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La vejez en el Perú

La vejez en el Perú

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En el Perú, a fuerza de generar cada vez peores reglas para acceder a la política, haber politizado la justicia, el ministerio público, el sistema electoral, eliminado la carrera congresal por haber eliminado la reelección y no haber logrado la bicameralidad, hemos, progresivamente, destruido las instituciones y llevado al límite inferior los requisitos para ser congresista, presidente, gobernador regional, alcalde o funcionario público. Como consecuencia, cualquiera que no sabe leer, ni comprende lo que lee, llega a los más altos cargos del Estado y se siente con derecho a opinar y promover leyes cuyo impacto no alcanza a imaginar y menos a comprender.

La consecuencia más clara ha sido el alto nivel de irresponsabilidad con que se ha manejado el futuro de todos los peruanos. Los que se han metido a la política, no piensan en el futuro, ni consideran los impactos de largo plazo de las decisiones que adoptan en el corto plazo y, por supuesto, no les interesa que, en 20, 30 o más años, los ciudadanos, al jubilarse, no tengan forma de llevar una vejez digna, independiente y ciertamente no mendicante. Consideran que, en todo caso, resolver ese problema “será responsabilidad de otros”, cuando los gestores de las barbaridades cometidas ahora, ya no estén.

El Perú había constituido un sistema previsional público (la ONP) y un sistema privado de pensiones (las AFP). Ambas perfectibles, ciertamente, pero funcionando y generando expectativas de una vejez digna para el tiempo de jubilación y en el caso de las AFP, con cuentas individuales, “absolutamente intangibles”.

A inicios del año 2020, las AFP contaban con cerca de 3,3 millones de aportantes activos, quienes habían acumulado en sus fondos a esa fecha, 171.1 mil millones de soles, en cuatro tipos de fondos diferentes, acorde al nivel de “apetito de riesgo” del aportante, pero que respondía a su edad y perfil específico. Obviamente, el aportante, debidamente orientado en su AFP, podía aprovechar la evolución de los mercados de capitales para maximizar su ganancia y capitalización o protegerse de la volatilidad de los mismos, en la medida que su edad se va convirtiendo en un factor limitante para recuperarse de ciertas pérdidas temporales, cosa natural en la administración de fondos de largo plazo.

Un evento mundial grave, como la pandemia del COVID 19, impulsó al gobierno a liberar, en abril 2020, un importe limitado de los fondos acumulados en las AFP, para aquellos que habían visto afectados sus ingresos regulares a consecuencia de esa situación imprevisible. Debido a esa decisión, ya para mayo 2021, el monto del fondo se redujo a 163.1 mil millones de soles. No podemos dejar de recordar las voces irresponsables, que sobredimensionaban el impacto en la reducción del valor de las inversiones (obviamente temporales), producto la pandemia y de las medidas adoptadas por las empresas y el Estado, exacerbando el pánico colectivo e impulsando a la gente a tomar muy malas decisiones respecto a sus fondos previsionales.

Precisamente en mayo 2021, nuevamente desde el Congreso, se autorizó el retiro de hasta 17,600 soles adicionales por persona, de los saldos a esa fecha. Como consecuencia, ya para febrero 2022, el fondo total en AFPs llega a 130.8 mil millones de soles.

Ahora, nuevamente, y tanto a propuesta de la ministra de trabajo, como de otro congresista de su partido, se está proponiendo el retiro del 100% de los fondos previsionales. En primer lugar, debemos tener presente que, a la fecha, ya el impacto más trágico de la pandemia ha pasado. En segundo lugar, que la constitución de un fondo previsional es para asegurar un ingreso digno para la vejez y jubilación y que, el retiro de esos fondos, debería ser una medida de último recurso, ante situaciones muy graves, como las que se presentaron el año 2020. Finalmente, se debe considerar que, en el Perú, la posibilidad de conseguir trabajo o desarrollar algún emprendimiento con menos de 60 años de edad, es mucho más factible que pasados los 65 o 70 años de edad.

Lo preocupante es que, en palabras del ministro de economía y finanzas, “a la fecha, ya hay 5 millones de ciudadanos con fondo de pensión cero”. Por lo que ya no les queda nada y tendrían que ir pensando en algún acuerdo familiar, para que los mantengan en sus últimos años de vida, a menos que estén pensando, que la sociedad los mantendrá vía más pago de impuestos.

Muchos políticos irresponsables, con tal de mejorar algún puntito en su alicaída popularidad, están promoviendo la idea de retirar todo el dinero de las AFP hoy, para “farrearlo” o comprar algunos artefactos, sin pensar en el costo futuro de tamaña estupidez. Cualquier economista, como el titular del MEF, profesionales del FMI o Banco Mundial y consejeros de los países miembros de la OCDE, opinan y sugieren que no destruyamos esos fondos de inversión previsionales. Los fondos de inversión administradores de fondos de pensiones, tienen larga historia (más de dos siglos en muchos casos) y se han hecho cargo de las pensiones de millones de personas en el viejo y nuevo mundo, y a nadie “en su sano juicio”, se le había ocurrido destruirlos, sólo por el encono que en el Perú se ha promovido sin ninguna racionalidad.

Es fundamental hacer una tarea educativa que haga reflexionar sobre una vejez en la indigencia y sin contar con servicios de salud asegurada, justo cuando más se necesitará.

Debemos desenmascarar y divulgar la identidad de los traficantes de ilusiones, que engañan al pueblo ofreciéndoles un beneficio inmediato, pero que pagarán con mucho dolor y sacrificio, cuando más indefensos se encuentren.

El mundo está lleno de ejemplos de gente que se ha encumbrado en política, como vendedores de ilusiones, en base a la mentira y el engaño.

¡No permitamos que las “Betssys” de este gobierno, produzcan la miseria de los futuros viejitos! Lampadia




¡Con mi plata no te metas!

¡Con mi plata no te metas!

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para
Lampadia

Es curioso observar la avidez con la que los congresistas se agitan por los fondos de pensiones, sus reacciones hepáticas contra las AFPs, el sueño de su propia ONP y el deseo exacerbado por echar mano y entrometerse en el manejo del dinero de los ciudadanos, que deben acumular fondos con fines previsionales para su vejez.

Más curioso aún, que primero, bajo un velo populista, promuevan el retiro de los fondos acumulados, destruyendo la base de acumulación constituida para los momentos más difíciles de la vida, hasta el punto de impactar el valor de las inversiones efectuadas en beneficio de ese futuro, cuando corresponda descansar y no sufrir angustias que, cuando joven, son de menor impacto.

Todos los ciudadanos debemos tener, no sólo el derecho, si no también el deber de conciencia, de generar ese fondo previsional. Deberíamos aportar voluntariamente, pero estaría muy bien que el Estado haga un trabajo educativo en los ciudadanos, haciéndoles ver la importancia de ese esfuerzo e inducirlos a que aporten a un fondo de pensiones, para aumentar el porcentaje de la población que lo haga. Pero debe estar claro para todos, que el fin supremo del aporte periódico de ese “grano de arena”, es que sea debidamente administrado y maximizar su rentabilidad. Cualquier idea diferente, es un atentado contra la propiedad del ciudadano y por lo tanto, tenemos derecho a exigir que ¡con mi plata no te metas!

Ahora “descubren” en el congreso, que menos del 30% de la PEA está afiliado a una AFP o a la ONP. ¡Bingo!, si ese es el porcentaje de actividad formal en el Perú, ¿de dónde van a conseguir más afiliados? La inefable presidente de la comisión multipartidaria del congreso, después de haber promovido el retiro de fondos, so pretexto del COVID-19, ahora dice, que como se viene manejado como un sistema de ahorro y no como uno previsional, ese sistema no es sostenible. Lindos, primero destruyen y después se quejan que no funciona.

Lo mejor de la historia es que, quieren constituir un organismo estatal que centralice el manejo de los fondos previsionales. ¿Nadie le ha dicho a esta gente, que el manejo estatal es absolutamente ineficiente? ¿Adónde han visto a un burócrata tomando decisiones de inversión bajo condiciones de riesgo de mercado? ¿Quién va a alinear sus objetivos con los del futuro pensionista? Para eso existe un número importante de entidades y profesionales que ya lo vienen haciendo, particularmente las AFP.

¿Se habrá enterado esta gente del congreso, que 2,520 entidades del Estado retienen y no han pagado a las AFPs S/.12,912 millones, de los cuales S/.7,753 millones corresponden a obligación del gobierno central y S/.2,505 millones a los gobiernos sub-nacionales? ¿Que descontarle a los trabajadores y no transferirlo a esas entidades es “apropiación ilícita”, léase robo penado teóricamente con pena de cárcel?

En esas condiciones, ¿hay alguna razón para que el Estado, quien ya se está robando cerca de 13 mil millones de soles, ha demostrado ser incapaz para todo, quiera agarrarse nuestro dinero como antaño? Recordemos que, hasta comienzo de los 90s, ese dinero lo recibía el Seguro Social del Perú y lo usaban para hacer cualquier obra sin sentido y sin rentabilidad para el pensionista, dejando que la inflación se comiera los aportes. ¿Quién asumió la responsabilidad de esos fondos “evaporados”? Nadie, pues el Estado es un “perro sin dueño”, en el que los  funcionarios de los niveles más altos de la administración, cambian cada 20 días.

¿Por qué un nuevo cambio ahora? Desde que existía el Seguro Social del Perú, luego Instituto Peruano de Seguridad Social, posteriormente la Oficina Nacional Previsional y la creación de las Administradoras de Fondos de Pensiones, nos han cambiado las normas, porcentaje de aportes, edades de jubilación, tiempo mínimo de aportaciones y ahora discuten que quieren cambiar nuevamente las reglas y condiciones. ¿Nadie va a garantizar la intangibilidad de nuestro fondo de pensiones? ¿Quieren hacer como en Argentina y “cerrar en masa” con los fondos acumulados? ¿Cuándo vendría el siguiente cambio, en 20 años?

Pregunto: ¿Cuántos de los 130 congresistas existentes, cuentan con un fondo previsional en una AFP o están afiliados a la ONP? Puedo asegurar, que ni siquiera la mitad de ellos ha efectuado aportes continuos durante los últimos 5 años. ¿Por qué tienen ahora tanto interés por echar mano del dinero de terceros?

En un país donde menos del 30% tiene empleo formal, la decisión de generar un fondo previsional debe se autónoma, aunque el Estado debe cumplir un rol educativo e inducir a que todos lo tengamos.

Por favor, quienes no están preparados, no se pongan creativos. No generen más incertidumbre en los ciudadanos mayores, que esperan una jubilación sin angustias, ni sobresaltos. Así que ¡con mi plata no te metas! Lampadia




Fútbol y ahorros para pensiones

Fútbol y ahorros para pensiones

Fernando Muñoz Najar
Para Lampadia

Esta semana los peruanos estamos de mala suerte, por dos motivos:

  • Un árbitro (que no merece ese nombre) nos robó un partido clasificatorio contra el seleccionado de Brasil, y
  • Hoy se anunció que la Comisión del Congreso encargada de la Reforma Integral del Sistema de Pensiones, crearía una cuenta de ahorro de pensiones, bajo el pomposo nombre de “Cuenta rentabilizada en el Fondo de Riesgo Compartido, con mecanismo redistributivo”. Obligatoria para todo trabajador, por medio de la cual ¿robaran, confiscarán, redistribuirán, regalarán? una parte de los ahorros del trabajador a quien le parezca al congresista de turno.

Aclaremos el tema con un caso hipotético, Juan Pueblo, hoy tiene 50 años de edad, trabaja desde hace 30 en una empresa, aportando mensualmente desde hace 27 años a su AFP el 10% de su sueldo a su Fondo. Con el cual espera jubilarse al cumplir 65 años. Juan es un cumplido trabajador, paga impuesto a la renta, impuesto predial, impuesto automotor, compra su SOAT, etc. Mantiene a su esposa y tres hijos, el único ahorro que le queda para su vejez es el Fondo de Pensiones en su AFP. Tiene un departamento en Jesús María que compró en cuotas a 20 años, en poco tiempo lo terminará de pagar.

Hoy la Comisión de Reforma, ha decidido que Juan cambiará a otro sistema de pensiones. Aplicará a la cuenta propiedad de Juan en la AFP, el “mecanismo redistributivo”, distribuyendo un porcentaje (que fijará el Congreso de turno) del ahorro de años de Juan, a los ciudadanos que elija el Congreso de turno. Reduciendo o anulando enormemente la pensión de jubilación del sufrido Juan.

Los populistas congresistas justifican su acción diciendo: “basta a los abusos de las AFP”. Dirigen a las AFP la medida, perjudicando, dañando al trabajador que tiene ahorros en las AFP, logrados con el esfuerzo de toda una vida. Discriminándolo, maltratándolo por el hecho de tener un ahorro de su propiedad en las AFP.   

Una medida confiscatoria como ésta, sobre el ahorro, propiedad privada de un trabajador, es el fin de un sistema jurídico. Con este antecedente se podría plantear que el departamento de Juan es un poco grande y también debería ser redistribuido, al igual que su automóvil, o las cuentas de ahorros en soles o en dólares.

Así empezó el desastre en Venezuela, Chávez confiscaba, robaba casas, fábricas, etc., “para el pueblo”, el mismo pueblo que hoy está en la miseria, andando por toda Latinoamérica buscando trabajo y una vida digna.

Esta propuesta es claramente inconstitucional. Nuestra Constitución contiene una serie de artículos que defienden la igualdad del trabajador, la intangibilidad de los Fondos, los derechos del trabajador, la propiedad de sus ahorros, su libertad. Como son los siguientes:  

Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho:

  • A la igualdad ante la ley. (Los trabajadores con ahorros en las AFP son iguales a todo el resto) Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.
  • A la propiedad (un Fondo es una propiedad como cualquier otra) y a la herencia.

Artículo 12.- Fondos de la seguridad social

Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. (Que no debe ni puede tocarse según la Real Academia de la Lengua)

Artículo 24.- Derechos del trabajador

El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual.

CAPÍTULO III de la propiedad

Artículo 70.- Inviolabilidad del derecho de propiedad

El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad si no, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio.

Artículo 87.- Superintendencia de Banca y Seguros

El Estado fomenta y garantiza el ahorro. (Obviamente el Estado no está cumpliendo su función de garantizar el ahorro y menos fomentarlo).

CAPÍTULO II DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

Artículo 103.- Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho

Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. (Los trabajadores que tienen su Fondo en las AFP son iguales a todos los otros peruanos).

Lampadia




Tarea pendiente del Ejecutivo

Tarea pendiente del Ejecutivo

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

La ciudadanía está observando un sinnúmero de propuestas y proyectos de Ley que, sinceramente, cuando las leemos, parecieran chistes de mal gusto. Peor aún, cuando vemos y oímos a los congresistas que las defienden, uno no sabe si tienen claros los conceptos de los que están hablando y tienen la base técnica y conocimientos profesionales suficientes para acometer los temas que están tratando y discutiendo. Debo confesar que, han logrado exceder mi capacidad de ser sorprendido, pues es claro que sus argumentos no son coherentes.

Leía hoy en el periódico que, el “Presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República” indicaba a la prensa que, el proyecto de ley para el “Retiro de los Aportes a la ONP” venía siendo revisado exhaustivamente porque, decía, “estamos siendo bastante responsables y no podemos emitir algo sin sustento”.

Por otro lado, leía una propuesta de FREPAP para que se otorgue un “bono de reconocimiento” a los aportantes de la ONP, en situaciones extraordinarias como esta pandemia, que les permita superar la situación.

En defensa de los señores congresistas debo decir que, los únicos requisitos para ser elegidos como representantes al Congreso son; ser peruano de nacimiento y tener 25 años de edad. Consecuentemente, ellos no tienen la culpa de llegar a asumir esa responsabilidad sin los conocimientos y preparación necesaria. Aquí tiene el poder ejecutivo una grave responsabilidad.

Es el poder ejecutivo quien debe interactuar intensamente con los señores congresistas, comisionar a funcionarios y asesores de los distintos ministerios para discutir las mejores opciones legales con las distintas comisiones del congreso y explicar las consecuencias de las distintas opciones legales que cada partido y sus representantes puedan finalmente decidir.

Esa misma tarea educativa y de difusión debe hacerse con la ciudadanía, pues desde el congreso se legisla sobre los derechos ciudadanos y, en casos como estos, el ciudadano tendrá derecho a optar. En consecuencia, también debe estar preparado para tomar sus decisiones de manera bien informada.

En los casos que menciono, nadie se ha tomado el trabajo de hacerle saber a los señores congresistas y analizar con ellos que, el sistema de pensiones manejado por la ONP, es un sistema de reparto, en el que, los trabajadores activos aportan una contribución a la ONP para ser distribuido mensualmente entre los jubilados quienes, en su tiempo, aportaron a esta misma entidad o al Sistema Nacional de Pensiones de su época. Aquí nadie tiene una cuenta de acumulación personal con fines previsionales y, consecuentemente, no tiene propiedad alguna que reclamar.

De otro lado, nadie les ha explicado que el “bono de reconocimiento”, es un título que da derecho a su usufructo sólo el día que uno se jubila.

Está muy mal que, desde el Estado, no se haya hecho el menor esfuerzo por educar a la población y explicarle que, este sistema de la ONP es completamente diferente al de el Sistema Privado de Pensiones (AFP). Que, mientras los aportes a la AFP van a una cuenta personal de inversiones, para ser administrados de acuerdo al perfil de riesgo que cada aportante está dispuesto a asumir (en función a su apetito de riesgo y el tiempo que le reste para la jubilación), mientras que en la ONP no es así y que en ese sistema no son dueños de nada más que de su derecho a participar del reparto que les ha de tocar cuando se jubilen, siempre que hayan aportado durante un mínimo de 20 años.

Es claro que, si no les definen las bases de cada sistema, no comprenderán la diferencia y pensarán que se pueden regular de maneras análogas. ¿Puede el poder ejecutivo destacar a un equipo de especialistas en los distintos temas para realizar esa labor y analizar con ellos las distintas opciones legislativas y sus consecuencias?

Recordemos que el poder legislativo tiene la facultad de formular y aprobar leyes y que, los congresistas no son necesariamente especialistas en los diferentes temas, pero tienen la responsabilidad de que sus propuestas de ley estén acordes al marco constitucional y mantengan coherencia con el cuerpo legal que desean modificar.

Lo preocupante es que, estas propuestas que no reconocen las bases jurídicas de origen, se están impulsando sin tomar en cuenta su falta de coherencia. Si después de haber hecho desde el ejecutivo todos los esfuerzos por instruirlos y orientarlos persistieran en el error, quedaría claro que no les preocupa los destinos de la Nación que juraron defender y la ciudadanía los juzgará. Lampadia




Protección de datos en el Perú

Protección de datos en el Perú

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para
Lampadia

En el Perú tenemos instituido legalmente el derecho a la “protección de datos”, lo que en condiciones normales suena muy razonable, pero “el demonio está en los detalles” y ahí comienzan los problemas.

Para empezar, es importante tener claro que esta ley asume el principio de la buena fe. No obstante, en el PERÚ de nuestros días, encontramos demasiados casos en que los ciudadanos toman ventaja de los resquicios que ofrece la ley, para tomar ventaja o cometer ilegalidades y ese es un asunto que exige pronta solución.

Por ejemplo, hoy en día que estamos enfrentando el problema del COVID-19, se aplica el concepto de protección de datos que, permite poner en riesgo la vida de muchos ciudadanos cuando alguien contagiado no toma las precauciones.  Por estos días se publicó en la prensa que, una persona mayor debidamente evaluada y cuyo contagio estaba confirmado, había salido a los mercados haciendo caso omiso a las medidas de seguridad y protección social que debía haber adoptado. En este irresponsable acto, este señor puso su interés individual por encima del interés de la sociedad y puede que haya contagiado a muchos que han interactuado con él, tal como ha ocurrido en repetidas oportunidades, pero con gente que desconocía su mal. Más grave aún el caso de una ex ministra de salud de este gobierno que, sabiendo que su prueba de COVID-19 había resultado positiva, siguió interactuando con sus colaboradores en el trabajo y cuando se hizo pública la información, reaccionó acusando a la prensa por no respetar su privacidad. ¡Tamaña barbaridad viniendo de una ex ministra de salud!

Claro, en este caso se preguntará el lector; ¿qué quiere que haga, le pongo un letrero luminoso para identificarlo? Desde luego que no, pero debemos pensar en una solución. En países civilizados a esos ciudadanos que han dado resultado positivo en la prueba COVID-19, se les pone una pulsera que los identifique como contaminados y si no respeta el aislamiento tienen prisión inmediata, pero aquí no pasa nada.

Un caso no tan patético como este, pero igualmente ilegal y dañino para la sociedad (por haberse convertido en tendencia), es el que viene ocurriendo constantemente con el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR). Para quienes no lo saben, este seguro no sólo cubre la incapacidad ocasionada por los accidentes de trabajo, sino también aquellos casos de menoscabo originado por “enfermedades profesionales”, tales como; sordera, lumbalgia, silicosis, neumoconiosis, etc.  Esto por supuesto que es correcto, no obstante, ocurre que con apoyo de una mafia de médicos del sector público y de la seguridad social que, ciertamente obtienen un beneficio económico, certifican enfermedades inexistentes que, permiten al trabajador gestionar una pensión por invalidez permanente.   El punto es que, como la compañía no recibe esa información, el sujeto continúa trabajando y cobrando como correspondería, si no fuera porque ya tiene una pensión permanente de invalidez que lo jubilaría.

Como podemos apreciar, nuestra legislación no conecta unos regímenes legales (en este caso laborales), con el de seguros y pensionario, pues incluso hay casos que han obtenido una pensión de jubilación por enfermedad y paralelamente reciben la pensión de jubilación proveniente de su AFP, dos pensiones de jubilación.

Nuevamente, en cualquier país civilizado del mundo, si un trabajador solicita activar su póliza de seguros por este concepto, la compañía de seguros tiene la obligación de comunicar a la empresa en la que labora que, este trabajador ha “siniestrado” su póliza.   En tal caso, la empresa estaría en el derecho u obligación de tomarle  un examen detallado que certifique la condición médica de su trabajador y quedaría claro que ya no podría trabajar si se constata tal enfermedad profesional o bien que está sano y en ese caso, al margen de las sanciones a los que han participado en el fraude, se anula el derecho a tal pensión.

Pero no, en nuestro país el trabajador puede obtener un “certificado médico” que asevere un menoscabo a su salud, siniestrar la póliza SCTR y la empresa no tiene derecho a enterarse siquiera de quién está impactando su seguro, consecuentemente no tiene derecho a verificar la enfermedad y la “ley de protección de datos” protege al  tramposo.

Ya que en el Congreso están con tantas ganas de legislar, ¿por qué no acogen este tema y ponemos las cosas en orden de una vez por todas? Lampadia




Prioridades equivocadas

Prioridades equivocadas

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para
Lampadia

La anecdótica, pero impactante, confesión del gobierno (en boca del señor Matuk), de haber priorizado el deseo de “combatir el patriarcado en el Perú” sobre su objetivo fundamental y urgente de combatir el impacto del COVID-19, al haber dispuesto días específicos de circulación de mujeres y hombres durante la semana, me llevó a pensar en la cantidad de disparates, “bien intencionados”, que se realizan desde el Estado.

Felizmente el Estado Peruano tiene funciones claras y específicas fijadas en la Constitución, tales como; defender la soberanía nacional, garantizar la vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de amenazas a su seguridad, justicia y desarrollo integral y equilibrado de la Nación, pero actuando fundamentalmente en la promoción del empleo, la salud, educación, servicios públicos e infraestructura. Parte del principio que, “el Estado es uno e indivisible” y que su gobierno es unitario. Para cualquier otra cosa tiene sólo un rol subsidiario que, deberá estar debidamente justificado y aprobado por ley.

Dije que felizmente tiene sólo algunos roles, porque aún así no los ejerce correctamente y la realidad evidencia que los individuos que actúan dentro del Estado, por sus ideologías, no fijan debidamente los objetivos de las tareas que se le encomienda. Un caso patético es el del inicio de este artículo, pero tenemos ingentes casos donde ese “atributo” sale a relucir.

Es clara la preferencia de este gobierno central por repartir dinero a los 25 gobiernos regionales y a los 1874 gobiernos municipales, en lugar de asumir el reto de administrar eficientemente la cosa pública y maximizar el beneficio de la ciudadanía como producto de su trabajo.

Ya habíamos criticado el encargo dado a estos gobiernos sub-nacionales (llenos de corrupción e ineficiencia), de comprar alimentos para distribuirlos a las poblaciones más pobres de su localidad. Sabe Dios qué estarán comprando, a quienes, cuánto habrán pagado y si finalmente estos productos estarán llegando al destino correcto. ¿No era más lógico diseñar una canasta básica a nivel nacional, con productos no perecibles, comprarlos de manera centralizada y optimizando el precio de compra, con entrega descentralizada conducida por una empresa logística y alguna organización de apoyo social (CARITAS por mencionar alguna) que pueda armar las canastas y entregarlas a los más necesitados y contando con el apoyo de las fuerzas del orden? De esta manera habríamos hecho un uso más eficiente del dinero, hubiéramos llegado a los más necesitados, en lugar de exponerlos a contagio y la operación hubiera sido más rápida, evitando todas las pérdidas de dinero que se producen cuando se distribuye a tales gobiernos sub-nacionales el dinero sin control alguno.

Este caso se replica en los programas alimenticios para escolares, el diseño y composición de la dieta, su calidad y el origen de los productos que se les suministra. Muchos creen que este es un instrumento para beneficiar a pequeños productores y comerciantes locales, cuando el objetivo central es nutrir a la mayor cantidad de niños, optimizando el gasto público destinado a este fin. Pero no, muchas veces se ha verificado la mala calidad de los desayunos y almuerzos, generando problemas de salud a los niños y enriqueciendo a mafiosos de cada localidad.

Recientemente he leído “la idea brillante” respecto al uso de los fondos de las AFP para financiar a las MYPES a bajo costo e invertir en proyectos nacionales de dudosa calidad y retorno (esto último ya hecho con fondos de la seguridad social en el pasado y que nadie lo va a aceptar). ¿Cuando comprenderán que los fondos previsionales NO SON DINERO DE LAS AFP, sino que pertenecen a los trabajadores y que ponen un ahorro con el objetivo de ser gestionados por estas instituciones especializadas para optimizar la rentabilidad de largo plazo, gestionando el riesgo para maximizar la pensión de jubilación el día que se retiren del trabajo?

Este mismo problema se presenta en la disyuntiva que sufre el gobierno central (gobierno unitario, tal como se mencionó) entre ser eficiente o satisfacer los apetitos de los gobiernos sub-nacionales en el manejo de Salud, entre otros. ¿Cómo es posible que no tengamos centralizado el manejo de compra de equipos para todos los establecimientos de salud del Perú? Ahora resulta que cualquier proveedor, como el de los ventiladores mecánicos que “vendió” estos equipos para el hospital de Tacna a 56,469 soles cada uno, se burló del Perú y su ineficiente burocracia, dando por anulada la venta a Tacna y vendiendo los mismos equipos al hospital de Ate, pero esta vez a 179,000 soles.

El problema más serio no es ésta anécdota, sino que al presidente se le ha repetido hasta el cansancio que no está gestionando el país, que no está haciendo ningún esfuerzo por corregir la deformación del aparato del Estado, que está permitiendo (si no fomentando) la corrupción del poder ejecutivo, repartiendo dinero a los gobiernos sub-nacionales y sin tomar control centralizado del sistema de salud, ni del sistema de educación. Debo saludar que el Sr. Vizcarra, al recibir la información del caso de los ventiladores mecánicos, ha dispuesto la suspensión de dicha compra. No obstante, esto es como alegrarse por haber podido matar un mosquito con la mano en lugar de poner un mosquitero y ¡evitar que estos te levanten en peso!

El gobierno de PPK ya había dispuesto la estandarización de los hospitales y colegios; planos, equipamiento y mobiliario, ciertamente en función de la ubicación geográfica (Costa, sierra o selva) y del tamaño de población a atender. Lo dicho ya era un pequeño avance para la gestión del Estado, pero, señor Vizcarra, su gestión desestimó este esfuerzo y dio rienda suelta a la iniciativa de gobernadores sub-nacionales y sus creativas ineficiencias llenas de incapacidad y dolo.

Ya hemos dicho antes que ¡la corrupción es un grave problema, pero la corrupción atomizada es incontrolable! Lampadia




Las reglas en el Perú y su cumplimiento

Las reglas en el Perú y su cumplimiento

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En el Perú contamos por decenas de miles las normas dictadas desde el sector público, sean estas; leyes del Congreso, decretos ley, decretos de urgencia, DS, RS, RM y así, pasando por todo el escalafón existente en el ejecutivo y gobiernos regionales y municipales.

Ya todos tenemos claro que, como no hay alineamiento entre los distintos estamentos del Estado, todos se manejan de manera desconectada y en muchos casos, permitiendo que un estamento de menor nivel disponga de manera contraria a lo dispuesto por el de nivel superior.

No sólo eso, sino que desde los más altos estamentos del Estado se tiene la permanente propensión a perforar el marco legal debidamente analizado, debatido y promulgado con la aprobación de las mayorías, luego de serios estudios, consulta a especialistas y referencias internacionales. ¿Para qué toda la tarea de análisis, discusión y consenso, si después aparece un grupo de trasnochados, probablemente sin el nivel intelectual adecuado (me pregunto si el promedio intelectual IQ en el Congreso de la República de hoy es sub-normal), que dispondrá ir en contra del propósito y mandato de la ley? Otro tanto ocurre en el Ejecutivo y sus interpretaciones.

Lo que no está en la mente de aquellos que tienen la facultad de emitir normas legales, es que, con sus dispositivos, no sólo están autorizando, prohibiendo o induciendo algún comportamiento ciudadano. Sino que están forjando los criterios y actitudes de la ciudadanía (en el fondo está educando) respecto de la institucionalidad del País. Para que una Nación funcione, es fundamental que se respete la institucionalidad e institucionalidad no es otra cosa que las reglas establecidas y su estricta observancia y cumplimiento, donde la autoridad debe exigir su cumplimiento, pero sólo podrá hacerlo en la medida que haya EDUCADO a la ciudadanía en la fiel observancia del fondo y forma de tales normas.

Ejemplos de disonancia nos sobran en el Perú, verbigracia; la creación de la compensación por tiempo de servicio o “CTS”, aportación que se efectúa en favor de un trabajador para ser usado el día que se quede sin empleo por cualquier circunstancia. Pero no, a la primera de bastos y aunque la desvinculación no se haya producido, desde el poder se promueve la disposición y el retiro de esta, destruyendo el criterio de “fondo de protección” para el momento en que se desvincule del trabajo y quede temporalmente sin ingresos.

Otro tanto está ocurriendo con los fondos previsionales administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). Como el sistema público de pensiones fue y es un desastre y la estructura etaria del Perú está envejeciendo, se creó el sistema previsional privado con cuentas individuales. Ante la evidencia, es lógico buscar que se efectúe aportaciones a cuentas de propiedad individual en las AFP, para que las administren profesionalmente y en el largo plazo para constituir un fondo que permita cubrir una pensión digna para la vejez, evitando al jubilado una vida en la mendicidad, tal como ocurre con los pensionistas de la ONP. Pero quienes se acogieron a la ley de AFP ven hoy sacudidas sus expectativas porque los congresistas, que quieren notoriedad, “se han puesto creativos”. Otra vez pues, a “sacarle la vuelta” al criterio previsional y sus normas y a perforar por segunda vez el sistema. Antes fue retirando el 95.5% del monto acumulado y hoy retirando el 25% de lo acumulado. Lo más triste es que esto se les ocurre en el peor momento posible…

Igualmente, quienes promulgaron leyes laborales con el deseo de proteger en circunstancias críticas las fuentes de trabajo para las mayorías, con buen criterio introdujeron en la legislación el concepto de “Suspensión perfecta” para que, ante una condición inesperada y de “fuerza mayor” , que impida operar, se pueda suspender la relación laboral o dejar de pagar temporalmente a los trabajadores cuya actividad ha devenido en imposible de realizar. Pero no, ahora cuando tenemos la circunstancia exacta para la que se diseñó el mecanismo legal, el ministerio de trabajo quiere impedir su aplicación…

En esa línea de ideas y como producto de la improvisación, tenemos actualmente un caso de película. Se está dando disposiciones que se contraponen. Por un lado se decreta la inamovilidad de los ciudadanos para controlar la pandemia en que nos encontramos, sin duda lo más razonable, pero simultáneamente se dispone la distribución de un bono muy bien intencionado, pero muy mal planeado y peor gestionado. Esto ha traído como consecuencia que se genere grandes colas y aglomeraciones para tratar de conseguir el famoso bono que, aún después de tres semanas de dispuesto no lo recibe siquiera un tercio de la población objetivo. A la par se dispone el retiro de la CTS y finalmente se dispone ahora el retiro de fondos de las AFP. Como decía Condorito, ¡plop! ¡Exijo una explicación!

¿Como vamos a lograr “distanciamiento social” e inamovilidad de la población si a la vez le ponemos la zanahoria en las narices e impulsamos a salir a los bancos, pues si no la recogen, la pierden?

Esta es una nueva oportunidad para repetirle al presidente, a ver si escucha. El poder ejecutivo que, está constituido por el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los municipios, está plagado de ineficiencia y delincuentes. No se puede estar repartiendo dinero a diestra y siniestra para que más de 4,000 unidades ejecutoras salgan de compras, “a su aire”, sin criterio uniforme y sin control… Ya a estas alturas tenemos; al alcalde distrital de Barranco llevándose las donaciones de alimentos a su casa, a una ex-funcionaria del gobierno regional de Ancash con 4.5 toneladas de abarrotes donados y sustraídos en vehículos del GR, compra de respiradores a más del doble del precio de mercado, volúmenes de mascarillas para la PNP al cuádruplo de su precio, alimentos para la PNP comprados a un distribuidor de llantas, sin certificado sanitario y a cuatro veces el valor de mercado, etc., etc.  Van 64 casos identificados y bajo investigación en sólo tres semanas. ¡Y esto es aquí no más!

¿Cómo vamos a lograr que la gente respete semáforos, horarios, cuarentenas, leyes y representantes del orden, entre otros, si la ciudadanía recibe de “sus autoridades” mensajes de este tipo y sabe que: “En el Perú todo está un poquito prohibido y un poquito permitido”? Lampadia




El Congreso Virus en las AFP

El Congreso Virus en las AFP

Fernando Muñoz Nájar Perea
Para Lampadia

Nuestros políticos, en su mayoría, tienen siempre el mismo comportamiento populista. Aquí precisaremos algunos conceptos y cifras y haremos una propuesta de una reforma de pensiones que podría resolver el problema de los independientes, que son la gran mayoría de la población. Alejándonos del pensamiento de esos políticos que tratan de ganar popularidad a costa del dinero de los trabajadores en los Fondos de Pensiones, causándoles daño en su futura pensión.

Revisemos las propuestas de los políticos en las últimas crisis:

  • En la crisis del 2008 se propuso: que las AFP paguen.
  • En el Niño Costero se propuso: que las AFP paguen.
  • En el Corona Virus se propone: que las AFP paguen.

Y cuando llegue el día de la jubilación le dirán:

Que Dios te pague la pensión, porque tú ya la gastaste.

Y el congresista “amigo” le dirá:

¿por qué la gastaste?, tú tienes la culpa.

Cada día es más urgente hacer una “reforma de pensiones”, que incluya en los colegios un curso dedicado a enseñar la necesidad de las pensiones de jubilación. Así se eliminarán las propuestas “salvadoras” de las crisis para regalar los fondos de las AFP a sus propietarios, quienes además son una pequeña porción de la población.  

Para las etapas de crisis deben crearse seguros de desempleo, utilizar los fondos de emergencia, etc. Las propuestas ya han desvirtuaron la finalidad de la CTS, ahora quieren hacerlo con las AFP. Utilizan la engañosa frase “las AFP no te quieren dar tu plata”. Sucede que el dinero es del trabajador y lo recibe cuando se jubila, es así de sencillo. Cualquier cosa diferente es mentira y aceptarla le costará muy caro al trabajador.

Antes de analizar la propuesta de una posible reforma precisemos algunos conceptos, que luego de 27 años de funcionamiento de las AFP no se han entendido, en especial respecto del dinero del Fondo de Pensiones en las AFP:

  • El dinero del Fondo NO es de las AFP, es de cada trabajador. Ahorrado con esfuerzo, con el sacrificio de sus ingresos mensuales en toda su vida laboral. Es un robo al trabajador utilizarlo para otro fin.
  • El dinero del Fondo es de propiedad del trabajador, y si este fallece, constituye herencia al igual que una casa, un auto o cualquier bien. La AFP NUNCA se queda con un sol del trabajador.
  • El dinero del Fondo tiene como objeto lograr una pensión de jubilación para el trabajador. Que al cumplir 65 años tendrá una expectativa de vida de 87 años, en promedio, deberá vivir de su pensión 22 años. Es claro entonces que NO es para solucionar crisis, NO es para cuando se cae la economía del país, tampoco para fenómenos del clima, ni para problemas de epidemias. Tampoco para viajar o comprar autos. Hay que repetirlo, para esos fines están la CTS, los seguros de salud, ahorros, etc., y los supuestos fondos de contingencia del Estado.
  • Ese dinero es INTANGIBLE según la ley que creó el SPP. Pero ese término no lo entienden los congresistas, ni los presidentes de turno y menos la prensa roja.
  • El rendimiento del Fondo del trabajador va a la cuenta del mismo trabajador, la AFP NO puede tocar un sol de ese dinero. La AFP se sostiene de las comisiones que cobra, no de las utilidades del Fondo del trabajador. Para hacer clara la diferencia existen dos contabilidades separadas la de la AFP y la del Fondo.
  • El dinero del Fondo está invertido 55% en el Perú y 45% en el extranjero, por dos razones: i) para una amplia diversificación de la inversión la cual produce mayor rentabilidad para el trabajador y ii) porque en el Perú NO hay suficientes instrumentos financieros de largo plazo en donde invertir. Más claro, no hay obras de infraestructura nuevas hace tiempo, o hay muy pocas y son de lentísimo inicio, porque nuestros gobiernos no las han realizado.  
  • El dinero del Fondo normalmente tiene fluctuaciones, que van de acuerdo a la economía del país y del mundo. Es natural que se reduzca y que luego recupere con creces. Como sucedió en la crisis del 2008, en que inicialmente se redujo por pérdidas en la bolsa, pero meses después se recuperó con creces. Para eso está bien invertido y controlado por la SBS día a día. Igual sucede hoy con el problema del Corono virus.

Veamos la composición de la Población Económicamente Activa (PEA) o en edad de trabajar, dividiéndola en dependientes e independientes, según estén o no en una planilla de sueldos de una empresa:

Revisemos ahora cuántas son las personas que están en una AFP y cuántas en la ONP (cuyas pensiones son bastante reducidas) y que porcentaje del total de la PEA representan:  

Preguntas que surgen luego de ver las cifras:

¿Por qué no se hace un sistema para los 13 millones de trabajadores que no tienen acceso a ningún sistema? ¿No es el grupo más grande sin derecho alguno a pensiones y salud?

¿Por qué nadie menciona que la ONP deja sin pensión a un tercio de sus aportantes? ¿Ignorancia de lo que pasa en la ONP? ¿tal vez porque es empresa pública y siendo pública no tiene importancia que deje en la calle a miles de peruanos? 

¿Por qué en cada crisis se pretende arreglar el problema del Perú dando dinero de su propio Fondo a los trabajadores afiliados aportantes a las AFP?, Si son solo el 18.2% de la PEA? (aportantes 3,2 MM / PEA 17.6 MM)? ¿Es por odio hacia el sistema de AFP?

Revisemos también cuántos son los pensionistas en las AFP, que actualmente son beneficiarios del dinero de su Fondo:

Estas casi 180 mil personas viven de su pensión actualmente y hay más de tres millones en camino de recibir su pensión al cumplir los 65 años, si es que los congresistas se lo permiten, si no, al jubilarse tendrán que vivir en la miseria o en la incertidumbre, como la mayor parte de los trabajadores peruanos.

Una propuesta responsable para los trece millones de independientes

Es esta una importante coyuntura para hacer cambios en favor de la población, cambios dirigidos a dotar de beneficios a los que no los tienen y que hasta hoy el Estado no ha sido capaz de brindarlos.

La propuesta es la siguiente:

Crear un fondo para pensiones y salud, dirigido a los casi 13 millones de trabadores independientes, utilizando una porción del IGV y del ISC que paga cada uno de ellos, trasladándola, a una cuenta individual a su nombre.

Con el dinero de esa cuenta se pagará su seguro de salud y se creará un Fondo para su futura pensión.

Esta propuesta tiene la ventaja de que el independiente no tendría que pagar un sol, su aporte sale de los impuestos que hoy paga. La mayoría de independientes desconoce cuánto es lo que paga por IGV y por el ISC día a día.

La ley que se propone debe prohibir que el ciudadano retire, tome prestado el dinero o lo use para un concepto diferente. Deberá también especificar penas privativas de libertad para toda persona que incentive, plantee o trate de cambiar su uso. Evitando de esa forma que políticos inescrupulosos de siempre propongan utilizar ese dinero para ganar votos, causando miseria en la etapa de jubilación de los trabajadores y/o desapareciendo el servicio de salud.

La administración del Fondo que se crearía se licitaría a instituciones privadas y públicas, de reconocido prestigio. Debería estar a cargo de la SBS.  

El procedimiento sería sencillo, el trabajador se identificaría con su número de DNI al adquirir un bien o un servicio, la SUNAT separaría una porción del IGV que se depositaría directamente en la cuenta individual administrada por el Fondo de independientes.

La finalidad del Fondo de Independientes será único y exclusivo:

  • Pagar el seguro de salud que el trabajador libremente escoja y
  • Crear un fondo dirigido a su pensión de jubilación que también iría a la administradora que el trabajador escoja libremente.   

Considerando que la recaudación del IGV y el ISC en el año 2019 ha sido de 42,600 millones de soles, un monto casi igual al del impuesto a la renta, sería muy razonable que una porción se utilice directamente para brindar salud y pensiones al trabajador que paga esos impuestos.

Se entiende que esta facilidad estará dirigida exclusivamente a los trabajadores independientes. Una ventaja adicional es que permitiría a la SUNAT identificar a las personas con un nivel alto de consumo que no tributan.

Fuentes:

  • SBS para datos de las AFP.
  • Sunat para datos tributarios.
  • ONP no hay información exacta.

Las cifras han sido respetuosamente redondeadas para facilitar su comprensión.

Lampadia




La irresponsable y peligrosa ley del 25% de los fondos de las AFP

La irresponsable y peligrosa ley del 25% de los fondos de las AFP

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El primero en romper la disciplina y la unidad de comando en la lucha contra el virus, ha sido el Congreso, al aprobar la ley que permite a los aportantes al sistema privado de pensiones disponer del 25% de sus fondos. Lo ha hecho pese a la oposición del gobierno, del MEF, del BCR, de la SBS y de todos los entendidos en la materia, solo por ganarse el aplauso inmediato sin interesarle las consecuencias. Condenable oportunismo político en el que han caído todas las bancadas con la excepción responsable, hay que decirlo, del Partido Morado.

Perjudica a los propios beneficiarios

Porque es imposible que no entendieran las razones por las que esa medida es perjudicial y contraproducente. Primero, para los propios supuestos beneficiarios. Estos, claro, podrán retirar sus fondos, aunque muchos en realidad no necesiten hacerlo, pero ese 25% que retiren significará una cantidad de soles mucho menor a la que recibirían si los retirasen en otro momento, cuando el fondo estuviera en un valor normal. Ahora han perdido valor, precisamente debido a la pandemia. Pero cuando ésta se supere lo recuperará y con creces, como ha ocurrido en todas las ocasiones anteriores. Allí la gente se dará cuenta de todo lo que perdió al acceder a la manzana envenenada que le regaló el Congreso.

El 25% que retiren los afiliados –o el 100% que retiren los que ganan por debajo de S/ 4,300- perderá más valor aun porque el precio de los bonos del tesoro y de las acciones en los que se ha invertido los fondos caerá todavía más a consecuencia de la cantidad de bonos y acciones que las AFP tendrán que vender para devolver a los aportantes. Es decir, doble perjuicio para los afiliados a las AFP. Un engaña muchachos.

Es perjudicial, en segundo lugar, para la gran cantidad de pequeños accionistas de las empresas listadas en bolsa -muchos de los cuales seguramente tienen su fondo de pensiones-, pues al desvalorizarse sus acciones perderán cuantioso capital. Perjuicio por partida triple para esos ciudadanos.

Perjudica la lucha contra el coronavirus

Y perjudica, en tercer lugar, a la propia lucha contra el coronavirus, pues le resta recursos. Al desvalorizarse tremendamente los bonos del Estado, al gobierno le va a resultar mucho más caro endeudarse para financiar el sobregasto que entraña combatir el coronavirus y recuperar luego la economía, porque al haber mucha oferta de bonos y poca demanda, tendrá que ofrecer una tasa de interés mucho más elevada para conseguir que el mercado compre.

Es decir, la ley socava puniblemente los esfuerzos del país para ganar esta guerra.

Razones estructurales

  • Ahorro nacional

Hay otros argumentos más estructurales por las que esta ley es vergonzosa. La razón por la que el Perú, a diferencia de los demás países de América Latina, puede destinar ingentes recursos -S/90,000 millones- a esta lucha, se debe precisamente al ahorro nacional acumulado, por primera vez en la historia nacional, en los últimos 30 años. Y parte sustancial de ese ahorro -que se vuelve inversión- es precisamente el fondo de pensiones, que había alcanzado los S/150,000 millones. No se puede empezar a dilapidar el ahorro nacional con el pretexto de auxiliar a personas la mayor parte de las cuales están cubiertas porque reciben un sueldo en las empresas en las que trabajan, y las que no van a poder retirar hasta S/2,000 gracias a un decreto supremo.

  • Bomba de tiempo fiscal

En realidad, esta ley no es sino un paso desintegrador más en el camino que inició la populista ley que permitía a los afiliados retirar el 95.5% de sus fondos acumulados al cumplir la edad de jubilación, que desnaturalizaba la razón de ser del ahorro forzoso. Si este ya no sirve para tener recursos en la jubilación, carecía de sentido su existencia misma. De modo que más temprano que tarde -pronosticamos- algún político propondrá eliminarlo.

El problema es que probablemente lo que propondrá no será eliminar el ahorro forzoso, sino el sistema privado de pensiones, el sistema de cuentas de ahorro previsionales individuales (que no es lo mismo que las AFP).  No sería de extrañar que en la campaña electoral que se viene, que amenaza con ser una competencia muy populista, algún candidato ofrezca devolver todos los fondos acumulados en las cuentas individuales.

Lo que no se dan cuenta es que las cuentas de ahorro previsional individuales son justamente la garantía de que no habrá contingencia fiscal futura, porque en ese sistema la pensión no depende del presupuesto nacional sino del ahorro previsional personal.

Destruir este concepto –el de las cuentas individuales- equivale a montar una verdadera bomba de tiempo fiscal, que haría inviable el Estado peruano. Un acto de traición a la patria, porque comprometería el futuro del país.

Salvo que sí se elimine la aportación obligatoria como tal, el ahorro forzoso, para todos, como reclaman algunos liberales en nombre de la libertad individual. Con ello ya no habría, en teoría, contingencia fiscal. Pero eso es, precisamente, teórico. No toma en cuenta la existencia de la política. En ausencia de ahorro forzoso, y ante la constatación de que muchos no ahorraron para su vejez (como lo demuestra la economía del comportamiento) o invirtieron mal, los políticos ofrecerán una versión recargada de pensión 65 universal. Todos los mayores de 65 al presupuesto público, con una “pensión digna”. La receta perfecta para el hundimiento nacional.

  • Reforma integral

Por esta misma razón es que es indispensable ir a una reforma integral del sistema de pensiones en su conjunto, porque la mayor parte de los peruanos carece de afiliación a un sistema pensionario y existe entonces el riesgo de que esa mayoría termine refugiada en una pensión estatal infinanciable en el largo plazo. Es necesario incorporar a todos los peruanos, pero en un sistema de cuentas previsionales individuales -organizado o no por AFPs-, aunque pueda haber una pensión mínima que en algunos casos pueda requerir un subsidio solidario.

Lampadia ha formulado una propuesta para alcanzar ese resultado (que todos aporten a su cuenta previsional un porcentaje del IGV que pagan cuando compran algo). Un esquema universal, voluntario y formalizador, que permite superar buena parte de nuestras limitaciones. Es lo que hay que discutir. Mientras tanto el Ejecutivo está en la obligación de observar esta ley y realizar todos los esfuerzos para introducir responsabilidad en el Congreso. Lampadia




Lo importante es lograr cobertura universal

Lo importante es lograr cobertura universal

Desde hace varios años, el Sistema Privado de Pensiones (SPP), conformado por las AFP, ha vendido sufriendo fuertes golpes en el plano político – alimentados por el populismo y la ignorancia económica y financiera de muchos de sus críticos – que vienen promoviendo constantemente su desarticulación.

Recientemente se ha desatado una nueva campaña contra las AFP, como reacción a la publicación de la caída del valor de la cartera del sistema en el año 2018. Efectivamente, al cierre del 2017 el valor de la cartera fue de Soles 156,247 millones, y al cierre del 2018 bajó a Soles 153,258 millones. Sin embargo, al 31 de enero del presente año, el valor de la cartera ya se había recuperado a Soles 158,189 millones. Ver gráfico:

La caída de valor del 2018 fue producto de las correcciones de precios de los mercados de valores y de commodities del último trimestre del año. Pero como se aprecia, a enero del presente, esto ya se había superado.

Por lo demás, siendo que el fondo es de carácter previsional, el monitoreo de su rendimiento debe apreciarse en el largo plazo. Por ejemplo, para los últimos 12 años, el Fondo Privado (FP) compara muy positivamente con otras alternativas. Veamos:

Por otro lado, si vemos la evolución del fondo desde su creación y el impacto de su rentabilidad, podemos apreciar que la rentabilidad corresponde al 45% del fondo y los aportes directos al 55%:

Si vamos al plano internacional, un estudio reciente de la OCDE denominado Pension Markets in Focus 2018, indica que la rentabilidad real obtenida por el SPP en el Perú, a 15 años, es la cuarta más alta del mundo.

En resumen, no hay motivo de alarma, todo lo contrario, el SPP funciona muy bien en el ámbito de su cobertura. El problema del sistema, como veremos luego, es su cobertura, que no alcanza a los trabajadores independientes.

Lamentablemente, coincidiendo con esta campaña, se está dando otra desde el sector financiero, criticando la falta de competencia del sistema como lo han hecho recientemente el BCRP y la SBS. Además, seguramente desde alguna parte interesada, se está deslizando la posibilidad de que otros agentes financieros (bancos) puedan manejar pensiones. Este no es un tema menor, pues para empezar habría que dilucidar que las inversiones no sufran conflictos de interés con otras líneas de negocio.

No es pues el mejor momento para abundar propuestas de ajustes, máxime si estas no se dirigen a lo sustancial, la necesidad de ampliar la cobertura del sistema.

En conclusión, todo este miedo generado por los medios, acerca de que existe “abuso de poder” por parte de las AFP de cara a los aportes de los pensionistas es completamente infundado. Por el contrario, como indicó recientemente Aldo Ferrini, Gerente General de AFP Integra en una entrevista concedida a Milagros Leiva (ver el video), en los últimos años el SPP no solo ha venido obteniendo altísima rentabilidad para los afiliados, sino que además ha ido reduciendo drásticamente sus comisiones e inclusive ha propuesto cobrar comisiones en función a la rentabilidad de los fondos.

Ver entrevista de Aldo Ferrini: https://youtu.be/hLDiUBYPLCI

Como se puede observar en la siguiente tabla, actualmente la comisión por flujo promedio se ubica en 1.58%, mientras que en el caso de la comisión mixta, esta se encuentra en 1.68%, habiendo bajado desde 3%.

En ese sentido, consideramos que la discusión central acerca de la reforma del SPP no debe girar en torno a leyes populistas como la que permitió el retiro anticipado del 95.5% de los fondos desde el 2016 – que, según la SBS, ha reducido la edad de jubilación promedio de 65 a 59 años. Estamos haciendo el absurdo de promover pensiones más tempranas con una población que incrementa su esperanza de vida.

Por el contrario, insistimos en que el problema central es la baja cobertura del sistema, que apenas abarca a 1 de cada 4 peruanos a nivel nacional y cuyo principal determinante es la informalidad laboral, flagelo que venimos arrastrando por varias décadas.

Al respecto, hemos venido difundiendo una propuesta hace varios años para atacar este problema de baja cobertura, la cual incluye usar una parte del IGV como aportes individuales a fondos privados de pensiones, lo cual contribuiría no solo a elevar la formalidad sino también a incrementar la recaudación tributaria (ver en Lampadia: El IGV y las Pensiones).

Asimismo, en línea con esta iniciativa, recientemente hemos recogido la propuesta de Victor Shiguiyama, ex jefe de la Sunat (ver en Lampadia:  Incremento de recaudación por transformación digital de SUNAT), que propone que el ciudadano reciba un incentivo directo para comprar formal, aportando 1, 2 y 4 puntos del IGV de sus compras de la siguiente manera:

  • 1% cash back (devolución) por pago mediante algún medio electrónico
  • 2% para su seguro de salud, y
  • 4% para sus pensiones

Emprendamos acciones de política que nos lleven hacia un sistema de pensiones formalizador, voluntario y sobretodo, universal. Nuestros pensionistas nos lo agradecerán. Lampadia




La reforma de las pensiones

La reforma de las pensiones

El gobierno dice que está trabajando en el diseño de una reforma integral de la protección social, cuyo objetivo sería que las personas estén amparadas  cuando se enfermen, cuando pierdan el empleo y cuando dejen de trabajar en la madurez. La manera clásica, bismarckiana, de acceder a esos beneficios ha sido por medio del empleo formal, que es el que permite acceder a un seguro social de salud, a una pensión de jubilación y a una indemnización o seguro por despido.

Pero en el Perú el empleo es mayoritariamente informal. Por lo tanto, una reforma integral debe comenzar por facilitar la formalización del empleo, es decir, por la reforma laboral, pero debe complementariamente buscar formas de aseguramiento o protección que no dependan únicamente de las relaciones laborales formales y que cubran a los trabajadores independientes, carencia que ha sido el Talón de Aquiles del Sistema Privado de Pensiones (SPP), dando pie una serie de ataques populistas.

Pues en nuestro país ni siquiera el empleo formal asegura una protección social efectiva. Por ejemplo, la atención de Essalud es muy deficiente. Muchos días para conseguir una cita y meses para obtener turno para una intervención quirúrgica. Esto se debe fundamentalmente a problemas de gestión, pues en los dos hospitales concesionados mediante APPs de ‘bata blanca’, el nivel de servicio es muy bueno y al mismo costo de las atenciones directas. Pero también se debe al reducido número de aportantes debido a la alta informalidad. Es un círculo vicioso. Pero un factor importante es el populismo legislativo, que eliminó las aportaciones correspondientes a las gratificaciones. Y, mucho más grave aún, eliminó en buena cuenta las  pensiones del SPP con la ley que permite retirar el 95.5% de los aportes realizados al momento de la jubilación.

El resultado de esta ‘iluminada’ ley promovida por los peores congresistas de la historia peruana, ha sido que coincidentemente el 95% de las personas que se jubilan en el SPP retiran de manera inmediata todo el fondo que han acumulado. Es decir, renuncian a recibir una pensión mensual por el resto de sus vidas. Algo absolutamente previsible, dada la naturaleza de los seres humanos, advertido a los legisladores e ignorado con desfachatez por todos ellos.

En efecto, esta ley se aprobó en los estertores del gobierno anterior, en abril del 2016 y, según información brindada por la Asociación de AFPs, ya desde el mes siguiente, mayo de ese año, solo el 1% de las personas que se jubilaron decidieron convertir su fondo en una pensión hasta el final de sus días. El 95% optó por retirar el 95.5% de su ahorro pensionario y alrededor de un 4% decidió alguna combinación de ambas opciones.

Lo más probable es que esta ley termine siendo un boomerang contra el fisco, porque no es que los que retiraron su fondo lo hayan invertido en algo mejor. A partir de los datos existentes, la Asociación de AFP concluye que probablemente el 60% de los fondos retirados se fueron a alguna forma de consumo. El monto de dinero retirado por las personas supera el 1% del PBI del 2016, pero “los depósitos realizados por las personas naturales a diciembre 2016 en el sistema financiero, ascienden a un total de S/107,976,790, solo mayor en S/2 mil millones a lo registrado en el 2015; este incremento representa el 40% de lo que los afiliados al SPP retiraron de sus fondos de pensiones (S/5,836 millones)”, precisa la nota.

Lo que queda claro es que en el Perú el empleo formal ya no asegura una pensión. El resultado de esta irresponsable ley es que el porcentaje de personas con pensión en el Perú, que era apenas de 30%, ¡se reducirá a 10%! ¿Qué vamos a hacer dentro de 20 o 30 años? ¿Todos pasaremos a pensión 65? ¿Cómo se sostiene eso?

Es evidente, entonces, que una parte fundamental de la reforma de la protección social debe contemplar la derogatoria de la ley del 95.5%, quizá permitiendo retirar del fondo propio solo aquello que esté por encima de una pensión mensual básica a determinarse.

El sistema de pensiones como tal requiere una reforma que permita integrar el sistema público y privado dentro de un esquema de capitalización individual. El gobierno estaría pensando en centralizar la gestión  administrativa de las pensiones en una entidad (pública o privada) que maneje las cuentas y las relaciones con los clientes, de modo que las AFP se concentren solo en el manejo de las inversiones. Otro disparate, pues se crearía un monstruo administrador con capacidades monopólicas y sin lugar a dudas, con una muy mala calidad de servicio.

Algo que deberíamos tener claro a estas alturas, es que los mejores sistemas de pensiones existentes, son los basados en capitalizaciones individuales. El que el gobierno no se pronuncie hasta ahora sobre esto, es solo producto de la cobardía de los funcionarios que temen las reacciones políticas de los enemigos del sistema privado de acumulación individual y que prefieren  sorprender al país con un nuevo esquema que se aprobaría entre gallos y media noche.

El reto más importante del sistema de pensiones es que cubra adecuadamente a los trabajadores independientes e informales. Para ello se hace necesario poner en práctica mecanismos que incentiven el ahorro pensionario de los independientes, de aquellos que no tienen una relación laboral formal. En Lampadia hemos propuesto repetidas veces que las personas puedan destinar una parte del IGV que pagan cuando compran algo, a su cuenta individual en una AFP. Lo que, de paso, ayudaría a formalizar las empresas vía el pedido de facturas a los comerciantes y proveedores. Una alternativa, pobre, que se estaría estudiando es establecer aportes automáticos y obligatorios en los recibos de agua, luz y telefonía.

Por otro lado, según los trascendidos, el equipo del gobierno que está diseñando el nuevo esquema, habría adoptado la filosofía del consultor del BID, Santiago Levi, que propone dejar los impuestos directos como el de la renta, para basar los aportes en los impuestos indirectos como el IGV. Una idea positiva en cuanto a la ampliación de la cobertura del sistema, pero con una gran falla, pues postula que la recaudación vaya a un gran pozo para crear un sistema de reparto, con pensiones igualitarias.

La propuesta de Lampadia, de enero 2014, consiste en usar parte de los pagos de IGV como aportes individuales a fondos privados de pensiones de todos los peruanos sin excepción. Ver: Sobre formalización, pensiones e IGV.

Este mecanismo permitiría formalizar el empleo y dar acceso a pensiones privadas al 100% de los trabajadores.

Con el aporte de una parte de los pagos por IGV a cuentas individuales se podrían obtener los siguientes resultados:

  • Registrar y formalizar a toda la clase trabajadora, pues sería muy extraño que alguien dejara de canjear su IGV por ahorro previsional privado bien remunerado.
  • Establecer un sistema universal de pensiones al que se podría aportar desde los 18 años y que podría permitir acumular un fondo adecuado, por lo menos para una pensión base o mínima de buen nivel, dado el período de aportes de 47 años (18 a 65) con el efecto de la tasa de interés compuesta. Por ejemplo, un aporte de 10 soles después de 47 años con un rendimiento de 7% anual generaría 240 soles, y en 24 años, el promedio del período sugerido de aportes, 51 soles por cada 10.
  • Se podría disminuir la evasión de pagos del IGV.
  • Se podría cerrar la ONP y poner coto al forado fiscal que conlleva, así como Pensión 65 (¿?)
  • Se podría ir eliminando las exoneraciones e inafectaciones al IGV y tener un sistema plano y universal.
  • Aumentaría la recaudación de IGV, lo que junto con el ahorro generado al cerrar el déficit de la ONP, podría compensar (total o parcialmente) los puntos que se usen en los canjes individuales.

En Lampadia asumimos que el nivel de canje debería estar entre 3 a 5 puntos de los actuales 18 puntos del IGV. Sin embargo, es evidente que habría que hacer los cálculos adecuados en función de los períodos de aporte y demás factores vinculados.

También será necesario que se establezca una pensión mínima que podría lograrse mediante aportes del Estado que complementen lo que el trabajador pueda haber acumulado por su cuenta.

No vaya a ser que el gobierno nos sorprenda con un sistema equivocado o mediocre, que no haya podido ser debatido en la sociedad civil. El congreso anterior, bajo la presidencia del irresponsable Luis Iberico, puede haber apurado,  en su undécima hora, barbaridades, pero hoy, estos temas deben ser cuidadosamente analizados por todos los estamentos que tengan la capacidad de aportar. Lampadia  




¡Cuando te jubiles, yo ya no estaré por acá!

Ya todos sabemos que en el Perú, el anterior Congreso de la República, presidido por Luis Iberico, empezó la demolición del Sistema Privado de Pensiones (SPP) permitiendo el retiro de los fondos a la edad de 65 años y adelantos del 25% para equis fines. Todo esto se respaldó por supuesto en propuestas populistas que se apoyaron en la natural propensión del ser humano a preferir dinero en el corto plazo antes que en el largo. Además, las irresponsables normas fueron aderezadas por gran parte de los medios de comunicación, algunos por purismo liberal y otros por ignorancia y oportunismo.

Contrario a lo que pronosticaban los promotores de las nuevas normas, incluyendo economistas como Mendoza de la UP, la tendencia al retiro de los fondos es masiva. Por ejemplo, Jorge Ramos, CEO de SURA (AFP Integra), hizo los siguientes comentarios en Gestión (ver en Lampadia):

  • Las estadísticas demuestran que ahora solo el 1% de las personas que se jubilan destinan el 100% de su ahorro previsional para una pensión.
  • Un 8% retira una parte de su fondo, en promedio dos tercios de su ahorro. Estos, en promedio, tienen un fondo de S/ 350,000.
  • Pero estos retiros se vuelven una fiesta para los que tienen fondos más pequeños, de S/ 80,000 a S/ 90,000. Ellos retiran todo. En este segmento, el efecto riqueza se vuelve más potente, es decir, la gran mayoría de personas que tiene en su cuenta hasta S/ 100,000 jamás han tenido acceso a ese monto de dinero; es como si ganaran un premio.
  • El 50% usa los fondos que retira para poner un negocio propio, 20% lo destina a inversiones y el 30% a consumo.
  • Lo más riesgoso de todo es el 50% de jubilados que retiran su fondo para abrir un negocio propio, porque en el Perú solo uno de cada ocho emprendimientos tiene éxito.
  • Lo peor de todo es que casi la mitad de las personas que solicitan retirar el 95.5% de sus fondos tiene menos de 65 años. Por la jubilación anticipada por desempleo, quienes tienen 50 o 55 años, dependiendo de si son mujeres u hombres, pueden retirar todo su fondo. Lo cual es más grave aún, porque pueden quedarse sin nada a los 60 años.

Queda pues muy claro que muchos peruanos que pudieron llegar a tener un respaldo previsional, lo están perdiendo. En consecuencia, además de no haber logrado incorporar al sistema a los trabajadores independientes, estamos sembrando el desamparo en la vejez de más peruanos.

Por increíble que pueda parecer, ahora en Chile (el país que creó el sistema de capitalización individual), se ha desatado una campaña callejera, para desbaratar el sistema privado y el gobierno de Bachelet ha planteado una serie de reformas regresivas (ver en Lampadia: “Para mejorar las pensiones, todos deben esforzarse”). Sin embargo, no debiera sorprendernos que Bachelet pretenda también arrasar con el sistema privado de pensiones, tal como está haciendo con prácticamente todos los espectaculares avances de los últimos 40 años. Como dijo el historiador británico Niall Ferguson en Santiago, “Chile que ha sido el país más inteligente de la región, está ahora ejerciendo su derecho a ser estúpido”.

Lamentablemente, temas tan importantes como las pensiones, están expuestas al quehacer de los políticos cortoplacistas que aprovechan cualquier oportunidad para obtener réditos políticos a costa de desarrollos de largo plazo, cuyos resultados finales no podrán evidenciarse durante sus mandatos de servicio público.

Ahora queremos compartir con nuestros lectores una entrevista en profundidad a José Piñera, el diseñador de las AFP en Chile y difusor del modelo en todo el mundo, donde 35 países lo han adoptado con más o menos los mismos ingredientes. La entrevista a Piñera se hizo el 3 de agosto pasado, en el contexto del proceso de reclamos y reformas en curso. La entrevistadora, Soledad Onetto de ‘Ahora Noticias, Edición Central de MEGA’ (la Sol Carreño de Chile), se muestra malcriada, desinformada y agresiva.

El diálogo dura unos 20 minutos, a diferencia de los que usualmente publicamos en Lampadia, es posible que muchos no puedan verlo integramente, pero, las personas vinculadas al tema pensionario, no pueden dejar de hacerlo. Piñera nos dice:

  • El sistema tiene 35 años y muestra dos indicadores de éxito claro:
    – Nunca ha habido una pérdida, nadie ha tocado un peso de los fondos de los trabajadores.

– De los fondos acumulados, el 70% corresponde a la rentabilidad y solo el 30% a los aportes.

  • Nunca hubo una promesa sobre el nivel de las pensiones, éstas dependen del volumen de ahorro, la rentabilidad y la expectativa de vida.
  • Si no se ahorra suficiente, no habrán buenas pensiones.
  • Una de las AFP chilenas, Habitat, ha publicado un informe en el que afirma que los trabajadores que han aportado 30 o más años, tienen una pensión promedio de 650,000 pesos al mes (US$ 1,005 mensuales).
  • Desde que nació el sistema, se estableció un pilar solidario.
  • Con el aumento de la expectativa de vida hay que ajustar algunos parámetros como, aumentar la tasa de las cotizaciones e igualar la edad de jubilación de hombres y mujeres.

Ver la importante entrevista a Piñera: 

En el Perú tenemos que volver a analizar el tema de las pensiones. El gobierno apuesta por reducir sustancialmente la informalidad laboral y además bajar la tasa del IGV.

Según Lampadia, estos tres temas se intersectan y por lo tanto deberían tratarse los tres juntos, sin apurar decisiones independientes sobre cada uno. (Ver: Sobre formalización, pensiones e IGV). Lamentablemente, no hemos tenido oportunidad de sustentar estas ideas con los miembros del nuevo gobierno.

Nuestra propuesta básica es que para la formalización laboral, la incorporación de los independientes a los sistemas de pensiones y, el mejor destino del IGV; habría que cambiar la fuente de fondos para la formación de los ahorros pensionarios, usando una fracción de los pagos de IGV. De esa manera, todos los ciudadanos, podrían acumular fondos desde los 18 años. En la publicación indicada mostramos que un aporte de S/. 10, hecho a los 18 años, se convierte en un monto de S/. 240 a los 65 años.   

Reiteramos nuestra propuesta al gobierno de PPK, para que los tres temas sean tratados en conjunto en diferentes instancias técnicas y políticas, para lograr profundidad de análisis, consensos e incentivos que permitan un positivo avance social de todos los peruanos

Lampadia