EDITORIAL DE LAMPADIA

Como puede apreciarse en los documentos que forman parte de nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo, los anti-mineros vienen agudizando las contradicciones alrededor del proyecto de Las Bambas, propiciando una crisis que lamentablemente pasa por la muerte de Quintino Cereceda y las graves lesiones de 20 policías, de los cuales uno de ellos corre el riesgo de perder la vista.

Como en política no hay casualidades, tenemos que pensar que los anti-mineros han aprovechado un momento de debilidad del gobierno para dar su suerte de golpe estratégico. En efecto, a través de la acción directa de algunos comuneros, organizaron la ocupación de una carretera haciendo zanjas profundas, como puede verse en la siguiente foto.

Esto es un delito que no debería haberse permitido. Sin embargo, luego de un par de días, la policía dispone la reparación de la carretera, ocasión aprovechada por los violentistas para atacarlos agresivamente. Otro delito.

Increíblemente, el Ministro del Interior, Carlos Basombrío, acusa a los mandos policiales de haber efectuado una acción inconsulta y no asume ninguna responsabilidad. En nuestra opinión, el Ministro tiene, por lo menos, una importante responsabilidad por omisión. Él sabía perfectamente que el estallido de una crisis era inminente y no tomó las precauciones necesarias. Igualmente, el Presidente de la República, don Pedro Pablo Kuczynski, no aprovechó su período de gracia para explicarle a la población los beneficios de la inversión minera y, su ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, se limitó a hablar de las cotizaciones y decir que la inversión minera se recuperaría paulatinamente desde mediados del 2018. Peor aún, el recientemente nombrado, Jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Rolando Luque, dice que “en el 90% de los casos hay razones para protestar. No se trata de razones políticas o ideológicas o de que detrás hay un proyecto o un líder que está manipulando”, tal como  reportamos hoy en: ¿Renuncia el gobierno a reactivar la minería?

Estos conflictos tienen una cuidadosa preparación. Un colaborador de la casa nos hacía notar, que como en algún otro caso, hasta podría ser que la policía haya actuado en combinación con los anti-mineros para propiciar la crisis. Evidentemente, a estas alturas no sabemos exactamente como se dieron los distintos elementos, pero sí sabemos que el libreto o el manual anti-minero ha sido seguido al pie de la letra.

Lamentablemente, el país se ha dejado estar y los relatos que presentan estos disturbios en papel celofán han percolado por calles y plazas.

Todos los temas planteados para justificar el conflicto y su exacerbación son perfectamente capaces de ser analizados con transparencia y sensatez. Pero no parece haber buena voluntad para que el diálogo se dé entre gente que debe ver cómo hacer de estos valiosos proyectos lo mejor para todos. Algo que, insistimos, con buena voluntad, está al alcance de nuestras manos.

Invocamos al gobierno que explique al país la importancia del proyecto de Las Bambas, lo que significa para la economía y la reducción de la pobreza, la inversión minera y que exija la inmediata paralización de todas las acciones de fuerza para hacer una agenda de diálogo consecuente con la realidad y el bienestar de los peruanos, empezando, por supuesto, por los pobladores de Apurímac para quienes hay que continuar la senda de progreso que han tenido desde el inicio del proyecto. Ver: La minería impulsa el crecimiento de las regiones del Perú y La encrucijada de Las Bambas es también la del Perú.

Sr. Presidente de la República, ya enfrentó adecuadamente la crisis de moralidad. Esperamos lo mismo en el caso de las Bambas.  Lampadia

Alarmados por la nueva ola de conflictos vinculados al turismo, especialmente en el Cusco, hemos conversado con diversos representantes de la civilidad cusqueña, empresarial y mediática, y hemos podido juntar unas cuantas palabras para compartir con el país, la forma y estrategias con las que se va montando un proceso violentista destinado a desestabilizar la Región y el país, en manos de un gobierno que solo acaba de tomar la posta de la administración pública.

Los conflictos en el Perú, han sido históricamente muy rentables. Ver en Lampadia: El quid de los conflictos anti minería.

Quienes promueven la conflictividad (tradicionalmente contra la inversión) buscan una rentabilidad no productiva. Se posicionan como líderes locales, ganan elecciones, acceden a ejercer la autoridad, participan en las decisiones de gobierno, y también se nutren, muchas veces, de la corrupción.

El caso del turismo, una actividad muy sensible, ya tiene su primera “plataforma de lucha” a escasos días de la inauguración del nuevo gobierno.

Desde los tres temas que llevaron a un bloqueo de carreteras en Urubamba y Ollantaytambo, son, por decir lo menos,  solo pretextos:

• La rebaja de las tarifas eléctricas (que para el día de la convocatoria ya estaban rebajadas por mandato de la ley) y que fueron debidamente sustentadas por Osinergmin.
• Una pretendida “usurpación de terrenos por parte de un importante Hotel (que fue desvirtuada por las expresiones de su CEO, que probó que habían comprado terrenos saneados.

El tercer tema tiene otro trasfondo, no menos perverso.

• Los huelguistas reclaman contra la empresa de buses que opera en Machu Picchu,  (CONSETUR) que se inició como propietaria de los trabajadores de la ex ENTUR PERU, y lamentablemente, devino en  un monopolio  que no sólo tiene muy poca popularidad,  sino que  opera  con muchas deficiencias.  No programa toda su capacidad en momentos de alta demanda creando largas colas, y todo esto en una ruta pública ¡de las más caras del mundo!!!  S/. 80 soles por un recorrido de 8 kilómetros.  (Un billete de bus de casi 1,000 kilómetros de Cusco a Lima, cuesta en condiciones de libre mercado, desde S/.60). CONSETUR factura 50 millones de soles y tiene 24 buses autorizados (cada uno genera en promedio algo más de dos millones de soles por año).

Esta distorsión del mercado permite plantear la protesta con la disculpa del abuso de la empresa, de la cual pretenden obtener beneficios en una suerte de extorsión y, además, crear un clima político favorable a sus designios desestabilizadores del orden público y del desenvolvimiento de un sector vital para el conjunto de la economía.

Con ésta “plataforma de lucha”  se inaugura la gestión de un grupo de profesores de la provincia (naturalmente militantes del SUTEP), que promovieron un paro con bloqueo de vías, y conatos de violencia, los días 3 y 4 de agosto pasado. El objetivo era, a todas luces, impedir la visita a Machu Picchu en un momento de alta demanda. Se calcula que los días mencionados hubo una demanda  superior a los 6,000 visitantes diarios. Es decir, además de la minería, el turismo parece también estar en la agenda de los violentistas.

Para variar, las “fuerzas” que convergen en éste atentado, serían por un lado, autoridades que  no pueden mostrar neutralidad en este conflicto, algunos alcaldes electos con los colores de “Tierra y Libertad” y por otro, tendríamos, a dos personajes llamativos, sin vinculación aparente con la problemática del  conflicto, pero que intervienen activamente azuzando a la población:

• Un líder musulmán (militante confeso de HEZBOLLAH), llamado  Edwar Quiroga
• Un pintoresco y díscolo personaje, buscador de conflictos, abogado “ad honorem” de cuanto conflicto se gesta en la Región, Ricardo Noriega  Salaverry.

Estas presencias deberían deslegitimar cualquier reclamo, pero de alguna manera tienen éxito… Entre otras razones, por el apoyo mediático que logran.

Esta vez, el movimiento, no logró impedir el acceso a Machu Picchu, pues se usó una carretera alterna y se logró una operación precaria, evitando que unos 10,000 turistas se queden sin Machu Picchu, gracias a la efectiva acción de la policía y la coordinación con el sector empresarial.

La violencia que se está gestando es definitivamente un plan de largo aliento… Misteriosamente,  están convergiendo a estas acciones, otros colectivos y otros reclamos.

El Gasoducto sur peruano, tiene movilizados a los dirigentes de La Convención. Se reclama por la calidad de los trenes locales y tienen al llamado ‘Frente de Defensa de Machu Picchu’, en pie de lucha.

Todos los días se anuncian nuevos paros, algunos de ellos “indefinidos”. Y muchos de los potenciales conflictos se enfocan en contra empresas privadas, sin embargo, cuando se marcha, se lo hace contra el Estado. ¿Quién entiende?

Ante cualquier evento y con cualquier pretexto, se gesta un FRENTE UNICO DE LUCHA, del cual, la Federación Agraria, es parte.

¿Qué nos espera durante los próximos meses?

Creemos que la puntería está dirigida a ‘debilitar el nuevo gobierno democrático’. No es casualidad que a sólo 3 días de la instalación de un nuevo gobierno que goza de aprobación ciudadana, algunos grupos de dirigentes políticos, cual enemigos del país, que detentan,  impunemente, una de las facultades más importantes de cualquier gobierno, ‘el monopolio de la violencia’. Y sigan dañando a los ciudadanos, las empresas, el Estado y a nuestros visitantes. Todos debemos rechazar estas acciones. ¡El Perú debe defenderse!!!! Lampadia

Nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo sigue creciendo semana a semana con las contribuciones del Centro Wiñaq. Estas contribuciones al debate nacional, tal como esperábamos, están generando diversas reacciones en las redes sociales. Algunas, por supuesto, basadas en lecturas interesadas y, otras, en defensa de las ideologías que sustentan buena parte de la acción de los grupos anti-mineros. Ideología que pretendemos combatir con información y análisis que empodere a nuestros lectores con los mejores elementos posibles para que cada uno pueda desarrollar su propio criterio.

En esta ocasión, el siguiente artículo describe las diferencias conceptuales y de acciones entre el ambientalismo no-ideologizado y el ambientalismo ideologizado.  

La historia de una corriente que llegó tarde a la historia

Los anti-mineros peruanos se presentan a la sociedad como ambientalistas, pero sus motivaciones predominantes son políticas e ideológicas.

Como no pueden decir abiertamente sus ideas anti-sistema, ellos presentan los componentes ambientalistas de su pensamiento como su identidad ética. En la práctica, el ambientalismo de los anti-mineros les sirve como escudo moral para justificar su accionar conflictivo.

La tragedia intelectual de los anti-mineros es que ellos llegaron tarde al ambientalismo. Llegaron cuando el movimiento ya se había institucionalizado, cuando la mayoría de los temas ambientales ya se canalizaban vía instituciones y empresas, y se acercaron a los rezagados, a los más ideologizados dentro de las corrientes internacionales.

Lo que pasó es que después de la victoria moral del ambientalismo, ante la opinión pública en el primer mundo, en los 80 y 90, los reclamos principales del movimiento ambientalista original se institucionalizaron, quedando los grupos anti-sistema como los más visibles.

La afinidad de los anti-mineros es con las corrientes, que usan el ambientalismo como sustitución del marxismo. Si estuviéramos en 1970 ó 1980, ellos serían marxistas. Pero en 2016, ellos son anti-sistema con escudo moral ambientalista.

Los dos tipos de Ambientalismo

El ambientalismo es un movimiento que se origina a fines del siglo 19, en los países desarrollados, como una respuesta crítica a la revolución industrial, pero que llega a adquirir gran fuerza a partir de 1970.[1]

Entre los ambientalistas, ha habido siempre una gran diversidad de posturas filosóficas sobre la naturaleza y sobre la relación entre el hombre y su entorno. A pesar de la divergencia de filosofías, es posible clasificar a los ambientalistas en dos grandes tendencias, los no-ideologizados y los ideologizados.

Para los ambientalistas no-ideologizados el problema era la destrucción del ambiente. Ellos eran, principalmente, ambientalistas, y su foco estaba en modificar las leyes, prácticas humanas y prácticas empresariales para asegurar la protección del ambiente: prohibición del uso del DDT, paralizar la fabricación de CFC, procesamiento de desperdicios, reclamación de estudios de impacto ambiental en los proyectos económicos, etc. En el Perú, Antonio Brack Egg, ex Ministro del Ambiente, fue una muy respetable expresión de ese ambientalismo no-ideologizado.

Para los ambientalistas ideologizados, los problemas ambientales son manifestaciones de cuestiones políticas, sociales, filosóficas, económicas y culturales, y no pueden ser resueltos sin la realización de cambios radicales en la sociedad. Para ellos las actividades empresariales, el libre mercado, la familia patriarcal, el antropocentrismo, etc., son los verdaderos problemas, y su foco es el cambio del sistema socio-político. Uno de sus lemas en la reunión reciente del Banco Mundial en Lima (2015) fue: “No cambiemos el clima, ¡cambiemos el sistema!”. Cien años atrás el objetivo de las corrientes ideologizadas era muy similar, cambiar el sistema socio-político (capitalista), aunque la justificación era la injusticia en las relaciones laborales, y las simpatías ideológicas estaban con el marxismo.

La institucionalización del ambientalismo (El ambientalismo no-ideologizado)

En sus inicios (en los años 70 y 80), los ambientalistas no-ideologizados ganaron el liderazgo del movimiento, y sus ideas fueron gradualmente ganando influencia en la opinión pública e incidiendo en los hacedores de política.[2] En los 80s, la gran mayoría de las personas en los países desarrollados ya estaban a favor de la protección del ambiente, y los líderes del ambientalismo, como Rachel Carson, habían ganado un gran prestigio.[3]

El movimiento ambientalista no-ideologizado fue incidiendo en los organismos internacionales y, en 1987 una comisión de la ONU especializada en ambiente y desarrollo elaboró el informe “Nuestro Futuro Común”[4] que incorporó las ideas centrales del ambientalismo, superando el conservacionismo puro,[5] y compatibilizaron las ideas de desarrollo y protección ambiental.[6] Ese informe de la ONU plasmó el concepto de “Desarrollo Sostenible” como un tipo de desarrollo que atiende las necesidades de la actual generación sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades. Ese informe no se opone a las actividades económicas: minería, agricultura, o pecuaria; ni a la explotación de los recursos naturales. El informe defiende la explotación de los recursos naturales, considerando las necesidades futuras, y sí se opone a la contaminación del ambiente y a la depredación de dichos recursos.

El informe afirma:

“En esencia, desarrollo sostenible es un proceso en el cual la exploración de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico; y el cambio institucional están todos en armonía y expanden el potencial actual y el futuro [del ambiente y de las tecnologías] para atender las necesidades y aspiraciones humanas” (capítulo 2, párrafo 15).[7]

El concepto de desarrollo sostenible no se refiere a ideologías, ni a sistemas económicos o políticos. Se refiere sí a la relación entre las actividades humanas, los recursos naturales y las condiciones ambientales, y reclama que las actividades de hoy respeten las aspiraciones y necesidades de las generaciones del mañana. Al no estar ligada a ninguna ideología radical o revolucionaria, la idea de desarrollo sostenible se irradió globalmente, más allá de las diferencias socio-políticas de los países. Sin embargo, ese hecho ha sido considerado un gran defecto por parte de las corrientes ideologizadas.[8]

Una vez que las ideas centrales del ambientalismo (no-ideologizado) fueron aceptadas, sus principios fueron transformados en políticas públicas, leyes, prácticas empresariales, instituciones, y en currículos universitarios, y los antiguos activistas ambientalistas fueron incorporados como profesores, gerentes de empresas o ministros de Estado.

Como lo explica Coglianese (2001),[9] investigador de Harvard University, pasado el período transformacional de los 70s, el movimiento ambientalista (no-ideologizado) logró institucionalizarse, generándose los canales para resolver los problemas ambientales a través de instancias públicas, procesos políticos y medios de comunicación. Habiéndose institucionalizado, el movimiento ambientalista (no-ideologizado) incrementó su capacidad de lobby e incidencia política, y por ello su presencia en las calles se redujo notablemente.

Ya en los 90s, el ambientalismo había sido asimilado por la sociedad moderna, y se hizo parte de la cultura de nuestras sociedades. Ello constituyó una gran victoria de los ambientalistas (no-ideologizados), resultado de su coraje y rigor científico.

No es que todos los problemas ambientales se hubieran resuelto (calentamiento global, destrucción de bosques y selvas, contaminación de ríos, lagos y mares, especies en peligro de extinción, derrames de petróleo, pesca de ballenas, pruebas nucleares, etc.); es que hoy su abordaje se da, principalmente, vía instituciones dedicadas a ello, y su denuncia ocurre vía los medios. Hoy, por ejemplo, empresas que tenían prácticas contaminantes se han visto obligadas por la opinión pública mundial a corregir y a adoptar el estándar ambiental ISO 14,000. Además, existen abundantes organizaciones ambientalistas que están fiscalizando las prácticas de las empresas, cumpliendo una labor muy positiva como una especie de auditoría ambiental de la sociedad civil.

El ambientalismo ideologizado

La historia del ambientalismo ideologizado es distinta, y no es de logros científicos, ni éticos, ni institucionales. Su desarrollo se dio ligado al éxito del ambientalismo no-ideologizado, pero su motivación central no era el ambiente sino sus ideologías anti-sistema. Con el colapso del marxismo (1989-91), parte de los grupos disconformes con la sociedad moderna habían quedado huérfanos de una teoría integradora y optaron por organizar sus ideas alrededor de alguna variante del ambientalismo.

Actualmente existen muchas decenas de grupos ambientalistas ideologizados: Deep Ecology, Earthfirst!, Social Ecology, Anarcho-Primitivism, Animal Liberationists, Green anarchists, Ecofeminism, Anti-globalization, Anti-Capitalists, Green Politics, Evangelical Environmentalism, Ecodefense, Eco-socialism, Simple Living, Green Peace, Partido Verde Alemán,[10] y muchos más.

Para esos grupos lo más importante es el término que viene junto a la palabra “Ambiental” pues ahí se define su ideología. Ellos pueden ser anarquistas, socialistas, primitivistas, tribalistas, localistas, cooperativistas, marxistas, ex-marxistas, anti-patriarcales, anti-capitalistas, evangélicos, católicos, budistas, anti-corporaciones, anti-mercado o simplemente rebeldes en busca de una causa ‘social’. La diversidad de ideologías en esos ambientalismos es tan grande como es ideológicamente diversa la sociedad moderna. Igual que en la izquierda tradicional, en las corrientes ideologizadas todos creen ser dueños de la verdad, los únicos correctos, y todos son críticos severos de todos los demás.

En el ambientalismo ideologizado el ambientalismo es la justificación y la ideología es lo fundamental.

Este ambientalismo funciona como una especie de escudo moral para los grupos ideologizados. Y es el rostro con el que prefieren mostrarse frente a la opinión pública en general.

Siendo que la defensa del ambiente es socialmente valorada, el nombre Ambientalista sirve para justificar muchos actos.[11] Todo lo que hacen, la violencia que promueven, es en nombre de la protección del ambiente.

La tragedia intelectual de los anti-mineros peruanos

Los anti-mineros peruanos llegaron tarde a la historia. Llegaron cuando el movimiento ambiental ya se había institucionalizado (Coglianese, 2001), y había dejado de ser un movimiento social dinámico.

Los anti-mineros llegaron con impulsos anti-sistema cuando el sistema ya había asimilado e incorporado el ambientalismo. El sistema ya lo había hecho antes con las patentes, el libre comercio, la democracia, el voto femenino, el rechazo a la segregación racial, los derechos de los niños, etc., y va a seguir haciendo con otros derechos en el futuro.

Llegaron cuando las sociedades y las empresas ya habían creado instancias para tratar los problemas ambientales. Llegaron con motivación conflictiva cuando lo más efectivo, para un ambientalista, ya es mejorar el funcionamiento de las instituciones que supervisan el cumplimiento de las normas ambientales.

Llegaron cuando las ideologías ya predominaban en amplios sectores del movimiento ambientalista internacional y eran esas corrientes ideologizadas las que financiaban a las ONGs en los países en desarrollo. Llegaron para dejarse adoctrinar por corrientes radicales ideologizadas, corrientes que, en sus propios países, ya se estaban volviendo marginales.

Ellos se imaginan a sí mismos reproduciendo la fase heroica del ambientalismo de los 60s. Se imaginan siendo Rachel Carson. Pero entre lo que se imaginan y lo que son hay un gran abismo. Capturados por ideologías anti-sistema y motivados por ambiciones políticas personales, todo lo que logran hacer en la práctica es bloquear actividades productivas, dificultando el progreso de las poblaciones pobres del país, sin hacer nada efectivo para mejorar las instituciones ni las prácticas ambientales de las empresas.

En un análisis de las propuestas programáticas de los anti-mineros peruanos, Ferreira y Olcese (2015)[12] encontraron que el foco de sus propuestas no estaban en la protección ambiental ni en el desarrollo institucional para el cuidado ambiental, estaban sí en la creación de condiciones y incentivos para incrementar la conflictividad social. Además, su propuesta se basa en el supuesto de que la minería moderna, aún con regulaciones ambientales, alta tecnología y aplicando estándares ambientales internacionales, no tiene futuro.[13]

La conclusión de Ferreira y Olcese (2015) fue que: “la etiqueta de ‘anti-mineros’ que reciben estas organizaciones corresponde a la realidad puesto que sus propuestas llevarían en el corto plazo al incremento de la conflictividad y paralización de las inversiones, y en el largo plazo, a la desaparición del sector minero en el Perú” (p. 9).

Los anti-mineros peruanos fueron adoctrinados por las corrientes ideologizadas del ambientalismo (europeas y americanas) que fueron fortaleciéndose después que el ambientalismo se institucionalizó.

Los anti-mineros están sometidos a un sistema de incentivos negativo. Tienen que pensar como piensan quienes los financian, y tienen que hacer lo que a ellos les agrade.

La dependencia financiera e intelectual de los anti-mineros respecto a las corrientes ideologizadas los limita profundamente en su capacidad de hacer algo positivo para mejorar la sostenibilidad de las actividades productivas del país. Lampadia

Siguiendo con el análisis de la conflictividad vinculada a los proyectos extractivos, presentamos a continuación un ensayo que evalúa las propuestas de compartir las utilidades de los proyectos y/o empresas con las comunidades del área de influencia de los mismos. Este planteamiento parece ser un mecanismo irresponsable para enfrentar los conflictos en el corto plazo, con el riesgo de generar comportamientos disfuncionales en el mediano y largo plazos.

Este análisis forma parte de nuestra biblioteca virtual sobre: Recursos Naturales y Desarrollo, y ha sido preparado por nuestros colaboradores del Centro Wiñaq, Camilo Ferreira y Franco Olcese.   

¿Utilidades versus Conflictos?

Por Camilo Ferreira y Franco Olcese, Centro Wiñaq

¿Se podrán reducir los conflictos con las Empresas Mineras mediante el reparto de utilidades?

En campaña electoral, los candidatos proponen lo que sea necesario para llamar la atención y capturar intenciones de votos. En los medios vemos una colección de soluciones mágicas, de ideas nuevas y geniales que pueden resolver los problemas que nos aquejan por largo tiempo. Uno de esos problemas es la paralización de proyectos mineros por la conflictividad social. El problema es que algunas de esas ideas no son nuevas, ni geniales ni menos mágicas. Veamos un ejemplo.

Durante la presente campaña electoral, los candidatos han propuesto diversas alternativas virtuales para afrontar la conflictividad social ligada a proyectos extractivos: Cambio en la Constitución para que los dueños de la tierra sean también dueños del sub-suelo[1], consulta previa con carácter vinculante[2], que las comunidades de los alrededores de los proyectos se beneficien con participación directa en las utilidades de las empresas, etc.  Al hacer estas propuestas, los candidatos buscan convencer a sus audiencias de que la solución propuesta por ellos será la bala de plata que destrabará los miles de millones de dólares paralizados en proyectos y que con ellos el país retornará a la senda del crecimiento. Algunos creen haber tenido la gran idea, la idea que nadie tuvo antes que ellos y que puede solucionar un problema que todos quisiéramos verlo ya solucionado. Uno de esos problemas es la conflictividad social ligada a los proyectos mineros. En nuestra opinión, estas propuestas son una forma de evadir las responsabilidades de los gobernantes, pues implican dejar las soluciones efectivas a procesos cuestionables y mayormente inviables.

En nuestro enfoque, los conflictos sociales relacionados a la minería son complejos y no tienen una solución mágica. Pensamos que la conflictividad social es un fenómeno que requiere un paquete de medidas que, si funcionan bien, reducirían la conflictividad paulatinamente.

Nuestra pregunta es: ¿La participación directa de la población, del entorno de los proyectos extractivos, en las utilidades de las Empresas Mineras llevaría a una reducción significativa en la conflictividad social?

El argumento detrás de esta idea es bastante simple y aparentemente sensato. Brindar a las comunidades una participación en las utilidades o en el accionariado de las empresas asociaría directamente el desarrollo de sus comunidades con el éxito minería (A).  Esta participación llevaría a un alineamiento de intereses entre las empresas mineras y las comunidades (B). Se esperaría entonces que este alineamiento de intereses generara una paz social que viabilizaría la realización de múltiples proyectos mineros paralizados (C),favoreciendo así la reactivación económica (D).La lógica es: “A” lleva a “B,” “B” lleva a “C” y “C” lleva a “D.” El argumento es simple, y todo argumento simple es atractivo, especialmente en períodos de elecciones. Solo falta ver si es verdadero o falso.

Esta expectativa respecto de las consecuencias de una participación en las utilidades surge de una interpretación sobre-simplificada de los conflictos sociales asociados a las industrias extractivas. La sobre-simplificación ocurre por olvidarse de uno de los actores clave, los anti-mineros, y de los efectos de su acción sostenida. Hace pocos meses, el gobierno se dejó llevar por una idea de este corte.

Continuando con nuestra investigación sobre los conflictos socio-políticos que  asecha las inversiones importantes en el Perú, presentamos a continuación un nuevo despacho, esta vez sobre un tema verdaderamente espeluznante, la utilización política de las víctimas de la violencia. Ver los análisis anteriores en Recursos Naturales y Desarrollo.

Si revisamos los conflictos mineros de los últimos 5 años, Tía María, Conga, Majaz, Las Bambas, y otros, encontramos que la violencia ha sido un componente saltante en los noticieros. Presenciamos lamentables pérdidas de vida (activistas, pobladores o policías) y deterioro del Estado de Derecho en las zonas de los conflictos. Los muertos y heridos de los conflictos mineros son de los tres lados, sin embargo, solo un lado busca beneficiarse políticamente de estas tragedias humanas.

El problema para el Perú es que una de las partes gana con la violencia y ha hecho de ella un componente fundamental de sus métodos de lucha.

La violencia utilizada por los anti-mineros en los conflictos puede ser calificada como Violencia Política, es decir violencia utilizada para fines políticos: “Entendemos por Violencia Política a ‘un repertorio de acciones colectivas que involucra gran fuerza física y causa daño a un adversario con la intención de imponer objetivos políticos’” (Della Porta, 1995, p. 2)[1].

¿Como se benefician los anti-mineros con la violencia política?

Asumiendo que los anti-mineros son actores racionales, con objetivos estratégicos de largo plazo, y que la violencia para ellos es un instrumento político, surge la pregunta: ¿Por qué usan la violencia en los conflictos?

Algunos creen que es un problema de nivel educativo o de tradiciones culturales de la población local, pero de acuerdo con las teorías políticas modernas (Besley & Persson, 2011)[2] el uso de la violencia es parte de la racionalidad del conflicto, es decir, la violencia es usada por los anti-mineros porque es útil, y efectiva, y muchas veces, es el método menos ‘costoso’ para lograr sus objetivos políticos.[3]

La observación de los conflictos mineros de los últimos años nos permite constatar que los anti-mineros se ‘benefician’ con la violencia de seis maneras:

1. Empoderar e intimidar: La violencia sirve para empoderar a los manifestantes y para intimidar a la población local. Con la violencia, los manifestantes muestran su fuerza, su capacidad de hacer daño, especialmente a la población local. Con la amenaza implícita de los actos de violencia, los demás pobladores, por temor a represalias, se inhiben de expresar sus opiniones. Con el monopolio de la voz del ‘pueblo’, los manifestantes lanzan sus consignas, y el silencio de la población, de las mayorías silenciosas, da la sensación de unanimidad en la protesta. Ejemplo de esto se dio el 31 de Marzo del 2015 cuando el profesor Robert Vásquez Roncal fue golpeado por las rondas de Celendin por brindar un curso sobre emprendimiento empresarial financiado parcialmente por Minera Yanacocha. El curso no trataba el tema minero, pero su realización enviaba el mensaje tácito de que la minería podría traer beneficios para la población.

2. Control cognitivo: La violencia es utilizada por los anti-mineros para reprimir las voces discrepantes, para evitar que los periodistas locales cuestionen las falacias de sus narrativas, para evitar que ellos u otros pobladores puedan emitir explicaciones alternativas para la población. Ello ocurre especialmente en ciudades pequeñas y zonas rurales del país. Acalladas las voces discrepantes, los anti-mineros consolidan la hegemonía de su narrativa en la mente de la población local.[4] El artículo de Lampadia “Stalinismo en Cajamarca”[5] nos explica como la intimidación y agresión a medios de prensa discordante con la predica anti-minera es una práctica recurrente y efectiva en la generación un espacio mediático monocorde en las inmediaciones de un proyecto minero.[6]

Sebastiao Mendonça Ferreira, brasileño, especialista en temas de estrategia, ha desarrollado un análisis integral sobre la situación del sector minero en el Perú desde una perspectiva internacional, la fuerza de la demanda de metales a futuro y los aspectos que determinan la necesidad de contar con una visión holística del sector.

Como sabemos en el Perú, el sector minero ha contribuido notoriamente al desarrollo del país en los últimos 25 años. Sin embargo, al mismo tiempo, se ha convertido en el ícono de los movimientos pos-extractivistas, que en función de temas ambientales y sociales, han venido desarrollando una fuerte oposición al crecimiento del sector.

Nuestro actual gobierno llegó al poder después de haberse paseado el país con un discurso anti-minero. Durante su gestión convalidó, de la manos del Primer Ministro, Salomón Lerner G., una serie de acciones que fueron generando la paralización de las inversiones mineras, como hemos reportado en Lampadia. (Ver: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo).

La conflictividad desatada contra el sector ha excedido todos los causes naturales para el  planteamiento de políticas alternativas. Esta conflictividad ha diseminado la doctrina del pos-extractivismo y recurre a niveles de violencia inimaginables en una sociedad relativamente civilizada.

Hoy por hoy, el país está desconcertado. Los peruanos nos debatimos entre los mitos anti-mineros; las realizaciones sociales y económicas de los últimos 25 años, que todo ciudadano responsable reconoce, así no pueda vocearlas en público; las reacciones anti violencia por los conflictos y, la esperanza de recuperar el crecimiento que necesitamos para fortalecer el futuro de nuestros hijos.

El siguiente análisis de Mendonça Ferreira es una magnífica contribución para profundizar el conocimiento de este importante y afligido sector.

Los Desafíos del Sector Minero

Las dimensiones de la conflictividad y los enfoques para su reducción.

Por: Sebastiao Mendonça Ferreira

Ver en el siguiente banner el ensayo de Mendonça:

Los Desafíos del Sector Minero

El proyecto minero de las Bambas, que está a punto de entrar en operación (95% de avance de la inversión) después de cincuenta años de espera, es atacado con las mismas prácticas anti desarrollo de los anti mineros violentistas. Ellos, como muchas otras veces, buscan exacerbar los conflictos al punto de generar las condiciones para que tengamos que lamentar las muertes de ciudadanos inocentes.

Ya es hora de que nuestra sociedad rechace estas prácticas estalinistas. (Ver en Lampadia: Estalinismo en Cajamarca, Criminales anti Tía María amenazan con violaciones y canibalismo y Lampadia denuncia sabotaje contra la economía peruana – Complot anti-desarrollo al descubierto.

Para quienes tengan interés en ver como se complota contra el país, ver: Manual anti minero.

El proyecto de las Bambas es uno de los proyectos mineros más importantes del mundo. Su desarrollo ha cumplido todas las normas, con los mejores estándares internacionales. En términos ambientales y sociales, su manejo ha sido icónico.

Ver algunos detalles sobre el proyecto y su desarrollo:

Las Bambas es uno de los mayores proyectos de cobre del mundo. Se localiza en la región Apurímac, provincia de Cotabambas, distrito de Challhuahuacho. Fue avalado socialmente por más de 5,000 personas en una audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental, en 15 julio del 2010.

El proyecto está terminando y el avance es mayor al  95%. Las Bambas será  una de las minas de cobre más grandes del mundo. Tiene reservas minerales de 6,9 millones de toneladas de cobre y recursos minerales de 10,5 millones de toneladas. Su operación durará más de 20 años.

El concentrado se transportará al puerto de Matarani a través de una modalidad bimodal (camión y tren). La línea de transmisión de alta tensión de Las Bambas incluye una línea de transmisión de 220 Kv de 130 kilómetros de longitud, que se extiende desde la red eléctrica del Perú (subestación Cotaruse) hasta el sitio.

El agua para el proyecto se almacenará durante la temporada de lluvias en dos presas y se maximizará el reciclaje del agua minimizando el uso de agua fresca.Eventualmente se utilizaría el agua del río Challhuahuacho, pero existe el compromiso de mantener el caudal ecológico en el río Challhuahuacho lo que asegurará la flora y fauna acuática todo el año.

En el aspecto social, entre el 2005 y 2015, Las Bambas  desarrollo una intensa campaña de trabajo social.

El EIA de Las Bambas se aprobó en el 2011, considerando tres áreas: Área de Las Bambas: mina, planta concentradora y componentes auxiliares, área Mineroducto y área de Tintaya: planta menor de Molibdeno y planta de filtrado final.

El EIA fue aprobado luego de un delicado Proceso de Participación Ciudadana que incluyó monitoreos participativos, 20 talleres de participación ciudadana y una audiencia pública en donde participaron más de 5,000 personas.

Como consecuencia de los cambios de propiedad de Las Bambas y la mina Antapaccay (ex Tintaya), tubo que mudarse la planta de molibdenos al área de Las Bambas, reduciéndose así la huella  del proyecto (espacio geográfico autorizado donde se desarrollarán las operaciones del proyecto) con un proceso más eficiente, reubicándose la planta de molibdeno y filtros.

El mineroducto fue reemplazado por un sistema de transporte bimodal; carretera y transporte en ferrocarril hasta el Puerto de Matarani, una carretera de primer orden, creando con esto un corredor económico a lo largo de esta nueva vía, solicitado muchas veces por las mismas comunidades, productores y empresarios locales.

Todas las modificaciones del EIA se llevaron a cabo respetando estrictamente los procedimientos regulatorios e involucró una comunicación con las municipalidades involucradas respetando los requerimientos legales aplicables, así como cumpliendo a cabalidad las exigencias de las entidades gubernamentales involucradas en el proceso de aprobación.

El 11 de julio de 2013, se presentó  un Informe Técnico Sustentatoriode conformidad con el artículo 4 del D.S 054-2013-PCM, fue aprobado mediante Resolución Directoral N°319-2013-MEM-AAM del 17 de septiembre de 2013. En este se sustentó que los impactos ambientales, relacionados a la reubicación de las  plantasauxiliares y menores de molibdeno y filtración,y el almacén de concentrados, son de carácter no significativo y por lo tanto no generan mayor impacto a los evaluados en el EIA aprobado.

Estas modificaciones fueron informadas oportunamente a las autoridades provinciales de Cotabambas y Grau, y las distritales de Challhuahuacho, Mara, Coyllurqui y Tambobamba, por el Ministerio de Energía y Minas, como consta en los cargos de entrega correspondientes.

Desde hace algunos meses empezaron a infiltrarse  personajes ajenos a la región para preparar las asonadas como la que hemos presenciado. Según el Director de Perú21, en su columna del 29 de setiembre: “(…) las organizaciones y los actores detrás de esta “protesta”: Ronald Bello (Tierra y Libertad); Oscar Mollohuanca (Tierra y Libertad); Wilfredo Saavedra (ex MRTA), entre otros grupos (miembros del Movadef, etnocaceristas y ex PUM, por ejemplo). Distintos partes de inteligencia han confirmado reuniones de coordinación entre estos tres personajes desde el año pasado”.

Estábamos advertidos, pero nuevamente se ha dejado de alertar a los ciudadanos sobre estas maniobras. Ahora cobran muertes que debemos lamentar, pero exigen de las autoridades y, especialmente, al Ministerio Público y del Poder Judicial, su acercamiento a la Policía Nacional para encausar debidamente y sin pausa a los criminales anti país.

Esperamos que esta vez, después de los fracasos de Tambogrande, Cañariaco, Pichanaqui y Tía María, se pueda generar una acción concertada entre los distintos estamentos del Estado para parar estos enfrentamientos criminales y hacer prevalecer el Estado de Derecho. Lampadia