Uri Landman
Para Lampadia
Desde hace más de una semana la principal arteria que une a nuestro país, la Panamericana, se encuentre cortada en varios puntos por los mineros ilegales. Esto forma parte de su estrategia de presión al gobierno para que el Congreso y el ejecutivo emitan normas que le sean beneficiosas.
El REINFO o Registro Integral de Formalización Minera, se creó en el año 2016 como un mecanismo temporal para la formalización de la pequeña minería y de la minería artesanal en el Perú. Este registro tenía como fin facilitar la transición de la minería informal a la formal. Esta norma tuvo sus bases en los decretos legislativos dados durante la época de Ollanta Humala.
Una de las ventajas para los mineros ilegales al estar inscritos en el REINFO, es que se les considera en proceso de “formalización” y evitan ser procesados por actividades de minería ilegal.
El REINFO ha sido un gran fracaso desde su creación. De los más de ochenta mil mineros inscritos, menos del 3% ha logrado su formalización. Ello se debe a varias razones, la principal es que los mineros ilegales no tienen ninguna intención de pasar a la formalidad y cumplir con las normas que rigen para los demás actores mineros.
La ley minera actual define a un minero artesanal como aquel que procesa hasta 25 toneladas de material minero al día. Un pequeño minero es aquel que procesa hasta 350 toneladas al día. Imaginen ustedes cuánta maquinaria, insumos, explosivos y personas se necesita para procesar 2,450 toneladas a la semana. Yo diría que una operación de esta envergadura está muy lejos de ser considerada “pequeña”. ¿Saben ustedes cuánto dinero genera una “pequeña” operación de minería bajo estos parámetros? Si consideramos operaciones donde el mineral predominante es el oro, podemos hablar de medio millón de soles semanales. Ahora entendemos por qué lo mineros ilegales tienen tanto poder político y económico y se resisten con tanta fuerza a ser legalizados.
Si bien es cierto que el tema de la minería ilegal en el Perú es complejo y requiere soluciones innovadoras para que se pueda llegar a formalizar a aquello mineros que quieran trabajar bajo la supervisión de la ley, no es posible que el gobierno y el país en su conjunto sean extorsionados por este grupo de poder para obtener beneficios a su medida.
En las zonas de Chala y Caravelí los mineros ilegales tuvieron bloqueada la Panamericana Sur durante once días sin que el gobierno haga nada el respecto. Recién el viernes 11 de julio, cuando la situación ya era desesperada para las miles de personas atrapadas en sus vehículos en la zona, intervino la policía para despejar las vías.
Desde esta columna pregunto si es un delito bloquear las carreteras ¿por qué se demoró la policía once días en intervenir, si los vándalos se encontraban en flagrancia?
En esta operación policial resultaron heridos siete efectivos policiales y lamentablemente falleció una persona cuando le cayó una piedra aparentemente lanzada por uno de los manifestantes.
Según el Ministerio Público se detuvieron ocho personas en la zona de Chala. ¿Cómo es posible que solamente haya ocho detenidos de los cientos de personas que participaron en los bloqueos? ¿Ya se les inició un proceso penal? ¿Cuántas personas en el país han sido condenadas por bloquear carreteras en los últimos años?
Estoy seguro que este tema del REINFO todavía tiene para rato. Es necesario que sea abordado de una manera técnica y no política o delincuencial como hasta ahora se ha hecho. La minería ilegal mueve 12,000 millones de dólares al año, de los cuales no tributa ni un centavo en impuestos para construir colegios, hospitales o carreteras. La minería ilegal destruye cientos de miles de hectáreas de selva y áreas naturales protegidas. Además fomenta el tráfico de personas y la explotación infantil.
Según nuestra Constitución, el Estado es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza para mantener la paz y el orden. Los que nos gobiernan deben tener los pantalones bien puestos para aplicar la ley cuando las circunstancias lo exijan y no dejar que todo un país se vea extorsionado por un grupo de personas.
Si no están a la altura de las necesidades, entonces que den un paso al costado para que entren personas que realmente quieran al país sobre sus intereses personales.
A ellos les quiero recordar las palabras de Winston Churchill: “El precio de la grandeza es la responsabilidad”.
Lampadia
