En opinión de Lampadia, efectivamente, el Perú ha registrado importantes avances en cuanto al manejo de los conflictos sociales. Sin embargo, consideramos que el autor de la siguiente nota no debiera dejar de comentar que en muchos casos estos conflictos son generados y azuzados por infiltrados que tienen una clara agenda política anti inversión privada y anti minera.
Desde nuestro punto de vista, la situación de conflictividad que se vive en el Perú tiene razones históricas de carácter estructural, que se evidencian en profundas desigualdades, marginación y exclusión de una gran mayoría de la población desatendida por el Estado.
En los últimos tiempos, uno de los factores que ha contribuido al crecimiento de la conflictividad en el país tiene que ver con la explotación de los recursos naturales en territorios de población pobre, que no se siente beneficiada por dicha actividad y, contrariamente, se siente amenazada por los impactos negativos de estas intervenciones. A ello hay que agregar una limitante recurrente en el Estado, que es la falta de presencia efectiva en dichas zonas o, en el mejor de los casos, una presencia desarticulada.
En nuestro país, las actividades extractivas explican parte de las cifras ascendentes de un pujante crecimiento económico. Sin embargo, allí donde las empresas no han cambiado su relación utilitaria con las comunidades, se convierten en un factor que provoca una fuerte oposición del entorno social inmediato, porque la inversión puesta en marcha no alivia las necesidades insatisfechas de la población, sino que, por el contrario, se traduce en un elemento que fija la desigualdad.
También existen otros factores que deben considerarse en la conflictividad social, tales como las tensiones alrededor de los problemas laborales, las demandas sobre demarcación territorial, la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, entre otros.
El enfoque tradicional y sus costos sociales. Hasta antes del Gobierno de Ollanta Humala, el Estado ha tenido respuestas reactivas ante las situaciones de conflictividad privilegiando “el principio de autoridad”, con una intervención débil y muy desarticulada, donde la ausencia de estrategias definidas y sostenibles los ha llevado al uso de la fuerza pública con la represión policial.
Esta respuesta represiva ha tenido un alto costo y ha significado un innecesario desgaste del Ejecutivo. Solo en el período 2001-2013, los actos de violencia generados por los conflictos sociales han costado la vida a 207 civiles y 30 policías; y han traído consigo 1.799 civiles y 513 policías heridos. Un caso emblemático de los resultados de la respuesta represiva fue el ‘baguazo’ durante el gobierno de Alan García.
El nuevo enfoque de gestión del diálogo y sus logros. Desde mediados del 2012, el Gobierno Peruano inició la implementación de un nuevo enfoque para el abordaje de los conflictos sociales en un contexto marcado por fuertes tensiones generadas por el desarrollo de proyectos de industrias extractivas en distintas zonas del país.
Este nuevo enfoque considera el diálogo y la prevención de la conflictividad como mecanismos democráticos y pacíficos para la solución de controversias y la transformación de los conflictos sociales en oportunidades para el desarrollo. En este contexto se creó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), como entidad de la Presidencia del Consejo de Ministros encargada de abordar la conflictividad social, facilitando el diálogo y articulando el Estado para tener una respuesta rápida y oportuna frente a esta problemática.
En 18 meses la ONDS ha logrado, mediante el diálogo, fortalecer su estrategia de atención preventiva de los conflictos, habiendo resuelto 77 conflictos a diciembre del 2013. Asimismo, la ONDS ha gestionado, con distintos mecanismos de diálogo, 135 casos en todo el país (66 conflictos y 69 casos en prevención). Desde las mesas de diálogo y desarrollo se ha generado una inversión pública de S/.1.723’012.297 y una inversión privada de S/.3.397’206.572.
Publicado en El Comercio, 15 de enero de 2014
