Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 22 de mayo de 2023
Para Lampadia

Según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Ica es la única región a nivel nacional donde la pobreza afecta a menos del 10% de la población. En todas las demás regiones la pobreza supera el 10% y en algunos casos llega hasta el 40% de la población. En otras palabras, en base a los indicadores del INEI, Ica lidera el ranking nacional en cuanto a progreso económico y bienestar de sus ciudadanos.

Ciertamente se trata de una noticia positiva para Ica. ¡Cómo no va a ser positivo figurar como la mejor región a nivel nacional, en cuanto a situación económica de nuestra población! ¡Cómo no va a ser gratificante que se nos reconozca como una región pujante y diversificada, con pleno empleo, tal como se comenta con admiración en todos los rincones del país!

Bueno pues – modestia aparte – los iqueños tenemos los méritos para ostentar tan honroso sitial. Recuerdo allá por los años 2015 y 2016, cuando los anti mineros – con el Cura Arana a la cabeza – iban y venían entre Cocachacra y Marcona para tirarse abajo los dos proyectos mineros más emblemáticos del momento: Tía María en Arequipa y Mina Justa en Ica.

Para hacer corto el cuento, Tía María quedó en nada. Las autoridades arequipeñas – y los anti mineros – frustraron el proyecto. Sin embargo, Mina Justa salió adelante. Los iqueños enfrentamos a los anti mineros y le dimos nuestro respaldo al proyecto minero. Hoy, gracias precisamente a Mina Justa, Marcona cuenta con uno de los mejores institutos superiores tecnológicos de Sudamérica – el Instituto Luis Felipe de las Casas Grieve – mientras que la gente de Cocachacra, en el Valle del Tambo en Arequipa sigue en nada: pobre y amargada.

Pero no sólo eso, Shougang Hierro Perú también en Marcona, Nexa Resources en la Sierra de Chincha, y centenares de pequeños mineros que producen cobre y oro en toda la región, han convertido a Ica en una próspera región minera, con todos los beneficios que la buena minería conlleva: empleo formal y bien remunerado, demanda de bienes y servicios locales, tributación, canon minero, divisas y un sinfín de proyectos de desarrollo social en ámbitos tan variados como salud, educación, deporte, cultura, tecnología, infraestructura, turismo y demás.

Por otro lado, nuestra agricultura es lo mejor de lo mejor. ¡Claro que somos una potencia frutícola y hortícola a nivel mundial! Pero también tenemos la mejor avicultura. Somos los mejores en producción de huevos. Incluso, somos muy buenos en producción de pollos, leche y cerdos.

Nuestra pesca es la más limpia del país. Todos los vertimientos de las empresas pesqueras de Pisco se colectan en un solo punto, donde son tratados y luego vertidos mar adentro a través de un gran emisor submarino, diseñado técnicamente para mantener intacta la belleza y diversidad de la flora y fauna marino-costera.

Tenemos un turismo extraordinario: Paracas, Huacachina y Líneas de Nasca son nuestros estandartes. Sin embargo ¡qué decir del “Vamo’ pa’ Chincha Familia” y los maravillosos geoglifos de Palpa! Historia, cultura, naturaleza, aventura… tenemos turismo para todos los gustos.

¿Y nuestros vinos y piscos? Como industria vitivinícola… no hay quien nos iguale. Pero no sólo de excelentes vinos y piscos vivimos los iqueños. Nuestras empresas manufactureras y de servicios son súper diversas e imponentes: siderurgia, petroquímica, textilerías, metalmecánicas, energía térmica, eólica y solar, conectividad digital, tecnológicas, servicios portuarios… en Ica hacemos de todo. ¡Por eso tenemos pleno empleo!

Hasta aquí, la cara brillante de Ica. Ahora, vamos con la cara opaca. Javier Gallegos, Gobernador Regional durante el período 2019 – 2022 está preso. La justicia dispuso su encarcelamiento por liderar una mafia que traficaba con brevetes. Una mafia que él creó apenas asumió funciones en enero del 2019.

Pero eso no es todo. Pronto reventará el chupo de la corrupción en salud. Muchos audios dan cuenta de ello: venta de puestos en hospitales, robo de medicamentos, compra sobrevalorada de equipos, médicos que abandonan hospitales en horario de trabajo, coimas por doquier, etc.

Y como consecuencia de la podredumbre moral de Gallegos y su pandilla, en lo que va del 2023, Ica registra 24 muertes por Dengue. El mayor número de muertes a nivel nacional. ¿Acaso eso no es un indicador de pobreza extrema? ¡Cuánta crueldad, cuánta incapacidad, cuánta indignidad!

Ahora bien, no solo en el Gobierno Regional se cuecen habas. Respecto a las empresas municipales de agua y saneamiento, por ejemplo ¿cómo puede no ser pobre un pueblo que no tiene agua potable? Bueno pues, ese es el caso de la inmensa mayoría de iqueños. Durante todo el mes de marzo pasado, la ciudad de Chincha no tuvo agua. Ni una gota. Mis paisanos tuvieron que sobrevivir comprando agua carísima a camiones cisterna. Y lo mismo sucede en casi todas las ciudades y centros poblados de la región. Los servicios municipales de agua potable de Ica – y de todo el Perú – son un fracaso.

A lo que quiero llegar es que, como todo el país, Ica tiene dos caras contrapuestas. Una cara brillante que representa a nuestra gente; hombres y mujeres; niños, jóvenes y mayores; migrantes que vienen de todo el país a trabajar; empresarios peruanos y extranjeros, muchos arequipeños… dicho sea de paso; toda gente buena, trabajadora, inteligente, solidaria y querendona.

Pero Ica también tiene una cara opaca que representa a nuestras autoridades corruptas. Ciertamente tenemos corrupción en la sociedad civil. Pero claramente, el Estado lidera la podredumbre moral en Ica. Tal cual Raúl Doroteo, nuestro congresista por Ica que cambió votos por obras – y obras por coimas – en el vergonzoso caso “Los Niños”. Tal cual los 90 periodistas iqueños sobornados por Javier Gallegos para encubrir la corrupción en el Gobierno Regional. Tal cual el propio Gallegos, preso por traficar con brevetes. Tal cual algunos jueces y fiscales corruptos, que nunca faltan. Tal cual muchos otros funcionarios corruptos.

Ahí están las dos caras de Ica, la región más próspera del Perú. Sin embargo, entre nos… ¡cuánto mejor sería la región, si hubiera menos corrupción! Lampadia

Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 19 de Mayo del 2023

“Aparte de que la gestión de Zamora fue desastrosa ante el COVID-19 y generó miles de muertos, este señor adquirió millones de esas inútiles pruebas de descarte a Roche”.

-Me entero estupefacto que los Laboratorios Roche han contratado al exministro Víctor Zamora para un puestazo en USA. Aparte de que la gestión de Zamora fue desastrosa ante el COVID-19 y generó miles de muertos, este señor adquirió millones de esas inútiles pruebas de descarte a Roche, lo que nos costó mucho dinero. ¿No existe aquí un conflicto de interés? ¿Por qué Roche contrata a este rojo inepto?

-Según un cartel promocional de esa mamadera de caviares llamada Ministerio de Cultura para una película mala sobre Javier Heraud (bodrio que fue financiado con dinero del contribuyente), este juvenil y fracasado guerrillero castrista fue “asesinado”. ¿O sea, eres un subversivo violento que, tras ser entrenado en otro país (Cuba), participas en un ataque en Madre de Dios en donde SÍ efectivamente se asesina a un policía (el sargento de la guardia republicana Aquilino Cam) y se hiere a otros dos más (los agentes Alejandro Castro y Julio Tuestas) y resulta que la policía te ha “asesinado” al abatirte mientras intentas escapar en una canoa con otro compinche? ¿O sea, los policías son los asesinos aquí y el subversivo Heraud su víctima? Heraud, un “héroe” y además “asesinado”… ¡Qué tal marketing rojo!

-Según leí ayer en la publicación web brasileña UOL Noticias, unos discos duros -que usaban los sistemas Drousys y Mywebday- donde se encontraban registradas todas las operaciones corruptas de Odebrecht han sido averiados con un taladro hace un año (ver https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2023/05/18/alvo-de-polemicas-planilhas-de-propinas-da-odebrecht-foram-apagadas-no-mpf.htm) allá en Brasil. Sería pertinente que nuestros fiscales nos detallen que ha sucedido realmente allá y cómo nos afecta este atentado contra las pruebas.

-Alucino cómo una universidad apristona como la San Martín ha instaurado un diplomado con el sumo pontífice caviar Diego García Sayán como el profesor estrella. ¡Es impresionante cómo todos se arrodillan ante este tipo en Lima!

Uri Landman
Para Lampadia

Joaquín Guzmán Loera, más conocido como “el Chapo”, es un narcotraficante mexicano que fue jefe del Cártel de Sinaloa hasta su extradición a Estados Unidos en el año de 2017.

Después de su primera fuga en el año 2011 del penal de máxima seguridad de Puerto Grande, en Jalisco-México, se convirtió en el hombre más buscado por el FBI. Se ofreció 7 millones de dólares a quien proporcionara información que llevara a su ubicación y captura.

El 22 de febrero del año 2014, “el Chapo” fue detenido por segunda vez, por personal de la Marina Armada de México, en Mazatlán, Sinaloa.

La noche del 11 de Julio del año 2015 “el Chapo”, protagonizó uno de los escapes más increíbles de la historia. Gracias a la construcción clandestina de un túnel de 1.5 kilómetros de largo que conectaba la ducha de su celda con una casa a medio construir en el exterior del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Joaquín Guzmán logra escapar por segunda vez.

Durante medio año, las autoridades mexicanas persiguieron a “el chapo” hasta que finalmente lo logran atrapar por tercera vez, el 8 de enero del año 2016. Esta vez ya no tendría escapatoria.

A pesar de los recursos presentados por sus abogados, en los cuales alegaban que la extradición del “chapo” era ilegal, éste fue extraditado a Estados Unidos el 20 de enero de 2017 a Nueva York, uno de los estados que reclamaba a Joaquín Guzmán por múltiples delitos.

El juicio a Guzmán fue pospuesto en dos ocasiones por mociones presentadas por la defensa. Finalmente, el 5 de noviembre del año 2018, el juez Brian Cogan dio inicio a lo que se llamó “el juicio del siglo”. Se acusó a Guzmán de liderar una organización criminal, “El Cártel de Sinaloa”, a través de la cual distribuían drogas en Estados Unidos, lavado de activos y tenencia ilegal de armas. En su momento, la revista de finanzas Forbes, estimó la fortuna de “el chapo” en mil millones de dólares.

La acusación, a cargo de la fiscal Andrea Goldbarg, presentó más de 300,000 páginas de evidencia y 56 testigos en contra de Joaquín Guzmán. El juicio duró cuatro meses y en febrero del año 2019, Guzmán fue encontrado culpable de los delitos imputados. En julio de ese mismo año, fue condenado a cadena perpetua por delitos de narcotráfico, más 30 años por violencia con armas y otros 20 años por lavado de activos.

Para los peruanos es casi imposible imaginar un proceso legal que incluye: acusación fiscal, juicio y sentencia, que dure dos años y medio. Leer de un juicio con 300,000 páginas y 56 testigos, en cuatro meses, es algo que linda con la fantasía.

El escándalo de Lava Jato, estalló en Perú en el año 2016 con la publicación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que revelaba que la constructora brasilera Odebrecht, había realizado pagos millonarios por sobornos, a funcionarios peruanos para ganar licitaciones públicas.

Hasta el día de hoy, 7 años después, el equipo especial Lava Jato, encabezado por Rafael Vela Barba y secundado por José Domingo Pérez, no ha obtenido una sola sentencia condenatoria.

El único funcionario público peruano, acusado y sentenciado por el caso Lava Jato es el ex-gobernador de Ancash, César Álvarez, quien recibió una condena de 8 años y 3 meses de prisión por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible al haber recibido 2.4 millones de dólares de Odebrecht, por la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis. Sin embargo, este caso no fue visto por los fiscales del equipo especial Lava Jato, sino por el fiscal Elmer Chirre, de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Anticorrupción.

En los casos de Ollanta Humala, Nadine Heredia, Alejandro Toledo, PPK, Keiko Fujimori, Susana Villarán y tantos otros, los fiscales del equipo especial, a duras penas han presentado la acusación fiscal después de años de investigaciones y los juicios ni siquiera han empezado.

En el caso de Susana Villarán, el fiscal José Domingo Pérez se ha tomado nada menos que 6 años para concluir la investigación preliminar y presentar acusación.

Esta “ineficiencia” del fiscal es más escandalosa todavía, en vista que las empresas OAS y Odebrecht han reconocido ante la fiscalía, el haber pagado un soborno de 11 millones de dólares a la ex alcaldesa, quien a su vez ha reconocido haber recibido el dinero. ¿Cómo es posible que el fiscal Pérez haya demorado 6 años en terminar una investigación?

Además de la sospecha evidente que tenemos los peruanos de la manipulación política e ideológica, por parte de los fiscales del equipo Lava Jato de los casos que manejan, ahora nos damos con la sorpresa que el fiscal Pérez, va a dejar la fiscalía al haber postulado a una plaza de juez superior.

¿Se acuerdan cuando Barata declaraba en Brasil antes los fiscales y de manera simultánea IDL publicaba dichas declaraciones reservadas? ¿IDL tenía un “topo” en la fiscalía?

Ante la imposibilidad de los caviares de seguir manejando la fiscalía a su antojo, con la llegada de la fiscal Patricia Benavides, han decidido buscar foros más propicios para su lucha ideológica. Es de conocimiento público que la Junta Nacional de Justicia, entidad que nombra a jueces y fiscales, estaría bajo la influencia de los caviares. Ello, garantizaría una plaza a todos aquellos jueces afines a su agenda política, en un Poder Judicial que no se caracteriza por su honestidad o transparencia.

El fiscal Kennedy dijo: “Cada sociedad tiene el tipo de criminal que se merece”, depende de nosotros tener a los fiscales y jueces que nos merecemos. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 15 de mayo de 2023
Para Lampadia

En el tráfico de terrenos, claramente ganan las mafias. Me refiero a las mafias municipales: alcaldes, regidores y funcionarios corruptos. Además, gana la telaraña, también mafiosa, compuesta por funcionarios de las diversas instituciones registrales del país, como el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), los programas regionales de titulación de tierras (PRETT´s), la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), etc.

Como no podía ser de otra forma, las mafias del tráfico de terrenos también incluyen a efectivos policiales, fiscales y jueces corruptos, matones que nunca faltan, todos coludidos con los traficantes propiamente dichos.

Rodolfo Orellana, Sada Goray, los sobrinos del expresidente Castillo y una larga lista de congresistas y personajes de mal vivir se han hecho conocidos, precisamente, por ser parte de las mafias del tráfico de terrenos en nuestro país.

Sin embargo, ahí no termina la cosa. En el tráfico de tierras, ganan también los proveedores de agua en cisternas, esteras, palos, alambres, calaminas, clavos, plásticos, cartones, etc. Incluso, los que brindan “servicios de seguridad”. El entrecomillado es adrede, porque los tipos esos, de custodios no tienen nada, y sí, mucho de extorsionadores, puesto que cobran por no robar. Efectivamente, el que no paga cupo… ¡ay de él o ella! Chau quiosco, chau moto o triciclo, chau celular, chau lo que sea.

Ahora bien, la otra cara de la moneda del tráfico de terrenos muestra a los que pierden. Entre los perdedores están los propietarios de los terrenos invadidos – el Estado o los privados – que pierden sus propiedades. Pero pierde también la pobre gente que cae en la trampa sin salida de las mafias en cuestión.

Efectivamente, el sangrado mafioso es inevitable, implacable e interminable.

Pago por la “adquisición” del lote. Un papel cualquiera “certifica” la operación de compra – venta.
Pago por afiliación y mantenimiento de la “asociación pro vivienda”. Las asociaciones suelen llevar los nombres de políticos de moda: Ollanta Humala Tasso, Keiko Fujimori Higuchi, Juan Velasco Alvarado, y así.
Pago de cuotas extraordinarias para el saneamiento de los certificados de posesión. El trámite de titulación puede demorar 15 o 20 años, y hasta más, previo pago de cuantiosas coimas, sin ninguna rendición de cuentas de por medio.

Al final, los pagos suman mucho más de lo que se pagaría por un crédito hipotecario comercial para la compra – venta de una vivienda de S/. 100,000, con todos los servicios públicos bien puestos, y con todas las formalidades registrales del caso.

Pero no, mucha gente vive en condiciones deplorables: sin agua, sin electricidad, sin seguridad, sin nada. Sólo polvo y esteras. Aunque, eso sí, infaltable, la desteñida banderita blanquirroja… en el techo.

Bueno pues, 1’600,000 familias peruanas viven así… 8 millones de peruanos. La cuarta parte de la población peruana no tiene vivienda.

Porque no me vengan con que una choza de esas puede considerarse una vivienda digna.

Esta descomunal tragedia urbanística nacional saltó a la luz en la reciente pandemia de COVID 19. ¡8 millones de peruanos no tenían casa para cumplir la cuarentena! ¡Y otro tanto no tenía agua para lavarse las manos! ¡Habrase visto tamaña injusticia! ¡Oh diosa corrupción… cuánto daño, cuánta crueldad, cuánta miseria has traído a nuestro país!

El problema es que el Estado hace muy poco al respecto. Mejor dicho, estoy convencido de que el Estado propicia, adrede, el caos urbano y el tráfico de terrenos a nivel nacional. Repito. El Estado está metido en la colada. ¡He ahí el problema!

Quitarle las competencias de vivienda y urbanismo a los Municipios Distritales y Provinciales de todo el país. ¡Esa es la propuesta!

Y en su reemplazo, crear una Autoridad Nacional Autónoma (ANA) – tipo Banco Central de Reserva (BCR) – encargada de llevar a cabo todos los procesos de planificación y desarrollo urbano en todo nuestro país. Una ANA apolítica, desideologizada, profesional, meritocrática, súper especializada en la materia. Cero tráfico de terrenos. Todos los traficantes a la cárcel. Cero invasiones. Ninguna invasión calificaría para ninguna titulación… nunca.

Incluso, habría que prohibir la autoconstrucción de viviendas en todo el país. Pero eso sí, para que la cosa funcione, el Estado tendría que promover masivamente la construcción de urbanizaciones y viviendas de bajo costo – bien construidas – en terrenos de su propiedad… que los tiene. ¡Y de sobra!

Construir 200 mil viviendas populares al año, para que en 10 años hayamos resuelto el problema de la vivienda en el país. ¡Ese es el desafío! Para ello se requiere invertir US$ 50,000 millones, los cuales generarían un millón de empleos directos. ¡Ese es el reto!

Simplificar radicalmente y digitalizar al máximo todos los procesos de licencias y permisos de construcción y titulación de tierras y de propiedad inmobiliaria. ¡A eso debemos llegar!

¡No a los turbios negocios del tráfico de terrenos! ¡Sí a la vivienda digna para todos los peruanos!

Lampadia

Por: Patricia Benavides
Expreso, 13 de Mayo del 2023
Escrito por: Wilber Torres

Señala que no será ella quien entregue su investigación de grado, para evitar «que hagan escarnio» de ello.

Durante la ceremonia de celebración del 47° aniversario de creación del Ministerio Público, la titular de esa institución, Patricia Benavides, se pronunció e hizo frente a los sectores políticos que cuestionan la obtención de sus grados académicos para deslegitimar su labor.

“Desde que decidí investigar a la corrupción en el poder, he recibido amenazas de muerte contra mí y contra mi familia en el intento de que fuerzas oscuras traten de detener nuestro trabajo. Esta referencia personal no la hago por mí, pues sabré defenderme en el espacio correspondiente, sino porque a través de mi persona se pretende deslegitimar a la institución que hoy represento y eso no lo voy a permitir”, manifestó durante su discurso.

Benavides aseveró con firmeza haber cumplido con todos los requisitos de la ley para ostentar el cargo de fiscal de la nación y aseguró haber guardado silencio todo este tiempo para “no ser parte de un circo”.

“Se ha dicho que no tengo tesis, ante ello he guardado prudente silencio para no seguir alimentando la campaña y para no responder ni ser parte de un circo de aquellos que buscan cinco minutos de fama a costa de los que sí trabajamos y luchamos contra la corrupción.”, dijo.

“Si tengo los grados es porque sustenté y presenté las tesis, pero no seré yo quien las entregue el producto de largos meses de intenso trabajo para que hagan escarnio de él”, agregó.

Benavides también denunció que existe un interés en tener a una Fiscalía sometida a sus intereses. “Aquí se han encontrado con una fiscal de verdad, que no acepta dictados de nadie, más que de la ley”, concluyó.

Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia

Antes de que la Fiscal de la Nación Patricia Benavides hubiera presentado el 11 de octubre pasado la denuncia constitucional contra el filo senderista Pedro Castillo Terrones, ya había recibido 3 denuncias constitucionales: una presentada por Kelly Portalatino, otra por Guillermo Bermejo y una tercera por la inefable Betssy Chávez. Todo el aparato de ablandamiento político del gobierno comunista de Castillo ya había disparado contra ella, había iniciado la persecución, buscando evitar lo inevitable: que denunciará al cabecilla de la mafia roja que asaltó el poder el 28 de julio de 2021 gracias al apoyo de tantos tontos útiles de nuestra política.

Los siguientes en denunciar a la Fiscal fueron los abogados de Castillo: doctores Atencio y Noblecilla, quienes no dudaron en solicitar a la Junta Nacional de Justicia su inmediata suspensión cautelar en el cargo. Toda valía a la hora de evitar el enjuiciamiento de Castillo.

El asedio contra la Fiscal había sido de tal magnitud que hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, de probada orientación pro marxista, se vio obligada a dictar una tibia Medida Cautelar en favor de ella y su núcleo familiar en febrero de 2023.

En abril de este año, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que tarda años en destituir a jueces corruptos, admitió rápidamente a trámite una hilarante denuncia contra la Fiscal por haber recibido una condecoración del impertinente Alcalde de Lima. La impertinencia política de Porky de querer abrazar a todo el mundo sirvió de coartada para un nuevo ataque a la Fiscal. El pretexto: Una denuncia formulada por quienes acusan al esposo de la Fiscal de ser propietario de una empresa proveedora de servicios a la minería, hecho por el cual ciertamente nadie puede ser denunciado.

Susel Paredes, la Congresista de la República del Partido Morado, que había afirmado que Castillo “puede ser un delincuente, pero no hay que destituirlo”, ha acusado recientemente a la Fiscal Benavides de haber plagiado sus tesis, basada en la afirmación de una persona cuyo nombre no puede revelar.

A todos estos acusadores de la Fiscal, cuyo origen y fin político es más que obvio, se suman, lamentablemente y como siempre, los tontos útiles que desde la academia, el foro, la política o la prensa denostan a la Fiscal, no por haber acusado a Castillo (a quien implícitamente defienden), sino por sus títulos de post grado de la Universidad Alas Peruanas, con un tufillo clasista y snob, impropio para estos tiempos.

Dime quienes te acusan y te diré quién eres. Vale para el caso de la Fiscal Benavides.

Felizmente, otros millones de peruanos, entre los que me cuento, que ni siquiera conocemos a la Fiscal Benavides, no vemos el vaso medio lleno de la Fiscal, sino la entereza de asumir la acusación más compleja de la historia política peruana, contra el primer marxista que llegó al Poder y delinquió desde allí, enfrentando a todo el aparato político de respaldo que este tiene hasta hoy y la complicidad internacional que lo socapa. Para nosotros, que bien que haya sido una Fiscal de Huancavelica, con títulos de pos grado de Alas Peruanas quien haya tenido la valentía que otros, con títulos en apariencia más vistosos no hicieron y que más bien se pusieron al servicio del aprendiz de dictador. Lampadia

Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 11 de Mayo del 2023

“Karp se ha ido con por lo menos un par de decenas de millones de dólares en la cartera, así que mal no la va a pasar por más que eso signifique no poder salir de Israel”.

La bruja soez de los cabellos de fuego tomó su escoba y voló a Israel… ¿A alguien le ha sorprendido que Karp haya tomado esa decisión? La única pregunta sobre su tan previsible fuga era si su destino final sería Tel Aviv o Bruselas, pues es bien sabido que ni Israel ni Bélgica suelen extraditar a sus connacionales. Karp se ha ido con por lo menos un par de decenas de millones de dólares en la cartera, así que mal no la va a pasar por más que eso signifique no poder salir de Israel. Me imagino que traerá a su madre de Bélgica a vivir consigo y que su hermano Michael, un abogado financiero al que quiso acreditar como cónsul peruano en Luxemburgo, la visitará también. El buen Michael fue nombrado en ese puesto por su cuñado Toledo y el entonces canciller Diego García Sayán el 18 de marzo de 2002, mediante la Resolución Suprema 115-2002-RE. Como se armó el escándalo, García Sayán dejó sin efecto ese nombramiento el 19 de marzo —o sea, al día siguiente— mediante la Resolución Suprema 125-2002-RE. En un país normal haber avalado ese tremendo acto de nepotismo hubiera significado la renuncia o la dimisión del desvergonzado García Sayán, pero si los caviares son intocables en estos días lo eran mucho más en esa época. Además, a comienzos de 2002 los únicos medios que fiscalizaban a Toledo eran Correo (que había reflotado su edición limeña y era dirigido espectacularmente por Tafur. Yo no quiero nada a Tafur por tronchado y otras cosas, pero no le voy jamás a no reconocer sus grandes condiciones como periodista) y Expreso. El Grupo El Comercio era todavía absolutamente incondicional a Toledo por esas fechas y la TV y radio apenas se metían con él porque quien criticaba era inmediatamente tildado de “fujimontesinista” por el oficialismo y la caviarada. Después ya vino el cargamontón de todos cuando los numerosos errores de Toledo le desprestigiaron completamente y ya no era “políticamente incorrecto” cuestionarlo. Al final, lo robado será disfrutado por la bruja.

Por: David Reyes Zamora
Gestión, 8 de Mayo del 2023

Caso Toledo: sin pruebas, la Fiscalía criminalizó por años a servidores públicos de alto nivel. ¿Hasta cuándo esperaremos a que se retracte?

Por suerte, existe la presunción de inocencia, aunque poco importe en el Perú. Y aunque poco importe para el fiscal José Domingo Pérez, que en el caso de Alberto Pasco Font y Sergio Bravo Orellana se equivoca o —lo que es peor y cuestionable— se equivoca adrede. A lo largo de los últimos seis años, ha menoscabado públicamente la honra de estos dos profesionales, con una acusación criminal que nunca logró sustentar y de la que solo hay evidencia de que es un fiasco. ¿Por qué? Para lograr su cometido de extraditar a Alejandro Toledo, sin salvaguardar otra reputación más que la suya.

Pasco Font y Bravo son procesados por colusión con Odebrecht y sus socios en la concesión de la Interoceánica Sur, como miembros del Comité de Infraestructura de Proinversión de entonces. No hay pruebas: ni con quiénes concertaron, ni cuándo ni dónde, ni cómo se favorecieron. Si hay, en cambio, declaraciones de los colaboradores eficaces a su favor, que son selectivamente ignoradas.

Jorge Barata, exdirector ejecutivo de Odebrecht en el Perú, ha dicho explicitamente que “no” se coludió con el comité. Incluso se quejaba -recuerda- por la ampliación de los plazos y porque las bases no se adecuaban a su propuesta (¡por eso le redujo la coima a Toledo!). Para Barata, Proinversión solo le generaba contratiempos, con un “cuerpo técnico muy fuerte, muy sólido”, de “funcionarios de alto nivel, bien calificados” y con “un nivel de independencia bastante fuerte” (sí, como Pasco Font y Bravo, dos consultores internacionales de peso y trayectoria). A Bravo hasta lo describe como “una persona muy dura, muy difícil” y “muy poco influenciable”, a la que ni él y ni su equipo lograron ablandar. Y de Pasco Font dice que era “un tipo muy serio, muy profesional”.

Solo las adendas, rediseños y arbitrajes le permitieron obtener utilidades a Odebrecht, según Barata: el proyecto no era rentable- coima incluida- como lo aprobó Proinversión. Barata hasta reconoce que se frustraba” en las reuniones con Pasco Font y Bravo Orellana. ¿Los colmeó de alguna manera? “No”, responde. El fallecido Josef Maiman, quien administró la coima de Toledo a través de sus empresas, declaró en Israel que nunca supo que Odebrecht les haya entregado dinero a los miembros del comité y que él tampoco lo hizo. En Lima, la Fiscalía ha sacado a otros del proceso por la sola declaración de Maiman, pero insiste con Pasco Font y Bravo Orellana, pese a que Barata y Maiman coinciden en que son inocentes. ¿Por qué? Porque si no, no traía a Toledo. Pero ya lo hizo y, aunque no avalamos el cómo, ¿no puede soltar ahora a quienes usó como chivos expiatorios?

Sin esta colusión inventada, el delito de cohecho que cometió Toledo ya habría prescrito y no era extraditable: ahora que está aquí, puede ser procesado y condenado por lavado de activos. Pero a costa de lo que hoy celebramos como un triunfo, se dañó a profesionales -Pasco Font y Bravo no son los únicos-, se les condenó al ostracismo en la administración pública, y se les obstaculizó sus carreras y sus vidas. Este viernes se reanuda la audiencia del caso. ¿Será tiempo de justicia?

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Lima, 8 de mayo de 2023
Para Lampadia

En realidad, la expresión original es: “divide y vencerás”. Y se trata de una táctica política, muy utilizada a lo largo de la historia por conquistadores y gobernantes despóticos, para dominar a poblaciones numerosas.

Julio César, el emperador romano del Siglo I AC y Napoleón Bonaparte, el emperador francés del Siglo XIX DC, fueron dos conspicuos practicantes de dicha táctica. ¡Y vaya que obtuvieron resultados! Ambos, en su momento, prácticamente lograron subyugar al mundo entero.

En nuestro país, los gobernantes corruptos también aplican la famosa táctica de “divide y vencerás”. El problema es que, como son corruptos, el “vencerás” lo han cambiado por “robarás”, para que quede como “divide y robarás”.

Efectivamente, las instituciones del Estado peruano parecieran haber sido diseñadas exprofesamente por la diosa coima. La proliferación de distritos, provincias y regiones es una prueba palmaria de ello.

Para muestra, un botón. Colombia – un país muy parecido a nosotros – tiene 1,104 distritos. Nosotros, en cambio, tenemos 1,874 distritos. Pero eso no es todo. Poblacionalmente, Colombia es mucho más grande que nosotros. Ellos tienen una población de 52 millones de habitantes. Mientras que nosotros, apenas 33 millones. O sea, en Colombia hay una autoridad distrital por cada 47 mil habitantes. Mientras que nosotros tenemos una autoridad distrital por cada 18 mil habitantes. Divide y robarás.

La regionalización de nuestro país – o, mejor dicho, la gran estafa de la regionalización del Perú – es también otra muestra palmaria del “divide y robarás”.

El gran geógrafo peruano don Javier Pulgar Vidal sentó las bases para la integración departamental del Perú. Él fue el proponente de la demarcación geográfica transversal, sobre la base de 5 regiones, todas con territorios en Costa, Sierra y Selva. Pero ojo… ¡dijo 5 regiones, no 24! Divide y robarás.

Después tenemos la proliferación de ministerios. ¿A santo de qué tenemos 19 ministerios… en vez de 8 ó10, que serían mucho más manejables?

¿Para qué tenemos un Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social? ¿Acaso no son lo mismo?
¿Para qué tenemos 4 ministerios vinculados a la producción: ¿Agricultura y Riego, Minería, Petróleo y Energía, Producción (que ve industria y pesca) y Comercio Exterior y Turismo? ¿Por qué no un solo ministerio que mate cuatro pájaros de un tiro? Divide y robarás.

Después tenemos la proliferación de Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s).

Los más descarados son los 2 PROVIAS: PROVIAS Nacional y PROVIAS Descentralizado. Ambos, hacen lo mismo: carreteras y puentes. Ambos están adscritos al mismo ministerio: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Precisamente, el ministerio donde estuvieron Martín Vizcarra, Juan Silva, Geiner Alvarado… y otros prontuariados más. Divide y robarás.

Por otro lado, tenemos la exagerada redundancia de instituciones funcionalmente idénticas. Por ejemplo, las numerosas instituciones que están metidas en la colada preferida de la diosa coima: las obras de infraestructura pública.

Veamos. El Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), las Direcciones Regionales y Locales de Infraestructura que son miles, más las dos PROVIAS antes mencionadas… todas hacen lo mismo: obras de infraestructura.

¿Por qué no tener una sola Autoridad Nacional Autónoma (ANA), apolítica, profesional, meritocrática, descentralizada, súper especializada en obras de infraestructura, en vez de la telaraña existente? Divide y robarás.

Ahora bien, aparte del “divide y robarás”, nuestras autoridades corruptas e inoperantes han acuñado una tercera táctica política, derivada de la anterior: “complica y robarás”. ¿Por qué no digitalizar, transparentar y simplificar radicalmente todos los procesos de compras y contrataciones del Estado? Complica y robarás. ¿Por qué no eliminar aquellos requisitos y procedimientos burocráticos ridículos e inútiles para el otorgamiento de licencias y permisos estatales? Complica y robarás. ¿Por qué no estandarizar todos – o casi todos – los bienes y servicios requeridos por el Estado, para hacerlo más eficiente, tanto en costos como en tiempos? Complica y robarás. ¿Por qué no eliminar totalmente la papelería burocrática estatal y decirles adiós a las firmas, adiós a los sellos, adiós a las colas interminables, y sobre todo, adiós a las coimas? Complica y robarás.

Y así, dividiendo al Estado en miles de instituciones redundantes e innecesarias, complicando procedimientos y trámites absurdos en desmedro de la ciudadanía, y robando y coimeando a diestra y siniestra, el país se degrada y envilece a más no poder. Cuando lo que se requiere es todo lo contrario: integrar en vez de dividir, simplificar en vez de complicar, y servir en vez de robar. Lampadia

Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 29 de Abril del 2023

“La lucha contra la corrupción fue, a la postre, un arma populista, una gran causa común de todos esos actores, al amparo de la que se cometieron graves abusos políticos, fiscales y judiciales”.

Carlos Basombrío publicó un artículo hace unas semanas expresando “cierto orgullo por lo que la justicia ha avanzado en el Perú”, a propósito de la cantidad de expresidentes y políticos presos o procesados. Si bien es una vergüenza, por ejemplo, tener a tres expresidentes en la cárcel, el lado positivo de ello sería que “hay una creciente independencia de la administración de justicia con respecto al poder político”.

Tenemos que matizar esta conclusión, para tomar la lección de lo que no debe ser la justicia en una democracia. Es verdad que en el caso de Pedro Castillo el Ministerio Público y el equipo especial de la PNP actuaron con independencia y firmeza ante intentos diversos de desactivar las investigaciones que incluyeron desde recorte de presupuestos y personal hasta amenazas de muerte. La institucionalidad en general respondió con claridad ante una amenaza autoritaria que fue creciendo a lo largo de los meses.

Pero en el caso de Alberto Fujimori hubo un exceso. Debió ser procesado por las violaciones constitucionales que cometió al sojuzgar a la prensa y a los poderes del Estado para perpetuarse en el poder. En lugar de ello, se le procesó por violación de derechos humanos dándole una sentencia excesiva de 25 años sin pruebas de que hubiese ordenado o conocido la orden de matar, simplemente en virtud de una teoría, de un silogismo, como han señalado también Gonzalo Zegarra y César Azabache. Quizás pudo ser sentenciado, en ese caso, por encubrimiento –a una pena menor–, pero no por asesinato. Sentencia que, de otro lado, desconocía que la derrota de Sendero no se debió a la operación de escuadrones de la muerte, sino, por el contrario, a una estrategia conducida por el propio Fujimori basada en una alianza con los campesinos, a quienes dio armas y apoyo cívico, y en el fortalecimiento de la inteligencia policial para capturar a las cúpulas en lugar de ajusticiarlas. Hay, pues, una injusticia.

Tampoco se puede decir que el tribunal que juzgó a Fujimori fuera una prueba de la independencia de la justicia respecto del poder político, porque el poder político y, sobre todo, el poder mediático, ya no era, desde el 2001, fujimorista, sino más bien antifujimorista en general. Esa corriente impregnó tanto el sistema de justica que hubo durante el gobierno de Alejandro Toledo una verdadera persecución judicial contra varios exministros y funcionarios del régimen fujimorista, como lo puede contar Francisco Tudela, que tuvo que irse a Chile.

Lo mismo se puede decir de la suerte que corrieron Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Nadine Heredia y hasta Lourdes Flores. Pero esta vez debido a la criminalización de las donaciones de campaña, que no eran delito, forzando indebidamente la figura del lavado de activos, acusando a los partidos de ser organizaciones criminales y dictando detenciones preventivas claramente abusivas, como ha criticado Luis Pásara, insospechable de fujimorismo.

Consecuencia de ello, con la colaboración de los graves errores cometidos por Keiko Fujimori, fue el debilitamiento o la destrucción de parte importante de la clase política. La derecha popular se quedó casi sin representación y el partido nacionalista ya no existe. El daño a la democracia de esta justicia plebiscitaria ha sido, pues, muy grande.

Este populismo judicial jugaba en pared –de manera, si no coordinada, cuando menos coincidente– con el populismo político exacerbado por Martín Vizcarra que en ese mismo momento confrontaba al Congreso para construir una popularidad que alcanzó su cenit cuando finalmente lo disolvió, con la colaboración militante de varios medios y distinguidos supuestos defensores de la democracia.

La lucha contra la corrupción fue, a la postre, un arma populista, una gran causa común de todos esos actores, al amparo de la que se cometieron graves abusos políticos, fiscales y judiciales. No debemos olvidarlo.

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Lima, 1 de mayo de 2023
Para Lampadia

¿Qué dice la Constitución respecto de nuestro sistema político?

La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes. (Título II, Capítulo I, Artículo 43)

Y ¿qué dice respecto de la descentralización?

El territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de la Nación. (Título IV, Capítulo XIV, Artículo 189)

Sin duda, se trata de un texto constitucional muy acertado y bien intencionado. Somos un país unitario. Pero, en la práctica ¿cómo es la nuez? ¿Cómo operan – en los hechos – las regiones?

Bueno pues… en los hechos, las regiones operan como feudos autónomos. Tipo los señoríos de la Edad Media. Los gobernadores regionales son sus amos y señores.

Salvo muy contadas y efímeras excepciones, los gobernadores y sus allegados extorsionan a la población en el otorgamiento de brevetes y licencias, subastan puestos de trabajo al mejor postor… en hospitales, escuelas y demás dependencias regionales, cobran diezmos por compras y contrataciones del gobierno regional, sobornan a periodistas para encubrir sus delitos, coimean – al alimón – con congresistas que gestionan fondos públicos para sus regiones…

¡Total podredumbre! En los hechos, así es la nuez en la mayoría de gobiernos regionales de nuestro país.

Por lo pronto, así actuó Javier Gallegos – gobernador regional de Ica – durante el período 2019 / 2022. Tal cual Vladimir Cerrón en Junín, César Álvarez en Ancash, Félix Moreno en el Callao, Gregorio Santos en Cajamarca, Martín Vizcarra en Moquegua, Elmer Cáceres Llica en Arequipa, César Acuña en La Libertad… y paro de contar porque no tendría espacio para consignar a todos los gobernadores regionales presos, enjuiciados y / o escondidos por actos de corrupción.

El hecho es que, en vez de un proceso de regionalización, hemos devenido en un proceso de feudalización de nuestro país, con nefastas consecuencias para la población… sobre todo, para los más pobres. Corrupción a más no poder, enriquecimiento descomunal de políticos mafiosos, un sinfín de obras públicas inacabadas y abandonadas, narcotráfico y sicariato fuera de control, extrema y creciente inseguridad ciudadana, tala ilegal y minería ilegal en auge, pésimos servicios públicos, pobreza a diestra y siniestra, altísimos índices de anemia y desnutrición infantil… esos son los denominadores comunes de la regionalización, o – mejor dicho – de la feudalización regional de nuestro país.

“Del dicho al hecho, hay mucho trecho” … dice el sabio refrán. En este caso, el dicho – el texto constitucional – es correcto. Yo diría, perfecto. Nada que observar al respecto. El problema es el hecho – la realidad regional – que es un caos total y absoluto.

Repito, la semana pasada, Javier Gallegos – ahora, exgobernador regional de Ica – pasó a la clandestinidad para evadir una orden de captura en su contra, por haber liderado la mafia de los brevetes en la región, tal cual los Dinámicos del Centro de Junín, del tristemente célebre Vladimir Cerrón. ¡Una raya más al tigre del fracaso de la regionalización en nuestro país! ¡Una vergüenza iqueña!

¡Y eso que faltan los casos de la venta de puestos en los hospitales y demás dependencias regionales, las coimas en las obras públicas, los sobornos a los periodistas iqueños… y demás! ¡Ay Gallegos… de dónde saliste tan corrupto! ¡De dónde salieron tantos gobernadores regionales… tan corruptos!

Ahora bien, hasta aquí el diagnóstico. Estoy seguro de que la gran mayoría de peruanos está de acuerdo en calificar a nuestro proceso de regionalización como un fracaso.

Sin embargo, llama profundamente la atención, la actitud pusilánime de muchas autoridades – ministros, congresistas, funcionarios públicos, analistas políticos, académicos, periodistas, dirigentes y público en general – de negarse a reconocer este fracaso. Y – peor aún – resistirse a solucionar este terrible problema del pésimo diseño estatal, en el ámbito regional.

Por ejemplo, quitarle las competencias de salud y educación a los gobiernos regionales… precisamente porque fracasaron en dichas funciones. Quitarle las competencias de inversión en obras de infraestructura… precisamente porque también fracasaron en dicha función. Y en su reemplazo, crear Autoridades Nacionales Autónomas (ANA´s) – tipo Banco Central de Reserva del Perú (BCR) – apolíticas, profesionales, altamente especializadas en cada una de las funciones regionales fallidas.

Pero no. Los pusilánimes esperan que el problema se solucione sólo, sin cambiar nada en materia legal o funcional. O sea, algo así como que las cosas sigan como están y ojalá mejoren… ¡sabe Dios cómo! Y mientras tanto, que los gobernadores sigan robando y enriqueciéndose a mansalva, y que los pobres sigan empobreciéndose, sin ninguna esperanza de mejora y bienestar.

No señores. Así no se gobierna. Así no se sirve a la población.

Mientras los gobernadores regionales sigan actuando como señores feudales, los Gallegos y los Cerrones y los Álvarez y los Vizcarras y los Acuñas seguirán haciendo de las suyas, y la población seguirá pagando los platos rotos.

Aunque a veces – como la semana pasada en Ica – los gobernadores corruptos tengan que esconderse como lagartijas, debajo de las piedras, para evitar ir a la cárcel, aunque sea por un tiempito… hasta que los encuentren. Lampadia

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

Con la extradición de Alejandro Toledo los fiscales Rafael Vela y José Pérez pretenden recobrar protagonismo y atribuirse ese éxito en la lucha anticorrupción. Y a la vez, están cuestionando a la fiscal de la Nación Patricia Benavides, que desde el comienzo de su gestión se convirtió en el blanco de los ataques de caviares y comunistas por las investigaciones que impulsó contra Pedro Castillo y sus secuaces.

Vela y Pérez pretenden repetir lo que hicieron el 2019 cuando, como parte de la coalición vizcarrista, lograron defenestrar al entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry, que intentaba investigar al Lagarto y llevar adelante el proceso de Odebrecht y del club de la construcción de manera profesional, sin interferencias políticas. Lo consiguieron y ubicaron en su lugar a la preferida de los caviares, Zoraida Ávalos, con los resultados conocidos.

No obstante, ahora la situación ha cambiado. Ya no tienen a un socio y patrocinador como Martín Vizcarra en la presidencia, y después de seis años ha quedado en evidencia que, en realidad, no combatieron con eficacia el esquema de corrupción del caso Lava Jato, sino que protegieron descaradamente a los principales corruptores, perjudicaron los intereses del país y sus resultados son cercanos a cero.

Sin embargo, Vela y Pérez siguen siendo sostenidos por la poderosa mafia caviar, a la cual sirven y de la cual se sirven, y apoyados por los intereses de los que han resguardado en los casos donde han participado y a los que probablemente van a favorecer en el futuro.

Y el gobierno, cada vez más caviarizado, si bien no tiene la fuerza para hacer lo que hizo el Lagarto en su momento, podría sumarse al bando de los fiscales politizados y prevaricadores.

El caso Toledo

Como ha recordado Aldo Mariátegui, fue Oscar Libón en “Correo” que dirigía Mariátegui en 2013, quien investigó el caso de las propiedades que aparecieron a nombre de la suegra de Alejandro Toledo que, obviamente, fue usada como testaferro. Las explicaciones del ex presidente en ese caso eran inverosímiles y en esa oportunidad llegué a la siguiente conclusión:

“Todas las evidencias mostradas hasta ahora indican que el ex presidente Alejandro Toledo posee una enorme fortuna que no puede provenir de ingresos legales, obtenidos honestamente de su trabajo, sino que son producto de la corrupción. Es decir, que durante su gobierno aprovechó del poder para enriquecerse ilícitamente”. (“Toledo y la corrupción”, La República, 22/9/13).

Y luego agregaba:

“Si esto es así, si se demuestran las acusaciones, significaría que tuvo que existir una red de corrupción en su gobierno, grande o pequeña, porque obviamente Toledo no podía hacerlo solo. Lo que implica que tuvo cómplices en cargos importantes”.

“Usualmente el enriquecimiento ilícito de los gobernantes y funcionarios, la plata grande, llega a través de sobornos procedentes de las obras, las compras y las licencias. Eso implica que al otro lado de la mesa hubo empresas que pagaron coimas e intermediarios que arreglaron los negocios ilícitos”.

“En síntesis, son tres grupos que participan en las redes de corrupción: políticos con poder y funcionarios públicos; empresarios que pagan para obtener beneficios; y promotores que facilitan los sobornos”.

En ese momento no se conocían los negocios oscuros de Odebrecht, otras empresas brasileras y el club de la construcción, cosa que se descubrió varios años después.

El asunto es que han pasado muchos años desde que estallara el escándalo Lava Jato en Brasil, y seis años después que Vela y Pérez se hicieran cargo del caso, los grandes corruptores –y beneficiarios- están libres, en muchos casos ni siquiera fueron procesados y pagaron (o están pagando en cómodas cuotas) reparaciones insignificantes en relación a las utilidades que obtuvieron.

Solo algunos políticos han sido procesados, y las investigaciones claramente han sido direccionadas para favorecer a algunos y perjudicar a otros.

La fiscal Benavides podría enmendar las cosas. Está en sus manos. Lampadia