Jaime de Althaus
Para Lampadia

La semana pasada IPAE organizó un CADEX sobre la competitividad del país en el que el ministro de economía Waldo Mendoza expuso los avances del Plan Nacional de Competitividad y Fernando Zavala presentó el Informe de Competitividad 2021 elaborado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC), que es el tercer informe producido por este Consejo con más de 100 propuestas y con una evaluación del avance de las propuestas anteriores y de cuántas han sido recogidas por el Ejecutivo. Un esfuerzo sin precedentes muy positivo que debería ayudar mucho a mejorar las relaciones público-privadas y a establecer un diálogo racional que permita un avance conjunto a cada vez mejores niveles de productividad y competitividad, indispensables para volver a crecer a tasas altas.

El problema es que este intento de conversación se da en medio de esfuerzos denodados del Congreso por destruir los fundamentos mismos de la competitividad, sin que este problema fuera señalado ni por ninguno de los dos expositores. Ambas presentaciones parecieron discurrir en la intemporalidad.

El ministro presentó una perspectiva bastante optimista del futuro de la economía peruana. Indicó que la recuperación de la economía peruana será más rápida en comparación con las recesiones que afrontó Perú en periodos previos y que el Perú seguirá liderando el crecimiento económico de la región en los próximos años. Ello pese a que, según reveló, se ha cumplido con sólo el 34% de los hitos del Plan Nacional de Competitividad y Productividad programados a julio de 2021.

Esas perspectivas optimistas de crecimiento no son compatibles con el Estado estructuralmente desfinanciado e inviable que está dejando este Congreso. Como hemos demostrado, las leyes aprobadas en los últimos meses agregan un gasto permanente y rígido del orden del 6% del PBI, mientras que otras leyes disminuyen el crecimiento al afectar motores y mecanismos de la economía de mercado. Si el próximo congreso no deroga esas leyes, no habrá manera de volver a crecer a tasas altas, y la descomposición nacional quedará asegurada.

Claro, siempre es posible que las leyes que agregan gasto no se cumplan en toda su medida, pues no habrá recursos (salvo que se afecte la autonomía del BCR, como ya anuncian algunas candidaturas). Pero también se afecta la meritocracia, con nombramientos masivos sin concurso ni evaluación. El CPC propone, por ejemplo, que los directores generales y servidores públicos en puestos clave sean contratados mediante procesos meritocráticos y con nombramiento regulado, pues no se puede estar cambiando de directores todo el tiempo (ver cuadro). O que sean gerentes públicos de SERVIR. Sería una revolución. Pero si todo el personal se maneja con criterios de nombramiento sin obligaciones, ¿servirá de algo?

Sabemos que la recuperación del empleo ha sido mucho más lenta que la del producto y que se ha degradado considerablemente la calidad del empleo. Ha aumentado es el empleo no adecuado, informal. No el formal. Ante eso, CPC hace una propuesta de sentido común: implementar un régimen laboral temporal para la reactivación económica, que brinde facilidades de contratación y liquidez (con acceso temporal a los costos laborales de la pequeña empresa), que se aplique solo a las empresas más afectadas por el COVID-19. ¿Es viable una propuesta tan sensata cuando, por ejemplo, el Congreso no hace sino encarecer y rigidizar el régimen laboral agrario que era el que más empleo formal y bien remunerado había generado?

El Informe de Competitividad del CPC contiene un conjunto de propuestas para acelerar la obra pública, que deja de ejecutar más de S/28 mil millones en promedio en los últimos 10 años -un escándalo-; mejorar la salud y la justicia, simplificar los regímenes tributarios para permitir el crecimiento de las micro empresas, y acelerar el crecimiento en general. Es chocante que un esfuerzo serio, racional y constructivo como este sea abofeteado una y otra vez por el Congreso y la política. Debe encontrarse vasos comunicantes si queremos recuperar la viabilidad del país. Lampadia

Tony Salas
Para Lampadia

El conocido “boom” de la agroexportación en la costa es hoy un ejemplo de orgullo para nuestro país, un polo de atracción para inversiones peruanas y extranjeras, así como motivo de sana envidia de países competidores que ven cómo sus puestos en los anaqueles del retail empiezan a ceder posiciones frente a las empresas de sabor nacional. Sin embargo, los pequeños agricultores son espectadores impotentes de esta feria de millones, participando solamente como mano de obra y muchos de ellos regresando el fin de semana a su parcela de arroz, maíz o caña con márgenes por hectárea que sólo dan para sobrevivir.

Esta agricultura dicotómica no nos ayuda como fuente de desarrollo inclusivo. Además, no es nada sana en tiempos como este, cuando los políticos aprovechan el vaivén de las encuestas y el sufrimiento humano para aumentar la percepción de las brechas socioeconómicas y generar rencores entre peruanos.

Desde hace 25 años he participado en casi 500 proyectos del sector en más de 30 países y siempre me he preguntado qué modelo se podría implementar para que el spill-over effect de los agroexportadores genere desarrollo más allá del “pleno empleo” (en su mayoría de migrantes). Después de probar y analizar un sinnúmero de fórmulas fallidas, ya lo había descartado todo al ver que los certificados orgánicos de café se utilizan para traficar café convencional, que las organizaciones de Fair Trade de banano imponen precios mínimos a la fruta que los mercados de retail no respetan, y que las cooperativas (incluso las más modernas) necesitan, en los países en vías de desarrollo, grandes espaldas financieras y un potente equipo de profesionales íntegros para su gestión competitiva. 

Todo empezaba por reconocer que la pobreza y los bajos niveles de competitividad se generan, en gran medida, como una consecuencia de la falta de acceso a los recursos (naturales, financieros, tecnológicos) y los mercados. Es decir, la pobreza del pequeño productor resulta ser consecuencia de la brecha en “el acceso” que el Estado no ha logrado reducir. Así pues, un MINAGRI sin ideas, sin peso político en las regiones y casi irrelevante en su accionar, el Agrobanco, las Agencias Agrarias responsables de la extensión, la innovación del INIA y proyectos bien intencionados como el Agroideas, están condenados a padecer de las mismas limitaciones que hoy la pandemia nos revela de los sistemas de salud pública.

Por ello la única manera de poder brindar estos servicios de acceso de forma efectiva y eficiente a los pequeños productores, es a través del sector privado y qué bueno que los agroexportadores actuales hayan sentado las bases para esta potencial trasformación.

Es así como surgió la idea y con un grupo de entusiastas bautizamos el nuevo modelo de negocio como Impact Farming. La base del modelo radica en que una empresa agroexportadora articule a un grupo de pequeños productores de su zona, para fortalecer las prácticas agronómicas en las parcelas o para reconvertir sus cultivos actuales en productos de mayor valor. El financiamiento, la transferencia tecnológica y el acompañamiento agronómico, será ofertado desde la empresa, generando mayor volumen para sus exportaciones, teniendo además una historia de impacto que contar a sus clientes globales. He tenido la suerte de probar el modelo en países de Latinoamérica y África. El impacto generado en varios indicadores ha sido significativo.

Para el Perú, propongo por ejemplo que el Fondo CRECER, que hoy amasa COFIDE sin soltar hasta hoy montos importantes, se ponga a disposición de los agroexportadores que tengan las capacidades de tener una división de Impact Farming en su empresa. Cabe recalcar que la empresa que quiera participar de este proyecto mantenga por lo menos ingresos equivalentes por la venta de lo producido en sus propios campos. Esto no está diseñado para otorgarles capital de trabajo a habilitadores ni intermediarios, sino para fondear agricultores exitosos que quieran financiar y compartir el éxito con peruanos con actitud ganadora, a los que se les dé la oportunidad de transformarse.

Para que Tinajones riegue mucha uva en vez de arroz, y podamos llenar Andahuasi de cítricos, Pucalá y Tumán de palto y el valle del Tambo de olivos orgánicos. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Exclusivo para Lampadia

Se denomina Generación NINI a los jóvenes de 15 a 29 años que ni estudian, ni trabajan.
En los países del hemisferio norte como Inglaterra, Francia o Estados Unidos, también existen jóvenes en esta situación, a quienes se denominaba Neet (not in employment, education or training).

Los estimados del IPEA de Brasil para toda América Latina, a diciembre de 2018, daban cuenta de que el 21% de los jóvenes eran NINIs. En el Perú, según datos del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, la cifra de NINIs llega a 1´345,000 jóvenes, la mayoría mujeres.

La condición NINI tiene varias causas y explicaciones. Existen NINIs que lo son por causas internas como la propia decisión o la falta de motivación. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la condición de NINI tiene causas externas como la falta de recursos para acceder a los estudios, la ausencia de oportunidades de empleo, la baja calificación laboral, problemas de violencia o inseguridad, marginalidad o discriminación por género originada por ejemplo por maternidades prematuras, entre otras causas.

Como lógica consecuencia de lo anterior, la tarea de la sociedad y en particular de los gobiernos es enfrentar las causas de este problema, particularmente las causas externas antes mencionadas, que tienen origen en condiciones materiales que es potestad y obligación de los gobiernos revertir. De lo contrario, se condena a estos jóvenes a la marginalidad, la violencia, la frustración y se deja de utilizar su fuerza laboral en bien de la sociedad.  En el Perú, la cifra mencionada de NINIs es cercana al 5% de la población.

Cabe preguntarse entonces. ¿Que hace el gobierno del presidente Vizcarra frente a este problema?

• ¿Estará mejorando los ingresos de la población para permitirle a los jóvenes acceder a estudios superiores o no desertar de la escuela?
• ¿Estará fomentando la generación de puestos de trabajo para jóvenes?
• ¿Estará aplicando sus políticas de competitividad en el ámbito laboral para mejorar la empleabilidad de los jóvenes?
• ¿Estará mejorando la seguridad ciudadana?
• ¿Estará desalentando la violencia?
• ¿Estará mejorando las condiciones de jóvenes y mujeres para evitar su marginalización?

Entrevista de ANIMA a Alex Kaiser y Gloria Álvarez

En Espacios Inseguros, programa de discusión política español, se invitó a Alex Kaiser y Gloria Álvarez a expresar su opinión sobre el escenario político en América Latina y cómo el populismo afecta al desarrollo, no solo económico, sino integral de todo un país.

Primero tocan la situación complicada de Venezuela y cómo es muy difícil que esta se normalice por la vía pacífica, destacando las peligrosas relaciones que tiene su gobierno con figuras perniciosas como organizaciones terroristas, narcotráfico y potencias mundiales. Álvarez, particularmente, indica que lo principal es analizar qué es lo que pasará con la gente en que está en Venezuela.

En cuanto al caso de México, la reciente llegada de André Manuel Lopez Obrador no augura algún cambio positivo para su país. Prueba de esto son sus accidentadas declaraciones en su propio programa y el sentimiento paternalista que ostenta hacia las personas más pobres de su propio país. Después, se indica que estos disparates no serían lanzados inocentemente, sino que son parte de una cortina de humo mejor planeada con la que AMLO busca apartar la vista de los errores de su Gobierno; por ejemplo, la cancelación de proyectos de inversión.

Llegando al caso de Chile, Kaiser plantea las bases del desarrollo – y la alta productividad – de su país. Se resaltan algunos puntos. En primer lugar, desde su concepción, la economía chilena ha tenido un fuerte componente liberal a favor de la actividad de mercado y las libertades individuales de la población. Es así como Chile se convierte en una de las economías con mayor ingreso per cápita en el mundo emergente. Kaiser hace énfasis el componente democrático que garantizó la existencia de las instituciones, lo cual preparó el campo para un mercado sumamente eficiente. Para concluir su discurso, Kaiser resalta que el pertenecer a la cultura latinoamericana implica tener que enfrentar unos costos de transacción muy altos.

Posteriormente, los invitados resaltan los efectos negativos que han sido causados por algunas políticas asistencialistas en Argentina y Brasil. Los puntos más importantes llegan cunado Kaiser y Álvarez analizan la situación de España, de Podemos y sus políticas. Se resalta el mal manejo que se ha hecho del presupuesto fiscal en España y un pésimo sistema de distribución que no ha generado un crecimiento auspicioso en el país. Además, se brindan ciertos datos importantes para tomar en cuenta y que develan la naturaleza irregular (y hasta ilegal) del manejo de fondos del Estado por parte de los políticos españoles. También se hace hincapié en que estas ineficaces políticas tienen mella en la percepción del español hacia su Gobierno y promueven otras iniciativas más extremas como el independentismo catalán.

Finalmente, se hace una conclusión más general, con la cual se puede ver que las naturalezas populistas de distintos Gobiernos en varios países crean un sentimiento de envidia hacia el sector de la población que ha salido de la pobreza y ahora es considerado como “ricos”. Esto se ve potenciado por las trabas que imponen distintos Gobiernos al libre mercado y las colusiones que este tiene con las élites empresariales. De tal forma, el énfasis de los invitados es que uno no debería culpar a los políticos que están a cargo de las arcas del Estado, sino que deben tomar al toro por las astas y hacerse cargo de su propio destino. Esto se podría ver plasmado en el espíritu emprendedor de cada persona y su afán por entrar a competir al mercado para buscar un mayor bienestar económico. Más detalles se encuentran en la misma entrevista y se recomienda dicho material a fin de comprender mejor por qué para América Latina, y otros países del mundo, se le es tan complicado llegar a un auténtico progreso económico.

Ver:

Lampadia

La actual década presenta distintos desafíos para el mercado laboral desde diferentes frentes. La forma de corregir estos, entonces, tienen que tomar en cuenta las demandas de un mundo más moderno e interconectado.

Un reciente artículo de Ricardo Hausmann en Project Syndicate apunta los desafíos para la creación de buenos empleos en una época de constantes cambios, como la década actual. Esto se puede evidenciar en los constantes avances tecnológicos que han interconectado las acciones que en cada país se desencadenen; dentro de los cuales se encuentran los intercambios comerciales y las interacciones laborales. El mercado laboral, entonces, trabaja muchas veces de forma poco ortodoxa, y la ausencia de los buenos empleos podría reflejar este desasosiego de mejor manera.

Esta reflexión nos haría pensar que el mercado laboral ofrece empleos, sí, pero no de una calidad que haga que el laburante se sienta complacido por trabajar en tal lugar o posición, al menos no en gran parte del mundo. Esto se puede entender de distintas maneras, de tal forma se puede decir que esta es la responsabilidad de las empresas, que siempre buscan contratar más a un precio al por mayor más bajo; el Estado, que no tiene como prioridad alcanzar un estándar mínimo de calidad en los empleos ofrecidos; o la sociedad civil, que históricamente no ha abogado por demandar un empleo satisfactorio, al menos no más que por el empleo en sí. Todas estas posiciones tienen sus puntos débiles y fuertes; no obstante, la nueva creación del empleo tiene que afianzar sus bases en distintos campos y por ello tiene que considerar distintas realidades que hasta se pueden contradecir, pero que coexisten en el mismo momento y espacio.

Hausmann nos brinda una explicación, que vendría por parte de los recursos de los que dispone el mercado de por sí. Se puede entender que algunos de estos (transporte, energía o logística) son relativamente más caros que en otros lugares. La idea clave es que no todos estos insumos se pueden intercambiar unos con otros. Es más, si existe otro país que tiene influencia en el mercado, lo más probable es que algunos productos solo sean comerciados por parte de un solo país. Algo parecido sucedería con los trabajadores y los empleos; pues tenemos una suerte de bien (el trabajo) que queremos ofrecer en un mercado sumamente saturado y con incontables competidores. Esta saturación, aunada con el hecho de que otros países vecinos se presentan como una mejor alternativa para distintos profesionales, causaría, en un escenario como el Perú, una escasez y posterior concentración de buenos empleos tan marcada que se traduciría a consecuencias negativas para el panorama económico.

El análisis de Project Syndicate también hace mención de las dificultades que puede crear el Estado en su búsqueda por regular el mercado. Se explica que, normalmente, las políticas se concentran en soluciones de mediano y largo plazo (educación o capacitación); sin embargo, una solución más práctica es abogar por una inmigración saludable. Esto dado que la nueva oferta de empleo calificado podrá cubrir ciertas carencias en el mercado laboral doméstico y, por ende, elevar la calidad de los empleos en general. También se advierte que una opción para regulación responsable sería restringir ciertos puntos del mercado laboral, como en el caso de Panamá, en el que solo ciudadanos panameños puedan laborar como profesores.

Finalmente, también hay que considerar las limitaciones del mismo mercado, en base al nivel de desarrollo de cada país. De esta forma, la calidad de los empleos en países en desarrollo se ve correlacionada a las demandas del empresariado doméstico, más que del internacional. Tal y como se ve en distintas industrias, no se demandan profesionales cuya profesión tenga poca visibilidad y baja oferta en el Perú. Por ejemplo, la medicina no demanda médicos especializados, neurólogos o psicólogos en zonas rurales y alejadas porque la demanda no podrá cubrir una oportunidad atractiva para el profesional, o para una empresa que desee contratarlo.

En conclusión, el mayor desafío, pues, de un mundo en el que un buen trabajo sea un bien escaso será preparar a quienes deseen entrar en él no solo para que lo hagan sino para que puedan ser competitivos en una carrera en la cual ya contamos con desventaja. Lampadia

Cómo no pensar sobre la creación de empleo

Project Syndicate
Jul 31, 2019
RICARDO HAUSMANN

CAMBRIDGE – Que una llanta esté desinflada en la parte inferior no quiere decir que el agujero esté allí. Lo mismo se puede decir de los mercados laborales. El temor por la escasez de buenos empleos está alimentado un interés en intervenciones en el mercado laboral como son los centros de empleo que intentan conectar a los trabajadores desocupados con las vacantes, los servicios de capacitación para mejorar las capacidades de los desempleados y los subsidios salariales temporales, entre otros. Dado que lograr que más trabajadores consigan buenos empleos más rápido es un objetivo político tan importante, algunos países crean las llamadas unidades de ejecución (delivery units) en la oficina del presidente o del primer ministro para centrarse en cómo hacerlo. Pero, como sucede con una llanta pinchada, una escasez de buenos empleos no significa que el mercado laboral sea el problema. Veamos por qué.

La producción requiere muchos insumos: mano de obra con diferentes habilidades, materias primas, insumos intermedios, edificios, máquinas, energía, transporte, financiamiento, reglas y su aplicación, seguridad y demás. Algunos de estos insumos se pueden adquirir de proveedores locales. Otros se pueden importar (suponiendo que el país tiene las divisas extranjeras con que pagarlos). Los gobiernos ofrecen otros, como infraestructura y reglas.

Todos estos insumos se complementan entre sí, no se sustituyen. Los complementos son cosas como el café y el azúcar; los sustitutos son como el café y el té. Cuanto más café tenemos, más azúcar queremos –pero menos té queremos-. De la misma manera, las máquinas funcionan mejor si tienen las materias primas, las piezas de repuesto, la electricidad y los trabajadores calificados necesarios. De manera que, si no hay electricidad en la zona o si las divisas extranjeras no alcanzan para comprar insumos importados, el problema no se puede resolver sustituyendo más máquinas o más trabajadores por los insumos que faltan.

La complementariedad también significa que algunos insumos tienden a agotarse antes que otros. Cuando esto sucede, la voluntad de pagar por el insumo de menor oferta relativa aumenta –llamémoslo la restricción limitante-, porque está obstruyendo todo lo demás, mientras que la voluntad de pagar por los otros insumos disminuye, porque no se pueden utilizar de manera efectiva, dada la restricción limitante. Si no hay azúcar, nuestra disposición a pagar por el café disminuye.

Esto suena extrañamente similar al problema de los empleos del que se quejan muchos países: hay más trabajadores que vacantes, y los salarios son deplorables. Esta es evidencia prima facie de que la restricción limitante no es el mercado laboral. La falta de buenos empleos es un síntoma, no la enfermedad. El culpable debe ser otro –por ejemplo, uno o más de los complementos antes mencionados que deben estar faltando y que influyen en la creación de empleo al hacer que el esfuerzo humano sea menos productivo.

En muchos países, el transporte, la energía y la logística caros y poco confiables, o una severa escasez de financiamiento, pueden explicar la escasez de buenos empleos. La escasez de divisas extranjeras es una causa de problemas muchas veces subestimada. Las empresas no pueden producir más porque no pueden obtener las materias primas, los insumos intermedios, las piezas de repuesto y los equipos importados que hacen falta para expandir la producción. Esto se vuelve un problema cuando son pocas las empresas que han identificado qué se puede producir competitivamente en el país y venderse en el exterior. Y esas actividades orientadas a las exportaciones se pueden ver afectadas por sus propias restricciones limitantes.

Cuando se levanta la restricción de divisas –digamos, porque sube el precio de los commodities que exporta el país o por una mayor disponibilidad de financiamiento externo, como sucedió en gran parte de África y América Latina entre 2004 y 2014-, los países alcanzan un crecimiento rápido y se quejan de la escasez de habilidades, no de la escasez de empleos. Pero cuando cambia la marea, vuelve a aparecer el problema del empleo, porque los recortes necesarios de importaciones minan la demanda de trabajadores. En países como Sri Lanka, Etiopía, Nigeria y Venezuela, se crearían muchos más empleos si hubiera más divisas extranjeras.

Pero a veces el agujero en la llanta realmente está cerca de la parte inferior. El problema puede residir en las reglas del mercado laboral, las regulaciones y su cumplimiento o una historia de relaciones laborales adversas. Un salario mínimo excesivo, como en Colombia y Sudáfrica, genera una escasez de empleos formales y un aumento de la actividad informal. En este caso, una solución más apropiada sería un subsidio fiscal que compense a los trabajadores por sus bajos salarios. De la misma manera, países como Argentina y Sudáfrica extienden los convenios colectivos firmados con algunas empresas a todas las empresas del sector, lo que genera serios problemas para las regiones rezagadas que no pueden hacer frente a los términos acordados en las partes más desarrolladas del país. O un seguro social inadecuado puede hacer que el empleo formal se vuelva demasiado riesgoso para los trabajadores y los deje en actividades tradicionales menos productivas, pero más seguras.

Un tipo diferente de problema del mercado laboral surge por las complementariedades entre trabajadores con diferentes habilidades, un fenómeno estudiado recientemente por Frank Neffke de Harvard. Si no hay cirujanos disponibles, un anestesiólogo no es más efectivo que un pésimo profesor: sólo puede hacer dormir a la gente. Pero sin un anestesiólogo, ninguna operación se puede llevar a cabo. La producción moderna requiere que las empresas combinen muchas habilidades diferentes. Las complementariedades resultantes entre todas las ocupaciones pueden causar una escasez de demanda de un conjunto de habilidades porque otras escasean. Un ejemplo claro de esto, nuevamente, es Sudáfrica, donde la tasa de desempleo para quienes no tienen una educación universitaria supera el 30%, comparado con una tasa de un solo dígito en el caso de quienes tienen un título.

En estas situaciones, los responsables de las políticas suelen hacer hincapié en la educación o la capacitación. Pero una estrategia más rápida es, simplemente, la inmigración. La mayoría de los países en desarrollo tienen políticas inmigratorias muy restrictivas, sesgadas especialmente en contra de los trabajadores altamente calificados. Por ejemplo, en Panamá, sólo los ciudadanos pueden enseñar en una universidad pública. Sudáfrica tiene controles estrictos sobre la inmigración altamente calificada, implementados a través de permisos y visas de trabajo restrictivos, mientras que es incapaz de frenar la inmigración informal poco calificada.

Estos y otros países se beneficiarían si emularan a Jordania. Hasta las reformas recientes, Jordania exigía ser ciudadano para trabajar como ingeniero. Sin embargo, al liberalizar la inmigración calificada, Jordania pudo atraer a empresas como Expedia, que ahora tiene dos gerentes extranjeros y más de 100 ingenieros locales. Sin estos extranjeros, la empresa no existiría. La lección es obvia: importar las capacidades complementarias faltantes puede ser una manera efectiva de aumentar la demanda de las capacidades que uno sí tiene.

Los gobiernos tienen razón al focalizarse en la creación de más empleos de calidad, porque el trabajo es la fuente de subsistencia de la mayor parte de la gente en todas las sociedades. Pero, en la mayoría de los casos, la solución reside en áreas de política pública que no están bajo el control de los ministerios de trabajo o educación. Una conferencia reciente del Banco Mundial promovió la idea de realizar diagnósticos de empleos para descifrar las verdaderas causas de los problemas. No importa dónde esté el agujero en la llanta, el punto es repararlo.

Ricardo Hausmann, professor and Director of the Growth Lab at Harvard University, was recently appointed Governor for Venezuela at the Inter-American Development Bank.

El Índice de Competitividad Regional – INCORE elaborado por el IPE es una herramienta muy útil para identificar las fortalezas y los cuellos de botella que enfrentan las 24 regiones del país en su desarrollo económico, social e institucional – necesarios para alcanzar una mayor competitividad. Siguiendo la metodología ideada por el economista Xavier Sala i Martín para el Índice de Competitividad Global publicado por el Foro Económico Mundial, el IPE construye un indicador compuesto que pondera seis pilares para determinar la competitividad de cada región: Entorno Económico, Infraestructuras, Salud, Educación, Laboral e Instituciones. La edición del 2019 se publicó recientemente, por lo que a continuación repasamos y analizamos las principales conclusiones del mencionado informe.

Regiones que mejoraron

En primer lugar, como se puede apreciar en el gráfico líneas abajo, Lima ostenta el lugar de la región más competitiva del país, seguida de Arequipa, Tacna y Moquegua, por mencionar algunas. Por otra parte, entre las regiones menos competitivas se encuentran Huancavelica, Cajamarca, Huánuco y Loreto.

Fuente: IPE

Fuente: IPE

Los 16 primeros puestos no han registrado cambio alguno respecto a la edición del 2018; sin embargo, a partir del puesto 17, se puede destacar el avance de dos regiones. Así, Ucayali pasó de ocupar el puesto 20 al 17 y Loreto, del puesto 24 al 22. En el caso de Ucayali la mejora en su posición se ha dado principalmente por avances en el pilar de salud – 4 posiciones – y laboral – 3 posiciones. En relación al avance de Loreto, este quedó explicado principalmente por su avance en el pilar de instituciones, concretamente, un incremento de 18 posiciones en el indicador referido a la ejecución de la inversión pública.

Apurímac y Junín entre las regiones que más empeoraron

Por otra parte, es menester señalar que Apurímac, región que registró el mayor avance en el INCORE el año pasado (ver Lampadia: Apurímac avanza en su potencial de desarrollo), se encuentra – junto a Junín – entre las regiones que más empeoraron en el ranking general de competitividad – cayendo del puesto 17 al 20.

Tabla 1. Índice de Competitividad Regional de Apurímac

Fuente: IPE

Esta caída se ha dado principalmente por el descenso de 9 posiciones en el pilar instituciones, 5 posiciones en el pilar laboral y 3 posiciones en el pilar entorno económico. Es de destacar la caída del pilar instituciones, explicada por descensos en los indicadores de resolución de expedientes judiciales y percepción de la gestión pública. Asimismo y en relación a este mismo pilar, la región se ubica como la segunda con mayor tasa de conflictividad social, reflejo, entre otras cosas, de un agravamiento en los últimos meses del conflicto minero del gran proyecto cuprífero Las Bambas. Como explicamos en Lampadia: Esfuerzo Intelectual Anti-minero, este hecho responde a los ausentes esfuerzos anticipados por parte del Gobierno y del sector minero para estructurar un discurso que permita detener el creciente avance del movimiento anti-minero de los últimos años, promovido por ONG’s y diversos académicos asociados a ellas.

El proyecto Las Bambas – que actualmente se encuentra amenazado con otro bloqueo en su corredor minero, para impedir la salida de la producción de cobre para ser exportada – significó a Apurímac una inversión total de US$ 10,000 millones en una vida útil de 18 años, con una producción de 453,000 toneladas al año. Los ingresos fiscales producto de tal actividad hubieran significado sendos avances en los ámbitos de infraestructura, educación y salud, tan importantes para que más hogares de la región escapasen permanentemente de la pobreza e indigencia. Por otra parte – aunque no se menciona en el informe – este paro indudablemente ha debido estar asociado a las ya mencionadas caídas en los pilares de entorno económico – traducido en un menor gasto real por hogar – y en el laboral – concretamente por una reducción de la creación de empleo formal.

Otro caso a destacar, como mencionamos, es el de Junín que registró también una caída de tres posiciones en el ranking general de competitividad, pasando del puesto 11 al 14. Este retroceso estuvo explicado por notables caídas en los pilares de salud y laboral – 4 posiciones – así como también en los pilares de entorno económico e instituciones – 3 posiciones.

Tabla 2. Índice de Competitividad Regional de Junín

Fuente: IPE

Es de destacar la caída en el pilar de salud, la cual está explicada por un incremento en la incidencia de desnutrición crónica en menores de 5 años – situando a la región en el puesto 22 – y una mayor prevalencia de la anemia infantil – situando a la región en el puesto 19 – ambas enfermedades que – como se explica en el informe de Macroconsult: La anemia infantil, un enemigo silencioso – generan efectos irreversibles en el desarrollo del cerebro temprano de los niños, comprometiéndolos a un bajo rendimiento tanto escolar como universitario.

Esperemos que los resultados de este informe puedan ser tomados en cuenta por los hacedores de política para enfocar mejor sus intervenciones en las regiones, priorizando las necesidades y oportunidades de mejora en cada una de ellas y considerando además que el presupuesto público hacia los gobiernos regionales, como todo presupuesto, cuenta con una restricción de recursos que debe ser usada de manera eficiente y eficaz para hacer frente a los problemas que aquejan – en este caso – a los peruanos al interior del país. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso ha culminado con el otorgamiento de la confianza. Es de esperar, entonces, que en la Comisión de Constitución se alcance un consenso para avanzar en la aprobación de los proyectos de reforma política que, junto con la reforma del sistema judicial, es muy importante para construir una institucionalidad que mejore la gobernabilidad e instaure el Estado de derecho, bases fundamentales de la prosperidad y el crecimiento.

Pero no es necesario esperar hasta el mediano o largo plazo para que esos objetivos se alcancen. El gobierno puede y debe ir avanzando con decisiones cruciales que tendrían un impacto muy grande en el corto plazo para mejorar sustancialmente las condiciones para la inversión, el crecimiento y la generación de empleo formal e inclusivo en el Perú. Y también el Estado de derecho. Se trata de la licencia de construcción de Tía María, que debería darse antes del 31 de julio que vence la vigencia del estudio de impacto ambiental de ese proyecto, y la inclusión en el Plan Nacional de Competitividad de un conjunto potente de reformas laborales y tributarias que permitan incluir en la legalidad formal a muchísimas empresas y trabajadores hoy excluidos y que permitan su crecimiento económico, hoy reprimido.

La primera decisión tendría el valor simbólico de señalar que el Estado peruano se decide a desarrollar el enorme potencial minero que tenemos y que puede convertirnos en un país desarrollado, y que empieza a crear las condiciones para ello. Es decir, que empieza a tener la madurez suficiente para manejar procesos que permitan la inversión asegurando los derechos de todos.

La segunda indicaría que hemos empezado un proceso para cerrar la mayor desigualdad estructural y social existente el país: la que separa a los formales integrados al mundo moderno, de los informales e ilegales arrinconados en los márgenes del desarrollo y la legalidad.

Sobre la decisión de otorgar la licencia de construcción a Tía María ya nos explayamos la semana pasada en este mismo portal. Respecto de lo segundo hay que decir que el Estado peruano ha agotado ya todas las instancias de diálogo en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), y no ha sido posible conseguir la participación ni el aporte de las centrales sindicales, con la CGTP a la cabeza. Por lo tanto, es necesario tomar una decisión ante un tema que tiene que resolverse si queremos volver a crecer con oportunidades para todos.

El proceso comenzó a mediados del año pasado con la pre publicación del “documento de política”. En el Objetivo de Política Nº 5, orientado a “crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo formal”, se identificaron con claridad los problemas e implícitamente las soluciones:

• El Perú es uno de los países con mayor rigidez para contratar y despedir trabajadores.
• El Perú registra mayores costos laborales no salariales respecto a sus pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México): 50.3% respecto al salario mensual neto que recibe el trabajador mientras que Colombia es el 30.4%, Chile el 15.8% y México el 21.1%.
• En el Perú la indemnización por concepto de despido injustificado es alta si se compara con nuestros pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México)

Ese documento de política, luego de recibir comentarios, se convirtió en la “Política Nacional de Competitividad y Productividad”, aprobada por decreto supremo el 31 de diciembre del 2018. El problema es que la “Política…” diluyó y relativizó el diagnóstico que estaba en el documento de trabajo llegando a decir que en realidad la solución no pasa por reducir esos costos no salariales porque ya tenemos regímenes especiales menos onerosos y no han resuelto el problema, una falacia que ya desbaratamos en un artículo anterior.  

La CGTP no se presentó

El hecho es que las centrales sindicales, con la CGTP a la cabeza, protestaron porque no habían sido consultadas para la elaboración del Objetivo de Política Nº 5, y se retiraron, una vez más, del Consejo Nacional de Trabajo (CNT), pese a que el mencionado capítulo no contenía propuesta de cambio alguna. El presidente de la República las invitó a Palacio y allí les solicitó que se reincorporen para discutir precisamente ese capítulo, que se decidiría en el CNT, y se dictó un decreto para disponerlo así.

El pasado jueves 30 de mayo se llevó a cabo la reunión del CNT en la que los sindicatos y los gremios empresariales debían presentar sus propuestas finales respecto del Objetivo de Política Nº 5, pero las centrales no se presentaron. Si hubieran tenido propuestas y argumentos, habrían asistido. No lo hicieron. El gobierno, entonces, tiene el camino libre para incorporar en el Plan Nacional de Competitividad que se apruebe próximamente las reformas necesarias para desentrampar el mercado laboral e incorporar a los marginados.

Los gremios empresariales, en cambio, habían unificado posiciones y presentaron un documento completo que incluye no solo propuestas relativas a la regulación de las relaciones laborales sino otras para resolver problemas de desnutrición y anemia, educación, educación tecnológica, condiciones para la inversión y el crecimiento de las Mypes, simplificación administrativa y análisis de impacto regulatorio de las normas que emite el Estado, extensión de régimen agrario y exportador, etc.

La importante propuesta de Macroconsult

Macroconsult, por su parte, con el auspicio de la Cámara de Comercio de Lima, formó un equipo liderado por Elmer Cuba y Claudia Cooper que elaboró una muy bien pensada propuesta de formalización laboral y tributaria que también ha sido elevada al gobierno. Dicha propuesta tiene como concepto central cambiar el paradigma de regímenes especiales para la micro y pequeña empresa (laborales y tributarios) por escalas graduales basadas en el ingreso del trabajador o en las utilidades de la empresa. Esto para evitar los saltos mortales de un régimen al siguiente, que desalientan el crecimiento y fomentan la subdivisión de las empresas o la informalización de los trabajadores, y para facilitar la formalización de las propias empresas.

Así, en lo laboral se plantea un régimen general único basado en una escala gradual de ampliación de beneficios en función del tamaño del sueldo, tal como podemos ver en el siguiente cuadro, que compara al régimen actual de la microempresa con la escala que se propone, hasta llegar al régimen general actual que sería la última escala de un régimen general gradual:

Fuente: “Reforma laboral para la reducción de la informalidad y el aumento de la productividad (presentación preliminar), Macroconsult, junio 2019

Lo interesante es que la unidad de ampliación de beneficios ya no es la empresa según su número de trabajadores, sino la persona misma, el trabajador, en función del tamaño de su remuneración. Eso implica que en una misma empresa podría haber varios regímenes o escalas o que en una empresa con muy pocos trabajadores pero de servicios profesionales bien remunerados, sus empleados estarían en la escala más alta, por ejemplo.

La propuesta incluye la idea de que cuando el trabajador pasa a la segunda escala (salario entre 1,500 y 2,500 soles), la empresa empieza a pagar a Essalud aunque solo 6%, pero el trabajador no perdería el acceso al SIS, que es más valorado por su prontitud en la atención que Essalud. De esa manera, al mismo tiempo, Essalud tiene un nuevo ingreso sin que tenga que dar el servicio.

La propuesta implica que cuando una empresa crece no pasa de un régimen a otro incrementando sustancialmente los costos no salariales del trabajo, sino que estos se incrementan gradualmente en la medida en que suben las remuneraciones de sus empleados. Pero mejor aún sería plantear una escala de ampliación de beneficios más continua, con rangos más pequeños.  

Evidentemente, sin embargo, el límite al potencial formalizador de esta propuesta y de cualquier otra, está en el nivel relativamente alto del salario mínimo que, según cálculos del IPE, es superior al salario promedio en el sector informal. Se constituye, entonces, en una barrera absoluta a la formalización. Dicho salario no debería ser subido hasta que técnicamente su nivel se adecúe a la realidad del mercado laboral y permita la formalización de los trabajadores sin derechos.

Ahora bien, la propuesta laboral facilitará el crecimiento de las empresas ya constituidas formalmente y evitará la informalización del trabajo dentro de ellas. Pero la gran mayoría de empresas es informal, informal tributariamente, o está en regímenes como el RUS que disfrazan la informalidad o se usan para sacarle la vuelta al fisco. En ese sentido, para facilitar la formalización y el crecimiento de las empresas formales, Macroconsult plantea suprimir los regímenes especiales (parte del RUS, RER, Mype tributario –RMT-, régimen general) y reemplazarlos por un régimen general único gradual y progresivo, algo que siempre hemos demandado en Lampadia. Lo podemos ver en el siguiente cuadro:

Fuente: “Reforma laboral para la reducción de la informalidad y el aumento de la productividad (presentación preliminar), Macroconsult, junio 2019

Esto supone mantener el RUS con un techo más bajo y solo para casos especiales (mercados de abastos y bodegas), que las personas naturales que usan RUS deban migrar hacia el impuesto a la Renta de personas naturales, que las personas con negocios que usan RUS y las que tienen RER y RMT deban migrar al Impuesto a la Renta de tercera categoría progresivo, y que las personas con negocios deben registrarse como persona jurídica. Todos los individuos tendrían que emitir una declaración jurada obligatoria. Por supuesto, la Sunat ayudaría con una contabilidad progresiva.

Nuevamente acá la escala podría ser más continua, para eliminar al máximo los saltos. Y, de hecho, una escala como esta ayudaría a la formalización y el crecimiento  empresarial. La masificación de los comprobantes electrónicos haría todo esto posible.

Las propuestas de Lampadia

Sería conveniente que el gobierno analice esas propuestas y las compatibilice con las que formuló el Consejo Privado de Competitividad en relación al mercado laboral, e incluya también las que hemos discutido en Lampadia en un taller en el que participaron Miguel Jaramillo, Gustavo Yamada, Germán Lora, Jorge Toyama y Pablo Bustamante, que adjuntamos al presente. En dicho taller se elaboró una lista mínima de reformas:

• Cambio de criterio del Tribunal Constitucional, limitando la posibilidad de reposición a despido nulo, conforme a ley (posición de magistrado Sardón de Taboada). O, en su defecto, modificación de artículo 27 de la Constitución Política de 1993, fijando la indemnización por despido arbitrario como mecanismo protector frente al despido, abriendo la posibilidad de reposición únicamente para despido nulo (hay un proyecto de la congresista Letona en este sentido).
• Modificación del artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, permitiendo pactar la Remuneración Integral Anual (RIA) sin que exista un límite mínimo de remuneración (2 UIT es en la actualidad) para ello (salvo la RMV).
• Considerar la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) solo como seguro de desempleo. Establecer un tope de 6 sueldos en la cuenta de trabajador. Llegado a dicho tope, el empleador no tiene obligación de seguir haciendo depósitos. Esa cuenta solo podrá ser abierta por el trabajador cuando esté desempleado. No se podrá hacer retiros parciales.
• Mejorar la regulación del tiempo parcial: aumentar número máximo de horas trabajadas a la semana a 30 horas. Modificar el Decreto Supremo N° 1-96-TR, estableciendo que será trabajo a tiempo parcial el trabajo realizado en menos de 24(30) horas a la semana, independientemente de los días que se labore.
• Aprobar la ley de empleo juvenil.

Fuera de eso, en Lampadia hemos desarrollado una propuesta clave indispensable para formalizar la economía y el trabajo y resolver el problema pensionario:

• Que los ciudadanos puedan, desde los 18 años, aportar a su cuenta individual de pensiones una parte del IGV que pagan cuando compran cualquier producto. Esto no solo resolvería el problema pensionario de la población peruana, sino que ayudaría a formalizar la economía vía el pedido de facturas. Esta reforma tiene el potencial incluso para construir gradualmente un sistema de salud universal e integrado.

El gobierno está ante la responsabilidad histórica de incorporar en el Plan Nacional de Competitividad estos y otros cambios orientados a modernizar la legislación laboral, tributaria y social para hacerla más inclusiva y más adaptada a la cuarta revolución industrial que se nos viene, y a la que no podremos sobrevivir si es que no actualizamos nuestro marco regulatorio. De paso propiciaría una gran revolución: la que haga posible reducir sustancialmente la gran desigualdad estructural de nuestro país, que es la que excluye al sector informal emergente de la formalidad y el crecimiento económico. Lampadia

Recientemente el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha presentado dos proyectos de ley que buscan ampliar en mayor y menor medida la selección de alumnos por mérito académico en las escuelas públicas, la cual fue limitada por su antecesora Michelle Bachelet en las denominadas “escuelas emblemáticas” a partir del presente año.

En esta línea, compartimos a continuación un reciente artículo escrito por The Economist (ver artículo líneas abajo) que destaca positivamente ambas propuestas por su importancia para garantizar excelencia académica en un sistema de educación pública que muestra a todas luces una enorme ineficacia – en comparación a la educación privada chilena – para lograr altas tasas de admisión en las mejores universidades del país.

Este último resultado proveniente de nuestro país vecino no hace más que reconfirmar la conveniencia y necesidad de impulsar las llamadas escuelas emblemáticas, basadas en la meritocracia, así como la educación escolar privada en nuestra región y con especial énfasis en nuestro país para mejorar los rendimientos educativos de nuestros niños y adolescentes (ver Lampadia: Resurge la educación privada en el mundo, Reflexiones sobre la educación para el futuro).

Como hemos escrito anteriormente (ver Lampadia: El liderazgo de Innova Schools) existen buenas prácticas en el sector privado que han desarrollado escuelas modernas, no solo en términos de recursos tecnológicos sino también en cuanto a metodologías de enseñanza e infraestructura de calidad, debido a que la estructura empresarial inhibe cualquier despilfarro de recursos o delitos de corrupción que pueden surgir en el caso de la educación pública (ver Lampadia: Quitándole 26 millones de soles a la educación nacional).

Urge pues replicar estas experiencias en nuestras escuelas públicas o buscar esquemas asociativos con el sector privado – como los mecanismos APP – para generar mayor participación empresarial en este sector tan indispensable para la movilidad social en nuestro país.

Asimismo, de ninguna manera puede prohibirse la selección por mérito o imponer ciertos límites a esta en las escuelas emblemáticas, en tanto dicho mecanismo permite la creación – a muy temprana edad – de islas de talento humano, un factor que tanta falta hace en nuestro país para enfrentar los frondosos cauces de la competitividad global. Lampadia

Escogiendo alumnos
Chile puede traer de vuelta la selección en las escuelas

Sebastián Piñera quiere deshacer en parte las reformas educativas igualitarias de su antecesora

The Economist
2 de mayo, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

El edificio es sucio, con el disparejo cristal de ventana roto. A pesar de su aspecto desaliñado, el Instituto Nacional, una escuela secundaria para niños del centro de la ciudad, es la escuela secundaria más prestigiosa de Chile. Fundada en 1813, ha educado a 17 presidentes y docenas de destacados artistas y científicos. Ayuda a niños brillantes de familias pobres a ingresar a las mejores universidades. Muchos viajan largas distancias para llegar a la escuela en el centro de Santiago.

Su futuro, y el de una veintena de otras escuelas “emblemáticas” (especialmente las escuelas de gramática selectas) están en peligro. Las políticas introducidas por la anterior presidenta de izquierda del país, Michelle Bachelet, no permiten que dichas escuelas seleccionen a más del 30% de sus alumnos por mérito académico. La norma entra en vigor este año en Santiago. Fernando Soto, el rector del Instituto Nacional, dice que su “excelencia académica” se pondrá en duda “si los niños son admitidos sin interés en estudiar”. Sylvia Eyzaguirre, especialista en educación del liberal Centro de Estudios Públicos (CEP), dice que la ley “está destruyendo escuelas estatales selectivas”.

Sebastián Piñera, el actual presidente de centro derecha de Chile, quiere evitar eso. Ha presentado dos proyectos de ley que desharían parcialmente las reformas de Bachelet. El primero permitiría que unas 300 escuelas de alto rendimiento, incluidas las emblemáticas, seleccionen alumnos por mérito académico. De ellos, la mitad tendrían que venir de familias en dificultades. La medida se aplicaría al 10% de las escuelas secundarias. Un segundo proyecto de ley permitiría a todas las demás escuelas no privadas elegir al 30% de los alumnos para que se adapten a sus programas educativos, que pueden incluir objetivos distintos del logro académico. Esta política de “admisión justa” recompensará el mérito y el trabajo duro, afirma el gobierno.

El elitismo académico es un tema complicado en Chile. El sistema escolar está estratificado. Los graduados de las escuelas más elegantes, como The Grange, son tan visibles en la parte superior de la sociedad como lo son los Antiguos Etonianos en Gran Bretaña. Dos tercios de los estudiantes de escuelas privadas que toman el examen de ingreso a la universidad ingresan a una de las principales universidades. Pero solo un tercio de las escuelas independientes apoyadas por el estado, para las cuales los padres generalmente pagan cuotas de recarga, son las que califican. Para los estudiantes de escuelas públicas, la tasa de éxito es solo una quinta parte. En 2016, el 18% de los estudiantes admitidos en las dos mejores universidades, Chile y Católica, provenían de escuelas estatales, que tienen un 37% de matrícula. De estos, más de la mitad provienen de 19 escuelas emblemáticas. Dirigidos por los gobiernos locales, han sido la principal vía sin pago a buenas universidades.

Los chilenos de izquierda han exigido durante mucho tiempo más igualdad en la educación. Entre los agitadores más ruidosos se encontraban los alumnos de escuelas emblemáticas, que dañan a las escuelas mismas. Las ocupaciones de edificios escolares de un mes de duración desde 2011 hicieron que la inscripción y el rendimiento disminuyeran. El Instituto Nacional perdió su lugar entre las 20 mejores escuelas, medido por el desempeño de sus estudiantes en los exámenes de ingreso a la universidad. En 2018 ocupó el puesto 78.

Los alumnos ganaron, pero a un costo adicional para sus escuelas. Bachelet impuso el límite a la capacidad de las escuelas emblemáticas para seleccionar en función del mérito como parte de su búsqueda para hacer que el sistema educativo sea más equitativo. (También se comprometió a elevar los estándares). Otras reformas incluyeron la eliminación de la selección para la mayoría de las otras escuelas, la eliminación gradual de las cuotas de recargo en las independientes, la provisión de más dinero para los alumnos pobres y la capacitación de maestros. Las primeras señales son que el nuevo sistema está aumentando la diversidad socioeconómica dentro de las escuelas, dice Eyzaguirre.

Pero ha tenido efecto lentamente. Y los padres se muestran más entusiastas en la selección que los reformadores. Según una encuesta reciente de Cadem, el 63% de los chilenos está a favor de la selección basada en el mérito; el 79% lo prefiere a la selección “aleatoria”. La mayoría de los chilenos están orgullosos de las escuelas emblemáticas.

Esto debería ayudar a Piñera a devolver algo de selección, pero se enfrenta a una contienda. Su coalición carece de mayoría en el congreso. “Es difícil crear una inclusión si se mantienen las prácticas subyacentes a la segregación”, dice Miguel Crispi, diputado de la alianza Frente Amplio, que asesoró a Bachelet en sus reformas educativas. Los legisladores como él probablemente condenarán el plan de Piñera para reintroducir un elemento de selección para todas las escuelas. Algunos tienen una debilidad por las escuelas emblemáticas. Esto le da al proyecto de ley dirigido a las 300 escuelas de alto rendimiento una oportunidad de lucha. Si funciona, los días de gloria del Instituto Nacional podrían volver. Lampadia

Recientemente se publicó el último informe INCORE (Índice de Competitividad Regional) elaborado por el IPE. Según el informe, los resultados indican una relación directa entre competitividad y desarrollo económico y social.

Este indicador cuantifica la posición de las 24 regiones del país mediante seis pilares: Entorno Económico, Infraestructuras, Salud, Educación, Laboral e Instituciones. Cada uno de los cuales está compuesto por varios componentes que dan como resultado un total de 46 indicadores. Con esta información se puede evaluar el desarrollo integral de cada región, así como identificar sus principales fortalezas y debilidades.

Entre los resultados más importantes tenemos que Lima continúa liderando la competitividad del país. Además, una de las regiones que ha avanzado es Arequipa, que desplazó a Moquegua del segundo lugar que vino ocupando en los últimos tres años. Dicho avance se debe a que Arequipa obtuvo mejores cifras en el pilar Laboral debido a la mejora en creación de empleo formal, pero registró un retroceso de una posición en el pilar de Instituciones.

Les siguen las regiones de Moquegua, Ica y Tacna. Estas cinco regiones se ubican en el tercio superior en más del 60% de los 45 indicadores evaluados, lo que muestra una notable ventaja respecto al resto de regiones.

Por otro lado, Cajamarca, Puno y Loreto son las regiones menos competitivas del país por quinto año consecutivo, y se ubican en el último tercio en más de la mitad de los 45 indicadores del INCORE.

Cajamarca, específicamente, es un caso trágico porque hasta hace pocos años, era la región con mayor potencial de crecimiento del país y, de haber consolidado una vocación pro inversión y desarrollado, los cuatro grandes proyectos que estaban en marcha antes de la caída de los precios de los minerales, pudo haberse convertido en la región más rica del Perú.

El sorprendente salto de Apurímac

Quizás lo más revelador del informe es que Apurímac fue la región que registró el mayor avance, que subió del puesto 19 al 14, gracias al mejor desempeño de los pilares instituciones, laboral, infraestructura y entorno económico.

Según el IPE, Apurímac es la región que escaló más posiciones en el INCORE (cinco puestos) debido al avance sustancial de los pilares Instituciones y Laboral. El primero mejoró ocho puestos, por una caída importante en el número de homicidios por cada 100 mil personas y una mayor resolución de expedientes judiciales. El segundo avanzó seis puestos, debido principalmente a la mayor creación de empleo formal y a la reducción de la brecha de género en los ingresos laborales.

Es importante remarcar que gran parte de los avances que se pueden ver en Instituciones y Laboral tienen que ver con las mejoras de entorno económico que, aunque el informe no lo destaca, pasó del puesto 16 en el 2016 al 12 en el 2017. Estas mejoras económicas que dan inicio a las mejoras en los demás pilares fueron impulsadas por el inicio de las operaciones del proyecto Las Bambas.

En anteriores ocasiones hemos presentado información sobre la evolución del crecimiento y reducción de la pobreza en la región Apurímac, que en los últimos años se ha dinamizado notoriamente, como producto del gran proyecto minero de cobre de Las Bambas, el proyecto minero de mayor envergadura actualmente operativo en el país y representó una inversión de 10,000 millones de dólares, tiene una vida útil de 18 años y representa una producción de 453,000 toneladas de cobre al año.

Es importante recalcar que este proyecto ha estado asociado a conflictos sociales, pero, a pesar de todo, el proyecto pudo ir adelante iniciando sus embarques de exportación que ha brindado una gran mejora económica y social a la región, que se debe, fundamentalmente, al crecimiento de la producción minera. En Lampadia ya hemos podido comparar cómo Apurímac aprovechó la inversión minera para dar un salto adelante en las condiciones de vida de la región. Ver en Lampadia: Apurímac: Un nuevo testimonio del aporte de la minería.

Apurímac, al igual que otras regiones con un alto puntaje como Arequipa, Ica, y Tacna son parte de la zona cuprífera donde se ubican las principales unidades mineras productoras de cobre a gran escala: Toquepala, Cuajone, Cerro Verde, Tintaya, Antapacay, Constancia y el Proyecto de Las Bambas.

Esto debe dejar claro que la inversión minera ha traído consigo un impacto altamente positivo. La minería moderna usa tecnología de punta y se integra adecuadamente con sus espacios sociales y ambientales. La recuperación del sector minero ha traído consigo el desarrollo de un sector industrial que ahora puede calificarse como el más grande, sólido, competitivo y exportador de nuestra historia. Además, se han construido carreteras y aumentando la cobertura eléctrica y de telecomunicaciones, mejorando la calidad de vida de los pueblos aledaños. (Ver en Lampadia: Al menos 80% de la reducción de la pobreza es por el crecimiento).

La minería ha creado puestos de trabajo bien remunerados e importantes ingresos fiscales. (Ver en Lampadia: Informe del Efecto de la minería sobre el empleo, el producto y recaudación en el Perú elaborado por el IPE). Este estudio demuestra que, por cada empleo generado por la minería, se crean nueve empleos indirectos en otros sectores (el sector agrícola solo crea 1/6 de empleo indirecto por cada empleo directo de su sector). Esto se puede ver en los buenos resultados de Apurímac en este último INCORE.

El INCORE es un buen indicador para identificar el nivel de competitividad de las regiones y tomar las decisiones correctas en las agendas políticas para lograr retomar su crecimiento. Como afirma el IPE, “definirá la ruta que seguirán las regiones en el futuro y las condiciones responsables no solo de su crecimiento sino también de su desarrollo, atraso o estancamiento y de las diferencias regionales.”

Para retomar la senda del crecimiento y el ciclo virtuoso del Perú, urge seguir promoviendo un alto nivel de inversión, sobretodo en el sector minero. Esta es nuestra fuente principal de crecimiento de la economía, empleo y encadenamiento con los demás sectores. Hoy, sin embargo, estamos atrapados entre la tramitología y el caos político. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En este último CADE hubo cuatro hechos de la mayor importancia que no han sido suficientemente advertidos por la prensa.

Cero Soborno

Los dos primeros corrieron a cargo del empresariado. El primero fue el anuncio de la creación de la Asociación Civil Empresarios por la Integridad, integrada, en un inicio, por 50 empresarios fundadores, a los que se espera ir sumando un número cada vez mayor. La primera acción concreta de esa Asociación es la iniciativa “Cero Soborno”, que no es una declaración de buenas intenciones, sino un conjunto de procedimientos, protocolos, prácticas y capacitaciones que deberá completar cada empresa participante para asegurar que ninguno de sus gerentes ni colaboradores soborne jamás a un funcionario público o a un juez ni tampoco a empleados de otras empresas. Este es un proceso que viene con certificaciones otorgados por empresas reconocidas.

A nadie se le puede escapar el impacto que puede tener una iniciativa como esta en la reducción significativa de la corrupción en el país, en la medida en que es adoptada por los principales grupos empresariales del país y por cada vez por un número mayor de empresas, incluso medianas y pequeñas, que se irá sumando. Llega, además, en el momento preciso, cuando el gran tema de agenda nacional es la lucha contra la corrupción.    

Un efecto secundario de esa decisión es que le permitirá al empresariado recuperar valor y autoridad moral en el país, que es un paso decisivo en la ruta de avanzar hacia alcanzar la condición de dirigencia nacional auténtica.

Las propuestas del Consejo Privado de Competitividad

En esa línea, el segundo hecho de la máxima importancia y también sin precedentes, fue que en el CADE se presentó el resultado de otra decisión histórica del empresariado: la creación del Consejo Privado de Competitividad (CPC), compromiso de IPAE en el CADE del año pasado, que, encabezado por Fernando Zavala, entregó a los participantes un libro conteniendo 77 propuestas de reformas para levantar la competitividad y productividad del país, indispensable para recuperar tasas de crecimiento altas que nos permitan sacudirnos del marasmo en el que hemos caído y alcanzar el desarrollo.  Esto también llega en el momento preciso, cuando nuestra economía crece a menos del 4% al año, un ritmo inaceptable que no nos lleva a ninguna parte porque no sirve ni para generar suficiente empleo ni para bajar la pobreza.

¿Think Tank?

La creación del CPC, por medio del cual el empresariado empieza a sumir su rol dirigente, alcanzando propuestas claras y estudiadas para mejorar la competitividad del país, puede ser el detonador de algo que también se planteó en una de las sesiones del CADE, pero que no fuera recogido al final como un nuevo compromiso de IPAE: la conformación de un think tank más amplio y potente que prepare propuestas de política en todos los ámbitos de la realidad nacional. Eso es lo que han hecho los empresarios en Chile, Colombia y otros países, para participar proactivamente y no reactivamente en la construcción de la agenda nacional, a fin de acelerar el camino al desarrollo integral del país. En el Perú es una asignatura pendiente, y esperamos que este año, aunque no haya habido compromiso de IPAE, pueda concretarse.

Consensuar propuestas del Consejo Privado de Competitividad con las del Consejo Nacional

Los otros dos hechos de la máxima importancia estuvieron a cargo del presidente Martín Vizcarra. El primero fue que no solo presentó nueve líneas del proyecto de política nacional de competitividad, sino que saludó el aporte del Consejo Privado de Competitividad y propuso “al empresariado iniciar una agenda conjunta para consensuar el Plan de Competitividad”. Esto es muy importante. Establecer una mesa para ese fin puede instalar una dinámica de relación entre sector privado y Estado que permita empezar a crecer mucho más rápidamente. Nunca lo hemos tenido. Sería una innovación histórica en el país.

Y quizá ayudaría a resolver las posibles contradicciones internas que hay en el Ejecutivo, que han impedido que hasta ahora el Consejo de Ministros apruebe los lineamientos definitivos de la “Política Nacional de Competitividad y Productividad”. Muy bien que ahora se apruebe con participación del sector privado y el CPC.

Como se sabe, el tema que divide al Consejo de Ministros, es el relativo a la reforma laboral, indispensable para formalizar el escandaloso nivel de trabajo informal que tenemos y para facilitar un incremento sustantivo de la inversión privada de todo tamaño, frenada por las rigideces de la normatividad laboral. 

La reforma laboral

Pues bien, el cuarto hecho de la máxima importancia en este CADE fue que el presidente se refirió a esta reforma en términos que despiertan alguna esperanza de que el tema será abordado. Identificó claramente el problema: “una economía competitiva requiere que el mercado laboral funcione de manera eficiente, generando los canales para que el trabajador encuentre un espacio óptimo donde pueda desarrollar sus capacidades. Por lo tanto, necesitamos de un marco dinámico que permita conectar la fuerza laboral con empleadores que aprovechen su máximo potencial y talento. Más del 50% de las microempresas del país son informales y el 70% de los trabajadores se encuentra ocupado en el sector informal, con una mayor concentración en las microempresas. Este es un reto que juntos, tanto sector privado y público tenemos que afrontar”.

Fue más allá: identificó una de las causas del problema: “Uno de los factores que eleva los índices de informalidad es el alto costo laboral no salarial, que duplica y hasta triplica el de nuestros pares de la Alianza del Pacífico…”. Y preció el objetivo: “Tenemos que pasar del trabajo informal de baja productividad y sin protección social, a un esquema que promueva el trabajo formal que corrija esta situación”.

Luego se refirió al procedimiento: “…lo haremos por la vía institucional…, construyendo los consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia”.

Aquí viene, por supuesto, la dificultad, que se manifiesta incluso al interior del gobierno. La dirigencia sindical tendría que pensar en cuál es su mejor interés en el mediano y largo plazo, para percatarse que más le conviene una amplia base sindical en un mercado dinámico en el que los salarios suben aceleradamente gracias a que una cantidad mucha mayor de empresas demanda cada vez más trabajadores, como ocurrió en el sudeste asiático, que quedarse aferrada a una legalidad que no lo permite.

El Presidente debe encabezar el Plan de Competitividad

Para ello sería fundamental que el presidente Vizcarra encabece personalmente el liderazgo del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Pues el tema es de la mas alta prioridad nacional. El mismo lo reconoció, al notar que “en cuanto a competitividad hemos caído 32 puestos en 7 años, bajando del puesto 36 al 68, en cuanto a la Facilidad para hacer Negocios. Y esto es inaceptable. Nuestro desafío es mejorar el desempeño. Y eso requiere del esfuerzo de todos”.

Comenzando por el suyo, presidente, liderando la ejecución del plan, y concertándolo también, como anunció, con las diversas fuerzas políticas que, al tenor de las declaraciones que ha formulado la mayoría, está dispuesta a aprobar las reformas necesarias. Este es el momento. Lampadia

A pesar de los múltiples ejemplos de realidades exitosas sobre países que han sabido transformar su gran riqueza de recursos naturales en bienestar, se sigue hablando de la maldición de los recursos naturales para justificar las supuestas debilidades de nuestro “modelo primario exportador”, el cual nos llevaría eventualmente a una gran crisis.

Y si bien no todos los que impiden el desarrollo de nuestros recursos naturales, ya sea por acción o por omisión, recurren al argumento de la maldición, de facto han inhibido, por ejemplo, el tan necesitado desarrollo ambicioso de muchos proyectos mineros. Esto ha llegado a tal punto, que hace ya más de un lustro, nuestras autoridades, en Lima y en las regiones, muestran hacia la minería un rechazo visceral, una distancia desinformada para protegerse de las monsergas mediáticas, o una abierta e irresponsable cobardía.

La verdad es que, gracias a la minería, el Perú impulsó su economía desde la condición de un ‘Estado Fallido’, donde nadie invertía, hasta un estadío de prosperidad que estúpidamente se interrumpió el 2011. Redujimos la pobreza en más del 50%, desde 1990, multiplicamos el PBI (US$ PPP) en 6.9 veces, disminuimos la desigualdad y la desnutrición crónica. Sin embargo, muchos todavía no entienden  los beneficios que nos pueden brindar nuestros recursos naturales.

Por eso, queremos aprovechar un ejemplo que ha salido recientemente en los cines para llegar a la conciencia de nuestras autoridades:

Una película que fue estrenada hace poco tiempo, titulada “The Black Panther” (adaptada de un cómic de Marvel), se sitúa en el país ficticio de Wakanda, rico en un mineral (también ficticio) llamado ‘vibranium’, ofrece lecciones sobre cómo los países pueden transformar los depósitos de energía y minerales en beneficios duraderos. Quizás lo más importante es que la película resalta que no es verdad la llamada “maldición de los recursos” y que, en realidad, sí se pueden resolver los problemas de pobreza, conflictos y corrupción en las naciones ricas en recursos naturales.

A pesar de su naturaleza ficticia, Wakanda comparte similitudes clave con muchos países; y los políticos pueden extraer lecciones de la buena gobernanza de los recursos y la integración económica. En particular, Wakanda ha sabido utilizar su recurso para mejorar la tecnología y el desarrollo económico de su gente. Además, el enfoque de Wakanda es utilizar el vibranium para crear beneficios ampliamente distribuidos para la sociedad.

Este país ficticio comparte muchas similitudes con Noruega, por ejemplo, que es rica en petróleo, y ha sido elogiada por su gestión de los recursos naturales que ha potenciado y hecho sostenible con la creación de un inmenso fondo soberano de riqueza. Noruega gasta alrededor del 4 % del fondo en proyectos públicos. En los comics, el país destina una parte generosa de los ingresos de vibranium para crear una red de seguridad social.

Otro ejemplo con el cual se le suele comparar a Wakanda es Botswana, uno de los países africanos que es una historia de éxito, siendo uno de los mayores productores de diamantes del mundo. La nación ha buscado la diversificación económica y ha desarrollado políticas fiscales sólidas para regular la riqueza del diamante y el gasto gubernamental. Botswana también invirtió los ingresos de los diamantes para las generaciones futuras utilizando un fondo de riqueza soberano llamado Pula Fund. Está allanando el camino para que sus jóvenes se eduquen y empoderen y que su sociedad prospere.

Aislacionismo

Otro punto interesante de analizar en el Universo Marvel, es que el vibranium es clave para ayudar a Wakanda a esconderse del resto del mundo y evitar la apropiación del valioso recurso. Debido a su autoaislamiento, Wakanda parece tener un modelo económico donde no intercambia sus recursos naturales con el resto del mundo: vive en la autarquía e invierte fuertemente en tecnología. Justamente uno de los puntos clave de la película se centra en que el nuevo Principe de Wakanda cree que los recursos de vibranium no deben mantenerse ocultos en Wakanda; más bien deberían usarse para liberar a la gran cantidad de personas de ascendencia africana que viven en condiciones de pobreza y opresión en todo el mundo, además de utilizar los recursos de Wakanda para ayudar a las naciones extranjeras al intercambio de conocimientos tecnológicos que ellos han adquirido.

La inversión masiva de Wakanda en tecnología le da al país de ficción una clara ventaja comparativa, lo que, a su vez, hace que los beneficios potenciales del comercio internacional sean bastante altos. La alta calidad de su gobierno sugiere que Wakanda también podría gestionar los ingresos esperados del comercio para las generaciones actuales y futuras de Wakandans. Además, si el Vibranium puede desempeñar el mismo rol que tuvo la máquina de vapor durante la Revolución Industrial del siglo XIX, Wakanda podría ser el catalizador para un aumento en el comercio mundial; ya que transportar los productos utilizando motores superpotentes y tecnológicamente avanzados reduciría drásticamente los costos y facilitaría el movimiento de mercancías.

El país ficticio de Wakanda proporciona una imagen de la prosperidad y avance tecnológico, que podrían disfrutar los países ricos en recursos naturales que saben aprovecharlos y gestionarlos adecuadamente. Además, la inversión en educación y salud, el desarrollo tecnológico y el aumento en el comercio mundial serían un beneficio que si bien, no se vio con amplitud en la película, sí podemos lograr en nuestro mundo real.

El Perú no vio la película

Es evidente que, en Perú, nuestras autoridades y buena parte de los medios, no vieron la película.

• Después de la experiencia de la interrupción del crecimiento de la economía producido en gran medida por el sabotaje de la inversión minera, demostrado en dos casos icónicos, Conga y Tía María.
• Después de haber pasado de un Estado en donde se incrementaban las reservas y el ahorro fiscal, a sufrir un déficit fiscal de 3.5%, sin miras de superarse en el mediano plazo.
• Después de regresar, como antes de los años 90, a la sensación de escasez y pérdida de sensación de futuro.
• Después de comprobar que el mayor saboteador de la inversión minera, el ahora congresista Marco Arana, expulsado de la Iglesia Católica (caserito de los medios -dizque- serios), no es consecuente con los derechos y necesidades de los pueblos, pues más movido por la ideología y la política, sigue defendiendo al oprobioso régimen chavista controlado por el ‘Eje-Cuba-Venezuela’, que está matando a su población. Después de una excelente campaña de comunicación sobre el proyecto de Tía María en Arequipa.

Nuestras autoridades son incapaces de asumir un liderazgo que ilumine el sentido común de nuestra población, con comunicaciones sinceras y claras, que permitan que apoyen el desarrollo de las inversiones.

Por un lado, el gobernador de Arequipa, la señorita Yamila Osorio, sigue en una suerte de limbo incapacitante, y por otra, el Primer Ministro, Cesar Villanueva declara: “Tía María (…) es uno de los proyectos que (…) no tienen la aprobación de las poblaciones adyacentes al centro minero y que, además, no demuestran un respeto absoluto al tema ambiental en sus propuestas de operación deben esperar.”

Declaraciones con las que solo ha empoderado a las minorías de oportunistas y agentes políticos para impedir la inversión. ¿O alguien se imagina, que el diario La República destaque la declaración del premier en su portada de hoy con un propósito distinto de alertar a oportunistas y agentes anti-inversión?

¡Todos al cine (sin llevar canchita)! Lampadia

En un contexto de incertidumbre tanto política como económica, sumado a las bajas expectativas de crecimiento, se ha creado una gran ‘nube negra’ sobre el futuro de la economía peruana. Luego de un periodo de ligera recuperación en el último semestre del 2017, la baja expansión que registró el PBI en noviembre (tan solo 1.78%, inferior a lo esperado) ha generado que la proyección de crecimiento que el MEF tiene para la economía peruana al cierre del año anterior, situada en 2.7%, se haga cada vez más difícil de alcanzar.

No queda claro si esta ralentización ya termino o si aún podemos marcar un cambio en la tendencia. Ante esta incertidumbre, Elmer Cuba describe un 2018 que vendrá impulsado por un fuerte choque externo positivo. La economía se verá impulsada por el crecimiento de las agroexportaciones, la mejora en los precios de los minerales y por un alto crecimiento en el sector construcción. Se prevé una mejora sustancial en la inversión pública y privada, un robusto crecimiento de la demanda interna y el aprovechamiento de los altos ingresos de capital recibidos en el 2017. Ello, junto con la mejora de competitividad de todo el sector exportador, ayudará a que el 2018 sea mayor que el del 2017.

Sin embargo, Cuba aclara que “Lamentablemente, el mayor crecimiento del PBI no se va a sentir en los bolsillos de la gente. Los que van a jalar el carro (del crecimiento) son la inversión pública y privada.”

Desde el punto de vista político, ya hemos comentado que el nuevo gabinete no parece tener la capacidad para contribuir de manera significativa a reducir la tensión política, y claramente no es el “Gabinete de la reconciliación”. Además, la debilidad de PPK continúa aumentando, lo cual eleva la posibilidad de llegar en cualquier momento a una vacancia.

En Lampadia ya hemos planteado (A mayor crisis mayor tranquilidad, y Salvemos el ‘Proceso’) que, de darse el alejamiento del presidente, debemos apoyar a Martín Vizcarra para que asuma la conducción del Estado hasta el 2021 y terminar así el gobierno elegido el 2016. Además, para evitar prolongar la debilidad e inconsecuencia del gobierno de PPK, Martín Vizcarra tendría que convocar a un Primer Ministro independiente, no partidista, que convoque un gabinete compuesto por independientes y por representantes del Partido de Peruanos por el Kambio y Fuerza Popular; que asuma el compromiso de un ‘Gobierno Programático’ dirigido a recuperar el crecimiento económico y la salud institucional. Lampadia

“Este año el PBI crecerá más que el 2017, pero no se va a sentir en los bolsillos de la gente”

ENTREVISTA Elmer Cuba, economista principal de Macroconsult
Por Luis Hidalgo Suárez
Gestión, 22 de enero de 2018

El peor escenario para la economía peruana sería que el presidente Kuczynski sea vacado o renuncie, asumiendo el cargo el presidente del Congreso, advierte el economista.

Tras los últimos acontecimientos políticos y el escenario incierto que persiste, ¿qué perspectivas hay para la economía?

En el tema político es como que terminó una temporada y empieza otra. Hay un presidente con muy poca credibilidad, no solo ante la opinión pública, sino entre los principales agentes económicos.

Hay Estado, pero también una vacancia implícita, con un Congreso con poca intención de apoyar. Es un Gobierno muy precario.

Entonces la pregunta es: ¿este es el mejor escenario hacia adelante o mejor sería un vicepresidente (que asuma) fortalecido políticamente, con respaldo congresal, que haga reformas y políticas económicas que este Gobierno ya no las va a hacer?

Si asumiera el vicepresidente, ¿contaría con mayoría congresal para llevar adelante las reformas que se requieren?

Lo que veo es que el presidente Kuczynski está muy debilitado y con una agenda de política económica que no existe. La famosa revolución social se ha evaporado.

¿Cuáles serían las ventajas para la economía de un escenario con Vizcarra como presidente?

Primero, que Vizcarra no tiene partido político, es un hombre práctico, y si al presidente Kuczynski lo vacan o renuncia, el Congreso tiene la obligación moral y política de respaldar al vicepresidente. Vizcarra puede hacer lo que hizo Temer en Brasil, es decir, sostener un Gobierno que hace reformas porque no tiene costo político. Lamento decir esto, en enero, pero es ese el escenario que tenemos.

Pero aún el escenario actual es con PPK en funciones y todo el ruido político en su alrededor.

Así es, pero el escenario con Vizcarra se puede gatillar este año en cualquier momento. La probabilidad de que ocurra no es menor.

En el escenario actual, ¿cambian las proyecciones económicas que teníamos?

Es paradójico, porque en el corto plazo estamos a punto de observar una disociación entre la situación presidencial, la situación política y las perspectivas económicas. Algo parecido a lo que se vivió en el 2004 en el gobierno de Toledo: un presidente con baja popularidad en las encuestas, sin credibilidad y, sin embargo, la economía crecía a tasas altas (4.8% en el 2004) por un choque externo (de precios) favorable.

¿Ahora es similar la situación?

Con las distancias del caso, sí. Los términos de intercambio crecieron 20% de enero del 2016 a la fecha. Eso, para que se tenga una idea, es como si las utilidades de una empresa crecieran entre 50% y 100%, ya que un cambio de esa magnitud en los términos de intercambio significa hasta duplicar las utilidades de todas las empresas exportadoras, no solo de las mineras.

Es decir, ¿no solo el precio de exportación de los metales está empujando el crecimiento?

Ese es un factor, otro es la entrada de capitales (más de US$ 5,000 millones en el 2017). Tercero es la posibilidad de que la inversión pública crezca más. Es lamentable que, en el 2017, cuando había en qué invertir, la inversión pública creció casi cero, igual que en el 2016. Y, un cuarto factor son las expectativas económicas que, han caído, pero aún están altas y en tramo positivo. Este último factor no es menor y por ello, espero que la inversión privada crezca este año, al margen de PPK.

Entonces, ¿al margen de lo que ocurra con PPK, crecerá el PBI?

Sí, este año va a crecer más que el año pasado (2.5% según Macroconsult), de todas maneras, a pesar del escenario político.

Y en el verano ¿cuánto crecerá el PBI? LatinFocus estima 3.9%.

Sí, puede ser 3.9% en el primer trimestre, pero será el más alto (de los trimestres) del año porque debe recordarse que en el 2017 hubo los efectos de El Niño y el PBI creció poco. Ahí ya hay un efecto estadístico.

Y este año, ¿cuánto se proyecta?

En Macroconsult esperamos un crecimiento de 3.8% y creemos que es una buena tasa. Además, porque la demanda interna crecerá arriba de 4%, liderada por la inversión privada. Pero también por la inversión pública por las obras de los Panamericanos y otros proyectos puntuales, aparte de un repunte de la inversión de los gobiernos regionales y locales al ser su último año.

Este mayor crecimiento esperado para el año, ¿se va a sentir en los bolsillos? El empleo y los ingresos están estancados.

Es cierto con lo del empleo e ingresos. Lamentablemente, el mayor crecimiento del PBI no se va a sentir en los bolsillos de la gente. Los que van a jalar el carro (del crecimiento) son la inversión pública y privada. Las constructoras principales, que están presuntamente implicadas en el Club de la Construcción, podrían generar fricciones y atrasos en las obras públicas.

Si eso ocurriera, ¿cuánto sería el crecimiento?

Si eso ocurriera habría que bajar la proyección, ya que la construcción es la estrella del crecimiento este año.

Pero la fuerza del choque externo positivo es muy fuerte y aunque el choque político interno tiene signo contrario, no es suficiente para contrarrestar el crecimiento que ocasionará el primer factor.

Además, porque en la economía hay subinversión en todos los sectores que los inversionistas lo identifican muy bien. Hay nichos de inversión que esta crisis política no anula, esa es la maravilla del Perú: falta mucha inversión y, si no fuera por el problema político, la inversión privada estaría boyante.

¿Qué pasaría con la economía bajo un escenario en el que sale PPK y asume el presidente del Congreso, porque los vicepresidentes desisten?

Sería el peor escenario porque se abre una caja de Pandora con la incertidumbre de una nueva elección general y nadie invierte porque espera a ver quién ganará. Es paradójico, pero un escenario con Vizcarra al mando es mejor en términos económicos que con el presidente del Congreso.

¿Cuánto crecería la economía con Vizcarra?

Va a depender. Pero si es con respaldo político no va a ser peor de lo que ya es, sería mejor, no se pararían las inversiones ya programadas. En cambio, con Galarreta se paran las inversiones, entramos a un periodo de suspenso hasta las nuevas elecciones.

Hasta que se sepa quién es el nuevo presidente…

Claro, porque el nuevo presidente asumiría recién en julio del 2019, tendríamos dos años muertos para el repunte del crecimiento.

Inversión

¿Qué tanto afecta la situación política a la reconstrucción?

La reconstrucción está fracasando por una sencilla razón: es un nudo gordiano en las compras estatales.

Un nudo gordiano, ¿por qué?

Hay que reformar todo lo que es la OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado), son regímenes muy complejos, no son funcionales al éxito. La mitad del fracaso de la reconstrucción son las compras estatales. La otra mitad es el tema político.

¿Es optimista la proyección oficial de la inversión pública?

Han sido un fiasco. Va a ser lo que más va a jalar el PBI este año, es cierto, pero el 2017 primero dijeron que crecería 15%, sin embargo, entró la ministra Cooper y dijo entre 7% y 7.5%. Pero ha sido cero. Este año no creo que lleguemos a 15%. Con que lleguemos a 7%, ya eso jalaría la economía.

En cuanto a la inversión privada, el BCR proyecta 6.5% de crecimiento para el año. ¿Hay que ajustar con el nuevo escenario político?

Va a depender de cómo influyan los escenarios políticos. Las expectativas (económicas) que cayeron en diciembre deberían subir paulatinamente cada mes. Eso con el escenario de un entorno. Esto tiene un costo en el corto plazo, de algunos puntos del PBI. Pero a la larga es lo mejor, los culpables tendrán que pagar, y los ejecutivos privados y directores en el Estado, que vienen detrás, van a tener cuidado de hacer esas prácticas, eso será tanto en el lado público como en el privado.

El consumo

¿Con la situación política cambian, cuáles son las perspectivas de crecimiento de consumo?

En la época dorada el consumo crecía 6% al año, ahora crece 3%. Y para este año se espera 2.5%. Si alcanza un crecimiento estable de 3%, en buena hora. Está debajo del producto potencial, pero, por ejemplo, 3% más de pollos a la brasa ahora es lo mismo que 6% más de hace 10 años.

¿Qué le diría a la gente que tiene desánimo?

Espero que sea pasajero. Ha sido una gran decepción todo lo que pasa a nivel político. Menos mal que tenemos un choque externo positivo fuerte y va a durar por lo menos un par de años con un precio de cobre alto; además con un boom agroindustrial peruano y un crecimiento importante en telecomunicaciones.

¿Qué tan optimista es?

Tengo optimismo moderado. El 2017 fue malo, pésimo para la demanda interna, que creció 1%. El sentimiento de los negocios es como que el PBI hubiera crecido 1%. En esa medida, el 2018 será moderadamente mejor, pero no en la carrera que teníamos antes, estamos reptando.

¿El actual gobierno es peor que el de Humala?

Es peor. Lo cual es paradójico. El mejor hombre de la derecha es peor que el ‘cuco’ de Humala chavista.

Lampadia