Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hace unas semanas el Congreso aprobó una ley vergonzosa que el Ejecutivo debería observar. Se trata de la ley de Carrera del Trabajador Judicial, cuya finalidad es excluir a los trabajadores jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del meritocrático régimen de la ley de Servicio Civil, para instaurar una carrera en la que la meritocracia brilla por su ausencia, algo inaceptable en estos tiempos. Sólo se establece concurso público –y con excepciones, además- para el ingreso a la carrera, pero de allí en adelante se asegura la estabilidad absoluta: no se dispone evaluaciones para ascender ni menos aún para permanecer en la carrera.

Esto es una burla al país, más aún en la institución encargada de castigar la corrupción. Por eso, es necesario dar la batalla. Si queremos cambiar el Perú, ciertos consensos deben estar afirmados. Uno de ellos es justamente la implantación de la meritocracia en todos los órganos y niveles del Estado, porque se trata de garantizar el buen uso de los impuestos que los ciudadanos pagamos. En esto todos debemos remar en la misma dirección.

Incremento de sueldos a cambio de nada

Con esta ley ocurre todo lo contrario. Su efecto práctico será que se aprobará una nueva escala remunerativa con sueldos considerablemente más altos, a cambio de nada, sin ninguna obligación de rendimientos por parte de los trabajadores. En efecto, la ley no establece evaluaciones de desempeño de ningún tipo, pero si ordena al ministerio de Economía, en su primera disposición complementaria, conformar una comisión para elaborar una nueva escala remunerativa. Y, de hecho, adelantándose, el Poder Judicial contrató a la consultora Macroconsult para que elabore una propuesta de nuevos niveles remunerativos, que es la que vemos a continuación:

De acuerdo a la propuesta, los incrementos de sueldos varían entre 23% y 70%. A cambio de ninguna exigencia. ¿Cuánto representaría eso para el fisco, es decir, para todos nosotros? Lo vemos en el siguiente cuadro:

Es decir, 534 millones en total. A esto habrá que agregar la actualización que esta propuesta deberá hacer luego de que hace pocos días se ha incrementado los sueldos de las escalas salariales del Tribunal Constitucional y del Ministerio Publico, reabriendo la brecha con los niveles remunerativos de otras instituciones que la propuesta de Macroconsult buscaba cerrar. Eso quizá agregue 200 o 300 millones adicionales.

Demasiados trabajadores

El monto tan elevado obedece al número de trabajadores jurisdiccionales y administrativos: 25,000, para solo 3,000 jueces, una relación de 8 a 1, absolutamente injustificable desde ningún punto de vista. Habría que comenzar por reducir drásticamente ese número, pero eso será imposible con una ley que garantiza la estabilidad laboral absoluta.

El abultado número de administrativos sólo sirve para procrear diversas formas de corrupción en las compras y en la gestión de los recursos. Los jueces, concentrados en su labor, no pueden controlar lo que ocurre en el área administrativa, con la cual más bien saben que deben estar en buenos términos para obtener el apoyo material y logístico necesario para sus labores. La Contraloría, por su parte, carece de poder dentro de la judicatura, de modo que es lo mismo que la carabina de Ambrosio. La tan mentada autonomía del Poder Judicial es autonomía también para cometer irregularidades con impunidad.

También excluye a los jurisdiccionales del control de la OCMA

Lo increíble es que esta ley, no contenta con excluir a los trabajadores del Poder Judicial de toda forma de meritocracia, excluye a los trabajadores jurisdiccionales (secretarios y relatores que trabajan directamente con el juez asistiéndolo), que son unos 5,000 del total de 25,000, del control disciplinario de la Oficina del Control de la Magistratura (OCMA) del propio Poder Judicial. Por eso se ha dado el caso insólito que la misma OCMA ha solicitado directamente al Ejecutivo que observe la ley, pues ya no podrá hacer prevención ni combatir los actos de corrupción en los que incurran los auxiliares jurisdiccionales, debilitando su capacidad de acción. La ley encomienda el control disciplinario de los trabajadores jurisdiccionales a la propia administración del (jefe inmediato, jefe de recursos humanos etc.).

La razón por la que el control disciplinario de los trabajadores jurisdiccionales debe estar en manos de la OCMA es obvia: el juez no actúa solo, él es su despacho, y en su despacho está su secretario. Si este comete un acto de corrupción, lo hace dentro de un proceso judicial, no dentro de un proceso administrativo. En ocasiones se acusa al juez por algo que comete su personal auxiliar. Viceversa, el juez no puede desentenderse de lo que hace su secretario. Sabe cuándo éste comete algún acto irregular.

Los congresistas, al aprobar esta ley, han trabajado para los sindicatos del Poder Judicial, en perjuicio del país. La Constitución establece que los congresistas no responden a mandato imperativo, sino que representan a la nación. En este caso no han representado a la nación sino a un interés particular, negativo para la nación. Recordemos que en el Poder Judicial hay tres federaciones y un sindicato, el de Lima. El que más fuerza tiene es este último, el Sutrapoj, pues en Lima se venel 64% de los procesos. Y resulta que, de los 16 delegados del sindicato de Lima, 6 pertenecen o están vinculados al Movadef y, según informaciones, el Movadef está principalmente con los CAS, que son más de 7,500, y lo que propugnan es que pasen directamente a la 728, sin concurso. Si contrariamente, pasaran al régimen de la ley de servicio civil, tendrían obligatoriamente que concursar. 

El problema es que un gobierno débil seguramente tendrá temor a observar la ley en este aspecto, de la misma manera como claudicó frente a la ley que pasó los CAS de Essalud a la 728 en lugar de hacerlo al régimen de la ley se servicio civil. Sin embargo, el pedido de la OCMA al Ejecutivo para que observe la ley en lo que le concierne, abre una ventana de oportunidad para dar la pelea en toda su extensión. No es posible aceptar la existencia de islas patrimonialistas y anti meritocráticas en el Estado. La ley debe ser igual para todos. Nadie puede estar eximido de la obligación de servir con la máxima dedicación y productividad al país. Vivimos en una democracia, no en una tiranía de privilegios. Lampadia  

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La comisión de Constitución del Congreso está dedicada a debatir y aprobar las normas que permitan regular mejor las elecciones municipales y regionales del 2018,[1] pero todavía no aborda las reformas de fondo necesarias para reconstruir un sistema de partidos funcional, asegurar la gobernabilidad y mejorar la representación, ni, como veremos, existe aun consenso sobre ellas.

Fuente:  Blog: Polítika

Entre los congresistas no parece existir conciencia acerca de la necesidad de llevar a cabo una reforma política de verdad o se encuentran cómodos con la manera como llegaron al Congreso y no quisieran cambiar el statu quo. Son producto de la disfunción y por eso no ven la necesidad de remediarla.

Pero basta revisar el último proceso electoral para advertir las características del problema. El libro “Perú, elecciones 2016”, cuyo editor es Fernando Tuesta, contiene ensayos muy ilustrativos al respecto. Varios de ellos dan cuenta de cómo se manifestó en esa elección la naturaleza altamente personalista de la política peruana y la inexistencia de partidos propiamente tales: la gente vota por la persona, y los partidos son meros vehículos para la movilidad política de los candidatos.

Mauricio Zavaleta y Paulo Vilca, por ejemplo, muestran cómo los candidatos al Congreso han postulado antes a cargos sub nacionales por diversas agrupaciones regionales o locales, o al propio Congreso por partidos políticos distintos al que en esta ocasión los postula. Lo que hay es una altísima movilidad. Los partidos no tienen existencia propia. Son meros vehículos, como decíamos. Milagros Campos anota cómo el transfuguismo, es decir, cambiar de partido, es una manera de reelegirse.

Y el problema es que las reglas electorales y las que regulan las organizaciones políticas agravan esta situación. Más específicamente, impiden que los partidos se institucionalicen y socavan la democracia interna o colisionan con las normas que la regulan. Así, Mauricio Zavaleta y Paulo Vilca demuestran cómo los miembros o militantes de los partidos tienen pocas posibilidades de alcanzar las candidaturas congresales, puesto que éstas son obtenidas por políticos regionales (líderes de movimientos regionales) en negociaciones directas con los dirigentes del partido, quienes los escogen porque ya son conocidos y por su capacidad de aportar recursos.

Evidentemente, si las élites partidarias prefieren captar políticos regionales competitivos sin vínculos con la organización,  ¿para qué elecciones internas? Ellas y los Comités Locales se convierten en un problema.

Esta simbiosis entre partidos y movimientos regionales o locales atenta no sólo contra la democracia interna en los partidos sino también contra la propia consolidación de los partidos políticos en el territorio. En cada elección municipal el porcentaje de alcaldes que pertenece a movimientos regionales es mayor, y los partidos tienen cada vez menos presencia, pero eso no es problema a la hora de las elecciones nacionales porque los partidos reclutan precisamente a esos líderes conocidos y acaudalados de movimientos locales.

De lo que se desprende que una reforma necesaria sería eliminar la participación de los movimientos regionales en las elecciones subnacionales o ponerles requisitos más fuertes para inscribirse y participar, u obligarlos a adscribirse a un partido.

Pero allí no queda la cosa. En este contexto, el voto preferencial resulta funcional a las dirigencias partidarias porque incentiva a los candidatos al Congreso a hacer campaña con sus propios recursos, sin necesidad de usar recursos del partido, promoviendo de paso la imagen del candidato presidencial. Pero, claro, esto se hace a costa de una plataforma programática cohesionada y genera una competencia fratriciada entre los candidatos del mismo partido.

En suma, movimientos regionales liderados por políticos locales con recursos,  y voto preferencial, son instituciones que se refuerzas mutuamente, pero a costa de la institucionalización partidaria y de la democracia interna. No tiene sentido exigir formas mas acabadas de democracia interna si no cambiamos la combinación perversa de movimientos regionales con voto preferencial.

La solución acá es pasar a un sistema para elegir congresistas basado en distritos uninominales (o binominales), donde el candidato haría campaña pero contra los candidatos de otros partidos, no del suyo propio, eliminando el  efecto perjudicial de la competencia fratricida y de la destrucción del mensaje programático único. Este sistema tiene además un efecto reductor en el número de partidos y resuelve el problema de la representación porque el elector sabe quién es su representante y puede comunicarse con él. Le da sentido real a la democracia.

Por supuesto, un corolario de la complementariedad entre movimientos regionales y voto preferencial en la elección de los congresistas, es la fragmentación posterior de las bancadas parlamentarias, pues no existe realmente identificación partidaria.

Lamentablemente, no existe entre los congresistas de Fuerza Popular conciencia del efecto de estos mecanismos en la institucionalidad partidaria, y no hay consenso acerca de las reformas necesarias para prevenirlo. Ursula Letona me confesó de manera sincera que “hay mucha reticencia a eliminar el voto preferencial porque somos fruto del voto preferencial”. Pero más grave aun fue el desconocimiento de sus efectos: “creo que el esquema se ha mantenido porque no resulta tan dañino para la democracia, yo creo que más importante es cómo se genera la lista de candidatos, tiene que haber un sistema que le permita también al partido colocar candidatos”. Luego le pregunté:

-¿Pero tú no crees que se pueda eliminar el voto preferencial y canjearlo por un sistema uninominal?

-“De lo que he visto, no. No he visto ningún consenso”, me respondió.

Daniel Salaverry es de la misma opinión: “No hay una decisión de la bancada aún en esos temas, sin embargo mi opinión es que se puede mantener el voto preferencial”.

Si dos importantes representantes de la bancada mayoritaria están en contra de eliminar el voto preferencial, parece claro que esta reforma fundamental no se realizará. Y como tampoco se está planteando nada en el sentido de eliminar la participación de los movimientos regionales o poner requisitos mas fuertes para ella, pues se mantendrá el síndrome destructivo de la institucionalidad partidaria.  

Salaverry quizá se da cuenta de que mantener ese esquema impide la democracia interna, y tal vez por eso se opone a que los organismos electorales organicen las elecciones internas en los partidos. Obvio: las dirigencias tienen que poder reclutar a políticos locales con recursos. Si hay elecciones internas supervisadas, ese margen se achica.

De otro lado, sin embargo, el dictamen del grupo de Patricia Donayre mantenía el requisito para inscribir un partido de reunir un número de firmas equivalente al 4% del padrón electoral. Es una valla muy alta. Si se mantiene, se tiende a consolidar el monopolio de los partidos ya inscritos, lo que obligaría a que se conviertan en verdaderamente democráticos de manera que cualquiera que quiera hacer política y no tenga mas remedio que ingresar a un partido existente, pues tenga las garantías de que se respetará la voluntad de los electores internos si postula a un cargo partidario o a una candidatura.

Pero no hay consenso para que las elecciones internas sean universales –un militante un voto- ni para que los organismos electorales organicen dichas elecciones. Y menos serían éstas congruentes con mantener la nociva diada movimientos regionales-voto preferencial.

De modo que no hay lógica ni reforma por ninguna parte. Eso sí, Ursula Letona está de acuerdo –aunque a título personal- con el restablecimiento de la bicameralidad y con  la elección del Congreso junto con  la segunda vuelta presidencial o después de ella. Pero Fuerza Popular no ha discutido aun estos temas. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Tuvieron que pasar siete años y mucha presión mediática y política para que el Poder Judicial finalmente concluyera que un pasquín del Movadef, que exaltaba a niveles hiperbólicos la figura de Abimael Guzmán, hacía apología del terrorismo. Habría que preguntarse si detrás de esa demora no había algo de temor en los jueces, porque según trascendidos e informes oficiosos del Poder Judicial, el sindicato de Lima del Poder Judicial, el SUTRAPOJ, tendría una importante influencia del Movadef pues, de 14 delegados, 6 pertenecen a esa agrupación.

El hecho de que el Movadef pueda estar enquistado en el Poder Judicial y éste no pueda o no quiera hacer nada al respecto, nos sirve como introducción dramática al tema que queremos plantear: ¿es posible una reforma judicial “desde adentro”, considerando los intereses creados y la inercia del sistema? En realidad, existe un mito en torno a que la reforma judicial no se puede ni se debe realizar desde afuera. En la práctica, como veremos, los principales cambios en el sistema judicial vienen realizándose desde afuera. Y esa es la ruta que hay que profundizar.

Para comenzar, como sabemos, este gobierno ha puesto en marcha el Acuerdo Nacional por la Justicia (ANJ), promovido y coordinado por la Ministra de Justicia Marisol Perez Tello. Es decir, desde afuera, aunque quienes lo integran son los titulares de las entidades que deben reformarse: el presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (que acaba de renunciar en desacuerdo con la iniciativa de reforma de ese organismo) y el presidente de la Academia de la Magistratura. Funciona más como un mecanismo de coordinación –que no existía- entre los integrantes del sistema de justicia y de motivación para la ejecución de mejoras y pequeñas reformas en cada entidad. Se ven temas como la mejora de los protocolos de coordinación en los procesos que se llevan a cabo con el nuevo código procesal penal, o mejoras en los procesos vinculados a casos de familia. También la importantísima reforma del expediente digital. Recientemente se quiere discutir la reforma del CNM, por ejemplo.

Fuente: eljuegodelacorte.

La pregunta es hasta qué punto el ANJ tendrá la decisión de abordar los temas más difíciles, esos que suponen romper el statu quo interno de las instituciones componentes. El Acuerdo se propone, por ejemplo, plantear un modelo de gestión por resultados, basado en procesos eficientes. Veremos hasta donde llega, porque hasta la fecha no ha habido manera de instaurar un sistema de evaluación de desempeño de los jueces que rija sus ascensos y su permanencia. Hay problemas de gestión en los juzgados, las salas y las audiencias. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no funciona. El presidente del Poder Judicial debería serlo por un periodo de 4 años con más poderes ejecutivos y empoderando a la gerencia general. De lo contrario, todo es connivencia en torno al statu quo. La corrupción es grave. Algunos fiscales y jueces están vinculados a mafias o validan acciones de organizaciones criminales dedicadas a la usurpación de terrenos, por ejemplo. La OCMA carece de recursos y capacidades.

No se ve que en el ANJ se aborde esos temas.

Para comenzar, en las instituciones judiciales suele haber complicidad interna y horror a la transparencia. En el 2009 el PNUD donó al Poder Judicial un programa –que se usa en el FBI, por ejemplo- llamado I2, avaluado en 500,000 dólares, que permite descubrir desbalances patrimoniales, detectar robos o sobreprecios en las compras de la institución, etc. Se llegó a introducir en el programa información de la Reniec, de la Sunat, de la Sunarp, acerca de ingresos, bienes patrimoniales y vinculaciones familiares de los Supremos y gerentes en este caso, y también la información relacionada a las licitaciones y compras del Poder Judicial: las empresas que participaron y ganaron, las propuestas que hicieron, quiénes integraban las comisiones de adjudicación, etc. El programa llegó a hacer un informe que detectó desbalances patrimoniales en algunos supremos y descubrió corrupción en la compra de papel, por ejemplo. Con esa información el gerente fue despedido luego de un tiempo. Pero nada se hizo en relación a los Supremos. Más bien lo que ocurrió fue que al poco tiempo el programa sencillamente desapareció. Nadie sabe dónde está y hasta se ha perdido la memoria de su existencia. Un programa como ese sería de enorme utilidad, porque permitiría depurar las instituciones del sistema de justicia.

La misma fuente nos refiere que ese mismo año el Banco Mundial donó 4 equipos Forensic, que leen el espejo de las computadoras, para recuperar la data borrada. Pues bien, en la actualidad solo se ha encontrado uno. No se sabe qué pasó con los otros tres.

De acuerdo a nuestras informaciones, la corrupción en el Poder Judicial no solo es parte casi consustancial a la administración de justicia misma (ver libro de Jaris Mujica, “Micropoliticas de la Corrupción”), sino que sería aún más intensa en la parte administrativa de la judicatura. Las compras son un festín. Los gerentes generales puestos por los presidentes del Poder Judicial, no duran porque no pueden contra las fuerzas internas. Cesar San Martín tuvo dos gerentes públicos puestos por Servir, que tuvieron que salir por la resistencia del statu quo. Enrique Mendoza tuvo también dos gerentes generales, un marino y un gerente público de Servir, que tampoco pudieron cambiar el sistema. El de Ticona renunció en setiembre del año pasado y el cargo quedó vacante hasta la fecha.

Parte del problema estriba en que la mayor parte del personal administrativo está nombrado, de modo que es difícil exigirles nada y menos cesarlo por incompetencia o falta de trabajo. No solo eso, resulta que hay 23,000 trabajadores administrativos (sin contar los auxiliares jurisdiccionales que son unos 4,000) para 3,000 jueces. Una relación ¡de 8 a 1!, cuando debería haber menos administrativos que jueces.

Y ese número se incrementa a razón de 1,000 nuevos empleados por año. Aparentemente la autonomía les sirve para eso. Lo que ya resulta aún más escandaloso es el caso de las notificaciones. Se supone que con las notificaciones electrónicas el personal debía reducirse al mínimo. Pues bien, ¡aumentó! Pasó, en la Corte de Lima, de 183 personas antes, a 196 en la actualidad luego de establecido el sistema electrónico.

Es obvio que esta situación requiere de una intervención radical. Los jueces no se atreven a actuar porque dependen de los administrativos para tener papel, tonner, que funcionen las computadoras, la movilidad, etc. Los sindicatos que agrupan a los administrativos ni siquiera aceptan pasar al régimen de la ley de servicio civil, que les da los mismos o mejores beneficios que tienen ahora, pero a cambio de evaluaciones y de meritocracia. El Poder Judicial está en desacato frente a la ley de Servicio Civil. No la quiere aplicar, por presión de los sindicatos.

Para coronar esta situación resulta que el sindicato de Lima, el SUTRAPOJ, podría estar siendo manejado, en algo medida nada menos que por el Movadef, pues de 14 delegados, 6 tendrían vinculaciones a dicha agrupación. 

Pues bien, ante la resistencia a ingresar al régimen del servicio civil, existe una iniciativa en el Poder Judicial para contratar una consultora internacional que haga un estudio y recomiende la organización y los mecanismos de meritocracia interna que deberían establecerse en la administración. Pero, de acuerdo a nuestras fuentes, quien se opondría es precisamente el gerente general, y ya podemos imaginar por qué. Y tampoco el presidente del Poder Judicial ni el Consejo Ejecutivo muestran una voluntad clara de convocar la licitación correspondiente.

¿Cómo hacer para resolver esos problemas y todos los relativos a la parte jurisdiccional propiamente dicha? ¿Podrá el Acuerdo Nacional por la Justicia transformar organizaciones todavía en alguna medida patrimonialistas gobernadas por redes internas de poder que eventualmente se convierten en redes de corrupción, en organizaciones basadas en un orden interno meritocrático asegurado por evaluaciones de desempeño y orientado al cumplimiento de metas y resultados?

El ANJ es un buen esfuerzo y debería institucionalizarse. Se ha preparado un proyecto de ley para eso. Pero está integrado por las partes interesadas. Ese es su límite. Se necesita más. Y lo primer que hay que despejar es el mito de que la reforma no se puede hacer desde fuera, aunque con la colaboración y la participación de los jueces y fiscales, desde luego. Desde fuera y desde adentro, a la vez.

En efecto, de hecho, tenemos ya el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), una institución externa creada por la propia Constitución. Es decir, la propia Carta Magna señala el camino. Ahora se ha planteado la reforma de esa institución, precisamente porque un CNM de primer nivel ayudará a nombrar mejores jueces y fiscales y destituir a los malos. Es, decir, ayudará a cambiar el sistema judicial. Es una intervención desde fuera.

Pero la composición propuesta en el proyecto del Ejecutivo no es convincente. Mucho mejor a simple vista es la que propone Transparencia: que los miembros del CNM “sean designados por el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, el Banco Central de Reserva y la Corte Suprema. Además, el Jurado Nacional de Elecciones, con el soporte operativo de Servir, seleccionaría a tres miembros adicionales por concurso público de méritos”

Transparencia propone también eliminar el mecanismo de ratificación de jueces cada siete años a cargo del mismo CNM, porque esa intervención sí es nociva porque puede ser arbitraria y hasta corrupta. La alternativa sería transferir al Poder Judicial y al Ministerio Público la función de realizar evaluaciones de desempeño y productividad regulares que determinen los ascensos y, eventualmente, el retiro de los que no alcanzan las aptitudes necesarias, lo que, a su vez, demandará la aprobación de una ley de carrera judicial y fiscal. Esta es tarea del Congreso, otra intervención externa. Quizá un nuevo CNM podría supervisar esos procesos o tener participación en su ejecución. 

También el Ministerio de Justicia puede impulsar cambios en el sistema judicial. De hecho, ya lo ha venido haciendo por medio de la Secretaría Técnica de la Comisión de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, que ha monitoreado, en pared con el MEF, el largo proceso de implementación de ese código que está produciendo un verdadero cambio institucional y cultural en el sistema judicial-policial (aunque se requiere ajustes), pero que aún falta aplicarse en Lima. Otro caso de reforma “desde afuera”, relativamente exitoso, además.

Pues bien, sería bueno ampliarle el mandato a esa Secretaría para que promueva la “oralización” en todos los procesos (civiles y comerciales), la implantación de los sistemas de evaluación de desempeño en el Poder Judicial y el Ministerio Público, la introducción de expediente digital y la interoperabilidad, y lo que hemos llamado la  atención primaria de la justicia penal.[1]Esto en combinación con un sistema de presupuesto por resultados, de modo que se asigne más presupuesto en función del cumplimiento de metas y compromisos.

El Congreso, por su parte, debe intervenir no solo aprobando las leyes de carrera judicial y fiscal y la que amplíe el mandato de la Secretaría mencionada, sino dictando una ley para que el periodo del presidente del Poder Judicial dure cuatro y no dos años, transfiriéndole, además, atribuciones de decisión que ahora tiene la sala Suprema. Es decir, empoderándolo para que pueda hacer las reformas.

Y no nos olvidemos de la Contraloría. Su intervención tiene que ser certera y eficaz para erradicar la cantidad insondable de corruptelas que hay en la administración del Poder Judicial. Aquí no cabe la coartada de la autonomía administrativa. Son recursos de todos los peruanos que deben ser cautelados con rigor. Sí se requeriría probablemente una ley para que el MEF o Servir intervengan para racionalizar y reducir a su justa dimensión la hipertrofiada gerencia administrativa de la judicatura.

Sería bueno que el Acuerdo Nacional por la Justicia se pronuncie sobre estos puntos. La mayor parte de estas decisiones, sin embargo, están en manos del Congreso y del propio Poder Ejecutivo. Dependen de la clase política. No hay tiempo que perder. Ver también la primera entrega de este tema: El avance de las reformas del Estado es desigual. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Del conjunto de reformas que el país requiere para dar el salto que nos permita salir de la trampa del ingreso medio y no recaer en la pobreza, los Poderes del Estado, en el primer año de gestión del gobierno del presidente Kuczynski, han logrado avanzar de manera todavía incipiente y en distintas medidas en lo relacionado a desregulación y simplificación administrativa, digitalización del Estado, formalización tributaria, reforma policial, diseño de un nuevo sistema de inversión pública, reforma electoral y algunas iniciativas limitadas de reforma judicial. Pero todavía está en formulación la propuesta de reforma del sistema de protección social, que incluye la reforma integral de la Salud, de las pensiones y de la protección frente al despido (reforma laboral), no hay prioridad política para la aplicación de la ley de servicio civil y no hay planteamientos acerca de la necesaria reforma de la descentralización ni se están ejecutando aun estrategias para sacar adelante los proyectos mineros.

Comencemos por lo más avanzado y prometedor: lo relativo a un Estado moderno, digital, facilitador y profesional. Es decir, la reforma del Estado, o del Poder Ejecutivo, para ser más precisos. Aunque en esto los avances son desiguales, incluso en lo relativo a simplificación administrativa, que es donde se observa más determinación.

Fuente: zurse.com

Simplificación administrativa y desregulación

La simplificación administrativa no solo le hace la vida más fácil al ciudadano y a las empresas, sino que elimina oportunidades de corrupción. Se aprobó ya el reglamento y la metodología del llamado “análisis de calidad regulatoria” por el que tendrán que pasar cada tres años todos los procesos administrativos o trámites de los distintos ministerios y entidades públicas. De acuerdo al cronograma aprobado, este trabajo tendrá que estar terminado en setiembre del 2018. Las distintas instituciones realizan su propio análisis que es revisado y validado por una oficina central en la PCM. Los procedimientos que no pasen el examen serán derogados. Si esto se hace bien, puede ser una verdadera revolución facilitadora.

El Indecopi ha empezado ya a in-aplicar barreras burocráticas con efecto general, una atribución concedida por uno de los recientes decretos legislativos. Ivo Gagliuffi, presidente de Indecopi, nos informa que hasta la semana pasada se habían presentado 66 casos de inaplicación con efectos generales, todos declarados fundados aunque todavía en apelación o dentro del plazo de apelación. De ellos, uno, relativo a carnets de sanidad, es ya firme (ya no es posible exigir carnets se sanidad salvo para actividades que realmente lo necesiten, como manipulación de alimentos). Si la norma de inaplicación con efecto general hubiese estado vigente el año pasado, cuando se in-aplicaron, pero solo para el caso particular, 710 barreras burocráticas declaradas ilegales o carentes de razonabilidad, el ahorro potencial para el conjunto de ciudadanos y empresas habría sido de 1.17 millones de soles. El ahorro efectivo para las empresas que demandaron fue de  278 millones de soles.[1]      

De otro lado, en las reformas a la Ley del Procedimiento Administrativo General (DL 1272), se abrió la vía legal para que PCM vaya simplificando y uniformizando los textos únicos de procedimientos administrativos (TUPAS), estableciendo procedimientos estandarizados. Este es un trabajo complejo que todavía no ha producido frutos.  

Un tema clave es la simplificación de las licencias de funcionamiento (DL 1200 y DL 1271).Para esto es indispensable aprobar el nuevo reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSEs). Según Pierina Polarrollo, “el  proyecto está listo, y es muy bueno. Se elaboró sobre la base de una propuesta del IFC-Banco Mundial. Busca poner énfasis en las edificaciones que suponen mayor riesgo y simplifica enormemente el trámite para los locales de riesgo bajo (la calificación del riesgo se hace sobre la base de una matriz que contiene criterios muy objetivos). Y abre el camino para tercerizar las inspecciones en manos de empresas como SGS (aunque solo en caso de que las municipalidades lo quieran por el tema de la autonomía municipal)” 

Una mala noticia en este tema fue la ley aprobada recientemente por el Congreso que deroga un decreto del 2014 que eliminaba la obligación de renovar cada dos años las licencias o las inspecciones mencionadas. Un retroceso lamentable, que podría ser parcialmente atenuado con el reglamento arriba mencionado.

Respecto de los brevetes para  conducir, el ministro de Transportes Bruno Giuffra ha anunciado una reforma total al corrupto y kafkiano sistema actual: “Las licencias de conducir particulares durarán 10 años y para renovarlas solo será necesario un examen médico. ¡Vamos a modernizar todo!”, ha declarado. Estamos a la expectativa.

Pero donde no ha habido avance hasta ahora ha sido en la simplificación de las certificaciones ambientales en ningún sector: ni para obras de Vivienda y saneamiento, ni para inversiones en el agro, en minería y energía, obras viales, etc. En muchas ocasiones las exigencias en relación a estudios de impacto ambiental son francamente absurdas. Es algo vital que está pendiente.

Tampoco hay avances en la simplificación de los registros sanitarios para alimentos y medicinas (Digesa, Digemid). Un decreto legislativo que simplificaba el tema fue anulado por el Congreso, lamentablemente.

Digitalización del Estado

En lo que se refiere a digitalización del Estado, que es una reforma fundamental porque no solo trae enorme celeridad sino también transparencia y menor corrupción, por fin se ha empezado un trabajo serio. Durante el gobierno esto quedó librado a la iniciativa de las propias instituciones. La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), ubicada en la PCM, no ataba ni desataba. Desde noviembre del año pasado, sin embargo, el gobierno puso como directora de esa oficina a una ex funcionaria de Microsoft, Lienecke Scholl, que le ha dado un impuso notorio. A julio de este año 50 servicios web estaban ya en la plataforma de interoperabilidad y más de 200 entidades públicas hacían uso de esos servicios. Además, desde el 25 de julio fue posible pagar por internet (pagalo.pe) más de 50 trámites que antes había que pagar físicamente en las agencias del Banco de la Nación. Y el asunto, según parece, está recién comenzando. Se avisora  grandes avances en los próximos meses en este tema.

Además, la Sunat está desarrollando la tecnología para iniciar a partir del 2018 la masificación de los comprobantes de pago electrónicos, de modo que el 2019 el 100% de las transacciones en el país se efectúen de esa manera. Para ello los pequeños comerciantes podrán emitir dichos comprobantes desde sus celulares, incluso desde celulares simples, sin necesidad de que sean Smart Phones. Con ese sistema el pequeño contribuyente ni siquiera tendría que preparar su liquidación de impuestos, sino que esta le vendría preparada automáticamente por la Sunat. No solo eso, a fin de incentivar el uso de comprobantes electrónicos, la idea es que la Sunat pueda descontar también  automáticamente una parte del IGV que pagan los contribuyentes para aportarlo a su AFP o a Essalud, como una manera de generalizar las aportaciones y la cobertura de Essalud y del sistema de pensiones. Una verdadera revolución social y una reducción radical de la informalidad tributaria.

Una novedad que puede traer un cambio también revolucionario en el sistema judicial, es el expediente digital. Se está concretando un préstamo de 200 millones de dólares con el Banco Mundial para implementarlo. El Poder Judicial  tiene el apoyo del MEF en esto. Pero se está dejando la parte penal para el final.

Ley de servicio civil y presupuesto por resultados

Otra reforma crucial que forma parte consustancial de la reforma del Estado es la aplicación de la ley de servicio civil en todas las instituciones del Estado y a todo nivel. Es la implantación masiva de la meritocracia. Esta reforma, sin embargo, no ha merecido una prioridad política por parte del gobierno, algo que sorprende tratándose de un gabinete técnico que debería ser particularmente sensible a la profesionalización del Estado. Esperemos que esa voluntad política se forme en los meses venideros, porque no podemos seguir con una gestión pública de naturaleza patrimonialista, sobre todo en los gobiernos sub nacionales. 

Esta ley obliga a repensar los objetivos de cada institución y a redefinir el cuadro de profesionales que requiere en función de esos objetivos, y luego llama a concurso interno y externo para ocupar las plazas, y establece evaluaciones de desempeño para el ascenso y la permanencia. Además, algo muy importante, paga relativamente bien a los funcionarios de nivel medio y alto, severamente afectados por la reducción de sueldos que decretó de manera demagógica el ex presidente Alan García, debilitando el Estado.

Lo que no tiene sentido es, como lo dispuso una resolución del Tribunal Constitucional, aplicar esta ley al Banco Central de Reserva y a la Superintendencia de Banca y Seguros, que tienen desde hace mucho tiempo un sistema meritocrático y bien remunerado que les ha permitido alcanzar niveles de excelencia. La ley del servicio civil es un instrumento para que el sector atrasado del Estado acceda a niveles profesionales, pero en casos como los mencionados solo serviría para afectar negativamente estándares ya alcanzados. También debe advertirse el sin sentido de que el proyecto de ley del Congreso para excluir a estas dos entidades de la ley Servir, pretenda excluir de paso al personal administrativo del propio Congreso. Inaceptable.

Esa reforma, además, es indispensable para consolidar otra en la que sí hemos registrado avances, que es la de la instauración del presupuesto por resultados. En la actualidad el 71% del presupuesto nacional funciona en el marco de programas por resultados. Esto ha sido un logro del Ministerio de Economía Finanzas, en un proceso que comenzó con Luis Carranza cuando fue ministro de Economía del gobierno de Alan García. Pero, repetimos, no se sostendrá si no tenemos una burocracia profesional y meritocrática, y relativamente bien pagada.

Reforma de las descentralización

Pero en nuestro Estado hay un problema estructural: el proceso de descentralización, que ha transferido la mayor parte de las competencias del gobierno central a los gobiernos sub-nacionales sin que estos tengan las capacidades suficientes y dándoles una autonomía tal que impide al gobierno central intervenir cuando un gobierno sub-nacional desacata o no puede cumplir una disposición, una norma o una política nacional. El resultado es la pérdida de autoridad y rectoría del gobierno central, la imposibilidad de aplicar políticas sectoriales, la afectación severa del principio constitucional del gobierno unitario y la cuasi feudalización del Estado peruano.

Es indispensable una reforma que no solo le devuelva autoridad y capacidad de intervención y control al gobierno central, sino que redistribuya funciones de una manera racional entre los tres niveles de gobierno y recertifique la capacidad de los gobiernos sub-nacionales de asumir las funciones que les correspondan.

Otra falla grave de la descentralización es la referida a las capacidades discrecionales absolutas de gobernadores y alcaldes, la debilidad de la rendición de cuentas a las que están sujetos y la ausencia una segunda instancia en sus decisiones, una institución esencial para el buen funcionamiento de las instituciones democráticas y la protección de ciudadanos y empresas. Ver el Lampadia: Patente de corso para la corrupción

Empresas de saneamiento

Por último, está el tema de las empresas municipales de saneamiento (EPS), cuya gestión es un desastre al punto que los ingentes recursos que el Estado peruano invierte cada año en agua potable y redes se pierde en la corrupción e ineficiencias de estas empresas. No cabe duda que requieren una reestructuración profunda. Aquí la solución debió ser que el Estado capitalizara las ingentes deudas que tienen, sobre todo con el Fonavi, para concesionarlas a asociaciones público privadas (APPs), pero el nivel  primitivo de nuestra ideología económica impide hacerlo. De todos modos el ministerio de Vivienda, a través de la OTASS, ha empezado a intervenirlas para racionalizarlas y modernizarlas, algo que no se había hecho antes. En la actualidad 13 de las 48 EPS están en el régimen de “apoyo transitorio”, gestionado por la OTASS, y el resto ha ingresado a un programa de asistencia técnica. Es posible incluso que se contrate gerencias privadas para manejar algunas de ellas.

Donde sí se estableció por medio de un decreto legislativo la posibilidad de la intervención de APPs fue en la construcción y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua, como si la participación privada solo valiera para los desechos. Actualmente hay alrededor de 200 de esas plantas y ninguna funciona. Lamentablemente, el Congreso derogó el decreto legislativo que establecía esa opción. Sin embargo, uno de los frutos del diálogo entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori fue el acuerdo de enviar al Congreso un proyecto de ley que restableciera dicha solución. Este ya fue remitido y debería ser aprobado.

Este es el balance del avance de las reformas relativas al Estado, más específicamente, de las referidas al Ejecutivo, porque aquí no hemos hablado de la situación de las reformas judicial, policial y del Congreso. Lo dejamos para próximas entregas. Lampadia

Tras el reciente proceso de impeachment de su presidente, Corea del Sur enfrenta un futuro económico incierto; el cual ha sido analizado en un informe del Economist Intelligence Unit titulado “South Korea: Making up for lost time”. En mayo eligieron a un nuevo presidente, Moon Jae-in, con una plataforma de reforma agresiva, quien prometió a los votantes que se enfrentaría a la corrupción gubernamental y corporativa, particularmente los lazos entre el gobierno y los grandes conglomerados, conocidos como chaebol, que han jugado un rol dominante en el crecimiento económico de Corea del Sur (ejemplos de estas empresas son Samsung y Hyundai).

Fuente:  clarin.com

Los signos positivos para la economía son cada vez más aparentes. El Banco Central y el Fondo Monetario Internacional elevaron sus proyecciones para el crecimiento de este año, y el ministro de Finanzas, Yoo Il-ho, dijo que la expansión podría superar la proyección del 2.6 %. Se espera que las exportaciones aumenten por sexto mes en abril, y la confianza del consumidor se recuperó cerca de los niveles observados antes de que el escándalo político estallara a fines del año pasado.

Reformas en el mercado laboral

Una de las prioridades más inmediatas para el nuevo gobierno es la implementación de una reforma del mercado laboral, que incluye la creación de empleo y un aumento del salario mínimo. Dado que la administración anterior estuvo permanentemente envuelta en escándalos y crisis, hay mucho por hacer. Existen varios proyectos de ley de desregulación encaminados a eliminar los trámites burocráticos innecesarios, la creación de paraísos comerciales en todo el país y la liberalización de grandes sectores del sector de servicios que quedaron atrapados en la telaraña legislativa. Los proyectos de ley de reforma buscan crear un mercado de trabajo más flexible.

A pesar de la baja tasa global de desempleo de Corea del Sur de 3.7% en 2016, que se compara con un promedio de la OCDE de 6.3%, el mercado laboral local sufre de problemas estructurales cuyos efectos son cada vez más visibles. El mercado laboral del país se ha ido dividiendo cada vez más en un rígido sistema dual que consiste en un segmento privilegiado de trabajadores regulares y un conjunto menos protegido de trabajadores irregulares. Esta segmentación está perjudicando a los jóvenes, que a menudo luchan por encontrar trabajo regular. El desempleo de los jóvenes se elevó a un récord de 10.7% en 2016, aunque es probable que esta cifra subestime el problema, ya que muchos jóvenes graduados trabajan en puestos irregulares mal remuneradas.

En Corea del Sur, las PYME representan alrededor del 99% de todas las empresas y emplean el 88% de los trabajadores (siendo el resto las chaebols), según la Administración de Pequeñas y Medianas Empresas. Por lo tanto, no es sorprendente que Moon Jae-in se haya autodenominado el “presidente de los puestos de trabajo” durante su campaña. Su lista de promesas, que anunció que sería financiada por un plan de estímulo de US$ 8,800 millones incluye la creación de 810,000 empleos en el sector público y el aumento del salario mínimo.

La reforma chaebol

Además, una de sus principales promesas tiene que ver con las reformas financieras para evitar la nociva cercanía al poder de los ‘chaebol’, aquellos conglomerados industriales controlados por clanes familiares que muchas veces han participado de esquemas de corrupción con el sistema político.

El nuevo presidente Moon quiere presionar a los cuatro grandes, Samsung, Hyundai, SK y LG. “Tomaré la iniciativa para reformar a los conglomerados”, dijo. Según él, “las familias de los chaebols están en el centro de muchos delitos de cuello blanco, como el fraude fiscal, las cajas negras y la evasión fiscal”. Los directivos culpables de delitos financieros se han beneficiado a menudo de suspensión de penas, ya que los tribunales temen los riesgos económicos a los que se expondrían con castigos más severos.

Política de Rayo de Sol

El nuevo presidente surcoreano debe gobernar un país profundamente dividido entre conservadores que ven en Corea del Norte su principal enemigo, y liberales que quieren un acuerdo de paz con su vecino del norte. No obstante, se espera que Moon introduzca cambios importantes en la política exterior que sin duda afectarán el delicado equilibrio regional.

En principio, Moon pretende volver a la “Política del Sol”, de mayor cooperación con Corea del Norte, implementada desde 1998 por el entonces presidente Kim Dae-jung, y que le valiera el Premio Nobel de la Paz. El nombre proviene de “El Viento y el Sol,” una fábula de Esopo cuya moraleja indica que la persuasión es más poderosa que la violencia. La idea se basa en antiguos modos tradicionales coreanos de lidiar con los enemigos dándoles regalos para evitar que hagan daño.

Innovación y la Cuarta Revolución Industrial

Una tarea aún más formidable para el nuevo presidente será encontrar nuevos impulsores de crecimiento para la economía. Desde los años sesenta, el país ha estado construyendo agresivamente un sector intensivo en capital, orientado a la exportación, que se convirtió en su principal motor de crecimiento. Pero, según el Economist Intelligence Unit, Moon Jae-in asumirá el reto de diseñar un cambio de paradigma para la economía, que pasaría a ser  impulsada por la innovación en lugar de la fabricación orientada a la exportación.

Problemas nucleares

Según el Economist Intelligence Unit, las posibilidades de un conflicto militar en la península coreana siguen siendo bajas. La guerra nuclear es un resultado que todos los países involucrados quieren evitar. Las consecuencias serían inimaginables: una pérdida significativa de vidas, vastas extensiones de tierra deshabitadas, caos económico, cambio de régimen y desplazamiento de millones de personas.

El presidente ha pedido una combinación de negociaciones y cooperación económica junto con medidas militares y de seguridad. “Confío en liderar los esfuerzos diplomáticos que involucran a múltiples partidos, lo que conducirá al abandono total del programa nuclear de Corea del Norte, y traerá la paz en la relación entre el Sur y el Norte, la cooperación económica y la prosperidad mutua”, dijo Moon el pasado 25 de abril.

Sus reformas son muy audaces, Pero, después de nueve años de gobierno conservador, será difícil que Moon ponga en práctica su agenda, especialmente porque su partido demócrata ocupa sólo el 40% de los 299 escaños en la Asamblea Nacional. Para tener éxito, Moon tendrá que reexaminar cuidadosamente la eficacia y factibilidad de sus promesas de campaña e identificar las medidas más prometedoras.

Fuente:  cccspain.com

Por último, hay dudas reales acerca de hasta qué punto Moon podrá seguir hacia adelante con la reforma chaebol. Las administraciones anteriores no han podido reformar las estructuras de propiedad del chaebol ni limitar su poder de mercado. Después del escándalo político que llevó al impeachment del predecesor de Moon, hay un creciente impulso público para implementar reformas en Corea del Sur. Esperamos que Moon lo aproveche al máximo. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Se ha suscitado un conflicto entre la coordinadora del grupo que elaboró el proyecto de ley electoral y el presidente de la Comisión de Constitución. Aparentemente esta última decidió avanzar por medio de leyes parciales en lugar de revisar capítulo por capítulo el proyecto elaborado por el grupo de reforma electoral, desechando en ese sentido el proyecto en su integralidad.  

Fuente: cronicaviva.com

En realidad, no sabemos bien qué intenciones hay detrás de todo esto. El proyecto de ley contiene avances importantes pero también defectos y vacíos que debían ser revisados en la Comisión de Constitución. Parte de estos defectos y vacíos, sin embargo, devienen del hecho de que la propia Comisión de Constitución no hizo lo que debió hacer desde el principio: una discusión acerca de qué objetivos perseguimos con la reforma electoral y política y cuáles son las reformas que habría que hacer en el marco legal y constitucional para alcanzar esos objetivos. En esas condiciones el proyecto actual debió simplemente legislar lo indispensable para regular las elecciones sub nacionales del 2018, y no pretenderlo todo.

El hecho es que, como consecuencia, el proyecto no propone la eliminación del voto preferencial, ni la reducción del tamaño de los distritos electorales y menos aun la bicameralidad, por ejemplo. Y si uno de los objetivos de la reforma es reconstruir un sistema de partidos institucionalizados y abiertos a fin de reducir la fragmentación política y la pérdida de la autoridad central del Estado unitario, un tema que entra en discusión, por ejemplo, es si debemos permitir la existencia o bajo qué condiciones de los movimientos regionales. Como es obvio, si los alcaldes y gobernadores tuvieran que pertenecer a un partido o a un movimiento regional asociado a un partido, la instancia nacional del partido, o el congresista respectivo, o el gobernante, podrían llamar a orden a un alcalde o gobernador del propio partido que estuviera desarrollando acciones disruptivas o deficientes. En la actualidad, la mayor parte de alcaldes y gobernadores no le rinde cuenta a nadie y tampoco tienen balance de poderes en sus gobiernos.    

En realidad, es hora de tomar nota de la extrema fragmentación política y administrativa del Estado peruano, que atenta contra su carácter unitario y contra toda eficiencia en la gestión de los recursos y fomenta el asalto de los recursos públicos. Un reciente estudio sobre “la calidad de la inversión pública sin planificación territorial” de Alvaro Espinoza y Ricardo Fort, de Grade, identifica que en los barrios vulnerables de distritos periféricos de Lima como San Juan de Lurigancho, Villa El salvador y Villa María del Triunfo, no solo hay menos inversión pública proporcionalmente que en el resto de distritos sino que ésta es extremadamente atomizada y carente de integralidad, de modo que no resuelve los problemas que ataca. Las obras son pequeñas e incompletas: muros de contención y pistas que se quedan a la mitad, por ejemplo, o pistas sin veredas, o pistas pavimentadas sin que la troncal lo haya sido, etc. No hay planificación alguna.

Y la razón estriba en la manera como se deciden las obras. La gran mayoría son construidas por la municipalidad, pero la demanda viene de abajo, lo que no está mal, pero el problema no viene de los barrios que forman el distrito, sino de los llamados “asentamientos humanos” que forman los barrios. Dichos asentamientos humanos tienen apenas entre 50 y 150 familias, y cada uno tiene su propia dirigencia, sus propios problemas y prioridades. Si la dirigencia es activa y persistente, consigue finalmente que la municipalidad priorice su proyecto, que nunca supera los linderos del asentamiento. Por eso las pistas o los muros de contención terminan donde termina el asentamiento, y si el asentamiento vecino no ha programado la continuidad de la misma obra, esta se interrumpe. Pero como no hay planificación alguna, muchas veces se hacen pistas en áreas periféricas sin que esté construida la pista articuladora del barrio o distrito.     

Resolver este problema forma parte de la reforma del SNIP. Se supone que Invierte.pe es una mejor solución, pero no se avanzará si no se prohíbe obras menores a cierto tamaño o no se establece un sistema de planificación que asegura integralidad y enfoque territorial en la obra pública.  Quizá haya que poner el CEPLAN dentro del Ministerio de Economía para que esto funcione.  

Lo que nos lleva a la conclusión de que ni siquiera la reforma política como tal es suficiente para resolver el problema de la micro feudalización extrema  del Estado peruano. De allí la importancia de plantear los grandes objetivos para derivar de ellos el conjunto de reformas necesarias para alcanzarlos, en todos los órdenes pertinentes. Lampadia

La vida está llena de ironías. El presentador de televisión Donald Trump, terminaba sus programas con una expresión prepotente: “You are fired!” (¡Estás despedido!). No ha pasado mucho tiempo desde que Trump asumió la administración del gobierno de EEUU, y cada día crecen más los comentarios y críticas a su gestión, llegando al extremo de plantearse un eventual impeachment, su destitución: “You are fired, Mr. Trump!”.

En Lampadia vimos hace tiempo quién era Trump y en junio de 2015 publicamos en nuestro ticker: “Debemos declarar a Donald Trump persona non grata a la humanidad”. Para nosotros, no era necesario esperar a contabilizar los desastres que haría semejante personaje, para entender su naturaleza y reaccionar. Mala suerte, la mayoría de estadounidenses no la vió. Pero no olvidemos que Barack Obama dijo que Trump era: “Unfit to govern” (incapaz para gobernar).

Todos sabemos que los primeros días de Trump en el gobierno han sido tormentosos, aparte de sus dislates con los temas del comercio internacional, la relación con México, la migración, sus disfuerzos con la Otan, Europa y China, desde el primer día se confrontó de mala manera con los medios de comunicación, una de las catedrales de la institucionalidad estadounidense.

Era de esperarse, que la realidad lo fuera centrando. Efectivamente, así pasó con lo de la Otan, Europa y China, pero, en vez de asumir el camino hacia un comportamiento de estadista en los demás temas, durante los últimos días ha agravado sus acciones al punto de ponerse en la eventual encrucijada de un impeachment. Veamos sus nuevos escándalos: 

• Despidió a Michael Flynn, general retirado y primer asesor de seguridad nacional de Trump
• Despidió abruptamente al director del FBI, James Comey, quien estaba supervisando una de las investigaciones sobre las vinculaciones de Rusia en la política de EEUU
• Habría pedido al director del FBI, James Comey, que parara una investigación sobre vinculaciones entre Michael Flynn y Rusia.
• Amenazó a Comey con publicar cintas comprometedoras si continuaba filtrando información a la prensa.
• El 4 de marzo, Trump twitteó que Obama “había sido “wire tapped” en la Trump Tower justo antes de la victoria”.
• Reveló información clasificada de alta sensibilidad al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, y al embajador de Moscú en Washington,  durante una reunión que mantuvieron en la Oficina Oval de la Casa Blanca

Como se explica en el artículo del Foreign Policy, que reproducimos líneas abajo, más allá del comportamiento de Trump, algo que llama la atención de manera sorprendente, es que los republicanos no parecen inmutarse con la cadena de errores del presidente. No solo eso, hasta lo defienden y relativizan todas sus barbaridades. De alguna manera, como hemos leído en varios análisis, Trump y los republicanos están socavando la otrora sólida institucionalidad de EEUU, tradicional ejemplo de democracia, división de poderes y ‘checks and balances’ (contrapesos).

Como conclusión de esta experiencia, podemos decir que no se deben subsidiar los errores de un gobernante. No se mejora con esos malos favores, solo se empeora. El poder es ya una suficiente alteración de la capacidad de los gobernantes para mantener los pies sobre la tierra, como para que los supuestos amigos y partidarios del poderoso le hagan el favor de ignorar sus errores. Lampadia

Los republicanos necesitan abandonar su apoyo a Trump lo antes posible 

El problema de escribir sobre Donald Trump es que las críticas a su administración vienen tan rápido y son tantas que es difícil mantenerse al día. El mundo político ahora está zumbando por el informe que publicó el Washington Post este lunes por la noche, en el que se indica que Trump divulgó códigos secretos – en otras palabras, algo de la información altamente clasificada que el gobierno de los EEUU – al embajador y  ministro ruso de relaciones exteriores, durante una reunión en la Oficina Oval. Sí, eso es importante. Pero no se puede olvidar el despido de James Comey, que es, en definitiva, un escándalo aún mayor.

Dos días después de despedir a Comey, Trump fue a NBC y destruyó la historia que su propia administración había declarado sobre el despido, que se basaba en las declaraciones públicas del director del FBI sobre la investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton. “De hecho, cuando decidí hacerlo”, dijo el presidente a Lester Holt, “me dije a mí mismo: ‘Sabes, esta cosa de Rusia con Trump y Rusia es una historia inventada. Es una excusa de los demócratas por haber perdido una elección que deberían haber ganado”.

En esa misma entrevista, Trump confirmó que le había preguntado a Comey en al menos tres ocasiones distintas, si era un blanco de la investigación sobre la manipulación de las elecciones estadounidenses por parte de los rusos. Posteriormente, surgió que en enero, Trump cenó con Comey y exigió su lealtad, sosteniendo la amenaza implícita de que si no le era leal, no podría permanecer en el puesto. Trump le negó a Fox News que pidiera lealtad personal al jefe de la investigación de Rusia, pero luego rebajó sus protestas diciendo que no sería “inapropiado” hacerlo.

Como si eso no fuera suficiente, Trump amenazó al ex director del FBI de la misma manera que lo haría un jefe de la mafia a un subalterno que está pensando en entrar en el programa de protección de testigos. “¡James Comey debe estar rogando que no hayan ‘cintas’ de nuestras conversaciones antes de que empiece a filtrar información a la prensa!”, twitteó Trump el 12 de mayo.

Donald Trump no es el primer presidente de Estados Unidos en obstruir la justicia. Pero es el primero en presumir de ello en público.

Ya no importa si se puede demostrar que Trump ha colaborado ilícitamente con el Kremlin para influir en el curso de las elecciones, algo que sería difícil de probar y aún más difícil de procesar, como señala David Frum en The Atlantic. Trump ha cometido obstrucción de la justicia e intimidación de testigos a simple vista – y como argumenta Laurence Tribe, uno de los principales estudiosos de la ley constitucional de la nación, esto debiera ahora conducir al proceso de impeachment (destitución). “Decir que esto no sube por sí mismo al nivel de” obstrucción de la justicia “, escribe,” es vaciar ese concepto de todo significado”.

Uno podría agregar otro cargo a la documentación del impeachment, si es que Trump efectivamente reveló códigos secretos a los representantes de Rusia. Tal acción es criminal si cualquiera que no sea el presidente lo hace; en el caso del presidente, es potencialmente otra base del impeachment.

Sin embargo, no es probable que se inicie una investigación de destitución por la sencilla razón de que pocos o ninguno de los miembros del partido gobernante en Washington están de acuerdo con el análisis de Tribe. En la semana que ha transcurrido después del abuso de autoridad presidencial más grave desde Watergate, ningún miembro del gobierno de Trump ha renunciado en protesta. Lejos de eso: la embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, afirmó  falsamente en ABC News que: “El presidente es el CEO del país. Puede contratar y despedir a quien quiera”. Haley tal vez quiera releer la Constitución, que no menciona nada sobre un CEO, pero afirma que el presidente debe “asegurarse de que las leyes sean ejecutadas fielmente”.

Incluso el Subprocurador General Rod Rosenstein, quien fue engañado para servir como una tapadera del despido de Comey, ni renunció ni nombró un abogado especial. Al parecer, no le importa mucho que su reputación profesional haya sido destruida por el comandante en jefe.

En Capitol Hill, alrededor de 40 republicanos de un total de 290 han planteado preguntas sobre el despido de Comey, pero sólo seis han pedido una investigación independiente y sólo uno a pedido un abogado especial.

Lejos de criticar a Trump, muchos republicanos lo están alentando.

Petroperú está muy lejos de ser una empresa, por sus características, como veremos más adelante, es más bien una OPP, una ‘Organización Para-Política’. Un ente que está al servicio de los políticos que ostentan la administración del Estado y sus agencias.

Con tal de conseguir unos cuantos votos, nuestros políticos parecen estar dispuestos a deshacer los fundamentos que nos permitieron crecer sostenidamente, bajar la pobreza y reducir la desigualdad desde hace 25 años. Uno de esos fundamentos es justamente, no alentar la actividad empresarial por parte del Estado. Y eso es lo que se acaba de derribar con la norma aprobada por el Congreso para que Petroperú explote el Lote 192. Los peruanos que padecimos la gran parálisis del país de los años 60, 70 y 80s, lo recordamos bien, porque estas medidas producen los efectos contrarios a los que ofrecen. (Ver en Lampadia: Coraje no más populismo). Las empresas estatales son de una ineficiencia de escándalo y, por si fuera poco, son focos de corrupción insondables. Preguntémonos nomás cuantos peruanos recibimos un servicio aceptable de agua y desagüe.  

Suficientes problemas y limitaciones tiene el Estado para proveernos una justicia decente, buena educación, salud adecuada, infraestructura de primer nivel y sobre todo seguridad, como para que ahora intente meterse en una actividad para la que no tiene ni la experiencia ni los recursos.

Petroperú no califica como una empresa, es una “OPP” (Organización Para-Político). Los gobiernos de los últimos quince años la han empleado para una serie de asuntos, no precisamente santos: ¿Recuerdan que fue esta petroleara la que pagó  la remodelación de Palacio de Gobierno durante la gestión de Alejandro Toledo y que hubo una serie de irregularidades?

En esa misma época Petroperú fue privado de todo control estatal. Quedó fuera del ámbito de Fonafe, el organismo que representa al Estado en su rol de accionista en las empresas del Estado. Además dicta las normas y la forma en que debe actuar las compañías que estatales. También se retiró a Petroperú de la obligación de pasar sus compras, adquisiciones y contratos por el aro del Organismo Supervisor de Compras Estatales (OSCE). Lo que le ha permitido, actuar discrecionalmente. O sea, esta joyita, en esencia, no tiene accionistas y no se controlan debidamente sus adquisiciones. Además, tremenda estructura, no tiene gobierno corporativo (dicen que esta en desarrollo, como si acabara de ser fundada), no tiene directores independientes, no tiene acciones en la bolsa y por lo tanto los controles básicos para una ‘empresa’ de ese tamaño. 

Durante el gobierno del Apra, los escasos controles y las facilidades que se le dieron para participar en operaciones de exploración petrolera (solo en calidad de socia), llevó a esta petrolera a suscribir un dudoso contrato con la desconocida noruega Discovery, patrocinada por Rómulo León Alegría y el folclórico dominicano Fortunato Canán. El resultado: el llamado escándalo de los Petroaudios.

Ahora, con Humala, la cosa es casi una broma: A fines del 2013 se promulgó la Ley 30130 (sí la misma que ahora es anatemizada porque le ponía un candado a Petroperú para hacer nuevas inversiones puesto que se le estaba  regalando el desarrollo de la onerosísima nueva refinería de Talara). La norma autorizaba la venta del 49% de acciones y que en 270 días ordenaba maximizar el valor de la compañía (como si esto se pudiera hacer por decreto). Como señaló Iván Alonso, “vencido el plazo, lo que ha logrado la empresa para reorganizarse integralmente ha sido otro chiste de humor negro. En primer lugar, en materia financiera, pasó de ganar unos ínfimos 92 millones de soles en el 2013 a perder 95 millones en el 2014”.

Y luego de esta  lamentable performance, todos los partidos políticos, excepto el Apra, se sumaron a la idea de permitirle a Petroperú que ingrese a la exploración por la simple movilización de algunas olas populares en Loreto, dirigidas por su Gobernador.

Tampoco faltan los que argumentan por favorecer estos desarrollos con dinero del Estado por el supuesto rol estratégico de algunas empresas. Como dice Ian Váquez en su artículo El mito de los sectores estratégicos: “El argumento de que ciertos sectores son estratégicos por razones económicas o de seguridad ha llevado a que políticos en distintos tiempos y partes del mundo hayan perjudicado una y otra vez a sus propios países, a veces de manera desastrosa”.

“Para países en desarrollo que sufren de una débil institucionalidad, el error más común es dar el manejo de los supuestos sectores estratégicos al Estado. Cuando se trata de recursos naturales, esa política tiende a agravar la corrupción y desalentar todavía más a políticas que permiten la creación de la riqueza, ya que el Estado vive del dinero fácil y no se preocupa por hacer reformas necesarias. En el peor de los casos, el resultado es el empobrecimiento de un país rico en recursos, como ha ocurrido en el Perú en el pasado y claramente ocurre en Venezuela hoy”.

“Incluso cuando no se trata del peor de los casos, la experiencia desacredita la idea de que el sector público es mejor gestor que el privado. Según el experto Piotr Kaznacheev, por ejemplo, el ingreso neto por barril de las empresas petroleras privadas más importantes del mundo ha llegado a superar a las de las empresas estatales más importantes por 87%. Petrobras es una de las empresas estatales que más gana por barril, pero aun así recibe la mitad de lo que perciben las privadas y es una fuente enorme de corrupción”.

Ya es hora de que vuelva la cordura y que este ‘organismo’ que es manejado según los antojos de los gobiernos de turno, opere como debe, alejado de los escándalos de las petroleras estatales como los de PDVSA, Petrobras y Pemex. (Ver en Lampadia: El Estatismo alienta la ineficiencia y la corrupción). Justamente, México acaba de reformar su legislación para permitir que los privados ingresen a la actividad privada y reconvertir a Pemex en una petrolera competitiva. Basta de crear focos de ineficiencia y corrupción manteniendo esta ‘caja no-chica’ en manos de los gobernantes de turno. Lampadia