Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Hemos tenido en la historia universal, actores destacados que no creían en la democracia representativa, entre ellos contamos a Charles De Gaulle. Este personaje, por ejemplo, no creía en los partidos políticos, hizo todo lo que estuvo a su alcance para ningunearlos e impedir que desde el Congreso de la República le condicionen el gobierno.  Según relata Dick Morris en su libro “Juegos de Poder”, De Gaulle buscó una nueva Constitución en la que el Jefe Ejecutivo no fuera elegido por un partido parlamentario, sino que “sirviera únicamente a una comunidad nacional”. El reclamaba que el Presidente “no debe pertenecer a un partido político”; que el Presidente debía ser “designado por la gente, facultado para nombrar su gabinete y poseer el derecho de consultar a la nación, ya sea mediante plebiscito o la elección de asambleas”. Hasta aquí, cualquier parecido con la mecánica que podemos observar, se trata de manejar en el Perú de nuestros días, es pura coincidencia.

Dicho lo anterior, ya suena a repetido el mecanismo de la convocatoria y designación de una “Comisión de alto nivel para la reforma política” con dos meses de plazo y un proceso hasta hoy inconcluso, la designación de la “Comisión de reforma del Sistema Judicial”, el que fuera anunciado en pronunciamiento conjunto con el entonces Primer Ministro Cesar Villanueva, hoy en prisión preventiva por un caso de corrupción. El nombramiento de la “Comisión para la designación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)” la que, en primer término, tuvo un “acto fallido” que debió abortar el proceso luego de muchos meses y en segundo término, logró “raspando” y con dificultad la designación de los siete miembros de la JNJ.

Como al presidente le gusta las cosas al estilo “my way”, hubo, al margen de la composición de las representaciones partidarias del congreso, una flagrante intromisión en el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, exigiendo exámenes y procesos meritocráticos en lugar del sistema tradicional de invitación. Lo dicho trajo como consecuencia la disolución del congreso el día 30 de setiembre de 2019. Como las reglas de transparencia de procesos de selección sólo son aplicables a los que debe seguirse en otros poderes del Estado, pero no en el ejecutivo, unas semanas después, la población se enteró de la designación del nuevo Procurador General de la República, “entre gallos y medias noches” pero sin proceso transparente, teniendo en cuenta la relación de dependencia respecto del Presidente de la República.

Está claro que lo que tenemos en casa no es el General Chales De Gaulle, no tiene su experiencia, trayectoria y méritos para aspirar a re-fundar la República, ni su liderazgo, pero si le encanta ir a su aire, sin partidos, en “contacto directo y personal con el pueblo”, convirtiéndose en el intérprete de los sentimientos de ese pueblo. Con esa receta, en realidad no gobierna con miras a un mejor destino nacional, sino que actúa en función de la reacción popular, de modo tal que no le afecten los resultados de las encuestas.

Veamos sino algunos ejemplos del actuar cotidiano del ejecutivo: Se aprueba un aumento del ISC del combustible más contaminante para inducir al uso de vehículos más modernos y limpios, pero ante la reacción popular se da marcha atrás. Se establece un aumento de tarifa del servicio de agua potable en el sur, pero ante la reacción popular retrocede, sin importar no poder ampliar la cobertura del suministro. Sabe que la “reconstrucción con cambios” implica reubicación para evitar asentamiento de población en zonas de alto riesgo, pero no hay autoridad para que el mandato se cumpla.  Suelta globos de ensayo sobre la seguridad de funcionarios públicos (congresistas) a través del ministro del interior, pero como se encuentra con gente pensante que le advierte que no puede hacerlo de acuerdo a la Constitución, recula para no caer en las encuestas.  Se arma el “despelote” respecto a la demanda de Odebrecht ante el CIADI, y cambia ministros y hace cambiar al procurador, negando ser responsable como Jefe de Estado, ya que sólo es “jefe de gobierno”, y salvar cara frente a la población…

Ya en mayo 2019 escribí el artículo “Vísteme despacio que estoy apurado”, en el hacía notar que estos raros apresuramientos poco meditados y mediante procedimientos no claros ni debidamente planteados ante la representación nacional, a nada bueno conducirían.

Las normas deben ser debidamente motivadas y analizadas para no caer en errores de “primarioso”. Por ejemplo, cuando la representación nacional estableció que la Ley Orgánica de Elecciones no debiera modificarse dentro de los doce meses anteriores a una elección, alguna buena razón tendría y se debe analizar.  Ahora resulta que no, que lo primero que se debe hacer según los iluminados, es modificar esa ley para que este congreso pueda completar la tarea que no realizó la “Comisión de alto nivel para la reforma política” y en los términos que los cinco iluminados que suscriben un comunicado, desean.  Si eso se puede hacer sin problemas, la reducción del plazo debe ser permanente, no eventual…

Lo mismo ocurre con la reforma del financiamiento de las organizaciones políticas. Quieren imponer cualquier cosa, pero no debidamente meditada. Algunos proponen únicamente financiamiento estatal y prohibición absoluta de financiamiento privado. ¿Por qué seremos así en el Perú? Siempre legislamos en función de las circunstancias y por reacción, nunca con una mirada de largo plazo, ni con referencias comparadas de otros países.

Después de haber liderado el mamarracho del referéndum pasado, ahora queremos discutir y aprobar la bicameralidad, cosa con la que estoy absolutamente de acuerdo, pero, una vez más, no puede ser que actuemos acelerando y frenando en base a asuntos circunstanciales y no ejercer liderazgo para llegar al objetivo razonado.

Se plantea que se impida que postulen a cargos públicos los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos (eventualmente incumplimiento de pago de alimentos por ejemplo), cosa con la que estoy de acuerdo. Pero nadie se preocupa que los excarcelados por asesinato, terrorismo, violación, apología del terrorismo, entre otros (actos mucho más graves), queden impedidos de participar. La defensa a estos es que “ya pagaron su pena y estarían rehabilitados”. Para que alguien esté rehabilitado señores, como en la confesión, debe cumplir con: examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. Si no ha cumplido con esos cinco pasos, NO ESTÁ REHABILITADO y muchos salen de la cárcel sin estarlo. Mal pueden ser candidatos.

Me preocupa también que quieran abordar proyectos de ley para mejorar la “representación política en el ámbito sub-nacional” y fortalecimiento de los sistemas de control en ese nivel. Nuevamente, no se trata de generar más sistemas de control y vigilancia, más burocracia y fuentes de conflicto de interés en un sinnúmero de dependencias sub-nacionales. Debemos reducir las reparticiones políticas de elección y fortalecer las capacidades y competencias de la autoridad regional y provincial, transformando la autoridad a nivel distrital, en gerencias alineadas y dependientes de los alcaldes provinciales.

Podríamos llenarnos de ejemplos en todo el Perú, pero baste ver el conflicto por el enrejado del puente “de la amistad” entre San Isidro y Miraflores o el tráfico de terrenos del alcalde de Punta Negra, “aquisito nomás“, para imaginar lo que ocurre fuera de Lima y a nivel nacional.

Si vamos a efectuar correcciones, hagámoslo bien, con una mirada más amplia, observando cómo funciona en el primer mundo y no discutiendo intereses minúsculos. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Después de casi medio siglo desarrollándome en la industria Mineroenergética, he querido revisar la historia económica e imaginar el futuro para nuestras nuevas generaciones.

El mundo está cambiando rápidamente y pocos jóvenes se sienten atraídos por las ciencias de la tierra, poniendo al Perú en riesgo de no aprovechar sus potencialidades. Soy un firme creyente de que nuestra principal fortaleza es el potencial geológico de nuestro país, el que debemos poner en valor para que, fruto de esto, podamos dar el salto económico que requerimos.

Nuestra industria minera, además de brindarnos divisas e impuestos, es el llamado a generar oportunidades de trabajo digno; pues no son sólo los aproximadamente 210,000 puestos de trabajo directo y los 1.2 millones de puestos de trabajo indirecto, es también quien a partir de nuestros desafíos puede y debe plantear a nuestros profesionales y estudiantes universitarios, los retos que darán los cientos de miles de oportunidades de trabajo en ciencia, tecnología e innovación.

Con eso en mente, el Perumin del año 2019 se enfocó en esa tarea; convocó estudiantes, profesionales jóvenes, promovió Hackatones y eventos de Tecnología de información, comunicación, automatización y robótica, con gran éxito. Promovió iniciativas de proyectos sostenibles con “Perumin Inspira” e incorporó al evento, además de geólogos, mineros y metalurgistas, a profesionales y conferencistas de profesiones diferentes a estas. Entre estos conferencistas estuvo Andrew McAfee, profesor de MIT.

Coincidentemente el señor McAfee estaba publicando su libro “More from less”, el que acabo de leer y cuyas ideas, jalonada de sus datos, me estoy permitiendo tomar de manera resumida para beneficio de quienes aún no lo hayan leído y ver de aprovecharlas.

La historia del mundo tuvo un primer gran cambio con la mecanización e industrialización, aumentando radicalmente nuestra productividad al reemplazar la fuerza del músculo humano y animal, por la fuerza de los equipos de motor a vapor y después combustión interna y la posterior incorporación del uso de la energía eléctrica y uso de la ciencia, que produjo fertilizantes sintetizando el amonio. Estos avances permitieron una mejor nutrición, mejora de la calidad de agua consumida y manejo de desagües. Esto, a su vez, permitió un gran salto en la expectativa de vida de 29 años en 1770 a 60 años dos siglos después y multiplicó la riqueza medida en términos de ingreso per cápita por 5 a 6 veces en Europa y Latinoamérica, entre 1870 y 1970.

Para ese entonces (siglo XX), el crecimiento económico estaba directamente ligado al consumo de recursos naturales y de energía, convirtiéndose estos en los limitantes al mayor crecimiento. El gran cambio se inicia con la incorporación de la ciencia, el invento de nuevas herramientas y equipos, así como el uso de tecnología. Esto introdujo un elemento contraintuitivo y no previsto, pues se optimizó el uso de los recursos tales como agua, fertilizantes, pesticidas y extensión de campo agrícola para, reduciendo su consumo producir mucho más.

Otro tanto ocurrió con la demanda de metales, madera y otros, pues, independientemente del reciclaje de estos (47% del aluminio, 33% del cobre, 68% del plomo y 49% del hierro y acero consumido en USA es reciclado), se inició un proceso de “desmaterialización” de la economía, al consumir cada vez menos de ellos por; reducción del peso usado para los productos finales, uso más eficiente del parque de grandes activos aplicando sistemas de información (ferrocarriles, barcos y camiones) o simplemente dejar de usarlos al desplazar por ejemplo; linternas, radios, cámaras fotográficas, cámaras de vídeo, teléfonos y máquinas de escribir, entre otros, reemplazados todos por un solo aparato, el “smartphone” en el que se incorporan, con mucho menos recursos materiales, todos los productos sustituidos juntos.

En lo agrícola, en USA, entre 1982 y 2015 más de 18 millones de hectáreas fueron “devueltas a la naturaleza” convirtiéndose en bosques y parques, con 35% de crecimiento de producción en ese lapso. Productos vegetales genéticamente modificados han logrado productos agrícolas de mejor calidad, más resistentes a plagas, que demandan menos agua y más productivos, con la consecuente reducción de uso de tierras señalada. Asimismo, en 2015 se produjo 78% más leche que en 1950, con 41% menos del número de vacas.

En otra línea, el peso de las latas de aluminio para cerveza o gaseosas se ha reducido de 85 gr en 1996 a 12.75 gr en 2011, una reducción de 85% del peso. En lo energético, 1 kg de Uranio para la generación de energía reemplaza 2 a 3 millones de veces la energía de la misma masa de carbón o petróleo.

En los 70’s los que seguían las teorías de Malthus (hoy los post-extractivistas), vivían/viven bajo el concepto que se agotarán los recursos naturales en pocas décadas, sin embargo, hoy se verifica que las reservas disponibles son mucho mayores y el consumo de estas se va reduciendo en términos relativos, por la desmaterialización de la economía que mencionamos.

El siglo XXI se sustenta en innovación tecnológica. La innovación es la combinación y re- combinación de cosas existentes. Es altamente descentralizada, no coordina y por lo tanto genera sorpresas imprevistas. Por lo anterior, impulsar que nuestros estudiantes y profesionales jóvenes se introduzcan y trabajen en ese ecosistema, es una receta muy efectiva para el país.

Para la economía del siglo XXI, el sistema de patentes y el respeto a este es fundamental, con ello, tecnología y capitalismo se retroalimentan y hacen gente más próspera. Según Pinker la cultura occidental se caracteriza por 4 valores: razón, ciencia, humanismo y progreso. Y la combinación de progreso tecnológico y capitalismo nos lleva a obtener más con menos.

Hay tres críticas válidas al capitalismo: Es egoísta, porque la ganancia es un incentivo poderoso. Es amoral. Es desigual. Pero hay tres críticas inválidas: Fomenta el “favoritismo”, lo que va contra la competencia. Es anárquica, lo que es contrario a la aplicación de la ley y protección de derechos. Es opresor, contrario al mejoramiento de toda la población, lo cual es demostrado.

Otra crítica al capitalismo es la externalidad negativa de la polución. Se creó para eso un mercado para la polución, pero se requiere que el gobierno responsable de controlar no sea débil ni corrupto y eso es lo más difícil.  En términos de contaminación es importante hacer notar por ejemplo que; USA con 25% de la economía mundial genera solo 1% de los plásticos que van por los ríos al mar, mientras China que aporta 15% del PBI mundial contribuye con el 28% de los desechos plásticos. De otro lado, globalmente la generación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) provienen 20% de la industria, 6% de los edificios, 14% del transporte, 24% de la agricultura y 25% de la generación eléctrica y calefacción.

Debemos indicar que el cambio de generación eléctrica de carbón a gas, ha permitido reducir la emisión de GEI.

La contaminación con residuos nitrosos de los fertilizantes no absorbidos por las plantas es la causa más importante de contaminación, después de la acidificación de los océanos y los desechos plásticos.

El mundo ha evolucionado a lo largo de su historia en función del comportamiento de sus instituciones. De ahí la importancia de saber que, las Instituciones son en realidad “las reglas de juego”, por eso se resalta que la gran diferencia entre las distintas sociedades no está dada por sus constituciones, leyes y normas, sino por el comportamiento del sistema judicial, las burocracias y si son o no altamente corruptas.

Un elemento diferenciador entre países ricos y pobres es el distinto tratamiento en la aplicación de las reglas; los países ricos las aplican drásticamente, en cambio, los países pobres, a quienes no les falta leyes, lamentablemente no las respetan. Sus funcionarios son corruptos y las élites esperan tratamiento especial a base de coimas u otros.

El mundo ha mejorado dramáticamente en los últimos 50 años; la población en extrema pobreza declinó en 60%, a pesar que la población creció drásticamente desde 1970. La población que consume el estándar de 2500 calorías día y tiene acceso a agua potable asciende al 90%, más de la mitad de la población tiene alcantarillado, más del 75% de los adolescentes atiende al colegio, la expectativa de vida en el mundo ha pasado de 45 años en 1950 a cerca de 70 en 2015 y mejorando por regiones. En ninguna región del mundo la tasa de mortalidad infantil es hoy superior al promedio mundial de 1998.  Obviamente subsiste desigualdad en el mundo, pero se va ajustando la brecha.

La tecnología ha gestado un gran milagro y es que está produciendo gran diversidad de bienes de alta calidad con un consumo cada vez menor de recursos naturales, energía y mano de obra y generando la mencionada desmaterialización de la economía. Pero también creando una nueva brecha entre los que asimilan esa modernidad y los que no, pues los niveles de competitividad, eficiencia y costos, destruyen las posibilidades de competir de los segundos.

¿Quién mayor de 50 años de edad en el Perú, no recuerda las épocas de imposibilidad de acceso a una línea telefónica y el altísimo costo de compra en el mercado de segunda o coimeando en la compañía de teléfonos para conseguir una en años?; hoy tienes una línea telefónica en minutos. O las colas para obtener un auto de una de las 4 marcas disponibles para los peruanos, con todas las limitaciones de calidad; hoy adquieres con facilidades de crédito el auto que quieras, con entrega inmediata. Las dificultades para obtener “leche ENCI”, azúcar o aceite racionados por el Estado, o arroz de ECASA. No quiero referirme a otros productos, variedades y calidades respecto a lo que hoy se puede obtener.

Lamentablemente en el Perú de hoy tenemos gente que aún está produciendo como en el siglo XIX, con una agricultura de subsistencia sin capacidad de competir por falta de tecnología. Otros productores “Modernos del siglo XX” que están pensando en la diversificación productiva propia de los tiempos en que se dio la revolución industrial a base de la mecanización de hace 50 o 100 años, cuando hoy se compite con líneas de ensamblaje robotizadas y automatizadas. Y lo que debemos es, incorporarnos a la competencia del siglo XXI a base de conocimiento e innovación.

Ciertamente para esto requerimos un gran esfuerzo e inversión inteligente en educación, cosa que no estamos trabajando. Las tecnologías a las que este mundo moderno nos permite acceder, son especialmente aplicables a educación entre otros. Contar con interconexión por fibra óptica en todo el país, software educativo manejado en redes y que hace del profesor un tutor que orienta y acompaña al proceso de educación/instrucción de las materias requeridas, especialmente idiomas del primer mundo. Esto permitiría que nuestros niños y jóvenes cierren la brecha educativa que los separa de los del primer mundo. Inculcar un concepto claro de valores, deberes y derechos, nos permitiría que en un horizonte de 20 a 30 años remontemos el nivel de atraso que mantenemos respecto a los países más desarrollados, pues los trabajadores modernos y bien calificados generan una mayor concentración de riqueza y aumentarán la desigualdad económica. Y aunque todos los segmentos mejoran, la brecha de los que se esfuerzan y acumulan respecto a los que no, se ampliará. Por esto quienes se esfuerzan en educación y trabajo aceptan una “distribución justa” de la riqueza, que no es lo mismo que una distribución igual, que es la demanda de los socialistas.

Estamos en tiempos de gran cambio y mientras en los 70’s el 60% de los individuos en edad laboral consideraba que podía confiar en la gente, eso se ha reducido al 20%.  La fe en los gobiernos ha caído de cerca del 70% en los 60’s a cerca de 19% ahora. Y en lo político, se está observando, por los indicadores mencionados que, en las elecciones, en la mayoría de países observados hay una propensión a la búsqueda de líderes autoritarios. Lo dicho impacta negativamente en la salud de la economía, pues gran parte de los negocios dependen de la credibilidad y reciprocidad.

Por otro lado, debemos resaltar que, los países que han aplicado políticas socialistas han destruido valor, generado gran inflación, pobreza y altísimo nivel de delincuencia, crimen y violencia seguido de altas tasas de homicidios. Los casos están a la vista y el límite lo vemos en Venezuela.

Si observamos el sector moderno del mundo, podemos verificar que el avance tecnológico, aplicado con criterio capitalista en una población vigilante y con un gobierno responsable, permite mejorar las condiciones y expectativas de vida, con más salud, capacidad económica (continuar reduciendo pobreza), reduciendo la contaminación, preservando especies y hábitats, reducir las áreas de cultivo por eficiencia, dosificando agua, fertilizantes, minimizando pesticidas (control exacto de lo requerido), mejores y más resistentes productos con organismos genéticamente modificados. Mejor y más eficiente generación de energía y menor consumo de esta, menor generación de gases de efecto invernadero, reducción de desechos plásticos y vertimiento de residuos nitrosos (proveniente del exceso de fertilizantes) y en consecuencia, menores impactos ambientales.

Todo lo dicho acelerará la DESMATERIALIZACIÓN de la economía, con la consecuente reducción relativa de la demanda de recursos naturales, lo que, como hemos visto viene ocurriendo de manera acelerada. Una lección importante es que el crecimiento económico del siglo XXI no es enemigo del medio ambiente.

Andrew McAfee menciona siete temas que él considera importantes: 1. Reducir la polución, pues polución no debe ser el costo de hacer negocios. 2. Reducir gases de efecto invernadero (GEI). 3. Promover energía nuclear (mínimas emisiones de GEI). 4. Preservar especies y hábitats. 5. Promover organismos genéticamente modificados (aumenta lo positivo y reduce lo negativo). 6. Invertir fondos en investigación básica/inicial. 7. Promover mercados, competencia y trabajo.

Confucio decía: Si tu plan es para un año, siembra arroz. Si tu plan es para diez años, siembra árboles. Si tu plan es para 100 años, educa a los niños.

Nuestra apuesta debe ser esta tercera opción y para ello debemos optimizar urgentemente la puesta en valor de nuestros recursos naturales e invertirlos en educación. No podemos permitir que despistados “intelectuales” detengan el aprovechamiento de estos y atenten contra nuestra competitividad y el desarrollo de las generaciones futuras. Probablemente esta sea una de nuestras últimas oportunidades de remontar el tiempo perdido y llevar a nuestros niños a condiciones de competir en el primer mundo. Lampadia

Carlos E. Galvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Lima, 12 de febrero de 2020
Para Lampadia

¿Por qué el Estado peruano, a sabiendas que tenemos un histórico y grave problema de contaminación ambiental natural en la cuenca del Valle del Tambo, no asume sus responsabilidades?

¿Sabía usted, como sí lo sabe el gobierno del Perú, que la producción de arroz en Cocachacra contiene por razones del suelo y del agua usada, hasta 4 veces más Arsénico que el Límite Máximo señalado por el CODEX alimentario? ¿Y que la aceituna producida en Dean Valdivia, contiene 8 veces el límite máximo de Arsénico aceptado por el Consejo Internacional de Aceituna? Ciertamente por eso no se pueden exportar, obviamente tampoco se debieran comercializar para consumo nacional, de la misma manera que no se permite la comercialización de carne de Cerdo con Triquina o de carne de Res con Tuberculosis.

Dicho esto, que ha sido verificado por OEFA e informado desde el año 2017, nadie reacciona. El Ing. Oswaldo Tovar, especialista y consultor en temas económicos, ha publicado en la revista ENERGIMINAS en noviembre 2018, el artículo “Minería de Todos” que explica muy bien esta situación, pero que pareciera no interesar a las máximas autoridades del gobierno, a pesar de los graves daños que viene generando a la población y en particular a la niñez.

¿No somos conscientes que es imposible combatir la anemia, mientras no resolvamos este problema? ¿Creemos que acaso pudiéramos aspirar a ser aceptados en la OECD sin resolver estos graves problemas de control en nuestra actividad productiva?

Creo que la consecuencia natural de esta nota, debiera llevar al gobierno a instalar una dependencia de SENASA en El Valle del Tambo, para certificar la calidad del arroz, aceituna y en general de toda la producción agrícola, así como hacer un claro control y seguimiento policial de la cadena comercial y de distribución de estos productos que, sin esos controles pudieran estar llegando a la mesa de TODOS LOS PERUANOS. No hacerlo sería un grave hecho de corrupción y prevaricado del gobierno.

A continuación, copio, con autorización del autor, Ing. Oswaldo Tovar, la parte pertinente de su artículo que, repito fue publicado en la edición 66 de ENERGIMINAS en noviembre 2018.

“Valle El Tambo

Este hermoso valle, donde no sólo está ubicado el proyecto minero Tía María, sino la segunda relavera de Cerro Verde recientemente inaugurada el 2015, la mina de cobre Chapi (Pampa de Cobre), la mina Tucari (Aruntani), el proyecto minero San Gabriel, y Los Calatos, la Presa Pasto Grande (con su trasvase de agua hacia Moquegua), el proyecto de embalse Paltiture; y si bien desemboca al Océano Pacífico en Arequipa, al subir en dicha cuenca pasa por Moquegua y llega hasta Puno tanto en el extremo norte como sur, pasando previamente por una zona volcánica con varias emanaciones de géisers que contaminan el agua del cauce con Boro, Arsénico entre otros.

En este valle existen 44 géisers (según INGEMMET) con emanaciones que van desde 22 hasta 91 °C, contenido de Boro hasta 48 mg/L, Litio hasta 28 mg/L (ojo con esto), Cloruro hasta 14,000 mg/L, Sodio hasta 9,000 mg/L, totalizando un caudal de 50 L/s de estas aguas termales vertidas de manera natural a la cuenca y contaminando el agua.

Consulta: ¿A nadie se le ha ocurrido que esta agua contaminada, está a su vez contaminando de manera natural desde hace miles de años los suelos y los cultivos del Valle El Tambo?

Resulta que entre febrero y mayo del 2017 el OEFA hizo una inspección en la zona y emitieron el Informe 078-2017-OEFA/DE-SDCA-CMVA^[1] firmado por 10 (diez) profesionales, donde además de hacer muestreos al agua y suelos, hicieron -a pedido de la población- 7 (siete) muestras de tejido vegetal, 2 (dos) de ellas en Cocachacra (granos de arroz), y 1 (una) en Dean Valdivia (olivo fruto), determinándose que:

• Las muestras de arroz contienen 0.2 y 0.8 mg/kg de Arsénico, sobrepasando el límite máximo de 0.2 mg/kg señalado por el Codex Alimentario^[2].
• La muestra de aceituna contiene 0.8 mg/kg de Arsénico, sobrepasando el límite de 0.1 mg/kg del Consejo Internacional de Aceitunas^[3]

En otras palabras, si deseamos exportar ese arroz y esas aceitunas a mercados internacionales, nos la van a observar. Y no por negligencia de los agricultores, sino porque las condiciones naturales del valle son así, la propia agua ya viene contaminada, por lo tanto, la producción también tiene riesgo de estar contaminada. De la misma forma que sucedió con los primeros envíos de “alcachofa orgánica” del Valle del Mantaro a USA (resulta que tenían Arsénico^[4]).

Recordemos que uno de los efectos del arsénico en el organismo es la reducción de la producción de glóbulos rojos (anemia), y a lo mejor es una de las razones por las que entre 60% y 80% de niños menores de 3 años de los distritos de la cuenca como son Cocachacra, Polobaya, Yarabamba, Puquina, Omate, Punta de Bombón, etc. tienen anemia según cifras oficiales del MINSA de junio 2018.

Entonces, en un entorno que de manera natural se están generando productos agrícolas que no van a pasar controles fitosanitarios, ¿usted estimado lector cree que será bienvenida la gran inversión que además trae a la SUNAT, SENASA, OEFA, Policía, Fiscalía, etc.?

Una alternativa de solución puede ser el de voltear el escenario y pensar en generar economías con los recursos que se tiene, por ejemplo:

1. El proyecto de represa Paltiture ha sido ubicado con buen criterio civil-hidrológico tan arriba en la cuenca que se localiza en Puno, y ello ha llevado a que un alcalde distrital de Puno interponga una medida cautelar impidiendo su construcción hasta la fecha. Conocido este escenario, se puede reubicar el embalse ligeramente aguas abajo pero antes de la aparición de los géisers, y contemplar en el proyecto un entubado del agua limpia recolectada.
2. Aguas más abajo se tiene la presencia de géisers, con ellos se podrían generar dos productos de valor, por un lado, se puede precipitar las sales de boro (para fabricación de vidrio borosilicato) y litio que de ellas emanan (falta hacer los cálculos técnicos y económicos), pero además, con el calor de dichas emanaciones podría generarse energía geotérmica, justamente esa zona está catalogada por INGEMMET como región geotérmica.
3. Aguas más abajo, y por efecto del agua limpia entubada, se puede generar energía hidroeléctrica, por cada 1000 L/s y una caída de 1000 m se puede generar aproximadamente 9 Mw de potencia hidroeléctrica, y con la venta de dicha energía co-pagar el tratamiento químico u ósmosis necesaria para tener agua limpia de riego al final de la cuenca de El Tambo. Tenemos que empezar a ver al agua como un insumo más en la cadena de producción (así como la mano de obra, la electricidad, el petróleo), y como tal no tiene por qué ser gratis, “sin agua no produzco”.
4. Finalmente, en la parte baja del valle (Cocachacra), debido a que los suelos ya están contaminados, se podría instalar terrazas horizontales hechas de gavionería (andenes) y así generar una nueva superficie agrícola con productos de mucho mayor valor unitario (que pague tanta inversión) para exportación. Dejemos atrás el slogan “consume lo que el Perú produce” y demos un paso adelante con “produce lo que el Mundo requiere”.

Con este concepto habrá que hacer cálculos, pensando “inyectar el mínimo capital posible” y a su vez “generar el mayor volumen de ventas formales a través del cambio en la matriz de producción” (entiéndase que no se va a sembrar ni papa ni arroz). Como verán, no es una ecuación que la resuelve un solo sector (ejem MINAGRI) sino que debe manejarse de forma intersectorial (INGEMMET, MINEM, MINAGRI, MINSA), y justamente esa es una debilidad actual del Estado: problemas como este suelen tradicionalmente manejarse de manera unisectorial.

Con una visión holística del entorno podríamos considerar que el proyecto Tía María no sólo se va a vender “por sus beneficios macroeconómicos y su probada inocuidad ambiental”, sino que es el propio Estado quien tiene que asumir un rol estadista y generar un Plan Estratégico de Desarrollo, apalancado por sus recursos naturales (minería y geotermia) que permita revertir la condición de informalidad económica que de manera natural existe en la zona, y eventualmente evaluar la posibilidad de generar subsidios cruzados entre minería, energía, agricultura, industria, y hasta turismo. Es decir, que con parte de la renta minera se co-pague el agua que por ser escasa y de mala calidad resulta siendo cara como insumo de producción.

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

El 28 de enero el “Presidente Ingeniero” viajó a Tumbes, dentro de sus acostumbrados e inconducentes viajes al interior del país. Uno de sus propósitos en esta oportunidad era inaugurar las obras de rehabilitación de la Avenida Mariscal Castilla. Cuál no sería su sorpresa cuando al llegar al lugar encontró a una población indignada por la inundación sufrida en la zona “rehabilitada” ante el colapso de las instalaciones de desagüe recientemente construidas.

Lo más gracioso fue que, el “Presidente Ingeniero” no tuvo mejor ocurrencia que recomendar al Gobernador Regional que tenga mucho cuidado en la recepción de obras de la reconstrucción con cambios, haciendo hincapié que el Gobierno Central transfiere los recursos financieros y es la autoridad regional la responsable de que “cumpla con la correcta calidad y honesta ejecución de las obras, pues eso es fundamental” … ¡Plop!!!   ¡Ampay me salvo!!

Es claro y reconocido que los Gobiernos Regionales y Municipales, NO SÓLO no tienen capacidad técnica para diseñar, revisar, ejecutar y supervisar obras, sino que además son la fuente máxima de corrupción del poder ejecutivo. Por esto hemos insistido tanto en el debido uso de SERVIR para la gerencia descentralizada.

¿No sabe el “Presidente Ingeniero” que lo esencial de una obra o proyecto, público o privado, ¿es la Ingeniería de ese proyecto? ¿Que sin una buena ingeniería no hay forma de tener un buen resultado? ¿Que, en particular, el buen funcionamiento de las obras hidráulicas es altamente sensibles al diseño e ingeniería de estas? La mirada técnica de esos proyectos es esencial, no solo para que funcionen bien, sino para que perduren en el tiempo, pues no es cosa de habilidades artesanales y soluciones a la criolla, solo para la foto inaugural.

Aunque sé que estoy “lloviendo sobre mojado”, repito lo dicho en una serie de artículos previos, donde hemos mencionado que, para la obra pública, no se trata de “transferir más dinero”, “más rápido” y hacer seguimiento de “cronogramas de ejecución” desde el MEF para reportar más avances de la Inversión Pública, sino un buen diseño de obra, una adecuada selección de materiales, adecuada selección del contratista, adecuada calidad de concreto, y muchos otros etcéteras técnicos.

Señor “Presidente Ingeniero”, lo insto a dar prioridad a la aplicación de la mentalidad y capacidades que le inculcaron en la universidad durante su proceso de formación profesional, pues la obra pública necesita más técnica y menos discurso. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

La auto complacencia es un síndrome generalizado que se ha convertido en rasgo peligroso de los gobernantes en el Perú.

El PBI del Perú creció un 4.0% el año 2018.  Ya ese era un resultado mediocre, especialmente para un país de ingresos medios a bajos y que requiere sacar de la pobreza a un 22% de la población, al igual que defender a un grupo grande de ellos que, si bien ha salido de la pobreza monetaria en los últimos años, aún está en los márgenes de esa pobreza y en riesgo de retroceder a tales niveles.

Ya es típico un inicio de año con anuncios auspiciosos. El año pasado, por ejemplo, se anunció un crecimiento económico del 4.5% para el 2019, sin embargo y ante la desviación de los resultados respecto a las predicciones y a medida que iban pasando los meses aparecieron las justificaciones; que la guerra comercial China-USA, que la caída del precio de los commodities, que crecemos más que nuestros vecinos, que…, etc., etc.

Ningún gobernante asume objetivos desafiantes y menos lucha por lograrlos estimulando la economía, en cambio sólo se resignan a reducir mes a mes la tasa de crecimiento esperada. A nadie se le ha ocurrido comparar la performance de la economía peruana con nuestro potencial de crecimiento (superior al 4.0% para estos tiempos), ni reflexionar respecto a que la tasa de crecimiento mundial, países ricos incluidos y con peso predominante, alcanza al 3.5%, mientras el Perú crecerá a duras penas 2.3%, si Dios quiere.

Nuestros políticos tienen una capacidad increíble para justificar el incumplimiento de sus metas de gobierno. No son capaces de ver en nuestras situaciones de crisis una oportunidad, por ejemplo, el Fenómeno del Niño de marzo 2017. Esa catástrofe, ciertamente no deseada, daba la oportunidad de una actividad económica importante en todo el norte y parte del centro del Perú. Para esto teníamos, tal como se propuso, que diseñar una reconstrucción con cambios debidamente planeada y ejecutada por equipos técnicos capaces y honestos, no corruptos que priorizaban la descentralización del manejo económico del proceso (por donde pasa el agua, queda la humedad), en lugar de organizar PMOs con la capacidad real de ejecución.

Si los precios de los commodities se habían reducido, debíamos, desde el gobierno liderar la construcción de los proyectos mineros pendientes y de infraestructura requerida. Muy fácil resulta repetir, tal como algunos incapaces lo han hecho, “no vamos a imponer proyectos por la fuerza”. ¡A nadie en su sano juicio se le ocurre hablar de imposición! El rol de un LÍDER, así con mayúsculas, es el de convencer a sus seguidores de las bondades de sus propuestas, ganar mentes y corazones, para finalmente lograr que lo sigan por convicción. Iniciar la ejecución de algunos proyectos hubiera generado, no sólo, cuando menos 1 a 1.5 puntos porcentuales de crecimiento adicional, sino también una mejor percepción del país como destino de inversión, creando expectativas positivas sin dejar de crecer dentro de nuestro potencial.

No obstante lo anterior, la Inversión Privada y particularmente la inversión minera es la que ha impulsado el magro crecimiento que tendremos, pues la Inversión Pública es sinceramente decepcionante. Baste mencionar la caída de la obra pública del gobierno general del 16.3% al mes de octubre 2019. Ya a setiembre el avance de la obra pública fue una reducción del 9.6% y no quiero ni imaginar cómo cerraremos el año.

Lo único que crece es el gasto corriente, pero a pesar de ello, no hemos reducido los niveles de anemia infantil. No mejoran los niveles educativos de nuestros escolares, a pesar de referirnos con auto complacencia a la mejoría de algunos puntos en la evaluación PISA, pero siempre dentro del grupo de “países coleros” en la tabla de los evaluados. ¿Cómo podremos aspirar a competir en la era del conocimiento del siglo XXI si nos mantenemos en esos niveles?

En salud la cosa no es diferente, nos llenamos de titulares periodísticos anunciando la incorporación universal al SIS (seguro integral de salud), pero no aplicamos los sistemas (software) de administración de salud que gratuitamente puso a disposición del país el gobierno americano (se ha desactivado su aplicación en Ica, única región en que se aplicó y con éxito, increíble), ni ampliamos las facilidades hospitalarias (no nos referiremos al hospital de Moquegua que tardó 5 años en ser construido y que esperamos esté operando a plena capacidad), ni proporcionamos los médicos y medicinas requeridos.

Comentario aparte merece las aportaciones del Estado a Essalud, quien no aporta como los privados un 9% sobre la remuneración total, sino sobre una fracción de la UIT o una tasa diferenciada (menor por supuesto), como si los empleados públicos o CAS o trabajadores de otros regímenes, se enfermaran menos. Lo más simpático es que la ministro del sector ha anunciado (con generosidad), que van a subir gradualmente la base de cálculo de tales aportaciones (y que ya lo están pensando). No nos sorprendamos después, que haya tantas carencias para atender a los asegurados que aportan como Dios manda.

Mientras tanto y como si fuera un “catecismo” se repite la necesidad del avance de la reforma judicial (¿en qué está?), de la importancia de la reforma política (¿si se referían a unas elecciones ejecutadas a trompicones para lograr un congreso de igual calidad o peor que todos los anteriores…?), de la lucha anti-corrupción (aplicada selectivamente). En esencia siento que, cual acto de magia de un prestidigitador, nos están mostrando imágenes que distraen a la población para que nadie se dé cuenta de lo que realmente ocurre.

Este gobierno me ha hecho recordar lo que de chico oía a los amigos de mi papá y que no alcancé a comprender hasta hoy; esto es que, “Moquegua es el único lugar del mundo en el que se hace siesta después del desayuno”. ¿Será cierto que un gran número de ellos, se ha trasladado a Lima para hacerlo? Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Para que una nación pueda desarrollarse adecuadamente, es fundamental que todos sus ciudadanos (y las autoridades no son de una especie diferente) respetemos la institucionalidad.

Nuestra Constitución establece que contamos con tres Poderes del Estado; el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Adicionalmente contamos con organismos con rango constitucional y funciones específicas. Si bien las instituciones a que nos queremos referir no son sólo las mencionadas, es importante este ejercicio descriptivo para que todos podamos comprender que cada quien tiene sus fueros, funciones establecidas, responsabilidades y forma de interrelacionarse.

Nuestra estructura de poderes se asemeja mucho, en el fondo, a las establecidas alrededor del mundo y el respeto a tal estructura y a las relaciones que debe darse entre ellas, se le denomina institucionalidad.

En cualquier institución es fundamental tener claro qué debe hacer, pero lo más importante es que sus miembros tengan más claro; qué NO debe hacer y así concentrar sus esfuerzos para el logro de sus objetivos.

Por ejemplo, el Poder Judicial tiene sus responsabilidades con una mirada enfocada en el pasado. A partir del trabajo, seriedad y probidad con la que sus miembros, jueces y fiscales se conduzcan, generarán no sólo un efecto punitivo y correctivo a los ciudadanos que hayan delinquido, sino que sus investigaciones, acusaciones y sentencias, generarán un impacto educativo en la ciudadanía y conciencia colectiva de la Nación. Por eso es tan importante que sus miembros sean de la mejor calidad moral y preparación profesional. Es universal el concepto que, a los fiscales se les conoce por la calidad de sus investigaciones, la solidez de sus acusaciones y, a consecuencia de estas, por el número de sentencias logradas. Del mismo modo, a los jueces se les conoce por la debida y equilibrada evaluación de las pruebas y la justa aplicación de la ley. De ahí que se repite que; ¡un Juez habla a través de sus sentencias!

Lo inadecuado es que fiscales y jueces se expongan mediáticamente, filtren información, discutan los casos a su cargo con los periodistas y pretendan jugar un rol político. Lo peor es que lo dicho anteriormente ha dado pie a “periodistas”, con apoyo de dueños de medios, a influir con sus comentarios en la opinión pública, para luego hacer pequeñas encuestas que, oh cosa curiosa, van en la dirección de lo reiterado por los comentaristas, para finalmente presionar a los tribunales en uno u otro sentido en sus sentencias. Más criticable aún, si los miembros del Ejecutivo y del Legislativo hacen de su comidilla con los “periodistas”, una inadecuada generación de corriente de opinión política sobre un caso judicial. Claro ejemplo de lo que NO se debe hacer. No es casualidad que en países desarrollados esté ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO grabar, tomar fotos y menos filmar los juicios, cosa que en el Perú es práctica común y parece cosa de gracia.

El poder Legislativo cuyas funciones son; representar, legislar y fiscalizar, tiene la obligación de respetar y hacer respetar sus fueros. Los legisladores deben, entre otras cosas, estudiar seria y profundamente las oportunidades de mejora de la Nación en su conjunto y de los distintos grupos de interés de la sociedad. Plantear iniciativas legislativas que promuevan el crecimiento de nuestro país y la posibilidad de mejora de los ciudadanos con menores oportunidades; cerrando brechas de infraestructura para mejorar la salud, educación, seguridad e impartir justicia.

El poder Legislativo debe también fiscalizar al Ejecutivo en el manejo de los recursos; económicos, humanos y logro de resultados. Los legisladores deben actuar como un Directorio que verifique una adecuada ejecución de los planes y logro de los objetivos planteados, aplicación correcta y oportuna de los recursos económicos bajo estrictas normas legales, morales y éticas. Pero lo que NO debe hacer, es dedicarse a investigaciones que pretendieran competir con las atribuciones propias del sistema judicial. La fiscalización que les corresponde es la de la conducción del país y no la fiscal-policial, pero claro, eso no da cámaras ni notas periodísticas.

Mención especial merece la situación anómala que vive el Perú desde que se disolvió el Congreso y quedó en funciones la Comisión Permanente del Congreso. De un lado por el ATREVIMIENTO del Ejecutivo de “ningunear” a la Comisión Permanente, como si nosotros los ciudadanos y nuestros representantes hubiéramos dejado de existir y no tuviésemos nada que opinar respecto de los actos del Ejecutivo. Pero, no menos grave es la posición asumida por los miembros de la Comisión Permanente, de no analizar los “Decretos de Urgencia” aprobados por el Ejecutivo y discutirlos y ventilarlos ante la opinión pública, para que todos seamos conscientes de lo que este Ejecutivo está haciendo.

Si además incluimos el mamarracho de reforma política que se trata de introducir, después de una campaña de destrucción de la imagen de la clase política (como si los del ejecutivo no fueran parte) y del Congreso durante un año y medio, hasta su disolución. No nos sorprendamos hoy del absoluto desinterés de la ciudadanía por estas tontas elecciones congresales.

El poder Ejecutivo por su parte, tiene fundamentalmente la responsabilidad de fijar los objetivos nacionales y planes de ejecución para el periodo de su mandato y llevar a cabo tal ejecución, con reporte periódico del avance del plan. Ya se ha dicho que, “un objetivo sin un plan es sólo una ilusión” y debe ser medible para poder controlar su avance. Sin lo anterior es imposible premiar o sancionar a los responsables.

¡Aquí tenemos otro vacío de institucionalidad! El presidente se ha paseado por meses pechando al Legislativo, mientras lo tuvo al frente, y está tratando de construir, vía elecciones convocadas, un Congreso más débil, pusilánime y obsecuente que el anterior. Tiene embobada a la población, que aún no se da cuenta que la han utilizado como a un niño cuando le muestran y ocultan las figuritas. El presidente no ha fijado objetivos de su gobierno, no ha diseñado un plan para ejecutarlo y menos ha fijado un cronograma de ejecución para rendir cuentas…, al punto que, al final del año 2019 ha reducido el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), para reducir la meta de inversión pública y no quedar tan en ridículo por su incapacidad para ejecutar los proyectos públicos (su tarea principal) que tanta falta hacen a los más pobres del Perú. Hasta la fecha lo único que ha hecho es criticar al Legislativo y al Judicial; a los primeros por “obstruccionistas”, como si, por ejemplo, la no reconstrucción con cambios del norte, tras casi tres años del evento les fuera atribuible, o al Judicial politizando la labor de jueces y fiscales.

Más lamentable aún es que no hayamos sido capaces de avanzar en estos años, ni siquiera con la fijación de objetivos para un progreso económico que permita asegurar que seguiremos reduciendo pobreza a nuestro ritmo potencial. No hemos sido capaces de generar confianza en los agentes económicos, para atraerlos al Perú, aprovechando la debilidad de los demás países del continente. El mensaje auto-complaciente ha sido, en cambio, el denominador común desde el inicio del gobierno de Humala, seguido de una increíble incapacidad de gobernantes y legisladores desde el año 2016 hasta la fecha, para construir un Perú más próspero para nuestros hijos y nietos. A estas alturas ya no sé quiénes fueron más incapaces desde el año 2011 a la fecha, pero son responsables tanto Ejecutivo, como Legislativo y Judicial.

A falta de ideas claras, no se les ocurre mejor cosa que tontear con la mala e inconclusa reforma política mencionada y una (quisiera equivocarme) peor reforma judicial, que, tras un año y medio y dos procesos fallidos, no logra seleccionar siete miembros aceptables para la Junta Nacional de Justicia. Nuevamente, el Ejecutivo no ha actuado en lo que debía, sino que ha intervenido y mal, en lo que no debía.

Peor aún, no sólo este gobierno sino los de un par de décadas atrás, no han sido capaces de plantear una visión al 2050, consensuada con los actores relevantes del país, no tenemos definida una estrategia de largo plazo y no hemos sido capaces de convocar y promover inversión conducente a ella, para continuar reduciendo la pobreza, dar oportunidades de educación, salud y trabajo y además brindar seguridad y justicia.

En el ejecutivo no hay vocación de gobierno y el presidente y sus ministros no saben para qué ocupan los puestos que ocupan y no comprenden siquiera sus roles. Pero, en fin, creo que es tiempo de seguir a Sócrates y aplicar su mensaje; “El secreto para el cambio es concentrar toda tu energía, no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo”.

Creo que, a menos que el presidente haga un claro; examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra (cosa de la que dudo tenga capacidad), todo lo que estamos soñando no tiene sentido. De ser así, a la ciudadanía del Perú no le queda otra que aplicar lo de Sócrates, ¡olvidarnos de lo viejo (léase este gobierno por inútil e incapaz) y construir algo nuevo! Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Me encuentro en un serio problema, pues he tenido la oportunidad de conversar con algunos amigos visitantes del extranjero y no he podido explicarles razonablemente lo que es el cumplimiento de reglas, leyes y reglamentos en el Perú.

Los llevé a pasear por LIMA y nos encontramos con taxis y colectivos sin autorización alguna y que manejan “a su aire”; esto es como les da la gana. Ellos cambian de carril sin hacer señal alguna, te cruzan cuando les parece que pueden tener un pasajero más en cualquier parte (esquina o media cuadra), te “meten” el auto o micro para “arrimarte” y cambiar de carril, y mejor te mueves porque si te chocan no tendrán seguro, no pagarán y te dirán, “no tengo plata pe’ manito” y si lo encuentras sin licencia, SOAT o lo que sea, porque un seguro de responsabilidad civil no tendrán, te dirán, “pero tengo que trabajar” o que quieres que haga… Pero eso sí, si revisas el récord de papeletas ascenderá a varios miles, sino millones de soles impagos. ¡Pero no hay problema, seguirán circulando!

Por otro lado, me decían que no entendían las señales de tránsito que iban viendo, pues en muchos casos no concuerdan con las normas y estándares internacionales. Que nadie entiende, ni los policías, que el que está dentro de un óvalo tiene la preferencia, que se debe estar en el carril de la izquierda para voltear a la izquierda y en el de la derecha para voltear a la derecha y no al revés. Que en pistas de varios carriles (vía expresa o carretera), los carriles de la izquierda son para adelantar y no para pasear. No se explican cómo en las “vías expresas” y en la “Costa Verde” los tres carriles son para la misma velocidad, lo que hace que no tengas un claro patrón y procedimiento para adelantar cuando ya necesitas salir de la vía.

Me preguntaban; ¿quién da las reglas de tránsito en el Perú? Ingenuo yo, les contestaba que hay un Reglamento Nacional de Tránsito emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aplicado a nivel nacional. ¡Ingenuo yo!…

El reglamento de tránsito en el Perú, por ejemplo, establece que los límites de velocidad son los siguientes:

• Calles y jirones: 40 km/h
• Avenidas: 60 km/h
• Vías expresas: 80 km/h
• Carreteras: 100 km/h
• Zona de colegios y hospitales: 30 km/h

Dicho esto, todos los conductores de la ciudad de Lima sufren cotidianamente las inclemencias del tránsito debido a las razones antes mencionadas, pero, además, debemos agregar el mal diseño de las calles de Lima y el libre e informal enrejado de las calles secundarias que pudieran servir de desahogo, pasando por la falta de un adecuado transporte público tipo metro subterráneo o elevado.

Lo antes descrito hace que si alguien transita desde la zona Este de la ciudad; Salamanca o La Molina entre otras, hasta Chorrillos en la zona Oeste, usando las vías expresas y la Costa Verde, la velocidad promedio de un vehículo sea menor a 30 km/h, dado que, como es público y notorio la congestión vehicular tanto en “la Vía Expresa de Javier Prado”, como en “la Vía Expresa de Paseo de la República” impiden un tránsito fluido. Cuando el conductor creía que, finalmente, al llegar a la vía de la Costa Verde con una pista descongestionada desde la Quebrada de Armendáriz, gracias a obras recientemente concluidas, podría fluir con tranquilidad a la velocidad de 80 km/h por una vía de tres carriles, amplia y sin obstáculos de vehículos estacionados, ni ambulantes (en invierno, pues en verano, el cumplimiento las reglas se “vuelve elástica” en esa zona de Lima), se equivocó. Ahora resulta que el Sr. alcalde de Lima, zurrándose en el Reglamento Nacional de Tránsito, ha optado por disponer que esa vía tenga tramos de 60 km/h y otros de 40 km/h de manera intermitente.

El argumento del Sr. alcalde de Lima es que, es un tema de seguridad y que con eso se reducirán los accidentes. La reacción inmediata es que, si eso es cierto, DEBEMOS MODIFICAR el Reglamento de Tránsito y bajar todos los límites de velocidad en el Perú. Pero la evidencia a nivel mundial muestra que el argumento es falso.

La otra opción es que, el alcalde al igual que Fonsi quería que el tránsito sea “despacito”. Pero analizando bien el asunto, tuve que recordar a las mafias de municipalidad y gobierno regional del Callao que instituyó estos límites de velocidad con cambios súbitos e intermitentes, con la finalidad de esquilmar al conductor aplicando multas draconianas si cae en la emboscada de los cambios de límite de velocidad.

Sr. alcalde, si prefiere que sea “despacito”, reduzca el límite en Lima a 40 km/h en contra de las reglas nacionales de tránsito, pero no se convierta en émulo de los delincuentes que han generado esa maraña cambiante de límites de velocidad del Callao, sabiendo que usted no se asemeja a esa gente. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

La comunicación moderna apela cada vez más al uso de líneas para celulares o telefonía móvil.  Ciertamente cuanto más celulares se incorporen al mercado, más antenas se requerirán y cuanto mayor sea la densidad instalada de estas antenas, menor la potencia de transmisión requerida.  Igualmente, cuanto mayor sea la extensión o superficie a cubrir, más extensa será el área donde se requerirá instalación de antenas.

Las normas nacionales requieren de participación ciudadana para autorizar la instalación de antenas y si las empresas de comunicaciones no logran la aprobación ciudadana para instalar antenas, no se otorga el permiso correspondiente y en consecuencia, la antena requerida no se podrá instalar.

La consecuencia natural de una posición negativa ante la consulta ciudadana, es que se tiene un servicio de comunicaciones de menor calidad y, de otro lado, para atender a zonas remotas a la red celular, se hace necesaria la instalación de “boosters” (elementos que aumentan la potencia de transmisión de señales), para tratar de alcanzar la cobertura requerida.

Lo que no piensan quienes se oponen a la instalación de estas antenas es que, el uso de estos “booster” para aumento de potencia, aumenta el riesgo de radiaciones en las zonas donde sí se permitió la instalación de estos dispositivos.  Obviamente no es justo que quienes se oponen a la instalación de antenas en sus circunscripciones para “no sufrir daños por radiación“, cosa que es altamente discutible, le impongan esas externalidades negativas a quienes sí aceptan tener antenas instaladas en su áreas de vivienda o trabajo.

Como es fácilmente comprensible, si no estás dispuesto a contribuir a la extensión de oferta para el servicio de comunicación celular, también deberías estar dispuesto a no imponer tales externalidades a los demás, requiriendo y usando comunicación celular.

En consecuencia, deberíamos exigir que quienes se opongan en la consulta ciudadana, deban registrarse con su DNI en tal registro de oposición y la consecuencia inmediata debería ser el retiro automático y bloqueo permanente de contratación de servicios de comunicación celular a nivel nacional, pues debemos aceptar que, “lo que no es bueno para uno, no es bueno para los demás “, y por lo tanto no deberías usar un servicio que consideras maligno.

Una medida de esta naturaleza haría reflexionar a los usuarios de celulares, pues todos quieren uno, pero muchos de ellos no quieren facilitar el servicio. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Parece un chiste, pero es realmente trágico. En el Perú tenemos 25 gobiernos regionales, alrededor de 190 provinciales y cerca de 1890 distritales, todos con autoridades elegidas, autonomía de gestión y ausencia de capacidades técnicas en la mayoría de estas más de 2100 administraciones.

Por otro lado, vemos con ‘ternura’ el afán del Presidente de la República y su gabinete de empoderar a estos gobiernos descentralizados para la ejecución de sus mandatos y seguir transfiriendo más y más dinero cada vez que necesita aumentar su popularidad…

Lo anterior sería plausible si contáramos con un plan y mandatos claros de gobierno, debidamente alineados, técnicamente planteados y orgánicamente ejecutados por agentes debidamente capacitados.  Pero no, el Perú que, según el diario Gestión, ha hecho un esfuerzo inicial de formar a unos 400 profesionales para ponerlos a disposición de estas dependencias, ha logrado colocar en solo 77 de estas más de 2100 entidades, a 100 con cargos gerenciales y otros 100 con rangos menores.

Acorde con su “origen descentralizado”, tanto el Presidente como muchos de sus ministros y grupo cercano, privilegian la descentralización, que de por sí no tendría nada de malo, salvo que se ha puesto la carreta delante de los caballos.

Cuando hablamos de corrupción, tema especialmente cercano al pensamiento guía de este gobierno, nadie piensa en la fuente de esta (mayoritariamente municipalidades lejanas), ni el hecho que estos alcaldes no quieren tener gerentes profesionales que los controlen y les limiten la posibilidad de hacer sus cuchipandas y consecuentemente, si se los imponen, los hostigan hasta que renuncian al cargo.

En nuestro país, los alcaldes distritales debieran ser gerentes profesionales, proporcionados por Servir y que estén alineados a los planes y programas de los alcaldes provinciales. Caso contrario, jamás lograremos algún progreso en la administración pública descentralizada. El Presidente del Consejo de Ministros insiste en que “van a fortalecer la descentralización y empoderar a los gobiernos locales y regionales”.

Nadie se opone al concepto de descentralización y regionalización, pero;  ¿por qué desde los gobiernos locales y regionales se oponen tanto a la profesionalización de las gerencias desde el programa Servir?  ¿Por qué se hostiliza hasta el hartazgo a los gerentes que Servir destaca para esos roles?

Lo natural sería asegurar un proceso de profesionalización de la administración pública descentralizada con participación activa de Servir, para gradualmente ir “entregando la posta” de la gestión y gerencia a las autoridades locales, luego de haber establecido estándares de gestión. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Ex presidente de la SNMPE
Para Lampadia

En cualquier país civilizado del mundo que desee influir (educar) en el usuario respecto al consumo de agua o cualquier recurso escaso, se aplica reglas que induzcan al consumidor a tomar medidas correctivas.

Las medidas aplicables pasan por; precios escalonados que harían que el consumo en exceso pague un precio marginal alto que disuada a limitar el consumo. También es plausible el cobro de una tarifa por alcantarillado que te induzca a reusar el agua de los lavatorios y duchas para riego de jardines, por ejemplo, y con ello reducir la demanda de servicios de alcantarillado de la ciudad.

Por supuesto que, para poner en práctica estas reglas, la entidad prestadora de estos servicios está obligada a cumplir también reglas estrictas que eliminen malas prácticas y el abuso de su posición de dominio, tal como lo hace el monopolio de SEDAPAL.

En Lima, SEDAPAL ha instaurado la tarifa escalonada por consumo de agua: así, los primeros 20 m3 pagan S/ 1,499 por m3, los siguientes 30 m3 (de 20 a 50) pagan S/ 2,128 por m3 y el exceso sobre los 50 m3 paga S/ 5,438 por m3.  Y por alcantarillado, cobra sobre la misma gradualidad de volumen, S/ 935 por m3, S/1,309 y S/ 2,592 por m3.

Aquí tenemos que observar que la medición y oportunidad del volumen facturado es fundamental, pues los hábitos de uso de agua por ejemplo son normalmente muy estables y una variación en magnitudes importantes, resulta absurdamente anómalo y materia de autorregulación del proveedor del servicio. Lo grave es que una alta variación en el reporte de consumo y facturación, hace que pases de una tarifa regular de escalas menores, no facturada en un mes, a otra de castigo facturada al mes siguiente. Se ha verificado que, de un mes a otro, cambian el volumen facturable de 1 a 4 veces, que vuelve a reducirse al subsiguiente para multiplicarse nuevamente en los posteriores.

Adicionalmente debemos resaltar que, SEDAPAL no ha instalado medidores de flujo de desagüe para facturar el alcantarillado y la pregunta es: ¿Cómo adoptar una medida correctiva para minimizar el uso de alcantarillado y evitar que SEDAPAL esquilme a los usuarios por un servicio no usado?

En la ciudad de Lima no hay disponibilidad de agua de regadío para riego de jardines y consecuentemente se usa agua potable para este propósito, por lo tanto, si el volumen facturado por alcantarillado es el mismo que el de suministro, te están robando al cobrar por alcantarillado (servicio no brindado), hasta casi el doble del precio facturable por el agua que consumes, usada, insisto, en regar jardines.

En esencia, el regulador de SEDAPAL debe normar que las prácticas en las mediciones y aplicación de precios, permitan al usuario en su calidad de “agente económico racional”, adoptar medidas correctivas que le permitan optimizar sus decisiones económicas y que beneficie a la ciudadanía en su conjunto en la disponibilidad y uso de un recurso escaso como el agua y el sistema de alcantarillado.

Lo antes dicho debe forzar a esta entidad a evitar el abuso de su posición dominante de mercado, en su calidad de monopolio y rectificar sus malas prácticas.

Ay SEDAPAL, por qué te portarás tan mal! … y LA SUNASS, bien gracias. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Ex presidente de la SNMPE y Perumin 2019
Para Lampadia

Ya he escuchado algunas veces la presentación de “La doctrina de la transformación a través de la propiedad”. Ciertamente el concepto es brillante y sería materia de un libro de texto para que, cualquier “alma blanca” que desee estudiar el complejo fenómeno de la propiedad del suelo y del material del subsuelo, ya que aplicando la teoría de los precios tendríamos el problema resuelto.

Como bien dice nuestro ilustre economista Hernando De Soto, es suficiente títulizar la propiedad en favor de los individuos, con título real, suficiente y que les permita transferir el bien ahí representado, para poder negociarlo libremente en la bolsa.

Bien explica que, cuando va a la comunidad y dice; que lindo el cerdito de la comunidad, le contestan: No, el cerdito es mío. Lo mismo cuando pregunta por el auto o la casita de la comunidad, el comunero le contesta: No, el auto y la casita son míos. Dicho esto, no pasa lo mismo con el terreno.

Hace más de 20 años tratamos en el distrito de Oyón de desarrollar un lindo programa habitacional para los trabajadores mineros, dicho sea de paso, miembros de la comunidad todos. El proyecto consistía en desarrollar una adecuada habilitación urbana, por cuenta de la compañía minera, desarrollar un proyecto arquitectónico adecuado para vivienda permanente, contratar una empresa de construcción que ejecute el proyecto con reducción de costos por economía de escala y financiarlo a largo plazo con la banca, aprovechando un crédito hipotecario. El respaldo de la compañía minera a su trabajador con el uso de la cuenta sueldo reducía el riesgo crediticio lo que minimizaba la tasa de interés.

La única condición para este lindo proyecto era que los terrenos de “propiedad” de la comunidad y ocupado por los distintos comuneros, se transfieran de forma individual a nombre de los miembros de la comunidad que los ocupaba y así hacer del inmueble un bien hipotecable.

El resultado, aunque no me lo crean, fue la negativa de la comunidad para el otorgamiento de la propiedad individual en favor de sus miembros. Si este proceso generado en un área de vivienda, para uso de los miembros de la comunidad y sus familiares dependientes resultó imposible de materializar, ¿se imaginan que pasaría con la propuesta inopinada de transferir los derechos de propiedad de la tierra, en grandes extensiones, a los comuneros?

Una pregunta adicional: ¿Quienes son los miembros de la comunidad? ¿Los que están inscritos? ¿Los que nacieron en ella? ¿Los que viven en ella? ¿Los cónyuges de los que nacieron en la comunidad y están empadronados? ¿Los que se han ido sumando por invitación de los dirigentes de la comunidad a cambio de alguna prebenda? ¿Los herederos de los que habiendo nacido en ella migraron a Lima y tienen más de una generación nacida fuera, pero retornan cada vez que hay un posible interés económico en ciernes? ¿Los “parajinos” que pastan su ganado en distintas zonas de las que aprovechan sus pastos cuando los hay?

Con los antecedentes mencionados no quiero ni imaginar lo que significaría pretender dar títulos de propiedad a quienes ni siquiera se reconocerían entre ellos como “miembros firmes” de la comunidad. Recordemos que en el Perú y especialmente en el Perú andino, no eres nadie si no tienes un litigio en el poder judicial, lo que explica el número inimaginable de abogados con los que contamos.

El “autor de la idea” gusta de referirse al propietario del terreno superficial, como “dueño de la tapa de la botella”, sin cuyo permiso es imposible retirar (explotar) los recursos naturales ahí disponibles, valorándole la propiedad del subsuelo y el reconocimiento que se le debiera por ello en la superficie.

El problema es que mucha gente piensa (muchos periodistas y “opinólogos” incluidos) que cuando el Estado le otorga a una persona una concesión, prácticamente le entrega la llave de una vitrina llena de metales que empezará a retirar a su gusto y sin costo ni riesgo. No tienen ni idea que se debe de iniciar un proceso de exploración largo, costoso y de alto riesgo. El Viceministro de Minas en conferencia reciente informaba que de cada mil iniciativas de exploración, probablemente una se convierta en un proyecto y operación minera exitosa. Pocos saben que, la exploración es ni más ni menos que la investigación científica de las entrañas de la tierra y que luego de años de inversión y estudio se podría alcanzar a definir un proyecto técnicamente viable, económicamente factible, ambientalmente amigable y socialmente aceptado. Y ahora resulta que al final, el propietario de la superficie te reclama el valor de tu investigación y desarrollo. Casi, casi como que después de años de investigación de laboratorio identifiques una fórmula, con un principio activo que cura una enfermedad y cuando quieras patentar el descubrimiento y producto desarrollado, te digan que no hay patente y que debes compartirlo gratuitamente. Así, nadie invertiría en investigación químico-farmacéutica, como que, cada vez se invierte menos en exploración en el Perú.

Para completar el cuadro, resulta que ahora, ya no son sólo los “dueños de la tapa”, esto es los que viven en la superficie del área explotable, sino todos aquellos por donde se va a transportar el concentrado o producto final, incluso a cientos de kilómetros de distancia, hasta llegar al puerto, tal como ocurre en el sur del Perú.

Pues bien, esta extensión de la idea a lo largo de la carretera, es la misma que se debe aplicar a TODO EL TERRITORIO NACIONAL. Esto es que, los recursos naturales pertenecen a la Nación y el fruto de cerca de la mitad del valor creado en su explotación beneficia a la población más necesitada para brindarles salud, educación, agua y desagüe, seguridad, justicia y pensión digna para los ancianos e infraestructura básica. Impedir su desarrollo y explotación es un robo imperdonable a los más pobres del país.

¿Qué privilegio tiene el que está en un poblado del Cusco respecto al que está en Tumbes (donde producen muchos alimentos y combustible que consumen en Apurímac) con relación a un recurso mineral explotado en Apurímac?

Cuando ponemos las cosas bajo esta óptica, me provoca repetirle al autor de la brillante teoría lo que decía el buen Cantinflas: Ahí está el detalle joven. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Ex presidente de la SNMPE
Para Lampadia

Quisiera compartir una experiencia que explica lo que nos ocurre en el país que tanto amamos, el Perú.

Preocupados en el sector minero por el azote que significa la desnutrición y anemia en nuestra niñez, diseñamos un plan integral que junte “Alimentación saludable” (programa de Naciones Unidas), con mejoramiento de condiciones de higiene instalando Plantas de tratamiento de agua potable y de tratamiento de aguas residuales, de forma que las empresas mineras, aportando su capacidad técnica, logística y de gestión, puedan “adoptar un distrito” y construir, operar temporalmente, entrenar a pobladores locales en la operación de estas plantas, para finalmente transferirlas a sus autoridades y así “graduarlos” en el manejo de este servicio.

Podemos estar seguros que sería un gran aporte a la solución del problema de anemia y desnutrición, mejora de la calidad de vida y de la evolución escolar, además de mejorar la gestión en los planes de infraestructura básica, eliminando la corrupción atomizada en el sector público.

Para el diseño del proyecto, identificamos los distritos del área de influencia de las operaciones mineras de las empresas responsables y formales de nuestra industria.

Inmediatamente, solicitamos al ministerio correspondiente (MVCS) el inventario y la situación actual de las plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales y/o los proyectos de atención de esas necesidades básicas, con la finalidad de sumar a los esfuerzos ya realizados.

Cuál no sería nuestra decepción cuando recibimos por respuesta que, “esa información no existe”, pero que verían qué plantas tendrían proyectadas para ver qué podemos hacer.  Ciertamente, un proyecto integral, debidamente estructurado, con control de ejecución y monitoreo de sus resultados; no sólo respecto al agua, sino al control de anemia y nutrición que también debe de enlazarse a la mejora de enseñanza y rendimiento escolar, debe ser un plan integral y que cuente con una entidad responsable (la empresa) a cargo del mismo, no un evento aislado.

Peor aun cuando planteamos, ante la ausencia de la información, que las empresas propondrían la ejecución del proyecto, luego de esfuerzo propio de indagación, mediante “obras por impuestos”. Respuesta; IMPOSIBLE, no se puede ejecutar “obras por impuestos” en proyectos que el Estado no tiene considerados en su presupuesto.

Resultado; si el Estado y el Supremo Gobierno no han pensado siquiera en las necesidades básicas de las poblaciones rurales históricamente abandonadas, NO ES POSIBLE que el sector privado proponga su participación y apoyo en la solución de los problemas.

¡Por eso creo que, tendremos que “celebrar” el bicentenario del mundo de “Macondo “!!! Lampadia