De un tiempo acá, marcadamente en Lima, se viene configurando una suerte de irritación a flor de piel, que ante cualquier evento presentado por la política o por los múltiples canales de información mediática, desatan reacciones violentas e incontenibles, con ataques destructivos y apurados, que forman tormentas en las que tirios y troyanos son arrastrados a estados de alteración lejanos de lo civilizado y lo razonable.

No estamos hablando de turbamultas populares que lleven a las calles a ciudadanos de a pie. Estamos hablando de alteraciones que se expanden por los espacios de opinión, por los medios (tradicionales y modernos), en los que de pronto se destrozan de mala manera a personas, instituciones y empresas. Estamos hablando de estados de excitación que  capturan a la mayoría de políticos y que los lleva a legislar en una suerte de estado de pánico, donde de la noche a la mañana pueden causar daños al conjunto de la sociedad y, curiosamente, a los ciudadanos más pobres.

Así pasó con la reforma de las AFPs y la ley que permitió el retiro del 95.5% de los fondos; o con los ataques a las empresas constructoras peruanas que desarrollaron obras con los brazos empresariales del imperialismo brasileño, condenando al desempleo a miles de peruanos ajenos a la corrupción; o, más recientemente, con el caso del Ministro de Economía y el Contralor; con el escándalo de ‘la leche que no era leche’.

Pero, como publicó Federico Salazar: Ups, ¡sí era leche! 

Ni la ministra ni los funcionarios ni los congresistas leyeron las normas por las que el producto Pura Vida y otros sí pueden y deben llamarse “leche”. Es muy claro: ¡porque sí son leche!

¿Y todo el escándalo? ¿Acaso todos se equivocaron? Sí, todos se equivocaron. Nadie hizo su trabajo. Nadie documentó su posición.

Parece que muchos creyeron que no se trataba de leche porque tenía una composición “parcial”. Si pretendiéramos que el 100% de la lata fuera leche, el tarro costaría lo que cuesta el tarro azul.

Quitar del mercado estos productos, sin que haya habido fraude alguno o hallazgo de un tóxico en el contenido, es un atentado brutal contra la economía de la gente.

Lo que han hecho es dejar sin leche evaporada al que no puede pagar por las unidades de mayor costo. ¿Cuál es su alternativa? ¿El té? ¿A eso quieren condenar a los más pobres? ¿A tomar té?

Para traer algo de razón al tema de la leche, queremos compartir con nuestros lectores parte de la información que presentó anoche Jaime de Althaus en la Hora N (el único programa de la televisón peruana que no ha sido capturado por los caseritos filo-populistas con tendencias anti economía de mercado; un necesario espacio liberal abierto a las ideas de la modernidad).

Veamos información relevante para la formación de mejores juicios de valor:

En primer lugar, llama la atención la persistencia del sambenito que acusa a la industria lechera de abusar de los ganaderos. Según el siguiente gráfico, durante los últimos 20 años la producción de leche en el Perú se ha más que duplicado, con un crecimiento promedio anual de 4%. No hace sentido que un abuso supuestamente mantenido por un largo plazo, genere semejante crecimiento de los abusados.

Además, durante los últimos 20 años, el precio pagado por la industria a los ganaderos se incrementó en 2.5% anual, sumando un incremento de 60%. Lo que, otra vez, debilita la tesis del abuso.

Desde una perspectiva internacional, como podemos apreciar en el siguiente gráfico, el precio que reciben los ganaderos peruanos es mayor  al de los ganaderos de Nueva Zelanda, la Unión Europea, Colombia, México, Chile, Uruguay y Argentina. En la región solo los brasileños reciben mejores precios.

Del total de la producción lechera peruana, la industria formal adquiere solo el 50%, el 40% se consume en lecherías y queserías artesanales y el 10% se queda en auto consumo directo de porongo y de cría.

Para cubrir la demanda global de productos lácteos industrializados, se importa leche en polvo por el equivalente de 325,000 toneladas de leche fresca por año, en un  15% del consumo total o el equivalente de un millón de latas por día.

Volviendo a nuestro comentario sobre el nivel de irritación que nos embarga, por ahora solo podemos aportar algunos temas que pueden explicar esta suerte de frustración que se pasea por nuestras vidas:

• Furia por la corrupción
• El enfriamiento de la economía
• El estancamiento de los ingresos
• La inseguridad ciudadana
• La devaluación generalizada de los líderes
• La pérdida de confianza en el futuro
• La impunidad de los poderosos
• La ausencia de liderazgo
• La debilidad institucional
• La polarización política
• La crisis política
• La invasión de las redes sociales
• La manipulación de la información
• Los malos periodistas
• La vulgarización de los programas periodísticos y de entretenimiento

Ojalá que esta lista  de debilidades de nuestra sociedad nos ayude a reaccionar y entender la necesidad de tener mayor aplomo y seriedad para enfrentar nuestros tiempos y exigir a los líderes políticos que asuman un mejor comportamiento. Lampadia  

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 9 de junio de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

La profesión médica es propia de gente abnegada, solidaria, inteligente y – sobre todo – honesta… muy honesta. La medicina – dicen algunos – es como un apostolado… una profesión superior. A ese respecto, en Ica – y en todo el país – tenemos muchos médicos y enfermeras que cumplen a cabalidad todos los atributos de su noble profesión… y muchos más.

Pero no en todos los casos. Recordemos a Moreno, el médico – ex asesor presidencial – que lucraba impunemente con el Seguro Integral de Salud. Pues bien, en Ica – lamentablemente – también tenemos médicos y enfermeras de baja estofa. Aunque – felizmente – son los menos.

La pregunta es ¿por qué tenemos malos elementos en nuestros centros de salud, si la medicina es como se dice… un apostolado? ¿De dónde salieron los médicos que hace poco sacaron – a empellones – a los pacientes del Hospital del Socorro, simplemente porque les vino en gana hacer un paro intempestivo? ¿Qué rol juegan los periodistas cómplices de las mafias enquistadas en el sector salud? O peor aún… ¿qué pito tocan los congresistas y consejeros que se ponen del lado de las mafias, cuando se sabe de qué pie cojean?    

Dado que no tengo una respuesta “médica” al respecto, daré cuenta de lo que estamos haciendo para mejorar la atención en el Hospital Regional de Ica, donde laboran más de mil personas, y se atienden a ¡700 pacientes diariamente!

Empecemos por lo propositivo. Después de cuatro administraciones fallidas – básicamente por actitudes permisivas y pusilánimes de los directores anteriores – por fin tenemos el liderazgo que tanta falta nos hacía. En apenas tres semanas, la Dra. Diana Bolívar – la flamante directora del hospital – ha logrado lo que ningún director logró en toda la existencia de nuestro principal centro de salud regional. ¡Se acabaron las colas!

HOSPITAL REGIONAL DE ICA IMPLEMENTA PROGRAMA “COLA CERO“

Sí; aunque nuestros detractores chillen de cólera… se acabaron las colas interminables que los pobres iqueños tenían que hacer para ser atendidos. O mejor dicho… para ser maltratados.

Un sistema computarizado de programación de citas ha sido implementado, con óptimos resultados. Para lograr una cita médica, ya no se necesita ir de amanecida al hospital. Basta una llamada telefónica o una reserva vía Internet para merecer una fecha y hora de atención, y – lo mejor de todo – para recibir un servicio digno.

Los testimonios de los pacientes – y sus familiares – son muy gratificantes. RESPETO… es todo lo que pedían los ciudadanos que acudían al Hospital Regional, y gracias al liderazgo y sensibilidad de nuestra nueva directora y su equipo… lo tienen.

Los artífices de este gran logro son las personas; no el dinero. Seamos objetivos. La inversión en equipamiento fue mínima. El Software estaba disponible – sin costo – en el Ministerio de Salud. Solo había que pedirlo, instalarlo y operarlo.  

Ahora bien, para lograr el objetivo final – cual es, mejorar la atención a los pacientes – había que poner orden y disciplina en la institución. Era imposible lograr cualquier mejora en salud, con gente corrupta e indolente como los mencionados al inicio de esta nota. A ellos los estamos sancionando con todas las de la ley. Nada de abusos o arbitrariedades. Las faltas graves están perfectamente tipificadas en la legislación laboral, y quien incurra en ellas está recibiendo la sanción correspondiente… amonestación, suspensión temporal, o – en caso de falta grave – destitución definitiva.

Repito. En el Hospital Regional de Ica lo que ha cambiado son las personas. Mejor dicho… la actitud de las personas. La Dra. Bolívar y su equipo, y todo el personal involucrado en la atención de los pacientes… desde los vigilantes, hasta los médicos especialistas, pasando por las enfermeras, técnicos, personal administrativo, etc. Ellos son los gestores de este gran cambio.

Ya tenemos a nuestros hospitales de Nasca e Ica con “cero colas”. Faltan Palpa, Pisco y Chincha. Pues ¡allá vamos… con la mirada puesta en los pacientes! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Se ha suscitado un conflicto entre la coordinadora del grupo que elaboró el proyecto de ley electoral y el presidente de la Comisión de Constitución. Aparentemente esta última decidió avanzar por medio de leyes parciales en lugar de revisar capítulo por capítulo el proyecto elaborado por el grupo de reforma electoral, desechando en ese sentido el proyecto en su integralidad.  

Fuente: cronicaviva.com

En realidad, no sabemos bien qué intenciones hay detrás de todo esto. El proyecto de ley contiene avances importantes pero también defectos y vacíos que debían ser revisados en la Comisión de Constitución. Parte de estos defectos y vacíos, sin embargo, devienen del hecho de que la propia Comisión de Constitución no hizo lo que debió hacer desde el principio: una discusión acerca de qué objetivos perseguimos con la reforma electoral y política y cuáles son las reformas que habría que hacer en el marco legal y constitucional para alcanzar esos objetivos. En esas condiciones el proyecto actual debió simplemente legislar lo indispensable para regular las elecciones sub nacionales del 2018, y no pretenderlo todo.

El hecho es que, como consecuencia, el proyecto no propone la eliminación del voto preferencial, ni la reducción del tamaño de los distritos electorales y menos aun la bicameralidad, por ejemplo. Y si uno de los objetivos de la reforma es reconstruir un sistema de partidos institucionalizados y abiertos a fin de reducir la fragmentación política y la pérdida de la autoridad central del Estado unitario, un tema que entra en discusión, por ejemplo, es si debemos permitir la existencia o bajo qué condiciones de los movimientos regionales. Como es obvio, si los alcaldes y gobernadores tuvieran que pertenecer a un partido o a un movimiento regional asociado a un partido, la instancia nacional del partido, o el congresista respectivo, o el gobernante, podrían llamar a orden a un alcalde o gobernador del propio partido que estuviera desarrollando acciones disruptivas o deficientes. En la actualidad, la mayor parte de alcaldes y gobernadores no le rinde cuenta a nadie y tampoco tienen balance de poderes en sus gobiernos.    

En realidad, es hora de tomar nota de la extrema fragmentación política y administrativa del Estado peruano, que atenta contra su carácter unitario y contra toda eficiencia en la gestión de los recursos y fomenta el asalto de los recursos públicos. Un reciente estudio sobre “la calidad de la inversión pública sin planificación territorial” de Alvaro Espinoza y Ricardo Fort, de Grade, identifica que en los barrios vulnerables de distritos periféricos de Lima como San Juan de Lurigancho, Villa El salvador y Villa María del Triunfo, no solo hay menos inversión pública proporcionalmente que en el resto de distritos sino que ésta es extremadamente atomizada y carente de integralidad, de modo que no resuelve los problemas que ataca. Las obras son pequeñas e incompletas: muros de contención y pistas que se quedan a la mitad, por ejemplo, o pistas sin veredas, o pistas pavimentadas sin que la troncal lo haya sido, etc. No hay planificación alguna.

Y la razón estriba en la manera como se deciden las obras. La gran mayoría son construidas por la municipalidad, pero la demanda viene de abajo, lo que no está mal, pero el problema no viene de los barrios que forman el distrito, sino de los llamados “asentamientos humanos” que forman los barrios. Dichos asentamientos humanos tienen apenas entre 50 y 150 familias, y cada uno tiene su propia dirigencia, sus propios problemas y prioridades. Si la dirigencia es activa y persistente, consigue finalmente que la municipalidad priorice su proyecto, que nunca supera los linderos del asentamiento. Por eso las pistas o los muros de contención terminan donde termina el asentamiento, y si el asentamiento vecino no ha programado la continuidad de la misma obra, esta se interrumpe. Pero como no hay planificación alguna, muchas veces se hacen pistas en áreas periféricas sin que esté construida la pista articuladora del barrio o distrito.     

Resolver este problema forma parte de la reforma del SNIP. Se supone que Invierte.pe es una mejor solución, pero no se avanzará si no se prohíbe obras menores a cierto tamaño o no se establece un sistema de planificación que asegura integralidad y enfoque territorial en la obra pública.  Quizá haya que poner el CEPLAN dentro del Ministerio de Economía para que esto funcione.  

Lo que nos lleva a la conclusión de que ni siquiera la reforma política como tal es suficiente para resolver el problema de la micro feudalización extrema  del Estado peruano. De allí la importancia de plantear los grandes objetivos para derivar de ellos el conjunto de reformas necesarias para alcanzarlos, en todos los órdenes pertinentes. Lampadia

En anteriores ocasiones hemos presentado información sobre la evolución del crecimiento y reducción de la pobreza en la región Apurímac, que en los últimos años se ha dinamizado notoriamente, como producto del gran proyecto minero de cobre de Las Bambas.

Además, hemos podido comparar cómo Apurímac aprovechó la inversión minera para dar un salto adelante en las condiciones de vida de la región, mientras Cajamarca hizo lo contrario,dió un salto atrás, un descalabro que le quitó a sus ciudadanos la posibilidad de ser la región más rica del Perú. Por arte y magia, aunque más por una suerte de brujería, Cajamarca, al ritmo de los anti-mineros Arana, Santos, et al, tiró por la borda cinco proyectos mineros que le hubieran cambiado la vida.

Ver en Lampadia:

• Apurímac: Un nuevo testimonio del aporte de la minería

• El Perú se la juega en Cajamarca

• Necesitamos más minería para una mayor competitividad 

• En busca del tiempo perdido – ¡Ahora!

En esta ocasión presentamos un importante análisis de Ciudadanos al Día (CAD), sobre: Recursos del Canon, capacidades locales y promoción del desarrollo – Caso Apurímac. (Ver la publicación en Recursos del Canon, capacidades locales y promoción del desarrollo: Caso Apurimac).

El trabajo de CAD, muestra que, tanto a nivel del gobierno Regional, como de los gobiernos locales, la ejecución o uso de los recursos del Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, para el período 2013-2016, ha sido muy baja, desperdiciando recursos valiosísimos para el desarrollo de la región.

“Algunos departamentos como el Cusco y Callao fueron los más destacados por la alta ejecución de su presupuesto, 88.5% y 86.9% respectivamente. Sin embargo, se observa que existen departamentos cuyo nivel de ejecución se encuentra muy por debajo del promedio nacional (68%): tal es el caso de Ancash (52.6%), Apurímac (47.9%) y Madre de Dios (45.4%) quienes presentaron los menores niveles ejecución presupuestal en dicho periodo”.

A pesar de ello, por la fuerza de la inversión privada en Las Bambas, que incluyó inversiones sociales del orden de US$ 300 millones, Apurímac dio su salto adelante. ¿Qué hubiera logrado Apurímac si sus autoridades hubieran tenido una efectividad parecida a la del sector privado, que terminó su inversión a tiempo y que logró alcanzar su capacidad de producción con gran rapidez?

Afortunadamente, en Apurímac, además de la ineficiencia de sus autoridades, no se habría presentado escándalos de corrupción, como se ha visto en otras regiones. Bien por ello. Pero no podemos dejar de insistir que la organización política del Perú, con su apurada descentralización, ‘coja y manca’ pero con delegación de ‘poderes absolutos’, debe ser corregida.

Esto es producto, fundamentalmente del gobierno de Toledo que empujó la descentralización a una piscina vacía, y de García II, que en vez de poner una escalera para salvar la situación, tiró arena y creó un pantano que tiene atrapados a muchos gobiernos regionales entre la ineficiencia y la corrupción. En Lampadia hemos analizado los defecto del arreglo institucional de las regiones, pero el país, parece no tener cabeza para entender la importancia y urgencia de hacer algunas reformas. Ver: ¿No quieren evitar la corrupción? y Patente de corso para la corrupción.

Lo más escandaloso de la ineficiencia (falta de ejecución presupuestal y usos inadecuados) y la corrupción en el manejo de los presupuestos públicos en los departamentos, es que se trata de regiones pobres, que nunca tuvieron los volúmenes de recursos que generó el Perú para sus pueblos desde el regreso de la inversión privada con la Constitución de 1993. No se debió desperdiciar ni un sol. Lo hecho es una suerte de crimen social que algún día tendrá que ser debidamente señalado.

Veamos algunos de los cuadros y tablas del trabajo de CAD:

Es increíble que el Perú no haya sabido aprovechar sus recursos y que ahora, encima de todo, sin que importe debilitar el reto de seguir creciendo y reduciendo la pobreza, se haya parado las inversiones mineras, la mayor fuente de recursos para los peruanos más pobres de las regiones. Peor aún, es escandaloso que nuestra clase dirigente, especialmente la política, no tenga claras estas cosas y no se aboque a su corrección. Lampadia  

El Gobernador de Ica, Fernando Cillóniz, denuncia dos aristas que inciden en la corrupción en la Región Ica. Por un lado múltiples formas de corrupción alojadas en todos los rincones, y por otro, la cobarde permisividad y convivencia con este flagelo. Cillóniz también destaca la presencia de funcionarios probos que el Estado debería saber alentar y proteger.

¿Cómo será en otras regiones, de las cuales solo hemos escuchado, como dice Cillóniz, las de muchos ceros a la derecha? Lo que ahora está sobre la mesa es, de alguna manera, el que los servicios públicos se den imbuidos de corrupción, permeada en las estructuras moleculares del quehacer público, casi invisiblemente, sin llamar la atención.

Lo que describe Fernando Cillóniz nos llama a reflexionar sobre la necesidad de gestar una campaña de limpieza profunda y sin cortapisas leguleyas en todas las regiones del país.

Las siguientes elecciones de gobernadores y alcaldes, están muy cerca, ¿no tendríamos que ir buscando candidatos del perfil de un Cillóniz para multiplicar estas levantadas de alfombras? ¿Otras ideas?

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 26 de mayo de 2017
Para Correo de Ica y Lampadia

La gestión pública viene resultando – para mí – una experiencia muy intensa y aleccionadora. Yo sabía que había mucha corrupción en el Estado, pero no conocía su modo de operación al detalle. Y no me refiero a las coimas de altísimo nivel – tipo Toledo, Humala, y los varios etcéteras que están apareciendo día tras día – que ya sabemos… se expresan en dólares, y tienen seis o siete ceros a la derecha. Me refiero más bien a la corrupción que me toca confrontar… a la del Gobierno Regional de Ica.

Vamos de frente al grano. Cuando asumimos el cargo en el 2015, todas – repito – todas las gerencias y direcciones regionales estaban dominadas por gente medrosa que coimeaba – sin escrúpulos – en favor de sus propios intereses. Sin embargo – curiosamente – en todas las mismas dependencias había – también – gente honesta y trabajadora. Como que el mal convivía con el bien. Y todo suave… la vida seguía su curso como si nada.

Pues bien; la actual administración NO está de acuerdo con esa forma de gobernar. Así como repudiamos la corrupción, repudiamos también la permisividad. La vida NO puede seguir su curso normal, si la corrupción sigue enquistada en el Gobierno Regional. Por eso estamos confrontados con las mafias de Salud y Transportes, entre otras. La corrupción – lo hemos dicho mil veces – es un cáncer que afecta principalmente a la ciudadanía. Por ello seguiremos extirpando el cáncer de la corrupción… ¡caiga quien caiga y le duela a quien le duela!

Ahora bien, el problema se agrava porque detrás de estas mafias hay una mucha complicidad periodística. Periodistas como Pillaca, Casavilca, Centeno, Falcón, y otros que todo lo falsean para que las mafias aparezcan como santurronas, y nosotros como abusivos. Dignos seguidores del proverbio… “el enemigo de mi enemigo, es mi amigo”. Por ello su amistad con las mafias. Publican panfletos anónimos, redactados por cobardes que no se atreven a dar la cara, con el único fin de embarrar las honras de nuestros gerentes y directores.

A todo ello se suma la politiquería de ciertos Congresistas – Elías, Segura y Oliva, por ejemplo – y Consejeros Regionales – Grados y Barco, para ser preciso – quienes también – proverbialmente – son amigos de nuestros enemigos. Constantemente arremeten contra quienes estamos poniendo orden en la institución. A ese respecto, nuestro proceder es muy simple y predecible… sancionar – de acuerdo a ley – a quienes cometan faltas graves… abandono injustificado del trabajo, falsificación de documentos, cobros indebidos o – en cristiano – coimas, agresión a compañeros de trabajo, robos de equipos, etc.

Pues bien, resulta que esas faltas graves – que vienen desde toda la vida – jamás fueron sancionadas por las gestiones anteriores. ¿Corrupción desde el “número uno”? Probablemente. ¿Permisividad? No sé, pero si así fuera… mal, muy mal. Porque tan grave como la corrupción, es no hacer nada para combatirla.

Pero como “no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista” – ahora – el cáncer de la corrupción en el Gobierno Regional está menguando. Diversos procesos disciplinarios están en curso, todos en estricto cumplimiento de las normas laborales, las cuales – dicho sea de paso – son justas y respetuosas de los derechos de los trabajadores. En ese sentido, ya tenemos una treintena de malos funcionarios sancionados, 13 destituidos, y algunos – hasta – en la cárcel.

Por otro lado, a los permisivos les pido encarecidamente… váyanse a trabajar a otro sitio. El Gobierno Regional no es lugar para pusilánimes. Nuestra actitud frente a la corrupción es – y seguirá siendo – CONFRONTACIONAL. Así, con mayúsculas. Gobernar no es estar bien con Dios y con el diablo. Para nosotros, gobernar es accionar y sancionar cuando corresponda; y – por supuesto – reconocer y premiar a los buenos servidores públicos… que ciertamente los hay. Gracias a ellos – precisamente – estamos mejorando nuestros servicios a la ciudadanía. 

Pero que quede claro. Estamos preparados. Mientras haya corrupción… habrá confrontación. Lampadia 

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 12 de mayo de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

Recuerdo – como si fuera ayer – la emotiva ceremonia de graduación de mi hijo mayor, cuando terminó sus estudios de medicina en la Universidad Cayetano Heredia. Un logro tan importante como terminar una carrera profesional, es siempre motivo de alegría y satisfacción; tanto para el graduado, como para sus familiares.

Sin embargo, en el caso de los médicos – y yo no lo sabía hasta entonces – el Juramento Hipocrático que pronuncian los jóvenes graduados, le da a la ceremonia una sensación muy especial y única.

Para los que no conocen del tema, el Juramento Hipocrático es un pronunciamiento público – de carácter ético – que hacen los jóvenes que se gradúan en carreras de medicina humana. Y dice así: “En el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Conservaré a mis maestros el respeto y el reconocimiento a que son acreedores. Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida de mi enfermo será la primera de mis preocupaciones. Respetaré el secreto de quien haya confiado en mí. Mantendré en toda la medida de mis medios, el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, de partido o de clase. Tendré absoluto respeto por la vida humana, desde su concepción. Aún bajo amenazas no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Hago estas promesas solemnemente, libremente, por mi honor”.

Entonces, yo me pregunto, ¿dónde quedó el Juramento Hipocrático de los médicos que cobran indebidamente a pacientes pobres que acuden a nuestros hospitales? ¿Qué diría el viejo Hipócrates respecto a los médicos y enfermeras que trafican con las medicinas de nuestras farmacias? ¿Qué me dicen de los que marcan asistencia, luego abandonan el hospital… y encima cobran por “su día de trabajo”? ¿Qué juramento hicieron los médicos y enfermeras del Hospital Regional que – megáfono en mano, y dentro de las instalaciones hospitalarias – gritan tanto, que más parecen una jauría de perros rabiosos?

Está claro… el gremio médico tiene de cal y de arena. No podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos médicos muy corruptos e indolentes, y enfermeras de baja estofa – que llegan al extremo de autodenominarse “Coche Bomba” – que maltratan descaradamente a los pacientes y sus familiares. A ese respecto, invocamos a la ciudadanía a que nos ayuden a identificar a estas lacras de la salud pública, denunciando todo tipo de maltrato o extorsión.

Sin embargo, hay – felizmente, en Ica – muchos excelentes profesionales de la salud que hacen honor a sus juramentos hipocráticos, y que son el orgullo de nuestra región. A ellos se deben muchas curaciones extraordinarias que han salvado miles de vidas humanas. Con ellos – precisamente – estamos mejorando poco a poco la salud pública en Ica.

Aulas hospitalarias para niños internados, para que no pierdan clases; reducción de tiempos de espera, y disminución de colas para consultas externas; encuestas de valoración de las atenciones recibidas; y por supuesto, sanción – de acuerdo a ley – para quienes cometan faltas graves. He ahí algunos logros tangibles de nuestra gestión para mejorar la salud pública en nuestra región.

Que quede claro. Seguiremos luchando contra la corrupción y la indolencia. Sancionaremos todo acto de indisciplina laboral, por más respaldo cómplice – político o periodístico – que tengan estos malos servidores públicos. La ciudadanía – sobre todo, los pacientes y sus familiares – son la razón de ser de nuestro trabajo. Hemos tomado nota; el campo es santo… el hospital no tanto. Pero para eso estamos… para erradicar el vandalismo y el maltrato en nuestro sistema de salud. ¡No al clientelismo político! ¡No a la anarquía en salud! Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Ex presidente de la SNMP
Para Lampadia

Hoy en el Perú contamos con una potencia instalada de 14,800 MW, mientras la máxima demanda alcanza 6,500 MW.  El exceso de capacidad instalada tiene como origen la sobre oferta provocada durante el gobierno anterior, que no entendía las reglas del mercado (por pensar inocentemente) y promovió el desarrollo de proyectos de generación eléctrica con precios garantizados,  mientras al mismo tiempo, se produjo la paralización de los proyectos mineros que hoy estarían resolviendo los problemas de crecimiento económico del Perú. 

Para quien no esté familiarizado, las fuentes energéticas en el Perú de hoy son muy limpias; 46.5% hidroeléctrica, 45.4% gas natural, incluyendo “ciclo combinado”, 2.1% eólica y 0.5% fotovoltaica (solar), dejando solo para fines de reserva extrema, fuentes contaminantes (carbón, residual y diésel), por lo que pretender promover fuentes alternativas de generación eléctrica para sistemas interconectados, por razones ambientales, es una falacia.

Bajo las circunstancias mencionadas, queda claro que,  quienes creyendo en la economía de mercado asumieron los riesgos empresariales  y optaron por invertir en generación para el bien del Perú, sin pedir nada al Estado, hoy sufren la competencia desleal de aquellos que, promovidos por el gobierno de Humala, recibieron garantía de precios en el largo plazo, obviamente pagada por la ciudadanía.

No contentos con eso, hoy  promueven en el Congreso leyes de corte mercantilista que fomentan más subastas de energía alternativa, ciertamente con precio garantizado, otra vez de cargo del ciudadano.

Ya basta de negociados, pues al paso que vamos nos sobrará energía por lo menos por una década (hasta el año 2028 según el COES) y siempre que tengamos un crecimiento económico de 5% por año de manera sostenida.

Igualmente, es tiempo de olvidarse de propuestas de ley, tales como la presentada el 5 de mayo para declarar de “interés nacional y necesidad pública la construcción de la Central Hidroeléctrica Santa María”, so pretexto que le falta energía eléctrica a la población de Apurímac, como si con el  sistema interconectado de transmisión eléctrica nacional, fuera necesario que cada departamento cuente con una central de generación eléctrica propia para que “le cueste más barato al consumidor local”. No deja de sorprender el número de congresistas que se suman a este concepto y firman tal proyecto, sin informarse de cómo funciona el mercado eléctrico.

En el Perú debemos permitir que el sector empresarial invierta, asumiendo sus riesgos empresariales y de mercado, sin más intervención estatal que la de garantizar el marco regulatorio y la estabilidad política y social, bajo el imperio y respeto  absoluto de la ley.

De su lado, el sector político debe comprender que el mercantilismo no es más que una muy importante, pero soterrada forma de corrupción, de la que el Perú está harto y tenemos la obligación de desterrar.  Pues gracias a esta intervención inapropiada, los mercantilistas aseguraron sus utilidades y los que invirtieron sin hacer lobby, hoy enfrentan serios riesgos empresariales, vendiendo  energía por debajo de los niveles de precios que permitan recuperar la inversión y sin que esos menores precios puedan beneficiar a la ciudadanía que paga el precio garantizado. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 14 de abril de 2017
Para Lampadia

Los Gobiernos Regionales y Locales están “podridos”. Así piensa la gente – sobre todo – después de los recientes destapes del Gobernador Regional del Callao y del Alcalde de Chilca. “La regionalización es un fracaso” se ha constituido en la frase más trillada del momento. Yo – siendo Gobernador Regional de Ica – me aúno al sentir de la mayoría.

Sin embargo, esta irrefutable sentencia contra la regionalización, me parece parcializada y centralista. En efecto, las bajezas morales de nuestras autoridades no están localizadas únicamente en los ámbitos regionales y locales. Si no, habría que preguntarse ¿qué diferencia a Alejandro Toledo de Félix Moreno? Igualmente ¿qué diferencia a este par de sátrapas, del empresario Marcelo Odebrecht? ¿Acaso las almas de este trío patético no están a la par? Y ¿qué me dicen de la congresista Aramayo – tan linda ella – y su periodismo extorsionador? ¿Cuántos sicarios periodísticos – como ella – andan sueltos por aquí y por allá? Seamos sinceros… la podredumbre también está en los ámbitos presidenciales, empresariales, periodísticos, y varios etcéteras más.

Por eso resulta tan gratificante que – en materia de moral – el Gobierno Regional de Ica pueda mostrar algunas excepciones a la regla. A ese respecto, la Dirección que más ha luchado – y conseguido logros tangibles – para contrarrestar la corrupción en Ica, es la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Es verdad; aún estamos lejos de cantar victoria, pero ahí vamos avanzando… de golpe en golpe; con todas las de la ley. 

“Licencias de conducir en el día… sin coimas de por medio” parecía una misión imposible cuando asumimos funciones. Sin embargo, hoy por hoy, los usuarios de esta importante dependencia regional reconocen que la corrupción está herida de muerte, y que el servicio ha mejorado sustancialmente.

Lo de “licencias en el día” fue relativamente fácil de lograr. Un brevete – en buena cuenta – no es más que un papel impreso plastificado. Pero ¡ni por esas! El maltrato al ciudadano era el súmmum de la extorsión y la indolencia. En las gestiones anteriores las licencias demoraban una eternidad, y los ciudadanos eran vilmente chantajeados – con premeditación, alevosía y ventaja – para forzarlos a pagar las coimas.

Enlace del video: https://www.youtube.com/watch?v=kV13qdLhZWE

El tarifario de la corrupción era variable: S/. 300, S/. 600, S/. 2,000. Dependía de la categoría de la licencia de conducir. Eso sí; no había que dar ningún examen. La tarifa incluía los exámenes médicos, de conocimientos, y – obviamente – el de manejo. Usted pagaba y listo… el brevete era suyo. Calcule usted… 100 licencias por día. La mafia de Transportes se birlaba ¡S/. 30,000 diarios o más! Sin contar las estafas, que no eran poca cosa. Y como entre mafiosos existe también un código de conducta, esa millonada se repartía entre el tramitador coimero, los funcionarios firmantes, los que observaban y callaban… hasta el “Número Uno”.

Ahora bien, aunque la mafia en Transportes está agonizante, todavía le queda aliento para dar manotazos de ahogado. Habiendo perdido la teta que les daba de mamar a borbotones, funcionarios coimeros y sus compinches – políticos, periodistas, tinterillos, asesores; incluidos congresistas y consejeros… dizque “fiscalizadores” – con total desparpajo y maledicencia están “empapelando” a nuestra Directora Regional de Transportes – la Dra. Rossana Vera Pariona… y “a quienes resulten responsables” – para pretender intimidarlos con todo tipo de denuncias, entre las que destacan – irónicamente – las de “Abuso de Autoridad”. 

Es decir, el mundo al revés. ¿Abuso de Autoridad” – precisamente – quien controla y sanciona – de acuerdo a ley – a funcionarios corruptos? Eso sí que es hipocresía, traición, y falsedad. Así es – ni más ni menos – la mafia que nos ha tocado enfrentar… ¡cínica a más no poder!

Estas líneas son de gratitud sincera, admiración infinita, y respaldo total a nuestra Directora Regional de Transportes y Comunicaciones y a quienes están logrando – junto a ella – lo que en su momento parecía una misión imposible: “licencias de conducir en el día… sin coimas de por medio”. ¡Sigan así – por la línea recta – que Dios se los pagará con creces! Lampadia

Como sabemos, en el Perú, la distancia de la letra y la realidad es sideral. Nos sobran leyes que no se cumplen. Muchos delitos contra la propiedad pública y privada, e incluso contra la vida, quedan impunes en la maraña de un sistema judicial que al final termina consagrando la ilegalidad.

El Ministro del Interior está produciendo normas muy ambiciosas para enfrentar la delincuencia. Como indicamos con ocasión del primer paquete de medidas  (ver La gran apuesta del gobierno contra la corrupción policial), sus logros tienen ciertos requisitos. En este caso, como en el anterior, se necesita lograr un sustancial apoyo por parte de la clase política y de los altos mandos de la Policía Nacional.  

Esperamos que en medio de los barullos políticos que estos días toman toda la atención de la sociedad, se puedan focalizar estos esfuerzos con la prioridad que merecen. Lampadia 

Fuente:  laotravozdigital.com

Victimización por delincuencia, homicidios y extorsiones

Por primera vez tenemos metas concretas en reducción de delincuencia: ¿son alcanzables?

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Debe resaltarse un hecho sin precedentes: el ministerio del Interior ha anunciado unas metas de reducción de la delincuencia a fines del 2018, y el ministro ha asegurado que si no se cumplen, él renuncia. La más importante de ellas es la reducción de la victimización por delincuencia de 31.1% a 24% (ver gráfico):

Como sabemos, en el Perú el principal problema es la victimización por delincuencia, es decir, el delito común, la inseguridad ciudadana en las calles y las casas, que es la más alta en las Américas según el Barómetro de las Américas. La tasa de homicidios, sin embargo, es relativamente baja (7.2 por 100 mil versus un 21.2 en América Latina según la OEA), pero hay cinco ciudades en el Perú que sobrepasan ese promedio latinoamericano y hay 14 que tienen una tasa superior a 10 por 100 mil (ver siguiente gráfico). Por eso el ministerio se ha propuesto como meta a fines del 2018 reducir a la mitad el número de ciudades con tasas de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Lo que tenemos en esas ciudades, de la costa norte y central principalmente, es el avance preocupante del crimen organizado, el sicariato, la extorsión, etc. Son mafias dedicas a la usurpación de inmuebles y terrenos, a la extorsión de obras y negocios, al control de grandes empresas azucareras con fines delincuenciales, etc., y que suelen operar en conexión con policías, fiscales y jueces. Por eso, allí el tema es cualitativamente muy grave. El ministerio se ha propuesto reducir de 6 a 0 el número de capitales de región con una tasa de extorsión de empresas superior al 25%, que sigue siendo inaceptablemente alto. (ver siguiente gráfico) Hay varias ciudades en el Perú donde más del 50% de las empresas están siendo extorsionadas. Es insoportable.

Ahora bien, ¿podrá el gobierno alcanzar estas metas a fines del 2018? Comencemos con la relativa a bajar la tasa de victimización a un 24%. Sería  una reducción de 7 puntos en dos años, aunque sólo nos serviría para pasar del puesto 1 en victimización al puesto 5 de un total de 25 países encuestados. De todos modos, es un primer paso importante.

Para eso se necesita más policías en las calles, mas patrullaje, mejor integración con los serenazgos, mejor coordinación entre comisarías repotenciadas, la municipalidad y la comunidad,  incluso para desarrollar la “inteligencia comunitaria”[1]. Y acciones preventivas.

El Ministerio, en efecto, ha comenzado por dar el decreto legislativo 1253, que les permitirá a las municipalidades recaudar los arbitrios para financiar el serenazgo por medio de los recibos de luz, con un monto mensual máximo de 3.50 soles por vivienda. Esta medida entraña un facilismo, pues exonera a las municipalidades de la tarea de recaudar ellas mismas, que es uno de los déficit estructurales en el país, pero asegura los recursos necesarios para que las municipalidades urbanas pobres puedan comprar y gestionar vehículos de serenazgo, cerrando en alguna medida la brecha de recursos para combatir la inseguridad con las municipalidades de distritos más acomodados.

Al mismo tiempo, el Ministerio ha dispuesto implementar el “Patrullaje Integrado” en el 90% de los vehículos de los municipios. Y, sobre todo, ha reforzado de manera consistente la relación entre la Policía, las municipalidades y la comunidad, para cuyo efecto ha dado el decreto legislativo 1316, que modifica la ley nº 27933, ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

La disposición principal de este decreto legislativo (art. 13) es la que establece una sanción de suspensión de sus funciones por el plazo de treinta días calendario al gobernador regional, alcalde provincial o alcalde distrital que no instale el comité de seguridad ciudadana en el plazo legal, o que no lo convoque para sesionar, o que no disponga la formulación del plan de seguridad ciudadana. (Ver en Lampadia: Los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana).

Como se sabe, estos Comités Regionales, Provinciales o Distritales de seguridad ciudadana formulan y evalúan los planes y directivas de seguridad ciudadana ejecutados en sus jurisdicciones. La norma establece que los Comités Regionales se reúnen trimestralmente de forma ordinaria y los Comités Provinciales y Distritales se reúnen una vez al mes. Sus presidentes son el gobernador regional o el alcalde respectivos, y son responsables de implementar los respectivos planes de seguridad ciudadana.

Además, el Decreto precisa que así como la Policía Nacional brinda el apoyo requerido por la municipalidad, el efectivo policial a cargo puede solicitar apoyo o participación del personal de serenazgo, bajo su dirección. La Policía, a su vez, organiza  el patrullaje integrado.

La Comisaría también está obligada a integrar la información con las municipalidades sobre los lugares de su jurisdicción donde se concentran focos de comisión de delitos, actualizando el mapa del delito, y proponiendo las acciones que correspondan en materia de prevención social. Y, a solicitud de las municipalidades, debe programar capacitaciones al personal de serenazgo incluso “en el uso de armas no letales, menos letales o potencialmente letales o de otros implementos”.

Es decir, el decreto mejora claramente la ley de Seguridad Ciudadana precisando los roles y las obligaciones respectivas entre Policía y Municipalidades. Y sanciona el no funcionamiento de los Comités de Seguridad Ciudadana. La coordinación entre Policía y Municipalidad para prevenir el delito y organizar el patrullaje integrado resulta ahora obligatoria.

Ahora bien, fuera de esto, el Ministro ha anunciado varias políticas complementarias: los Comisarios serán elegidos mediante concurso y serán capacitados, se fortalece las Oficinas de Participación Ciudadana en comisarías, que son las encargadas de relacionarse con las juntas vecinales, rondas campesinas y otras organizaciones locales para organizar rondas, actividades preventivas y facilitar la “inteligencia comunitaria”. Las Comisarías tendrán una estrategia de “servicio al cliente”. Además, se ha lanzado, el programa Barrio Seguro o “Pa’barrio, yo”, que consiste en una intervención integral en barrios críticos, con participación de varios sectores (Educación, Salud, Ambiente, Cultura, etc.).  Este programa se aplicará en los  100 barrios más peligrosos del país, ya hay 5 pilotos lanzados: La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora en Trujillo, Chocoy en Barranca y San Agustín en Chincha. Recientemente se han incorporado tres más en Ica. Y está en proceso un crédito y asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo para este fin.

Dentro de la meta general de reducir a 24% la victimización, se ha fijado la de bajar de 14.8% a 10.5% la victimización por robo (ver siguiente gráfico). A este fin ayudará considerablemente el Decreto Legislativo 1338 que crea el Registro Nacional De Equipos Terminales Móviles y en buena cuenta haría que un celular robado ya no se pueda usar. En la medida en que el robo de celulares es el de mas alta prevalencia, su disminución influirá en la caída de dicha tasa.

Y habrá también un  sistema de comandos de control, comunicación y cómputo para lo cual se está negociando un crédito con el BID también.

Ahora bien, para alcanzar las metas de reducción de la tasa de homicidios y de los porcentajes de extorsión en las ciudades, el Ministerio ha puesto en práctica varias estrategias. Una es el Programa Nacional de Recompensas, con la idea de llegar a no menos de 6,000 requisitoriados con recompensas, con 1,500 de ellos detenidos. La segunda es la ejecución de no menos de 150 mega operativos contra la organizaciones criminales en toda la costa, y la ejecución de no menos de 300 operaciones cerrojo contra portadores de armas ilegales, que tienen ahora pena de cárcel.  Además, por supuesto, el Ministerio se propone el fortalecimiento de la investigación criminal como tal, reclutando y especializando investigadores, intensificando el uso de tecnología, modernización los laboratorios de criminalística y formando equipos especiales para el seguimiento y solución de casos complejos.

Lo que hace pensar que este conjunto de metas podría alcanzarse, es no solo la consistencia de las políticas propuestas, sino el conjunto de reformas que se está introduciendo para la lucha contra la corrupción interna (ver en Lampadia: La gran apuesta del gobierno contra la corrupción policial) y para mejorar y modernizar la gestión de los recursos materiales y humanos, lo que le daría soporte a las políticas de línea. Al respecto se está planteando tercerizar los servicios de mantenimiento de locales y vehículos, geo-referenciar los vehículos para asegurar que se esté patrullando según los recorridos establecidos y que no haya robo de gasolina, y modernizar los sistemas de compras y adquisiciones.

Estaremos atentos a la evolución de los indicadores para ver el avance hacia la consecución de las metas. Es que por primera vez tenemos efectivamente unas metas concretas que podemos monitorear y exigir. Eso solo ya es un gran avance. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

(Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia)

Cuentan que hace muchos años, en un país muy grande, donde todo salía bien, atravesaron ciertos problemas que su clase dirigente no supo aquilatar oportunamente.

El vacío permitió que en ‘Y-Land’ se encaramara al poder un líder de la anti política, que eventualmente la humanidad designó como ‘caballo loco’ (wild horse), que hizo una campaña electoral pasando de declaraciones escandalosas a otras más escandalosas. Lo más increíble es que muchos asumieron que sus palabras eran solo retórica electoral, pero cuando ‘caballo loco’ tomó el poder, se mostró como presidente, aún peor que como candidato.

Sus primeras medidas fueron contra los ciudadanos más sufridos de países pequeños, muy acongojados por violencia política, que buscan refugio en el resto del mundo.

La reacción inmediata fue de estupor, pero no por parte de otros líderes, sino, por parte de la gente común, tanto en Y-Land como en el resto del mundo.

Los jueces trataron de impedir las inhumanas medidas de ‘caballo loco’, las industrias del conocimiento, industrias sin fronteras, alzaron su voz, pero quienes de verdad movieron los acontecimientos fueron los ciudadanos de a pie en todas partes del mundo.

Primero se empezó a exigir a muchos gobiernos, medidas compensatorias contra ciudadanos de Y-Land en el resto del mundo. Eventualmente, sus gobiernos se vieron obligados a hacer algunos gestos en esa dirección, pero poco a poco el griterío de las minorías fue contagiando al conjunto de las sociedades que exigían el castigo a Y-Land para forzar la salida de ‘caballo loco’ del gobierno.

La cosa fue yendo a mayores y dentro del propio Y-Land la situación se hizo insostenible. Las clases populares de todo el mundo y de Y-Land empezaron a corear: ‘You are fired’ – ‘You are fired’ – ‘You are fired’.

Fuente:  The Daily Vox

Poco a poco, las cosas se fueron precipitando hasta que el grito popular de ‘You are fired’ se convirtió en el primer reclamo popular global de los nuevos tiempos y, a ‘caballo loco’ solo le quedó renunciar a la presidencia de Y-Land.

Moraleja

La vida de las sociedades y los países no puede ser dejada a la buena suerte de los acontecimientos. Las clases dirigentes y los ciudadanos con pensamiento crítico, deben vigilar y participar constantemente, en los espacios cívicos de sus sociedades.

En el mundo de hoy nada es seguro y permanente, empezando por el poder. La fuerza está en las redes sociales y las movilizaciones ciudadanas. Los vacíos de liderazgo seguirán llenándose hasta que las clases dirigentes nos den una nueva visión de futuro. Lampadia

Recientemente publicamos en Lampadia una entrevista a Simon Sinek, escritor y motivador inglés, en la que analizó a la generación de los ‘Millennials’. Ahora, queremos compartir con nuestros lectores una de las charla TED más visualizadas, sobre liderazgo titulada ‘How great leaders inspire action’ (Como inspiran la acción los grandes líderes).

Según los asertos más comunes, la generación de Millennials tecnológicos está desilusionada con casi todos los líderes actuales, convirtiéndose en una generación huérfana (La caída de nuestros líderes es una tragedia). De alguna manera la humanidad, especialmente en occidente, desde sus juventudes, estaría perdiendo la esperanza y el respeto por los “viejos de la tribu”, por el establishment, que sienten que les ha fallado e interrumpido sus expectativas de un mundo mejor. ¿Cabe sin embargo preguntarse si, por ejemplo en Wall Street, los Millennials son una fuerza determinante de la gestión?

Por esta razón consideramos importante analizar y compartir la idea del “círculo dorado” de Sinek, un patrón biológico que, según él, explica por qué nos inspiran algunos pensadores, organizaciones y, ante todo, líderes. Y por qué otros no.

¿Por qué algunos oradores inspiran y motivan? Según Simon Sinek, la respuesta es el ´Círculo de Oro’ (The Golden Circle). Este es un concepto muy sencillo que encierra una gran verdad. Se basa en tres círculos concéntricos donde cada uno describe un pilar: ¿Por qué? ¿Cómo? y ¿Qué? Sinek lo explica así: “Cada persona, cada organización del planeta sabe lo que hace en un 100%. Algunas saben cómo lo hacen: llámese propuesta de valor agregado, proceso patrimonial, o PUV (Propuesta Única de Venta). Pero muy, muy poca gente u organizaciones saben por qué hacen lo que hacen. Y cuando digo “por qué” no me refiero a “ganar dinero”. Eso es un resultado. Siempre lo es. Con “por qué” quiero decir: ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la creencia? ¿Por qué existe la compañía? ¿Cuál es la razón para levantarse cada mañana? ¿Y por qué debería importarle a alguien?”

Fuente: VisualTED

La clave del liderazgo se encuentra en cómo se produce la comunicación: desde afuera hacia adentro, o desde dentro hacia afuera. Los líderes inspirados y las organizaciones inspiradas sin importar su tamaño, sin importar su rubro, todos piensan, actúan y se comunican desde adentro hacia afuera. Y es que, según Sinek, “cuando nos comunicamos de adentro hacia afuera, estamos hablando directamente con la parte del cerebro que controla el comportamiento y entonces le permitimos a la gente racionalizarlo con las cosas tangibles que decimos y hacemos.”

Y, lamentablemente, en la coyuntura actual no tenemos muchos líderes que hablen de adentro hacia afuera, que estén comprometidos al 100%. Es como comprar un producto de una marca u otra. Como dicen Sinek, “Las personas no compramos lo que hace una marca, sino compramos el por qué hacen lo que hacen”. Esta es la gran diferencia. Por esa razón, cuando se contrata a alguien en una empresa o se elige a un líder, se debe hacer porque esa persona cree en lo que hace y no porque necesita un trabajo. La diferencia es que las primeras trabajarán convencidos, porque lo creen; y las segundas sólo lo harán por el dinero.

Actualmente, hay personajes políticos que dejan mucho que desear. Como hemos manifestado hace poco más de un año en Lampadia, Donald Trump debería ser declarado como ‘persona no grata a la humanidad’. Sus posiciones extremistas contra los más débiles en su propia sociedad y su desdén por muchos otros pueblos del mundo, lo deberían haber descalificado para encarnar la postulación republicana. Lamentablemente, muchos no lo tomaron en serio al principio y, cuando pretendieron impedir su nombramiento fue muy tarde. Ver en Lampadia: En un momento difícil el mundo opta por los peores líderes.

Y es que hoy existe un gran vacío de liderazgo político a nivel mundial. Según Fortune, “el sistema político en EEUU está roto y vemos pocas razones para pensar que los contendientes actuales puedan solucionarlo.” Este es un indicio más de que hay un problema importante: un extraordinario nivel de disfunción política en el mundo y una aparente incapacidad de cualquiera de nuestros líderes actuales para salir adelante.

Los líderes que actualmente hacen nuestras leyes, escriben nuestros presupuestos y establecen nuestras agendas no son vistos como eficaces. Las personas que nos conducen a través de desastres naturales o crisis locales no están destacando por su liderazgo. Pero actualmente hay una falta grave y alarmante de liderazgo en los cargos de elección popular. Es por este motivo que compartimos las enseñanzas de Sinek, con el genuino interés que los futuros líderes aprendan a comunicarse de adentro hacia afuera, inspirando y motivando a las generaciones futuras. Lampadia

Según el análisis de Jaime de Althaus, que presentamos líneas abajo, sobre los decretos legislativos dirigidos a facilitar la lucha contra la corrupción policial, se puede decir que el gobierno ‘ha puesto toda la carne en el asador’. Sin embargo, como sabemos en el Perú, del ‘dicho al hecho hay mucho trecho’.

Por lo tanto, toda la atención de la ciudadanía tiene que estar puesta en la implantación de las normas. Para que ellas sean efectivas, hay que insistir en las recomendaciones de Althaus:

• Una sólida campaña de comunicación para que el ciudadano esté claramente advertido sobre las penalidades
• Un acuerdo político con las fuerzas más importantes, para convertir estas normas en políticas de Estado 
• Compromiso público de la Fiscalía y el Poder Judicial con las nuevas normas, de modo que la opinión pública pueda vigilar su ejecución
• Simplificación de normas y procesos que propician la coima

Esperemos que el propulsor de estas normas, Carlos Basombrío, Ministro del Interior, no solo haya recogido las mejores prácticas de otros procesos anti corrupción policial, sino que haya preparado a las instituciones que dirige, el ministerio y la Policía Nacional, para empezar la ejecución de la mejor manera.

Nos preocupa, que en cuanto a la difusión de las normas, el ministro se haya limitado a declarar que el ciudadano está obligado a conocer las leyes. ¿Broma? O error que hace temer un enfoque teórico, poco realista, que generará mil complicaciones que pueden debilitar el resultado. Ojo, que la responsabilidad del ministro no termina con la dación de las normas. Lampadia

Fuente:  rpp.pe 

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El gobierno ha decidido apostar fuerte en la lucha contra la corrupción en la Policía. Los decretos legislativos aprobados dibujan un conjunto de medidas, algunas de ellas drásticas, que requerirán del apoyo político, judicial y ciudadano para consolidarse y producir el cambio rápido y profundo que buscan. Porque sin duda afectan de raíz el modus operandi mismo de muchos policías.

Comencemos por la medida que ha empezado a ser puesta en práctica estos días: pena privativa de la libertad de entre 6 y 10 años para el policía “que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial o a consecuencia de haber faltado a ellas”; y de entre 5 y 10 años para el “que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para sí o para otro, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial…”. Además, “El miembro de la Policía Nacional que condiciona su conducta funcional a la entrega o promesa de donativo o cualquier otra ventaja o beneficio, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años e inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 8 artículo 36 del Código Penal” (Decreto Legislativo 1351).

No solo eso. El que ofrece o da la coima también será reprimido con pena privativa de la libertad de entre 4 y 8 años de cárcel. Para ello, se ha anunciado que los policías llevarán “camaritas” en sus uniformes, a fin de registrar los ofrecimientos de sobornos.

Son medidas sumamente drásticas que sin duda pueden llevar a minimizar la coima no solo en las infracciones de tránsito sino en otras actuaciones policiales. Pero deberían ser antecedidas de una campaña de medios que informe claramente acerca de las nuevas reglas de juego, pbustamante@lampadia.com para evitar que muchos terminen en la cárcel simplemente por desconocimiento de la nueva ley.

Y, además, deberían venir acompañadas de una reducción de las multas y sanciones asociadas a diversas infracciones, que son tan absurdamente altas para amplios sectores de un país como el nuestro, y que parecen diseñadas justamente para provocar la coima. Y eliminar ciertos trámites o requisitos. Así como ahora no es necesario revalidar cada dos años la licencia para lunas polarizadas y ésta es para el vehículo y no para el conductor, suprimiendo así un foco de corrupción, hace falta eliminar también las revalidaciones de brevetes, que es otro tinglado montado para imponer cobros y armar corruptelas.  Asimismo sería necesario suprimir el requisito de las revisiones técnicas, que son otro núcleo de corrupción incluso para pasarlas, y no previenen nada. Y sería necesario graduar las sanciones sobre consumo de alcohol, que son sumamente drásticas tanto para el que realmente conduce en estado de ebriedad como para el que apenas ha tomado dos o tres cervezas pequeñas.

De otro lado, se necesitaría desarrollar paralelamente una política efectiva de personal que brinde mejores servicios de salud, educación y vivienda a los agentes policiales, como una manera efectiva de complementar sus ingresos. De hecho, el ministro ha anunciado que estos días se inicia la construcción de un hospital de 300 millones de soles, muy moderno y con equipamiento. Habría que conocer si su administración se concesionará, para asegurar un buen servicio.

Quizá en parte para contribuir al equilibrio financiero de los policías, aunque sobre todo debido a demandas reales de seguridad, el gobierno ha dado el decreto legislativo 1267 que establece que “La Policía Nacional del Perú, a través del personal policial que se encuentre de vacaciones, permiso o franco y de manera voluntaria, podrá prestar servicios policiales extraordinarios en entidades del Sector Público y/o del Sector Privado, en situaciones que puedan comprometer y/o afectar el orden público y la seguridad ciudadana”. Esto siempre mediante convenio con la entidad solicitante, sea una municipalidad, la asociación de bancos, una empresa minera o un concierto, por ejemplo. Y como resultado de ese servicio extraordinario, el policía recibirá una remuneración adicional, pero pagada por la institución policial. De ninguna manera los policías podrán brindar servicios a particulares de manera individual, lo que también es una manera de prevenir que policías trabajen para mafias de distinto tipo.

Ahora bien, las medidas dadas para erradicar la corrupción de la Policía van más allá. El decreto legislativo 1291 establece una serie de instrumentos. Uno de ellos es la “prueba de integridad”: consiste “en plantear situaciones similares a las que un efectivo policial o servidor civil podrá enfrentar como parte de las actividades propias de su función”, para “determinar si el personal policial en actividad o servidor civil del Sector Interior tiene una conducta íntegra, proba, honrada, incorruptible e insobornable en sus acciones cotidianas, de manera libre y espontánea”. La prueba la realiza un “comisionado de integridad”, que es una suerte de agente encubierto. Así se podrá detectar si un policía acepta una coima que se le ofrece, por ejemplo, aunque en estos casos el comisionado tendrá que actuar junto con un fiscal según explica Leonardo Caparrós, asesor del gabinete ministerial. Lo normal será que se haga para evaluar la medida en que el policía atiende bien a un ciudadano que acude por alguna razón.

Pero eso no es todo. También se aplicará al personal la “prueba de control y confianza”, mediante la utilización del polígrafo u otros medios tecnológicos. Tiene por finalidad “evaluar el comportamiento laboral del personal del Sector Interior, el cual debe ser profesional, ético y moral…”. En este caso, sin embargo, “el sometimiento a la Prueba de Control y Confianza es voluntario y deberá contar con la autorización expresa del personal seleccionado para pasar la misma”. Según Caparrós, en el área de Inspectoría, por ejemplo, la aplicación del polígrafo es parte del procedimiento para postular, aunque no se puede obligar a nadie a pasar la prueba. Rehusarse a pasarla, sin embargo, sería visto como un indicativo no favorable. 

Otra medida preventiva establecida en el decreto legislativo 1291 es la obligación de todos, oficiales y suboficiales, de presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, y se le encarga a la Oficina General de Integridad Institucional verificar la información contenida en dichas declaraciones.

Pero aún hay más: el decreto legislativo 1242 establece que “La Inspectoría General, la Dirección Ejecutiva de Personal y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, coordinadamente revisan y evalúan en forma anual las referencias disciplinarias del personal, con el fin de determinar su idoneidad para desempeñarse en los diferentes cargos, informado de manera sustentada al alto mando sobre su resultado y efectuando propuestas que permitan una adecuada asignación del personal. Una copia de este informe deberá ser remitida a la Inspectoría General del Ministerio del Interior, que ahora es la Oficina General de Integridad Institucional.

Es probable que es ese informe, que de alguna manera condensa el resultado de la aplicación de todos los instrumentos anteriores, más el de las evaluaciones de desempeño –cuyo reglamento, sin embargo, no ha sido aprobado aún-, arroje regularmente un listado de personas no idóneas para desempeñar la función policial –sea por razones éticas o profesionales- que deberán ser retiradas de la Institución. Para ese fin el decreto legislativo 1242 regula la llamada “renovación de cuadros de manera excepcional”, que se podrá producir no solo cuando se designa a un nuevo Director General, sino en cualquier momento y una vez al año, precisándose que dicha renovación de cuadros no constituye sanción administrativa.

Esta última precisión es importante porque implica que las resoluciones de pase al retiro por tal renovación  excepcional de cuadros, no tienen que ser fundamentadas en el sentido de acopiar pruebas de la comisión de delitos o faltas. De hecho, el personal que pase al retiro por este expediente, lo hará percibiendo la pensión y otros beneficios.

Es importante que haya acuerdo político en torno a estas medidas y que ese acuerdo incluya una convicción al respecto de parte del Poder Judicial. El Ministro Basombrío ha hablado de este tema con el Presidente del Poder Judicial, pero la prueba de fuego la tendremos dentro de poco, si es que algunos de los 790 oficiales que fueron pasados al retiro en noviembre por razones de reestructuración de la pirámide policial, acuden al Poder Judicial para conseguir su reposición. Hasta el momento de escribir esta nota, el Ministerio sólo había recibido una notificación de un oficial que había demandado en Arequipa, pero habría grupos que se estarían organizando para esos efectos. Según el Ministerio, tal reclamo judicial carece de fundamento legal, de modo que no debe prosperar, aunque nunca se sabe con los jueces “creativos”. Ya se ha presentado una acusación constitucional contra el Ministro en el Congreso. Esto no va a ser fácil.

Ahora bien, todo este conjunto de instrumentos depende, para su ejercicio eficiente, de que haya una inspectoría policial y un sistema disciplinario íntegros y que cumplan bien su función. Para conseguir ese resultado, se ha añadido una especialidad a las ya señaladas en la Ley de la Policía Nacional (Orden y Seguridad, Investigación Criminal e Inteligencia): la “Especialidad de Control Administrativo Disciplinario”, dentro de la carrera policial. Se establece que el personal policial que accede a esta especialidad permanecerá en ésta hasta el término de su carrera, recibirá una bonificación especial, gozará de vacantes exclusivas en los procesos de ascenso, capacitación permanente en el país y en extranjero y no podrá pasar al retiro por causal de renovación de cuadros. Es este personal el que integra la Inspectoría General de la PNP. La idea es que pase por el polígrafo a la hora de postular, tal como se ha dicho.

A su vez, la Inspectoría General del Ministerio del Interior –no de la PNP- ha sido reemplazada, de una parte, por la Oficina General de Integridad Institucional, que descansa en la Oficina de Asuntos Internos para las investigaciones sobre las infracciones graves o muy graves cometidas por el personal policial, sobre todo por los oficiales generales. Y, de otra, por el Tribunal Policial, que depende directamente del Ministro. La idea es que quien hace las investigaciones no debe ser quien juzgue y sancione. Antes ambas funciones dependían de la Inspectoría General.

Por su parte, la Oficina General de Integridad Institucional tiene no solo la función de investigar hechos cometidos, sino de prevenir, manejando los instrumentos de control y confianza como los polígrafos y los otros instrumentos que hemos reseñado líneas arriba. Con lo que el círculo se cierra.

Hubo, por último, un intento de reforma adicional que debía redundar no sólo en menores opciones de corrupción para los policías sino en una mejor gestión institucional: la disposición según la cual la Secretaría Ejecutiva de la PNP, encargada de los temas administrativos, estará a cargo de un general o de un profesional civil altamente calificado. La redacción original de decreto legislativo 1267 agregaba a continuación: “Los órganos de la Secretaría Ejecutiva están a cargo de personal civil altamente calificado y/o especializado en los sistemas administrativos”. La reacción de generales en retiro fue tal que se tuvo que modificar ese párrafo de la siguiente manera: “Los órganos de la Secretaría Ejecutiva están a cargo de personal policial o civil altamente calificado y/o especializado en los sistemas administrativos”. Un retroceso que habla a las claras de la presión de los oficiales por manejar los recursos, una tarea extrínseca a la función policial que debería estar, efectivamente, en manos de civiles especializados. Lampadia