EDITORIAL DE LAMPADIA

¿Por qué el gobierno no impulsa el proyecto?

El gobierno ha puesto como condición para la viabilidad de los proyectos mineros, que estas tengan “rentabilidad social”. Por lo tanto, si el proyecto Tía María cumple con los indicadores de rentabilidad social, pues debería recibir luz verde, ¿no es así? Solicitamos información a Southern sobre el tema y nuestra conclusión es que Tía María efectivamente cumple con los requisitos, es socialmente rentable.

Veamos. Según el ministerio de Energía y Minas, hay siete medidas de la rentabilidad social:

1) Dinamización de la economía;

2) Ingreso nacional, balanza fiscal y balanza de pagos;

3) Nivel y calidad de empleos y salarios;

4) Infraestructura local y nacional;

5) Tecnología;

6) Distribución del ingreso, estructura social;

7) Ecosistema y cultura.

De acuerdo a la información brindada por el proyecto, Tía María cumple ampliamente con esos criterios. En efecto, aun antes de comenzar su construcción, ha venido desarrollando un plan de desarrollo que abarca los ejes de salud, educación y mejora en las actividades productivas, lo que significa que viene cumpliendo con los criterios 1, 3, 5, 6 y 7 del concepto de Rentabilidad Social. Esto aun antes de haber entrado la fase de producción.

El proyecto ha desarrollado una filosofía de coparticipación, lo que significa que no es la solución para los problemas o carencias de la población, sino parte de la solución.

• A través del programa “Proyectos por Convocatoria”, por ejemplo, los pobladores presentan proyectos que buscan resolver algunos de sus problemas o mejorar su calidad de vida, ya sea en educación, infraestructura, salud, mejora ambiental, esparcimiento, entre otros.
• En esa línea, entre el 2017 y el 2019[1], la población presentó 277 iniciativas, siendo calificadas 96 de ellas por los líderes de la propia población.
• Sólo en el 2019 fueron calificados 50 de estos proyectos.
• A la fecha se ha desarrollado el 95% de los mismos con magníficos resultados, según Carlos Aranda, ejecutivo de Southern.  

Lo interesante es que estos proyectos ayudan a generar proveedores de la zona y transfieren tecnología (criterios 1 y 5).

Por otro lado, el proyecto desarrolló programas de trabajo temporal para paliar los estragos que la pandemia ocasionó a la economía local (criterios 1 y 6). Así, pobladores laboraron en acciones de limpieza en las calles de Mollendo, desinfección de instalaciones, apoyo a las autoridades de salud en la toma de muestras para detección de COVID-19 y –recientemente- en las campañas de vacunación promovidas por el gobierno nacional.

En recientes días, los medios de Arequipa resaltaron el avance en la construcción del nuevo hospital en el sector de Alto Inclán en Mollendo, así como el nuevo Centro de Salud del distrito de Cocachacra, ambos basados en expedientes técnicos financiados por Southern Perú (criterio 4). De esa manera, la población ya no tendrá que viajar entre 2 y 3 horas hasta la Ciudad Blanca para recibir la atención correspondiente.

El propio equipo de personas encargadas de implementar los programas y acciones del proyecto proviene de la provincia, con contadas excepciones.

La conclusión es clara: si Tía María ya cumple con los criterios de rentabilidad social aun antes de empezar a producir, ¿qué espera el gobierno para impulsar su desarrollo?

La negativa del gobierno, ¿es parte del sabotaje político contra la minería, iniciado en Cajamarca para frenar el desarrollo del Perú y la superación de la pobreza? Lampadia

Lino Abram Caballerino
Para Lampadia

La explicación de la importancia de la industria minera en el Perú es un tema que podríamos llamar, en términos figurados, un “lugar común” por lo que no parece necesario agregar más argumentos que los que han sido expuestos por incontables medios incluyendo conferencias, discursos, artículos académicos, periodísticos, etc. Sólo diré, sin necesidad de hacer un esfuerzo argumental, que la Minería es una actividad de la mayor importancia para impulsar el crecimiento y el desarrollo socio-económico del Perú.

La aceptación de tal afirmación conduce el pensamiento a la pregunta de porqué los proyectos mineros u operaciones en marcha provocan tanta oposición y tanta insatisfacción, ¿es que tenemos motivaciones tanáticas? ó sus beneficios no son tan evidentes para algunos sectores de la población o peor aún dañan los intereses de esos sectores?  Descartemos, aunque sea por razones analíticas, el concepto de las motivaciones tanáticas y nos quedamos con que los beneficios por tener una operación cerca de casa, no son evidentes o no son tangibles para la mayoría de los vecinos, por lo que ven razonable adherirse a los líderes que se oponen de modo sistemático o eventual a proyectos u operaciones mineras.

Es un hecho reconocido que la generación de riqueza de la industria minera tiene su base en recursos naturales que son propiedad de la Nación, es decir de todos los peruanos, pero también es un hecho que quienes nacen, poseen, crecen, fundan familias, trabajan y tienen ancestrales raíces en las tierras donde subyacen los recursos minerales se sienten más propietarios de esos recursos que el resto de los peruanos… y no les falta razón.  Si agregamos al sentimiento de propiedad, que, los vecinos al sitio minero son protagonistas pasivos de inevitables cambios ambientales, sociales, paisajísticos, resulta obvio que merecen recibir compensaciones que hagan justificables los cambios que, en alguna medida, afectan su modo de vida y que la extracción de los recursos, valiosos y agotables, les abran las puertas para su desarrollo individual y colectivo a largo plazo.  Ver en Lampadia: Una gran idea que no entienden – El gobierno destruye la potencia del ‘adelanto social’.

Las compañías mineras que asumen la inversión y la explotación minera, legítimamente, remarcan que asumen ingentes cantidades de dinero por el pago de impuestos y contribuciones, además del costo de programas voluntarios de relaciones comunitarias, y que son materializados por la vía de pago de impuestos y/o contribuciones al Gobierno Central, Gobiernos Regionales, Gobiernos Municipales o incluso a la Comunidad vecina. La cuestión crítica es que el dinero generado por la industria minera y recibido por las autoridades de las entidades mencionadas no se traduce en beneficios visibles y significativos, ni individuales ni colectivos para los vecinos y, para cuando ocurra el agotamiento de dichos recursos sus condiciones de vida no habrán tenido el cambio que implica el “Desarrollo Económico-Social”.  No es necesario citar casos o ejemplos; sabemos que ésta es la realidad para la mayoría de las comunidades del entorno a la mina. La creación de puestos de trabajo, accesibles para los vecinos, beneficia directamente a una porción menor de ellos y el incremento de la actividad económica local no logra ser asociado racionalmente con la operación minera.  Los conceptos amplios de contribución de la operación minera al crecimiento del consumo, del PBI, generación de divisas u otros, no causan impacto en la mayoría de las poblaciones locales, ni siquiera en las nacionales.

Las negociaciones y acuerdos circunstanciales con los vecinos de las operaciones mineras tienden a atenuar temporalmente la insatisfacción existente.  Por supuesto, existen casos en los que no se han logrado, ni siquiera, estos acuerdos circunstanciales.  Los proyectos han debido ser suspendidos indefinidamente. Es palpable que se requiere cambiar sustancialmente el modelo de relaciones de la industria minera con el Estado y las Comunidades vecinas.  Es necesario contar con un modelo por el que cada vecino vea y perciba que recibe beneficios individuales, que son tangibles y significativos, para que el hallazgo de un recurso minero sea visto como una bendición. 

Empecemos por reconocer la realidad: Las entidades que administran los impuestos y/o contribuciones son ineficaces e ineficientes, que no tienen una visión de futuro a largo plazo para los pobladores de las comunidades aledañas.  Un aspecto clave para tener un modelo exitoso es eliminar su intermediación para trasladar la responsabilidad financiera y gerencial a un ente Ad Hoc, dirigido por la propia compañía minera y supervisado por las entidades estatales y locales.

El otro aspecto clave es la creación de un polo de desarrollo que se incluya en el proyecto minero, siendo éste el principal proveedor de recursos para el financiamiento de un programa de inversiones en beneficio de las comunidades vecinas. El programa de inversiones debería contener los elementos necesarios para que sus efectos se materialicen en plazo inmediatos, y que perduren más allá de la vida útil de la operación minera.

Conociendo las carencias de nuestro país, parece obvio que a los servicios de salud y educación les correspondería un lugar prioritario, ya que representarían un beneficio tangible en forma inmediata, pero también beneficios relevantes con permanencia a largo plazo.

Otro aspecto de crucial importancia sería la introducción de tecnologías modernas para las actividades agropecuarias y la identificación de las ventajas competitivas de la zona para promover negocios exitosos que generen actividad económica, más allá de la vida de la mina. Los costos asumidos por la operación minera serían compensados con las obligaciones tributarias que le corresponden, bajo un modelo similar al de “obras por impuestos”.

La existencia de un plan de desarrollo motivado por la presencia de una operación minera permitiría, a los pobladores vecinos, adquirir un sentido de pertenencia: La mina es de todos y los beneficios son para todos. La aprobación del plan de desarrollo y del proyecto minero se convierten así en un paquete apreciable y su rechazo resultaría claramente un acto irracional.

Durante el proceso de diseño de un plan de desarrollo y su posterior supervisión sería indispensable crear y respetar espacios para la participación de los líderes políticos locales y regionales, pues sería de la mayor importancia que ellos perciban que el producto de estos procesos es un activo político que les corresponde.  También deberían tener un rol en la supervisión de la ejecución del plan de desarrollo.

La puesta en práctica del modelo de relaciones que se describe en este artículo es una tarea compleja y requerirá, en cada caso, tiempo para obtener resultados consensuados, pero constituiría un reemplazo para la situación actual que, para ser exitosa, ha debido adaptarse a requerimientos arbitrarios o que muestra una elevada tasa de fracasos. Pensemos en los proyectos mineros que se encuentran paralizados y coincidiremos en que bien vale la pena desplegar el esfuerzo. Imaginemos, también, cómo se vería Cajamarca si los altos montos de impuestos pagados por Yanacocha se hubieran aplicado, durante los últimos 20 años a un plan de desarrollo.

Esta propuesta o cualquier otra orientada a eliminar la intermediación financiera del aparato burocrático significará una contribución para superar el rechazo que enfrentan los proyectos de explotación de recurso naturales por las comunidades vecinas…y el Estado estará presente del modo que les interesa a los ciudadanos. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 31 de mayo de 2019
Para Lampadia

¡Cómo cambian los tiempos! Hoy – para muchos cajamarquinos – “Goyo Santos” es una mala palabra. Y “Marco Arana” también. Así están las cosas con los líderes más emblemáticos de la anti-minería cajamarquina.

Acabo de estar por Cajamarca y me ha impresionado el sentimiento de repudio ciudadano hacia ambos personajes. Y pensar que llegaron a ser recontra populares… en su momento.

¿Qué pasó? Pues la economía regional está “chihuán”. No hay trabajo en Cajamarca. El comercio está parado. Los jóvenes migran en gran número a la Costa. El otrora cuantioso Canon Minero se ha reducido significativamente. El Gobierno Regional y los Gobiernos Municipales no tienen plata. Hay mucho desánimo – hoy – en Cajamarca.

Para los que conocimos Cajamarca antes y durante la bonanza minera, la explicación es muy sencilla. Allá en el 2012, Yanacocha – la gran mina de oro de Cajamarca – produjo 3´000,000 de onzas. Para que tengan una idea, el precio del oro bordea actualmente los US$ 1,300 / onza. Eso quiere decir que la producción de Yanacocha raspaba los US$ 4,000 millones por año.

El año pasado la producción cayó a 500,000 onzas. Es decir ¡seis veces menos! Y tal como van las cosas, la producción de oro caerá a 300,000 onzas al año. O sea ¡diez veces menos!

En el 2012 – y años siguientes – Cajamarca vivió la gran bonanza minera. El Canon Minero alcanzó su máxima expresión. Es decir, hubo plata para inversión en infraestructura para el Gobierno Regional, Gobiernos Locales, y Universidades. Pero más importante aún. Hubo mucho trabajo para los cajamarquinos. Se crearon muchas empresas proveedoras de bienes y servicios. Los hoteles y restaurantes andaban boyantes. Se construyeron centros comerciales, urbanizaciones, recintos deportivos, escuelas, hospitales, carreteras, reservorios, plantas de tratamiento de agua, etc. En esos años Cajamarca vivió un auténtico boom inmobiliario.

Pero ahí no quedó todo. Se plantaron muchos bosques de pinos. La ganadería e industria lechera prosperaron mucho en aquel entonces. La agricultura y la piscicultura, igual. Se construyó el Centro de Innovación Tecnológico en Joyería de Oro y Plata. Realmente, Cajamarca progresó mucho de la mano de su minería aurífera.

Ahora – en cambio – se habla del “Legado de Yanacocha”. Lo cual me suena a “testamento”. Es decir, como si la minería cajamarquina estuviera agonizando. ¡Una lástima!

Pero ojo. No todo está perdido. El oro de Cajamarca sigue allí. El problema fue que Goyo Santos y Marco Arana engañaron a la población para impedir su explotación. Es cuestión de cambiar de actitud. En vez de chillar “agua sí, oro no”, habría que corear todos “agua sí, oro también”.

¡Qué daño tan grande causan los anti-mineros! Y no me refiero a los que se oponen a la contaminación ambiental, con quienes me identifico plenamente. Me refiero a los anti-mineros como Santos y Arana que se oponen a la minería… simplemente porque sí. Pareciera que su objetivo es perpetuar la pobreza de los cajamarquinos. Porque ¡vaya que lo han logrado!

Cajamarca ganadera, forestal, agrícola, piscícola, turística, industrial, artesanal, comercial… y minera. He ahí la imagen del futuro económico deseado para Cajamarca. ¡No a la anti-minería chantajista y politiquera! ¡Agua sí, oro también! Ese es el grito que deben corear los cajamarquinos. Todo lo demás vendrá por añadidura. Cajamarca merece recuperar su bienestar. Lampadia

Luis Vargas Barbieri, Director del Semanario Minas y Petróleo
Para Lampadia

El rotundo fracaso de las organizaciones políticas anti-mineras lideradas por Gregorio Santos, Marco Arana y Jorge Rimarachín, tanto en las elecciones para gobernador de la región como para las de alcaldes provinciales y distritales, fue el hecho de mayor trascendencia del proceso electoral del 7 de octubre último en la región Cajamarca. En consecuencia, como lo señaló un residente cajamarquino, experto en la agricultura de esa región, que prefiere el anonimato: la minería ha dejado de ser satanizada (en Cajamarca) y podrá trabajar en armonía con los nuevos alcaldes”.

Si bien Gregorio Santos no fue candidato a ningún cargo, él es el líder anti-minero más importante de la región Cajamarca. En consecuencia, al haber quedado su organización política el MAS en tercer lugar, con el 18.6% de los votos, es evidente que esa organización política y su líder máximo han perdido gran parte del capital político que demostraron tener en las elecciones regionales y municipales del 2014, en que con el 44.3% de los votos válidos, ganaron la elección para gobernador regional.

Por su parte, Ramiro Díaz el candidato del Frente Amplio (liderado por Marco Arana) y Jorge Rimarachín, tuvieron votaciones insignificantes del 3.6% y el 2.0 %, respectivamente.

Al no haber alcanzado ninguno de los candidatos a gobernador el 30% de los votos válidos, Walter Benavides de Alianza para el Progreso, que obtuvo el 23.4% y Mesías Guevara de Acción Popular con el 21.3% tendrán que ir a una segunda vuelta en diciembre. Ninguno de ellos rechaza la minería.

¿Cómo explicar esta evolución en el electorado? Nuestro informante cajamarquino nos dice que actualmente el 50% del electorado cajamarquino tiene menos de 30 años y de este total la mitad tiene menos de 21. Este electorado tiene mayor cultura, está ávido de que el progreso también llegue a Cajamarca y está consciente de que la minería puede ayudar para mejorar el abastecimiento de agua en la región.

De las ocho listas que participaron en las elecciones regionales de Cajamarca 7 pertenecen organizaciones políticas sin trayectoria anti-minera: Alianza para el Progreso, que tuvo como candidato a Walter Benavides (23.5% de los votos); Acción Popular con Mesías Guevara (21.3%); Podemos con Absalón Vásquez (11.9%). Cajamarca Siempre Verde, con Enrique Mosqueira (9.7%) y el Frente Regional de Cajamarca con Lilian Cruzado (9.4%).

En la otra orilla, tres listas representaron a organizaciones políticas y/o candidatos con una trayectoria anti-minera ampliamente conocida: El MAS, con Porfirio Medina gobernador interino de esa región (18.5%).  El Frente Amplio con el profesor Ramiro Díaz (3.6%) y Democracia Directa, con el ex congresista anti-minero Jorge Rimarachín (2.0%).  

Una importante consecuencia de esta catastrófica derrota de la izquierda anti-minera es que de los 19 consejeros que le corresponden a la región Cajamarca, solo uno pertenece a una organización política de la izquierda radical, el MAS.  Cabe señalar que ese único consejero ganado por la izquierda radical fue uno de los tres que le corresponden a la provincia de San Ignacio. La cual se haya en el extremo norte en el mapa de Cajamarca y en consecuencia muy alejada de las zonas que tienen riqueza minera.

ALCALDÍAS PROVINCIALES

De las 13 alcaldías provinciales, los partidos nacionales y los movimientos regionales de centro y centro izquierda ganaron 12 y los movimientos de la izquierda radical anti-minera solo una.

Alianza para el Progreso ganó las municipalidades provinciales de Cajabamba, Celendín, Contumazá, San Marcos y San Miguel; Cajamarca Siempre Verde las de Cutervo, San Pablo y Santa Cruz, Acción Popular las de Chota y Jaén; Restauración Nacional la de Hualgayoc y el Frente Regional de Cajamarca la de la provincia de Cajamarca.  

El MAS por su parte al ganar las elecciones de alcalde para la provincia de San Ignacio, fue la única organización política de la izquierda radical capaz de ganar una alcaldía provincial en la región Cajamarca.

ALCALDÍA PROVINCIAL DE CAJAMARCA

En esta provincia se ubican las operaciones de Minera Yanacocha y los proyectos de Conga y Michiquillay y parte del de Galeno. De ahí la enorme importancia que tienen los resultados electorales para la elección de alcalde en esta provincia.

El alcalde electo de la provincia de Cajamarca, el abogado Andrés Villar del Frente Regional de Cajamarca, tiene una visión ecológica ambiental de cosecha de agua con reservorios grandes y medianos y micro reservorios familiares. Para lograr este propósito no hay otra opción que complementar la inversión pública con la privada y en Cajamarca inversión privada es sinónimo de financiamiento logrado con el apoyo de las empresas mineras. Cabe resaltar que la relación de la minería con los alcaldes, puede llegar a ser más importante que la de aquella con los gobiernos regionales, opina nuestro informante anónimo.

Los candidatos a la alcaldía provincial de Cajamarca, con ideologías de centro y centro izquierda concentraron el 91.2 % de la votación, los de la izquierda antiminera solo el 8.8% y por consiguiente sólo tendrán un concejal de los 13 de esa municipalidad. 

ALCALDÍA PROVINCIAL DE CELENDÍN

En el caso de la provincia de Celendín, en cuyo distrito del mismo nombre se ubica el proyecto El Galeno y en los de Huasmín y Sorochuco, parte del proyecto Conga, triunfó con el 35.4% de los votos José Marín Rojas, ex alcalde de Huasmín, quien postuló por Alianza para el Progreso, quedando en segundo lugar el candidato de Somos Perú con el 32%; mientras que el único partido de la izquierda radical que participó fue el Frente Amplio, que apenas alcanzó el 2.7% de los votos. De este modo de los nueve concejales de la alcaldía provincial de Celendín, cinco pertenecerán a Alianza para el Progreso, 3 a Somos Perú y uno a Acción Popular. Mientras que la izquierda anti-minera no logró colocar ningún concejal.

De todos los alcaldes electos en Cajamarca, José Marín es probablemente el que tiene una mejor trayectoria en sus relaciones con la minería.  En el 2008, como alcalde del distrito de Huasmín, obtuvo financiamiento del Fondo de Solidaridad Cajamarca (FSC), que administra recursos voluntarios de la minera Yanacocha, para lograr que con una inversión de 250 mil nuevos soles se avanzara con la instalación del servicio de agua potable, para beneficiar a más de 600 habitantes de la comunidad de Santa Rosa, de ese distrito.

La popularidad, dentro de la población de Celendín de José Marín, fue la causa de que, en el 2014, en vísperas de las elecciones para alcalde de Celendín, en las que él participó, sus enemigos políticos le colocaran una bomba casera en la puerta de su vivienda. Los activistas del MAS fueron los principales sospechosos de la colocación de esa bomba.

ALCALDÍA PROVINCIAL DE CHOTA

En esta provincia, en el distrito de Querocoto se ubica el importante yacimiento de La Granja. La mayor votación para la alcaldía provincial la obtuvo Acción Popular con el 34.4%, quedando segunda Alianza para el Progreso con el 27.2%, tercero el MAS con el 16.1% y cuarto Podemos con el 11%. En consecuencia, de los 11 concejales 6 le pertenecerán a Acción Popular, 3 a Alianza para el Progreso, uno al MAS y uno a Podemos.

ALCALDÍAS DISTRITALES

En el distrito de La Encañada, en el que se ubican varios de los depósitos de minera Yanacocha, incluyendo parte del de Conga y también el importante yacimiento de Michiquillay de Southern, el alcalde electo es el exalcalde Leoncio Vera, que participó como candidato de Alianza para el Progreso. En este distrito la derrota de los anti-mineros fue total, ya que, a pesar de haber participado con tres candidatos, solo pudieron do alcanzar en conjunto el 5.2% de los votos.

Otros distritos con importantes proyectos mineros, como se ha señalado anteriormente, son los de Huasmín y Sorochuco en Celendín. El Frente Amplio que fue la organización política de la izquierda radical más votada, solo alcanzó a tener el 6.6% de los votos válidos. Cifra con la cual no le alcanza ni siquiera para tener en concejal en el consejo municipal distrital de Huasmín.

En el caso de Sorochuco, la ONPE no reporta ninguna votación para las organizaciones políticas de ese sector ideológico. Lampadia

Sebastiao Mendonça Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

A propósito de las últimas elecciones americanas el concepto de Fake News se ha puesto de moda. Sin embargo, el uso de Fake News, o noticias falsas, en español, es un recurso usado por los manipuladores desde hace muchos siglos, sólo que hoy las redes sociales y los celulares han hecho más fácil su propagación.

En 1475, en la ciudad de Trento, el cura Bernadino Feltre en un sermón acusó a la comunidad judía del asesinato de un niño desaparecido. Ello desencadenó una ola de violencia y saqueo en contra de los judíos. La ola se propagó por la región durante semanas a pesar de los esfuerzos de los gobernantes para frenarla. A lo largo de todo el medievo los rumores fueron responsables del asesinato de miles de personas acusadas por plagas, terremotos, brujerías, herejías, etc.

En la edad moderna, , o rumores insidiosos, se han vuelto importantes instrumentos de actores políticos, especialmente de los grupos anti-sistema, como un mecanismo para generar actos de protesta o descalificar a personas e instituciones. Actualmente, las Fake News son extensamente utilizadas por las fuerzas políticas que buscan movilizar a la población en base a sus sentimientos, temores y resentimientos, con el propósito de lograr objetivos que no serían posibles si la toma de decisiones de la población se diera sobre informaciones verdaderas. Pasaremos a describir un caso de la aplicación de Fake News en el contexto de las industrias extractivas en Perú.

Mercurio en los caños de Cajamarca

Después del derrame de mercurio en Choropampa (2 de junio del 2000), la población de Cajamarca quedó muy temerosa de que el problema de intoxicación ocurrido en la carretera se repitiera en la ciudad. El accidente asoció la actividad productiva de la empresa Yanacocha con el mercurio, dando la impresión (falsa) de que Minera Yanacocha utilizaría el mercurio en sus procesos productivos como lo hace la minería aurífera artesanal.[i]El razonamiento tácito que se generó a partir de esa impresión fue: Si Yanacocha utiliza agua y mercurio, entonces el agua de la ciudad puede estar contaminada con mercurio.

En los meses que siguieron al accidente de Choropampa se propagó,en la ciudad de Cajamarca y en sus alrededores,una ola de rumores acerca de aguas contaminadas por mercurio metálico: muerte de truchas en la Posada del Puruay, agua con mercurio en la cuadra 8 del Jirón José Sabogal, una profesora de la urbanización Horacio Zeballos que dijo haber encontrado mercurio en el lavadero de su cocina, un profesor universitario en la Urbanización Amauta que afirmó que el agua de su casa salía con mercurio, etc.[ii][iii]Un ex-trabajador de Yanacocha llegó a afirmar que tosía mercurio, aún sin tener idea de cómo el mercurio, en su forma metálica y líquida, podría haber llegado en su garganta.[iv]

Análisis químicos y toxicológicos posteriores negaron todos esos rumores, pero la falta de evidencias fácticas ha sido presentada por las organizaciones hostiles a la minería como prueba de la parcialización de las instituciones públicas hacia la empresa. La táctica de los promotores de noticias falsas es clara: si una institución técnica la descalifica, hay que descalificar la institución y mantener la vigencia de la insidia.

Con el tiempo, el temor fue bajando y la ola de rumores sobre hallazgos de mercurio en el agua ha ido disminuyendo.[v] Sin embargo, la idea de la contaminación ha quedado grabada en la mente de la población, y una encuesta del 2016 encontró que no menos del 60% de la población de la ciudad de Cajamarca creía que su agua estaba contaminada por la minería. El hecho que la empresa de agua de la ciudad realice un monitoreo permanente de la calidad del agua que distribuye, y asegure que no existe tal contaminación, no revierte el impacto de los rumores insidiosos de los años anteriores.

Los rumores insidiosos y su propagación

Estos rumores no son hechos aleatorios, provienen de una acción realizada con una intención expresa. Es un evento mediático creado por alguién y para algo. Estos surgen de una persona o una organización interesada en afectar la imagen de una empresa, gobierno o personalidad. Puede originarse en una mala interpretación de un hecho o ser la invención de una historia.

Sin embargo, para propagarse el rumor insidioso necesita estar en sintonía con los temores y sentimientos de la población. Para poder propagarse, tiene además que basarse en las creencias de la población, tiene que activar estereotipos preexistentes en la mente de las personas, y tiene que conectar esas creencias y estereotipos por medio de la imaginación. 

Los rumores insidiosos no necesitan pruebas, necesitan indicios que los hagan creíbles. Nadie ha confirmado que el ex-trabajador de Yanacocha tosía mercurio metálico (si se hubiera confirmado el hecho, sería algo tan excepcional que volvería noticia en las publicaciones científicas de todo el mundo), pero si alguén lo dice en primera persona ello se vuelve creíble. La clave para el éxito de un rumor no es basarse en hechos sino en tener elementos de credibilidad. Si un periódicou ONG anti-minera lo publica, se le hace aún más creíble.

Para gravarse en la memoria, el rumor insidioso necesita ser parte de una narrativa. Para que funcione, necesita contar una historia que suene conocida y creíble. Para que sea creíble que el mercurio esté saliendo por los caños de agua de la ciudad, tiene que existir, en la mente de la poblacion, una empresa minera que usa mercurio, que no se interesa por la calidad del agua de los cajamarquinos y que, por ganarse unos dólares más, estédispuesta a violar sus protocolos ambientales. Se necesita además que la empresa de agua, SEDACAJ S.A., sea produndamante incompetente y/o corrupta, incapaz de detectar el mercurio metálico en el agua, y dispuesta a falsificar la información brindada a la ciudadanía y a los órganos públicos. No se necesita mucha imaginación para inventar esas historias, si uno ingresa a los sites de las ONG anti-mineras va encontrar esta narrativa desarrollada en detalle. En realidad, ellas difunden rumores insidiosos (fake news) en sus páginas como parte de sus actividades regulares.

Para propagarse, la noticia falsa necesita replicadores, es decir, necesita medios, organizaciones, periodistas y “expertos” que lo difundan como verdadero. Esos replicadores funcionan además como fedatarios de las ‘verdades mentirosas’, de que las versiones creadas en base a la fantasía son más reales que los hechos mismos. Si esas organizaciones y personas se presentan como ambientalistas, la propagación del rumor adquiere la aparencias de seruna acción de significado ético y hasta valiente.Si además los propagadores de los rumores reciben donaciones de los grupos de la cooperación contrarios al desarrollo del Perú, la propagación de rumores se vuelve una actividad económica rentable. Muchos de los reportes técnicos y reportajes elaboradas por ONG anti-mineras buscan dar credibilidad a rumores (intoxicación con metales pesados, intoxicación por polvo de camiones, etc.). Estos replicadores generan una oferta de rumores para la sociedad.

Sin embargo, el eslabón más importante de la cadena de propagación de rumores es el público, es decir, la demanda. Para que el público propague una noticia falsa, esta tiene que apoyarse en actitudes y emociones preexsitentes en dicho publico. Los sentimientos y resentimientos acumulados son el combustible de los rumores.Si esos sentimientos y resentimientos son suficientemente fuertes, la presentación de evidencias en contra del rumor no es suficiente para revertir ni frenar su propagación.

Las noticias falsasproducidas por la anti-minería tienen dos funciones principales: inducir a la población a involucrarse en conflictos, y servir de prueba de que su narrativa contraria a la minería tiene elementos de verdad. Una tercera función, no descartable, es inducir a la población a votar por candidatos anti-mineros para que los “protejan” de las empresas mineras y la minería. Los rumores anti-mineros pueden elegir alcaldes, gobernadores y hasta congresistas. En el Perú, producir rumores insidiosos es una actividad políticamente rentable.

La neutralización de los rumores

Como los rumores se propagan en consonancia con los sentimientos, estereotipos y creencias de la población, puede ser muy difícil su neutralización. Probar que el rumor es falso no es suficiente, se requiere una reinterpretación del problema y una nueva historia.

Huang (2014),[vi] basado en la experiencia china, sugiere que las respuestas deben ser ágiles, tener evidencias vivas, ofrecer una explicación alterna y convincente y, en lo posible, basarse en una fuente independiente y creíble. Además, no deben responder solo al rumor sino también a los sentimientos, temores y prejuicios que están subyacentes al él.

Analizando el uso de Fake News en la política americana, Berinsky (2012) del MIT, confirma muchas de las ideas de Huang, pero además alerta que en algunos casos, los intentos de corregir los rumores terminan por reforzarlos. Lacoff (2015)[vii]razona en la misma línea y considera que la neutralización de una narrativa requiere una reinterpretación del problema (reframing), una forma distinta de entender el problema, y el desplazamiento de la agenda hacia otros temas. Es decir, para neutralizar un rumor no es suficiente brindar información que muestra su falsedad, es necesariosalir de la lógica del rumory desplazar el debate hacialos temas que los rumores buscan ocultar.

La capacidad de las personas para cuestionar un rumor insidioso depende mucho de la complejidad que tiene la explicación alternativa. Para que una explicación funcione ella no debe superar el nivel de complejidad que cada segmento del público esté familiarizado y debe basarse en los conocimientos e informaciones con que las personas dispongan con anterioridad. No puede basarse en muchos nuevosconocimientos, sino básicamente reinterpretar lo que la población ya conoce. En la lucha contra los rumores, las explicaciones simples y directas ganan sobre los razonamientos largos y complejos.

En el Perú, los anti-mineros ya tienen una extensa batería de rumores insidiosos que utilizan en forma sistemática para desencadenar conflictos: aparecimiento de aguas blancas en los manantiales, contaminación de aguas por metales pesados, contaminación por nitratos, muerte de truchas, muerte o enfermedad de animales, intoxicación por polvo de camiones, etc. Todos ellos se basan en algún hecho que haya ocurrido alguna vez,en cualquier contexto, en alguna actividad minera en el país, y por ello son creíbles. Los rumores contra la minería constituyen una especie de arsenal mediático que despliegan cuando las circunstancias lo permitan.

La propagación de rumores es un componente fundamental de la tecnología de conflicto de los grupos anti-mineros. En todas las zonas mineras del país, cada vez que alguien desea desgastar una empresa minera, dañar su legitimidad, o promover un conflicto echa mano de algunos de los rumores insidiosos de su batería.

Es común que, en los noticieros que cubren los conflictos mineros, escuchemos cómo, esos rumores se propalan en la forma de explicaciones de los conflictos. Hasta en libros de conocidas instituciones de investigación social encontramos la dificultad de sus autores para filtrar los rumores y trabajar solamente con hechos verificables.

No debemos subestimar el poder destructivo de los rumores insidiosos por más ridículos que puedan parecer. Tampoco debemos aceptar que la población rural sea manipulada por grupos ideologizados ni por emprendedores destructivos. Quienes realmente deseen que la minería sea uno de los motores del desarrollo regional y que la institucionalidad democrática prevalezca, necesitan conocer los rumores que están siendo propalados en sus regiones y desarrollar mecanismos ágiles y efectivos de respuesta. Lampadia

Hace pocos días, el Ministerio de la Producción consideró necesario retirar su conformidad al desarrollo de un centro comercial de propiedad de extranjeros en Tacna, dada la interpretación de una disposición constitucional que viene desde 1920.

Fuente: landscare.org

El eventual desarrollo de dicho centro comercial originó una serie de movilizaciones de grupos minoritarios de Tacna, dado que la mayoría de los tacneños, según encuestas reportadas por Ipsos, está a favor de su desarrollo. Además de las movilizaciones de tacneños, llama la atención el involucramiento en el tema de organizaciones académicas y de ciertos grupos de élite, como el llamado Grupo Basadre, que usurpando el espíritu peruanista de nuestro insigne historiador Jorge Basadre, se presentan como anti-chilenos radicales, cuando Jorge Basadre nunca lo fue.

Líneas abajo compartimos con nuestros lectores el lúcido artículo de Alfredo Torres sobre una prohibición inconveniente.

El veto constitucional que impide la inversión privada extranjera en zona de frontera

Una prohibición centenaria

Alfredo Torres
Presidente ejecutivo de Ipsos Perú
El Comercio, 20 de agosto de 2017

“El Perú tiene nueve regiones que ven limitado su desarrollo por la interpretación vigente del artículo 71 de la Constitución”.

“Por Tumbes y Tacna ingresan en conjunto 1,2 millones de turistas al año. La cifra podría duplicarse para el 2021 si se abren esas economías a la inversión extranjera”. (Ilustración: Giovanni Tazza).

La historia ha demostrado reiteradamente que los países que más progresan son los que abrazan la modernidad, mientras que los que se quedan rezagados son los que se aferran al pasado y se encierran en sus fronteras. El Perú ha venido haciendo en las últimas décadas valiosos esfuerzos por abrirse al mundo, logrando así reducir significativamente la pobreza, sin embargo, todavía conserva ideas y normas de otros tiempos. Uno de estos casos es el artículo 71 de la Constitución que establece que los extranjeros no pueden adquirir ni poseer ningún tipo de propiedad dentro de los 50 kilómetros de las fronteras, salvo caso de necesidad pública y con aprobación del Consejo de Ministros.

Cuando se rastrea el origen de esa norma, se llega a la Constitución de 1920, nueve años antes de que el Tratado de Lima resolviese el retorno de Tacna al Perú. Era lógico que el Perú tomase precauciones entonces, para evitar que más chilenos se afincasen en Tacna y pudiesen votar en el esperado plebiscito del retorno a la patria. La desconfianza fronteriza continuó, con altibajos, hasta fines del siglo XX, con lo cual la disposición se mantuvo en las constituciones de 1933, 1979 y 1993. Felizmente, nuestras relaciones con los vecinos cambiaron radicalmente con el acuerdo de paz firmado entre el Perú y Ecuador en Brasilia en 1998 y el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 2014 que cerró el diferendo marítimo entre el Perú y Chile. 

Sin embargo, la vieja disposición subsiste, frenando el desarrollo de las ciudades de Tacna y de Tumbes –que quedan dentro de los 50 kilómetros de frontera– y de innumerables poblaciones en esas regiones y en Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Puno. Al impedirse esta inversión no se pueden instalar, por ejemplo, hoteles de cadenas internacionales, que serían muy útiles para atraer un mayor flujo de turistas de los países vecinos. Tampoco se puede recibir inversión extranjera para construir un centro comercial o un cine si no puede demostrar su utilidad pública y previa aprobación del Consejo de Ministros.

Precisamente, en estos días el Gobierno ha frenado la construcción de un centro comercial en Tacna como reacción a la oposición cerrada de comerciantes –la mayoría informales– temerosos de enfrentar una competencia moderna, acompañados de algunos veteranos políticos, militares retirados e intelectuales nacionalistas. Unos y otros empezaron a organizar marchas, artículos y pronunciamientos para oponerse al proyecto en defensa de la patria, como si un centro comercial representase un riesgo para la seguridad nacional. 

En todas las encuestas efectuadas en Tacna –incluida una de Ipsos– se encuentra que la mayoría está de acuerdo con que se permita una inversión extranjera para construir un nuevo centro comercial. El apoyo popular es lógico: el centro comercial generaría 5 mil puestos de trabajo formales y una notable mejora en su calidad de vida. Lamentablemente, el apoyo de la mayoría no es suficiente. Como ocurrió con el aeropuerto de Chinchero, bastó con que políticos ansiosos de figuración acusaran al gobierno de ‘lobbista’, de querer favorecer a inversionistas privados, para que se desate una crisis que llevó a la caída de dos ministros y a que el proyecto se paralice. Los mismos políticos oportunistas y algunos más contrarios a la inversión privada tenían en el proyecto de Tacna –si el Consejo de Ministros lo aprobaba– la excusa perfecta para pedir la censura del Gabinete acusándolo no solo ya de ‘lobbista’ sino de antipatriota.

El gobierno se ha salvado de un riesgo político mayor, pero a costa de frenar el desarrollo de Tacna. Comprensiblemente, los tacneños están ofuscados. El ministro de la Producción, Pedro Olaechea, ha declarado que no podemos quedarnos congelados en los años 20, que la norma es absurdamente restrictiva, que debemos buscar una solución integral y definitiva para el desarrollo de todas las fronteras, que los gobernadores pueden plantear al Congreso que se declare de necesidad pública la inversión extranjera en su región. La ruta es plausible, pero hay que actuar rápido.

Por Tumbes y Tacna ingresan en conjunto 1.2 millones de turistas al año. La cifra podría duplicarse para el 2021 si se abren esas economías a la inversión extranjera en turismo y comercio, con la consiguiente creación de miles de empleos formales y mejora de la calidad de vida de la población. El Perú tiene nueve regiones que ven limitado su desarrollo por la interpretación vigente del artículo 71 de la Constitución. Todas con oportunidades para progresar en diversos sectores sedientos de inversión.

 Esta semana se reúnen los gobernadores regionales con el Gobierno Central en el GORE Ejecutivo. Es una excelente oportunidad para revisar el tema. Los congresistas de las regiones de frontera deben también sumarse a esta causa. El desarrollo del siglo XXI no puede seguir frenado por una prohibición centenaria.

Veamos algunos párrafos de dos publicaciones que destacan lo absurdo de la disposición constitucional indicada:

• En el año 2009 el Tribunal Constitucional emitía una sentencia por la cual un ciudadano italiano quedaba impedido de registrar un inmueble a su nombre, predio que heredó de su madre, también italiana, debido a que el inmueble está ubicado en Tacna y como extranjero no puede ser propietario ni poseedor de tierras que están ubicadas a menos de 50 Km. de la frontera, salvo que sea necesidad pública (Artículo 71 de la Constitución).
• Hace días la compañía Sodimac, parte del grupo chileno Falabella, compró el 100% de las acciones de la empresa Maestro Perú por un valor total de S/. 1,404 millones, el paquete adquirido incluye las 30 tiendas de Maestro entre ellas la tienda de la ciudad de Tacna, ubicada en la Prolongación 2 de mayo a unos 31 Km. de la frontera, convirtiéndose así, quizás sin proponérselo, en la primera de su tipo en tener una tienda en una ciudad peruana fronteriza.

Ver: La compra de Maestro por Sodimac y el artículo 71 de la Constitución, por Félix Villanueva

• El artículo 71 no solo limita la propiedad, sino también el alquiler de inmuebles. Si uno revisa en detalle la norma, esta especifica que “los extranjeros no pueden adquirir ni poseer título alguno”. Jurídicamente hablando, poseer se interpreta como alquilar y esto agrava aún más la situación.

Ver: El desarrollo fronterizo y el artículo 71, por Aldo Fuster

Así es como los peruanos debilitamos nuestro desarrollo, especialmente el de las poblaciones emergentes de nuestras fronteras, causando un daño severo a aquellas menos integradas a la vida nacional, como son las de Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Puno, que no tienen la misma dinámica de Tumbes y Tacna. Esperamos que en los próximos días se pueda reflexionar adecuadamente sobre esta trampa constitucional.

Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Es conocido que el principal motor del crecimiento en el largo plazo es el incremento en la productividad del trabajo. Es decir, el desarrollo de un país está directamente ligado al aumento de la productividad de sus trabajadores.[i]Lo difícil es encontrar, en cada contexto económico y social, cuáles son los factores y las condiciones que estimulan el incremento de esa productividad. McKinsey ha realizado un estudio detallado de los factores que inciden sobre la productividad de los países ricos, medios y pobres (EEUU, Corea, Brasil, Rusia, etc.) mostrando lo decisivo que es la productividad para la creación de riqueza y la calidad de vida de los países.[ii]

Fuente:  pinterest.com

En el caso de Perú, la minería moderna es uno de esos factores que pueden dinamizar la productividad de las economías regionales. En mi último libro (Mendonca Ferreira, 2017, Lampadia) he explicado brevemente qué pasacuando una mina se instala en una zona rural de economía tradicional, y como se generan dos tipos de economías con grandes diferencias de productividad:[iii]

1. Un cinturón de economía moderna ligada a la minería, con alta productividad.
2. Una economía tradicional, básicamente agrícola, de baja productividad.

En las zonas mineras, los destinos económicos de la gran mayoría de las familias dependen de su grado de articulación con ese segmento de economía moderna creada por la minería en su entorno. Estar ligado a la minería resulta siendo, en la mayoría de los casos, la mejor ruta de capitalización de los productores y empresarios en las economías regionales, y en muchos casos, resulta siendo la única ruta realista de capitalización.[v] Quienes no logran articularse con la minería, de alguna forma, se quedan en la economía tradicional. Pueden obtener pequeñas mejoras, pero se mantienen cercanos a la línea de pobreza. Sufren la frustración de seguir siendo pobres entre amigos, parientes y vecinos que ya tienen capacidad de acumulación por estar ligados a la minería. Entonces, todos quieren sacar provecho de la minería para capitalizar, sea produciendo, empleándose, o generando conflictos.

La población de las regiones mineras sabe muy bien de los beneficios de estar ligados a ese sector moderno. Por esto no es difícil convencer a las comunidades que están fuera de las Áreas de Impacto Directo (AID)de las empresas mineras a que participen en conflictos. Basta decirles que, si participan de los conflictos ellos van a ser incluidos en las AID. Los ejemplos en Perú de conflictos para ser incluidos en las AID se cuentan por decenas.

Si uno reconstruye los procesos de los conflictos mineros, conversando directamente con los actores involucrados, encuentra que, en la mayoría de los casos, una de las principales razones detrás de los conflictos es el deseo de ser parte de ese sector moderno, o de sacar provecho de la actividad minera de alguna manera. También hay conflictos mineros generados por razones ambientales, pero ellos son mucho menos frecuentes de lo que se cree.[vi] Lo típico de los conflictos mineros son las comunidades exigiendo empleo y contratos a las empresas mineras, exigiendo ser parte de las AID, exigiendo inversiones sociales, o exigiendo la donación de fondos para sus organizaciones. Es esa situación la que aprovechan los emprendedores destructivos y los grupos hostiles a la minería (anti-mineros) para promover la conflictividad. La narrativa va ser siempre ambientalista, pues es creíble, pero como explicamos en un artículo anterior las causas reales pueden ser muy distintas de las narrativas (http://www.lampadia.com/analisis/mineria/los-conflictos-y-sus-discursos/).[vii]

El caso de Las Bambas es ilustrativo de la conflictividad como forma de sacar provecho de la alta productividad minera: El conflicto de fines de 2015 está ligado a culminación de los contratos con cientos de empresas locales, afectando a más de 12 mil empleos. Al perder los beneficios obtenidos en la etapa de construcción, se generó un ambiente propicio para la conflictividad y obtener beneficios adicionales. En el conflicto reciente, el disparador fue el bloqueo de una carretera, liderado por un par de emprendedores destructivos, con la finalidad explícita de extraer rentas a la empresa cobrando un peaje multi millonario. Hechos como estos, aunque de menor escala, ocurren en el entorno de todas las empresas mineras modernas del país.[viii]

La conflictividad social, en la mayoría de los casos, es una forma destructiva y violenta de ingresar a los sectores modernos de la economía regional, creado por la actividad minera, o de sacar algún tipo de provecho de la alta productividad de la minería.

El Perú tiene en la minería un motor para dinamizar las economías regionales e incorporar millones de productores y sus familias a la modernidad. La geografía desafiante del Perú hace difícil crear condiciones de desarrollo para de las poblaciones rurales de las zonas andinas. La minería, al generar una economía moderna en su entorno contribuye de forma importante a vencer ese desafío. La minería genera, además, los recursos (canon) para financiar las obras que se requiere para viabilizar el acceso a los mercados y a los servicios. Desperdiciar ese potencial transformador es una expresión de desinterés por las poblaciones rurales y un acto de desinteligencia económica.

La minería lleva dinamismo económico, tecnologías y conocimientos gerenciales de nivel global a zonas tradicionalmente pobres y aisladas de la sierra. Además, paga miles de millones de dólares en impuestos y canon, para financiar obras críticas para el desarrollo. Las fuerzas políticas y empresariales y las autoridades nacionales y regionales tienen, con las nuevas generaciones, la responsabilidad de generar las condiciones paraun aprovechamiento constructivo de la alta productividad minera. En vez de celebrar las formas destructivas de extracción de rentas, los conflictos mineros, lo que se necesita es viabilizar las formas constructivas de sinergia entre el sector moderno, creado por la minería, y la economía tradicional de las regiones mineras. Lampadia

En anteriores ocasiones hemos presentado información sobre la evolución del crecimiento y reducción de la pobreza en la región Apurímac, que en los últimos años se ha dinamizado notoriamente, como producto del gran proyecto minero de cobre de Las Bambas.

Además, hemos podido comparar cómo Apurímac aprovechó la inversión minera para dar un salto adelante en las condiciones de vida de la región, mientras Cajamarca hizo lo contrario,dió un salto atrás, un descalabro que le quitó a sus ciudadanos la posibilidad de ser la región más rica del Perú. Por arte y magia, aunque más por una suerte de brujería, Cajamarca, al ritmo de los anti-mineros Arana, Santos, et al, tiró por la borda cinco proyectos mineros que le hubieran cambiado la vida.

Ver en Lampadia:

• Apurímac: Un nuevo testimonio del aporte de la minería

• El Perú se la juega en Cajamarca

• Necesitamos más minería para una mayor competitividad 

• En busca del tiempo perdido – ¡Ahora!

En esta ocasión presentamos un importante análisis de Ciudadanos al Día (CAD), sobre: Recursos del Canon, capacidades locales y promoción del desarrollo – Caso Apurímac. (Ver la publicación en Recursos del Canon, capacidades locales y promoción del desarrollo: Caso Apurimac).

El trabajo de CAD, muestra que, tanto a nivel del gobierno Regional, como de los gobiernos locales, la ejecución o uso de los recursos del Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, para el período 2013-2016, ha sido muy baja, desperdiciando recursos valiosísimos para el desarrollo de la región.

“Algunos departamentos como el Cusco y Callao fueron los más destacados por la alta ejecución de su presupuesto, 88.5% y 86.9% respectivamente. Sin embargo, se observa que existen departamentos cuyo nivel de ejecución se encuentra muy por debajo del promedio nacional (68%): tal es el caso de Ancash (52.6%), Apurímac (47.9%) y Madre de Dios (45.4%) quienes presentaron los menores niveles ejecución presupuestal en dicho periodo”.

A pesar de ello, por la fuerza de la inversión privada en Las Bambas, que incluyó inversiones sociales del orden de US$ 300 millones, Apurímac dio su salto adelante. ¿Qué hubiera logrado Apurímac si sus autoridades hubieran tenido una efectividad parecida a la del sector privado, que terminó su inversión a tiempo y que logró alcanzar su capacidad de producción con gran rapidez?

Afortunadamente, en Apurímac, además de la ineficiencia de sus autoridades, no se habría presentado escándalos de corrupción, como se ha visto en otras regiones. Bien por ello. Pero no podemos dejar de insistir que la organización política del Perú, con su apurada descentralización, ‘coja y manca’ pero con delegación de ‘poderes absolutos’, debe ser corregida.

Esto es producto, fundamentalmente del gobierno de Toledo que empujó la descentralización a una piscina vacía, y de García II, que en vez de poner una escalera para salvar la situación, tiró arena y creó un pantano que tiene atrapados a muchos gobiernos regionales entre la ineficiencia y la corrupción. En Lampadia hemos analizado los defecto del arreglo institucional de las regiones, pero el país, parece no tener cabeza para entender la importancia y urgencia de hacer algunas reformas. Ver: ¿No quieren evitar la corrupción? y Patente de corso para la corrupción.

Lo más escandaloso de la ineficiencia (falta de ejecución presupuestal y usos inadecuados) y la corrupción en el manejo de los presupuestos públicos en los departamentos, es que se trata de regiones pobres, que nunca tuvieron los volúmenes de recursos que generó el Perú para sus pueblos desde el regreso de la inversión privada con la Constitución de 1993. No se debió desperdiciar ni un sol. Lo hecho es una suerte de crimen social que algún día tendrá que ser debidamente señalado.

Veamos algunos de los cuadros y tablas del trabajo de CAD:

Es increíble que el Perú no haya sabido aprovechar sus recursos y que ahora, encima de todo, sin que importe debilitar el reto de seguir creciendo y reduciendo la pobreza, se haya parado las inversiones mineras, la mayor fuente de recursos para los peruanos más pobres de las regiones. Peor aún, es escandaloso que nuestra clase dirigente, especialmente la política, no tenga claras estas cosas y no se aboque a su corrección. Lampadia  

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 21 de abril de 2017
Para Lampadia

Yo conocí a Juan Diego Flórez allá por el año 2013. El encuentro se lo debo a don Alberto Benavides de la Quintana; cuando este gran señor vivía los últimos tramos de su vida. En aquel entonces, el tema de Minas Conga y Yanacocha estaban que ardían, y don Alberto quería apaciguar los ánimos de la gente de Cajamarca. Juan Diego había creado “Sinfonía por el Perú” y don Alberto quería informarse al respecto. Yo conocía a un amigo que conocía a Juan Diego… y así establecimos el contacto.

Don Alberto fue un hombre extraordinario. Mientras algunos “expertos en conflictos” proponían regalar chimpunes a futbolistas cajamarquinos; y otros sugerían construir locales comunales; don Alberto proponía música. Inclusive, los más atorrantes proponían el uso de la fuerza… “mandemos al ejército y acabemos con el problema” decían algunos, demostrando así su altanería. Sin embargo, el viejo sabio y bueno – con voz pausada y segura – decía “la gente de Cajamarca está llena de ira y de rabia; ellos necesitan paz, necesitan amor… Cajamarca necesita música”. Sin duda, don Alberto parecía más un gran líder pacifista – tipo Gandhi – que un exitosísimo empresario minero, que ciertamente era.

Pues bien; inspirados en la sabiduría de don Alberto – o sea, motivados por el desarrollo de los valores de paz y amor en la Región Ica – hace un año creamos “Sinfónica”; un programa educativo dedicado al fomento de la música para niños de 5 a 13 años de edad. La “Unidad Ejecutora” fue – y seguirá siendo – la Dirección Regional de Educación (DREI) del Gobierno Regional de Ica. Entre paréntesis… somos el único Gobierno Regional del país que tiene un programa de esta naturaleza, en convenio con “Sinfonía por el Perú” de Juan Diego Flórez. ¡Qué orgullo!

A lo que quiero llegar, es que los resultados de “Sinfónica” – apenas a un año de su nacimiento – no pueden haber sido mejores. Un coro de 230 niños – o mejor dicho, 230 angelitos – nos ponen “la piel de gallina” cada vez que cantan. Y sus familiares y amigos… ¡ni se diga! El talento es de verdad. Al menos, así lo certifican los especialistas de “Sinfonía por el Perú”. Pero la chochera de los iqueños por estas criaturitas es tan intensa, que muchos juramos que estamos frente a una nueva versión de “Los Niños Cantores de Viena”. De veras… ¡son lo máximo!

Tal es el éxito de “Sinfónica”, que se acaban de integrar 450 niños – más – de la provincia de Ica. Y – a pedido del público – 200 niños de Chincha se están integrando para conformar el “Módulo Chincha”. Como se ve, “Sinfonía por el Perú” está en pleno proceso de “procreación”. Aparte de engendrar a su hijo; el “Núcleo Ica”, ya nació el hijo del hijo; el “Módulo Chincha”. Lo cual quiere decir que en apenas un año, tenemos tres generaciones de coros de angelitos. ¡Y eso que se vienen los coros de Nasca, Pisco y Palpa! Pronto, toda la Región Ica estará impregnada de ternura y frenesí, gracias a la magia de la música cantada y tocada por nuestros niños.

Aclaración final: Estos logros se deben al concurso invalorable de (1) Juan Diego Flórez y “Sinfonía por el Perú” quienes dirigen y capacitan a nuestros brillantes maestros de música, (2) la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, quienes colaboran con el financiamiento de los gastos de “Sinfonía por el Perú”, (3) los empresarios iqueños que aportaron todo el instrumental para la orquesta, (4) los padres, familiares y amigos de los niños del coro “Sinfónica” de Ica, y (5) a los colaboradores de la DREI – directores, funcionarios, servidores, maestros… – que están descubriendo a nuestra niñez prodigiosa a través de la música. A todos ellos… gracias. Y ¡vamos que la función recién ha empezado! Lampadia

En los últimos días se han generado algunas reacciones con respecto a la Ministra de Justicia Marisol Pérez-Tello y su postura ideológica, originados por la reciente visita de la ministra a Máxima Acuña en Cajamarca, uno de los símbolos anti-mineros más usados para forjar el relato de David contra Goliat.

“Ya no me queda ninguna duda de que la ministra Pérez Tello es una encubierta caviar completa tras verla retratada ayer en LR junto a Máxima Chaupe, la “guardiana de la laguna”, la heroína de papel que protagoniza la farsa que ha montado la izquierda en Yanacocha”. Aldo Mariátegui

Por otro lado, Jaime de Althaus en entrevista con  Alfredo Thorne señaló que la visita a Chaupe no es coherente con un gobierno que trata de promover la inversión minera. Pero, en sentido contrario, Miguel Santillana defendió a la ministra, calificando de “obtusos” a quienes critican la visita y afirma que “Marisol no es Caviar”.

Determinar si la ministra es o no “caviar” es algo muy difícil dado que esta categorización no tiene una definición muy clara. Sin embargo, ello no cambia el hecho que la visita de la ministra a un instrumento de propaganda como la Chaupe genera una incertidumbre justificada respecto al marco ideológico detrás de sus acciones.

Una revisión de las declaraciones y acciones de Marisol Pérez Tello hacia la minería nos señala que tiene una postura compleja hacia el sector. Por un lado, los orígenes partidarios de Marisol Pérez-Tello en el PPC y sus declaraciones nos señalan una afinidad hacia un modelo de desarrollo impulsado por la inversión privada. En múltiples ocasiones ha afirmado la importancia del sector minero y la necesidad de una relación armoniosa del mismo con las poblaciones en su entorno. Por ello, no se puede caracterizar a la ministra como una militante pos-extractivista, como sí se puede hacer con otras figuras políticas como Marco Arana o José de Echave.

Sin embargo, existen suficientes evidencias para considerar que la ministra comparte algunos componentes de su ideología con los anti-mineros, en especial su visión respecto a la naturaleza de la población campesina peruana y su relación con el Estado.

Una entrevista de Marisol Pérez-Tello sobre “Pueblos Indígenas e Interculturalidad” es muy reveladora respecto a su postura ideológica:

• Considera como pueblos indígenas a la totalidad de las comunidades campesinas, compartiendo una posición con las ramas más radicales del indigenismo además de ser una postura que, de ser aceptada por el Estado, llevaría a un escalamiento de la conflictividad minera. Hay que recordar que las comunidades campesinas incluyen a alrededor de 2.5 millones de personas y ocupan el 39% de la superficie agrícola nacional.(Ver:http://www.larevistaagraria.info/sites/default/files/revista/ragra29/LRA29-0607.pdf). Esto debido a que las comunidades aceptadas como “pueblos nativos” podrían reclamar la renegociación de sus acuerdos ante el Estado y las Empresas Mineras puesto que los mismos se dieron sin haber hecho la consulta previa.
• Comparte una visión romántica respecto a la búsqueda de los indígenas de “alternativas al de desarrollo” por lo que podrían considerar la llamada “seguridad alimentaria” como un fin más deseable que el progreso material. Aquí se muestra la visión romántica de los comuneros, que tienen una “cosmovisión” en la que el progreso pasa a segundo plano, puesto que tienen una “manera distinta de entender del mundo”. Considera que los comuneros tienen una “relación especial con la tierra”, distinta a la del resto de la población.
• Considera que la colectividad a la que denomina “pueblos indígenas” tiene derecho a la autodeterminación de su modelo de desarrollo. Esto puede (a primera vista) sonar bien. Sin embargo, esta autodeterminación (tal como se entiende desde el enfoque intercultural), pasa por la exclusión casi total de las comunidades campesinas del Estado peruano y les brinda poder de veto sobre las políticas nacionales para el aprovechamiento de los recursos naturales. En esta visión, ella equipara las comunidades campesinas con los pueblos indígenas, son sujetos con derecho de Consulta Previa, y aún más importante, a la autodeterminación.
• Considera que en el Perú existe una división entre occidentales/mestizos versus indígenas, siendo los últimos capaces naturalmente de vivir en armonía con el medio ambiente. Llega a afirmar que: “Un niño awajun se puede asustar si ve una escalera eléctrica pero seguramente sabe todas las propiedades curativas de la hoja de un árbol”.
•  En un acto de profundo desconocimiento de la realidad, la ministra afirmó que las negociaciones en Cajamarca durante el conflicto Conga fracasaron debido a que no se permitió a los “Apus” negociar con su población los términos ofrecidos en el marco de su “democracia participativa indígena”. Aquí muestra un deseo de acomodar la realidad a los estereotipos dignos de un practicante sueco de Grufides. ¿De dónde sacó esa afirmación?  Ninguna de las organizaciones movilizadas en Cajamarca contra Conga tenían “Apus” y Cajamarca es una de las regiones menos indígenas del Perú con un 0.4% de quechua-hablantes (una tasa bastante  menor que la de Lima). 
• Considera que los actos en Bagua fueron resultado de “una gran unión de los pueblos indígenas que les ha dado mucha fuerza y yo los felicito”. Consideró que los sucesos de Bagua fueron una reacción a “leyes que violentaban sus derechos”. Estas palabras serían indistinguibles de las que diría Alberto Pizango. Hay que señalar que, posteriormente, Pérez Tello felicitó la exoneración de todos los acusados por la masacre de policías durante el Baguazo, asesinatos que quedaron en total impunidad.

Más allá de esta entrevista, hay otras señales del alineamiento ideológico de Marisol Pérez-Tello con varios componentes radicales del “enfoque intercultural”:

• Presentación junto con congresistas pos-extractivistas de izquierda de un proyecto de ley en favor de la Consulta Previa Legislativa, en la que será necesaria consultar a la totalidad de los pueblos indígenas del país en cada ocasión en que se de una ley que pudieran considerar les incumbe. Sería esperable que esto origine más conflictos sociales si es que estos indígenas- según Marisol Pérez Tello- consideran que no se les está consultando. Habría dos tipos de peruanos, con distintos derechos: aquellos que eligieron a sus representantes con su voto y aquellos que además de votar serían consultados.
• Presentación una solicitud en contra de una reforma del código penal que hubiera debilitando a la justicia intercultural. En esta solicitud, Marisol Pérez-Tello comparte su postura con Rocío Silva Santisteban, Grufides, Derechos Humanos sin Fronteras (Cusco), Derechos Humanos y Medio Ambiente – Puno, Radio Marañón y múltiples organizaciones y personalidades anti-mineras y radicales.

• Participación en eventos de promoción del indigenismo radical. El 2013 se dio el Segundo Encuentro Nacional del Pacto de Unidad en la que participó, en ese entonces como congresista.  Hay que señalar que el Pacto de Unidad es una organización indigenista radical. La congresista también fue expositora en la presentación del libro “La Verdad Sobre Bagua” en la que compartió mesa con representantes de varias de organizaciones que azuzaron el conflicto. Ya como ministra, en Cajamarca, el 17 Noviembre del 2016 se dio el “Primer Seminario de Justicia Intercultural” en el que la ministra se comprometió a apoyar el avance de la Justicia Intercultural.
• Durante su periodo como congresista, formó parte del “Grupo de Trabajo sobre la Implementación y Reglamento de la Ley de Derecho a la Consulta Previa” junto con Verónika Mendoza, Claudia Coari y Cassio Huaire. Este grupo contaba con la asistencia y apoyo técnico de OXFAM, ONAMIAP, CONACAMI, CNDH, CCP, IDL entre otras organizaciones hostiles a las actividades mineras en el Perú.

Marisol Pérez-Tello ha tenido un patrón de conducta propia de un activista en favor del indigenismo radical con un nivel de actividad que llega a superar al de Verónika Mendoza. Su colaboración en actividades con bajos retornos políticos nos habla de un compromiso ideológico personal. Esto implica, además, que estaría ejerciendo el ministerio con agenda propia y no con la agenda del gobierno de PPK.

Respecto al caso Chaupe, la ministra consideró que “es evidente el maltrato a la señora Chaupe” tomando posición en favor de los anti-mineros. Al ser preguntada el porqué de su visita, Pérez-Tello afirmó que lo hacía motivada por la necesidad de responder a una Medida Cautelar generada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, había otras 46 personas involucradas en dicha medida y la ministra decide visitar personalmente a aquella que le permite el máximo rebote mediático y se genere el mayor daño posible hacia el sector minero. Quien sirvió de acompañante durante su visita a Chaupe fue el radical Manuel Ramos, el más anti-minero de los miembros del Concejo Regional de Cajamarca.  Dentro de la concepción de Perez-Tello, Máxima, al ser comunera, es una indígena no reconocida a la que no se le ha permitido ejercer su derecho a la libre determinacion del modelo de desarrollo, independientemente de las condiciones judiciales que envuelven el caso, o si ella invadió efectivamente el predio o no.

Queda claro que este gobierno “proinversión” ha nombrado en el cargo estratégico del Ministerio de Justicia a alguien que se acerca al indigenismo radical. Más allá de si es conciente o no de las consecuencias de sus propuestas, la aplicación de lo que propone Marisol Pérez-Tello inviabilizaría a gran parte de la inversión minera en el Perú. Lampadia

Muchos fueron los que en el Perú, en un ejercicio de optimismo, dieron por sentado que en el segundo semestre del 2016 empezaría a recuperarse la economía y a marcarse el norte hacia un bicentenario que nos acerque al desarrollo integral y a la OCDE.

Lamentablemente, el año terminó en una nota bastante pesimista; la inversión privada siguió cayendo, la demanda interna creció en un deleznable 1%, el déficit fiscal aguó la fiesta del gasto público, los conflictos sociales se ‘crecieron’ y la política se enredó en destructivos dimes y diretes.

Fuente:  rpp.pe

Pero finalmente, ni el optimismo ni el pesimismo describen correctamente la realidad, ni nos permiten auscultar nuestras capacidades para construir un mucho mejor 2017. Veamos algunos fundamentals  sobre los que podríamos construir un año de realizaciones positivas, a pesar de las nada propicias condiciones internacionales.

• El Perú ya demostró su capacidad de generar crecimiento económico detrás de la dinamización de la inversión pública y privada.
• La inversión pública y privada, originada mayormente por el crecimiento de la inversión minera, generaron efectos colaterales muy importantes en el sector público, a través del canon minero y; en el sector privado, a través de importantes encadenamientos productivos con los sectores de manufactura, construcción, transporte y servicios, entre otros.
• La parálisis y debilitamiento de la inversión del sector minero no es consecuencia directa de la disminución de los precios de los metales, pues el Perú es un país polimetálico y de costos muy competitivos, y varios de los proyectos paralizados tienen costos hundidos que mejoran las ecuaciones económicas de los proyectos.
• Los problemas de la inversión minera se deben a la creciente conflictividad (política) social, que ningún gobierno ha querido o sabido enfrentar.
• La perspectiva internacional de la demanda de metales a mediano plazo es positiva.
• Además del potencial de inversión minero, tenemos grandes espacios de desarrollo en energía, forestería, agro-exportaciones, pesca y turismo, entre otros.
• Tenemos una pujante clase media emergente que muestra buenos niveles de resistencia ante ciclos económicos débiles.
• Se ha dinamizado la producción y los ingresos del sector rural en general y del sector agrícola en particular, como lo demuestra Richard Webb en La Revolución de la Agricultura.
• Se ha acumulado una importante experiencia institucional en el nivel de gestión de varios gobiernos sub-nacionales. Lamentablemente no aun, en dos de las regiones de mayor potencial, Cajamarca y Arequipa; donde Gregorio Santos a pasado a exportar sus ‘ideas muertas’ a otras regiones y Yamila Osorio ha borrado el proyecto de Tía María del rol de inversiones.

Evidentemente, la lista de las cosas por hacer en educación, salud, infraestructuras, instituciones y tecnología es más larga que la de los pilares sobre los que se puede construir una base sólida de crecimiento, pero sin crecimiento económico no se puede lograr ni lo uno ni lo otro.

Por lo tanto, podemos afirmar que el análisis de lo que hay que hacer para recuperar el brío de la nación está claro, veamos:

1. Tenemos que priorizar la inversión, pública y privada. Tenemos que revalorar la inversión minera con sus importantes impactos colaterales.
2. Tenemos que enfrentar y superar la conflictividad social.
3. Tenemos que explicar al país, in-extenso, los tres temas anteriores y generar un eco positivo a la inversión en general, a la inversión minera en particular y mayor comprensión de los concomitantes de la conflictividad.

Sin embargo, aparentemente, los políticos no tienen oídos ni manos para actuar en consecuencia.

Fuente: media.dumpert

¿Qué hacer entonces?  

Pues no esperar que los políticos lideren la indispensable ‘gesta por el desarrollo integral’. Tenemos que ser los miembros de la sociedad civil los que asumamos el reto de comunicar a la población de dónde venimos, qué tenemos, qué podemos lograr y qué tenemos que hacer.

Llenemos los espacios de comunicación social para comunicar la buena nueva de un país que no tiene límites para crecer y que solo necesita que su clase dirigente pase a la ACCIÓN.

No dejemos nuestro país a medio construir. Si emprendemos el reto, pronto nos seguirán los demás, incluso los medios y los políticos. ¡Acción Ahora! Lampadia 

Según las declaraciones de PPK a Oppenheimer, su popularidad depende de las expectativas de la prosperidad futura de la población. Asumiendo esto como un factor de base, tendríamos que decir que el crecimiento de la economía puede representar la base de las expectativas y, por lo tanto, tendríamos que esperar que los distintos funcionarios del régimen privilegien el crecimiento o, por lo menos, que no lo debiliten.

Si además tomamos en cuenta que el mediocre crecimiento actual está soportado en un 50% por el sector minero, por la entrada en producción de los últimos proyectos que lograron evitar su paralización por el apronte anti-minero que paralizó a los demás, tendríamos que concluir que para lograr un mayor impulso del crecimiento, tendríamos que reactivar el sector minero y poner en camino los grandes proyectos, actualmente paralizados.

Pues contrariamente al enfoque de gestión gubernamental que se necesita para crecer, el Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo y el nuevo jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la PCM, Rolando Luque, estarían jugando otro partido. Resulta que el primero ha declarado que la inversión minera “empezará a reactivarse paulatinamente a partir de mediados de 2018”. Y el segundo considera que en el Perú “en general hay razones para protestar”; “no comparte la tesis de la conspiración política como explicación de la conflictividad social”; relativiza la solidez de los EIA y las audiencias públicas y; plantea que la policía haga un uso proporcional de la fuerza para enfrentar los actos de violencia (pedrada con pedrada). Veamos en profundidad el caso del jefe de la ONDS:

Sobre el nombramiento del Rolando Luque

Rolando Luque ha sido recientemente nombrado Jefe de la ONDS.  Este puesto es crítico para el futuro de la conflictividad social en el Perú y para la viabilidad de múltiples inversiones de las que depende el futuro económico del país.

La ONDS es el cargo con mayor influencia sobre la estrategia general del gobierno nacional a la hora de enfrentar un conflicto social. Por ello la designación de su Jefe tiene importantes consecuencias sobre la conflictividad social y sus dinámicas. Con el fin de tener indicios respecto a que se puede esperar a partir de su nombramiento hemos analizado sus presentaciones, documentos y declaraciones desde su pasado puesto en la Defensoría del Pueblo como Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y sus declaraciones una vez nombrado en el cargo de la ONDS. Presentaremos un análisis de las afirmaciones de Luque en diversos aspectos.

Significado Social de los Conflictos

Rolando Luque en “Conflictos Sociales y Respuestas Sociales: Del Orden Interno a la Protección de Derechos”[1] afirma:

“Pero, además de romper la insularidad, el conflicto revela un desequilibrio previo, una asimetría perjudicial reñida con el principio de igualdad sobre el que se erige el Estado Democrático.  Entonces el conflicto, de ser visto como algo condenable pasa a transformarse en una oportunidad …”

En la visión del Rolando Luque los conflictos de originan en una “asimetría” entre actores sociales y por ello se constituyen en una “oportunidad” para cerrar esta brecha. Más adelante Luque elabora aún más esta visión:

“El conflicto puede convertirse en el momento propicio para dar saltos hacia situaciones nuevas que mejoren las relaciones entre unos y otros, siempre que sea adecuadamente manejado”

Si bien es emocionalmente reconfortante el ver como “oportunidad” a los conflictos; la verdad es que en general estos no llevan a “situaciones nuevas” en el que hayan mejorado las relaciones entre actores sociales. En los conflictos más emblemáticos, lo que se ha visto es que los conflictos llevan a dinámicas de violencia y radicalización que vuelven más difícil  llegar a acuerdos futuros. La romántica visión del Rolando Luque no encuentra asidero en ningún ejemplo que pueda observarse en la historia reciente del Perú, sea Conga, Tía María o Las Bambas. Esta visión puede sonar agradable al oído pero es una mala guía para la acción.

Para Rolando Luque los conflictos podrían servir para visibilizar la problemática social de los sectores olvidados ante el resto de la sociedad.  Para Rolando Luque las asimetrías entre los actores sociales atenta contra la democracia. Creemos que es positivo reducir las asimetrías sociales, pero ésta es una interpretación con indiscutible carga ideológica puesto que la democracia es un régimen político que puede y debe darse independientemente de la desigualdad al interior de la sociedad.

Violencia y Fuerzas del Orden

En  “Memoria, Posconflictos y Nuevos Conflictos Socio-ambientales”[2] Rolando Luque afirma:

“…los civiles que no son parte de una organización criminal, no son una banda de secuestradores, tampoco es el narcotráfico ni el terrorismo, estamos hablando de ciudadanos que un buen día salieron a las calles a protestar porque consideraban que había algo injusto que los perjudicaba. En esa condición podemos estar cualquiera de nosotros, desde luego las trasgresiones a la ley tendrán que ser investigadas y sancionadas en su momento, pero el trato que se espera se dé a estas personas no puede ser el de un delincuente. En ese sentido la Policía Nacional tiene que experimentar un cambio muy fuerte”.

En entrevista en Radio San Borja se reafirma en estas ideas[3] dejando en claro que considera que quienes participan en protestas deben enfrentar consecuencias disímiles a las que enfrentan otros ciudadanos frente al mismo accionar. Para el Rolando Luque la motivación que tenga una persona detrás de los actos ilícitos que pudiera cometer debería afectar el actuar de las fuerzas del orden. Según ese pensamiento, un acto de violencia con una motivación política, como protestar, debería recibir un trato distinto a un acto de violencia con un propósito privado. Nos preguntamos si para Rolando Luque ¿los “Espartambos” que asesinaron a cadenazos al Sub Oficial Alberto Vásquez Durand,  eran personas como “nosotros” que un buen día decidieron ejercer su derecho de protesta (violenta) frente a la injusticia de la sociedad peruana?

En entrevista a Perú21[4] durante el apogeo del conflicto en Islay Rolando Luque afirmó:

“los pobladores de Islay no son delincuentes, pueden cometer algunos delitos, pero serán identificados“

“Sí se puede identificar a unas minorías muy violentas, que son las que están atacando a la población civil, ese es un grupo cuyo objetivo no parece ser el diálogo”

La simpatía del Rolando Luque por los manifestantes, incluidos los manifestantes violentos, y sus esfuerzos por defender la reputación de los mismos se hace patente con estas declaraciones. Al parecer no hay nivel de violencia que pueda llevarlo a condenar a un movimiento social. Considerar que los “Espartambos” son personas que “al parecer” tienen por objetivo el diálogo hace patente una interpretación con alta simpatía política hacia ellos. Obviamente ninguno de los delincuentes entre los manifestantes en Tía María afronta una condena penal hasta ahora, y no hemos encontrado registro que muestre su indignación o preocupación por esta impunidad. En ese entendimiento, la muerte de los policías no constituye crimen, son solo costos colaterales de una justa protesta en una sociedad desigual. Una filosofía bastante desigual respecto a los derechos de los ciudadanos en una sociedad.

Según el Código Penal, quien comete un delito, ya sea por bloquear una carretera, destruir propiedad privada o atacar a la policía pasa a ser un delincuente en ese momento. Pero para Rolando Luque no debería ser tratado así pues podría estar cerrando “asimetrías” entre actores sociales por lo que por cometer delitos no implica que sean tratados como delincuentes. ¿Entonces, es la intencionalidad política lo que determina si un acto de violencia es un crimen? Ya hemos vivido este debate en los años 80s. Justificar actos de violencia porque pueden estar cerrando brechas sociales es una postura ética discutible, por lo menos.

Fuente: Diario Correo.  http://cdne.diariocorreo.pe/thumbs/uploads/articles/images/s-30-diarios-recibian-espartam-JPG_604x0.jpg

Su Posición frente a los anti-mineros

Rolando Luque ha considerado en reiterados momentos como “Teoría de la Conspiración” el señalar el rol protagónico de fuerzas políticas anti-mineras detrás de gran parte de la conflictividad ligada a los grandes proyectos extractivos. En Lampadia (ver “Lentejas, Votos y Donaciones”) hemos analizado en reiteradas ocasiones como los grupos que promueven los conflictos tienen objetivos políticos. Lo afirmamos basándonos en sus declaraciones, en sus publicaciones y en sus acciones. Es preocupante que el Jefe de la ONDS no visualice a estos actores claves en el conflicto.  Pero, aún más preocupante y llamativo es que los líderes de esos grupos hayan saludado su designación en la jefatura de la ONDS como si se tratara de una victoria política para ellos. Ingenuos ellos no son, entonces ¿porqué lo celebran?

Por ejemplo, la coordinadora de ONGs post extractivistas, Red Muqui, afirma en su cuenta de Facebook:

“Desde Red Muqui saludamos la designación del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Reconocemos la experiencia y conocimiento de Rolando Luque en la gestión y políticas de prevención de Conflictos Sociales”

 Fuente: Cuenta de Facebook de Red Muqui.

Gregorio Santos en su cuenta de Twitter celebra su nombramiento pero se lamenta que Rolando Luque no tenga un mayor poder de decisión:

“Conozco al señor Luque su capacidad para poner sobre la mesa temas complejos de un conflicto. El fondo es que no tiene decisión política.”

Para el Rolando Luque, considerar que Gregorio Santos ha tenido un rol importante en los conflictos mineros de Cajamarca es teoría de la conspiración. ¿Sería bueno entonces que alguien nos explique por qué Gregorio Santos celebra el nombramiento del Rolando Luque?

Fuente: Cuenta de Facebook de Gregorio Santos

Como se visualiza en la respuesta de CooperAcción, ellos también saludan la designación de Rolando Luque.  Sin embargo, llama la atención que el Twitter ha sido borrado de su cuenta. Aunque en cambio, en su cuenta de Facebook sí saludan el nombramiento de Rolando Luque:

Fuente: Cuenta de Facebook de CooperAcción

En el portal Noticias SER de claro sesgo anti-minero proclama en su editorial[5]:

“Aunque queda poco espacio queda para el optimismo, la designación de Luque, ex Adjunto de la Defensoría del Pueblo en el tema de conflictos, es una de las pocas buenas noticias de las últimas semanas.”

Es decir, aquellos que obtienen réditos políticos y económicos de la conflictividad social con objetivos post-extractivistas saludan el nombramiento de Rolando Luque como una buena noticia. ¿Por qué será? ¿Será que lo que es bueno para los anti-mineros es bueno para el Perú?

La afinidad con algunas de las ideas post-extractivistas se puede apreciar en la siguiente frase:[6]

“Los teóricos de la modernidad sostienen que la visión unilineal del desarrollo surgida del siglo XVIII europeo ha entrado hace tiempo en crisis. La reacción contra la minería tiene que ver con ese cuestionamiento a una modernidad excluyente y altamente costosa para los pueblos. La fascinación por la máquina y el cálculo ya no tiene el efecto de antes.”

Estas ideas que podrían ser expresadas por Marco Arana, por Eduardo Gudynas, o por Boaventura de Souza Santos, son opiniones de la persona en la cual el gobierno de PPK colocó su confianza para lograr “destrabar” los grandes proyectos mineros que enfrentan resistencia social. La estrategia de reactivación minera de este gobierno es demasiado sutil, pues no se hace visible para los ojos de los humanos comunes.

Manejo de los Conflictos

En declaraciones a Peru21[7], cuando la entrevistadora afirma que “del manejo de los conflictos económicos depende mucho la gobernabilidad del país y la marcha de la economía, sobre todo en el campo minero”, la respuesta de Rolando Luque carece del elemento económico. “La gestión de los conflictos sociales tiene como consecuencia preservar a las personas que participan en escenarios de riesgo.  La vida, la integridad física, la tranquilidad social son valores superiores que deben ser protegidos”. Es decir, gestionar los conflictos para él no tiene ninguna relación con desarrollar los proyectos mineros.   No menciona que los proyectos mineros pueden desarrollarse cumpliendo esos valores superiores y que además es la propuesta de diversas empresas mineras ligadas a conflictos.  Dada su visión irreal de cómo gestionar los conflictos, una solución post-extractivista en la que todos los proyectos mineros son bloqueados cumpliría completamente con sus objetivos. Si ya no hay empresas mineras funcionando, ya no habrían conflictos y todo sería paz.

Cuando se le preguntó a Rolando Luque si el conflicto de Tía María fue muy politizado, él responsabilizó a la empresa minera por no haber propuesto la desalinización del agua desde el principio (aunque luego fue propuesta por Southern) y por su mal manejo con las comunidades. Según él la politización del conflicto es consecuencia exclusiva de esos errores de la empresa. Sin embargo, el conflicto llegó a su apogeo aún después que quedaba bien claro que el proyecto usaría agua de mar. ¿Si el problema era sólo el agua, porqué entonces continuó escalando el conflicto? Rolando Luque evita hablar de personajes locales con claro interés político en el conflicto, como Tierra y Libertad, o las “lentejas” de Pepe Julio Gutiérrez como causa de la politización. Es como si no se hubiera enterado por los medios, o que en su forma de pensar los anti-mineros y los intereses políticos no existen, o son productos de teorías conspirativas. El actuar de Tierra y Libertad, donde militaba Pepe Julio Gutiérrez, ni el protagonismo de Gregorio Santos en Conga, no existen. Son solo teorías de conspiraciones.

Según Rolando Luque los radicales extremos no tienen una presencia orgánica en las movilizaciones anti-mineras. En una entrevista a El Comercio[8], Rolando Luque afirma:

“En lo que respecta a que habría radicales extremos que están parando los proyectos mineros, esto no es más que una conjetura, siempre válida y previsora en un país que padeció el delirio terrorista y que aún no consolida su democracia. Sabemos que merodean los conflictos y hasta logran infiltrarse en organizaciones sociales, pero de una presencia orgánica no hay rastro. En estos conflictos como en otros, lo que sí tenemos plenamente identificados son a las comunidades campesinas, pueblos indígenas, frentes de defensa, federaciones, asociaciones, rondas campesinas, etc. y mucha población no organizada”.

No estamos afirmando que la oposición a la minería está formada por terroristas anti-mineros, sin embargo el terrorismo no es la única manifestación posible del extremismo ni de la violencia. Como se sabe gran parte de los frentes de defensa están controlados por organizaciones políticas radicales tales como Patria Roja o Tierra y Libertad, mientras que muchas federaciones de rondas campesinas están bajo la influencia del movimiento MAS Democracia que promueve la candidatura presidencial de Gregorio Santos. Y sabemos que entre los anti-mineros hay otras corrientes políticas aún más radicales y más inclinadas a la violencia que estas dos.

Interlocutores legítimos y procesos de consulta

En la última entrevista con Perú21 parecería que Rolando Luque no tiene claro quiénes son los interlocutores válidos en casos de conflicto.  Él considera que no es suficiente hablar con las dirigencias (“en muchos casos estas monopolizan el discurso”).  Sin embargo, tampoco cree que los métodos actuales de consulta masiva como las Audiencias Públicas sean un buen sistema (“Nunca se llegó a discutir las observaciones del impacto ambiental [en Tía María].  Hubo una audiencia pública, pero ese modelo no permite llegar a profundidad”).  Y en otra parte, ante la pregunta si los Frentes de Defensa (creadas ad hoc en coyunturas de conflicto) tienen representatividad para dialogar, Luque responde “Hay frentes que son representativos, y otros que no lo son”.  Según su experiencia “En la mayoría de los casos he encontrado dirigencias racionales dispuestas a resolver los problemas sin querer estirar el conflicto por un interés político”.  En cambio, según nuestra experiencia, gran parte de los frentes de defensa quieren estirar al máximo el conflicto y lo hacen por algún interés político o económico de sus dirigentes.

El Debate Técnico

En otra parte de la entrevista afirma “En términos técnicos no hay nada que no pueda superar, y si hay algo que no es posible, el Estado debe pronunciarse y decir esto afecta al ambiente, etc. El Estado tiene que actuar con franqueza frente a las comunidades y decir si hay problemas presupuestales o imposibilidad de acceder a una demanda.  De mi experiencia, cuando las cosas se explican, la gente acepta”. Es preocupante que esta misma persona haya estado como Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo mientras ocurrían conflictos emblemáticos como Conga y Tía María, diga que no haya visto como la población puede ser manipulada por rumores falsos.  ¿Acaso los permanentes acciones de monitoreo participativo del agua emanada de las operaciones de Yanacocha, firmadas mensualmente por el mismo Gobierno Regional de Cajamarca hacen varios años, han podido superar los temores de la población? ¿Acaso en Cajamarca la población le creyó en el Estado como garante de que el agua no estaba contaminada?

Los dirigentes anti-mineros han obtenido prestigio político y recursos económicos desplegando un discurso en el que oponerse a un proyecto de inversión implica “defender la vida y el medio ambiente.” Explicarle técnicamente que este discurso es falso no cambia en nada sus incentivos políticos, y los seres humanos reaccionan a los incentivos.

Por ejemplo: Si Marco Arana se dejara convencer técnicamente que el Proyecto Conga es positivo para el desarrollo de Cajamarca, que con un buen manejo del agua este recurso podría conservar y aumentar su disponibilidad para la población, y proclamara abiertamente su apoyo a este proyecto, ¿qué le pasaría a su carrera política basada en la hostilización de la minería? El Sr. Arana tiene muy clara la respuesta a esta pregunta.

La postura de Rolando Luque requiere, para ser correcta, que los dirigentes opositores a los proyectos de inversión estén dispuestos a cometer suicidio político, puesto que tendrían que aceptar frente a su potencial electorado que durante todos años se han dedicado a mentirles. Rolando Luque ignora que más allá de lo que realmente crean estos dirigentes, la naturaleza maximalista y polarizadora del discurso con el cual crecieron hace que tengan pocos márgenes de maniobra para la sensatez política.

Rolando Luque cree que se encuentra en otro país para declarar esto, o simplemente no se ha interesado en aprender de los golpes que el Estado recibió mientras él era representante de la Defensoría del Pueblo. Las declaraciones de Rolando Luque al respecto demuestran una amplia ignorancia respecto a la naturaleza del accionar anti-minero. Una importante línea de acción de los post-extractivistas consiste en demoler la credibilidad del Estado y de cualquier fuente que brinde análisis técnicos que contradigan sus rumores y versiones alarmistas respecto a las consecuencias de los grandes proyectos de inversión.

Las declaraciones de Luque en su última entrevista a Perú 21 son sintomáticas de esta postura, en las que considera que los representantes de las organizaciones opuestas al Proyecto Conga estuvieron a un día de suscribir el acta para iniciar un proceso de diálogo.  Según él, a pesar del clima social hostil al que se había llegado en el momento que se suspendió el proyecto, los alcaldes iban a consultar con sus bases y luego regresar con una propuesta para el diálogo.  En el conflicto más fuerte que ha sufrido nuestro país en los últimos años, él imagina que estuvo a un día de entrar en proceso de diálogo, que la población, las organizaciones sociales y sus dirigencias iban a cambiar su posición de un día para el otro, sin ninguna evidencia que los sustente. La falta de conocimiento de cómo funciona la política en las provincias y pueblos del Perú es sorprendente. En la mente de Rolando Luque, un proceso de diálogo podría contrarrestar los efectos de décadas de trabajo político y construcción de narrativa de los anti-mineros en Cajamarca, el cual ya había calado profundamente en el sistema de creencias de la población.

Ante la pregunta “¿Le interesará destrabar Tía María?”, Rolando Luque no fue capaz de responder sí.  Todas las preguntas de la entrevista que buscaban obtener una muestra de interés del nuevo Jefe de la ONDS por destrabar proyectos mineros, fracasaron.  Todas sus respuestas fueron ambiguas e indirectas. Él no ha tenido ninguna expresión que evidencie un compromiso, aunque fuera moderado, con la reactivación minera.

La “Ingenuidad” de Rolando Luque

En entrevista a Nicolás Lúcar, con motivo de las protestas en Tía María, Rolando Luque afirma:

“En el 90% de los casos hay razones para protestar. No se trata de razones políticas o ideológicas o de que detrás hay un proyecto o un líder que está manipulando”

En los conflictos ligados a los grandes proyectos de inversión es clarísima la agenda ideológica y política detrás de los mismos. En Tía María, Espinar y Conga el rol de organizaciones políticas radicales tales como Tierra y Libertad y Patria Roja, hoy MAS Democracia, ha sido protagónico. Negarlo es un ejercicio de fantasía política.

Posteriormente afirma:

 “en el caso de las dirigencias hay progresos, tenemos ahora dirigencias mucho más pragmáticas y menos ideologizadas, más enteradas de los problemas que del ataque, de la visión amigo/enemigo o de ir directamente a la medida de fuerza, hay una cierta pausa reflexiva, se quiere resolver el problema”

Esto lo dijo el 2014, en la actualidad las autoridades locales y dirigentes de organizaciones sociales opuestas a Tía María mantienen su postura respecto a que todo diálogo pasa por aceptar la inviabilidad del Proyecto Tía María. Al parecer este mayor pragmatismo y menor ideologización no ha cambiado en un ápice la postura de estos dirigentes. La pausa reflexiva podrá existir en la mente de Rolando Luque, pero no en pensamiento de los grupos anti-mineros radicales, invisibles para él.

Más adelante Rolando Luque afirma:

“los dirigentes están siendo observados por la comunidad  y la única manera que mantengan su prestigio es si consiguen logros”

Personajes como Gregorio Santos, Marco Arana, Oscar Mollohuanca o Edy Benavides han obtenido logros electorales gracias a su protagonismo en la oposición a la minería. Gracias a ello han llegado a la Gobernación de Cajamarca, al Congreso de la República, la Alcaldía de Espinar y la Alcaldía de Bambamarca. Ello ocurrió a pesar de que con los conflictos no han obtenido ninguna mejora en el bienestar de la población de sus localidades, sino lo contrario. Rolando Luque no entiende que, una vez que la narrativa anti-minera se implanta en una zona, la “defensa del agua y la vida” pasa a ser suficiente requisito para recibir el reconocimiento de la población. Ya no es necesaria la obtención de “logros,” que pudieran abrir espacio para un acuerdo.

Implicancias de su Nombramiento

Rolando Luque ha manifestado ciertas propuestas positivas tales como hacer seguimiento al cumplimiento de compromisos y fortalecer el seguimiento preventivo de los mismos. Ello puede resultar útil en aquellos conflictos en los que no se esté dando una accionar político sistemático de los post-extractivistas.

En aquellos casos en los que el conflicto es permanentemente alimentado por el accionar anti-minero el enfoque de Rolando Luque colapsaría. Él no entiende los motivos reales detrás de las movilizaciones ni los incentivos del accionar de los dirigentes anti-mineros (en su opinión los anti-mineros ni siquiera existen). Sin entender el fenómeno y sus orígenes, es muy difícil tener ideas efectivas para reducir las movilizaciones ni evitar la ocurrencia de eventos violentos.

Para Rolando Luque los dirigentes “anti-mineros” son personas confundidas a las que simplemente hay que explicarles las cosas. También cree que los manifestantes violentos, por que tienen motivos políticos, merecen un trato especial por parte de la policía y a ley. Además, los conflictos son oportunidades para que la sociedad cierre las asimetrías entre sus ciudadanos. No por nada lo anti-mineros están tan contentos con su nombramiento.

 Si los conflictos son oportunidades, no hay porque preocuparse de ellos, sino que hay que  aprovecharlos para generar las transformaciones que, en su opinión, necesita el Perú. ¿Quién pagará los costos de los conflictos y de esas transformaciones? Seguramente, Rolando Luque no está pensando en asumir esos costos. Para esto están las empresas mineras que en su opinión son la parte privilegiada en las asimetrías sociales. Ellas deberán pagar los costos. Además del costo social de un menor crecimiento, menor recaudación fiscal y menor tasa de reducción de la pobreza y la desigualdad.

Dada esta doctrina esperaríamos que en el caso de los conflictos sociales ligados a la gran inversión extractiva el accionar de Rolando Luque sea en el mejor de los casos inefectivo, cuando no directamente favorable a los anti-mineros que saludaron su nombramiento. En el peor de los casos el nombramiento de Rolando Luque por PPK podría ser semejante al nombramiento de De Echave por Humala como vice-ministro de Gestión Ambiental el 2011, el cual se dedicó, desde el interior del Estado, a propiciar mayores niveles de conflictividad en Conga. ¿Cuál será el conflicto Conga de Rolando Luque? Es muy probable que sea en la provincia de Cotabambas.

El nombramiento de Rolando Luque reduce significativamente la posibilidad de que este gobierno aproveche la oportunidad brindada por la alta aprobación de la que actualmente dispone para impulsar la gran inversión extractiva en el Perú. Para cuando las consecuencias de este error sean evidentes, el gobierno ya no dispondrá del capital político del que hoy dispone, y la correlación de fuerzas será más favorable a los anti-mineros y sus intereses. ¿Será que el gobierno está claro para quién está trabajando en este caso?

Lampadia