Para un Estado efectivo y probo, requerimos otro Contralor

Se suponía que los peruanos habíamos entendido que era indispensable terminar con la tramitología y que para eso se necesitaba iniciar un profundo proceso de desregulación que libere a los ciudadanos y empresas de la maraña legislativa que obstaculiza el desarrollo del país. Como hemos comentado antes (Ver en Lampadia: El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’), el Estado sufre de los mismos males, sin embargo, parece que el nuevo Contralor General de la República, Edgar Alarcón, considera necesario establecer más controles y procedimientos, que solo terminarían por paralizar la ya mediocre acción del Estado.

El 21 y 22 de julio pasado, Alarcón, en sendas entrevistas del diario Gestión, declaró que piensa implementar nuevos procesos de control previo para los megaproyectos, para los que instalará una OCI (Oficina de Control Institucional) en cada proyecto y; requerimientos de nuevas exigencias de información para la Contraloría, sobre los funcionarios públicos que ganen más de una UIT (600,000 trabajadores), pero “se podría extender a los trabajadores que ganen menos de una UIT”.

Publicaciones de las propuestas de Edgar Alarcón en Gestión

Ambas propuestas muestran un grado de desenfoque que solo puede ser calificado de patético, pues ante la proverbial incapacidad de la Contraloría para evitar la corrupción vinculada a los recursos del Estado, se pretende crear más controles, con los cuales, típicamente, se malogra el trabajo de los buenos funcionarios, que son la gran mayoría, sin que se eviten las fechorías de los corruptos. Es cierto que si paraliza la inversión pública, no podría haber corrupción, pero eso no es control, es pura y llanamente, un disfraz populista y efectista que hace más daño del que pretende evitar.

La primera propuesta es nefasta para el desarrollo de las infraestructuras. En palabras del mismo contralor, “Nosotros tenemos en la estructura de la Contraloría oficinas de control institucional (OCI) que a nivel nacional son 800. De estas 300 son pagadas por la Contraloría y 500 no las paga la Contraloría. Pero hablando de las 800, tenemos órganos desconcentrados de la Contraloría en municipios que mueven al año S/25 o S/20 millones, pero hemos decidido que vamos a colocar una OCI especializada en [cada uno de] los grandes proyectos.”

La segunda propuesta pretende que todos los funcionarios públicos que ganen más de S/. 3,950 (una UIT) estén obligados a presentar una declaración de ingresos y rentas ante la Contraloría. Para simplificar la información, de aprobase esta norma, a los actuales 35,000 trabajadores del Estado que declaran sus ingresos se tendrían que sumar al menos 600,000 funcionarios públicos adicionales.

En otras palabras, una comisión permanente de auditoría que va a llevar adelante todo el proceso de fiscalización de cada uno de los megaproyectos, comenzando con Línea 2 del Metro, gasoducto sur, Línea Amarilla, aeropuerto de Chinchero y la refinería de Talara.

Justamente el principal obstáculo  para el crecimiento de la economía es la desaceleración de la inversión privada causada por el deterioro de la confianza, las expectativas y el clima de inversión en el país. Para esto se debe facilitar el impulso de grandes proyectos, atrayendo a los inversionistas para desarrollar su potencial. A diferencia de lo propuesto por el contralor, se tienen que eliminar o acortar el número de normas y permisos que enfrentan los proyectos de infraestructuras, así como la actividad minera. Ver en Lampadia: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones y Destrabemos la construcción de nuestro futuro.

Además, estas medidas van completamente en contra de las metas propuestas por el anterior Contralor, el jefe de Alarcón, quién en febrero pasado anuncio su interés por simplificar la tramitología para impulsar las inversiones. Con este fin publicaron el informe, denominado “Mejora regulatoria y simplificación de procedimientos administrativos que afectan la inversión”, el cual detecta nueve trámites claves que deben ser simplificados: las certificaciones ambientales, la consulta previa, las autorizaciones y permisos de uso del recurso hídrico, las servidumbres, las licencias y permisos municipales, las autorizaciones para el uso de combustibles y explosivos, las expropiaciones, las interferencias y la instalación de antenas.

Parece que Alarcón está cometiendo el mismo error que los nuevos congresistas, quienes también se olvidaron del ánimo desregulatorio y ya comenzaron a plantear propuestas de nuevas leyes para los próximos cinco años. ¿Qué deberían estar haciendo estos congresistas? Aprovechar el nuevo mandato político para avanzar en las reformas y en la desregulación o superación de la tragedia de la tramitología. Ver en Lampadia: Desregulemos antes de pensar en nuevas leyes .

Dicho sea de paso, el nombramiento de Alarcón como Contralor se hizo de forma apurada en los últimos días de la legislatura de uno de los peores Congresos de nuestra historia. No solo eso, se nombró al segundo de la Contraloría (Alarcón) de un gobierno (saliente) acusado de eventos de corrupción mayores vinculados a las inversiones del Estado. Y por si eso fuera poco, Alarcón estaba cuestionado por una operación inmobiliaria que debía ser plenamente aclarada antes de ningún nombramiento. Pero el habilidoso Edgar Alarcón, se las ingenió para recibir la bendición de PPK, tras una corta visita a su domicilio.

Como dicen los proverbios, ‘no solo hay que ser, también hay que parecer’. Pero incluso más allá de pareceres, acá tenemos un caso claro de incapacidad para una función vital que debe ejercerse con las mejores técnicas de control, con criterios que van mucho más allá de la contabilidad tradicional.

¿Qué debemos hacer?

Entre otras cosas, un buen contralor debería preocuparse por que se establezcan procedimientos transparentes para las adquisiciones, contrataciones y asociaciones del Estado. Ese es el primer proceso de control previo que se necesita. 

Esta situación debe ser corregida a la brevedad posible. Para ello hay dos alternativas, que el Congreso revoque el nombramiento, o que el señor Alarcón renuncie en un acto de dignidad.

Lampadia