Jaime Spak
Para Lampadia

Cuando empecé a escribir mis columnas, Pedro Castillo, era el principal protagonista de las mismas.

Tanto yo, como los demás columnistas de Lampadia, pusimos énfasis en lo que podía generar un gobierno de esta persona.

En sus 17 meses de gobierno, hizo todo lo posible por destruir la institucionalidad en el Perú, la economía, la seguridad, la libertad de expresión, pero lo peor, la esperanza nacional.

Un país como el Perú, que ha incrementado su nivel de pobreza en casi 10 puntos, en muy poco tiempo, tiene ese lastre que sucede que cada cinco años.

Aparece un candidato, que con cantos de sirena, convence a personas a que confíen en él o ella.

La mayor preocupación de este grupo social es sobrevivir, no les importa la política.

Ningún país en el mundo, gobernado por izquierdistas de ideas retrogradas, ha logrado nada.

La izquierda es muy buena cuando está en la oposición, pero pésima cuando está gobernando.

Los casos de Venezuela, Nicaragua, Cuba y ahora se suman México, Colombia y Chile son elocuentes.

Usan todo el poder que le da su posición, para pretender perpetuarse.

Los siete millones de venezolanos que han tenido que abandonar su país y la enorme cantidad de opositores presos en Nicaragua son hechos irrefutables.

Ni que decir de Cuba, en donde los jóvenes que salieron a pedir libertad están encarcelados hace dos años y muchos purgan largas e injustas condenas.

Delito:  pedir libertad.

¿Y que nos dejó el experimento de Castillo?

La herencia de Castillo es una recesión que ya está pegando muy fuerte en nuestra economía.

La herencia de Castillo fue incrementar la corrupción y la pobreza.

La herencia de Castillo son unos congresistas impresentables.

La herencia de Castillo es haber incrementado el rechazo a la clase política.

La herencia de Castillo es haber logrado desenmascarar la calaña de congresistas que ingresaron por Acción Popular, que se vendieron por un plato de lentejas.

La herencia de Castillo es haberse burlado de la policía, enviando al retiro a buenos elementos y generado un caos que hasta ahora no se ha resuelto [proceso iniciado por el gobierno de Sagasti].

La herencia de Castillo son las tesis bamba de él, su esposa, sus ministros y muchos empleados públicos.

La herencia de Castillo es anular la meritocracia en el magisterio, y nombrar a muchos profesores que tienen títulos falsos.

La herencia de Castillo es hacer que la mentira sea el pan de cada día.

La herencia de Castillo, son los S/ 22,500 millones de soles que se perdieron por la corrupción, solo en el 2022.

La herencia de Castillo es el cobro por los ascensos militares y policiales.

La herencia de Castillo fue descubrir que las famosas movilizaciones espontaneas, eran motivadas por dinero que el mismo entregaba, producto de las coimas que recibía.

La herencia de Castillo ha sido poner en riesgo el futuro del turismo, por la cantidad de tomas de carreteras.

La herencia de Castillo es haber puesto de primeros ministros a las personas menos idóneas.

Puka Bellido, que lo único que hacía era burlarse de la gente.

Mirtha Vásquez, que en su discurso frente a una comunidad campesina, no tuvo mejor idea que despotricar contra la minería.

Resultado: ni una sola nueva inversión minera.

Aníbal Torres, un termocéfalo profesor universitario que, bordeando los 80 años, dio muestras claras de múltiples problemas psicológicos.

Betsy Chávez, que ahora purga cárcel por ser cómplice directa del ingenuo golpe de estado.

Pero por otro lado la herencia de Castillo fue poner en puestos claves a gente incompetente y corrupta, que a la primera de bastos se pusieron en su contra y ahora están contando a la justicia todas las barbaridades cometidas en esos 17 meses.

La herencia de Castillo es volver a preocuparnos de quien será el próximo presidente, pues volverán los advenedizos como Antauro Humala a candidatear.

Por ello, es urgente en estos tres años que quedan para las siguientes elecciones, que se reactiven los partidos políticos, para que exista gente de capacidad que postule a puestos públicos.

La herencia de Castillo es una presidenta que no se atreve a tomar decisiones importantes y enrumbarnos de nuevo al crecimiento.

Boluarte no tiene nada que perder y mucho por ganar, a mayor crecimiento menor pobreza.

Que se aprueben inversiones como Conga, Tía María, para que los inversionistas vuelvan a mirar el Perú como un país elegible.

Que aproveche el malestar en Chile, Colombia para atraer acá a los inversionistas.

Basta de improvisación, no puede poner gente en el aparato público que ya fracaso como en Essalud.

Necesitamos gente honesta, capaz, con ideales y sobre todo con amor por el Perú.

Ojalá la gente joven se atreva a ingresar a la política.

La más importante herencia de Castillo es habernos demostrado que debemos de desenmascarar a estos sujetos que intentan el poder, para enriquecerse a costa de nuestro esfuerzo. Lampadia

Jaime Spak
Para Lampadia

“Si la justicia existe, tiene que ser para todos,
nadie puede quedar excluido,
de lo contrario ya no sería justicia”
Paul Aster

“Leyes hay, lo que falta es justicia”
Ernesto Mallo

Si unimos las dos frases precedentes, podemos colegir que en el Perú la justicia tiene dos serios problemas:

• Existen muchas leyes, pero no se aplican adecuadamente.
• No todos son medidos con la misma vara.

Sin embargo, es irónico, porque un país en donde la justicia es muy cuestionada tiene a tres presidentes en la cárcel.

Un cuarto presidente y su esposa están en pleno juicio y en breves meses se dictará sentencia.

Es muy probable que corran el mismo destino.

Pero por otro, lado casos más sencillos, como dos sicarios que fueron aprehendidos junto con uno de los delincuentes más buscados, “Maldito Cris “, fueron liberados por una fiscal pusilánime y probablemente deshonesta.

Un abogado de un estudio muy importante maneja sin licencia de conducir, choca a una movilidad escolar y deja a una niña de nueve años gravemente herida, que se debate entre la vida y la muerte en la UCI de una clínica local y este sujeto es liberado.

Parecería una paradoja, personajes del más alto nivel están en la cárcel y delincuentes comunes y flagrantes están en libertad.

Para que un país pueda progresar debe de existir una justicia igualitaria.

En diferentes artículos anteriores, indique, que uno de los problemas más graves que padece el Perú es la corrupción.

A mayor corrupción, menor justicia.

Luego de estos años de incertidumbre que venimos padeciendo, ha llegado la hora de encarar de frente y sin tapujos el tema de la justicia en el país.

Estamos hartos de tantos escándalos a todo nivel.

El ciudadano de a pie, siente que la justicia en el Perú nunca será igual para todos.

Entonces tenemos que tomar el toro por las astas y de una vez por todas adecentar la justicia.

Hay tantos ejemplos en el pasado, de casos emblemáticos que faltarían hojas para enumerar todos.

Sin embargo, es una realidad que un país tan rico como el Perú la corrupción, unida a la injusticia, nos han robado el futuro.

Miles de millones de soles que han ido a parar a bolsillos de gente inescrupulosa, ha impedido el crecimiento de nuestra patria.

Recordemos el caso de los inservibles barcos Pachitea y Mantaro que costaron 64 millones de dólares, los caso Guvarte, Volmer, Villa Coca, en el segundo gobierno de Belaunde.

En todos ellos estuvieron involucrados, ministros, militares y líderes del partido.

¿Qué les paso?

Nada

Sin embargo, luego de la renuncia por fax de Fujimori y en medio del gobierno de Paniagua, se apreso a la mayor cantidad de altos mandos militares involucrados en millonarios robos.

Cuando el poder judicial desea actuar de manera certera, lo hace, no importando quien este sentado en el banquillo de los acusados.

Tenemos los más recientes casos, Lava Jato, el Club de la Construcción, los Cuellos Blancos del Puerto, el reciente caso de Marka Group, los amigos y familiares de Castillo.

Es decir, la gran mayoría de involucrados son gente que ostenta poder político o económico.

Una de las maneras más certeras de empezar a combatir la corrupción es que personajes intocables, sean juzgados con todas las garantías y si son sentenciados, pues que la cárcel sea su destino.

Es urgente que se empiece a incomodar a los que ostentan poder.

Tenemos que hacer una profunda reingeniería de nuestro aparato judicial.

No podemos seguir esperando años de años, para que un juez decida un caso sencillo.

Muchos de los que delinquen por primera vez, no aprecian la delgada línea que separa el bien del mal.

Ahora viene la pregunta del millón, ¿quién fiscaliza a los fiscalizadores?

Como podemos hacer para adecentar el poder judicial.

Como podemos hacer para que el ministerio público, tenga gente capaz e incorruptible.

Como lograr que los congresistas no ingresen por sus intereses particulares.

¿Como hacer que la justicia funcione?

Hay jueces probos, y ellos son los que deben de ser los que adecenten el poder judicial.

No es posible que la junta de fiscales solo la conformen cinco magistrados y entre ellos se eligen.

La corrupción es el arma que más se usa para enriquecerse.

Dentro de tres años, si no sucede nada extraordinario, habrá nuevas elecciones en el Perú.

Tenemos tres años para hacer reformas.

Lamentablemente estas reformas pasan por el congreso.

Con este congreso es imposible que se logre nada.

Hay demasiada gente incompetente y deshonesta en estos momentos.

Por eso insisto que la presidenta Boluarte tiene la gran oportunidad de cambiar las cosas.

¿Será capaz de hacerlo?

Nombre un consejo de jueces que ya no ejercen, pero que han destacado por su honestidad para que sean lo que inicien este cambio.

Debe de convertirse en una dama de hierro y hacer reformas profundas.

Será el inicio para que la justicia sea igual para todos. Lampadia

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

Lo que hace muchísimo tiempo no ocurría en el Perú, está sucediendo ahora, una recesión, cifras negativas a lo largo de dos trimestres consecutivos.

En realidad, hasta el momento en cifras oficiales, la caída se ha producido en el primer trimestre del año y los dos siguientes meses, abril y mayo, pero todos los economistas auguran que estamos en “una recesión técnica”, como pronostica el Instituto Peruano de Economía, IPE. (Correo, 18/7/23).

En parte, esta anómala situación se explica por el clima, que ha afectado a la pesca, por ejemplo. Pero fundamentalmente se debe a la labor destructiva de comunistas y caviares.

Las muy violentas asonadas que perpetraron entre diciembre y marzo, además del trágico saldo de muertos y heridos, tuvieron consecuencias devastadoras sobre la economía. No contentos con eso, intentaron repetirlo sin éxito el miércoles 19.

Probablemente el mayor daño que han provocado es el desplome de la inversión privada en prácticamente todos los rubros, pero en especial en la minería, el motor de la economía durante las últimas décadas.

En este punto han estado firmemente unidos comunistas y caviares.

Una de las más caracterizadas anti mineras del país, Mirtha Vásquez, fue elegida por esa infame coalición nada menos que presidente del Congreso, cuando asaltaron el poder tras una violenta algarada en complicidad con Francisco Sagasti. En esa ocasión, con el respaldo masivo de medios de comunicación y muy importantes grupos empresariales.

Y luego PCM en el gobierno del delincuente recluido en Diroes, también ampliamente avalada por medios de comunicación y empresarios, a pesar que se sabía que, además de ser incompetente, era enemiga de la minería y de la inversión privada, cosa que demostró manifiestamente en ese cargo.

Dina Boluarte no ha hecho mucho por disipar los temores y suspicacias que ahuyentan la inversión privada.

Es verdad que su situación es precaria, sin partido, sin bancada parlamentaria y sin popularidad. Ella ha optado, equivocadamente, por distribuir cargos a sectores que cree que la pueden sostener, y a allegados suyos y de su gente de confianza.

El asunto es que muchos de ellos, aliados y amigotes, están plagados de inútiles y corruptos, que son los que terminan ocupando los puestos en el Estado.

La consecuencia es que su gestión es de mediocre para abajo. Y Boluarte parece no darse cuenta que lo único que puede hacer que llegue a 2026, es un desempeño aceptable.

Es decir, tendría que manejarse con habilidad y sutileza para hacer un buen gobierno con el personal adecuado, al tiempo que distribuye -inevitablemente- algunas prebendas entre sus ávidos y sórdidos compañeros de ruta.

En síntesis, en medio de una recesión, sin mejorar el empleo y los ingresos de la mayoría, y sin corregir su desempeño en los temas que advierten las encuestas como muy importantes para los ciudadanos, como la inseguridad y la lucha contra la corrupción, las perspectivas para el país -y para Boluarte y su séquito- son cada vez más problemáticas. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia

Todas las ciudades tienen cadáveres urbanos que yacen en medio de ellas, inertes, mudos testigos de la inepcia estatal, de la angurria privada, de la corrupción o simplemente de la estupidez.

La ciudad del Cusco, no es la excepción. Al contrario, debe ser una de las ciudades que más cadáveres urbanos tiene y que, año a año agrega más a su larga lista.

• En la década de los 80´s el grupo León Rupp adquirió una céntrica propiedad, a tres cuadras de la Plaza de Armas, para instalar un hotel más de su cadena. La quiebra de ese grupo y la desgracia de León Rupp convirtieron esa instalación en el primer cadáver urbano del Cusco. Hoy, 40 años después, la edificación a medio construir y los fierros corroídos siguen ahí yacentes, en manos de otro grupo económico, afeando el paisaje urbano.
• A finales de los 90s, la Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco concesionó el Hotel de Turistas del Cusco, la mejor instalación hotelera de la ciudad a una subsidiaria del grupo Consettur, el monopolio que controla el ascenso vehicular a Machupicchu. Más de dos décadas después ese hotel no existe, sus instalaciones han sido destruidas y sus ambientes del primer nivel, en el mejor de los casos sirven para fiestas informales o ferias de poca monta. La ambición de empresarios sin conocimientos hoteleros de alta gama y la incapacidad de funcionarios locales y alcaldes, exhiben este otro cadáver urbano a una cuadra de la Plaza de Armas.

Este siglo, dos proyectos se vislumbraban como señales alentadoras de las inversiones en la ciudad. Un hotel que iba a ser operado bajo la marca de la cadena Sheraton, en la Calle Saphy y un Centro Comercial del grupo Aventura Mall en las áreas no utilizadas de la Estación Ferroviaria de Wanchaq, en el borde sur del Centro Histórico de la ciudad. La impericia de los constructores del primer proyecto los llevó a un entredicho con las autoridades culturales y municipales, que no se resuelve hasta el día de hoy, ni modificando el proyecto, ni demoliendo lo edificado. La construcción, a medias, yace cubierta por arpilleras a dos cuadras de la Plaza de Armas de la ciudad.

Durante el Gobierno de Ollanta Humala, el primer abanderado de la izquierda nacional de este Siglo, se demolió el centenario Hospital Antonio Lorena, para edificar en su lugar uno nuevo. La obra fue encomendada a una de las empresas patrocinadas por Lula desde el Cartel de Sao Paolo, la Constructora OAS, cuyos ejecutivos han declarado ante los jueces que pagaron coimas a las autoridades del partido de Humala para recibir la obra. La construcción quedó a medias desde el 2015 y hoy es un esperpento urbano que ninguno de los gobernadores regionales que han sucedido ha tenido la capacidad de resolver. Los pacientes de ese hospital, llamado “Hospital de los Pobres”, se atienden en unas barracas provisionales, esperando que algún día el Hospital vuelva a atender.

En las últimas gestiones descentralizadas, la Municipalidad del Cusco, sin razón ni sentido de prioridad, desmanteló la centenaria Avenida Pardo para remodelarla. El alcalde Boluarte, apreciado amigo, pero mal gestor, ya se fue y dejó la obra inconclusa, estrangulando la circulación en el centro de la ciudad que tenía a esa Avenida como un paso obligado.

El Gobernador Regional Benavente, tan cercano a Vizcarra, Sagasti y Castillo, rápido en felicitar la elección del corrupto sindicalista de Chota, terminó su gestión dejando paralizada, ralentizada por lo menos, la Vía Expresa que conduce al Aeropuerto de la ciudad. Dejó el cadáver urbano en la entrada de la ciudad, para que los visitantes y turistas sean testigos de la inepcia estatal regional.

Lamentablemente, no son los únicos cadáveres que exhibe el Cusco.

El antiguo local del Festival de la Cerveza Cusqueña, tal vez el terreno más grande del centro de la ciudad, yace también allí inerte. Una mitad fue adquirida con visión y buen criterio por Ricardo Ruiz Caro para edificar el Museo del Tahuantinsuyo. Sus sucesores, encarpetaron el proyecto y el local está abandonado, para usos marginales. La otra mitad fue adquirida por una de las empresas del minero cusqueño Guido Del Castillo Echegaray. A su muerte, es un terreno más sin uso ni destino.

Machupicchu, la joya del turismo nacional, si sus autoridades, la burocracia cultural y los ciudadanos no cambian de actitud, puede ser el próximo cadáver regional, asesinado por mano propia. (Ver La muerte de Machupicchu en Lampadia).

Felizmente la Maravilla del Mundo se resiste a morir. Su majestuosidad aún opaca las vicisitudes que el turista pasa para llegar a visitarla, pero cada vez es más difícil esconder un modelo de gestión deficiente y un entorno que se precariza a diario.

El Aeropuerto Velasco Astete será el próximo cadáver urbano si se permite su cierre para entregar todo el monopolio del acceso aéreo a un solo operador en el nuevo Aeropuerto de Chinchero, que no tiene nuevas vías de acceso a la ciudad. Dejará de ser una alternativa para conectar el Cusco al mundo y será, como los otros cadáveres urbanos, un bodrio urbano lleno de locales públicos, testigo de la voracidad de burócratas y empresarios que lotizarán en mil pedazos el actual aeropuerto, dejarán algunas macetas para hacernos creer que lo convirtieron en un parque y desconectarán el Cusco del mundo, a vista y paciencia de todos.

Una ciudad que fabrica cadáveres urbanos no es un imperio (como creen muchos políticos e intelectuales cusqueños), es una ciudad sin futuro. Puede estar orgullosa hasta el hartazgo de su pasado, pero es una ciudad sin futuro e incluso, sin presente.

Felizmente, a diferencia de los cadáveres humanos que no resucitan, los cadáveres urbanos pueden convertirse en obras, oportunidades, empleos, inversiones, progreso y futuro si las autoridades no cobran coimas para resucitarlos, si los agitadores no los convierten en blanco de sus protestas y si los empresarios ven en ellas oportunidades para hacer negocios y generar oportunidades y no para el saqueo mercantilista que asfixia nuestro país, de Tacna a Tumbes.

El Cusco, mejor dicho, los cusqueños, que están prestos a celebrar su día jubilar, en lugar de entonar himnos y consignas, en lugar de danzar y beber, en lugar de protestar y oponerse, deberíamos reflexionar cómo es que nos estamos convirtiendo en el más grande cementerio urbano del país y qué debemos hacer para cambiar. Este me parece el mejor homenaje a la ciudad. Lampadia

Uri Landman
Para Lampadia

Para muchos amantes del cine, El Padrino es considerada una de las mejores películas de la historia del cine, sobre todo en el género de los gánsteres y la mafia ítalo-americana.

La película, es una adaptación del libro de Mario Puzzo “El Padrino”, quien, a su vez, basa la historia en la familia italiana Mortillaro. Fue dirigida por Francis Ford Coppola quien junto con el mismo Puzzo, adaptó el guion de la novela.

La película, ambientada entre los años 1945 a 1955, cuenta la historia de los jefes de una poderosa familia criminal de Nueva York, lideraba primero por Vito Corleone, protagonizado magistralmente por Marlon Brando y luego por su hijo menor Michael Corleone interpretado por un joven Al Pacino.

Los estudios Paramount Pictures compraron los derechos del libro de Puzzo en ochenta mil dólares y tuvieron un presupuesto de seis millones de dólares para realizar la película. Al poco tiempo de su estreno, “El Padrino” se había convertido en la película más taquillera de su época con una recaudación de doscientos cincuenta millones de dólares.

Sería injusto de mi parte tratar de narrar la trama de la película, por lo que los invito a verla nuevamente, sin embargo, quiero recordar junto con ustedes una escena que retrata el tema que voy a tocar en esta columna. 

La escena comienza cuando se celebra la boda de Connie, hija de Vito Corleone. Según la costumbre familiar, todo siciliano debe atender las peticiones que le hacen el día de la boda de su hija. Por este motivo, Don Vito es visitado por su paisano Amerigo Bonasera, dueño de una funeraria. Este le pide ayuda a Don Vito para vengar el ataque que sufre su hija a manos de su novio y un amigo, cuando se niega a tener relaciones sexuales. Bonasera le ofrece dinero a Corleone para que mande a matar a ambos jóvenes en vista que no había encontrado justicia con las autoridades.

Vito Corleone se enfada con Bonasera ya que, según afirma, no son asesinos a sueldo y además su hija no estaba muerta. Sin embargo, acepta castigar a ambos jóvenes dándoles una merecida paliza por haberle faltado el respeto a la hija de Bonasera. Antes de retirarse Bonasera, Corleone le recuerda que está en deuda con él y que algún día, puede que ese día nunca llegue, podría solicitarle un favor a cambio de este.

Si pensamos que esto solo pasa en las películas, estamos muy equivocados. En la vida, real los favores también se pagan con favores y muchas veces se hace al margen de la legalidad.

Hace unos meses, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 74/2023 en donde declaraba fundada la demanda competencial presentada por el Congreso de la República. En términos simples, el Tribunal Constitucional indica que el Congreso tiene ciertas prerrogativas por ley que no pueden ser cuestionadas por el Poder Judicial.

Además, exhorta al Congreso a modificar el artículo 99 de la constitución que enumera a los altos funcionarios que pueden ser acusados por la comisión permanente ante el congreso, por infracción a la constitución y por todo delito que comentan en el ejercicio de sus funciones. Según el TC, en dicha lista deben estar incluidos los jefes de los organismos electorales como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

Ante esta sentencia del TC, el cuestionado presidente del JNE, Salas Arenas, salió en todos los medios ya que según él “atenta contra los principios básicos de la constitución, entre ellos la autonomía de los organismos electorales”.

Dicho de otra manera, para Salas Arenas, el presidente del JNE no le tiene que rendir cuentas al Congreso, como sí lo hace el presidente, los ministros, los jueces supremos, los miembros del TC, entre otros funcionarios de alto nivel. En esta columna nos preguntamos: ¿Por qué el presidente del JNE se considera intocable?

Recordemos que Salas Arenas fue elegido presidente del JNE el 12 de noviembre del año 2020, siendo presidente de la república Martín Vizcarra.  

Fue una coincidencia que siendo presidente del JNE, Salas Arenas le permitió al vacado Vizcarra ser candidato al congreso en las elecciones del 2021.

Fue Salas Arenas quien se negó a aceptar una auditoria internacional antes las sospechas de fraude en las elecciones presidenciales del año 2021 donde salió elegido Pedro Castillo.

Seguramente es otra coincidencia que el JNE, presidido por Salas Arenas, haya autorizado la inscripción del partido político Perú Primero, de Martín Vizcarra, quien había sido inhabilitado por el congreso para ejercer cualquier cargo público. Dicha inhabilitación también se extiende a participar en procesos electorales por 10 años.

Estoy seguro que ahora entendemos la frase de “favor con favor se paga” y podemos afirmar que nuestras sospechas de irregularidades en los organismos electorales tienen fundamento.

En la película, Vito Corleone dice: “le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar”, refiriéndose a un “favor” que le pedirá a un productor de Hollywood.

En la política, los favores se pagan con obras públicas, puestos en el Estado y corrupción generalizada. Exijamos a todo funcionario público que rinda cuenta de sus actos. Lampadia

Por: José Luis Gil
Perú21, 1 de Junio del 2023

A Sunat, por ejemplo, se le encargó fiscalizar el ingreso, permanencia, traslado y salida de los insumos químicos.

Hay dos hechos puntuales de instituciones del Estado que relativizan las funciones de la Policía Nacional, y que inciden en el incremento de la inseguridad ciudadana. El primer caso es de Sunat, y el otro, del Ministerio Público. Uno, que ha fracasado en el control de insumos químicos contra el tráfico ilícito de drogas (TID) y la minería ilegal, y el otro, también por tratar de convertir abogados en policías (como fiscales), en detrimento de las capacidades estratégicas, tácticas y operativas de la ciencia policial. En ambos casos utilizan fondos públicos, alientan burocracia improductiva y se duplica el trabajo afectando el objetivo principal: la seguridad de todos peruanos.

A Sunat, por ejemplo, se le encargó fiscalizar el ingreso, permanencia, traslado y salida de los insumos químicos, y el control de insumos contra la minería ilegal, con el DS 1126 de 2012 que firmó Ollanta Humala. Hoy tienen 23 millones de soles al año versus 8 millones de soles para Dirandro PNP (Perú21 30MAY23). Sin embargo, la realidad los ha rebasado. La norma (y los políticos) no tomaron en cuenta que, para esta lucha, se requiere de una fuerza pública con capacidad coercitiva y de atribuciones únicas para la detención de personas. El prejuicio perverso sobre presuntas incapacidades de la Policía Nacional ha sido largamente superado a la luz de sus éxitos en la lucha contra el crimen en los últimos 30 años.

Por otro lado, y desde hace varios años, el Ministerio Público ha sido “favorecido” con poderes casi omnímodos, debido a que paulatinamente van adquiriendo funciones policiales o forenses, como el laboratorio de criminalística, saltándose la Constitución (Art. 166) que dice: “La PNP, previene, INVESTIGA y combate los delitos”; así como el hecho de haber introducido en el Código de Procedimientos Penales la investigación en “sede fiscal”, para que “dirijan” la investigación, cuando en realidad solo asesoran jurídicamente a la PNP, que son los que hacen el verdadero trabajo operativo y documental. Los “registros domiciliarios” después de 6 años, nulas condenas (Odebrecht con fiscales Vela y Pérez), corrupción, delincuentes liberados o juicios perdidos, son una muestra de que quien mucho abarca, poco aprieta.

Estas distorsiones afectan la lucha contra la criminalidad convirtiendo a los verdaderos investigadores policiales en “secretarios” o “mesa de partes”, en clara muestra de que se quiere imponer la ciencia jurídica sobre la ciencia policial. Todo esto debe ser reformado por el Congreso, quienes podrían convocar a expertos policiales como Cluber Aliaga, Jorge Cárdenas, Mandujano, Toribio Paulino y otros, para que tengan una idea clara de lo que debe cambiarse. ¡Sí se puede!

Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 27 de Mayo del 2023

“Lo que tenemos ahora es una reacción, un reflujo, centrado en la denuncia de abusos y corrupción cometidos por aquellos que enarbolaron la lucha contra la corrupción como arma de persecución política y control del poder”.

“Caviar”, el término más usado en la diatriba política en el Perú, se origina en Francia, donde la “gauche caviar” o “izquierda caviar” designaba a aquellos intelectuales de izquierda de clase social privilegiada que de la revolución rusa solo conocían el exclusivo caviar. El término tiene una connotación descalificadora, porque alude a una inconsecuencia moral. En nuestro país designa a personas acomodadas con ideas de izquierda o con ideas “progresistas” (derechos humanos, ambientalismo, antirracismo, género, aborto, fuerte regulación estatal) y visceralmente antifujimoristas.

Son el producto del reciclaje de la izquierda luego del fracaso del socialismo real, que identificó nuevos escenarios de lucha contra el abuso o la opresión. Puede tratarse del abuso contra la naturaleza, dictando normas que en ocasiones hacen prohibitiva cualquier inversión, o contra los trabajadores, sobreprotegiendo el trabajo con la misma consecuencia, o contra poblaciones o grupos insurgentes −aunque ejerzan violencia−, o contra grupos raciales discriminados, o contra minorías sexuales o mujeres penalizadas por tomar decisiones sobre su cuerpo. Diversos ministerios habrían sido tomados por estos “caviares”, que ejecutan una agenda cuasi global.

Pero aquí hay tres variantes según quién sea el supuesto agente opresor: el capital, el gobierno, la sociedad o la religión. En ese sentido, las posiciones liberales en lo moral, derivadas de un liberalismo que defiende la libertad del individuo, pertenecen a un conjunto ontológico diferente y hasta contradictorio con los otros temas, en los que la libertad económica y la iniciativa individual resultan más bien reprimidas o limitadas por el pensamiento “caviar”.

Esto puede explicar por qué los que son caviares para unos no lo son para otros. Un caviar puede tener una sensibilidad de izquierda o prejuicios antimercado, pero no es un radical, no es un marxista azuzador de la lucha de clases. Verónika Mendoza, por ejemplo, no es caviar. Es marxista. Para Vladimir Cerrón, sin embargo, ella es caviar, quizá porque, siendo él conservador en lo moral, temas como la “ideología de género” o el feminismo o el aborto o la defensa de la comunidad LGTB serían una clara señal de caviarismo (aunque en EE.UU. ello sea etiquetado como marxismo cultural). Incluso las agendas ambientalistas y hasta la de los derechos humanos no serían marxistas, sino caviares. Al fin y al cabo, la revolución no para mientes en los derechos humanos: los sacrifica en aras del objetivo superior de la dictadura del proletariado. Los derechos humanos se originan en la agenda liberal de la ilustración de la revolución francesa o burguesa.

Ese anticaviarismo explica la conjunción con Fuerza Popular para la elección del defensor del Pueblo. También, es cierto, comparten la condición de acusados judiciales. Martín Tanaka señala que los políticos acusados denuncian la bandera de la lucha contra la corrupción como “caviar” y lo que tendríamos ahora es una ofensiva de esos sectores para sacar a los caviares de las instituciones judiciales, en procura de impunidad.

Pero el tema es mucho más complejo. La llamada lucha contra la corrupción fue el instrumento que usó el populismo político de Vizcarra para acumular popularidad y eliminar a la oposición confrontando al Congreso hasta cerrarlo, y fue también el disfraz de ese populismo judicial abusivo de los fiscales Lava Jato que terminó dinamitando parte importante de la clase política y, por ende, de la democracia en el Perú, llevando a la cárcel a líderes de partidos importantes por donaciones de campaña que no eran delito y tipificando a sus partidos como organizaciones criminales. Hasta alguien como Luis Pásara ha condenado severamente los excesos inconmensurables de estos fiscales.

Lo que tenemos ahora es una reacción, un reflujo, centrado en la denuncia de abusos y corrupción cometidos por aquellos que enarbolaron la lucha contra la corrupción como arma de persecución política y control del poder. Una reacción que no debería caer en los mismos excesos.

Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia

La política peruana, por lo menos desde que la conozco hace más de 5 décadas, no se forja en el esfuerzo compartido, la búsqueda del consenso o la obtención del bien común. La política vive del enfrentamiento. Entre derecha e izquierda. Entre ricos y pobres. Entre limeños y provincianos.

¿Quién nos enfrenta?, ¿Quién gana del enfrentamiento? Los políticos. De todo color, de todo origen, de todo rango y mientras se enfrentan, todos (o para ser justo casi todos) sin ningún rubor, facturan, hacen negocios, ganan. Unos más que otros, pero todos ganan.

Entonces, la verdadera disyuntiva del Perú presente, de este tiempo y de esta circunstancia, ¿es una disyuntiva entre derechas o izquierdas? ¿entre liberales o socialistas?, ¿entre caviares y conservadores? La verdadera disyuntiva es entre el Perú y sus políticos.

Si se detienen a revisar lo que han hecho, sólo en el mes de mayo, el Gobierno, el Congreso y los políticos regionales o locales, sólo confirmará esta lamentable hipótesis. Mientras los peruanos trabajan, los políticos hacen negocios, facturan.

En el gobierno, la izquierda moderada de la Sra. Boluarte y el Premier Otárola, facilita expropiaciones para obras de infraestructura (D.Leg. 1599), agiliza negocios de telecomunicaciones (D.Leg 1560), reglamenta la publicidad estatal en medios de comunicación ( D.S. 064-2023-PCM), decreta tantas emergencias como sean posibles o concentra la compra de equipo biomédico ( D.U. 12-2023).

En el Congreso, todos al unísono, derecha, centro, izquierda y no definidos, le ponen tope al plazo de interrupción de la prescripción en casos de corrupción (Ley 31751), acomodan el financiamiento de los partidos (Ley 31746) y se ocupan del equipamiento de la minería ilegal (Ley 31746). Todos juntos hacen negocios, mineros, judiciales o electorales. La única excepción de la temporada, donde se podría decir que la derecha ha hecho política, es la Ley 31745, donde se logró incluir en el currículo educativo la enseñanza sobre la subversión en el país.

En los gobiernos locales y las regiones, donde la izquierda tiene la mayoría de las plazas, sucede lo mismo. Al abuso de las emergencias político sociales, se suman las obras chinas que comienzan y nunca terminan, las licencias que tugurizan distritos o las consultorías con amigos y allegados. Los negocios regionales y municipales dilapidan el presupuesto público, sin gestión ni obras tangibles.

La elección del Defensor del Pueblo sólo sería la comprobación de esta lamentable situación. Mientras los peruanos trabajan, los políticos hacen negocios. Solo que, como siempre, la izquierda, más astuta que nuestra derecha que se persigna, al tiempo que hace negocios, también hace política.

El gran reto está fuera de la política presente.

Está fuera del hediondo recipiente de la política que se alimenta de tributos que exaccionan a ricos y pobres para mantener cortes de ministros, burócratas, parlamentarios, asesores, alcaldes, gobernadores, consejeros, regidores y consultores. Fuera de esas leyes que obligan al emprendedor a pasar por la política antes de producir. Fuera de esas normas que otorgan dinero de los peruanos a los partidos.

Quien tome el reto y plantee una verdadera liberación del Perú, del yugo que le imponen sus políticos y haga protagonista de la vida nacional al ciudadano, al emprendedor y no al Estado, estará entendiendo la verdadera disyuntiva del Perú del Siglo XXI. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La reciente decisión de una corte del Poder Judicial de anular la delirante acusación del fiscal José Domingo Pérez contra Pedro Pablo Kuczynski, para quien pedía nada menos que 35 años de prisión como si se tratara de un asesino en serie o del jefe de una banda terrorista y genocida, acusándolo que haber formado una organización criminal con su secretaria y su chofer, confirma una vez más el carácter estrafalario, desenfrenado y politizado de las actuaciones de ese funcionario del Ministerio Público. Como ha señalado Augusto Álvarez Rodrich, los US$12.2 millones que el fiscal afirma que PPK ‘lavó’ resultan de la suma de los ingresos declarados por él en una década provenientes del sector privado incluyendo honorarios y directorios. Como fuere, el fiscal había desdeñado considerar los peritajes y los informes financieros aportados por la defensa, en lo que configura un modus operandi típico de este señor.

Como el caso de Ricardo Briceño, donde no solo no consideró los descargos y explicaciones, ni miró los hechos, sino que fue más allá fabulando un fraude de Briceño contra la propia CONFIEP -pese a que ésta lo desmintió-, para darle más de dos millones de soles a Keiko Fujimori pese a que nunca se habían dado porque se usaron en una campaña de defensa de la economía de mercado. La Corte Superior ordenó anular la decisión del juez Zúñiga de pasar a juicio a Briceño, pero resulta que procurador del Poder Judicial, sumándose a la locura, ha apelado, perpetuando la pesadilla.

A Pérez no le interesan los hechos ni la verdad ni la justicia. Lo que le interesa incriminar a sus fantasmas políticos, a sus enemigos ideológicos, o construirse la imagen de gran luchador contra la corrupción a costa de la verdad y de las personas.

El problema es que con eso comete abusos irreparables. El debería ser denunciado por la destrucción del honor y la estabilidad sicológica de muchos ciudadanos. Allí están el ex ministro de economía, Miguel Castilla o el exfuncionario Alberto Pasco-Font, absurdamente involucrados y acusados. Dos personas intachables.

Para no hablar de Ollanta Humala, Nadine Heredia y Keiko Fujimori, sometidos a injusta y abusiva prisión preventiva por donaciones de campaña que no eran delito pero que fueron criminalizadas con el argumento forzado e insostenible de que se trababa de lavado de activos, cuando ni el origen de los fondos era delictivo, ni los receptores tenían por qué sospechar que pudieran serlo. Hasta Lourdes Flores ha sido imputada.

Aquí no solo se ha destruido a las personas. José Domingo Pérez y el equipo Lava Jato han dinamitado la clase política y por ende la democracia en el Perú, llevando a la cárcel a líderes de partidos importantes como si fueran criminales de altísimo vuelo, y tipificando a los partidos como organizaciones criminales. Hasta alguien como Luis Pasara ha condenado severamente los excesos inconmensurables de estos fiscales.

En una democracia sin partidos, los pocos esfuerzos de construcción partidaria en marcha, como el Partido Nacionalista y Fuerza Popular en este caso, fueron exterminados o debilitados en extremo, dejando al país sin un centro izquierda popular y sin una derecha popular que pudieran representar a parte importante de una sociedad que ahora rechaza la política y a los políticos.

Todo esto se hizo con el concierto del gobierno de Vizcarra, que arremetió contra un congreso visto como el reducto precisamente de Fuerza Popular, congreso al que había que cerrar de la misma manera como que había que enviar a prisión a la líder del fujimorismo. Y ello con el apoyo de la prensa que se compró el cuento de la lucha anticorrupción y disfrutó de las primicias deslizadas desde esa fuente de propaganda destructiva que fue y sigue siendo el equipo LavaJato.

Las guerras santas son dañinas. Crean demonios y adjudican culpas. No caigamos en una tampoco desde el otro lado. Las imputaciones a Zoraida Avalos, por ejemplo, deben merituarse en su exacta dimensión. Hay que romper la retaliación. Lampadia

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

Un juez declaró fundado el recurso del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y anuló la acusación que el fracasado fiscal José Pérez había formulado luego de seis años de supuestas investigaciones. Un fracaso más del politizado y prevaricador magistrado, que ha gastado millones de soles del erario público en pesquisas que no han logrado ninguna condena.

Lo que ha sí ha conseguido ese individuo es acosar y perseguir a los adversarios de la coalición vizcarrista, sobre todo a los incómodos para los caviares, y proteger a los amigos, socios y allegados a estos.

Un caso flagrante es el de Susana Villarán que, según abundantes evidencias, recibió coimas por más de diez millones de dólares siendo alcaldesa de Lima para las campañas de revocatoria (2013) y electoral (2014). A pesar de las pruebas, han pasado muchos años y no hay resultados judiciales tangibles.

A PPK lo han tenido con prisión domiciliaria por años, le han incautado todas sus propiedades y, absurdamente, le inventaron una supuesta organización criminal con su secretaria Gloria Kisic y su chofer José Bernaola, con el propósito de mantenerlo procesado. Y luego, sobre bases endebles, pidieron una extravagante condena de 35 años, como si fuera un criminal terrorista que hubiera asesinado a muchas personas.

Pérez adelantó la acusación sin esperar algunos peritajes porque quería publicitar su tremenda denuncia, antes de fugarse del Ministerio Público.

En realidad, por lo que se conoce hasta ahora, las actividades de PPK pueden ser reprochables, pero parece muy difícil que puedan ser sancionadas como delictivas. Haber realizado operaciones financieras para Odebrecht cuando no era funcionario público y cuando esa empresa no era cuestionada por actos de corrupción, no es un delito. Puede criticarse por criterios éticos, pero no judiciales.

A diferencia de Alejandro Toledo o Villarán, nadie lo ha señalado como receptor de coimas cuando ocupó cargos en el Estado.

Todo indica que lo que está detrás de ese ensañamiento es el odio caviar por haber indultado a Alberto Fujimori en diciembre de 2017, lo que motivó que se obtuvieran los votos necesarios para su vacancia en marzo de 2018, incluyendo los de caviares de la propia bancada que él había llevado al Congreso. Los keikistas solos no hubieran podido hacerlo. (PPK renunció poco antes de la votación sabiendo que el resultado era inevitable).

En suma, la crisis política que comenzó con la defenestración de PPK tuvo varios responsables, no solo los keikistas, como después se ha querido hacer creer. Fueron decisivos los caviares e izquierdistas -que se aliaron con su sucesor, el Lagarto- y también el propio PPK que cometió gruesos errores políticos.

Los fiscales politizados y prevaricadores desempeñaron un rol fundamental en esta trama, persiguiendo no solo a PPK sino a todos los adversarios de los caviares, logrando luego capturar la fiscalía de la Nación con la impresentable Zoraida Avalos, que había llegado a fiscal suprema como parte de una trama corrupta, como denunciaron en su momento los periodistas Ricardo Uceda y Rodrigo Cruz en La República y El Comercio.

Usaron descaradamente el caso de la red de corrupción “Cuellos blancos” para sus propósitos políticos, demoliendo al fiscal Pedro Chávarry para poner a alguien que se prestara a su juego, como Ávalos y, finalmente, crearon la Junta Nacional de Justicia como un instrumento para mantener su influencia o control sobre el sistema judicial.

En síntesis, la deleznable labor de Pérez en la fiscalía ha servido a los objetivos políticos de los caviares y no ha tenido ningún resultado judicial verificable. Peor aún, ha favorecido descaradamente a Odebrecht y a las corruptas empresas del “Club de la Construcción”, cuyos responsables han salido prácticamente indemnes a pesar de los delitos cometidos. (Ver Manuel Romero Caro, “Caso Lava Jato: fracaso total”, Expreso, 22/5/23).

Y ahora, en el colmo de la desfachatez y la desvergüenza, ese sujeto pretende huir de la fiscalía y convertirse en juez superior. Y los caviares quieren hacer con Patricia Benavides lo que hicieron con Chávarry, para entronizar nuevamente a la impúdica Ávalos.

Lampadia

Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 24 de Mayo del 2023

“Zoraida (Ávalos) RECIÉN le abrió investigación a (Pedro) Castillo DESPUÉS de que la congresista Chirinos la denunció”.

Zoraida Ávalos está de tour de salvataje por varios programas amigos, en donde desgracias para la profesión como Chincha no solo la dejan despacharse, sino que hasta hacen de focas huaripoleras y apuntadores. Y mi amigo Carvallo de RPP también estuvo muy perdonavidas, con Mávila Huertas al costado de adorno (me imagino que no funcionaría el audífono para que le soplen, aunque es mejor verla callada que de sobona). El libreto es bien simple: Zoraida es una gran fiscal, que es víctima de gente muy mala. Y repite sin sonrojarse que ella sí procesó a Castillo y que nunca fue una obsecuente vizcarrista.

Felizmente, ayer Correo hizo la tarea que la mayoría de medios no ha hecho y le puso los puntos sobre las íes: 1) Zoraida RECIÉN le abrió la investigación a Castillo DESPUÉS (4 de enero de 2022) de que la congresista Chirinos la denunció (21 de diciembre de 2021) por NO hacerlo (omisión en actos funcionales). 2) Es falaz que afirme que no abrió investigación porque esta no podía basarse solo en “una denuncia periodística”. Primero, las denuncias periodísticas suelen presentar indicios muy razonables para que los fiscales hagan su trabajo. Y no era una, sino VARIAS y muy serias denuncias periodísticas: presiones para los ascensos en las FF.AA. con la salida encima del general Vizcarra, el escándalo del puente Tarata, las trapacerías en Petroperú, las aventuras de los asesores y familiares, etcétera. Y su sumisión a Vizcarra fue ampliamente conocida, con esas visitas al “Lagarto” que denunció la secretaria Karem Roca. A pesar de lo escandaloso que fue el caso Richard Swing o el pésimo manejo durante el coronavirus, Zoraida no procesó al hijo de Moquegua. En cambio, sí se prestó al circo político de abrirle investigación a Merino y otros ministros por Inti y Bryan. Finalmente, la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo, y la sociedad hace rato que le ha perdido la confianza a funcionarios como Zoraida Ávalos. A su casa de una vez, señora.

Uri Landman
Para Lampadia 

Este es el nombre que debía tener el partido fundado por el peor presidente de la historia del país, Martín Vizcarra (aunque a veces pienso que hay un empate técnico con Pedro Castillo). Además de ser presuntamente un corrupto, Vizcarra es un mentiroso comprobado, al habernos engañado a todos los peruanos con el cuento de las vacunas chinas.

Como ya es de conocimiento púbico, en plena segunda ola del Covid, cuando miles de peruanos morían por las nefastas políticas de salud impuestas por su gobierno, Vizcarra y compañía, se vacunaron a escondidas de todos nosotros con la vacuna China. Nunca olvidaremos, que el gobierno de Vizcarra es responsable de la muerte de más de 220,000 peruanos, convirtiéndonos en el país con más muertes por Covid, en relación al porcentaje de su población, en el mundo. A ningún país le fue peor que a Perú y esto fue gracias a Martín Vizcarra.

Hasta nuestros días sufrimos la destrucción de la economía peruana, con la cuarentena más larga y estricta en el mundo, lo que causó un desplome del PBI de más de 11% en el año 2020 y un aumento de la pobreza del 20.2 % en el año 2019 al 30.1% en el año 2021 según datos del IPE.

El ex presidente Vizcarra, fue inhabilitado por diez años para ejercer un cargo público por el congreso en abril del año 2021. En mayo del año 2022, fue inhabilitado por segunda vez por cinco años, por haber tenido vínculos con una empresa del “club de la construcción”, cuando se desempeñó como ministro de transportes y comunicaciones.

Existe una sentencia del Tribunal Constitucional, en la cual se indica expresamente que una persona inhabilitada políticamente no puede ejercer un cargo público. Además, señala, que los efectos de la inhabilitación impiden, al funcionario público sancionado, ejercer el derecho de sufragio (elegir y ser elegido), el derecho de participar y el derecho de fundar, organizar, pertenecer o representar a una organización o partido político.

Ignorando la resolución del Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, al mando de Salas Arenas, le dio luz verde a la inscripción de su partido político, en una clara trasgresión a las leyes.  

Es más vergonzoso todavía el proceder del JNE, ya que la semana pasada declaró infundada la tacha contra la inscripción de dicho partido presentada por un grupo de ciudadanos.

Esta no fue la única mala noticia que recibimos la semana pasada. Al contrario. La clase política peruana nos demostró que es digna de pertenecer al partido Perú Último, por su falta de patriotismo y amor al país.

La semana pasada, fue elegido como Defensor del Pueblo, el abogado de Vladimir Cerrón, me refiero a Josué Gutiérrez. Este personaje, tristemente recordado por ser escudero de Nadine Heredia y haber viajado con Alexis Humala a Rusia, como si fueran una delegación oficial sin serlo, fue elegido con 88 votos para ocupar el puesto de Defensor del Pueblo. Las bancadas de izquierda contaron con el voto de Acción Popular, APP, Podemos y por más increíble que parezca, con la totalidad de los votos de la bancada de Fuerza Popular.

En los pasillos del congreso, se rumorea que Fuerza Popular votó a favor del candidato de Vladimir Cerrón, a cambio de su apoyo en una próxima elección de un miembro del Tribunal Constitucional. Si este rumor fuese verdad, nos demostraría la ingenuidad de dicha bancada, al “confiar en la palabra” de una persona condenada por corrupción.

Por otro lado, percibimos una falta de visión a futuro, por cuanto el Defensor del Pueblo preside la comisión que elige a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, quienes a su vez son los encargados de nombrar a jueces y fiscales. Después nos preguntamos ¿Por qué tenemos un Poder Judicial donde impera la ineficiencia y la corrupción?

Si lo anterior no era suficiente para alzar nuestra voz de protesta contra la clase política, el blindaje a “los niños” de Acción Popular, fue la gota que derramó el vaso.

La semana pasada el congreso blindó una vez más al grupo de congresistas conocido como “los niños”, a quienes se acusa de apoyar el régimen de Pedro Castillo con sus votos a cambio de obras, puestos en el estado y cargos de confianza para sus recomendados. El parlamento decidió archivar la denuncia constitucional y suspensión contra Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Luis Flores y Darwin Espinoza por presunta organización criminal y tráfico de influencias.

Con el blindaje de la semana pasada, nos queda más que claro que hay más de “seis niños” en el congreso de la república. Según investigaciones periodísticas y de la fiscalía, habría entre treinta y cuarenta congresistas que estarían inmersos en actos ilegales por lo que apuestan al “favor con favor se paga”.

Mientras los políticos gobiernan para ellos mismos, la economía peruana se contrajo 0.43% y la inversión privada se desplomó 12% en el primer trimestre.

El historiador francés Louis Dumur dijo: “La política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos”.

Depende de nosotros dejarnos engañar o empoderarnos para exigir a los políticos que hagan su trabajo: “servir a la nación”. Lampadia