Entrevista a Tomás Aladino Gálvez Villegas
Fiscal de la Nación Interno
El Comercio, 28 de setiembre de 2025
Milagros Leiva
Dice que no sube al piso nueve del Ministerio Público, donde se supone que despacha el fiscal de la Nación, por prudencia. Asegura que no quiere armar un despacho que luego deba desarmar. Se queda en el piso ocho hasta que la situación se defina. En esta entrevista, el fiscal de la Nación interino responde sin anestesia.
—¿Por qué estamos en el piso ocho y no en el piso nueve? ¿No se siente fiscal de la Nación?
Por supuesto que me siento fiscal de la Nación, pero debo reconocer que soy interino. Y eso tiene un significado: la titular es la doctora Delia Espinoza, que actualmente está suspendida. Mientras tanto, yo asumo el despacho con toda la dedicación y responsabilidad. No me traslado al piso nueve, porque hacerlo significaría mover todo el aparato administrativo, designar un fiscal supremo provisional para cubrir mi plaza y, si Espinoza regresa –mediante una resolución o un amparo–, tendría que desarmar todo de nuevo. Prefiero la prudencia.
—Ella le ha enviado una carta en la que prácticamente le ordena no hacer cambios importantes. ¿Acatará?
Soy interino y no hay que verlo de otra manera, pero eso no significa que esté atado de manos. Es razonable que la doctora Espinoza pida que se mantenga a la mayor parte del personal, porque si regresa, tendría que encontrar su equipo. Yo respeto eso. Sin embargo, hay cargos de estricta confianza que sí debo modificar, porque necesito trabajar con gente de mi confianza inmediata. Ya cambié a los jefes de grupo en las áreas de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales. Los demás continúan.
—¿Por qué justamente esos cargos?
Porque no comparto su manera de trabajar. Fueron ellos quienes redactaron y firmaron el requerimiento de suspensión por 36 meses contra Carlos Arce, Patricia Benavides y contra mí mismo. Lo hicieron sin que la fiscalía tuviera competencia: en esos casos solo había acusación constitucional en el Congreso, no investigación fiscal. Para mí eso constituye prevaricato: resolvieron contra lo que la ley expresa.
—¿Se excedieron?
No se excedieron, cometieron delito de prevaricato. Lo he denunciado ante la Junta Nacional de Justicia. Además, constituyen una infracción constitucional y faltas administrativas muy graves que deberían acarrear destitución. A estas personas que trabajan así obviamente no voy a mantener en el despacho; puede que Delia esté de acuerdo con ellos, yo no.
—Si usted cree que Espinoza y su gente cometieron delitos, ¿por qué espera su retorno?
Porque no soy yo quien decide su situación jurídica. Yo presento la denuncia, pero la autoridad competente se pronunciará. Mientras tanto, legalmente ella sigue siendo la titular suspendida y puede regresar si su suspensión concluye o si obtiene un amparo. Esa es la realidad institucional. Yo denuncio hechos que considero delictivos, pero no me corresponde privarla del cargo. Eso lo resuelven los procedimientos. Mi función es cumplir con la ley, no inventar atajos. Delia habla, habla y habla, pero no conoce la función. No tiene ningún desarrollo académico profesional; fuera de la fiscalía, ella no existe.
—¿Y usted existe afuera?
Fuera de la fiscalía tengo mayor reconocimiento, mayor desarrollo personal, profesional y académico. Mi obsesión no es ser fiscal de la Nación, como ella declara. Yo he sacrificado muchas cosas para venir a la Fiscalía Suprema y, en este caso, la Fiscalía de la Nación. Incluso he dejado de lado mi candidatura presidencial. ¿Te das cuenta? Ella sin el cargo de fiscal no existe, entonces tiene que aferrarse al cargo, obviamente.
—Ha dicho que usted no debe ser fiscal de la Nación y que le pidió al fiscal Sánchez dirigir la institución. ¿Qué le responde?
Que se ha desorientado con el cargo. No tenía la madurez para asumir el cargo, no estuvo a la altura. Delia considera que sin ella no hay Fiscalía de la Nación, que sin ella no hay Estado. Por eso dice que su suspensión es un golpe a la democracia. ¿La Junta Nacional de Justicia sacó del cargo a Patricia Benavides o no? ¿Sacó a Chávarry o no? ¿Sacó a Ramos Heredia o no? Si comete irregularidades graves, ¿no la pueden sacar? ¿Te das cuenta el nivel de enajenación al que ha llegado? Me preocupa.
—Abogados de IDL han agregado que usted no es un personaje independiente porque buscaba ser candidato presidencial.
Repito, yo no necesito de una institución, personas, organismo público o partido político para existir. Yo mismo había creado mi propio partido político. No se puede decir que Acción Popular, que Porky, que Fuerza Popular me mantienen en el puesto. Incluso yo había perfilado una candidatura presidencial y he dejado todo de lado por el Ministerio Público.
—Usted criticaba que el Ministerio Público hubiera instrumentalizado la acción procesal de manera política.
Lo que he dicho –y ratifico– es que muchos fiscales han instrumentalizado a la institución con las facultades del cargo para defender intereses políticos. En muchos casos hubo participación y persecución política.
—¿Qué casos específicamente?
Por ejemplo, cuando desde Palacio de Gobierno, con Martín Vizcarra a la cabeza, se persiguió a los fiscales y jueces supremos, inventándoles cargos para sacarlos del sistema, porque no éramos afines a sus intereses. En ese tiempo hubo una clara orientación política para el ejercicio de la función.
—A la luz de los hechos, ¿considera que el fiscal Chávarry fue injustamente destituido y perseguido?
No lo digo a la luz de los hechos, lo dije desde el primer momento. Se instrumentalizó políticamente a la institución para sacar a fiscales probos y especialmente Chávarry y mi persona. Eso lo sostengo.
—Sus críticos dicen que le debe el cargo al Congreso, porque archivaron sus denuncias.
De ninguna manera. Repito: mi cargo de fiscal supremo lo obtuve en un concurso público, con la máxima calificación. En mi ausencia, la subcomisión y la permanente aprobaron un informe acusatorio, pero cuando pude defenderme en el pleno se demostró que era persecución política y se archivó. Eso no es un favor; es un acto de justicia. Y precisamente por haber sufrido esa persecución defiendo con más fuerza la presunción de inocencia que se ha debilitado en el país.
—La fiscal Barreto decía que el ciudadano tiene que demostrar su inocencia.
¿Te das cuenta? Esa es una tergiversación de la función fiscal. Siempre he dicho que a través de los equipos especiales se tergiversó la función fiscal. Y a través de los equipos especiales han ingresado al Ministerio Público los intereses políticos. Por todo esto se tiene que evaluar si los equipos especiales deben existir.
—¿Debe desaparecer el equipo Lava Jato?
Hay que evaluarlo seriamente. Tenemos fiscalías especializadas con coordinadores; no necesitamos equipos paralelos que se convierten en compartimentos cerrados.
— ¿Qué pasará con los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez?
Como ciudadano, critiqué sus trabajos. Como fiscal de la Nación, debo priorizar el interés institucional. No puedo retirarlos de golpe, porque podría interpretarse como encubrimiento. Eso no significa que no evalúe sus desempeños. Lo que cuestiono es la figura misma de los equipos especiales. No se trata de personalizar, sino de revisar si es conveniente que existan estructuras paralelas dentro de la institución.
—¿Sigue pensando que el acuerdo con Odebrecht fue entreguista?
Eso nadie lo puede dudar. Lo he dicho miles de veces.
—¿Cuál es su propuesta concreta para reformar el MP?
Sabemos que hay un proyecto de reforma en el Congreso, pero no se habla propiamente de una reforma del Ministerio Público o de su ley orgánica, sino de una reforma desde el nivel constitucional. Ya me puse en contacto con la presidenta de esa comisión, que es la doctora Maricarmen Alva. Vamos a reunirnos el lunes para ver cómo unimos esfuerzos y criterios. Yo pienso que la reforma debe partir de dentro, incluso hace muchos años desarrollé un proyecto de nueva ley orgánica del Ministerio Público.
—¿Qué implicaba esa nueva ley orgánica?
Lo principal que tenemos que reformular es el ejercicio fiscal en función de la autonomía del Ministerio Público. Viene un fiscal, se apodera de un caso y no lo puedes sacar nunca. Puede ser un fiscal incompetente, corrupto o un fiscal ocioso con medios cómplices y no lo puedes sacar porque afecta la autonomía del Ministerio Público y la investigación. Se reconocen los despachos fiscales como compartimentos estancos que nadie los puede tocar. La autonomía individual se ha confundido con anarquía. Mi propuesta es establecer sistemas y subsistemas fiscales integrados por fiscales supremos, superiores, provinciales y adjuntos, bajo protocolos claros. El fiscal supremo tendría facultades de control y corrección, sin afectar la independencia, pero asegurando uniformidad.
—Usted mencionó los excesos en las investigaciones a presidentes. ¿Cómo ve el fallo del Tribunal Constitucional que limita esas investigaciones durante el mandato?
Creo que es saludable. Antes no se investigaba nada. Luego, Zoraida [Ávalos] puso la primera piedra al decir que sí se podía investigar. Después, se exageró con allanamientos espectaculares. El TC dice: “Se puede investigar”, pero la acusación formal debe esperar al final del mandato. Eso le da estabilidad al país y evita excesos.
—¿Se exageró con Pedro Castillo y Dina Boluarte?
Sí. Los operativos fueron excesivos y dañaron la imagen institucional del país. Se pudo investigar a Dina Boluarte sin esos despliegues que parecían shows políticos. Lo del combazo en la residencia presidencial fue absolutamente innecesario y nos dejó muy mal parados en la comunidad internacional.
—¿Y qué opina sobre la colaboración eficaz?
Es una herramienta muy valiosa, pero se ha pervertido. Se ha detenido a personas solo para forzarlas a colaborar, se les ha presionado hasta quebrarlas. Eso no es justicia, es perversión del proceso. La colaboración debe ser voluntaria, útil y veraz.
— Ni bien asumió la Fiscalía de la Nación visitó al presidente del Congreso. ¿De qué hablaron?
He ido porque queremos terminar con la confrontación de las instituciones del Estado, y todos tenemos que estar unidos para enfrentar al crimen organizado. También me he reunido con el general Arriola porque tenemos el gran problema de quién ve la investigación preliminar.
— El Congreso ya lo dijo: la policía.
Pero en este momento la policía no está en condiciones de asumirlo. Recuerda que la investigación la está haciendo el fiscal. Los fondos y el personal para esa investigación los tiene el fiscal. Vas a una comisaría, le das una investigación preliminar para 60 días y pasado el tiempo te la devuelven igual. Eso también se tiene que resolver. Hemos conversado con el general Arriola y ojalá que pueda asumir también la dirección general de la policía, porque ese puesto también está vacío. Además, Arriola es un gran investigador y conoce el derecho porque es abogado. No podemos darnos el lujo de desperdiciar nuestros mejores elementos.
— Delia Espinoza lo acusó de ser un hombre violento. ¿Qué le responde?
Soy firme y de voz alta, nada más. Confundir firmeza con violencia es un error. Nunca me han visto actuar violentamente.
— ¿Si Espinoza regresa, usted se encadenará?
Al contrario: la recibiré con una rama de olivo. Hay que hacer la paz en la institución.
— Si Espinoza fuera destituida, ¿aceptará ser el titular?
Desde que acepté ser interino, estoy dispuesto. Pero dependerá de la Junta de Fiscales Supremos.
— ¿Cómo está su relación con los Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos?
Con Pablo hemos decidido mirar hacia adelante. Con Zoraida reconocí que tal vez exageré en mis críticas y le pedí disculpas. Hoy tenemos un trato cordial.
— ¿Y con periodistas como Gustavo Gorriti?
Creo que a la luz de los hechos ha cometido delitos. Nunca fue amigo mío.
— ¿Y Jaime Villanueva?
Lo conocí como profesor y buen profesional, especialmente en temas de interculturalidad. Lo que pasó después no lo sé.
— ¿El Caso Cócteles de Keiko Fujimori fue politizado?
Creo que los equipos especiales introdujeron criterios políticos en esas investigaciones. Y con eso está todo dicho.
— ¿Por qué ha designado gerente de la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales a Silvia Karina Ávila Lam, quien es investigada por presunta falsedad ideológica y omisión de funciones?
A Silvia la conozco de todo el tiempo que he trabajado acá y ella trabaja bien. Efectivamente tiene un proceso y no me voy a pronunciar sobre el contenido del proceso, pero está con la presunción de inocencia. No tiene antecedentes penales ni judiciales. Conozco su trabajo y confío en ella.
