Lamentablemente, las propias autoridades judiciales están últimamente, debilitando el Estado de Derecho. Un juez desacata expresamente una orden del Tribunal Constitucional, otro puede desechar los sustentos de la defensa como intentos de burlar la justicia, un fiscal puede allanar un estudio de abogados, etc.

Se ha llegado a decir que hoy en el Perú hay persecución política. En nuestra opinión, este no es el caso. Lo que no habría es Estado de Derecho.

Líneas abajo compartimos el artículo de César Azabache, sobre el caso del allanamiento:

César Azabache Caracciolo
Para Lampadia

I

Probablemente en la efervescencia en la que andamos estamos perdiendo de vista que en los procesos de extradición que se siguen en España y USA y ahora en el caso del asilo solicitado a Uruguay se está discutiendo si nuestros procedimientos internos respetan los mínimos establecidos por la comunidad internacional para casos penales. Uno de estos mínimos es la intangibilidad de la defensa, que solo puede ser atacada por el procedimiento cuando deja de serlo, esto es, cuando soborna, cuando amenaza a un testigo o cuando elimina físicamente la evidencia. Fuera de esos casos no cabe indagar en los despachos de sus abogados, como tampoco puede la defensa pedir indagaciones en el despacho del fiscal.

Puede parecernos antipático que esta regla exista. De hecho, los abogados, como comunidad, estamos en deuda con la sociedad por haber sido parte del sistema que dio espacio para que cosas como la mafia de los llamados “cuellos blancos” existan. Pero aún así́, en medio de la deuda moral que tenemos, no podemos ser tan ingenuos como para apresurarnos y poner en el atolondramiento en juego la confiabilidad mínima del sistema.

Si queremos probar que en medio de las confusiones mantenemos un sistema equilibrado respetemos los límites mínimos y portémonos equilibradamente.

II

El allanamiento del estudio Oré ha causado un debate que debe ser acompañado con mucho cuidado. Me he pronunciado en contra de la medida. Me ratifico en mi oposición. He defendido la indemnidad de la defensa como regla y la pésima idea de lanzar señales ambiguas mientras se debate en tres giros nuestra confiabilidad como sociedad mínimamente institucionalizada.

He admitido por cierto que la regla de indemnidad tiene excepciones. La defensa deja de ser defensa cuando soborna, cuando amenaza testigos y cuando destruye evidencias. Sobre esta base tiene todo el sentido discutir si las excepciones aplican a este caso. Y cual es la medida que corresponde, allí́ donde deba admitirse una excepción.

Hasta donde trasciende, uno de los abogados del estudio intentó en algún momento inducir a mentir a por lo menos un testigo imperfecto, una persona que había aceptado simular su condición de aportante, que había sido llamado a declarar y que por ende podía ser imputado. Grave sin duda. En casos como este desde mi punto de vista el Juez adquiere el derecho a forzar el retiro del abogado del proceso y a requerir su inhabilitación. Pero la inducción a engaño no conduce a la autorización a un allanamiento que debe ser estimado prohibido porque el Fiscal no sabe que está buscando en el recinto. Me explico: El allanamiento se justifica en la búsqueda de un objeto más o menos preciso, y se concede cuando el solicitante tiene una fuente que muestra que su ubicación es posible. Cabe cuando se denuncia seriamente que un abogado está destruyendo evidencia. Pero no es un castigo a las malas prácticas de litigación, aunque las malas prácticas no nos gusten y deban claro tener una reacción o consecuencia.

Los allanamientos no son acciones de pesca, en las que se tira una red “para ver que hay”. Tampoco son acciones libres en recintos que custodian papeles reservados como los locales de trabajo de los abogados de la defensa.

Insisto: el allanamiento en estos casos no aplica. Si los abogados no pueden registrar los locales de los fiscales mientras litigan con ellos los fiscales no pueden obtener este derecho. Aunque, hay que reconocerlo, los abogados no seamos los personajes más simpáticos de estas historias.

Lampadia

Como consecuencia de un par de publicaciones de Lampadia, Jaime de Althaus, conductor de La Hora N, convocó a un diálogo a los abogados Aníbal Quiroga y Rosario Fernández con el Director de Lampadia, sobre las facultades de los funcionarios que ejercen sus cargos a título individual y que gozan o pretenden gozar de autonomías plenas.

 

P: … director de LAMPADIA, ¿cómo está?

R: Gracias Jaime, bueno, mira, me has sentado con dos abogados y yo no soy abogado.

P: Usted ha publicado este artículo Reformas que afectarían nuestras libertades y otro más que se llama la Balcanización del Estado.

R: Claro, lo que yo soy es ciudadano, soy ciudadano desde que cumplí 21 años, porque antes era a los 21 años, hace más o menos 45 años. Un ciudadano en esencia sufrido en su relación con el Estado como somos la mayoría de ciudadanos en el Perú y yo creo que este tema tiene que verse desde esa perspectiva, la del ciudadano.

Cuando se empodera a funcionarios del Estado de manera exagerada para los litigios que fundamentalmente son entre el Estado y los ciudadanos o las empresas, ¿no es cierto?, creo que se comete un tremendo error, estos funcionarios ya tienen poder suficiente al representar al Estado, tienen al costado además a la Fiscalía, al Poder Judicial, el peso del Estado, su influencia mediática. La relación del ciudadano y la empresa con el Estado es una relación disminuida, ¿no?, ya es así y necesariamente va a ser siempre así, eso no se puede cambiar.

Pero darle poderes omnímodos a un procurador para que pueda hacer lo que le de la gana y que se convierta en una especie de monarca, me parece una barbaridad, nosotros nos hemos olvidado de los ciudadanos, las instituciones que necesitamos tienen que ser para defender a los ciudadanos, igual es en el caso del defensor, el día que lo nombran él habla de que está para defender la ciudadanía, una entelequia, ¿qué cosa es la ciudadanía? No señor, él está para defender al ciudadano, al individuo. Entonces estamos torciendo todo. Este mismo señor pretende ahora que le den poderes para sacarle la vuelta a la Constitución, para que sus decisiones sean vinculantes, usando la trampa que han usado en México. Entonces el defensor también quiere tener poderes absolutos, otro monarca. El contralor, otro monarca, apenas nombrado se tira a hacer cosas que no le corresponden, a causar toda una crisis en el Estado. Entonces, esto es una balcanización del Estado, esto es un desastre, los ciudadanos somos cada día más diminutos, más débiles, más sufrientes y gracias a Dios hoy día puedo hablar en nombre de ellos.

P: Caramba.

R: Mira, yo quería agregar un par de temas más, siendo este funcionario, en el caso del procurador, un abogado del Estado, como todo abogado responde a su cliente, ¿no?, y el cliente tiene derecho a sacarlo si es que no funciona o si por ejemplo, quiere aprovecharse del cargo para hacer una carrera política, con los medios que acá te vuelven famoso en cinco minutos, ¿no es cierto? Entonces, me parece absurdo pretender limitar eso. Lo que pasa es que todo lo hacemos para las excepciones, para los casos malos, para los extremos y legislamos en función de eso, esta cosa del procurador se ha originado en el affair Principe-Nadine. Y de eso deriva todo este proceso, creo más bien que ahora tenemos la oportunidad de revisar estos temas en conjunto, reflexionar y tomar decisiones racionales.

En segundo lugar, se legisla para las excepciones, para los casos extremos, aparece un corrupto y se malogra la vida de los 99 honestos que hay en el Perú, etc., etc. Entonces, si hay casos especiales vinculados a corrupción de funcionarios del Estado, habrá que buscar una figura nueva, alguna otra figura con los fiscales, para eso tenemos buenos abogados en el Perú, que podrán plantear una solución pero no por estos casos crear estos monstruos omnívoros que nos van a terminar reventando la vida a los ciudadanos. Ya tenemos el ejemplo del contralor, éste defensor que al día siguiente de jurar ya se está saliendo de lo que lo que dice la Constitución. Yo creo que hay que aprovechar esta especie de mini crisis conceptual para plantear un debate de lo que tienen que ser las capacidades autónomas de individuos en el Estado, que son muy peligrosas por ser un solo individuo, como ha dicho el doctor Aníbal Quiroga, ¿no es cierto? Y que hay que limitarlas y controlarlas, sería muy bueno revisar todo eso. En Lampadia hemos publicado esta colaboración anónima, muy conceptuosa, sobre el tema del procurador, de la unidad de inteligencia financiera para el tema del secreto bancario, y sobre el levantamiento de la seguridad de las comunicaciones individuales. Entonces, tenemos que ponernos en los zapatos del ciudadano.

P: El gobierno, el ejecutivo, entre las facultades legislativas que está solicitando, hay una para, precisamente fortalecer las capacidades de la unidad de inteligencia financiera para que pueda levantar el secreto bancario, etc., pero con autorización del juez, dice la propia norma. Y eso estaría bien, digamos.

R: Por supuesto.

P: Tiene que haber autorización del juez.

R: Como tiene que ser, ¿no es cierto? Pero hay que tener mucho cuidado con estos deslices y sobre todo, el hecho de que la gente no participe en el  debate de estas cosas, entonces hay un gran vacío y los que están detrás de estos temas son los que terminan colándolos en los medios y finalmente en las leyes.

P: Que son trascendentales en la vida de las personas…

R: Absolutamente. Yo quiero agregar un par de cosas más, el ser humano tiene graves problemas con el manejo del poder, el poder terrenal afecta a Papas y guachimanes, sabemos lo que sucede, ¿no es cierto?

P: ¿El Papa?

R: El Papa o el guachimán con poder terrenal. El ser humano no tiene un buen manejo del poder por lo tanto hay que tratar siempre, en lo posible, de no dar poder absoluto a un individuo, menos cuando al otro lado está el ciudadano. Pero tenemos otro tema, que creo que también tiene que entrar a la conversación que es el de los alcaldes y el de los gobernadores regionales que tienen autonomía plena para sus decisiones, no hay segunda instancia sobre sus fallos, sus decisiones, caprichosas o no caprichosas se imponen al ciudadano.

P: Y las ordenanzas tienen nivel de ley.

R: Así es. No hay segunda instancia y por supuesto, la corrupción se ha asentado en muchos municipios y en muchos gobiernos regionales, hemos cometido el error al  establecer discrecionalidad absoluta en sus decisiones, la única manera de contrastarlos es en el Poder Judicial, por años y costos que nadie maneja, la Defensoría del Pueblo debería de repente financiar esas causas de los ciudadanos contra los alcaldes. No sé, estamos reventados, yo creo que hay que hacer un buen debate sobre todo esto, incluyendo municipios, gobiernos regionales, contralor, defensor, todos estos casos. Incluso, la Superintendencia, hoy día tenemos una fantástica Superintendente pero no lo hemos tenido así en otros casos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Alonso Polar decía que en la Superintendencia debería haber también un directorio, de repente es un tema que hay que conversar, aunque es un cargo más especializado, menos complicado.

Lampadia