Por: Víctor Gobitz
Perú21, 30 de Setiembre del 2022
“Es crucial e imperativo establecer canales de diálogo entre autoridades y el sector privado para plantear alternativas de solución desde la minería”.
Potenciar el desarrollo de la industria minera formal es la alternativa para estimular el crecimiento descentralizado y sostenible del Perú. Es una industria con un alto compromiso con la productividad; y debido a su alta demanda de bienes y servicios, genera cerca de 2 millones de empleos directos e indirectos: es decir, alrededor del 11% de nuestra PEA. Se estima además que con la ejecución de los proyectos mineros en cartera (valorizados en más de US$53,000 millones) su impacto en la generación de empleo se duplicaría.
Más allá del empleo, el mayor aporte de la minería al país está en su generación de riqueza. Con su alta carga tributaria, es el principal contribuyente al erario nacional. Ello además de la capacidad para generar ingresos de divisas mediante inversiones y la exportación de minerales, siendo fundamental para la estabilización cambiaria y monetaria.
A estos aspectos se suma también la perspectiva de largo plazo en cada proyecto minero, lo que proporciona oportunidades para el progreso de los territorios donde estos se desarrollan.
Desde esta perspectiva, es crucial e imperativo establecer canales de diálogo entre autoridades y el sector privado para plantear alternativas de solución, desde la minería, a problemas que nos atañen a todos como sociedad. Y en este posible escenario planteamos cinco desafíos cruciales:
1. Planificación y desarrollo territorial, a través de mecanismos público-privados, que permitan cofinanciar (con recursos provenientes de la minería) proyectos de infraestructura pública que apunten al cierre de brechas sociales, siguiendo un ciclo sostenible para la inversión pública mediante la planificación, priorización, ejecución, operación y mantenimiento de los proyectos.
2. Minería no formal. Su formalización no debería basarse únicamente en trámites administrativos, sino también involucrar programas que contribuyan a su mejor gestión productiva, pues esto será el sustento financiero hacia una formalidad perdurable.
3. Pasivos ambientales mineros. El país ya cuenta con un inventario de pasivos ambientales mineros (algunos de ellos provenientes desde el virreinato), los cuales deberían ser priorizados respecto a sus riesgos para su remediación, un aspecto que además requiere de estímulos y del involucramiento de la empresa privada.
4. Cambio climático. Es necesario fomentar la transferencia de conocimientos técnicos y de capacidades desde la industria minera (especializada en geotecnia e hidrología) hacia las instituciones públicas locales y nacionales, a fin de mitigar el impacto de eventos extremos como la aridez, que requerirá planificar y construir presas de agua, o precipitaciones intensas, que requerirán diseñar y construir defensas ribereñas y/o estabilizar taludes.
5. Transporte público interprovincial. La minería formal ha desarrollado una logística multimodal, que ha permitido minimizar los accidentes de tránsito para toda su fuerza laboral, que transita y conecta territorios altoandinos y costeros. Desde esta perspectiva, la industria puede proponer y difundir políticas y planes de acción, que ayuden a elevar el estándar de nuestro sistema público de transporte.
En 2019, el Ministerio de Energía y Minas convocó a un espacio de reflexión, denominado RIMAY, para forjar mediante el diálogo y la concertación una visión de desarrollo para la industria minera peruana hacia el 2030. Retomar este diálogo es fundamental, además de poner sobre la mesa propuestas de desarrollo que beneficien a todos los peruanos.
