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La Convención chilena

La Convención chilena

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

La caja de Pandora de la Convención chilena está soltando todos los demonios de la humanidad.

Como explica Sebastián Izquierdo del CEP de Chile, se ha desatado una ‘rabia refundacional’ que está liderando el debate sobre la formación de las estructuras que deberán regular el desarrollo futuro de nuestros vecinos.

El “buen vivir”, los “derechos de la naturaleza” o el “decrecimiento”, son los conceptos que se están usando en Chile para presentar el pos-extractivismo que las izquierdas peruanas tratan de vender en el Perú, desde el 2012.

Las propuestas que lideran el debate chileno van más allá de la filosofía de las izquierdas desarrolladas en occidente.

Es una suerte de pensamiento de tierra arrasada, que en nombre del bienestar del ‘buen salvaje’, anula la modernidad que ha construido estándares de calidad de vida claramente superiores en esperanza de vida, educación, salud, tecnología y ocio.

El ejemplo chileno nos dice con toda claridad que nunca se deben instaurar procesos constitucionales en tiempos de desorden, como pretenden Castillo y Perú Libre en nuestro país.

Las sociedades deben evolucionar, no revolucionar, pues las revoluciones terminan regalando espacios desproporcionados y poco representativos a minorías oportunistas y manipuladoras.

La rabia refundacional
 

Centro de Estudios Públicos – CEP – Chile
Sebastián Izquierdo R.
La Tercera
Lunes 7 de febrero de 2022

Dejando de lado las expectativas frustradas, vulnerabilidades no resueltas y las desigualdades injustificadas, una fracción relevante y bulliciosa de la Convención ha transformado esta causa en un campo de batalla que nos aleja de los anhelos de una transformación estructural.

El estallido social nos dejó con más interrogantes que respuestas. Las más de 3,300 acciones de protestas que se dieron en los días posteriores al 18 de octubre de aquel año, dejó ver un malestar latente en las movilizaciones, las cuales muchas veces fueron empañadas con incomprensibles actos de violencia. La ciudadanía y élites políticas parecían no entender nada; es que no había ni demandas específicas ni representantes. Entonces, el cambio constitucional figuró como la mejor respuesta -cuando solo reflejaba un 3.5% de las demandas callejeras (Observatorio COES)- ofreciendo una modernización institucional, con el respaldo de la esperanza de la mayoría.

Ese sentir llevó a alojar dicha esperanza en los encargados de llevar a cabo el proceso, y así lograr los acuerdos necesarios para transformar nuestras instituciones; no demolerlas. Sin embargo, tras la reciente votación de normas, hemos visto que gran parte de los convencionales han optado por la rabiosa revancha, antes que aquella ilusión que dio origen al proceso.

Dejando de lado las expectativas frustradas, vulnerabilidades no resueltas y las desigualdades injustificadas, una fracción relevante y bulliciosa de la Convención ha transformado esta causa en un campo de batalla que nos aleja de los anhelos de una transformación estructural.

Han impuesto cambios en el lenguaje, dando paso a un disruptivo discurso normativo y político que no se conocía. La denominada “izquierda decolonial”, que insiste en renunciar a la modernidad, ha tomado cada vez más fuerza. Aldo Mascareño, quien ha estudiado este pensamiento, advierte que esto es tan perjudicial para la socialdemocracia, como para la izquierda marxista; pues ambas son hijas de lo contemporáneo. Son cerca de 60 los convencionales que han dejado relegadas las preocupaciones clásicas de la izquierda, volcándose a los tiempos de la colonización, donde el foco estaba en la dominación política y económica, el desalojo de los pueblos indígenas y la explotación de sus recursos.

Esa idea de dominación epistémica que culminó por sobreponer una cosmovisión europea al mundo no occidental colonizado los llevó a suponer que solo se puede extirpar reprimiendo la herencia de la Europa de entonces. Así, sus ideólogos, prácticamente todos latinoamericanos que escriben en inglés y se capacitan en universidades de aquel continente que tanto repudian, usan esta artificiosa separación binaria entre modernidad y decolonialidad -más por estrategia que por honestidad-, a pesar de que la ciencia moderna tiene años de investigación teórica y empírica profunda sobre esta interrelación.

Conceptos como “buen vivir”, “derechos de la naturaleza” o “decrecimiento”, son propios de este pensamiento. Estos han sido ponderados en el trabajo constitucional, por sobre los múltiples e infinitos anhelos que tiene la ciudadanía. De seguir así, esto solo terminará por dañar la posibilidad que se nos dio para alcanzar acuerdos sustantivos, capaces de interpretar la esperanza y no la rabia refundacional. Solo espero que los 2/3 que se pueden conformar entre el liberalismo y la izquierda moderna, no sigan aceptando esta lógica del todo o nada de aquella “izquierda decolonial”. Lampadia




El gobierno habría cruzado ‘el Rubicón’

El gobierno habría cruzado ‘el Rubicón’

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

¿Qué significa cruzar el Rubicón? Iniciar irrevocablemente una empresa de arriesgadas consecuencias.
Como cuando el emperador Julio Cesar atravesó el Río Rubicón con sus tropas, declarando la guerra civil: “alea jacta est” (la suerte está echada).

Como comentó Mirko Lauer en su columna: El complot, en La República el 9 de febrero pasado, parece que el gobierno de Castillo habría cruzado -fallidamente- el Rubicón, con el nombramiento de Valer en la PCM.

“¿Hubo un intento real de cerrar el Congreso? A juzgar por los comentarios post factum de Héctor Valer, intento hubo. Lo que faltó fue un manejo mínimamente hábil de las cosas. Desde que la derecha parlamentaria, apenas instalada, proclamó su deseo de vacar a Pedro Castillo, él y su entorno sueñan con un mundo sin congresistas.

Todo sugiere que Valer llegó a la PCM con el encargo de provocar a los opositores y precipitar una negativa de la confianza, como antesala de la disolución del Congreso. Pero los organizadores no esperaban que el abogado revelara las cartas del complot de forma tan precipitada, ni que fuera políticamente tan frágil.

El frustrado cierre del Congreso nos deja con la imagen de un Castillo dispuesto a poner en marcha un putsch, pero sin capacidad de llevarlo a buen término. Sus limitadas habilidades son lo único que lo separa de lanzar emprendimientos orientados hacia un poder personal sin limitaciones democráticas. (…)”.

Concuerdo con el análisis de Lauer, Castillo habría pretendido cruzar el Rubicón y declararnos la guerra a los demócratas, a la gran mayoría de peruanos que no acompañamos al presidente, su camarilla y sus asesores cubanos, en el intento de refundar el Perú.

El ‘Pueblo’ se aleja cada vez más del gobierno de Castillo y Perú Libre, peri el gobierno no toma nota del sentir popular. Pretendería imponer su agenda máxima, la de insistir con la asamblea constituyente para tomar el poder absoluto. Como a estas alturas ya saben que no podrán hacerlo por la vía de la Constitución y las Leyes, antes de perder más popularidad y respeto en el ámbito internacional, parece que estarían apurando su afrenta antidemocrática.

Pero los ciudadanos tenemos las cosas más claras, veamos una última lectura de la opinión pública recogida por Ipsos – El Comercio:

 

Como podemos leer, la población le dice al gobierno que su proyecto político refundacional no merece el mínimo de atención, incluso en el revoltoso Sur, donde solo un 13% considera que debe dársele algo de atención.

El que por ahora haya fallado el putsch que menciona Lauer, no significa que el gobierno haya renunciado a avanzar con su proyecto político anti-peruano, inspirado en un proyecto continental. La delicada presentación del ministro Torres de hace un par de días, previa dosis de pasiflora, sería solo una pausa.

Pareciera que el gobierno ya optó por buscar la ‘solución final’ para la captura total del país: el cierre del Congreso y la imposición de una asamblea constituyente anti-democrática.

Ahora pues no caben más contemplaciones, estamos advertidos en todos los tonos. No van a parar hasta conseguir su solución final.

Posición:                  Firmes
Compromiso:           Como Bolognesi: Hasta quemar el último cartucho

Lampadia




UNA ASAMBLEA DEMASIADO LEJOS

UNA ASAMBLEA DEMASIADO LEJOS

Aníbal Quiroga León
Jurista. Profesor Principal PUCP
Para Lampadia

Aprobada por insistencia, lo que significa que el Presidente de la República se negó a promulgarla y, antes bien, fue observada por éste (ejerciendo el veto parcial de las leyes que la Constitución le confiere) y que el Congreso la tuvo que volver a votar con una mayoría especial para que se convierta en ley de la República, la Ley 31399 que regula el ejercicio del referéndum dentro de los cánones constitucionales no terminaba de nacer, porque en la Presidencia del Consejo de Ministros, en los estertores de la actual ex presidenta, se negaban a numerarla y enviarla a su debida publicación en el diario oficial El Peruano, como la propia Constitución exige.

Ya sabemos que es requisito de validez de las normas legales en general su necesaria publicación en la gaceta oficial del Estado, a fin de que la ley en cuestión entre en vigencia al día siguiente de su publicación, como también ordena la Constitución.

Cuando parecía que por el expediente de su festinación procesal en Palacio de Gobierno -una más en este gobierno amorfo e informal- la ley nonata vería frustrada su vigencia, el domingo apareció publicada y numerada en El Peruano, habiendo entrado en vigencia a partir del 31 de enero de 2022.

Es muy probable, como ya se ha anunciado entre gritos y admoniciones, que también esta nueva ley sea llevada por el Poder Ejecutivo a los fueros decisorios del Tribunal Constitucional, tal como ha ocurrido con la anterior ley -también aprobada con fórceps e insistencia por el Congreso- relacionada a la correcta interpretación y aplicación de la cuestión de confianza, a fin de evitar que se produzca un nuevo, innecesario, irregular, pernicioso e inconstitucional cierre del Congreso, al estilo de Martín Vizcarra el pasado 30 de septiembre de 2019, y que tanto mal trajo a nuestro país, al punto que el nuevo Congreso corto y mocho mal elegido por causa de ello, terminó fagocitándose a su creador, pues Vizcarra pasó a la historia con el oprobioso título de ser el tercer presidente vacado en la historia en casi 200 años de vida republicada, después de Billinghurst (1914) y Fujimori (2000).

Justamente la ley de la cuestión de confianza está ahora mismo en los fueros del Tribunal Constitucional, al voto, luego de la Vista de la Causa el pasado 26 de enero, y a despecho del pomposo procurador público que se jacta de ser súper especializado en materia constitucional, todo parece indicar que la misma va a ser validada por el TC en su momento, ya que su desarrollo legislativo se encuadra perfectamente en la interpretación natural del texto constitucional.  En consecuencia, si la ley está acorde con la Constitución, por causa de qué tendría que ser invalidada por el TC. No podría hacerse y, más bien, sería validada por el TC.

Otro tanto parece que va a ocurrir con la reciente ley que desarrolla el ejercicio del referéndum para la reforma constitucional, en que se precisa lo mismo que dice el Art. 206° de la Constitución: toda reforma constitucional pasa primero por la aprobación del congreso y de ahí puede bifurcarse:

  1. hacia un referéndum, sujeto a la previa aprobación del Congreso, o;
  2. hacia una segunda votación congresal con un quórum híper calificado (87 votos conformes). 

Es, dicho sea de paso, el camino que siguió Chile para su reforma constitucional, y no como algunos quieren engañar señalando que los chilenos fueron directamente a un referéndum para una supuesta Asamblea Constituyente.

Es curioso comprobar cómo la expresión “Asamblea Constituyente” no consta ni es parte en nuestro texto constitucional escrito, cómo es que se la quiere introducir a troche y moche por la vía impropia de un referéndum malamente convocado supuestamente conforme al Art. 32° de la Constitución (que no pude abrogar ni subordinar al Art. 206°), y cómo no se puede hacer algo inconstitucional (una “Asamblea Constituyente directa”) para lograr una finalidad constitucionalmente válida, que sería la verdadera reforma de la Constitución.  Es como poner el mundo al revés: lo que no está en la Constitución se quiere validar a la mala, y lo que sí está no se quiere respetar.

Todo ello bajo la invocación al “pueblo”, a esa supuesta deidad extracorpórea que nadie conoce, y a la supuesta antigüedad de la Constitución (qué dirían los norteamericanos (1787), o los mexicanos (1917) o los argentinos (1853)); a un supuesto “temor a la consulta popular”, frasecita que se le ha ocurrido a un constitucionalista de izquierda y que los operadores del gobierno repiten cansinamente y en automático con la cartilla en la mano.  No se trata de ser “valientes” o de ser “temerosos”.  Se trata de tener valor para generar el respeto esencial a las formas constitucionales que dan legitimidad a todo gobierno.   Es con esta Constitución que el actual gobierno fue elegido, es con esta Constitución zaherida y denostada que sus autoridades se han investido como tales, y es en nombre de esta Constitución que se dictan las medidas que todos debemos acatar, aunque sea a regañadientes.

Ese tipo de contradicciones sólo ocurren cuando la ignorancia suple al conocimiento, a la preparación, a la institucionalidad y a un verdadero desarrollo constitucional y democrático.

No se puede cumplir la Constitución, propiciando el quiebre ilegítimo y radical de la propia Constitución.  Procuramos estar en un gobierno democrático y constitucional, no en una revolución violentista para ganar el poder a como dé lugar; en donde el amor y el respeto por la patria termina siendo ampliamente superado por el fatal cumplimiento de un destino radical en nombre de una ideología.  Y encima, una ideología violentista, iconoclasta y fracasada en todo el mundo, que solo nos ha traído -y trae- pesares desde el 28 de julio de 2021 hasta la fecha, y que nos traerá muchos mayores males si logra imponerse del todo quebrando finalmente la fortaleza de nuestra Constitución y la institucionalidad que debe imperar.

De momento, la Ley 31399, aprobada inclusive por el propio Jurado Nacional de Elecciones, pone a la pretendida “Asamblea Constituyente” en un punto muy lejano de nuestra realidad política.  Esperemos que se mantenga allí, sin perjuicio de las necesarias reformas constitucionales que, por consenso, y siguiendo las reglas de la propia Constitución regidas en su numeral 206°, establece de manera clara y categórica. Lampadia




Radiografía de la captura del Estado

Radiografía de la captura del Estado

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El presidente Castillo, en lugar de aprovechar la aprobación por insistencia de la ley sobre el referéndum para declarar que hizo lo que estuvo a su alcance para cumplir su promesa de campaña, no se le ocurrió mejor idea que volver a la carga con unos tuits que son una declaratoria de guerra a la Constitución y al país, porque insistir en la asamblea constituyente cuando no es constitucional por ninguna parte solo revela una insistencia suicida en mantener un estado de incertidumbre y de conflicto que no le conviene al gobierno ni al país ni al pueblo, por la sencilla razón que se traduce en menor inversión privada y por lo tanto en menos empleo y menos ingresos para todos.  

No se entiende realmente. Es la obcecación ideológica, a costa del país. Lo absurdo es que, pese a esa actitud adolescente, de todos modos, la ley aprobada por el Congreso terminará beneficiando al gobierno porque, pese a los esfuerzos de Castillo, reduce la incertidumbre en la medida en que corta definitivamente el camino a la asamblea. Pero en lugar de sacarle el máximo provecho y potencial a esta situación, hace lo posible por sabotearla.

Por lo demás, esa ley viene a consolidar la caída del precio del dólar y por lo tanto de algunos alimentos, lo que, sumado a los mejores precios de los minerales de la historia, contribuye a estabilizar a un gobierno que no solo desperdicia de manera sublevante esas oportunidades únicas, sino que, lamentablemente, le viene haciendo un daño inconmensurable a la institucionalidad estatal y al país. Es lo que se conoce como la maldición de los recursos naturales, que permiten disfrazar la acción letal del gobierno.

En efecto, dos son los graves daños que este gobierno está produciendo:

1. Captura y degradación acelerada de la calidad del Estado​

a. Pésimos ministros y funcionarios en ministerios, entidades y empresas.

b. Captura de reguladores

i. Sutrán: cambio de 22 gerentes por personal incompetente con intereses informales

ii. Sunafil: renuncia de Juan Carlos Requejo, garantía de gestión racional y equilibrada

iii. Indecopi: nombramiento de Julián Palacín, con una agenda política.

iv. En los siguientes meses se nombra presidentes de Osiptel, Ositrán, Osinergmin y Sunass, normalmente elegidos por concurso público

c. Captura de ministerios

i. Captura del Ministerio de Transportes por intereses informales (por ejemplo, Lenin Checco, autor de ley de colectivos informales)

ii. Captura del Ministerio de Trabajo: ministra Betsy Chávez y la agenda 19

iii. Captura del Ministerio de Educación: Roy Palacios del Fenatep, viceministro de Gestión Institucional

iv. Ministerio del Ambiente: agencia de empleos para 6 militantes de Perú Libre incompetentes

d. Captura de empresas públicas

i. PetroPerú: despido de 17 gerentes, malos reemplazos y proyectos de explotar todos los lotes

ii. PeruPetro: Salida del experimentado Seferin Yesquén para nombrar a Daniel Salaverry

e. Captura de la PNP. 

i. Comandante general Gallardo, hombre del presidente Castillo, propone nombrar generales adictos a Palacio en la Dirección Anticorrupción y en la Dirección de inteligencia (DIRIN), y dar de baja a generales Tiburcio (Dirincri) y Arriola (Dircote). El ministro Guillén se opone y el conflicto no se resuelve.

ii. Grave desmantelamiento de la DIVIAC, que investigó a los Dinámicos del Centro: le recortaron S/864.000 y cambiaron a 40 oficiales, por 18 agentes inexpertos

f. Captura de 13 prefecturas por profesores del Fenate

2. Ausencia de agenda de crecimiento y competitividad
 
a. Tenemos una primera ministra antiminera y cuadros antimineros en MINEM. La Premier Vásquez acordó el cierre ilegal de 4 minas en Ayacucho.

b. No hay nuevos proyectos mineros de clase mundial

c. Se deja caer Majes Siguas II y se abandona reactivación de Chavimochic

d. APM Terminals retira propuesta para modificar expansión con inversión de US$1.100 millones, por falta de respuesta del MTC. 

e. Se encarece formalidad laboral

f. Retroceso en reformas (educación, transportes, seguridad, universitaria)

g. Se consolidan leyes que impiden avance de meritocracia (CAS) y afectan viabilidad fiscal (negociación colectiva)

El problema de las izquierdas es no tienen otra propuesta que una refundación socialista que solo conduce al desastre. En la práctica su acción gubernamental, con excepciones como el programa de vacunación, se reduce a repartir bonos y subsidios y tomar el Estado como botín laboral, anulando la meritocracia, afectando la institucionalidad estatal y dando marcha atrás en las pocas reformas que habíamos avanzado.

Ante eso, solo queda que el Congreso asuma con seriedad su rol fiscalizador y de control político, y detenga ese proceso de depredación estatal antes de que sea demasiado tarde. Lampadia




El Presidente Castillo tiene la oportunidad de oro

El Presidente Castillo tiene la oportunidad de oro

Promulgando la ley sobre el referéndum 
Por: Jaime de Althaus
Para Lampadia

El presidente Castillo tiene una oportunidad de oro de renunciar a la asamblea constituyente promulgando la ley aprobada por el congreso que reafirma la Constitución estableciendo que el JNE no puede autorizar al Ejecutivo a convocar a referéndum para modificar la constitución sin pasar antes por el Congreso, tal como lo establece el artículo 206 de la Constitución. 

Esa ley no hace sino explicitar el artículo 206 de la Constitución, en el sentido de que no es posible convocar directamente un referéndum constitucional. Por lo tanto, tiene el efecto inmediato de volver inútil el esfuerzo de Perú Libre de recoger firmas para convocar a un referéndum para consultar al pueblo si está de acuerdo o no con una asamblea constituyente. Ese esfuerzo era de todos modos inconstitucional, pero la ley se aprobó para que no quedara resquicio alguno para una interpretación contraria, como la que formulan unos pocos constitucionalistas. 

Por eso, si el presidente promulga la ley, envía una señal muy clara: el referéndum para una asamblea constituyente no va más. Es la señal que necesita dar para empezar a reorientar su gobierno, disminuir la incertidumbre y eliminar la espada de Damocles que es la causa principal de que la inversión privada se haya paralizado. Es decir, para que el próximo año la pobreza siga disminuyendo en lugar de volver a aumentar. 

Por el contrario, si el gobierno observa la ley, quiere decir que insiste abierta, tozuda y suicidamente en el proyecto de la asamblea constituyente, con todas las consecuencias señaladas. Sería un error garrafal. 

Unos pocos constitucionalistas sostienen que esta ley es inconstitucional. Argumentan que, si bien el artículo 206 de la Constitución condiciona el referéndum para una reforma constitucional a una votación previa en el Congreso, el artículo 32 establece que pueden ser sometidas a referéndum: “1. La reforma total o parcial de la Constitución”. Pero, claro, ese artículo hay que leerlo junto con el 206, que reza: 

“Artículo 206°.- Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas.”

Es muy claro: “Toda reforma constitucional…”. No hay escapatoria. Y no puede ser de otra manera, puesto que sería absurdo que la Constitución facilitara una vía para negarse a sí misma. 

Por eso es que el artículo 39 de la ley 26300 de participación ciudadana, que establece que procede el referéndum en el caso de la “reforma total o parcial de la Constitución”, dice a continuación, “…de acuerdo al Artículo 206 de la misma”. 

Entonces la ley aprobada por el Congreso es redundante. Pero se dio para que en el JNE no exista la tentación política de ceder a la interpretación de esos pocos constitucionalistas desencaminados. Lo importante es que es la ocasión perfecta que tiene el presidente Castillo para deslindar con la asamblea constituyente y retirar esa espada de Damocles. 

 



¿Cuándo llegará el “momento constituyente”?

¿Cuándo llegará el “momento constituyente”?

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Lo que realmente hará la diferencia entre la gestión de Guido Bellido y la de Mirtha Vásquez, es decir, la prueba de que hayamos pasado de la confrontación social y política a una etapa colaboración entre poderes y entre sectores sociales por el desarrollo del país, es el tema de la asamblea constituyente, porque esa es la madre de todos los problemas y de todos los conflictos, como vamos a ver. Y, por supuesto, de que la inversión privada se retraiga.

Por eso es que la flamante presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, ha salido a aclarar que la asamblea constituyente “no está como una de las prioridades del Gobierno en este momento. En este momento lo que importa es abordar la pandemia y mirar cómo retornan los niños a clase lo antes posible, y sobre todo la reactivación económica”.

Es un avance, pero no es suficiente para lograr la reactivación económica. Porque el inversionista -de cualquier tamaño- se estará preguntando: ¿y cuándo es el momento? ¿En seis meses? ¿En un año? ¿En tres años? De las declaraciones de la Premier se derivan dos respuestas a cuándo sería ese momento. Una, que llegará cuando la reactivación ya se haya producido. El problema es que estamos ante una petición de principio: la reactivación de la inversión no se va a producir mientras exista esa espada de Damocles. Estaríamos ante el absurdo de que para que no haya asamblea constituyente, la economía no debe reactivarse.

Pero es un círculo perverso: si la economía no se reactiva y la situación económica y social se agrava, esto puede activar más bien el gen de la radicalización como vía política para escapar del atolladero económico y allí sí intentar movilizar a las masas para la asamblea constituyente.

La otra respuesta al cuándo es el momento, la dio de manera explícita la primera ministra. Y le puso un nombre: “el momento constituyente”, al que no hemos llegado aún.

  • “Para eso se necesita generar un proceso…, que la población sienta la necesidad de caminar hacia una reforma total o parcial de la Constitución…. Son procesos largos…”
  • Luego aclaró que “este Gobierno no lo está planteando y no lo va a plantear de hoy para mañana”,
  • para luego agregar, sin embargo, que “Incluso he escuchado muchas veces al presidente hablar sobre generar condiciones, de crear comisiones de expertos”.

Entonces, ¿el gobierno va a crear esas condiciones o no?

De hecho, venía haciéndolo. Para alcanzar el “momento constituyente”, el gobierno convertía las políticas en armas de guerra destinadas a crear un clima de demanda social por la asamblea constituyente. Eso fue el lanzamiento de la “segunda reforma agraria”, un conjunto de programas de desarrollo agrario presentados con una retórica de reivindicación y justicia social, como si se tratara efectivamente de una revolución de la tierra. El presidente Castillo llegó al extremo de inventar unos amos que ya no comerán más del sudor de la gente, para terminar ratificándose en la necesidad de una nueva Constitución, como hicieron todos los demás oradores.

La búsqueda del “momento constituyente” lleva al gobierno a dictar políticas para la guerra social y no para el desarrollo. Así, se obliga al consorcio Camisea a renegociar -no se sabe qué- bajo amenaza de expropiación. Es que lo que interesa es crear un clima de reivindicaciones sociales y cambios estructurales que exigen en última instancia una nueva Constitución porque se dice que no se podrían hacer bajo la actual. Cada una de esas medidas son los ríos que van a dar a la mar del cambio Constitucional, el gran cambio, la madre de todos los cambios.

También se ofrece y se da modificaciones en la legislación laboral que solo servirán para condenar a las mayorías irremisiblemente a la injusticia informal, pero se consigue la disposición de los favorecidos para firmar los planillones del referéndum. Lo mismo con los cocaleros del VRAEM, que seguramente ayudarán además a financiar el recojo, para lo cual el ministro Barrenzuela es funcional. Y así sucesivamente. 

El gobierno tiene que apartarse claramente del proyecto de la asamblea constituyente si quiere recuperar la confianza que permita la suma de todos los esfuerzos para la recuperación nacional. Lampadia




¿Incapacidad o mala fe?

¿Incapacidad o mala fe?

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Quedará claro en la historia del Perú, que justo camino al bicentenario de nuestro país, hubo un tal Vizcarra que generó las condiciones para acelerar un Estado decadente.

No perderemos el tiempo en repasar su prontuario como “lagarto”, bien descrito por el periodista Carlos Paredes, ni la forma ladina como este conspiró contra su jefe y benefactor PPK, quien lo llevó a la vicepresidencia, ministerio de transportes y, finalmente, lo salvó enviándolo a Canadá como embajador. Pero bien vale la pena repasar la manera como, de manera anti-patriótica, manipuló los hilos del poder, abusando de su condición de presidente de la república.

  • En primera instancia, “levantó las banderas anti-corrupción” de la boca para fuera, considerando que lo que más se puede observar son las acciones dolosas, de las que tendrá que dar cuenta tarde o temprano.
  • Colocó como ministros y viceministros a un grupo de gente de bajo nivel intelectual, académico y moral, sólo por el hecho de ser moqueguanos, pero sin visión de país, ni proyección global.
  • De la mano del mensaje anti-corrupción, estimuló los apetitos y aprovechó las debilidades de los jueces y fiscales, para aplastar a unos y encumbrar a otros a los más altos cargos de la fiscalía y poder judicial, con apoyo de gente de izquierda que ha copado la burocracia nacional y sub-nacional durante estos últimos 20 años, pero sin méritos suficientes (recordemos su retorno imprevisto de Brasil, cuando participó en la ceremonia de asunción de mandato de Bolsonaro, para involucrarse en una decisión del Fiscal de la Nación, respecto de la designación de fiscales).
  • Creó la Junta Nacional de Justicia (cambio de nombre al “Consejo Nacional de la Magistratura”), en base a más gente de izquierda proveniente de, o sometida a ONGs, cuyos miembros ni siquiera cumplen con las normas para su permanencia (límite de edad, por ejemplo).

Todas estas condiciones irregulares han convertido al sistema judicial y electoral, en una organización capaz de pasar por encima de todas las normas, pero que, para ellos, son de “aplicación selectiva”. Baste ver el trato dado por estos días al Dr. Luis Arce, quien, mientras les resultaba funcional en el JNE para consolidar un manejo fraudulento de las actas electorales, estaba muy bien y actuando como representante de la Fiscalía ante el JNE, pero tan pronto se resistió a ser parte de un proceso, que denunció abiertamente como a todas luces impropio, se convirtió de inmediato en un ser no ético, indigno de la fiscalía, razón por la que lo destituyeron en pocos días como Fiscal Supremo y en menos de una semana le impusieron una orden de restricción de salida del país, todo contraviniendo la legislación vigente.

Por su lado la población, que siente que le están robando el país, protesta en las calles e internacionalmente solicita una auditoría independiente, dada la actitud de indiferencia de las autoridades electorales ante la denuncia de tantas irregularidades que se pueden verificar, pues hay más de 45 denunciadas, empezando por tener un JNE compuesto sólo por cuatro miembros, cuando tienen que ser 5, o la aceptación de la candidatura de una “plancha presidencial” incompleta, incluyendo como vicepresidente a un miembro de RENIEC, cuando está explícitamente prohibido en la ley electoral.

Paralelamente, seis miembros del TC (Tribunal Constitucional) continúan aún con sus mandatos vencidos por cerca de dos años. Quién diría que el proceso de elección, que generó la pataleta de Vizcarra del 30 de setiembre de 2019, fecha en la que mandó a su primer ministro para detener el proceso de elección de los miembros del TC (función exclusiva y excluyente del Congreso) y que terminó con un golpe de Estado y disolución del Congreso, encubierto con “la denegación fáctica de confianza” sobre un tema que no incumbe al ejecutivo; fue finalmente cohonestado por la mayoría de los miembros del TC, específicamente aquellos que se beneficiaban con esta medida que prorrogaba su propio mandato.

Como consecuencia, se eligió un nuevo Congreso, probablemente el peor de los doscientos años de historia republicana, cuya principal misión era completar el proceso de elección de los miembros del TC. Es tragicómico ver la crítica de la prensa, al decir que no se cumple a cabalidad el reglamento de evaluación de este proceso, porque “la sustentación de las calificaciones dada a los candidatos al TC es de muy baja calidad”. ¿Qué esperan de 130 individuos elegidos sin exigencia académica alguna, ni experiencia? En algo más de un año, lejos de acometer la tarea pendiente, este Congreso, que ha destruido el sistema previsional y aprobado por insistencia, pero sin mayor análisis, muchas leyes inconstitucionales, afectó la marcha del sistema económico y las finanzas públicas del Perú, al extremo que el TC ha tenido que declarar inconstitucionales, al menos tres de esas leyes.

Dicho esto, y a menos de tres semanas del término de su mandato, este Congreso tampoco ha elegido el reemplazo de ninguno de los seis miembros del TC con mandato vencido. No sólo eso, sino que para reafirmar que no hay institucionalidad en nuestro país, una jueza supernumeraria ha acogido un recurso de amparo y ha ordenado al Congreso de la República, que suspenda nuevamente el proceso y se abstenga de elegir a los miembros faltantes del TC. Paralelamente, el vocero de uno de los partidos de izquierda del Congreso, ha enviado cartas a los candidatos al TC, intimidándolos e invocándolos bajo amenaza, a que renuncien a continuar en el proceso reiniciado hace nueve meses.

Hoy el Perú se debate al borde de caer en manos de la izquierda radical, la misma que ya ha amenazado con plantear el 28 julio, durante el mensaje de toma de mando, la convocatoria a una Asamblea Constituyente, con “color, olor y sabor a pueblo”, destruyendo así todo lo avanzado. El sistema judicial y electoral se han convertido en una organización criminal, gracias a los manejos orquestados desde marzo de 2018. Y el Congreso no ha cumplido la única tarea que debía cumplir, por lo que no tenemos un Tribunal Constitucional fuerte e independiente, así que debemos observar con pena, que nuestro país está indefenso y sólo nos queda su defensa en la calle, degradando el concepto de Nación, a su más trágico y bajo nivel.

¿Llegamos así a este bicentenario por incapacidad o mala fe? Lampadia




El cuento de la asamblea constituyente

El cuento de la asamblea constituyente

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

Entre todos los cuentos y relatos construidos en nuestra política reciente, la necesidad de una asamblea constitucional es el más artero. Busca que el ciudadano crea que esa es la salida a los graves problemas sanitarios, económicos y morales que aquejan a nuestra nación.

Decimos que es un cuento artero por lo siguiente:

  • Una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución no resolverán esos problemas. Convocar a un centenar de peruanos a redactar una nueva Constitución les dará empleo y figuración a esos compatriotas, pero no acelerará la vacunación, no incrementará camas UCI, ni hará que un estado ineficiente que no construyó hospitales ni compró pruebas pese a tener recursos lo haga más rápido. Una asamblea constituyente, a la chilena, lejos de resolver la crisis económica originada por el mal manejo de la crisis sanitaria, ahondará la inestabilidad económica, ahuyentará la inversión y agravará el desempleo. Una asamblea constituyente y una nueva constitución no hará que el peruano que no acata las reglas sanitarias lo haga, no convertirá al peruano pilló en un prohombre, ni hará que nuestros alcaldes, regidores, gobernadores, funcionarios y congresistas corruptos se vuelvan unos ángeles. Quien crea ese relato es además de ingenuo, limitado.
  • Para hacer algunas reformas políticas a nuestra Constitución no necesitamos de una asamblea paralela al Congreso. Basta que se presente una iniciativa de reforma constitucional al Congreso y que éste la debata conforme al artículo 206 de la Constitución. El Congreso podrá aprobarla por mayoría absoluta y luego someterla a Referéndum o aprobarla por mayoría calificada de más de 87 votos en dos legislaturas ordinarias.  Esa reforma, como está dicho en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 014-2002/PI/TC, STC 50-2004-AI/TC, entre otras), deberá respetar los límites formales (personas legitimadas, mecanismos, quórums, votaciones, etc.)  y materiales (las cláusulas peteras o intangibles de nuestra Constitución que son inmodificables como la separación de poderes, el gobierno republicano, los derechos fundamentales, el estado de derecho, el régimen político, la libertad o dignidad de las personas, el derecho a la vida, entre otros) y, sobre todo, no puede alterar el propio procedimiento de reforma.
  • Una asamblea constituyente y una nueva constitución surgida de ella son inviables desde el punto de vista constitucional. La Constitución de 1993, al igual que la carta de 1979, tienen un procedimiento de reforma. Sustituirlo por el procedimiento que le antoje al político de turno o al criterio de sus asesores rentados es una violación abierta a la Constitución, un golpe de Estado. Ya sabemos, por lo demás, donde terminan aquellos que dejan de lado la Constitución para imponer sus propias reglas.
  • La propuesta de convocar a una asamblea constituyente y de redactar una constitución por esa vía tiene en realidad otros propósitos políticos subalternos y protervos.  Es parte de un libreto autoritario como el seguido en Bolivia, Venezuela, Ecuador y otros países, donde lo que se busca es en primer lugar crear un poder paralelo al Congreso para debilitarlo o deslegitimarlo y, en segundo término, acomodar las reglas políticas y económicas del país a la medida de los intereses políticos del régimen, de su clientelismo y sobre todo de su reelección permanente. La asamblea constituyente será el camino para lograr que quien lo proponga se mantenga en el poder ad infinitum.

Por todo lo anterior, proponer el 28 de julio una asamblea constituyente inconveniente, innecesaria, inconstitucional y con un fin político protervo y subalterno, no es solamente un despropósito político, sino que sería la evidencia escrita y documentada de una infracción a la constitución. Si quien lo plantea es el presidente de la República, sería una clara muestra de su incapacidad moral permanente para continuar al frente del país, una justificación constitucional para su vacancia inmediata y para su procesamiento y enjuiciamiento por infracción a la Constitución. La historia peruana nos muestra cual es el fin de presidentes como Leguía, Velasco o Fujimori que siguieron el camino de pisotear la Constitución.

El cuento de la asamblea constituyente no es por lo tanto un cuento con final feliz. Se trata de un relato que no conduce a nada bueno al país, que mina la gobernabilidad inmediata de estos momentos y que podría ser el camino más corto para la vacancia, el procesamiento y la prisión de quien lo proponga. Destruir las reglas de juego de la Constitución no puede ser algo de lo cual se quede impune y sin sanción. Lampadia




La coherencia que falta

La coherencia que falta

Jaime de Althaus
Para Lampadia

No cabe duda que la solicitud de Pedro Castillo a Julio Velarde de permanecer en la presidencia del BCR, es un mensaje inteligente que ayuda a aliviar la ansiedad que produce la perspectiva de un eventual gobierno suyo. Pero ese pedido de plaza debería ser confirmado por una gestión personal para persuadir a Velarde de dar marcha atrás en su decisión de dejar la conducción del órgano emisor. Porque es obvio que su presencia allí sería la mejor garantía posible de un manejo monetario serio y confiable. El país lo necesitaría.

Ahora bien, la estabilidad monetaria es fundamental, y es la base del crecimiento, pero para crecer se requiere además estabilidad de buenas reglas de juego, que favorezcan la inversión y el empleo.

En ese sentido, la frase completa de Castillo en la manifestación aporta algunos elementos: “No somos comunistas, somos democráticos, respetamos la gobernabilidad, la institucionalidad peruana. Somos respetuosos de esta Constitución y, en ese contexto, pido al doctor Julio Velarde que su trabajo sea permanente en el Banco Central de Reserva. Es necesario no solo para tranquilidad económica, sino para abrir las puertas a las grandes inversiones que tienen que darse democráticamente, con reglas claras”.

Es evidente que la gobernabilidad y el respeto a la institucionalidad y a la Constitución son fundamentales para crecer y reducir la pobreza. Nos preguntamos si debemos tomar esa enunciación como un nuevo compromiso, uno positivo, dirigido a enmendar la propuesta de una asamblea constituyente, una idea mítica cuya concreción sería el más eficaz sabotaje posible a la recuperación económica y al crecimiento sostenido. A los propios planes que el vocero económico del señor Castillo ha anunciado.

Lamentablemente no podemos tomar esa declaración de respeto institucional y constitucional como definitiva. Porque tan solo dos días antes, en el Cusco, Pedro Castillo prometió a los gobernadores regionales allí reunidos que serán convocados a formar parte de la Asamblea Constituyente. “Pido a ustedes como gobernadores sean los primeros convocados para que participen en la próxima Asamblea Constituyente para que en una Constitución que así lo diga el pueblo, la salud y educación sean derechos fundamentales”.

Es imposible respetar la Constitución vigente y al mismo tiempo proponer una Asamblea Constituyente, que no existe en la Carta Magna. Menos aún una conformada por personas u organizaciones designadas prácticamente a dedo por el gobernante, como –adelantándose- hizo Castillo en el Cusco al convocar a los gobernadores a integrar la presunta futura Asamblea. En una democracia representativa no cabe una asamblea compuesta por grupos de interés o colegiados de ningún tipo, sino solo por representantes elegidos mediante voto popular.

No solo eso. El día sábado pasado, en una reunión con líderes del Foro de sao paulo, Castillo dijo “La corrupción es inherente a su Constitución o modelo económico, que tenemos que cambiar”, y arremetió contra el Tribunal Constitucional. Ver en Lampadia: Cambio de Constitución – Un inmenso daño al Perú.  

El otro elemento interesante en el discurso del profesor fue la idea de que la continuidad de Velarde permitiría “abrir las puertas a las grandes inversiones que tienen que darse democráticamente, con reglas claras”. Muy bien. Pero entre esas inversiones grandes estarían, primeras en la fila, Tía María y Conga, que él mismo ha descartado. Debería revisar esa negativa y proponerse la posibilidad de sacarlas adelante con los recursos de inversión social, ambiental y productiva que proporcionarían las mayores regalías o impuestos que se cobraría la minería, ofreciendo a las poblaciones liderar un programa de desarrollo integral financiado precisamente con esos mayores recursos. Pondría a prueba su liderazgo social, para hacerlo posible. Lampadia




Mi encuentro con el Tucán

Mi encuentro con el Tucán

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

“Una auténtica oportunidad liberal con el Tucán habría sido seguramente menos informal, menos liberal, habría sido de saco y corbata, pero habría sido de buenos modales, más republicana y más consistente en el largo plazo. Sin Bedoya, a quien desperdiciamos en varias ocasiones, nos tuvimos que conformar con la versión alternativa.”

Hace 41 años, cuando tenía 12, conocí al Tucán, apelativo con el cual Sofocleto había bautizado a Luis Bedoya Reyes. TU Candidato.

Mi afán por la política era tan evidente que un día, luego de acabada la Asamblea Constituyente, el hermano Alfredo nos invitó a José Antonio Olivares y a mi a debatir los idearios del APRA y del PPC, respectivamente, ante nuestros compañeros de 1° de secundaria en el Colegio La Salle del Cusco.  Desde allí me consideré pepecista. De manera que meses después, cuando mis padres, dos maestros primarios del Cusco que admiraban el verbo y las ideas de Luis Bedoya Reyes me llevaron a conocer al Tucán en una cena con simpatizantes, no dudé en ponerme el único terno que tenía y asistir, junto a señores de mucha edad, como el único simpatizante púber.

Humberto Muñiz, un conocido y bonachón comerciante de la ciudad y candidato al Senado, me presentó al líder. Bedoya me estrecho la mano con ternura, seguramente creía que mi presencia no era por iniciativa propia sino por obligación de hijo.

Años después, en la PUC, cuando tenía menos de 20, participe junto a un puñado de estudiantes en el FIDES, el Frente Integrador de Estudiantes Social Cristianos, que acabó con 18 años de hegemonía marxista en el control de la FEPUC, la Federación de Estudiantes Universitarios de la PUC que habían controlado Javier Diez Canseco, Henry Pease o Nano Guerra García. Los sociales cristianos éramos tan pocos que no alcanzábamos para llenar los puestos en la lista de cargos de la FEPUC. Seguía siendo social cristiano.

A finales de los 80s, Luis Bedoya Reyes impulsó junto a Vargas Llosa y Fernando Belaunde el FREDEMO, que ganó la primera vuelta de las elecciones de 1990 con más del 33% de los votos, pero perdió la presidencia en segunda vuelta porque el APRA y la IZQUIERDA se sumaron para llevar a Fujimori, quien prometió hacer todo lo contrario de lo plateado por el FREDEMO. Tardó muy poco Fujimori en traicionarlos y aplicar ad pedem litere, las ideas económicas del FREDEMO, que se habían gestado desde la creación del Movimiento Libertad por MVLL y Hernando de Soto, como respuesta a la estatización de la banca dispuesta por Alan García en 1987. Por eso, no es exagerado decir que Fernando Belaunde, si resucitara y viera que Lescano ha convertido AP en una célula socialista, volvería a morir de inmediato.

Luego del Encuentro Internacional de la Libertad en el verano de 1990 viré al liberalismo sin renegar de mi fe católica. Luego de la derrota de Mario Vargas Llosa parecía que la oportunidad liberal para el Perú se esfumaba, sin embargo, Fujimori le ofreció al Perú una versión liberal alternativa, como siempre existen en nuestro creativo país de juliacas, gamarras o cachinas: un liberalismo chicha, obviamente sin MVLL, ni Bedoya, ni FBT, pero con las ideas que esta alianza había puesto en el debate económico.  Como siempre sucede, el producto alternativo nos seduce, parece ofrecer lo mismo a menor costo, llegó inclusive a tener buena performance. Con el tiempo advertimos que no hay como el producto original.

Enrique Ghersi, en un artículo publicado en CEP CHILE explica que la derrota de Vargas Llosa se debió al hecho de “haber abandonado la informalidad como recurso ideológico y espacio político”. Esa informalidad que él junto a Ghibellini y De Soto nos mostraron en el Otro Sendero en 1986. Esa informalidad que sigue definiendo hasta ahora al Perú de hoy 2021.

Una auténtica oportunidad liberal para el Perú en los 90s, con Bedoya y Belaunde como garantes, probablemente no hubiera terminado en el 5 de abril, en las salitas de Montesinos, ni en las re reelecciones. Una auténtica oportunidad liberal con el Tucán habría sido seguramente menos informal, menos liberal, habría sido de saco y corbata, pero habría sido de buenos modales, más republicana y más consistente en el largo plazo. Sin Bedoya, a quien desperdiciamos en varias ocasiones, nos tuvimos que conformar con la versión alternativa.

Hoy, en el mismo verano previo a las elecciones, 31 años después, estamos en la misma encrucijada, esta vez sin Bedoya. El, sin ninguna duda, habría acudido a votar por el PPC aunque no tenga ninguna opción. Era un hombre de partido y de principios.

Tal vez nuestro mejor homenaje sea repensar lo sucedido en estas tres décadas y volver a buscar una auténtica oportunidad liberal para el Perú como aquella que gestó el Tucán y no desperdiciarla. Como ya tengo escrito, para mí esa opción es De Soto, pero sólo el tiempo dirá si este puede ser una posibilidad o si será, como le sucedió al Tucán, otro de los peruanos que desperdiciamos cada cierto tiempo.

Luis Bedoya Reyes, descanse usted en paz. Los peruanos no le dimos el lugar que le correspondía. La historia si lo tiene para usted. Lampadia




No permitamos la consolidación del ‘Eje Cuba-Venezuela’ – II

La situación de Venezuela parece ir en camino de la consolidación del régimen dictatorial manejado por el ‘Eje Cuba-Venezuela’, con la carta del fantoche Nicolás Maduro. Como dijimos a mediados de mayo pasado: La gravísima situación social y económica creada por el chavismo y el ‘socialismo del siglo xxi’ en Venezuela ha generado una interminable crisis humanitaria, pero la corrupta cúpula gobernante no parece dedicada a superarla, sino a consolidar su poder.

Fuente: cnnespanol2.files.wordpress.com

El régimen dictatorial, controlado por la ‘nomenklatura’ cubana, las mafias del narcotráfico y los corrompidos militares venezolanos, tiene casi dos décadas organizándose para establecer una plataforma económica y política de largo plazo. En dicha ocasión decíamos: Más vale que vayamos pensando en nuevas formas de combatir y derrocar al detestable régimen que ha hecho casa en el país de nuestros hermanos venezolanos.

Desde entonces, arreciaron las protestas de los valerosos venezolanos; las condenas internacionales; y sanciones económicas, que como en casos anteriores, al no ser universales, devienen en inefectivas y hasta contraproducentes (Rusia, China e Irán han profundizado sus relaciones con la dictadura).

EEUU pidió a Nicaragua no negociar con sancionados de Venezuela

La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua advirtió hoy a sus ciudadanos en este país de no establecer negocios o relaciones con funcionarios venezolanos sancionados por el gobierno del país norteamericano.

“Las personas estadounidenses no pueden, por ejemplo, celebrar contratos con individuos bloqueados”.

A inicios de ese mismo mes, EEUU anunció la última lista de sanciones a funcionarios venezolanos, entre ellos, Adán Chávez, un hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, en una nueva muestra de presión sobre Caracas tras la instauración de la chavista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que considera “ilegítima”.EFE, 7 de septiembre, 2017, glosado

Todo lo actuado ha probado ser inefectivo y no se ha podido aliviar el sufrimiento de los empobrecidos y sometidos venezolanos.

Hace algunas semanas, Trump amenazó con usar una opción militar. Esta fue rechazada estridentemente por todos los gobiernos de la región, cuando por lo menos, podía haberse mantenido como un instrumento de negociación.

Hace una semana, Ian Vásquez, el prestigioso peruano del Instituto Cato, propuso: Repudiemos la deuda odiosa. Un planteamiento novedoso dirigido a desincentivar el apoyo económico de regímenes insensibles al sufrimiento de los venezolanos, como Rusia, China e Irán.

El punto importante, es que, sin acciones efectivas, y de alcance universal, lo más probable es que asistamos a la consolidación de la siniestra dictadura del ‘eje’, a la migración masiva de la población, y a la penetración política de Cuba en Sudamérica.

A continuación, presentamos el artículo de nuestra colaboradora, Helen Hamann, que le pregunta a nuestro Canciller si “¿Planea restaurar la gobernanza en Venezuela, utilizando magia o con rezos a la divina pastora?” Lampadia

Ya basta         

Helen Hamann
Socióloga
Para
Lampadia

El sábado 12 de agosto, el Canciller Luna, dijo que “el Perú condena la amenaza de EEUU sobre el uso de la fuerza en Venezuela”, agregando que “todas las amenazas extranjeras o domésticas de recurrir a la fuerza socavan la meta de reinstaurar la gobernanza en Venezuela, así como los principios consagrados en la carta de las Naciones Unidas”.

Mi pregunta es: ¿Cómo planea el Canciller restaurar la gobernanza en Venezuela, utilizando magia o con rezos a la divina pastora?

El gobierno venezolano está intensificando agudamente su intención de aniquilar todo intento de oposición, generando órdenes de detención contra alcaldes rebeldes, atacando políticos de oposición y amenazando a ciudadanos comunes que expresan su propia opinión.

“Yo se lo digo al mundo, escuchen esto, y aspiro que el mundo escuche: después de 90 días de protesta, de destrucción y de muerte. Si Venezuela fuera sumida en el caos y en la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana nosotros iríamos al combate”, afirmó.

“Nosotros jamás nos rendiríamos y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas, liberaríamos la patria con las armas”, agregó antes de juramentar a los integrantes del comando de campaña para la elección el 30 de julio de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.

Amenazas públicas del dictador Nicolás Maduro

“Desde el comienzo de esta administración, el presidente Trump le ha pedido a Maduro que respete la Constitución Venezolana, que sostenga elecciones libres y justas, que libere a prisioneros políticos, que cese toda violación de los derechos humanos, y que deje de oprimir al pueblo venezolano,” dijo la Casa Blanca en una declaración el viernes por la noche. “El régimen de Maduro se ha negado a escuchar este pedido, el cual ha sido secundado en la región y en el mundo. En cambio, Maduro ha elegido el camino de la dictadura.”

El problema radica en que, en infinidad de oportunidades anteriores, los EEUU y el resto del mundo han fallado al no oponerse radicalmente al florecimiento de regímenes totalitarios — Irán, Corea del Norte, Cuba, Siria, Libia, etc., etc., y ahora Venezuela. Esta falta de oposición y de acción decisiva para erradicar dichos regímenes, les ha dado fuerzas y validación moral para actuar impunemente, ya que aparte de una “amonestación diplomática” no les pasara nada.

Ya es hora que Occidente, incluido el Canciller Luna, reconozca la opción moral en estos casos, y que deje de buscar soluciones “diplomáticas” a situaciones que ya pasaron todo nivel de negociaciónEn el caso de Venezuela, ya es hora que se identifique y reconozca a Maduro como un dictador, uno que está llevado a su país a la ruina, a la pobreza y a la miseria, y que, si no se retira voluntariamente, se le sacará a la fuerza si es necesario, incluso con la muerte.

Esta acción decisiva, no sólo resolverá el problema de Venezuela, sino que, a su vez, dará un mensaje claro y preciso a todo dictador en potencia, que, si la fuerza y el totalitarismo son los medios que va a utilizar para subir al poder y controlar a una nación, Occidente no se lo permitiráLampadia