aquí hay que defender los derechos humanos de toda nuestra región. Lo hemos sufrido, tanto Bolivia como Perú, y estamos perdiendo la calidad y los espacios democráticos siguiendo la ruta del socialismo del siglo XXI, que viven Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y que están intentando todavía en el Perú.

—¿Cuál es la vigencia política de Evo Morales en Bolivia y dentro del propio MAS?

Evo Morales ha bajado mucho. Hay un enfrentamiento total en el MAS, ellos siguen peleándose el poder. La preocupación que tengo como boliviana es ante esta situación tan complicada, violenta, no les importan los derechos humanos, la vida. Mi madre, en su gobierno, le dio un salvoconducto al actual presidente Arce para que pueda salir del país a hacerse su tratamiento de cáncer. A Jeanine Añez no le permiten ir a un hospital en La Paz. Aquí vemos la diferencia abismal de un gobierno que respeta la democracia y los Derechos Humanos con un gobierno dictatorial y totalitario.

Hay una preocupación muy fuerte en que [Luis] Arce se convierta en oficialismo y Evo Morales en su oposición, y todos los demás seamos perseguidos y encarcelados.

—¿Evo Morales ha perdido liderazgo dentro de su partido?

En el MAS, sí, por eso es que se puede convertir en la oposición de Arce. Está haciendo la oposición de Arce en este momento. Lo que quiere es volver, es un enfermo por el poder, quiere hacer lo que sea para volver a la presidencia en Bolivia.

—Durante las marchas contra el gobierno de Dina Boluarte se habló de la supuesta influencia de Evo Morales, sus operadores y el MAS, en Puno. ¿Cree que esto existió?

No lo creo, es indiscutible. Sí hay una influencia total de Evo Morales, influenciado por el Foro de Sao Paulo, para ordenar a [Pedro] Castillo a que haga todas estas cosas. Ojo: ellos son los que ocasionan el caos y después vienen a hacerse los que van a dar la solución. Ellos son los que producen enfrentamientos y muertes, y después se vienen a hacer los que van a dar una solución. Ellos son los que producen enfrentamientos y muertes, y después se creen las víctimas. Es el mismo libreto, es lo mismo que hacen en Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bolivia.

—¿Qué opinión le merecen Dina Boluarte y Pedro Castillo?

La presidenta actual me parece que aún está tibia. Ella tiene que decidirse y ser realmente una defensora de la democracia en su país. Esta es una causa mucho más grande, estamos hablando de luchar por la democracia y las libertades de los países de nuestra región. Y de Castillo, es una persona que está con este sistema criminal, corrupto, de narcodictaduras, que lo único que quiere es tomar la democracia y seguir manteniéndose en el poder, inventando narrativas falsas y violentado los derechos humanos.

—¿Y qué nos puede decir de la actualidad del gobierno de Luis Arce?

El socialismo del siglo XXI, el modelo chavista, lo que hace es generar crisis económica, política y social. Y eso es lo que estamos viendo en Bolivia. No hay independencia de poderes, no hay institucionalidad, todo está tomado por el poder político. Estamos sufriendo una economía fatal. Y a pesar de toda esta situación, ellos siguen abusando, no solamente con los presos político. Hay una justicia selectiva que solo persigue a los opositores, a quienes pensamos diferente. Lo último es que hay un proyecto de ley prohibiendo la manifestación pacífica, que viene del mismo gobierno, de parlamentarios del MAS. Esto cada vez avanza, estas narcodictaduras lo único que buscan es avanzar. No tenemos que permitir que sigan avanzando y tomando nuestro país.

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Hace 43 años, estudiando en Inglaterra, una de mis compañeras en el UMIST, Aronita, saltaba de felicidad por la destitución del Sha Mohammad Reza Pahlavi por medio de la revolución de los ayatolas en Irán.

Aronita gozaba de una estupenda beca del gobierno monárquico. Luego de su regreso a Irán en 1979, le perdimos el rastro. Estoy seguro que esta mujer inteligente y moderna tuvo que aceptar su devaluación y discriminación por parte de la abusiva teocracia conducida por el ayatolá Jomeini, que instaló el régimen que hoy, por fin, está bajo ataque popular.

El velo de las mujeres se había abolido en 1936, pero fue impuesto nuevamente por los ayatolas desde 1979. Así cambió la vida de las mujeres en Irán:

“Deja de ser religión cuando se obliga”

Irán vive ahora un estallido de protestas en todo el país tras la muerte, en custodia policial, de una mujer de 22 años por presuntamente no cumplir con las reglas del hiyab.

Las autoridades aseguran que Mahsa Amini murió por razones de salud subyacentes, pero su familia y muchos iraníes creen que murió tras haber sido golpeada.

Las protestas parecen ser el desafío más serio al que se han enfrentado los líderes de Irán en los últimos años. (BBC).

Ya es hora de ir desmontando la discriminación y desprecio hacia las mujeres al amparo de teocracias vetustas o culturas prehistóricas.

¡Libertad para las mujeres de Irán!!!

Ver artículo de The Economist:

Un fuego simbólico prende

Las protestas de Irán se extienden, mientras se quema una notoria prisión

El régimen de los clérigos vacila a medida que aumenta la oposición

The Economist
18 de octubre de 2022
Glosado

El terror era peor para aquellos atrapados en celdas solitarias del tamaño de mesas. El incendio comenzó en un taller de costura en el sótano y se extendió por la prisión de Evin, que estaba repleta de manifestantes detenidos en el último mes de disturbios. Los guardias dispararon gases lacrimógenos y balas contra el humo para obligar a retroceder a los que intentaban escapar. Dispararon a los prisioneros que se habían subido al techo para respirar y cantar contra sus carceleros. Más allá de los muros de Evin, miles de iraníes hicieron eco de sus gritos y tocaron la bocina de sus autos.

Ninguna prisión iraní es tan notoria como Evin. Durante 50 años ha sido corral de detención, centro de interrogatorio y patíbulo de los presos políticos del Estado.

Las autoridades de hoy apagaron el fuego, sofocaron las protestas e insistieron en que “el proyecto de la Bastilla había fracasado”, en referencia al asalto a la prisión parisina al comienzo de la revolución francesa de 1789. Clérigos y leales al régimen, que inicialmente ignoraron las protestas, ahora las denuncian abiertamente como un movimiento empeñado en barrerlas.  Los ayatolás inicialmente trataron las protestas con frío desdén. Eso ha dado paso a advertencias febriles de complots estadounidenses e israelíes. Y los manifestantes, a medida que crece su confianza, están emitiendo comunicados exigiendo un gobierno de transición que sustituya a la teocracia.

Los grandes eventos en el Medio Oriente a menudo tienen pequeños comienzos.

La primera Intifada palestina, o levantamiento, comenzó después de un accidente de tráfico.

La primavera árabe estalló después de que un policía confiscara el carrito de un vendedor ambulante tunecino.

El mes pasado, Mahsa Amini, una mujer kurda de 22 años, murió después de que la policía la detuviera por llevar el hiyab de forma inadecuada en un viaje a Teherán, la capital. “Nadie pensó que habría algo más que protestas limitadas”, dice Sadegh Zibakalam, profesor de política en la universidad de Teherán. “Pero la disidencia no se ha calmado. Está escalando como un volcán”.

La protesta está dirigida por una generación que muchos habían asumido que era demasiado joven para preocuparse, enganchada a sus pantallas y aparentemente desconectada de la sociedad. Los estudiantes se habían mantenido en gran medida al margen de los disturbios anteriores. Pero la muerte de la Sra. Amini despertó a una generación furiosa por un nuevo endurecimiento del código de vestimenta. Esta vez, los manifestantes conocen las normas sociales de sus pares en todo el mundo; muchos están hambrientos de una noche de discotecas (y no del tipo de bastón de policía). Cansadas de la insistencia de los clérigos en la segregación de género, las mujeres quemaron sus velos, se afeitaron el cabello en público y almorzaron en comedores solo para hombres en los campus universitarios. Gritaron “muerte al dictador” durante las interpretaciones en asambleas escolares de himnos leales como “Hola, comandante”. Y a diferencia de las protestas anteriores, que fueron seguidos por muchos activistas que huían al extranjero, se negaron a detenerse ante los cañones de agua, los disparos y las detenciones masivas. “No hay retirada del gobierno, así que no hay retirada de la gente”, dice una estudiante de una universidad en Teherán.

Las escenas de violencia estatal contra las mujeres han ofendido a mujeres religiosas inmersas en la narrativa del martirio y la lucha sagrada del islam chiíta, dice Shirin Saeidi, autora sobre política de género iraní. 

“No queremos un régimen que mate a niños”, gritaron los manifestantes en Ardabil, una ciudad tranquila a 580 km al noroeste de Teherán, después de que una niña local de 16 años fuera asesinada a golpes por negarse a cantar una canción a favor del régimen en su salón de clases.

El régimen parece dividido sobre cómo responder. “Una escuela de pensamiento dice que deberíamos haber tratado las protestas de manera más despiadada desde el principio para evitar que se aceleraran. El otro dice que, si los hubiéramos aplastado, solo habrían regresado con más severidad tres meses después”, dice el Sr. Zibakalam.

Pero muchos miembros del régimen, incluidos destacados empresarios y políticos, han guardado un silencio estudiado. Algunos, incluido Ali Larijani, expresidente del parlamento influyente y de larga trayectoria, han pedido abiertamente a la policía y las fuerzas de seguridad que dejen de hacer cumplir el velo obligatorio. “Debería tener una solución cultural”, dijo al diario oficial, Etellat. Algunos incluso están del lado de los manifestantes. 

El régimen también está dividido sobre cómo responder al creciente apoyo internacional, aunque retórico, a las protestas. (…) Sus funcionarios hacen sonar los sables contra los vecinos ricos en petróleo de Irán, lo que perturba aún más los mercados mundiales de energía.

A medida que crece la niebla dentro del régimen, la cortina de miedo que ha envuelto a la oposición parece estar levantándose. Los académicos normalmente reticentes están expresando críticas mordaces. Una atleta iraní ha roto con la política estatal al competir internacionalmente sin velo. Y el 14 de octubre, un manifiesto por una transición pacífica hacia un gobierno democrático y laico se volvió viral en las redes sociales. En palabras del estudiante universitario de Teherán, “Esta vez es el gobierno el que parece tan asustado”. Lampadia 

Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia

La justicia no es ciega. La justicia interamericana tampoco. El sistema interamericano de protección de derechos humanos mucho menos. Este sistema abre el ojo que le conviene. Casi siempre el ojo izquierdo.

En la década de los 90s, se planteó el debate acerca de la conveniencia de apartarse de la competencia contenciosa de la Corte, ya que esta limitaba los procesos de juzgamiento iniciados contra cabecillas terroristas y la legislación antiterrorista destinada a combatir a Sendero Luminoso y el MRTA.  La presión internacional y la corrección política interna impidieron tal denuncia y, tanto la Comisión, como la Corte, continuaron teniendo injerencia en los asuntos internos del Perú.

Condenaron al Estado Peruano en más de una ocasión.
Ordenaron reparaciones para terroristas y también dejaron de atender miles de casos de propietarios, pensionistas, trabajadores y otros ciudadanos cuyas historias no eran del interés de la Comisión.

Hoy, 30 años después, cuando este mismo “sistema interamericano de derechos humanos” abre los ojos para revisar una decisión del Tribunal Constitucional Peruano referida al indulto a Fujimori, era de esperar que dicho sistema iba a opinar y, como ha sucedido en este caso, impedir que se ejecute la decisión del Tribunal Peruano.

El “sistema interamericano de derechos humanos” tiene amigos, aliados, intereses, orientaciones y, según algunos, cometidos explícitos. La derecha latinoamericana y sus líderes, ciertamente no están entre ellos y Fujimori, mucho menos. Lo sabía hace 30 años. Las libertades ciudadanas, tampoco.

Allan Brewer Carías, un reconocido jurista y perseguido político por el régimen venezolano, denunció en Lampadia como la Corte le denegó justicia para favorecer al Régimen de Hugo Chávez: Corte Interamericana de Derechos Humanos – Los tentáculos judiciales del socialismo del siglo XXI.

En el caso Tulio Álvarez Ramos vs Venezuela, si bien la Corte condenó a Venezuela por violación de los derechos humanos de este periodista en agosto de 2019, el “sistema interamericano” tardo 15 años en emitir una condena. 15 años que se otorgaron al chavismo para delinquir y destruir ese país y sus libertades. ¿Tardará otros 15 años en emitir las resoluciones de supervisión de este caso? Sin duda que no, ya las debe haber emitido, con la misma celeridad que se vio frente a la decisión del Tribunal Constitucional Peruano.

En el caso José Gremorio Mota Abarullo y otros por la muerte de 5 internos de un penal de menores, la Comisión se tomó “14 años” para presentar su informe a la Corte. Los hechos ocurrieron en junio de 2005. El informe fue presentado a la Corte en abril de 2019. La Corte resolvió el 2020, 15 años después. Entre tanto, en Venezuela miles de opositores han seguido muriendo en las prisiones.

En el caso Leopoldo López contra Venezuela, presentado en el 2008 por violación de los derechos políticos y garantías judiciales, la acción de la Corte y su decisión del 2011 no impidió la arbitraria detención por años de este político opositor, ni sus torturas en prisión. Mucho menos hizo posible su liberación, que fue consecuencia de una asonada política que quedó a medio camino.

¿Tiene dudas de la diferencia de “tiempos” que toma el “sistema interamericano de derechos humanos” para los casos de sus países y regímenes amigos?

Aquí le doy un dato.

El caso Vladimiro Roca Antúnez y otros contra Cuba, por violaciones de los derechos a la vida, la libertad y otros, fue denunciado en 1999. ¿Sabe cuando salió el Informe de la Comisión? casi 20 años después. El informe en el caso 12.127 se presentó el 24 de febrero de 2018. Dos décadas de demora que permitieron una vez más a la dictadura cubana seguir torturando, desapareciendo y encarcelando opositores. A juzgar por los tiempos de la Comisión, los 127 ciudadanos cubanos arbitrariamente sentenciados en marzo pasado por las protestas de julio de 2021, deberán esperar hasta el 2042 para que la Comisión emita un informe en contra de Cuba. Seguramente salga cuando los nietos de Fidel o los hijos de Díaz Canel estén gobernando esa Isla.

Ni qué decir de los años que esperan los miles de propietarios, empresarios, trabajadores o ciudadanos latinoamericanos cuyos casos no “son del interés de la Comisión” y que, por lo tanto, no llegaron jamás a la Corte. Esos ciudadanos no son amigos de la Corte.

Nota final: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos seguirá teniendo injerencia en nuestros asuntos internos como ya lo anuncian sus comunicados de prensa 063-2022 sobre la Vacancia y 71-22 sobre la Consulta Previa. La Vacancia será revisada por la Comisión porque esta se considerará lesiva del debido proceso (como se lee entre líneas del comunicado en mención) y lo que diga el Tribunal Constitucional en otras materias, como la consulta previa, será cuestionado en dos días por la Comisión y sancionado, en menos de un mes por la Corte, a través del “derecho de supervisión de sus decisiones” que se aplica, como ya hemos visto, con distintos tiempos según se trate de los amigos o no de la Corte. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La muerte de Abimael Guzmán debería servirnos para revisar los mitos y narrativas que se han construido en torno al terrorismo en el Perú, y que han impedido que la victoria sobre el senderismo haya sido total.

El primer mito es el que postula que la causa facilitadora del terrorismo fue la pobreza, la explotación. Lo dijo el sábado ministro de Justicia Aníbal Torres y Vladimir Cerrón lo puso así en un tuit:

“Muerte de Abimael Guzmán debe reflexionar al país si las causales del terrorismo subversivo y de estado, han desaparecido, menguado o se mantienen. Mientras existan grupos humanos privilegiados y otros explotados, la violencia encontrará tierra fértil”

La causa del ataque terrorista al Perú, que dejó decenas de miles de muertos, no fue la pobreza ni la desigualdad, sino de la ideología marxista-leninista-maoísta que predica la lucha de clases y la conquista del poder por medio de la lucha armada conducida por la vanguardia del pueblo que es el partido. En este caso, el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL). Una ideología que generó una maquinaria de guerra y de muerte para tomar el poder.

Por eso la mayor cantidad de víctimas de Sendero fueron campesinos pobres -algo diabólicamente necesario para construir bases de apoyo-, y no hacendados que ya no existían luego de la reforma agraria, y lo que facilitó su avance fue el desmantelamiento del Estado local basado en el orden señorial, sin que fuera reemplazado por un Estado moderno.

Los campesinos nunca se sumaron voluntariamente a las huestes de Sendero Luminoso. Fueron sometidos por la fuerza y a punta de asesinar a sus autoridades. Por eso la victoria final sobre Sendero se produjo cuando por fin pudieron liberarse de ese yugo gracias al apoyo en armas que empezaron a recibir a partir de 1990.

Los dirigentes de Sendero no eran indígenas. Eran blancos (algunos, como Abimael Guzmán, costeños) o “mistis” cuyos padres, en algunos casos, habían perdido sus haciendas o fundos con la reforma agraria. Ellos, más bien, replicaron con la base campesina, de una manera perversa y asesina, el mismo tipo feudal de relación heredado de sus padres y abuelos, e instrumentaron al campesinado como carne de cañón.

La estrategia victoriosa

El Perú, en cambio, sólo pudo derrotar a Sendero precisamente cuando superó la tara colonial y consideró a los comuneros como iguales, cuando el Estado decidió aliarse en lugar de enfrentarse a los campesinos, dándoles armas y ayuda cívica. A partir de ese momento fueron los propios ronderos quienes señalaron y derrotaron a los terroristas.

El otro componente fue el fortalecimiento de la inteligencia policial para capturar a las cúpulas y jueces militares y sin rostro para juzgar a terroristas en lugar de ejecutarlos extrajudicialmente, como ocurría en los 80. La detención de Abimael Guzmán fue la mayor prueba de esto.

Entonces lo que derrotó a Sendero fue una estrategia inteligente y esencialmente respetuosa de los derechos humanos basada en una alianza con el campesinado, en inteligencia policial y en justicia eficaz. El conductor de esa estrategia, sin embargo, terminó en la cárcel con una condena de 25 años sin pruebas por violación de los derechos humanos. Esto debido a la acción criminal del grupo Colina, que fue un elemento extrínseco a la estrategia general (pues lo que derrotó a Sendero no fueron los asesinatos del grupo Colina, si no la captura de las cúpulas, su enjuiciamiento y la alianza con las comunidades).  

El Perú no la ha convertido en orgullo nacional

Por esa razón el Perú no ha podido capitalizar en orgullo nacional esta estrategia inteligente, victoriosa y desarrollada en lo posible dentro del marco jurídico. Algo que ningún país de América Latina había logrado. La reacción que generó la opresión política al final del fujimorato para buscar la perpetuación en el poder, determinó que se persiguiera al fujimorismo y al propio Fujimori por los delitos cometidos por el grupo Colina, centrando la atención pública y la narrativa social en las violaciones de los derechos humanos -que habían sido atrozmente mucho mayores en los 80-, soslayando los méritos de la estrategia victoriosa.

Por eso -repito- el Perú no ha podido capitalizar como una gran realización nacional la victoria inteligente y ejemplar sobre el mas sanguinario de los terrorismos latinoamericanos. No solo eso: el ataque terrorista al Perú se convirtió incluso en los textos escolares en “conflicto armado” o “guerra interna”, como si Estado y Sendero hubiese sido dos fuerzas ontológicamente equivalentes, legitimando implícitamente en esa medida el accionar senderista y emerretista. En varios libros de colegio la cantidad de palabras dedicada a reseñar las violaciones de los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas era mayor que la dedicada a las violaciones de Sendero Luminoso o el MRTA.

Por eso es que la extraordinaria victoria campesina, militar, policial y judicial sobre Sendero no se ha convertido del todo en una victoria política e ideológica, y hoy vemos a sendero reencarnado en el Movadef y, aunque con engaños, encaramado en posiciones gubernamentales.

Campesinos como víctimas y no como ciudadanos salvadores

Un efecto derivado de aquella narrativa es que tampoco el Perú haya podido capitalizar la incorporación ciudadana de los campesinos andinos a la república.  Desde el momento en que se convirtieron en aliados horizontales de la fuerza armada y del Estado peruano, se sintieron, en efecto, ciudadanos ya no sólo de su comunidad, sino del país, y vencieron a los terroristas. Jugaron un papel nacional, como lo habían hecho en la campaña de la Breña junto a Cáceres, contra los chilenos, la única campaña en la guerra del Pacífico en la que nuestro país obtuvo victorias y puso en jaque a los chilenos.

Para vencer a Sendero fue necesario -repetimos- superar la distancia étnica y soldar la fractura colonial. Esa alianza horizontal y victoriosa entre el Estado criollo y los comuneros andinos redimió, en cierto sentido, la historia, y redimió las matanzas y los horrores de la década anterior, que parecían confirmar la entraña feudal, colonial y racista del Estado criollo peruano. Y convirtió en ciudadanos -del Estado Peruano, salvado por ellos- a los campesinos, por lo menos en ese momento. Lamentablemente el país no pudo consolidar esa conquista en un reconocimiento permanente pues, sobre todo a partir de la Comisión de la Verdad, se impuso la narrativa paternalista de los campesinos como víctimas en lugar de ciudadanos-vencedores y salvadores del país.

Todavía hay mucho por hacer para terminar con el legado de Abimael Guzmán. Lampadia

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

Las impresionantes manifestaciones de protesta contra la dictadura comunista que oprime Cuba desde hace 62 años, han despertado solidaridad y esperanzas en todo el mundo. No obstante, no será tan fácil para los cubanos liberarse de ese régimen despótico.

La académica y diplomática norteamericana Jeane Kirkpatrick estableció una diferencia sustancial entre totalitarismo y autoritarismo, para diferenciar a los sistemas totalitarios, comunistas o nazis, de las dictaduras como las que, por ejemplo, hemos tenido en el Perú y países vecinos en diversos períodos.

Kirkpatrick sostenía que era mucho más probable que una dictadura autoritaria se liberalizara y evolucionara hacia la democracia, a que un régimen totalitario comunista cambiará.

El totalitarismo comunista -o fascista- no solo impone una brutal represión sobre el pueblo:

• elimina la libertad de prensa,
• liquida la alternancia en el poder e impide la existencia de una oposición política,
• sino que encuadra a la población en un partido único,
• disuelve la sociedad civil y encasilla a la población en organizaciones controladas por el partido y el gobierno.
• Además, por supuesto, de impartir, desde el nacimiento hasta la muerte, una ideología que se inocula en las escuelas, los medios de comunicación y las artes.

Por eso es tan difícil que un pueblo que cae bajo el yugo totalitario se libere de él. Los rusos demoraron 74 años en acabar con el totalitarismo comunista. El totalitarismo nazi y fascista duró menos por la derrota militar que sufrió. Un nuevo tipo de totalitarismo, la teocracia islámica en Irán es un fenómeno relativamente nuevo, y no se sabe todavía cómo puede terminar.

Precisamente en un premonitorio artículo publicado en 1979, “Dictaduras y doble estándar”, Kirkpatrick hizo una crítica implacable de la política norteamericana del gobierno de Jimmy Carter, que dejó caer a dos aliados, los socavó y contribuyó a que los reemplacen gobiernos enemigos de los EEUU con el argumento de que lo hacían para defender la democracia y los derechos humanos.

En efecto, en 1979 fueron derrocadas las dictaduras del Sha de Irán y de Somoza en Nicaragua, y reemplazados no por gobiernos democráticos respetuosos de los derechos humanos, sino por otras dictaduras enemigas de los EEUU:

Dice Kirkpatrick, refiriéndose también a otros países como Cuba: “En cada uno de estos países, el esfuerzo norteamericano por imponer la liberalización y la democratización a un gobierno enfrentado a una violenta oposición interna no sólo falló, sino que en realidad ayudó a la toma del poder por nuevos regímenes bajo los cuales las personas comunes gozan de menos libertades y menos seguridad personal que bajo las autocracias anteriores; más aún, regímenes hostiles a los intereses y políticas norteamericanos.”

Y, premonitoriamente, “en este momento [1979] hay mucha más probabilidad de una liberalización y democratización progresiva en Brasil, Argentina y Chile que en el gobierno de Cuba”. En efecto, las dictaduras de Brasil, Argentina y Chile finalmente terminaron y se establecieron gobiernos democráticos en esos países, mientras el pueblo cubano sigue todavía sojuzgado por una tiranía comunista.

En suma, la diferencia que estableció Kirkpatrick entre totalitarismo y autoritarismo tiene una importancia práctica muy importante, no solo académica.

Y su crítica al doble estándar de la política exterior de los EEUU está vigente. Los EEUU no solo actúan, como cualquier país, en función de sus intereses geopolíticos y estratégicos, sino que tienen -como bien ha precisado Henry Kissinger- una política ambivalente, que combina eso con un defensa idealista de la democracia, que los lleva a cometer errores fatales, como en los casos descritos por Kirkpatrick en 1979 en Irán y Nicaragua, donde contribuyeron a derribar dos dictaduras amigas y a establecer otras mucho peores en términos de represión y violación de los derechos humanos, y enemigas de los EEUU.

Hoy la teocracia que gobierna Irán es un peligro con su política nuclear no solo para los EEUU sino para el mundo entero, y en Nicaragua Daniel Ortega, el mismo al que ayudaron a encaramarse en 1979, sigue en el poder después de un breve interregno democrático. Y en ambos, el pueblo sufre mucho más que antes. Lampadia