Uri Landman
Para Lampadia
Estoy seguro que muchos de ustedes recordarán cuando era un lujo tener una línea telefónica en casa, la cual costaba 2000 dólares y demoraba un par de años en obtener.
Al final de la década de los ochenta, la situación era tan precaria que al descolgar el aparato telefónico, teníamos que esperar varios segundos hasta tener línea para realizar una llamada. Esta realidad seguramente parece exagerada para los jóvenes de nuestros días, que no vivieron en carne propia la caótica situación de nuestro país, cuando el estado intervenía directamente en la economía.
El avance tecnológico no es el único responsable que las cosas hayan cambiado. Un actor más importante todavía, fue la inversión privada. Hasta la década de los noventa, las comunicaciones habían estado en manos del estado. Como casi todas las empresas estatales, la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) y Entel Perú, estaban mal manejadas, con exceso de personal y poca inversión en infraestructura. La receta perfecta para tarifas elevadas, mala atención y deficiencia en el servicio.
Una de las primeras y más acertadas decisiones del gobierno de Fujimori, fue la privatización de las cientos de empresas públicas, en su mayoría deficitarias y quebradas. El caso más recordado es el de Telefónica del Perú.
Cuando se puso en venta las participaciones del estado peruano en la CPT y Entel Perú, nueve empresas internacionales se presentaron para la subasta. Luego de fijarse el precio base en $ 546 millones de dólares, seis de ellas desistieron de participar. Solo tres empresas presentaron ofertas. GTE, ofreció 803 millones de dólares, Southwestern Bell ofreció 857 millones de dólares y la ganadora del proceso, Telefónica de España, que ofreció la increíble suma de 2002 millones de dólares. Una cifra inimaginable en esos momentos para una empresa estatal peruana.
No crean que Telefónica de España tuvo las cosas fáciles. La inversión que requería la CPT era cuantiosa. En la época de la CPT, los usuarios tenían que esperar hasta dos años para la instalación de una línea telefónica. Todo ello cambió con los nuevos inversionistas. La cobertura de telefonía fija, internet y telefonía móvil hoy en día en nuestro país, supuestamente está a la par que estándares internacionales.
Según datos de Telefónica del Perú, han invertido 30,000 millones de soles en infraestructura durante los últimos 30 años. A su vez, han pagado la suma de 11,000 millones de soles en impuestos al estado peruano.
Así como Telefónica revolucionó y modernizó el mercado de las telecomunicaciones en el Perú, también ha obtenido grandes beneficios de su operación nacional. De acuerdo a lo que he podido encontrar en los informes anuales de Telefónica del Perú y de la información publicada en la Superintendencia del Mercado de Valores, las ganancias de Telefónica en los últimos 30 años, han sumado cerca de 30 mil millones de dólares. Una cifra nada despreciable para una empresa peruana. Para algunos, el comportamiento de esta empresa no ha sido muy “santo”.
En abril de este año, la Corte Suprema del Perú falló en contra de Telefónica en una controversia sobre el pago de impuestos que tenía con la SUNAT. La sentencia ordenó el pago de 1,361 millones de soles a favor del estado peruano.
Como usuarios supuestamente nos hemos visto beneficiados con las inversiones de esta empresa y con la competencia generada. Sin embargo, es mi opinión que Telefónica siempre ha estado más preocupada por su rentabilidad que por los servicios prestados.
Aquí les presento un ejemplo para ilustrar mi punto de vista: desde hace más de 12 días reporté una avería a Telefónica. Dicha avería consiste en que mi empresa se ha quedado sin servicio de telefonía fija en sus seis líneas. Imaginen ustedes lo perjudicial que es para una pequeña empresa quedarse sin teléfonos por casi dos semanas. Nuestros clientes no se pueden comunicar con nosotros de manera fácil y eficaz.
Hemos reportado la avería a Telefónica desde el primer día, recibiendo siempre la misma repuesta: “el plazo de atención es de 24 horas, luego del cual escalaremos su problema”. Por más que hemos llamado, escrito por sus canales de WhatsApp, presentado nuestra queja a través del libro de reclamaciones, escrito a OSIPTEL sobre el problema, seguimos sin tener telefónica fija. En el colmo de la ineptitud nos “obligaron” a comprar una línea móvil de Movistar (todos nuestros celulares son de ENTEL) para que así puedan activar el re direccionamiento de llamadas. Cuando este no funcionó, nos informaron que al contar nuestras líneas con una tecnología antigua (que ellos mismos instalaron) no podían hacer dicho re direccionamiento.
El hecho es que, luego de 12 días de reportar una avería, mi empresa no puede trabajar al no contar con servicio de telefonía fija. ¿Les mencioné que estamos ubicados en el centro de Lima? Imagínense cómo sería si estuviéramos en la selva o en los Andes.
Desde esta columna les pregunto: ¿Cómo podemos penalizar a una empresa que supuestamente da un servicio público como son las comunicaciones, considerado como un “derecho humano”, pero que en realidad se preocupa más por su rentabilidad que por sus clientes?
