La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por Infraestructura Institucionalidad y Gestión – IIG, con la colaboración de Lampadia como media partner.
Presentamos el siguiente video sobre cambiar el capítulo económico empobrecerá al país.
Participa como invitado Alonso Segura, ex ministro de Economía y Finanzas, junto con Aldo Defilippi, Gonzalo Prialé y Sebastián Otero, asociados de IIG.
En las últimas semanas se han escuchado noticias y alarmas sobre el déficit fiscal y la deuda pública, especialmente sobre los niveles del gasto público y su creciente impacto en la deuda pública.
En Lampadia creemos importarte explicar cual es la relación entre el déficit fiscal y la generación de la deuda pública. El déficit fiscal es un flujo monetario que se forma al realizar gastos superiores a los ingresos provenientes de los impuestos y demás ingresos tributarios. La deuda pública se alimenta por el déficit público que se acumula año tras año. Mientras se generen déficits fiscales, por pequeños que sean, la deuda continuará aumentando. Por tanto, no es extraño que en años de bajo crecimiento, cuando merman los ingresos públicos, la deuda aumente.
El debate que se está llevando acabo sobre las declaraciones del actual Ministro de Economía, Alfredo Thorne, quien afirmó en una conferencia de prensa que la última cifra de junio de este año indicaba que el déficit fiscal se encontraba en 3.2% (no en 2.5% como afirmó el ex ministro Alonso Segura) y que se le quería atribuir al nuevo Gobierno dejarlo en 1.8% el 2017, algo que, dadas las circunstancias de un mayor déficit de ‘apertura’, él considera inconveniente, por lo que planteó que esta cifra llegue a 2.5% y así obtener S/. 5.000 millones de gasto adicionales en el presupuesto.
Fuente: Gestión
¿Cuáles son las proyecciones del BCR? Según el último Reporte de Inflación (Junio 2016), “el proceso gradual de consolidación fiscal proyectado llevaría a aumentar el saldo de deuda bruta de 23.3 % del PBI en 2015 a 28 % del PBI en 2018. En el caso de 2016, el resultado económico proyectado (déficit de 3 % del PBI), y la amortización de deuda generan una necesidad de financiamiento de S/ 27.0 mil millones, equivalente a 4.0 % del PBI (US$ 8,000 millones).” Teniendo en cuenta el déficit de 2016, se prevé un incremento de la deuda pública a 25.5 % del PBI. Veamos el cuadro inferior:
Fuente: Reporte de Inflación Junio 2016, BCRP
En el Perú, hemos tenido por muchos años un manejo bastante prudente de las cuentas fiscales. Lo que debería preocuparnos, no es tanto el nivel actual de déficit y deuda, sino la tendencia de deterioro acelerado y, sobre todo, el origen de ambos. El aumento del déficit fiscal (durante el primer trimestre se ubicó en 2.9% del PBI, mayor al 2.1 % registrado en 2015) refleja básicamente la disminución de los ingresos fiscales durante este periodo en 0.5 % y el aumento de los gastos corrientes en 0.2 % del producto.
El punto es que el gobierno de Humala, no solo ha cortado los ingresos del Estado por su mal manejo de la inversión privada y pública, también ha incrementado notoriamente el gasto corriente. Un cruce muy peligroso. Los ingresos del Gobierno General crecían en promedio a 16% anual a principios del 2011, sin embargo en junio de este año el crecimiento de los ingresos se redujo a 6% anual y, en el lado del crecimiento del gasto del Gobierno General, este pasó de cero a principios del 2011 a 4% a junio del presente año.
Por lo tanto, ¿cuál es la situación actual de las finanzas públicas? Waldo Mendoza, Presidente del Consejo Fiscal, responde a esta pregunta diciendo que “en general, buena, pero mucho más debilitada que hace unos años. Las cuentas fiscales viraron de un superávit de más de 2% del PBI en el 2013 a un déficit fiscal anualizado por encima del 3% del PBI a mediados de este año. Es el déficit más alto desde el 2000”.
Fuente: BCRP Elaboración: Lampadia
Empezando un nuevo gobierno, es razonable apuntar a tener algo de flexibilidad en cuanto al déficit, siempre y cuando apuntemos a recobrar un mayor nivel de crecimiento económico y a privilegiar el gasto en inversión más que en planillas. Lamentablemente hasta ahora, el gobierno no da mayores señales de poder recuperar el crecimiento, pues no muestra planes para enfrentar la conflictividad social alrededor de los proyectos de mayor impacto económico.
No solo eso, como hemos publicado en Lampadia, el sector turismo se estaría convirtiendo en un nuevo objetivo de conflictividad, sin que el gobierno reaccione con oportunidad y firmeza. Ver en Lampadia: Buscando las rentas del turismo por medio del conflicto
El Ministro de Economía, Alfredo Thorne plantea condiciones que le permitan invertir en cuatro grandes prioridades; agua y saneamiento, educación, seguridad y salud. En palabras del ministro, “vamos a hacer un fondo para cumplir con la meta del presidente de llevar agua todos los peruanos, porque un tercio no tiene acceso a este recursos. En educación hicimos un compromiso de aumento de los salarios”. También creará un grupo multidisciplinario, que incluirá a varios ministerios, para conseguir que la formalidad de la Población Económicamente Activa (PEA) llegue a 60% en el 2021.
Nosotros ya hemos adelantado algunas observaciones: La causa de los problemas en agua y saneamiento no es la escasez del recurso: como ya hemos mencionado en Lampadia (Ver: Cambiemos los paradigmas sobre el agua), el Perú cuenta con vastos recursos hídricos (somos el octavo país con más agua dulce del planeta). El problema está en el mal manejo que desde hace varios años vienen llevando acabo las empresas públicas prestadoras de servicios de saneamiento (Sedapal y las EPSs). Si somos consecuentes con la realidad de estas empresas, no deberíamos enterrar dinero fresco en Sedapal y las EPSs sin antes asegurar una estructura corporativa sana y el desarrollo de APPs, que nos permitan asegurar que las nuevas inversiones no correrán el mismo destino de las anteriores, costosas, inefectivas y de poquísima duración.
Además, en cuanto a educación, no nos parece una buena idea seguir haciendo aumentos desligados de compromisos ineludibles del magisterio, como que el Sutep se aleje de la ideología comunista (su estatuto sigue proclamando la lucha de clases) ya que no tiene propuestas pedagógicas, se opone a todas las reformas y específicamente a la meritocracia y está controlado políticamente por el Partido Comunista del Perú – Patria Roja, que con la Derrama Magisterial controla un patrimonio de más de 800 millones de dólares. O que se vincule a un gran cambio en la orientación del sistema educativo para traer a nuestros niños una educación para el siglo XXI y alejarnos de los obsoletos paradigmas que hoy nos condenan, en el mejor de los casos, a la mediocridad.
Dicho esto, es verdad que tenemos que invertir en reformas importantes en educación, seguridad e infraestructuras, pero para ello, nos guste o no, nos complique la vida o no, tenemos que generar los recursos fiscales que nos permitan financiarlas y, estos provienen en gran medida del desarrollo de los grandes proyectos de inversión, que están paralizados o que avanzan a paso de tortuga, ya sea por conflictos sociales, tramitología, interferencias de la Contraloría u otras trampas anti crecimiento. Como ya hemos mencionado antes en Lampadia, el costo de oportunidad de ‘aumentar’ un punto el crecimiento es enorme en términos de generación de empleo, impuestos y bienestar. (Ver: Los costos de la desaceleración), o inversamente, de la aceleración.
Julio Velarde, Presidente del Banco Central de Reserva, afirma que con el actual déficit todavía existe espacio discal para avanzar en las reformas establecidas por el actual Gobierno: “A pesar de este déficit hay que reconocer que hay espacio fiscal. Si el dinero se gasta bien en infraestructura, hay margen para endeudarse. Aun así hay necesidad de invocar prudencia siempre. Inversión pública que se justifique, que amplíe potencial productivo.”
Hasta el 2011, el Perú atravesó por un ciclo virtuoso en, prácticamente, todos los aspectos económicos y sociales (exceptuando lo institucional), como inversión, crecimiento, empleo, reducción de la pobreza y la desigualdad, desnutrición infantil y en la reducción de deuda. Esto, como hemos explicado anteriormente, fue interrumpido por lo que llamamos ‘Punto de Inflexión’. Gracias a la administración de Ollanta Humala, el Partido Nacionalista y su gabinete de izquierda, que durante el primer año de gobierno, se sembró la administración pública de funcionarios resistentes al desarrollo de la inversión privada y se alejó al sector público y privado, como si fueran enemigos. Ver en Lampadia: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo. Increíblemente, el gobierno de PPK ha conservado el 39% de vice ministros del gobierno anti inversión privada de Humala (si se pondera por el peso de ciertos vice ministerios, ese porcentaje puede llegar a un equivalente de hasta 45%).
Fuente: Presentación del Minsitro Thorne en Canal N
En nuestra opinión, el potencial de crecimiento del país es mucho mayor del que plantea el ministro Thorne, que se limita a aceptar como límite del crecimiento, el llamado “crecimiento potencial” de 5%. Pero, si se toma en cuenta el potencial productivo del Perú en diversos sectores, como lo hemos explicado en Lampadia, Ver: El enorme Potencial Productivo del Perú, podemos crecer más alto y sostenidamente. Volveremos en más detalle sobre esto posteriormente.
La pregunta que debemos hacernos es hasta qué punto el plan de gobierno está incluyendo las reformas y las políticas necesarias para conseguir un crecimiento de mediano plazo que apunte al 6 o 7% anual, con una consiguiente mayor recaudación fiscal, una reducción de gasto no prioritario, priorizando el desarrollo de infraestructuras y consolidando las reformas que requieren un aumento del gasto corriente (gasto versus reforma).
Tenemos que aprovechar al máximo posible los próximos cinco años para recuperar el crecimiento, que es el camino al desarrollo integral. Lampadia
El ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, anunció en el Foro “Perú camino a la OCDE: Retos y Desafíos” (organizado por EY y Confiep) que se espera que en el 2019 Perú pueda ingresar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el club de 34 países desarrollados comprometidos con la economía de mercado y con sistemas políticos democráticos, que en conjunto representan el 80% del PBI mundial. De lograrse el acceso, este sería un hito más en la construcción de nuestro camino hacia el desarrollo y la opción por que ese desarrollo se adorne con las mejores prácticas de los países miembros.
La OCDE sería un socio estratégico de los tomadores de decisiones sobre las complejas políticas públicas en las tareas de promover reformas estructurales. Así mismo tendríamos acceso a un foro donde los gobiernos comparan, intercambian experiencias en políticas públicas, identifican mejores prácticas, promueven decisiones y recomendaciones, y mediante esos y otros instrumentos legales, acuerdan y se comprometen con estándares de alto nivel técnico y avanzada voluntad política. Para ello, el diálogo, el consenso, las evaluaciones y las revisiones entre pares conforman el núcleo del trabajo de la OCDE, la que constituye una de las fuentes más grandes y confiables a nivel internacional en los ámbitos de las estadísticas y de la información económica y social.
Recordemos que el Perú viene trabajando en el “Programa País” de la OECD, un novedoso mecanismo de la organización al que fuimos invitados por su Consejo tras la reunión de los ministros de los países miembros de Mayo 2014. Este programa consiste en 60 acciones enmarcadas dentro de 18 proyectos que deben aplicarse en los próximos años en materias de inclusión social en la economía (educación, salud), competitividad y diversificación económica (reducir la informalidad, fortalecer el sistema tributario), sanción a la corrupción (credibilidad institucional) y uso sostenible de recursos naturales.
En el foro, Segura destacó el buen trabajo realizado con el Programa País, ya que el Perú presenta muchos avances y ha venido incorporando los estándares requeridos por la OCDE, los cuales son evaluados de cerca por el organismo (mediante 18 revisiones de políticas). Resaltó que somos el primer país no miembro en solicitar adhesión a los Códigos de liberación y la Recomendación de Gobernanza de APPs. De esta manera, se fortalecerá la confianza de los inversionistas e impulsará el mecanismo de APP de manera responsable contribuyendo al desarrollo de infraestructura y servicios públicos para nuestros ciudadanos.
La ejecución del Programa País nos permitirá incorporar en la administración pública las buenas prácticas, estándares y códigos de los miembros de la OCDE, en temas como lucha contra la corrupción, gobernanza pública, políticas de desarrollo de la productividad, y desarrollo territorial, entre otros. Los ejes de trabajo son:
Según Segura, el camino adoptado por el Gobierno del Perú constituirá una ventaja para el país respecto a sus pares de la Región, contribuyendo al desarrollo de infraestructura y servicios públicos para nuestros ciudadanos, potenciando tanto la producción como la provisión de bienes públicos.
Es importante notar que entre los avances del Perú se encuentra el hecho de que fuimos reconocidos como “co-chair” del Programa Regional para América Latina y el Caribe de la OCDE, además de ser anfitriones en varios eventos como la Junta de Gobernadores, reuniones APEC, entre otras.
Del mismo modo, según varios estudios importantes (muchos están en el proceso de publicación), el ministro afirma que “a pesar de que se clasifican los documentos oficiales, sabemos que la OCDE ha evaluado los progresos realizados por el Perú y otros dos países, y nuestro país obtuvo una calificación aprobatoria”.
El cumplir con estas medidas fomentará una mayor inversión privada, el fortalecimiento de las instituciones y eliminará trabas burocráticas. El ser miembro de la OCDE es el mejor certificado de buena conducta económica que cualquier país puede ostentar, sobre todo para atraer inversiones y ser un país más predecible con un buen nivel institucional. Este organismo es un socio estratégico para promover reformas estructurales y es además, un foro donde los gobiernos pueden comparar y compartir experiencias de políticas públicas, identificar las mejores prácticas y promover recomendaciones. (Ver en Lampadia: Un Grupo al que el Perú debe entrar).
También resalto que el involucramiento del sector privado es clave en un proceso de reformas que contribuya a la implementación de los principios de los miembros de la OCDE. La aplicación de estándares OCDE en temas de Gobierno Corporativo, Lobbies, transparencia, entre otros, genera mayor confianza en las empresas que quieran hacer negocios en el país.
Los países entran a la OCDE primero como observadores, luego invitados y finalmente como miembros. En la conferencia, Segura señaló que el ingreso de Perú como invitado debería darse a mediados del próximo gobierno.
También indicó que hay factores externos no controlables: la evaluación implica una aceptación unánime de los miembros de la OCDE y es un proceso de acceso geopolítico y los miembros tienen que decidir ampliar el acceso en primer lugar. “Lo único que podemos hacer de nuestro lado es estar listos para que cuando entre la siguiente camada, el Perú esté ahí”. Además, explicó que se requerirá el compromiso del próximo gobierno para continuar la agenda del ‘Programa País’. Algo clave para precipitar la invitación para acceder a la OCDE.
Ingresar a este organismo nos permitiría afianzar nuestras políticas públicas y adoptar normas y regulaciones pro-desarrollo que nuestros ciudadanos podrán entender en el contexto del desarrollo global, lejos de la dialéctica política local y, además, nos permitiría aprovechar las experiencia de sus miembros.
Los avances del Perú en la integración de su economía al mundo global desde la reinserción de la economía de los años 90, su consolidación con los tratados de comercio y el acceso a los nuevos foros comerciales, cómo APEC y la formación de la Alianza del Pacífico, nos han permitido llevar nuestras exportaciones desde los US$ 3,000 millones que exportábamos a inicios de los 90, hasta los US$ 48,000 que exportamos en 2012 o US$ 33,000 en 2015, después de parar los proyectos mineros.
Más allá de los absurdos reparos al comercio internacional por parte de las izquierdas tradicionales y sus ‘ideas muertas’ del pos-extractivismo, este proceso de integración comercial ha contribuido notoria y claramente al crecimiento de la economía, reducción de la pobreza y desigualdad, que nos permiten ahora, tener la base para ambicionar el ingreso de nuestro país al más exclusivo club de los países que combinan desarrollo económico con institucionalidad y democracia.
Lampadia
El Perú sigue cayendo en el ranking del ‘Doing Business’ desde su pico en el puesto 35 hasta su caída en el puesto 50 este año. Esta vez, en el último año caímos 5 puestos, retrocediendo en 6 de los 10 indicadores usados por el Banco Mundial (BM) y estamos en el puesto 50 de los 189 países evaluados.
Increíblemente, el gobierno peruano pretende esconder la cabeza en la tierra cual avestruz. Tanto Angélica Matsuda, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad, como el Ministro de Economía y Finanzas, Alonso (In)Segura, niegan el retroceso amparándose en el cambio de metodología del ranking. Nos quieren hacer tontitos, ocultando que el indicador del BM es una curva donde se compara a un país con todos los demás y, evidentemente, el cambio de metodología afecta a todos los países por igual. Una vergüenza, viniendo de una de las supuestas islas de excelencia del Estado peruano.
La caída solo es otra confirmación de la inflexión de nuestra economía e indicadores sociales producida desde el inicio del actual gobierno, desde el 2011. Ver en Lampadia: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo.
Este 27 de octubre, el Banco Mundial publicó su último informe: ‘Doing Business 2016’. El informe de 348 páginas evalúa la facilidad para hacer negocios en 189 países de todo el mundo a través de 11 factores: obtener electricidad (en términos de fiabilidad, precios y transparencia), manejo de permisos de construcción, comercio transfronterizo, pago de impuestos, protección de los inversionistas minoritarios, registro de propiedades, obtención de crédito, resolución de insolvencia, cumplimiento de contratos, regulación del mercado laboral y requisitos para comenzar un negocio.
Desde el año pasado, 151 de los países encuestados hicieron algunas mejoras y muchos países que progresaron en su puntuación general, cayeron en el ranking ya que fueron superados por las mejoras de otros. En otras palabras, no es suficiente que un país haga algunas mejoras teóricas en su clima de negocios; tiene que mejorar con respecto a los demás. Sus reformas deben superar a los otros países, es una suerte de competencia.
Cabe destacar que en el informe ‘Doing Business 2016’ ha habido un cambio en la metodología para evaluar el desempeño de un país en el cumplimiento de los contratos. Mientras que el tiempo y el costo de los litigios siguen siendo los índices para evaluar el desempeño de un país y su clasificación, la nueva metodología ha introducido un nuevo índice de la calidad del proceso judicial, que se evalúa sobre la base de la adopción de buenas prácticas que promuevan la calidad y la eficiencia del sistema judicial de un país. Un componente de este nuevo índice es la resolución de conflictos por medios alternativos, en particular con el arbitraje, la mediación voluntaria y la conciliación.
En su conjunto, América Latina y el Caribe tuvieron la menor cantidad de reformas regulatorias que cualquiera de las siete regiones del resto del planeta. Además, la región está calificada particularmente mal en las áreas de registro de propiedad y el pago de impuestos (un proceso que le toma a un empresario local 361 horas preparar, presentar y pagar impuestos, en comparación con 177 horas en otras regiones.
México mantuvo su lugar como el mejor clasificado para hacer negocios en América Latina, con Chile, Perú y Colombia un poco más atrás y todos se encuentran entre las 60 mejores economías de los países encuestados. Mientras tanto, los gigantes Brasil y Argentina se mantuvieron muy por detrás, en los puestos 116 y 121, respectivamente. Bolivia y Venezuela se mantienen en el tercio inferior de las economías evaluadas en los vergonzosos puestos 157 y 186 respectivamente.
Desde el informe del año pasado, el Perú ha caído cinco posiciones en el ranking mundial de “Doing Business” del BM. Está tercero en América Latina después de México y Chile, lo que significa que bajamos del segundo al tercer lugar entre los cuatro países de la Alianza del Pacífico.
Con 71.33 puntos, el Perú se ubica por encima del promedio de la región (59.07), comparado con México (73.72) y Chile (71.49). Sí superamos en la facilidad para hacer negocios a Colombia, Panamá, Brasil, Argentina, Bolivia y Venezuela.
El Perú ha estado trabajando supuestamente, para reformar algunos procesos principales: facilitar los negocios, conseguir créditos y simplificar el pago de impuestos. Hemos mejorado el sistema de información de crédito con la aplicación de una nueva ley de protección de datos personales.
En la tabla inferior se puede observar el score de Perú en cada uno de los pilares de este ranking:
Ver el ranking completo en nuestro ‘Repositorium’ de Índices, Estadísticas y Rankings: Índice de Doing Business 2016. Y el cuadro anterior en: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/peru/#close
¿Qué se necesita para iniciar un negocio en el Perú? A nivel mundial, el Perú se sitúa en el puesto 97 en el ranking de 189 economías (ha caído ocho posiciones). Abrir un negocio en el Perú puede demorar hasta cinco veces más que en los países miembros de la Alianza del Pacífico. Según los datos recogidos por Doing Business, iniciar un negocio requiere de 6 procedimientos, toma 26 días y cuesta 9.8% del ingreso per cápita. En Chile la demora promedio es de 5.5 días, en México es de 6.3 días y en Colombia 11 días. Esto se puede observar más claramente en el gráfico inferior:
No olvidemos el ejemplo de híper regulación que presentó el Presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde en Perumin sobre el sector minero. Ver gráfico:
Queda claro que tenemos muchas reformas por delante si queremos mejorar esta situación. No es solo una cuestión de que ha cambiado la metodología, sino que no hemos avanzado tan rápido en las mejoras como las demás economías y en muchos casos seguimos retrocediendo.
El ministro de Economía, Alonso (In)Segura insiste en negar la realidad: “No hemos hecho nada mal, lo que ha habido es, y el Banco Mundial también lo afirma, que han cambiado la metodología, son 10 indicadores los que miden, han cambiado dos o tres el año pasado y han cambiado más este año, por tanto no son comparables los puestos“. Esta es una afirmación del ministro que supuestamente era el destrabador de los grandes proyectos. No ha destrabado ninguno y además a prácticamente paralizado las APP (Asociaciones Público Privadas) y las Iniciativas Privadas. No le hizo caso a Lampadia, que en agosto del 2014, hizo la propuesta de una estrategia para sacar adelante los grandes proyectos que debían sustentar el crecimiento de nuestra economía. Ver: Destrabemos megaproyectos para recuperar el crecimiento.
No se puede seguir viviendo bajo excusas y mentiras. Seguimos malogrando nuestras oportunidades de desarrollo e inclusión. Lampadia
En abril del 2014 propusimos en Lampadia una estrategia para financiar la brecha de infraestructuras. Ver. 7 años para acortar la brecha en infraestructuras – Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones. Pero parece que algunos no la han entendido, empezando por el Ministro de Economía, Alonso Segura. Siendo este un tema vital para el futuro del país, trataremos de hacer una mejor explicación de la propuesta.
Eliminar las brechas de infraestructuras no solo permite mejorar la competitividad del país y reducir los costos de transacción de las empresas, también democratiza el acceso de los pobres al mundo moderno, dándoles acceso a electricidad, caminos y telecomunicaciones, por lo tanto, cerrarlas con prontitud, es un objetivo social ineludible.
Para facilitar el entendimiento de la propuesta debemos enfatizar que, muchas veces, las soluciones a problemas difíciles no están dentro del cuadrado, a veces hay que salir de sus fronteras para encontrar la solución. Ver el gráfico de un test clásico:
De la misma manera, para superar las limitaciones de las reglas internacionales de contabilidad fiscal, hay que encontrar una solución sin recurrir a ningún tipo de artificio, cosa que parecería ser la angustia del ministro.
La idea es recurrir a los hacedores de dichas reglas fiscales con un planteamiento adecuado, para que ellos las adapten, usando al Perú como un proyecto piloto quepueda ser replicado globalmente. Esto permitiría afrontar las brechas de infraestructuras en todo el mundo,que se calculanen unos US$ 5,000 millones de millones (trillones, en la nomenclatura sajona) y que aún no se sabe como financiar.
¿En qué se basa el planteamiento?
En cuatro aspectos:
Una nueva visita a la Propuesta:
1. Establecer un programa de inversión en infraestructuras de hasta US$ 80,000 millones a desarrollarse en 7 años. Los proyectos específicos que se incluyan en el programa se desarrollarían mediante Asociaciones Público Privadas (APP) con los ganadores de licitaciones internacionales.
2. Promover la participación del sector privado peruano y extranjero, incluyendo a los fondos de pensiones locales, para que financien tres cuartas partes del total del programa, US$ 60,000.
3. Fijar la participación del cofinanciamiento del Estado en US$ 20,000, (25% del total), equivalente a algo menos del 10% del PBI.
4. El Estado financiaría su participación emitiendo deuda pública a 30 años hasta por US$ 20,000 millones mediante “Bonos de Infraestructuras”, como los denomina The Economist.
5. Convocar al Banco Mundial (BM), FMI, BID y CAF (“El Equipo Técnico”), para que asesore al país en el diseño, monitoreo, promoción, financiamiento y supervisión de un Fondo de Inversión en Infraestructuras.
6. Establecer un Fideicomiso de Infraestructuras (FI-BM) en el BM, donde se depositarían los fondos provenientes de la emisión de los Bonos de Infraestructuras.
7. El FI-BM desembolsaría directamente a los concesionarios los montos que correspondan a cada proyecto (de 10 a30% según corresponda a lo acordado para cada uno).
8. El repago del cofinanciamiento del Estado por los concesionarios se hará directamente al FI-BM, sin pasar por la caja del Estado.
9. La cancelación de los Bonos de Infraestructuras a su vencimiento la hará el FI-BM con los fondos provenientes de las amortizaciones que realicen los concesionarios.
Dado el involucramiento de las agencias multilaterales en el diseño y supervisión del programa de infraestructuras y de la formación y administración del FI-BM en el BM, sin que, en ningún momento, los fondos pasen por la caja del Estado, deberíamos:
Solicitar al “Equipo Técnico”que diseñe un mecanismo de contabilidad fiscal ad-hoc para registrar los programas de infraestructuras que se manejen a través de fideicomisos administrados por el BM y que se administren con mecanismos similares a los definidos para el programa piloto del Perú.
Cuando un equipo de gobierno tiene la necesidad de superar retos económicos y sociales importantes y el país tiene condiciones adecuadas para enfrentarlos hay que ser ambicioso e imaginativo para darle viabilidad técnica e institucional.
Como vamos, al Perú le queda poco tiempo para girar contra nuestro prestigio externo. Señor Segura, dese un tiempo para dialogar sobre cómo se pueden hacer algunas cosas. No todas las buenas ideas nacen en el MEF. Lampadia
En noviembre pasado, el Ministro de Economía, Alonso Segura, lanzó uno de sus paquetes reactivadores cuyo corazón era un conjunto de medidas tributarias (reducción del impuesto a la renta personal, del impuesto selectivo al consumo y otros) destinadas a dejar en manos de los ciudadanos unos 4,500 millones de soles el 2015. La idea era reactivar el consumo y por ende la economía. Por eso, no se entiende como la Sunat (la cual depende del MEF), haya prepublicado días atrás una nueva reglamentación para el fraccionamiento de las deudas con el fisco que endurece las condiciones para acceder a esta figura. Un contrasentido total, pues el ahorcar a los contribuyentes, especialmente a los más afectados por el menor crecimiento de la economía, va en contra de la política expansiva que impulsa Segura en representación del Gobierno.
Si se reducen los plazos máximos de fraccionamiento (de 72 a 48 meses), como se indica en el nuevo reglamento y, ahora este será condicionado al pago de cuotas iniciales y garantías (carta fianza o hipoteca), dependiendo del comportamiento del contribuyente, está claro que a las personas naturales y jurídicas con problemas les será más difícil salir de ellos, pues contarán con menor liquidez o no podrán acceder a un mecanismo facilitador de la recaudación y la formalidad.
Por si fuera poco, como se ha denunciado en varias oportunidades (la más reciente, por Rosa María Palacios), “la Sunat, ¡vivísimos ellos! no reciben solicitudes [de fraccionamiento], porque no activan los formularios para solicitar el fraccionamiento hasta dos meses después de la fecha original de pago. ¿Mientras tanto? Te mandan resoluciones de cobranza coactiva a pagar en 7 días. ¿Qué te queda? Vaciar la cuenta del banco de la EIRL, que felizmente en mi caso, está vacía porque no tengo ingresos o romper el chanchito y pagar la deuda completa. Es decir, te quedas sin fondos o capital de trabajo”. Como señalamos líneas arriba todo lo contrario a lo que aspira la política de expansión del MEF.
La denuncia, obviamente no ha sido atendida. Para la Sunat la cosa es cobrar como sea, al mejor estilo del Sheriff de Nottingham (la némesis de Robin Hood). Incluso como este personaje de la Inglaterra medieval, torciendo la Ley acosta de los ciudadanos. Como bien ha señalado Palacios: “El Fraccionamiento de una deuda tributaria no es un dádiva, un regalo, o un premio. Es un derecho otorgado por la LEY (sí, en mayúscula, a ver si la señora Tania Quispe entiende) con el que la administración tributaria no puede hacer lo que le da la gana para cercenarnos ese derecho”.
Ante las críticas a este proceso, la Sunat acaba de anunciar una flexibilización de sus nuevas normas de fraccionamiento. Lamentablemente, lo único que ha hecho es discriminar entre los que tengan deudas menores a 38,500 soles (10 UIT) y los que superen dicho monto. Esto, que puede parecer aparentemente justo, en verdad sigue condenando a los pequeños y medianos empresarios a mayores dificultades financieras y fomentando, indirectamente, la informalidad.
Además, como ha reportado el diario Gestión el 21 de abril pasado, de ahora en adelante “Solo los gastos ineludibles serán deducibles del Impuesto a la Renta”. Según la nota de Gestión: “La Sunat desconoce como gasto de las empresas los pagos de indemnizaciones contractuales o gratificaciones extraordinarias de trabajadores, ya que considera que pueden evitarse. (…) El fisco, dispone que para aceptar un gasto como deducible del pago del Impuesto a la Renta (IR), debe ser ‘ineludible o inevitable’. Es decir, cuando no exista otra posibilidad que solo efectuar el gasto. (…) Otro ejemplo ocurre cuando una empresa contrata con otra un servicio y luego, por discrepancias entre los contratantes, llegan a un arbitraje y la primera de ellas pierde el caso. (…) En este caso, la Sunat no aceptará el pago de la indemnización [ordenado por el laudo], ya que pudo evitarse si la empresa cumplía el contrato”. Este criterio contaría ahora con un presedente de la Corte Suprema, informa Gestión.
Aparte del abuso que representan estas medidas de la Sunat, lo que se persibe son enormes contradicción es en el Gobierno. Por ello, cabe preguntarse: ¿En el Ejecutivo se coordina la política económica? ¿La señora Tania Quispe, Superintendente Tributaria, no lee los periódicos? ¿El Ministro de Economía no se entera de este tipo de cosas? ¿Están realmente comprometidos con devolverle el crecimiento al país?
¿No sería bueno, por el bien del país; la imagen de las instituciones que tienen la suerte y responsabilidad de dirigir; e incluso, por su prestigio profesional que se sentaran a evaluar los objetivos a los que aspiran?. Lampadia
El miércoles último el Presidente Ollanta Humala calificó inesperada y desacertadamente la labor de los empresarios nacionales:
Estas “desconcertantes” declaraciones del Presidente de la República fueron antecedidas por la de su Ministro de Economía y Finanzas, Alonso (no tan seguro) Segura, que salió el miércoles pasado a exigir que los empresarios inviertan más.
El Presidente de la República no está a cargo de la selección de futbol. Es, en buena medida, responsable del bienestar de 30 millones de peruanos, pero sobre todo del futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos.
El Presidente no puede pretender endilgarle a los empresarios la parálisis de nuestra economía, que el sembró desde su candidatura y del primer día de su gobierno.
El mandatario olvida que desde que llegó a Palacio, se ha desalentado a la inversión privada. Primero con la oficialización del discurso antiminero (puesto en vigencia por su Primer Ministro, Salomón Lerner Ghitis: “queremos una nueva minería”, lo que significó: NO MINERÍA). Luego, por su incapacidad para controlar los conflictos político-sociales y sacar adelante proyectos clave como el de Conga (hoy, a pesar de los denodados –tardíos- esfuerzos, vemos el mismo patrón con Tía María)
Desde hace un tiempo, en Lampadia venimos advirtiendo el estrepitoso descenso de la inversión privada (ver en Lampadia (L): Otra vez la parada (esta vez en la inversión)), la cual ha sido uno de los principales motores de nuestro crecimiento de los últimos 15 años (entre 80-85% de la inversión total). Junto con la inversión pública hemos superado el 28% de inversión en relación al PBI (US$ 53,000 millones el 2013). Entre el 2010 y el 2012, la inversión privada se expandió a tasas que superaban el 15%. El 2013 apenas creció 6.5% y el último año cerró con una variación negativa del 1.6%. El flujo de ingreso de capitales ha caído de niveles sostenidos superiores de US$ 15,000 millones por año a solo US$ 7,000 millones el 2014 (ver en L: Hay que prender el motor de la inversión privada).
Buena parte de esta desaceleración se debe al desprecio del gobierno por los sectores de minería, energía e hidrocarburos. Se insiste en culpar a las condiciones externas por la menor inversión y exportaciones y, ahora a la labor de los empresarios, pero se oculta que si hubiéramos desarrollado los proyectos que estaban encaminados, habríamos más que compensado el shock externo. La misma situación se vive con la inversión pública. Según el BCR esta tasa cayó a 3.6% del PBI cuando el 2013 fue de 12%. El gobierno no ha conseguido ejecutar las obras de infraestructura que prometió (ver en L: La titánica tarea de invertir en el Perú).
Parece que el Presidente nunca entendió cuales eran las medidas del Perú cuando el asumió la Presidencia (ver en L: 90-90-90). 90% del empleo, la inversión y de los recursos fiscales eran aportados por el sector privado. Pero el Presidente respiraba por los poros su desconocimiento y desconfianza en el sector privado. Impregnó a la administración pública de un sentimiento anti-inversión privada. Este pujante sector que ha transformado el país, haciendo parte del proceso a los pobres, como lo podemos comprobar cualquier día, continuó tratando de salir adelante, pero, lamentablemente, se había roto el circuito virtuoso que puso al Perú en boca de todo el mundo.
Como asegura el dicho: “uno cosecha lo que siembra”, pues bien cuando la cosecha se empobrece, no puedes andar echándole la culpa a los demás. Lampadia
La semana pasada fueron las “Spring Meetings” del FMI, en la que se tocaron diversos temas relacionados a la economía y política mundial.
Uno de los temas más importantes, y en el que participó nuestro ministro de Economía y Finanzas Alonso Segura, fue de la brecha de infraestructuras. En el panel participaron: Mitsuhiro Furusawa, Subdirector Gerente del FMI y ex asesor del ministro de Finanzas de Japón; Joaquim Levy, ministro de Finanzas de Brasil y ex presidente de Bradesco Asset Management; el Dr. Rajiv Lall, director general y vicepresidente del Infrastructure Development Finance Company (IDFC), India; Geoffrey Spence, el Director Ejecutivo de Infraestructura de Reino Unido y, por supuesto, Alonso Segura.
Reuniones de primavera en el FMI “El por qué, dónde y cómo de la inversión en infraestructuras”
La inversión en infraestructura es fundamental para el crecimiento económico y el bienestar. La existencia de grandes brechas de infraestructuras a lo largo del planeta refleja una combinación de limitaciones institucionales y financieras, así como la presión creciente de la demanda. Esta inversión tiene el potencial de aumentar la eficiencia y la competitividad, y promover tanto la integración internacional como la nacional. Reduce los costos de transacción y democratiza el acceso al mundo moderno. Asegurar la financiación necesaria en condiciones adecuadas es un gran desafío, lo que refleja las limitaciones de las finanzas públicas, los riesgos regulatorios y los largos períodos de gestación.
Una cuestión clave es la definición de las funciones de los sectores público y privado de tal manera que se garantice una buena prestación de servicios y la protección de los intereses de los inversores y contribuyentes.
El panel discutió primero la importancia de la inversión en infraestructuras y sobre la elección de los proyectos adecuados en un contexto de objetivos contrapuestos y recursos limitados.
Furusawa describió dos beneficios claros de la inversión en infraestructuras. El primero es que aumenta el crecimiento de corto plazo, aumentando la demanda y creando empleos. Y segundo, aumenta el crecimiento de manera indirecta y a largo plazo, porque aumenta la capacidad productiva y el producto potencial.
El Dr. Lall habló sobre la aguda escasez de infraestructuras en la India. A pesar de tener una alta tasa de ahorro el acceso a los recursos es un problema. Otra dificultad es la implementación de proyectos “financiables”. Comentó que su país había llevando al gobierno a buscar agresivamente la participación del sector privado. Afirmó que les ha ido muy bien, y en conjunto con el sistema bancario, no bancario y mercado de capitales han logrando financiar un total de US$ 400 a 500 mil millones en infraestructuras en los últimos 15 años. Casi todo operado por el sector privado, que también asume los riesgos de capital. Considera que es crucial que el gobierno supervise y regule las concesiones de manera meticulosa y contar con un Poder Judicial capaz de resolver los inevitables conflictos que se presentan en el camino.
Levy afirmó que a pesar de la desaceleración de Brasil, invertir en infraestructura es muy importante porque sus objetivos son para el mediano y largo plazo. Para él, es primordial involucrar al sector privado, algo que han estado haciendo por muchos años en distintos sectores como agua, electricidad y transporte con bastante éxito. La mayor parte es operada por el sector privado y en estos momentos busca incluso aumentar las concesiones y así involucrar aún más al sector privado en la inversión pública. De esta manera se pueden concentrar los recursos del estado en otros sectores públicos que no tienen retorno sobre la inversión pero que son importantes para el país.
Siguiendo la línea de los países latinoamericanos, Segura compartió su plan de inversión multisectorial. Lo describió en base a propuestas del sector privado, que son calificadas y priorizadas a mediano o largo plazo. No todos son hechos con dinero público, sino cofinanciados.
Sin embargo, siempre hay costos escondidos. Afirmó que en los últimos dos años se ha reformado el marco legal para poder minimizar riesgos y estandarizar los proyectos de APPs, y que las obras por impuestos (OxI) tienen mejores controles que los contratos tradicionales.
Según los cálculos, la brecha de infraestructuras del Perú representaría alrededor de 40% a 50% de PBI (que bordea los US$ 200,000 millones). Según Segura, el Gobierno ha duplicado su asignación para infraestructura en los últimos seis y siete años. Además, ha aprovechado el menor costo para financiar proyectos y no se prevé ninguna escasez de fondos. También comentó que el Gobierno está dando una mayor importancia a las APPs para infraestructuras, sin embargo, estas presentarían algunos riesgos y suponen un compromiso de fondos públicos.
En verdad, el avance logrado en el Perú es mínimo. En Lampadia (abril 2014) propusimos una estrategia de financiamiento de infraestructuras (ver: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones):
Usar APPs con un cofinanciamiento promedio del Estado de 25% (hasta US$ 20,000 millones). Un equivalente del 10% del PBI. Para ellose emitirían “Bonos de Infraestructuras” a 30 años (llevando la deuda externa a un máximo de 20% del PBI). Deberíamos solicitar el apoyo del Banco Mundial (BM), BID, FMI, CAF y Naciones Unidas, para el diseño, monitoreo, promoción y financiamiento de un “Fondo de Inversión en Infraestructuras” que se depositaría en un fideicomiso en el BM. Este desembolsaría los fondos a las empresas que ganen los concursos, las cuales se comprometerían a repagarlos directamente al fideicomiso. Un detalle importante sería que nos ayuden a rediseñar la contabilidad fiscal para evitar contabilizar déficits no representativos.
Para que el Perú salga pronto de sus brechas y atrasos, debemos ser creativos y audaces, aprovechando nuestro bien ganado prestigio, antes de que se siga licuando. Lampadia
Para ex ministro de Economía del gobierno aprista Luis Carranza, las acciones de este régimen no buscaron generar crecimiento
Entrevista a Luis Carranza. Ex ministro de Economía y Finanzas
Por Mariella Balbi
(El Comercio, 04 de Abril de 2015)
¿El nuevo primer ministro podrá remontar nuestra alicaída economía?
No. La caída de nuestra economía viene de antes. El crecimiento se desacelera desde el 2013. La confianza de los inversionistas y el crecimiento de la inversión privada cayeron en el gobierno de Ollanta Humala. Entre el 2006-2011, la inversión privada creció con un promedio anual mayor a 15%, y la inversión pública creció cerca de 16%. Lamentablemente, en el 2014 la inversión privada cayó 1,5% y la pública en 3,6%. Una contracción fuerte. Esto se explica por varios factores: el discurso contradictorio del presidente Humala, las trabas a la inversión, el exceso de multas, la sobrerregulación, la ineficiencia del Ejecutivo para aprobar proyectos de infraestructura y darles viabilidad.
El presidente dijo que la censura a Ana Jara generó incertidumbre entre los inversionistas.
Eso viene de tiempo atrás. Está confundiendo la causa con el efecto. Hemos tenido vacío de poder desde que empezó este gobierno.
¿La gestión del primer ministro Pedro Cateriano podrá mejorar las cosas
Tendría que evitar un mayor deterioro político y la pérdida de confianza. El primer ministro debe tender puentes, reducir el nivel de confrontación. En un año electoral las inversiones se retrasan, pero no lo acentuemos. El presidente debe ver en la censura a Jara no un chantaje, un acoso, sino una oportunidad para cambiar su manera de hacer política y poder llegar a buen puerto el 2016.
¿Ana Jara tenía la confianza de los inversionistas?
No. No era relevante porque no tenía ningún poder real. Este gobierno ha puesto de lado a los primeros ministros. Sea quien fuere, se requiere que la persona tenga poder real.
¿Es decir?
No estar pintado en la pared.
¿Cateriano está pintado en la pared?
No basta tener poder real para generar inversiones. Cateriano tiene la confianza del presidente. Necesita tender puentes con las fuerzas políticas para evitar que se deteriore aun más el clima de desconfianza y confrontación. Está en las manos del gobierno. Si no lo hace, tendremos mayor deterioro político que terminará afectando más las expectativas de la gente. Y esto ocurrirá, con Ana Jara o con Cateriano.
¿Cateriano es confrontacional?
Él ha dicho que cambiará ese estilo. Esperemos que sea así. Si la polarización continúa, no generará confianza y tranquilidad en los agentes económicos.
¿Este gobierno nunca logró generar confianza?
Nunca. Siempre tuvo un discurso de confrontación. El rol de dirigir un país requiere aglutinar fuerzas, conducirlas, que todos empujen en la misma dirección. Desgraciadamente, ha ocurrido lo inverso. Estamos pagando las consecuencias de esa forma de hacer política.
¿Desde el inicio, el gobierno tenía un objetivo electoral, sin importarle el país?
Todo indica que desde el inicio el objetivo fundamental era político-electoral. Las acciones tomadas no buscaron generar un mayor crecimiento. Lo descubierto en la DINI, el uso de los programas sociales, querer comprar una refinería privada, la confrontación, tratar de destruir a los adversarios políticos apuntan a ello.
¿Usted es aprista?
¿A qué viene esa pregunta?
A que fue ministro de Economía del gobierno de Alan García…
No soy aprista, fui viceministro en el gobierno de Alejandro Toledo y ministro de García y, les agradezco la oportunidad. Mis comentarios han estado en función de lo que convenía al país: mejora de la inversión pública, presupuestos por resultados, advertir sobre la pérdida de competitividad de nuestra economía. Pero se vio como una crítica política y no como una recomendación técnica.
¿Por qué el inversionista no tiene confianza en el gobierno?
Por el discurso confrontacional, inconsistente. Porque no se abrevian los permisos y las aprobaciones demoran. Los costos de invertir han subido significativamente en el Perú. El Estado no es eficiente en hacer respetar contratos y derechos de propiedad.
¿El ex ministro Luis Castilla fue complaciente con los objetivos electorales del presidente?
Solo puedo decirle que descuidó la inversión pública, la infraestructura, la competitividad. Dejó que florecieran, como hierba mala, todas las regulaciones y que sectores, como Ambiente y Trabajo, entorpecieran la inversión. No se preocupó por la eficiencia del gasto público ni del social. Cayeron la competitividad y la productividad. En el gobierno anterior, la productividad explicó casi la mitad del crecimiento del Perú. Del 2011 al 2014, ha contribuido con 0,6% al crecimiento.
¿El ministro de Economía, Alonso Segura, tiene cierta autonomía o estamos en piloto automático?
Se equivocó en pretender hacer reformas a un año de dejar el gobierno. Las reformas se realizan en los dos primeros años de gobierno. La ‘ley pulpín’ no tuvo liderazgo ni apoyo político en el Congreso. Ya habíamos visto lo ocurrido con el sistema previsional para independientes. Él debería enfocarse en ejecutar rápido y bien proyectos de inversión como la línea 1 y el gasoducto sur.
¿Están retrasados?
Sí. Se concesionaron tarde, además. Hay que sostener el gasto y evitar que el crecimiento siga cayendo. Eso requiere mucho trabajo de ejecución, monitorear los proyectos. Ser aliado de las autoridades regionales y los alcaldes. Les ponen trabas y no pueden ejecutar. En el 2015 estamos viendo el desplome de la inversión pública.
El presidente parece satisfecho de los caminos y otras obras que inaugura.
Está bien eso, pero debió ser el triple de carreteras, tener un gasto público del 8% del PBI y no del 5%. Está bien que saque rédito político con las inauguraciones: otorga legitimidad al sistema democrático mostrando que da bienestar a la población. Pero su discurso ahí es confrontacional: busca deslegitimar el sistema y tiene una mira político-electoral.
Este gobierno se ufana de duplicar la inversión pública del gobierno aprista…
En soles han gastado más. Pero no en porcentaje del PBI, correspondiente a una economía cada vez más grande. El gobierno anterior recibió un PBI de US$80 millones. Este recibió un PBI de US$180 millones. El nivel de inversión pública, respecto al PBI fue en el 2010 de 5,9%. En estos cuatro años no hemos superado esto. Debería estar en 8% de inversión pública respecto al PBI.
¿Por qué descuidó esto el Ministerio de Economía?
Para eso existen los consejos de ministros. Se discuten las prioridades nacionales y las políticas sectoriales que tienen impacto en la economía. Tampoco hubo eficiencia del gasto público, ni resultados concretos para el bienestar de la población. Los programas sociales se han utilizado con fines político-electorales.
¿Populismo?
Sí. Es un gasto populista. El programa Juntos crece sin cumplir las condiciones de salud y educación. Además se está ampliando para zonas periurbanas donde hay oferta de empleo. Entonces, para qué trabajar si recibo un subsidio. Beca 18 tiene un presupuesto de US$300 millones, pero no está focalizado. No tiene articulación. Tampoco se vela por la calidad de la enseñanza.
¿Qué se pretende entonces?
El objetivo no es la empleabilidad de la gente ni la productividad del país sino crear un bolsón electoral. Igual que en Brasil, donde 50 millones de personas dependen del dinero público. Dilma Rousseff dijo a los beneficiarios que los otros postulantes les quitarían esta asistencia. Lo mismo dice el presidente Humala.
¿Los programas sociales se diseñaron con un fin electoral?
Tal como se están desenvolviendo las cosas todo apunta a ello. Es comprobable. Este año tenemos un presupuesto de S/.5.000 millones para programas. El resultado debería ser el bienestar de la población. Pero la pobreza pasó del 50% el 2006, a 27,8% el 2011. Una reducción exitosa. Lamentablemente al 2013 la pobreza está en 23,9%. Deberíamos estar por debajo del 20%. La disminución de la pobreza en este gobierno no es significativa. No hay un objetivo de gestión pública, sino político-electoral. Al gobierno no parece interesarle la salud de los niños. Prefiere crear bolsones de población que dependen de transferencias y subsidios.
¿Clientes políticos?
Así es.
¿Ha habido inclusión social?
No. Es solo una frase. Este gobierno pudo ser el mejor gobierno del Perú republicano. Perdió una oportunidad extraordinaria para crecer y reducir la pobreza. Con un crecimiento del 2% no hay inclusión social. El crecimiento es lo que incluye. No hemos visto mejora en las condiciones reales de la población. En educación perdimos tres años, los indicadores de salud no han mejorado sustancialmente.
¿El empleo ha caído?
La tasa de crecimiento del empleo viene reduciéndose y en algunos sectores se ha perdido empleo. El empleo no crece a la velocidad debida, crece más el informal. Contradictorio, ¿no? Al inicio se criticó la minería y ahora se le prenden velitas para que impulse el crecimiento.
“Los programas sociales repartieron plata con el pretexto de la inclusión”
¿Este será un quinquenio perdido?
Desperdiciado.
Para el gobierno, el crecimiento del 2,3% era inevitable por la crisis externa.
No es verdad. La situación externa explica como máximo el 30% de bajo crecimiento. El resto, 70%, es responsabilidad exclusiva de causas internas. No seré repetitivo. El gobierno pensó que el crecimiento estaba garantizado al 6%. Y los programas sociales se dedicaron a repartir plata con el pretexto de la inclusión, pero con un motivo político electoral detrás. Si las condiciones externas son buenas se puede crecer al 8%; si no, hay que llegar al máximo de nuestro potencial. Pudimos crecer al 5% como mínimo.
¿Lo firma?
Por supuesto.
¿En el 2015 creceremos el 5,5% o el 4,8%, como dijo el ministro Segura?
No. Será cercano al 3%, si se logran estabilizar las expectativas de los agentes económicos. Pero si continúan el clima de confrontación política, la desconfianza con el sector privado, las demoras en aprobaciones, el crecimiento será del 2%. Si el 2015 queremos crecer por encima del 4%, la inversión privada debe crecer cerca del 5%. Con este escenario político y económico, con deterioro de expectativas no es razonable suponer esto. Según el gobierno, la inversión pública crecerá más de 10%. ¿Qué están haciendo para garantizarlo?
¿Y en el 2016?
Venimos de una inercia mala, hay un proceso electoral y retraso en la inversión privada. Demorará remontar expectativas. No será un crecimiento alto, dependerá de quién gane.
La Confiep considera que la censura de Jara no contribuye a la estabilidad económica.
Esto es un reflejo del deterioro de las condiciones políticas del país que afectan la inversión. Por eso Confiep pide consensos.
¿El proyecto Tía María está en riesgo?
Evidentemente está en riesgo. Al igual que Conga, demuestra la enorme debilidad del Estado. Las mesas de diálogo no deben dejar el liderazgo a dirigentes mineros y resolver las demandas de la población en un plazo determinado. Este gobierno se dejó ganar la iniciativa Conga. Hubo incapacidad política. A partir de esto el gobierno se ha puesto de costado.
¿La DINI le ha hecho seguimientos?
No tengo la menor idea. No me interesa. El reglaje masivo que hemos visto es dañino para la democracia.
Tal como lo habían anunciado hace tiempo, los dirigentes de las cúpulas radicales iban a tratar de impedir el avance del proyecto de Tía María en Arequipa y luego el de las Bambas en Apurímac. Entre estas cúpulas está, por supuesto, Tierra y Libertad del ex cura Arana y Pedro Francke de la PUCP.
El primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Southern tuvo más de cien obsevaciones. Con gran compromiso por el largo plazo, la empresa empezó de nuevo. Después de meses de estudios, logró, en agosto del 2014, la aprobación de un nuevo EIA. Entre los importantes cambios al primer EIA, el nuevo incluía el compromiso de usar agua de mar desalinizada que sería bombeada hasta el yacimiento. La empresa asumía esta decisión, a pesar de los costos, para evitar que se la acuse de usar “agua que debiera ser empleada para la agricultura” y, así sortear la preocupación de los campesinos del lugar. De esta forma el principal argumento de los opositores al proyecto (el empleo del recurso hídrico) quedaba superado.
Según el ordenamiento legal, una vez aprobado el EIA, el Estado debe otorgar la autorización de construcción, cosa que por cualquier disculpa, no ha hecho hasta ahora. En el camino hubo un audiencia con 1,700 personas donde el proyecto consolidó su aprobación “social”.
Hace dos semanas, el gobierno anunció su presencia en la zona para presentar el EIA y contestar todas las dudas que pudiera tener la población. Los dirigentes ultras no asistieron a la reunión y mantuvieron su llamado a una huelga indefinida, que fue ejecutada con el resultado de varios heridos sin que el Estado haya actuado.La oposición al proyecto de parte de esta cúpula, ahora carece de argumentos y se muestra como pura extorsión o manipulación política.
Ante esta situación, imaginamos que en un acto de profunda frustración por parte de la empresa, su Gerente de Ralaciones Institucionales, Julio Morriberón, anunció la paralización del proyecto y calificó las acciones de los radicales como de “terorismo anti-minero”. Este término califica las acciones illegales de las cúpulas anti-mineras que amedrentan libremente a la población, sin que el Gobierno haga nada para impedirlas, cuando más bien debiera apoyar firmemente a una compañía que viene haciendo los mayores y mejores esfuerzos por sacar adelante un proyecto clave para el país.
Más tarde, ante una coversación privada entre la Ministro de Energía Y Minas, Rosa María Ortíz y el Presidente de Southern, Óscar Gonzales Rocha, este último ofrece mantener los mejores esfuerzos para sacar el proyecto adelante, pero califica las acciones ultras con las mismas palabras de Morriberón: “terrorismo anti-minero” y pasa lista a una seríe de impedimentos, trabas y falta de presencia del Estado para apoyar el proyecto.
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, terrorismo es una: “Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”. Infiltrar, amenazar, amedrentar, romper vidrios de las casa de los que piensan distinto, acallar a los periodistas de la zona es parte del “Manual Anti-minero” que ya se ha usado en Cajamarca y en varios otros lugares. Todo eso es una forma de terrorismo. Por ejemplo, ver en Lampadia: Stalinismo en Cajamarca.
El proceso para detener un proyecto minero es siempre el mismo: miente; búscate un publicista, como Bueno en Tambo Grande; juega con la ignorancia de la población, a la que nadie explica las cosas; juega con sus miedos y sentimientos; amenaza; demuestra tu poder haciendo daños físicos a determinadas personas; organiza marchas; toma carreteras; destruye la propiedad pública y privada y trata de conseguir la muerte de un inocente para “demostrar la brutalidad” de la represión.
El Estado, siempre tarde, no explica nada, retrocede y finalmente cae de rehén de los ultras (Ver en L: Del Arequipazo a Pichanaki, un Estado que retrocede).
Fue gracioso escuchar alaministro de Energía y Minas, Rosa MaríaOrtiz decir que el Estado estuvo presente porque fueron a explicar el EIA la semana pasada. Para empezar, debieron ir en agosto del 2014, lo que es más, hace cinco años, cuando empezaron las movilizaciones contra el proyecto con el liderazgo del entonces presidente de la Región Arequipa, Juan Manuel Guillén. Señora ministro, el Estado está conformado por el gobierno central y los gobiernos regionales y locales.
¿Cuál será la suerte del proyecto? Quien sabe. Pero lo que si queda claro es que ha entrado en una etapa de alto riesgo de paralización definitiva.
Como hemos comentado antes, este proceso de parálisis de la minería empezó con Conga y puede terminar con Tía María que ya está en cuidados intensivos.
Pero lo que es peor, es que la economía peruana, de pararse Tía María, también entraría en cuidados intensivos, pero sin médicos. Basta seguir la declaraciones del Ministro de Economía, Alonso Segura, que empezó pronosticando un crecimiento de 4.5% para este año, poco después lo bajo a 4%, mas adelante enfatizó que seríamos el país que más crecería en la región y hace unos cuantos días dijo que “una recesión era poco probable”. Mamita, ¡Ayuda!
Tía María es demasiado importante para desarrollo del país y de la región Arequipa, como para que una cúpula que solo desea obstruir los avances de la nación por oscuros intereses, impida su desarrollo. El Estado y la ciudadanía deben tomar cartas en el asunto. El proyecto ha cumplido con todos los cuidados y procedimientos, técnicamente es impecable, por lo que debe otorgársele la licencia de construcción. No podemos esperar más tiempo. La tradición de Arequipa fue siempre construir e iluminar, no destruir y traer la oscuridad. Lampadia
Durante la última década, el Perú ha sido reconocido como una de las economías de mayor crecimiento en América Latina, con una tasa de crecimiento promedio anual superior al 6%. Sin embargo, nuestra economía se ha desacelerado en el último año. Hace pocas semanas, Alonso Segura, Ministro de Economía y Finanzas, calificó al 2014 de “mediocre”, y afirmó que creceremos alrededor de 3.5%, un estimado que se ha tenido que ir reduciendo a lo largo del año.
En un reciente reporte de Bank of America, se recomienda comprar bonos soberanos colombianos por encima de los peruanos, garantizando que Colombia sería la nueva estrella de la región, y tendría mayores fortalezas. Esto se debe principalmente a las medidas de este país para promover la inversión privada (lo mismo que el Perú hizo desde la década del 90 y especialmente en el nuevo siglo), crear un ambiente de confianza, y eliminar trabas burocráticas para avanzar en infraestructuras. (Ver en Lampadia (L): Mientras Colombia crece, el Perú decrece y le echa la culpa al cobre, a China y a los malos vientos…)
El principal componente del crecimiento de la economía es la inversión privada. En los últimos años Colombia ha comenzado a promoverla inversión minera, en el 2013 representó el 17.4% de la inversión extranjera directa (IED). Los colombianos buscan aprovechar sus recursos naturales para captar dinero y mejorar su competitividad.
En cambio en el Perú ha sucedido todo lo contrario. En los últimos años se ha fomentado una serie de mitos anti mineros (que contamina, que se gasta el agua, que exporta piedras, que no se puede hacer minería en las cabeceras de cuenca, etc.). Además, de facto y paulatinamente, se instaló un ambiente anti inversión privada mediante todo tipo de trabas burocráticas, permisos ambientales, culturales, que además del empoderamiento de las autoridades regionales y municipales con capacidades discrecionales absolutas (con el dinero del canon en sus manos, pensaron que no necesitaban al sector privado yactuaron como si los ciudadanos individuales y las empresas fueran sus enemigos). Todo esto, la parálisis de la inversión minera y sus efectos multiplicadores, terminaron desacelerando a una de las economías más dinámicas del mundo, nuestro Perú.
En las últimas elecciones regionales se eligió a un buen número de candidatos anti-mineros. Buenaventura recibirá un impacto negativoen el valor de sus acciones como producto de la elección de un candidato que se opone al proyecto Conga (como lo indica hoy Moody’s). Otros candidatos en distintos departamentos del país, como en Ancash, Puno, Apurímac, Junín y Madre de Dios, también son anti-inversión y podrían presentar grandes obstáculos en el futuro.
El Perú es un reconocido productor mundial de cobre, oro, plata y zinc. La minería genera normalmente el 60% de los ingresos por exportación,con solo el 15% del PBI. Para poder retomar nuestra competitividad y reanudar el alto crecimiento que nos consagró como ‘La estrella de América Latina’, se tienen que tomar medidas de inmediato.
El principal obstáculo es la desaceleración de la inversión privada causada por el deterioro de la confianza, las expectativas y el clima de inversión.
Para esto se debe facilitar el impulso de grandes proyectos, atrayendo a los inversionistas para desarrollar su potencial. Se tienen que eliminar o acortar el número de normas y permisos que enfrenta la actividad minera y los proyectos de infraestructuras. Por ejemplo en minería se requiere superar los siguientes trámites: Enexploración (6), explotación (84), ambiente (47), agua (10), tributos (9) y cierre de minas (13), llegando a un total de 180 normas que hoy regulan la minería en 130 instancias distintas. Hemos pasado de 1 (una) norma en los 90’s a 180. (Ver en L: El Perú renuncia al desarrollo y al bienestar general.) Parece un complot. Tenemos que facilitar la inversión y reactivar la minería, como un acto de consecuencia mental y compromiso con la obligación de reducir la pobreza. En las palabras del gran reformador Neranda Modi, Primer Ministro de la India, lo que se necesita es: “No red tape, only red carpet for investors”. (Ver en L: La visión de país y reformas que el Perú necesita).
El Perú tiene alrededor de US$ 60 mil millones en proyectos de inversión minera, incluyendo los US$ 1.7 MM en la mina de cobre Constancia, que deberá comenzar su producción a finales de este año. También tenemos el proyecto de cobre de Las Bambas y la expansión de Cerro Verde. Chinalco ya está poniendo en marcha la producción de Toromocho.Tía María debería empezar su mayor inversión en los próximos meses. Todos estos proyectos tienen un riesgo alto de retraso o cancelación si no se toman medidas oportunas y efectivas.
El gobierno dice tener previsto tomar medidas adicionales para garantizar que la economía se expanda en un 6% al año en promedio. Esperemos que estas medidas incluyan la viabilización de por lo menos siete proyectos productivos y de infraestructuras, públicos y privados, para poder reactivar rápidamente la economía del país. (Ver en L: 7 equipos que aseguren el desarrollo de 7 proyectos).
No hay más tiempo que perder. Necesitamos acción, ¡AHORA! Lampadia
Por Ian Vásquez
(El Comercio, 20 de Septiembre del 2014)
Comentado por Lampadia
El nombramiento del nuevo ministro de Economía y Finanzas y la desaceleración económica han generado una serie de propuestas y medidas para reimpulsar el crecimiento. Algunas serían bienvenidas y de impacto casi inmediato si se adoptaran. De todas maneras, el ministro Alonso Segura nos asegura que el crecimiento pronto volverá.
Sería bueno que el gobierno aproveche también para promover medidas de largo plazo. Por eso propongo un cambio impositivo para mejorar la educación que sería una reforma modesta pero de largo alcance, políticamente viable, y que le corresponde al nuevo ministro.
La pésima calidad de la educación pública peruana es bien conocida. En la última prueba internacional PISA, el Perú quedó en el último lugar entre 65 países respecto al rendimiento de estudiantes en matemática, comprensión lectora, y ciencias. En Lima, el 69% de los maestros no aprobó el examen de contratación de docentes este año.
El mal desempeño ha resultado en un incremento asombroso en la educación privada en las últimas dos décadas. Se estima que en Lima entre 40% y 63% de los estudiantes están en escuelas privadas. La empresa de inteligencia comercial Mapcity calcula que los colegios privados en Lima triplican a los públicos.
No es cosa solamente de los ricos. El aumento de la educación privada para los pobres ha sido uno de los fenómenos sociales más importantes que ha visto el Perú en décadas recientes. En Villa El Salvador, por ejemplo, hay cuatro colegios privados por cada público, según Mapcity.
Este “tsunami educativo privado” se está dando alrededor del mundo en desarrollo y constituye una buena noticia. El experto mundial más destacado en el tema, el profesor James Tooley de la Universidad de Newcastle, en Inglaterra, ha dedicado años a investigar la educación privada en los barrios más pobres de la India, China y países africanos. Pudo documentar lo siguiente, que ahora ha sido confirmado por otros estudios independientes: el rendimiento escolar es notablemente mejor en las escuelas privadas que en las públicas; la mayoría de los jóvenes pobres está en escuelas privadas con fines de lucro; el desempeño de los maestros en las instituciones privadas es mejor y su costo es menor que en las públicas.
Tiene sentido. Los padres pueden ejercer más influencia en las escuelas privadas, y estas no se pueden esconder tras una burocracia gubernamental, es decir, tienen que rendir cuentas. El fenómeno peruano se debe estudiar cuidadosamente de manera independiente (según Tooley, las cifras y estudios gubernamentales acerca de las escuelas privadas son altamente desconfiables).
No hay por qué pensar que lo que pasa en el Perú es distinto a lo del resto del mundo. Nuestro país se está beneficiando de un bono demográfico. A la medida que ha caído la fertilidad y nos hemos abierto a la globalización, los padres pueden invertir más en la educación de sus hijos y esperan con razón que el aumento de oportunidades económicas lo convierta en buena inversión.
Propongo entonces una reforma que permita hacerse un crédito impositivo a las personas y las empresas que quieran apoyar a la educación de los pobres en el sector privado. Una empresa que quisiera donar S/.50.000 para becas, por ejemplo, lo haría a una organización caritativa con los mejores criterios que se encargaría de destinar los fondos para esos fines. A la empresa se le descontaría esa cantidad de sus impuestos.
No es una reforma fundamental del sistema educativo, pero tiene la ventaja de evitar una mayor pelea política justamente por esa razón y porque depende de fondos privados y no públicos. Y potencialmente beneficiaría a millones de niños peruanos.
Ian Vásquez señala que no hay razón para que las mediciones relativas a la calidad de las escuelas públicas y privadas de las zonas más pobres en el Perú, no muestren la misma tendencia de las mediciones internacionales.
Es un asunto de sentido común, como señala Vásquez: “La mayoría de jóvenes pobres está en escuelas privadas con fines de lucro; el desempeño de los maestros en las instituciones privadas es mejor y su costo es menor que en las públicas. Tiene sentido. Los padres pueden ejercer más influencia en las escuelas privadas, y estas no se pueden esconder tras una burocracia gubernamental, es decir, tienen que rendir cuentas”.
Según información que recibimos en Lampadia hace unos meses, la entonces Ministra de Educación, Patricia Salas, antes de un test para comparar la calidad educativa pública y privada, habría entregado las preguntas a los colegios públicos antes del examen, y habría solicitado que el día dl test no asistieran los peores alumnos. Luego del examen la ministra salió a los medios a decir que la educación pública era mejor y que los niños debían regresar a las escuelas del Estado. Esta habría sido una maniobra terrible. De confirmarse esto, Patricia Salas debería ser expulsada del Foro Educativo.