Sergio Bolívar
Catedrático de la Facultad de Comunicación e Imagen de la UPC
Director General de Andina Consultando SAC
Publicado en Diario del país
En la reciente reunión del presidente Castillo con los empresarios de Washington, les dijo que sigan invirtiendo sin temor en el país y que “un Estado siempre tiene que estar del lado del empresariado”. Este encuentro personal, a modo de un “gesto vale más que mil palabras”, necesita rápidamente de señales y acciones prudentes a nivel interno para transmitir confianza al inversionista.
Ahora, Julio Velarde, el presidente del BCR, nos dice que la prioridad para un escenario económico estable está en el sector minero, que sumaría más de US$3,100 millones de inversiones para el año 2022. Sin estas inversiones nos estancamos económicamente por un espacio de tiempo prolongado, que terminaría por alejar a los capitales, que generan empleo y pagan impuestos tan necesarios para que el Estado los destine a la salud, educación e infraestructura. Por otra parte, la Cámara de empresas norteamericanas, AMCHAM, expresó al presidente en Washington que podemos caer en una espiral de desconfianza sin una posible reactivación económica, porque la inversión privada es el motor para generar puestos de trabajo y crecimiento.
La única estrategia viable para el Perú es construir confianza para el inversionista, promover el país y buscar oportunidades económicas. El rol del Estado como aliado de las inversiones debe ser interpretado correctamente debido a lo arduo que es concretarlas y el tiempo que conlleva conservar lo que se ha logrado. Por este motivo, tenemos dos asuntos a custodiar: las garantías de estabilidad jurídica y la institucionalidad.
Primero, el Estado debe garantizar las condiciones de estabilidad jurídica. Uno de los instrumentos más importantes para asegurar dicha estabilidad son los contratos-ley, es decir, unos convenios que aseguran un régimen de impuestos vigente y una ganancia por un plazo de 10 años. En realidad, el contrato trata de dar estabilidad a las condiciones y reglas de juego para que el inversionista concrete su inversión en el Perú, pero de ninguna manera puede ser interpretado como beneficios o dádivas. Entonces, el Estado promueve un sector estratégico, como la minería, agricultura u otro, para atraer a los aliados idóneos por sus capacidades tecnológicas y recursos. Evidentemente, el inversionista apuesta por la estabilidad y condiciones de seguridad en las cuales competimos con otros países, como Ecuador que está atrayendo inversiones provenientes del Perú.
Para custodiar la confianza al inversionista, el Perú ha defendido la permanencia de las normas y tratados que amparan la estabilidad desde hace muchos años. Por ejemplo, nuestro Código Civil de 1984, que en el artículo 1357, dice “Por Ley, sustentada en razones de interés social, nacional o público, pueden establecerse garantías y seguridades otorgadas por el Estado mediante contrato”. Del mismo modo, el marco normativo de los convenios de estabilidad jurídica de los 90’s, contenidas en los Decretos Legislativos 662 y 757. Igualmente, el capítulo económico en el artículo 62 de la Constitución de 1993 institucionaliza los contrato-ley. Gracias a estas normas pactadas por todos los partidos políticos existentes, el Perú logró salir de la crisis económica de los 90’s y que varios sectores económicos atrajeran grandes inversiones nacionales y extranjeras en las últimas tres décadas.
El segundo aspecto a custodiar es la confianza que transmite la institucionalidad del Estado. Todo elemento de duda o fractura de nuestra sociedad empieza por debilitar las instituciones más fuertes. Los inversionistas, que aún acogemos, observan la capacidad del Estado de armonizar y contribuir a mantener la paz social. Las instituciones fuertes son las llamadas a generar mejores condiciones sociales a favor de la democracia. Un caso como Indecopi no es aceptable y debe ser corregido al igual que otras entidades del Estado, consiguiendo reemplazos de perfil técnico a todo funcionario tóxico recientemente nombrado que tenga algún cuestionamiento ético, tal y como siempre ha sido.
Muchos seguimos el pensamiento de Warren Buffet sobre la construcción de la confianza: “Toma 20 años en construir una reputación y 5 minutos en arruinarla”. Por eso, aún se escuchan las señales de peligro de Alexis de Tocqueville en 1940, que conjuraba a un fantasma totalitario o “tiranía”. Si el Presidente Castillo quiere quitar ese fantasma, tal y como lo dijo en Washington, entonces debe actuar consecuentemente evitando contradicciones y siguiendo unas medidas prudentes para atraer a los inversionistas del sector privado. Sólo con los recursos que generan las inversiones, el presidente Castillo podrá cumplir con su slogan de campaña de “No más pobres en un país rico”. Por su parte, las empresas privadas deben esforzarse en ser más transparentes brindando información sobre sus actividades y siendo ejemplo de “rentabilidad social” que busque mejorar su reputación. Lampadia
