Jaime de Althaus
Para Lampadia

La encuesta del IEP publicada ayer confirma el ascenso de Yonhy Lescano y coloca a Verónika Mendoza en segundo lugar, aunque prácticamente empatada con los tres que le siguen:

Si estas tendencias se confirman en la encuesta de Ipsos que debe salir el 14, es posible que una parte de quienes pensaban votar por Hernando de Soto u otros candidatos se inclinen al final por Keiko Fujimori o Rafael López  Aliaga (que ha tenido un crecimiento muy veloz) para evitar que la segunda vuelta quede copada por candidatos de izquierda.

Pero hay acá un error de percepción, porque lo que pasa es que muchos no ven a Lescano como un candidato de izquierda. Según esta encuesta, la intención de voto por el candidato de Acción Popular está igualmente distribuida entre quienes se identifican a sí mismos como de izquierda, centro y derecha. Más claro aún, resulta que Lescano recibe una intención de voto proporcionalmente más alta en el sector AB que en C y D/E.

La marca de Acción Popular, asociada al centro político, disfraza el izquierdismo de Lescano. En el sector AB Lescano es conocido como defensor de los consumidores, pero es probable que aún no se conozca la verdadera naturaleza de sus propuestas. Cuando ello ocurra, podría perder votos en el AB (y también en los demás niveles) y entre los que en esta encuesta se auto califican como de derecha. Esos votos podrían ir a López Aliaga –que, además, tiene techo para crecer en sectores populares, aunque su extracción social no le ayude- o a Keiko Fujimori.

De hecho, las contradicciones entre el discurso del candidato presidencial (y el propio plan de gobierno) y el discurso de algunos candidatos al Congreso ya ha aparecido.

• Lescano propone nueva Constitución cambiando el capítulo económico, por ejemplo, para que los recursos mineros extraídos no sean de las empresas mineras sino del Estado. Es decir, la nacionalización a la boliviana de los recursos naturales, el modelo Evo Morales[1] (lo que, por supuesto, alejará toda inversión minera, como ha ocurrido con el gas en Bolivia).
• Y también que el BCR ponga controles o topes a las tasas de interés de los bancos.
• El plan de gobierno, por su parte, propone “desglobalizar la economía”, una suerte de retorno al proteccionismo de los 70, entre otras medidas.  

Pero la candidata al congreso María del Carmen Alva, sobrina de Javier Alva Orlandini, aclaró el sábado en El Comercio[2] que probablemente no haya consenso en la bancada para una nueva constitución y que si bien se requiere modificar la parte política, el capítulo económico no se va a modificar. Agrega, “nosotros estamos de acuerdo con la economía social de mercado, esto no se va a modificar… Y el rol subsidiario del Estado, tampoco”.

El candidato Pedro Morales también ha remarcado que AP cree en el rol subsidiario del Estado y en una economía social de mercado, de modo que no debe cambiarse el capítulo económico de la Constitución.

En cuanto a la nacionalización a la boliviana de la minería, Alva señaló claramente que “esta es una idea debatible, y se verá en el próximo Congreso si tiene consenso. Acción Popular está a favor de la inversión minera, … Nosotros queremos una minería responsable, … Acción Popular no va a presentar ninguna norma que desaliente la inversión privada, de ninguna manera… Acción Popular es un partido de centro, que cree en la inversión privada y extranjera, …”.

Precisó también que “Acción Popular no va a plantear control de precios de ninguna manera…, sino que así como existe Osinergmin y Osiptel, que son reguladores, ver la posibilidad de crear un regulador autónomo del Minsa…, que vea la calidad de las medicinas que se compran y que los precios no se disparen”.

Aquí hay una confusión que sí es común tanto a Lescano como a muchos de sus candidatos. Morales, por ejemplo, sostiene que “la educación, vivienda, salud, sobre todo los servicios básicos, se han convertido en un negocio y el Estado no hace nada”. Pero hacer empresa en educación, vivienda y salud es bueno, no es malo. Ayuda a ampliar y mejorar los servicios. Y no puede haber empresa sin utilidades. Las utilidades no son malas. Son el motor de la inversión. No se puede creer en la economía de mercado y en el principio de subsidiariedad, y proscribir la inversión privada de esos sectores. Es una contradicción. Y la manera de asegurar que no haya precios excesivos, es la competencia.

Más bien quien es muy malo dando esos servicios, es el Estado. Allí está el problema, no en el sector privado. Lo que debe plantearse es una reforma profunda de los servicios públicos, introduciéndoles precisamente elementos de gestión empresarial, meritocracia y gestión por resultados, lo que implicará enfrentarse a grupos de interés enquistados. Lampadia

Jaime Lucioni Belaúnde
5 de agosto de 2020.
Para Lampadia

La actuación de los congresistas del partido político Acción Popular pasará a la historia, como una lamentable, triste, desilusionante, defraudante actuación contra los principios e ideología partidaria, contra sus correligionarios y los votantes que les depositaron su confianza.

Es muy decepcionante que, el partido más veterano del Congreso y el más votado en las últimas elecciones, por tanto, con la mayor representación parlamentaria, sea el ÚNICO partido político que ha emitido su voto en las tres opciones: 4 a favor, 7 en contra y 12 abstenciones en la moción de confianza al gabinete que preside el Premier Cateriano y sus ministros.

Han demostrando que es un partido político acéfalo, que carece de dirección, sin unidad, falto de concertación y diálogo, desprovisto de perspectiva y por lo visto, sin un futuro cierto para pretender gobernar el país.

Una bancada personalista, que se había reunido previamente con el Premier Cateriano, donde tuvieron oportunidad de seguir los protocolos en política, para plantearle las propuestas que consideraban; pudieron dialogar, negociar y consensuar lo que creían se debía incluir en el discurso y plan de gobierno, para emitir su voto a favor. Pero al tener tan dispares opiniones – que ni ellos mismos se ponen de acuerdo – mal podrían sentarse con terceros a consensuar con nadie.

Es muy triste ver que el Partido Acción Popular, fundado por Fernando Belaúnde Terry, dos veces presidente de gobierno y un gobierno de transición, va sin rumbo, no tiene organización, no tiene presidente… con unos congresistas sin el mínimo sentido de estado para actuar con coherencia y acepción de servicio.

Acción Popular ha firmado su acta de defunción, es imperiosamente necesario por la salud del país, que se renueve, se reestructure y que “limpie la casa” de los oportunistas, corruptos e improvisados.

Tenemos un Congreso oportunista que ha demostrado falta de madurez, dedicado a legislar para el corto plazo, con leyes apresuradas y mediáticas, con fines populistas, de protagonismo, creyendo que esas medidas les traerán más votos de cara a las inminentes elecciones generales.

Decepcionante este Congreso mediocre y aprovechado. Ha dejado al país a la deriva en plena pandemia, en momentos de la mayor crisis – Sanitaria y Económica – que nos haya tocado vivir. Esto no será olvidado; todo por defender algunos intereses particulares subalternos y por cálculos politiqueros, verdaderamente deleznables. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

Acción Popular nunca fue un partido caracterizado por su consistencia ideológica. Su slogan “El Perú como Doctrina” engloba una vacua definición en la que cupo desde el tímido reformismo agrario y el desarrollismo de los 60s hasta la tímida apertura económica de los 80s. Sin embargo, Fernando Belaunde Terry (FBT) fue además de un demócrata, un hombre constitucional, ajustado al Estado de Derecho y respetuoso de los pilares centrales de nuestra economía: trabajo, propiedad, empresa, libertad económica y estabilidad jurídica.

Si, como dice la expresión cotidiana, FBT pudiera resucitar y viera en que se ha convertido su partido, seguramente volvería a morir, fulminado por la vergüenza de lo que hoy, en su nombre, los acciopopulistas le están haciendo al Perú. Dejo a salvo honrosas excepciones de acciopopulistas que no calzan en esta reflexión, pero que ya no cuentan en la historia presente de ese partido.

• Avalaron al Presidente Vizcarra en su afán de controlar el Tribunal Constitucional y en el cierre inconstitucional del Congreso el 30.09.19 capitaneados por un par de populistas provincianos, de ideas e iniciativas más bien marxistoides, que empuñan la lampa como enseña de confrontación y no de cooperación popular: Lescano y Mesías Guevara.  FBT urgido tantas veces para cerrar el Congreso obstruccionista de la alianza del APRA con el Odriísmo entre 1963-1968, se negó a hacerlo porque entendía que la distribución del poder efectuada por la voluntad popular debe ser respetada aun a riesgo de perder el poder, como a él le sucedió el 3 de octubre de 1968 en que fue derrocado.
• Se subieron a la popularidad de Martin Vizcarra y cosecharon las ventajas del cambio del Congreso. Como no estaban preparados ni lo están para conducir este país, reclutaron pulpines, humalistas, ex apristas, toledistas, militares y ciudadanos de todo pelaje para llegar, porque el poder era el objetivo.  Un objetivo que FBT había demostrado que no era válido si implicaba pasar por encima de las reglas básicas de la democracia.
• Ya en el Congreso, desplegaron la artillería pesada en contra del sistema económico con iniciativas tan contrarias al pensamiento de FBT como las siguientes:
  • Perforaron el sistema de AFPs con la ley que habilita el retiro del 25% de los aportes, abriendo el boquerón que buscan la izquierda y los demagogos no para que los aportes pasen a sus titulares (lo cual sería preferible), sino para que pasen, so -pretexto de una “reforma integral del sistema” a manos del Estado, tal y como ya pasó en Argentina donde las necesidades fiscales dejaron sin cuentas de capitalización a millones de argentinos. ¿Sabrán las consecuencias de esto los votantes de AP que cuentan entre los más de 7 millones de afiliados a las AFPS en el Perú?
  • Perforaron la sostenibilidad de las empresas a cargo del mantenimiento de las carreteras y por ende la conservación misma de las vías de comunicación, mediante una ley de gratuidad de peajes. Los acciopopulistas de ahora torpedean la red vial del país, tema precisado y vital en la agenda política de FBT, que dedico sus dos gobiernos a construir carreteras y comunicar pueblos.
  • Lograrán la concentración del sistema financiero nacional en manos de los pocos bancos que podrían resistir el congelamiento de las tasas de intereses en los préstamos bancarios propuesto en el proyecto 05006 que han presentado. El avance de años en la competencia en el sector financiero, gracias a la irrupción de las microfinanzas en el mercado quedaría sin efecto por una medida populista como esta. Edpymes, cajas y bancos chicos quebrarían y los prestatarios volverían a las épocas en las cuales para recibir un crédito había que otorgar prebendas. Anthony Novoa Cruzado es el nombre del acciopopulista a cargo de impulsar estas iniciativas aparentemente muy populares pero muy tóxicas en el mediano y largo plazo.
  • Destruirán la salud privada al aprobar, llevados de las narices por los legisladores comunistas del Frente Amplio, la virtual confiscación de los equipos, infraestructura y personal médico de los centros de salud privada, so pretexto de la emergencia, sin pagar más que el costo de mantenimiento de dichos bienes privados. ¿Sabrán los votantes de AP que gracias a sus congresistas la salud privada correrá la misma suerte que la salud pública dirigida por el Frente Amplio?
  • Afectarán la autonomía del Banco Central de Reserva al asaltarlo y cambiar a sus directores antes de que venza el período constitucional para el cual fueron elegidos.  Hans Troyes y Wilmer Bajonero son los acciopopulistas encargados de protagonizar este nuevo golpe de estado, esta vez al BCR. ¿Sabrán los votantes de AP que sus congresistas quieren cambiar de manos la conducción del BCR para que la maquinita de los 80s vuelva a emitir billetes sin sustento que nos llevaron a la hiperinflación?
  • Si lo anterior no fuera suficiente para avergonzar a FBT, la propuesta del congresista de AP Orlando Arapa Roque si lo haría, ya que lo planteado por este va en la dirección contraria de la “Hermandad Lationoamerica” que Belaunde propugnó en su famosos discurso de Punta del Este en los años 60 y que luego pretendió materializar geográficamente en su segundo gobierno uniendo por vía fluvial las cuencas del Plata, el Amazonas y el Orinoco. La miopía y la urgencia electoral del congresista citado lo ha llevado a plantear la anulación de los Permisos Temporales de Permanencia de los 800,000 migrantes venezolanos que están en nuestro país y que huyeron de la calamidad socialista a la que nos levarán también las medidas de AP. FBT jamás hubiera estado a favor de un guiño tan descarado al chavismo y a Nicolás Maduro.

Populismo ramplón, cortoplacismo miope, desconocimiento de las reglas esenciales de la economía, afectación a la propiedad privada, irrespeto a los contratos y la estabilidad jurídica, nunca fueron parte del abanico, amplio pero razonable, de posibilidades ideológicas de Acción Popular. Mucho menos lo fue ser cómplices de un dictador como Maduro o cómplices del gabinete de los 140,000 infectados, 4,000 muertos y el primer lugar en población contagiada de América Latina pese a haber destruido empresas y empleo para lograrlo. FBT no hubiera pagado la curul concedida por el señor Zevallos con el voto de Confianza. FBT hubiera votado por el pueblo peruano, no por el poder ni la curul.

Naturalmente, la responsabilidad no sólo es de estos nuevos actores del acciopopulismo siglo XXI.  Es también de los electores de ese partido que los eligieron creyendo que votaban por Ulloas, Paniaguas, Arias Estelas, Garcías Cáceres o Zamalloas, viejas y respetables figuras del acciopopulismo. El voto tiene responsabilidades, así venga en lampa. Tendrán que asumirlas.

Mientras tanto, si FBT pudiera resucitar, sin duda volvería a morir. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En Cajamarca muchos votaron para gobernador regional por el candidato de Acción Popular, Mesías Guevara, pensando que no tendría una posición anti-minera o contraria a proyectos importantes como Conga y otros. Pero lo primero que ha hecho el candidato electo, es desengañar a sus votantes.

Ver en Lampadia: Comunidades de Cajamarca cercanas a Conga están a favor de la mina – Comuneros de Sorochuco y Huasmín: ¡CONGA VA!

Licencia social

Con los mismos argumentos que usó, sin embargo, debería apoyar ese proyecto, porque la realidad es la opuesta a las afirmaciones que hizo. Declaró, por ejemplo, que Conga seguiría en suspenso y que todavía debe obtener licencia social de su área de influencia. Pero resulta que Conga tiene y siempre tuvo licencia social de las 32 comunidades que conforman su área de influencia. Quienes se oponían eran sectores de poblaciones más lejanas, de las ciudades de Celendín y Bambamarca, por razones políticas e ideológicas. Pero sus alcaldes electos ya no pertenecen a esas corrientes.  

Ecuación Hombre – Agua

Luego explicó que “el partido tiene una conciencia ecológica pues Fernando Belaúnde estableció la ecuación hombre-agua…”. Pero cuando Belaunde habló de dicha ecuación se refería a la necesidad de construir irrigaciones y represar el agua para atender al crecimiento poblacional. Pues resulta que Conga represó la laguna de Chalguagón precisamente para regularla de modo que los campesinos quebrada abajo pudieran tener agua en las épocas de estío. Es decir, creó un activo ambiental e hidráulico contribuyendo a mejorar la ecuación hombre – agua. No solo eso, Yanacocha convirtió un tajo abierto en la gran laguna de San José, que abastece de agua regulada a cientos de familias campesinas.

Compras en la Región

Luego afirmó que “Yanacocha no compra carne ni queso a Cajamarca, ni siquiera un periódico”. Aquí el desconocimiento es monumental. En mi libro “La Revolución Capitalista en el Perú” (FCE, 2007) yo investigué este tema, y me sorprendió encontrar que la minería en Cajamarca ya no era una minería de enclave, sino que estaba muy integrada a la economía regional y nacional. El año anterior la mina había comprado más bienes y servicios en el Perú (516 millones de dólares) que en el extranjero (95 millones). En la región misma había adquirido 103 millones de dólares en bienes y servicios. Esta cifra incluía compras a ferreterías, a empresas constructoras y de movimiento de tierras, a empresas panificadoras y de alimentos, y también la confección de todos los uniformes que se usaban en la mina por un proveedor local, servicios de maestranza, hoteles, bancos, restaurantes, etc.

Las compras de Yanacocha en la región doblaban el monto de todas las compras de leche de Nestlé y Gloria en la cuenca de Cajamarca, que eran del orden de 25 millones de dólares. Existía el caso de un ingeniero cajamarquino que regresó a su tierra, puso una pequeña planta de quesos -la empresa Huacariz-, empezó a venderle a la mina, creció y extendió su mercado a Chiclayo y Trujillo.

Según me informaron luego, hasta el 2016 Yanacocha había destinado más de 2,400 millones de dólares en adquisiciones solo en Cajamarca. Sigue comprando quesos y productos lácteos de empresas cajamarquinas, así como truchas, cuyes, papas, entre otros alimentos. Lo mismo sucede con productos como los relacionados a ferretería o agroquímicos, que en muchos casos no solo se compran, sino que se producen en Cajamarca. 

No solo eso: todos aquellos servicios que pueden ser prestados por empresas locales están 100% contratados en Cajamarca: movimiento de tierras, hotelería, servicios ambientales, limpieza, alimentación, entre otros. Justamente una empresa cajamarquina, Servicios Alimenticios Corporativos (SAC), es la que brinda todos los servicios de alimentación en comedores y campamentos.

Entonces cabe preguntarse cómo es posible que el gobernador electo de Cajamarca, que ha sido congresista y es un hombre culto, esté tan desinformado respecto de las compras de Yanacocha en la región. El volumen de dichas compras es tal que debería llevarlo a pedirle a la empresa que realice la inversión en Conga a fin de favorecer aún más la economía Cajamarquina. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Lamentablemente la presentación del presidente Pedro Pablo Kuczynski anoche dejó en claro que su empresa Westfield Capitals tuvo contratos con Odebrecht para levantar fondos para proyectos del Estado peruano mientras él era ministro, y que él percibió alguna utilidad de eso. El argumento del Presidente es que él no sabía de esos contratos porque todo lo dejó en manos del señor Sepúlveda, y que él no hizo gestión alguna para favorecerlos. Y que, por último, si había un grado de conflicto de interés, eso no califica para una vacancia presidencial porque él no es corrupto. 

Fuente:elperuano.pe

Jugó también la carta política al argumentar que no se está respetando el debido proceso en el pedido de vacancia y que éste forma parte de una estrategia de asalto a la institucionalidad democrática. Con esa tesis termina de enajenarse a la bancada fujimorista, aunque lo que busca sea probablemente conseguir la inhibición de las bancadas más sensibles a ese argumento, como las de Nuevo Perú, Acción Popular y quizá Alianza para el Progreso. 

No vamos a entrar a discutir la pertinencia de la tesis del asalto a la democracia, salvo decir que, así como la acusación al Fiscal de la Nación tiene un tufillo autoritario y vindicativo, la acusación constitucional a cuatro miembros del TC, en cambio, se justifica plenamente por razones que ya hemos explicado en varios artículos y, además, ni siquiera fue presentada por Fuerza Popular. Sí vale hacer notar la coincidencia entre ambas partes en el juicio por adelantado, en la condena sin pruebas: se acusa al otro de dar un golpe de la misma manera como se es condenado si haber sido escuchado. Pues también es cierto que en el debate del viernes pasado en el Pleno algunas bancadas usaron un lenguaje cercano al linchamiento y anunciaron su voto por la vacancia sin haber escuchado al Presidente.  Hay que decir, de otro lado, que si bien se está siguiendo el procedimiento establecido en el reglamento, queda claro ahora que ese procedimiento es demasiado sumario para una decisión tan grave, y debería ser modificado para el futuro. 

Por lo demás, ni siquiera se está usando el tiempo máximo previsto, que hubiera permitido que asista primero a la Comisión Lava Jato a fin de que la decisión final, sea cual fuere, pudiera estar mejor fundamentada. Porque el argumento de que este es un juicio político y no penal es relativo: desde el momento en que ha una sanción (la destitución), debe existir un proceso debido. Pero en la medida en que el propio Presidente admite que los ingresos de su empresa y algunos de los dividendos que recibió proceden de asesorías a proyectos del Estado peruano ocurridas cuando él era ministro, aunque él no supiera, puede tener su suerte ya echada. Por eso, en el caso penoso en que proceda la vacancia presidencial, la obligación de la clase política es asegurarnos de que la nueva situación sea lo menos traumática para el país y para la economía de los peruanos. Sería lamentable, por ejemplo, que los buenos ministros de este gobierno –Bruno Giuffra y Carlos Basombrío entre otros, por ejemplo-, que están desarrollando una agenda promisoria, tuvieran que salir del gabinete. No podemos darnos el lujo de dejar abandonadas a la mitad reformas, políticas y proyectos importantes. Tampoco podemos permitir que el periodo de incertidumbre dure demasiado. De hecho, no cabe duda que desde ya casi toda decisión de inversión en el sector privado ha sido puesta en pausa a la espera de que se consolide una situación estable. Esto va desde Quellaveco hasta decisiones de compra de las personas, pasando por toda clase de decisiones de empresas grandes, medianas y pequeñas. Es una lástima que la recuperación de la economía que ya había empezado, se vea frenada de esta manera.

Por eso, el escenario que deberíamos buscar, en el caso proceda la vacancia, es el de un acuerdo político entre el vicepresidente que asuma la presidencia y el Congreso –principalmente Fuerza Popular- en torno a un plan de trabajo conjunto de aquí al 2021. Ese acuerdo debería ser negociado por el Presidente entrante antes de asumir o en los primeros días de su gestión, y debería incluir un gabinete conversado e incluso, de ser posible, integrado por representantes de la oposición. De lo contrario, mejor sería que presente su renuncia, porque no podría gobernar y el país viviría en zozobra permanente. Claro, en la medida en que se trata del mismo gobierno, siempre el Ejecutivo podría hacer cuestión de confianza amenazando con la disolución del Congreso si es que éste le niega la confianza a un segundo gabinete. Tendría esa arma.[1] Pero eso mismo sería fuente de inestabilidad y de todos modos siempre hay maneras de obstaculizar la labor del Ejecutivo sin llegar a la provocación total.

En general hay un buen nivel de consenso sobre la calidad del BCRP (Banco Central de Reserva del Perú) desde la promulgación de la Constitución de 1993 y de su nueva ley orgánica. Desde entonces, ha presidido una de las mayores batallas de la economía peruana, aplacar y eliminar la hiperinflación, el peor flagelo económico que generan los gobiernos ignorantes e irresponsables.

El BCRP actual es el ancla de la estabilidad macroeconómica del Perú, base de la gran recuperación de la economía y progreso social que permitió que nos alejáramos del ‘Estado Fallido’ de 1990 y que 25 años después tengamos un país con la capacidad y el potencial para llegar al desarrollo integral y la superación de la pobreza.

Muchas veces se ha calificado adecuadamente al BCRP como una ‘isla de excelencia’, pero curiosamente, en el reciente debate sobre el nombramiento de los directores del Banco por parte del Congreso, muchos personajes parecen haberse equivocado de isla y creen que el BCRP debe ser una especie de ‘isla alejada’ del país real, en el que solo se pueda respirar teorías y normas monetarias.

El personal del BCRP es altamente especializado y algo importante de entender es que su Directorio es, precisamente, su conexión con el mundo real, siempre ha necesitado y tenido, como ahora, directores de experiencias variadas, de gran capacidad profesional y personal y, con un compromiso por los temas nacionales.

En consecuencia, nuestro primer aporte a la discusión que se está desarrollando, es que el Directorio del BCRP tiene que estar absolutamente conectado al país en términos de su situación económica y social. Para ello, lo ideal, es tener directores que puedan interpretar la realidad del país sin el sesgo profesional de los economistas y menos de especialistas en teoría monetaria. Por ello, la nueva composición del directorio nos parece muy buena. Todos sus miembros son profesionales que pueden complementar sus puntos de vista con experiencias importantes, tanto en el Estado como en el mundo empresarial y académico y, con fojas de servicio muy sólidas, que solo pueden ser observadas por la segazón de la política. Además, a diferencia de otras instituciones del país, la representación del Banco la ejerce su presidente y no se tiene a los directores dando sus versiones personales.

Los siete miembros del nuevo directorio tienen cualidades sobradas para conformar un excelente equipo de trabajo que exprese la calidad del aporte de cada un de ellos. Los cuatro nombrados por el ejecutivo y los tres nombrados por el Congreso conforman un directorio de primer nivel.

Es evidente que por razones políticas se pretende ahora armar una gresca alimentada por todo tipo de comentarios sin fundamento. Elmer Cuba es un magnífico economista con vocación cívica. Rafael Rey ha probado de sobra ser una persona seria, capaz y transparente, que tiene un evidente compromiso con los temas nacionales. Es, sin lugar a dudas una persona que suma.

En el caso de José Chlimper, hasta antes del accidente del ‘audio’ tenia una foja de servicios al país impecable en sus distintos roles, como empresario, Presidente de IPAE, ministro, director del BCRP (hace cinco años) y político. Ésta puede ser contrastada por la orientación de sus ideas políticas, pero nunca por la calidad de sus actos. Para juzgar el tema del USB, un tema que él aclaró, sería interesante preguntarse ¿cuál hubiera sido la reacción mediática si José Chlimper no hubiera sido Secretario de Fuerza Popular y, más bien, hubiera sido el Secretario del Partido de Peruanos por el Kambio (PPK)? ¿Hubieran los medios esgrimido los mismos argumentos? ¿No hubieran validado su prestigio personal y dudado de la autoría de una maniobra indebida?

Los tres directores nombrados por el Congreso han entrado a la vida política, pero no como una fuente de vida y acceso a posiciones de poder, sino fundamentalmente, como actos de compromiso cívico, sin que en el proceso perdieran su naturaleza de profesionales independientes y con pensamiento crítico.

Invocamos pues, más calma y responsabilidad para opinar sobre el nuevo directorio del BCRP. Por nuestra parte, lo saludamos con entusiasmo. Lampadia  

EDITORIAL DE LAMPADIA

En nuestro Editorial del 11 de abril pasado, un día después de la elecciones, Fiesta electoral y gran oportunidad de avance cívico, dijimos que la segunda vuelta se presentaba como una extraordinaria oportunidad para vivir una lección de civismo y un período de aprendizaje sobre propuestas de gobierno consecuentes con el mandato popular de cuatro quintas partes del electorado: ‘Construir sobre lo avanzado’.

El mandato popular estableció obviamente que se fortaleciera la economía de mercado que había logrado reducir la pobreza, la desigualdad y crear una nueva y gran  clase media emergente. Además, el electorado pidió cambios y reformas, pero no aquellos que días antes de las elecciones presentaron maniqueamente las encuestadoras GFK y Datum, que dejaron consentir que la mayoría de peruanos buscaba un ‘cambio de modelo’, sino como comprobó días después de la primera vuelta IPSOS, los ciudadanos pedían mayormente cambios vinculados a la educación, que combata la delincuencia y la corrupción y que mejore la salud. Ver en Lampadia: El voto del sur: IPSOS, Carranza y la paradoja de Webb.

Lamentablemente lo ocurrido ha sido todo lo contrario.

Al día siguiente de las elecciones, sin haber felicitado al ganador de la primera vuelta, PPK abrió las puertas a acercamientos con la izquierda radical, ofreciéndose a visitar a Santos en la cárcel, para terminar recibiendo un portazo en la cara.

Esta equivocada táctica continuó con las declaraciones de Martín Vizcarra: “Coincido plenamente con los planteamientos de Arana sobre la pobreza”, (el ex cura anti minero nunca hizo un planteamiento para derrotar la pobreza) increíble. Peor aún, repitió lo mismo en varias ocasiones. Cosas parecidas dijo Mercedes Araoz y Gino Costa tuvo la insensatez de reunirse con Salomón Siomi Lerner, líder y supuesto financista de buena parte de la izquierda radical.

Una segunda línea táctica fue la de asociarse con los líderes de los movimientos que no llegaron a la segunda vuelta, Acuña y su gente, Toledo, Urresti, Acción Popular y dejar que el gobierno se fuera vinculando al movimiento de PPK, ya sea a través de la Primera Dama Nadine Heredia o de la intervención abierta de varios ministros  cuestionando los planteamientos de Keiko Fujimori.

La tercera táctica es descalificar el eventual gobierno de Fuerza Popular (FP) por el ‘inconveniente’ control del ejecutivo y legislativo, por que Keiko Fujimori sería una suerte de reencarnación de su padre, por representar la corrupción, el autoritarismo y ser anti democrática. Finalmente, desde PPK para abajo han proferido insultos de diverso calibre.

O sea, en vez de acercarse al líder electoral acogiendo el mandato popular; dejando de tomar en cuenta que PPK solo ganó en tres de 196 provincias; sin registrar que FP controla el legislativo con un contundente número de congresistas, 73 de 130; sin entender que FP es hoy el único partido nacional con presencia transversal con un promedio de 46% del voto en 16 departamentos donde obtuvo el primer puesto, 27% en siete con el segundo lugar y 24% en los dos restantes donde llegó en tercer lugar; PPK y PPK optaron por un enfrentamiento generalizado que está abriendo brechas difíciles de remontar.

Por su lado en Fuerza Popular se produjeron algunas declaraciones muy torpes, como las de la congresista Cecilia Chacón “Fujimori saldría por la puerta grande”; las de Kenji Fujimori “en el supuesto negado que Keiko no gane (…) yo postularé el 2021”; las del congresista Becerril “el Perú no está pidiendo consensos de minorías”; las del congresista electo Petrozzi “con mayoría parlamentaria, las leyes correrán como por un tubo” y otras que se suceden continuamente.

Además, algunas de las propuestas de campaña que no figuran en el plan de gobierno de FP han generado controversias muy importantes. Entre ellas tenemos la de reponer el régimen de “24 X 24” en la Policía Nacional, un retroceso difícil de entender para muchos; y el acuerdo con los mineros ilegales que aparentemente podría despenalizar esa nociva actividad. En ambos casos se ven estas acciones como de corte electorero más que de gobierno.

Por otra lado, KF FP, además de desarrollar una excelente campaña pueblo por pueblo,  también han criticado fuertemente algunas propuestas de PPK, como la de la CTS, y han desarrollado enfrentamientos de corte personal. Por ejemplo: atacar a PPK como traidor por el tema del gas, cobarde por fugarse del país por el terrorismo (“como lo hicieron 3 millones de peruanos” según el propio PPK) y por representar a los grandes empresarios a quienes favorecería (sin embargo, en este caso fue PPK quién puso el tema en agenda cuando dijo: “me dicen que la Confiep apoya a rabiar a KF”).

A diferencia de lo que se dice en los medios, nosotros vemos una andanada desproporcionada de ataques contra KF y FP pues, no solo vienen desde el propio PPK, “yo pagué la educación de mis hijas”, también vienen de su gente, de Mario Vargas Llosa, “(…) se abrirán las cárceles. Los ladrones y asesinos saldrían de los calabozos al poder”, del gobierno, de la mayoría de politólogos y de la gran mayoría de los medios de comunicación. Veamos los extremos a los que se llega:

“(…) al mismo tiempo que los medios que controla han ido cimentando la ficción según la cual el encarcelado ex dictador derrotó a Sendero Luminoso, envió a su líder Abimael Guzmán a la cárcel y sacó al país de la devoradora inflación que lo estaba deshaciendo. Puro mito.” (Mario Vargas Llosa, La Hora Gris, La República, 17 de abril, 2016).

Para variar una de las declaraciones más sabias sobre la coyuntura electoral es la de Don Luis Bedoya Reyes:

“Me preocupa el Perú si PPK gana porque no podrá gobernar. Por eso recordé los casos del 45 con Bustamante y del 63 con Belaunde: las grietas de rivalidad y odio que deja la campaña son gravísimas y el Perú vive un instante extremadamente delicado. Yo creo que ninguno de los dos va a dejar gobernar al otro: si bien es cierto que Keiko va a tener la fuerza del Parlamento, a PPK lo va a heredar la prensa libre. Lo que vamos a tener va a ser una guerra civil no declarada, desde el punto de vista del toma y daca, durante 5 años más”. (El Comercio, 15 de mayo, 2016, página 4).

Más allá de establecer quien es más culpable, el hecho es que la campaña ha tomado un cariz negativo, que como dice Bedoya Reyes afectará al gobierno de los próximos cinco años y además, en nuestra opinión, afectará también las elecciones del Bicentenario, del 2021, pues un gobierno atracado, plagado de inquina no será efectivo para emprender las reformas que necesitamos con carácter de urgencia. Peor aún, al malograrse el entendimiento entre las fueras pro mercado, como lo mandó el voto popular del 10 de abril, y al validarse las posiciones de la izquierda radical anti mercado, dadas las tácticas de PPK y PPK, es muy probable que el 2021 tengamos una final entre las opciones anti mercado.

Para variar, parece que buena parte de nuestra clase dirigente se siente cómoda con los desarrollos del corto plazo, pues no participa del debate nacional, ni exige a los candidatos el cuidar los intereses de largo plazo de la nación.

Finalmente, debemos recordar a PPK que el le dobla la edad a Keiko Fujimori y que es él, quién debe parar esta convergencia anti país. Lampadia 

Nota: Expresamente, no hemos querido tocar hoy los eventos de anoche, el debate técnico, que fue más allá de lo técnico, ni la denuncia de Cuarto Poder (Poder de Cuarta) sobre una investigación de la DEA al congresista de FP, Joaquín Ramírez, que los medios han extrapolado maliciosamente “La DEA investiga audio que relaciona a Keiko Fujimori con lavado de activos”, cuando la representante de la DEA no mencionó a KF (RPP, esta mañana). Ver las escandalosas carátulas de El Comercio y La República sobre el tema (parece que se amplió la ‘concertación’):

En Lampadia creemos que hay momentos en que uno debe recogerse a reflexionar para poder aportar a la sociedad la mejor información y evitar hacer daño a la honra de las personas, sin el debido cuidado y contrastación previa. 

La candidata del Frente Amplio (FA), Verónika Mendoza (VM), al estilo de los países del ALBA, ha propuesto implantar una nueva constitución a través del Parlamento o la acción popular, del mismo modo que el radical reo candidato Gregorio Santos. Curiosamente, el candidato de Acción Popular, Alfredo Barnechea, juega con la idea de “otro modelo”, sumándose así  a este tipo de propuestas, que invocan el respaldo falaz de encuestas mal hechas, que transmiten la falsa sensación de una población que estaría optando por cambios radicales y no por cambios en la calidad de los servicios del Estado, empezando por seguridad ciudadana y combate efectivo de la corrupción. 

Mendoza lleva de candidato a la primera vicepresidencia al ex cura Marco Arana y en su equipo a gente que representa una visión estatista y expresa una oposición abierta a la inversión privada, especialmente contra la minería. Arana y Santos, en consonancia y competencia, fueron los responsables de las asonadas anti mineras contra el proyecto de Conga en Cajamarca, con lo cual no solo condenaron a esa magnífica región a la mayor pobreza del país, sino que también arrinconaron al gobierno, que desde entonces no ha sido capaz de proteger los proyectos de inversión. Por su lado Barnechea parece por momentos haber regresionado a las ideas que dieron luz al Acción Popular Socialista de fines de los 60,  que terminó traicionando al propio Belaunde, sumándose a los planteamientos con los que se ilusionó en la dictadura militar.

Esta gente no quiere entender que los países que han logrado la prosperidad, lo han hecho promoviendo sectores privados pujantes e innovadores que han multiplicado la inversión de emprendimientos pequeños y grandes sin las trabas burocráticas e ideológicas que han paralizado la inversión en el Perú los últimos años. Nuestro propio país es un testimonio formidable de los impactos positivos de la inversión privada en la economía y las condiciones sociales. Después de superar treinta años de parálisis por el estatismo militar y su cola democrática con Belaunde-2 y García-1, las dimensiones del Perú cambiaron a la fórmula: 90-90-90.

90-90-90, porque aproximadamente el 90% del empleo, la inversión y los ingresos fiscales, los generó el nuevo sector privado que pudo hacer la verdadera gran transformación desde el estancamiento hasta el crecimiento con reducción de la pobreza y la desigualdad. Por lo tanto, quienes pretendan gobernar o medir el país con los instrumentos del siglo pasado, sólo nos llevarán a un estrepitoso fracaso.

Sin embargo, más allá de los verdaderos enfoques políticos de las izquierdas tradicionales, transparentados en el debate presidencial del domingo pasado, pareciera que después del mismo, habrían reparado que desde el punto de vista de la campaña (no de los planes de gobierno), de las acciones tácticas, no sería conveniente seguir hablando de cambiar la Constitución.

Es así que al día siguiente (lunes), un economista del FA, de visión estatista, que cree en el ‘poder’ del Estado para resolver todos los problemas del país, Oscar Dancourt, enfatizó en el programa la Hora N que para hacer los cambios económicos que plantea (salvo en lo relativo a la nacionalización de la ‘molécula’ de gas, un ejemplo de  renacionalización de los recursos naturales), no se necesitaría cambiar la Constitución. El martes, otro conspicuo miembro del FA (de las canteras de Tierra y Libertad de Arana), en el programa De las 5 a las 7,  de RPP, le echó agua fría al pedido de una nueva Constitución, como una evidente corrección táctica, sin cambiar  la esencia de sus ideas.

Lo que es más, la propia candidata del FA, Verónika Mendoza, al día siguiente del debate, cambió el contenido de su discurso, dejó de hablar del cambio de Constitución, y pasó a ofrecer una “revolución productiva y educativa”, con la eficiencia de un cassette recién grabado.

Pero debe  señalarse  que una revolución productiva es imposible de realizarse con un cambio de Constitución. En otras palabras, un cambio de Constitución paralizaría la producción del país por lo menos por dos años. Durante ese tiempo se debatiría y procesaría la nueva carta, y nadie podría invertir con un horizonte de mediano plazo, sin conocer el ambiente normativo futuro.

Un ejemplo reciente y cercano de cómo el anuncio de una nueva Constitución paraliza la inversión, es el caso de Chile, donde Bachelet-2 incorporó el planteamiento a su programa de gobierno. Ver: Una agenda anti inversión, Chile sigue ejerciendo su derecho a ser estúpido y Diálogo de Conversos.

El FA ha caído, pues, en una trampa estratégica. Por un lado habla de revolución productiva (a pesar de descartar el desarrollo de los grandes proyectos) y por otro amenaza con una nueva Constitución que nos paralizaría por lo menos por dos años y que muy probablemente ampliaría de manera considerable el espacio de inversión para el  Estado,  terminando por inhibir para siempre una inversión privada dinámica e innovadora.

Más claro ni el agua: un eventual gobierno del FA desestabilizaría al país, regresaríamos a la falta de inversión, a industrias locales protegidas que nos endilgarían productos caros y de mala calidad, para beneficio de los productores amigos del régimen, la escasez y las colas. Eso sí, habría mucho trabajo en el Estado, en las agencias reguladores, ministerios y nuevas empresas públicas, donde los miembros de las cúpulas de la izquierda tradicional y los profesionales que no pudieron prosperar compitiendo en el sector privado, serían nuestros nuevos ‘señores feudales’.

¿Es esto lo que necesitan nuestros jóvenes? ¿Queremos que nuestros hijos y nietos  tengan que migrar a un EEUU más reacio a la migración, ya no a hacer la América, sino a ser ciudadanos de segunda clase? Lampadia